La jueza de Barcelona que investiga la protesta contra el cambio climático en el Museo Egipcio de Barcelona organizada por la plataforma Futuro Vegetal ha decidido archivar el caso a dos de los cuatro imputados. Una de las exculpadas es la periodista que grabó cómo los activistas rociaban con un líquido que simulaba petróleo una vitrina con un sarcófago y varias fotografías.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada Carmen García acuerda dar carpetazo a la causa contra una de las activistas de Futuro Vegetal que estuvo en la protesta en el museo pero no vertió el líquido contra la vitrina así como contra la periodista que documentó la protesta y que terminó investigada.

La imputación de la periodista, defendida por el letrado Xavier Iniesta, se produjo a raíz de un atestado de los Mossos d’Esquadra que desmintió que la joven cubriera la acción como informadora. La policía consideró como un elemento incriminatorio que la informadora fuera, a juicio de los agentes, una activista.

En base a los mensajes contra el cambio climático en sus redes sociales personales, la policía autonómica vinculó a la periodista con la “plataforma radical social” Futuro Vegetal, pese a que en su declaración la joven adujo que su papel en la protesta se limitó a ser convocada por la entidad para cubrirla, al igual que otros dos informadores presentes en el Museo Egipcio y que han declarado como testigos.

El distinto trato procesal entre los tres profesionales se debió al estudio de las redes sociales de todos ellos realizado por los Mossos d’Esquadra. La policía autonómica concluyó que los dos fotógrafos no tenían “ninguna publicación ni directa ni indirecta” en sus redes relacionada con Futuro Vegetal, por lo que considera su presencia en el Museo Egipcio “fruto de su profesión”, al contrario que la joven.

La magistrada no entra a valorar si la joven estuvo en la protesta como periodista o como activista, pero enmienda a los Mossos al descartar que pueda ser autora de un delito de daños o contra el patrimonio, toda vez que en ningún momento vertió líquido alguno y se limitó a grabar la protesta.

“El apoyo, simpatía o pertenencia al movimiento activista, ya sea exhibiendo pancartas durante la acción o grabando y difundiendo el acto vandálico no las convierte en coautoras”, razona el auto, que destaca además que los otros dos miembros de Futuro Vegetal que permanecen investigados negaron un “concierto de voluntades” con las dos exculpadas.

“Se puede descartar” que la periodista o la activista encausadas tuvieran un papel relevante penalmente gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad y al relato de los dos investigados que sí participaron en el vaciado de líquidos en paredes y vitrinas del museo y causaron desperfectos, concluye la jueza.

El caso de esta periodista de Barcelona se había unido al de Madrid, donde dos colaboradoras del diario ‘El Salto’ fueron detenidas y permanecen imputadas. La jueza atribuyó a las dos informadoras los mismos delitos que a las activistas que pegaron sus manos a 'Las Majas' de Goya en el Museo del Prado, lo que encendió las alarmas ante la desprotección que supone para el derecho a la información.

Los hechos ocurrieron de forma similar en Madrid y Barcelona. En el contexto internacional de protestas en museos contra el cambio climático, Futuro Vegetal avisó a varios periodistas para que cubrieran las acciones, tal y como suele ocurrir en actos de desobediencia civil, okupaciones o protestas en sedes gubernamentales o empresariales.

Pendientes de cuantificar los daños

La Fiscalía y la acusación particular que ejerce el Museo Egipcio pueden recurrir el archivo del caso contra dos de los cuatro investigados. Los otros dos, los activistas que ejecutaron materialmente la protesta, sí tienen más números para ser enviados a juicio. La cuestión es si solo por un delito de daños o también por otro contra el patrimonio.

Los activistas irrumpieron en el centro y rociaron con mermelada una vitrina que contenía un sarcófago supuestamente de 2.700 años de antigüedad con una momia en su interior, así como unas fotografías de Harry Burton sobre las excavaciones de la tumba del faraón Tutankhamon. También desplegaron una pancarta con el mensaje: “COPCA COLA +2.5º”, en una crítica a la cumbre COP27 contra el cambio climático que se celebró hace un año en Egipto y que patrocinaba la marca de refrescos.

La instrucción del caso está prácticamente determinar los daños ocasionados en el sarcófago. El Museo Egipcio no ha concretado todavía si el sarcófago dañado por la acción de Futuro Vegetal es una réplica o es real, lo que resulta clave para que prospere el delito sobre el patrimonio histórico. Fuentes jurídicas han explicado que la acusación del centro ha pedido a la jueza que un conservador del propio Museo sea el encargado de valorarlo.

La cuantificación provisional de los daños por parte del Museo ha ido menguando a medida que avanzaba el caso. En un primer momento el centro los cifró en 25.000 euros, de forma provisional, incluyendo incluso las horas trabajadas el domingo posterior a la protesta por la directora del Museo. En un segundo informe preliminar, el Museo cuantificó los daños en unos 16.000 euros. El peritaje definitivo sobre los daños está pendiente de realizarse.

A la cumbre del clima de Glasgow le ha surgido una urgencia: tratar de impedir las trampas a la hora de que los países reporten cómo están, cuánto CO2 emiten o cuáles son sus acciones reales más allá de los planes sobre el papel. La agenda oficial lo llama transparencia, pero se trata de medir con cuentas comunes si los estados cumplen, para saber cuál es la situación real del planeta. En definitiva, no hacerse trampas al solitario.

En medio de la COP26 ha llegado una investigación del Washington Post que dice que en los 196 informes de emisiones de los países hay una brecha, a la baja, de entre 8.500 y 13.000 millones de toneladas de CO2. Un ejemplo gráfico: Malasia informa de que sus bosques absorben carbono cuatro veces más rápido que los bosques vecinos de Indonesia. No cuadra.

Los negociadores en Glasgow han insistido en que la manera de cortar toda esta contabilidad creativa climática es “ahondar en la transparencia” que marca el Acuerdo de París y aquí se desarrolla. “No basta con decir unos simples objetivos sino ¿qué va a hacer para ello? Ofrecer un calendario y unas acciones”, comentan fuentes de dentro de las conversaciones. “Un reporte mucho más detallado”.

De momento, lo que ha trascendido desde los salones donde se ven las caras las delegaciones es que hace falta “incrementar el apoyo a que los requerimientos a la hora de reportar sean mejorados”. En este sentido, de aquí deberían salir un calendario y herramientas únicas, pero el borrador está lleno de textos alternativos. E incluso, “hay partes que querrían reabrir las reglas”, cuentan los diplomáticos. Eso implicaría un retroceso, admiten todos.

Salir de Glasgow con el objetivo del 1,5ºC al alcance. Esta frase se ha convertido en casi un lema en la ciudad escocesa. Pero ¿cómo se concreta ese deseo? “Para medirlo hay que fijarse en esta transparencia porque, de esta manera, puede evitarse el greenwashing de los países”, explica el coportavoz de Equo-Verdes, Floren Marcellesi, que asiste a esta COP. “Australia está ejemplificando este lavado de cara: ha anunciado que tendrá emisiones netas cero en 2050 pero ¿cómo lo hará? No se sabe. ¿Y cómo llegará a 2030? Tampoco. Eso es lo que combate la transparencia”. La diferencia entre la cascada de anuncios y la acción real.

El mismo secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció hace unos días que va a crear un grupo de expertos bajo su autoridad para comprobar si los anuncios climáticos de las empresas son reales u otro ejercicio de greenwashing. Ponerles el foco. “Eso está levantando ampollas”, admiten desde dentro de las conversaciones.

Porque en lo que parece que sí hay consenso es en que un mecanismo de contabilidad fiable es crucial para saber en qué punto se está. Ahora mismo, lo que hay es una evaluación de planes nacionales que dicen que las emisiones de CO2 subirán hasta 2030 en lugar de bajar. Lo que piden los países más exigentes es que se concrete cada cuánto tiempo hay que rendir cuentas sobre cómo se está cumpliendo.

El resumen es que los países se encuentran en la ciudad escocesa ante un test sobre la confianza que generan. Y, como ilustran algunos equipos negociadores: “¿Es usted convincente y creíble cuando dice que hará esto, esto y esto?” Parece que la frase repetida por la activista Greta Thunberg sobre la “cumbre del bla bla bla” ha calado en el centro de conferencias.

En el aire

“Todo parece que está aún muy en el aire”, cuentan los observadores de grupos no gubernamentales. El presidente de la COP26, Alok Sharma, ha insistido en las sesiones de trabajo de este martes que su plan es “acabar el viernes por la tarde”. Los borradores que pueden evaluarse están llenos de alternativas.

Tanto como para no saberse qué pasará con, por ejemplo, los famosos mercados de carbono que llevan arrastrándose desde 2015. Estos mercados sí tienen el potencial de trampear las cuentas de manera directa: un país se cuenta el CO2 que retienen, por ejemplo, sus bosques y, además, aprovecha el carbono que han retenido los árboles durante años para generar créditos que vender. Luego, el países comprador, que no ha reducido CO2 de manera real, los compra y también descuenta gases de su contabilidad.

“Hay debates técnicos que al final son importantes”, justifican las fuentes que están en el día a día. Desde luego, la Unión Europea mantiene una posición muy férrea en este asunto que ya hizo que la cumbre anterior, la COP25 de Madrid, batiera su récord de duración.

Y luego está el dinero. Los alrededor de 20.000 millones de dólares que faltan para completar el fondo de 100.000 millones comprometido por los países desarrollados para apoyar a los estados empobrecidos aún no han aparecido, admiten en las mesas de trabajo.

Con este panorama, y avanzando en la segunda semana de COP, aún no se sabe casi nada de China e India (primer y cuarto país en el ranking de emisores totales de CO2).

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Hace justo un año comenzaba en Madrid la COP25, la Cumbre del Clima que a punto estuvo de esfumarse después de que Chile, el país organizador, anunciara que no podía albergar la cita por sus problemas internos. El Gobierno español montó el encuentro a toda prisa para “no perder el impulso” de cara a la crucial COP26 de 2020 donde los países debían presentar sus nuevos y más ambiciosos planes para atajar el cambio climático. La pandemia de COVID-19 se ha llevado por delante ese calendario.

Este año no habrá COP. En abril de 2020, en medio del golpe de la primera ola pandémica, la ONU decidió posponer la cumbre prevista en Glasgow (Escocia). Finalmente, no tendrá lugar hasta noviembre de 2021, 12 meses después de lo planeado. Ya la COP25 tuvo problemas para celebrarse (la activista sueca Greta Thunberg tuvo que cruzar el Atlántico en velero a toda prisa tras haber navegado a América para acudir a Chile). Pero el nuevo coronavirus ha apuntillado este encuentro internacional: será el primer año en el que no se realice desde que se inició, en 1995.

Pero el cambio climático de la Tierra, sus causas y consecuencias no se han pospuesto. Hace solo una semana, la Organización Meteorológica Mundial desvelaba que, a pesar del parón provocado por la COVID-19, “no se han recortado los niveles récord de gases de efecto invernadero que están atrapando calor en la atmósfera”. Esas concentraciones tan altas son las que, a la postre, incrementan las temperaturas, provocan episodios meteorológicos extremos, aumentan el nivel del mar y acidifican los mares.

Mientras la agenda climática internacional se ralentizaba, el recalentamiento del planeta escalaba sin detenerse.2020 se presenta como un año perdido: la ONU informaba al acabar octubre que solo 15 países, que cubren el 4,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero, habían enviado planes mejorados contra el calentamiento global. Al posponerse el plazo límite del examen, se relajan las obligaciones.

El parón por la pandemia no es una solución

Así que, si en 2019 las mediciones de concentración de CO2 en la atmósfera rompieron el umbral de las 410 partes por millón (ppm), el crecimiento de este gas se ha mantenido en 2020. El frenazo de la economía de este año solo va a producir que el incremento vaya a ser un poco más pequeño, no que se rebaje el problema, explican los cálculos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). “En el corto plazo, el impacto de los confinamientos por la COVID-19 no pueden diferenciarse de una variación natural”, asegura el Boletín sobre Gases de Efecto Invernadero de la organización dependiente de la ONU.

Esta concentración de gases en la atmósfera provoca el calentamiento global, por lo que 2020 supone un paso más hacia los niveles considerados por los científicos como irreversibles. El Acuerdo de París contra el Cambio Climático busca limitar ese calentamiento a menos de 2ºC y lo más cerca de 1,5ºC para el año 2100. El efecto calentador que genera esa capa de gases acumulados ha subido un 45% desde 1990. “La última vez que la Tierra presentó una concentración comparable de CO2 fue hace 3 o 5 millones de año cuando la temperatura global era 2 o 3 ºC superior y el nivel del mar 10 o 20 metros por encima del actual”, advirtió el secretario general de la OMM Petteri Taalas al publicarse el boletín.

La costra invernadero que se está midiendo este 2020 es fruto de la acumulación de décadas de emisiones de gases. En la primera mitad de este año, las medidas casi sin precedente para afrontar la pandemia de COVID-19 hicieron que las emisiones se redujeran una media de 8,8% respecto al mismo periodo de 2019: 1.551 millones de toneladas, según el cálculo de un grupo de expertos publicado en Nature en octubre pasado. España lideró la caída en términos relativos con un 16%. Con las reactivaciones económicas del segundo semestre, la previsión es que esa caída gire en torno al 4-7% al final del curso. “A escala global, una reducción de esta magnitud no hará que la concentración de dióxido de carbono caiga”, han advertido los científicos.

El CO2 que llega hoy a la atmósfera se suma al que se emitió muchísimo tiempo atrás, ya que perdura siglos. Hay un 148% más de CO2 que en la era pre-industrial (1750). Un 260% más de metano o un 123% más de óxido nitroso.

Una teleconferencia para intentar salvar la inercia

Este año se cumplen cinco años del Acuerdo de París. Es la fecha marcada por el articulado para que los Estados firmantes presentaran planes climáticos lo más ambiciosos posible y que supusieran un progreso respecto a las intenciones declaradas en ese 2015. En esos documentos se traza a grandes rasgos qué pretende hacer cada uno para conseguir frenar el calentamiento del planeta. El análisis de los primeros planes daba como resultado que la Tierra sería 3,4 ºC más cálida al acabar el siglo XXI. Un nivel que escapa a los últimos análisis del Panel Internacional de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) que alertó sobre la diferencia en cuanto a impactos que supondría frenar el calentamiento en dos grados en lugar de 1,5. Hace poco más de un año, 11.000 científicos advirtieron del “sufrimiento indecible” que vaticina la crisis climática que ha llegado antes, más acelerada y con consecuencias más graves de las previstas.  

Por eso la COP26 había sido marcada como un momento clave: “Más ambición”, han pedido insistentemente grupos ambientalistas como Ecologistas en Acción o Greenpeace cada vez que se convocaba una COP. No todas son malas noticias, en todo caso. En los últimos tres meses, China, Japón y Corea del Sur han asegurado que llevarán sus emisiones netas de CO2 a cero en 2060 y 2050 respectivamente. El próximo presidente de EEUU, Joe Biden, afirma que alcanzar ese mismo objetivo está en los primeros lugares de sus prioridades. Con ese panorama, la organización Climate Action Tracker ha calculado este martes que la temperatura global al final del siglo llegaría a 2,1 grados por encima de la era pre-industrial.

Glasgow 2020 era el momento de concretar esa “ambición” sin mucho espacio para esquivarla, ya que el Acuerdo de París dice que “cada parte deberá comunicar una contribución (…) cada cinco años”. Sin cumbre hasta 2021, la ONU y el Gobierno británico han buscado alguna fórmula para intentar mantener la inercia. Que el ritmo de compromiso contra el cambio climático no decaiga demasiado. Así que el 12 de diciembre se ha montado una teleconferencia de jefes de Estado y gobierno que han titulado: “El esprint hacia Glasgow”. Solo habrá intervenciones que demuestren “progreso genuino”. Un intento para evitar los discursos vacíos a los que estos encuentros son tan propensos. Están anunciados en el cartel el presidente francés, Emmanuel Macron, el chino Xi Jinping, la cancillera alemana Angela Merkel e, incluso, algún enviado estadounidense tras las proclamas climáticas del presidente electo, Joe Biden.

El Real Madrid disputa hoy miércoles el encuentro de dieciseisavos de la Copa del Rey frente al Unionistas en Salamanca, un desplazamiento para el cual, a pesar de los poco más de 230 km de distancia entre ambas ciudades, el equipo blanco ha decidido optar por el avión como medio de transporte.

Las reacciones a esta decisión, que la entidad ha tratado de justificar apelando los efectos de la borrasca 'Gloria', no se han hecho esperar en las redes sociales, cuyos usuarios han denunciado el alto impacto ecológico que supone realizar este tipo de desplazamientos en avión, en lugar de escoger otros medios de transporte mucho menos contaminantes como el autobús o el tren.

Muchos de los reproches de los internautas a través de Twitter han destacado la gran diferencia entre las emisiones de CO2 generadas por este mismo trayecto al realizarse en tren -casi 20 veces menor- o en autobús -en torno a 9 veces menos-...

Otros han evidenciado lo innecesario del vuelo en referencia a la duración del trayecto, prácticamente la misma en autobús y avión si se tiene en cuenta el tiempo empleado en desplazamientos al aeropuerto y esperas...

Mientras que otros han recordado en sus mensajes a la joven Greta Thunberg, haciendo llegar a la activista la polémica a través de Twitter. 

Otro de los mensajes más frecuentes han tenido como objetivo la supuesta actividad institucional del club blanco en favor de la lucha contra el cambio climático. La mayoría de estas críticas han recordado un tuit de diciembre del pasado año en el que la cuenta oficial del Real Madrid destacaba la implicación del equipo con la COP25 celebrada en Madrid, mostrando la equipación “verde” que el club diseño como gesto de compromiso con el medio ambiente. 

E incluso hay quién ha recordado los partidos en favor de la lucha contra el calentamiento global en los cuales han participado los blancos tratando de mostrar su “compromiso” con la lucha contra la crisis ecológica. 

El resto de equipos de La Liga no se han librado de esta polémica, y muchos tuiteros han recordado también lo habitual de este tipo de trayectos aéreos de los equipos de primera división a destinos cercanos y geográficamente accesibles. 

Durante 12 días de diciembre, Ifema se convirtió en el centro de la lucha mundial contra la crisis climática. La COP25 intentaba en Madrid cerrar un compromiso de los países para detener el ritmo del calentamiento global. Más de 30.000 personas de todo el mundo pasaron por el recinto ferial de la capital en esas casi dos semanas en las que la prensa internacional estuvo pendiente de lo que sucedía en sus pabellones, por los que caminaban desde presidentes a activistas como Greta Thunberg. Pero cuando los focos de la Cumbre del Clima se apagaron, también lo hizo el fervor medioambiental. El desmontaje de la COP dejó al descubierto unas prácticas poco ecológicas: reciclaje deficiente, contenedores mal utilizados, residuos mezclados.

Las imágenes son elocuentes: contenedores de vidrio repletos de plantas; otros exclusivos para madera que contienen plásticos, restos de telas y todo tipo de objetos sin rastro de madera; contenedores con la leyenda “solo papel y cartón” en los que sobresalen cables acumulados; y otros amarillos (de envases) con trozos de palés de madera y restos de tela. También camiones de recogida con la etiqueta “solo plástico” en los que se ven restos de cartón y latas de refresco.

Pese a las imágenes, una portavoz de la Feria de Madrid –un consorcio constituido por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital, la Cámara de Comercio e Industria y la Fundación Montemadrid– asegura que no tienen constancia de que se haya producido ningún fallo en el tratamiento de residuos ni que se hayan incumplido las recomendaciones ambientales y de sostenibilidad.

El 60% de las ferias que tienen lugar en Ifema son de gestión propia y el resto se encuentran a cargo de terceros. En el caso de las propias, el tratamiento de los residuos se ha adjudicado a las empresas FCC (en los pabellones impares) y Clece (los pabellones pares). Las dos han participado de la COP25.

“Todo al mismo contenedor”

María (nombre ficticio para mantener su anonimato) trabajó durante varios años como empleada de limpieza de FCC en las distintas ferias que se organizan en Ifema, así como en sus montajes y desmontajes. Conoce las prácticas que se realizan: “En los pabellones la basura se divide en bolsas de colores (plástico, cartón y papel, orgánico y vidrio). Incluso las bolsas son reutilizables. Pero el problema viene después: todo lo que has separado, cuando vacías la bolsa, va al mismo contenedor”.

Todos los empleados de limpieza sin distinción (a excepción de los encargados de turno) tienen la misma función: mantener la integridad de los salones, y el traslado de los residuos a los contenedores según han sido asignados en los pabellones para cada feria.

“En Ifema todo esto se sabe. Los montadores, los pintores… nadie recicla, y los limpiadores no tenemos la capacidad de reciclar por todos. Sería en vano. Allí se recicla lo que les interesa reciclar, como la moqueta, que se intenta reutilizar si está decente, o el cartón, porque lo convierten en dinero”, resume María.

Estas bolsas son desplazadas a los contenedores que se encuentran en el exterior. Una vez llenos, llega el momento del camión de basura. Este vehículo generalmente no cuenta con una especificación ni distinción de los residuos que transporta, y si lo hace, igualmente resulta inservible: aquí va todo con todo. “El camión no se sabe exactamente a dónde va a parar, hay distintos puntos de vertederos en Madrid y depende de dónde lo haya recogido se supone que va a dejarlo a uno u otro” comenta María.

“Esto es totalmente ajeno a nosotros”

Todos los saben, cuentan los trabajadores, excepto la dirección de las empresas adjudicatarias, según dicen. Fuentes de FCC aseguran que no tiene constancia de esta situación. “Esta no es una práctica que nosotros hagamos: al revés, apostamos por el reciclaje. Pero si nos encontramos los contenedores llenos es otro tema; no es que nosotros no hagamos bien el reciclaje. Esto ya es totalmente ajeno a nosotros”.

Desde Clece niegan conocer estas actividades. Una portavoz reitera que en la empresa muestran una política con el reciclaje muy estricta. “Hay una norma clara para los trabajadores de Clece”, asegura. Pero matiza: “En el montaje y desmontaje de una feria los contenedores los utilizan tanto las empresas de limpieza como las de montaje y desmontaje de las ferias. Es caótico. Desmontan y tiran donde pueden. En los desmontajes de una feria, los materiales que se utilizan y se tiran no están segregados en origen, entonces tienen que coger todo el material (ya sean cables, moquetas, etc.) e ir al contenedor que sea. No pueden hacer nada”.

De puertas para fuera, las ferias de Ifema sí muestran un compromiso con el reciclaje con presencia de contenedores de plástico, papel y cartón, orgánico y vidrio. La portavoz de Ifema se compromete a investigar la situación de los residuos y enumera las medidas que toma “para reducir el impacto de su actividad y sus ferias”: certificados medioambientales, la separación de residuos ahora cuestionada, iluminación led de bajo consumo, un punto de recarga para vehículos eléctricos o un programa de recuperación del agua. También ofrece datos del reciclaje selectivo que realiza Ifema: 16,5 toneladas de elementos metálicos (acero, aluminio y cobre, sobre todo), 21 toneladas de papel y 11.000 mde toneladas de madera reciclada.

Concienciados con el reciclaje, pero no mucho

Los empleados confirman la separación del vidrio y el cartón: “Ifema contiene unas máquinas específicas para el cartón. Se encargan de compactarlo y, una vez hecho, se llevan a un punto de reciclaje”.

Los empleados intentan diferenciar y clasificar los materiales en caso de mal reciclaje por parte de quienes acuden a Ifema. “El problema no somos los trabajadores, sino los visitantes de las ferias. Algunos no buscan reciclar, aun teniendo las facilidades. Muchos de nosotros, si encontrábamos la basura mal reciclada, lo volvíamos a clasificar, aunque al final sea inservible”, explica la extrabajadora.

Porque la realidad es tozuda. “Desde fuera podríamos ser conscientes sin mucho esfuerzo de lo que pasa. Basta con detenerte un rato en los viales [en la parte trasera de la feria, donde paran los contenedores] y fijarte en el camión de la basura: verás que coge los contenedores y todos son vaciados en el mismo”.

La comida, otra señal

Otra de las caras ocultas de Ifema es el malgasto de comida. Dada la cantidad de visitantes que recibe la feria, el número de alimentos que gestiona es muy alto, y consecuentemente también lo es la cantidad de ellos que acaba en la basura.

“He visto camiones repletos de bollos con plásticos, ensaladas en envases de plásticos, bocadillos y sándwiches con plásticos… Contenedores de comida que aún no ha caducado o caducaban ese día, que son totalmente comestibles pero que no está bien visto ponerlos de cara al público. Hay un desperdicio increíble de alimentos que podrían ser donados para bancos de alimentos, pero solo se hace en escasas ocasiones”, aclara María. Todos estos alimentos acaban tirados con sus respectivos envoltorios de plástico.

Un cambio de 360º en Ifema

Fueron 15 días que pusieron a Madrid bajo el foco mundial. Dos semanas de negociaciones, eventos e intentos de alcanzar un acuerdo de emisiones que no fueron todo lo bien que muchos habrían esperado. Las negociaciones se salvaron en el último minuto con un acuerdo de mínimos que permitió que la Cumbre no fuera un fracaso absoluto: se aprobó llamar a los países a preparar planes para reducir las emisiones, pero sin fijar calendario alguno.

Durante estas semanas, la COP25 pareció haber producido un cambio en el funcionamiento de limpieza de Ifema. Había que dar buena cara. Según fuentes internas de la feria, la seguridad y el reciclaje han estado en el punto de mira de todos los dirigentes y asistentes. 

En el interior, al igual que en muchas otras ferias, se podía ver gran cantidad de basuras clasificadas para un empleo responsable de los residuos, aunque en ocasiones no se encontraban bien ubicados. La zona de los contenedores durante el evento se mantuvo vallada y supervisada. La policía se encargó de revisar los contenedores y las bolsas que recogían y reciclaban los camiones de basura.

Pero cuando se desmontó el evento y se apagaron los focos, el desmontaje de este acontecimiento supuso un paso atrás. Lo que parecía haber sido un avance en el funcionamiento interno del recinto ferial fue una máscara que ocultaba la realidad. Los cubos de reciclaje, los residuos generados y los materiales utilizados para el evento acabaron de nuevo todos en el mismo lugar: el camión de basura que mezcla los residuos.

No se han llevado los titulares de la Cumbre del Clima celebrada recientemente en Madrid pero hay una serie de proyectos que inspiran para luchar contra el cambio climático provocado por la acción humana. Muchos de ellos se están desarrollando en Andalucía, y el foro celebrado en la capital ha servido para dar nuevos pasos.

La primera ciudad con energía 100% renovable

El proyecto #eCitySevilla prevé desarrollar un modelo de ciudad digital, descarbonizada y sostenible en el enclave de la Isla de la Cartuja para 2025. El proyecto pivota sobre cuatro grupos de trabajo: energía, edificación, movilidad y digitalización.

En energía, se impulsará el autoconsumo y la generación fotovoltaica, con el objetivo de que esta ciudad produzca y consuma energía 100% renovable, y la encargada de lograrlo será Endesa, que dirigirá este primer grupo de trabajo. En este sentido, su consejero delegado, José Bogas, señaló en la cumbre: “Es la hora de actuar en la lucha contra el cambio climático”.

En lo que se refiere a edificación, el grupo de trabajo liderado por la Consejería de Hacienda, Industria y Energía llevará a cabo una auditoría de los principales edificios, instalando modelos de medición, para desarrollar posteriormente un esquema basado en la eficiencia energética, logrando incluso el consumo nulo en los que sea posible.

En cuestión de movilidad, se implantarán modelos de peatonalización y vehículos descarbonizados o compartidos. Entre otras cosas, se trabajará en la construcción de un modelo de un “smart parking” en el área perimetral de la Isla de la Cartuja, conectando mediante lanzaderas -libres de emisiones- con el el parque tecnológico. El desarrollo de este pilar del proyecto #eCitySevilla estará en manos del Ayuntamiento de Sevilla.

Por último, en materia de digitalización, el grupo de trabajo liderado por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad tiene como objetivo el diseño y la implementación de una plataforma digital abierta para la gestión de recursos y servicios.

Un nuevo bosque en el parque natural de Doñana

Es un proyecto que consiste en la restauración forestal de terrenos degradados e incendiados mediante técnicas de siembra directa y plantación de especies autóctonas. Impulsado por Endesa, es el primero de una empresa del sector energético en obtener la inscripción en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) del Ministerio para la Transición Ecológica.

En concreto, Endesa se ha comprometido a reforestar 40 hectáreas del parque natural de Doñana, lo que supone la absorción de 3.606 toneladas de CO2 a la atmósfera. La reforestación se está llevando a cabo gracias a la colaboración de sus propios empleados y el trabajo de 10 personas que se han contratado como mano de obra local para la plantación de alcornoques, sauces, madroños, acebuches, mirtos y piruétanos.

Es un proyecto a largo plazo: 40 años. Se está realizando en dos sectores elegidos con la Junta de Andalucía: Arroyo de la Comba, donde se reforestarán seis hectáreas y se plantarán 2.796 árboles, y Tres Rayas, de 34 hectáreas y con 15.444 árboles previstos. En definitiva, esta idea supone la adhesión de Endesa al Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE) de la Junta de Andalucía.

Ideas para proteger a las aves de las líneas eléctricas

Durante la COP25 se ha firmado un convenio de colaboración entre la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, y Endesa para promover medidas de protección de avifauna en Andalucía. Ya se vienen desarrollando, pero se trata de profundizar en la coordinación. En este sentido, Endesa se ha comprometido a llevar a cabo y mantener actualizado un inventario de las líneas eléctricas dotadas de elementos de protección para la avifauna, revisando anualmente un tercio de las mismas.

Francisco Arteaga Alarcón, director general de Endesa Andalucía y Extremadura, explica que la compañía “colabora con la administración pública a la hora de identificar y analizar los puntos donde es necesario actuar, conscientes de la necesidad de protección de las aves para el mantenimiento de la biodiversidad”. Dado que las aves no entienden de mapas, hay que echarle imaginación.

Destacan los dispositivos anticolisión giratorios firefly, que emiten luz por la noche dando visibilidad a las líneas eléctricas. También “los elementos antiposado giratorios con forma de paraguas, que evitan que las aves puedan hacer nidos en los apoyos eléctricos”. Estos dispositivos se han instalado a modo de prueba en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, “con una efectividad muy positiva”.

De hecho, en Huelva, una de las provincias donde hay más afectación debido a la nidificación de cigüeñas en tendidos eléctricos aéreos, con nidos de más de 300 kilos de peso, se están instalando los denominados “pastores eléctricos”, un elemento muy novedoso que consiste en el vallado de la torre de alta o media tensión que emite una pequeña descarga con el fin de evitar que el ave se quiera posar. “Esta novedosa medida, que se consigue gracias a un panel solar, es compatible medioambientalmente y ha tenido una efectividad en algunos casos del 100%”.

Blockchain contra la pobreza energética

El Ayuntamiento de Málaga desarrollará una experiencia piloto con Endesa para proteger a las personas más vulnerables de cortes de suministro eléctrico que muchas veces ocurren por la tardanza en el cruce de datos entre la compañía y las administraciones mediante la tecnología “blockchain”, que por primera vez se está ensayando para combatir la pobreza energética.

En la actualidad, el proceso de notificaciones de un corte a un cliente involucra a varios agentes y tiene un flujo de información complejo que puede impedir la visión global del estado del proceso en tiempo real y dificultar el trabajo de los agentes sociales, que son los más cercanos a las personas en situación de vulnerabilidad. “Endesa remite a las comunidades autónomas la información sobre los cortes de suministro y estas envían a su vez los datos de los usuarios afectados a los servicios sociales municipales”, resume Francisco Arteaga Alarcón.

Pero en ocasiones la información llega a través de los propios afectados y con el expediente bastante avanzado. “Estos retrasos en el flujo de información pueden, incluso, provocar problemas en el pago del bono social”, reconoce. El uso de esta tecnología elimina muchos de los trámites, facilitando el flujo inmediato de información. “El Consistorio tendrá la información en tiempo real, recibiendo al instante los datos de las personas con avisos de corte por impago. Los servicios sociales municipales, a su vez, podrán cruzar al instante esta información con su propia base de datos y contactar con la compañía para evitarlo, si se constata que se trata de un cliente que cumple con los criterios para beneficiarse del bono social”.

“Permitirá incluso que sean los propios servicios sociales los que detecten a los clientes vulnerables y contacten con ellos para informarles del bono social, y no a la inversa, agilizando de forma considerable toda la tramitación y mejorando la atención que reciben”.

Microalgas para capturar CO2

Siete empresas e instituciones participan en el proyecto Algae For Healthy World (algas para un mundo sano). Se trata de un proyecto nacido bajo el paraguas de la central térmica de Endesa en Carboneras (Almería). Llevan más de una década investigando la utilización de las microalgas en la captura de CO2 por su alta capacidad de absorción: cuatro veces superior a la de un bosque. En estos momentos Algae For Healthy World se centra en conseguir mejoras para incrementar la velocidad de crecimiento de las microalgas.

Bajo la coordinación de la Universidad de Cádiz, participan también socios como Ainia, Mar de Cristal Marilium, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Novatec y Neoalgae. Cuenta con un presupuesto de un millón de euros (cofinanciados por fondos de la Unión Europea). El objetivo: posicionar a España como líder en la producción de estos bioproductos.

La producción de alimentos tiene una huella de carbono que proviene del uso de terreno y de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente. Un 22% de estos alimentos termina en la basura, y con ellos todos los recursos utilizados en el proceso.

En los últimos tiempos, hemos oído hablar de la importancia que nuestra dieta tiene en el cambio climático. Según este estudio, la contribución al cambio climático de la dieta en los hogares es alrededor de un 19%. El transporte y la energía suponen el 39%.

Durante mi participación en la COP25 celebrada en Madrid, en una mesa redonda sobre emisiones GEI en los sectores agrícola y ganadero, se puso de manifiesto la importancia de los avances tecnológicos para reducir las emisiones. La moderación del consumo y la reducción del desperdicio alimentario son también puntos fundamentales.

Impacto de la agricultura y la ganadería

El inventario de gases de efecto invernadero en España señala a la agricultura como responsable del 11,6% de las emisiones.

La ganadería supone un 9%, siendo las emisiones de metano de la digestión de los rumiantes el factor principal. Los sensores en granja, el manejo de cultivos, la alimentación del ganado o la genética pueden contribuir a una agricultura y ganadería más eficiente.

Desde la investigación se trabaja para que la agricultura y la ganadería sean más productivas, eficientes y con menores emisiones de gases de efecto invernadero.

Por ejemplo, el proyecto METALGEN investiga estrategias genómicas y de nutrición para que el ganado deje una menor huella de carbono.

El desperdicio alimentario

Este informe de la FAO analiza el desperdicio alimentario y su impacto medioambiental en función del origen de los alimentos (vegetal o animal).

La producción mundial de alimentos de origen vegetal es de unos 4.800 millones de toneladas, principalmente cereales, seguidos de verduras, hortalizas y tubérculos. En comparación, la producción de alimentos de origen animal ronda los 1.000 millones de toneladas, que suponen entre el 17 y el 18% de la producción total de alimentos en el mundo.

El estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO pone de manifiesto que en el mundo se desperdician 1.100 millones de toneladas de alimentos vegetales (un 19% del total). La mayor parte de este desperdicio ocurre durante la producción y en los hogares a partes iguales.

El desperdicio mundial de alimentos de origen animal es de 175 millones de toneladas (un 3% del total).

La huella del desperdicio

El desperdicio alimentario supone un uso subóptimo de recursos cuya producción conlleva una huella hídrica, un aumento de la tierra cultivable y una emisión de gases de efecto invernadero.

El informe de la FAO revela que los cereales es el tipo de cultivo que mayor huella hídrica supone, un 51% de la huella de aguas útiles o aguas azules en agricultura y ganadería, seguidos de las frutas. La carne supone menos de un 10% del total de la huella de aguas azules de la agricultura.

Los desperdicios vegetales suponen un 16% del total de gases de efecto invernadero provenientes de la agricultura, mientras que los productos de origen animal suponen el 7%. Entre los desperdicios que más contribuyen a aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero están las verduras y hortalizas (7%), la carne (6%) y los cereales (5%).

El uso de tierra arable es similar en los productos de origen vegetal y animal. Entre ellos, los cereales, la carne y la leche son los que mayores superficie cultivable ocupan. Una reducción total del desperdicio de los alimentos supondría reducir un 23% las emisiones totales de gases de efecto invernadero provenientes de la agricultura y la ganadería.

Cómo reducir el desperdicio alimentario

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente propone un plan estratégico para una producción y consumos responsables.

Los ciudadanos podemos seguir algunos de los consejos que sugiere la FAO:

Reducir el desperdicio de comida no salvará el planeta, pero ayuda a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuye a una agricultura y ganadería más sostenibles.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Puedes leer el original aquí.The Conversationaquí

El domingo 15 de diciembre a las 13.55 h. terminaba la Conferencia de Cambio Climático más larga de las 25 conferencias anuales que se han realizado desde la ratificación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático adoptada en la Cumbre de Río 92 con el objetivo de evitar que las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera de origen antropogénico provoquen una alteración peligrosa del sistema climático.

Carencias

Aunque la COP25 Chile-Madrid estaba considerada como una cumbre climática de alcance limitado, tenía su importancia tanto política como técnica: políticamente representaba una oportunidad para aumentar lo que se conoce como ambición climática; técnicamente debía adoptar las reglas sobre el comercio mundial de emisiones. Sin embargo, no ha conseguido alcanzar ninguno de los dos objetivos, de ahí que tanto las organizaciones de la sociedad civil -ecologistas, jóvenes, indígenas, sindicatos e incluso los representantes empresariales-, como los medios de comunicación la hayan caracterizado como decepcionante. Este sentimiento también fue compartido por el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, “Estoy decepcionado con los resultados de #COP25. La comunidad internacional perdió una oportunidad importante para mostrar una mayor ambición en mitigación, adaptación y financiamiento para enfrentar la crisis climática. Pero no debemos rendirnos, y no me rendiré”.

En relación a la ambición climática, se trataba de conseguir para antes de 2020 un compromiso de incremento de los objetivos nacionales de reducción de emisiones, en cantidad y plazos suficientes para garantizar que el aumento de temperatura no supere 1,5 grados centígrados y en ningún caso los 2 grados, que se superarán ampliamente con los compromisos actuales. Si bien la Unión Europea anunció su compromiso de ir a emisiones cero en 2050 y reducir un 55% sus emisiones para 2030, y aunque más de veinte nuevos países se han comprometido también a reforzar sus objetivos determinados de reducción, siguiendo el ejemplo de los 66 que ya lo hicieron en septiembre en la cumbre climática de Nueva York, a los que se han sumado unas 400 ciudades, 800 empresas y 16 grandes inversores; los compromisos actuales siguen siendo claramente insuficientes.

Algunos de los países que se mostraron reticentes a una declaración más ambiciosa, como China e India, manifestaron que no apoyarían un lenguaje fuerte para aumentar la ambición sin un llamamiento similar para que los países más ricos brinden el financiamiento y el apoyo prometidos a los países en desarrollo.

Finalmente, los textos aprobados en la COP25 sobre esta materia, que piden a los países aprovechar la oportunidad para mejorar sus planes nacionales a lo largo del próximo año, no han logrado el suficiente consenso como para figurar en el lugar preferente que merecían, lo que refleja la debilidad de este llamamiento.

Uno de los focos decisivos de esta Cumbre era la regulación del comercio de emisiones, contenido en el artículo 6 del Acuerdo de París, para incentivar de la manera más eficiente la reducción de emisiones con la participación incluida del sector privado, así como otros mecanismos con enfoques no de mercado, la COP25 no ha sido capaz de alcanzar el consenso suficiente para aprobar un acuerdo.

Las posiciones siguen muy alejadas en este tema en relación a los principales asuntos en debate, que van referidos a cómo asegurar la suficiente transparencia de los mecanismos, a cómo evitar la doble contabilizaron de las reducciones de emisiones, y a cómo garantizar la consistencia medioambiental de los proyectos, así como el respeto de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. Uno de los aspectos que obtura el consenso sobre un mecanismo efectivo de comercio mundial es la dificultad para establecer una línea base de emisiones sobre las que vender o comprar emisiones que incentive la reducción, dado que el Acuerdo de París, a diferencia del Protocolo de Kioto, se basa en un sistema de compromisos de reducción voluntaria por parte de cada país de forma que cuanto menor sea su ambición climática menos tendrá que comprar y más podrá vender.

Además en este asunto la Unión Europea se muestra especialmente exigente, ya que tiene en funcionamiento un Sistema Europeo de Comercio de emisiones, conocido como ETS, que parte de una línea base establecida obligatoriamente para cada país y teme que un mecanismo poco transparente y eficiente, no sólo no sea operativo en términos de reducción, sino que hunda el sistema de comercio europeo ahora que por fin, a 25€ la tonelada de CO2, está funcionando como incentivo para reducir emisiones y emplear tecnologías de bajas o nulas emisiones y como desincentivo para el uso tecnologías, como las centrales térmicas, que debido a sus altas emisiones dejan de ser competitivas.

Resultados

Que la COP25 no haya resuelto estos asuntos cruciales, no significa que la cumbre no haya servido para nada. Por una parte, se reafirmó el rol del multilateralismo para conducir los grandes desafíos que enfrenta la humanidad. La no realización de la COP habría significado más frustración y desesperanza y un retroceso muy peligroso para la agenda climática que necesita fortalecerse y no debilitarse. La iniciativa española de acoger la Cumbre en Madrid tiene un inestimable valor político que agradecer.

Por otra parte, la Unión Europea ha dado un paso decisivo hacia el liderazgo de la agenda climática mundial al declarar la urgencia climática por el Parlamento Europeo y al presentar el Green New Deal, un plan de acción verde para reducir las emisiones a cero en 2050. Sin lugar a duda, la implementación de este plan, con la movilización de los recursos de inversión necesarios, posicionará a la Unión Europea como un ejemplo a seguir por el resto del mundo de que otro modelo productivo y una economía descarbonizada son posibles.

También es importante destacar algunos avances en los contenidos adoptados en la Cumbre en temas como océanos, género y transición justa.

La inclusión de una agenda de actuación oceánica es clave para enfrentar la crisis climática, tal como señala el Informe especial del IPCC sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante. Esta incorporación tiene como antecedentes la Iniciativa Because the Ocean que se viene impulsando desde su lanzamiento en la COP21 en Paris 2015. Allí 23 países firmaron la primera Declaración que proponía la realización del informe especial por parte del IPCC en torno a la situación de los océanos. A día de hoy, la Iniciativa cuenta con 39 países adscritos que promueven la inclusión de los océanos en la agenda climática.

Uno de los resultados más relevantes es la adopción de un nuevo Plan de Acción de Género, conocido como GAP por sus siglas en inglés. El camino no fue fácil, debido a las fuertes resistencias de algunos países durante las negociaciones, pero el resultado es muy favorable: contiene referencias claras a los derechos humanos, la transición justa y la Agenda 2030 de Naciones Unidas; además el Fondo Verde para el Clima -mecanismo diseñado para ayudar económicamente a países en desarrollo en la adaptación y mitigación del cambio climático- tiene una referencia al GAP, lo que implica que los mecanismos de financiación lo reconocen como instrumento a implementar.

Finalmente, uno de los progresos con más influencia de futuro se dio en materia de transición justa. No solo se reafirmó el mandato del Acuerdo de París que incorpora la necesidad de “tener en cuenta los imperativos de una reconversión o transición justa de la fuerza laboral y la creación de trabajo decente y de empleos de calidad”, sino que además este concepto ha sido incorporado a muchos de los acuerdos específicos, tales como el mencionado plan de acción de género o el plan de trabajo de medidas de respuestas para hacer frente al cambio climático.

La presencia de la transición justa en la COP25 tuvo su momentum con la llegada del Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, junto al Director General de la OIT, Guy Ryder, para presentar la Iniciativa de Acción Climática para el Empleo, adoptada en la pasada Cumbre Climática de Nueva York a la que se han adherido ya 46 gobiernos de todo el mundo y que implica compromisos de adoptar planes nacionales de transición justa. Ambos mandatarios internacionales son muy conscientes de que las medidas para descarbonizar la economía implican una transformación de los sistemas energéticos y productivos de tal magnitud, con impactos sociales tan sensibles en un mundo lleno de injusticias y desigualdades, que solo serán posibles si se realizan a través del diálogo social con criterios de transición justa en el entorno laboral, porque como dijo el Director General de la OIT “si el cambio climático es una consecuencia de la actividad humana, entonces esa actividad es en su mayoría actividad laboral o vinculada al trabajo”. Por ello la transición justa laboral y el trabajo decente deben ser, como dice el Acuerdo de París, un elemento central de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, involucrando a los actores centrales del mundo del trabajo: gobiernos, sindicatos y organizaciones de empleadores.

La transición justa no es sólo un concepto, sino una guía para la acción con resultados exitosos, como lo demuestra la Estrategia de Transición Justa contemplada en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que guía el proceso de cierre de las minas y centrales térmicas del carbón en España, a través del diálogo social con sindicatos, empresas y autoridades locales. Proceso que está siendo reconocido internacionalmente como un ejemplo de buenas prácticas.

Transición justa significa que la transición energética debe hacerse con creación de muchos más empleos de los que se destruyen, con protección social y formación continua para las personas afectadas, con erradicación de todas las formas de discriminación y desigualdad social. Solo de esta forma será posible la transición energética urgente a una economía baja en carbono, única forma evitar un cambio climático tan disruptivo que amenaza con desembocar en un colapso socioambiental de consecuencias humanas catastróficas.

La organización internacional Mission Blue ha declarado Punto de Esperanza Marina a los entornos costeros de Tenerife y La Gomera, como reconocimiento a la riqueza marina y a los ecosistemas de estos entornos del archipiélago.

Esta distinción se comunicó durante la Cumbre del Clima COP25, que se celebró recientemente en Madrid.

Esta decisión atiende a la combinación extraordinaria de especies que conviven en estas aguas oceánicas, la riqueza de Zonas Especiales de Conservación como Teno-Rasca, Playa Santiago-Valle Gran Rey y Los Órganos o los más de 700.000 visitantes de todo el mundo que visitan estos enclaves para observar aves, cetáceos y los escénicos acantilados que rodean las islas.

La doctora Sylvia Earle, fundadora de Mission Blue y Premio Príncipe de Asturias 2018, aplaudió las iniciativas de los gobiernos de España y Canarias para conservar la vida marina de estas aguas y recalcó la importancia de reforzarlas para avanzar hacia una mayor protección de los océanos.

Del mismo modo, animó a ambas administraciones a crear un Área Marina Protegida que incluya todas las aguas de este archipiélago.

“Este hecho contribuiría a que España alcance los objetivos planteados por la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza de Naciones Unidas (IUCN), de elevar a 30% el porcentaje de territorio marino protegido mundial en 2030”, añadió.

El consejero regional de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, José Antonio Valbuena, agradeció este reconocimiento por parte de Mission Blue y destacó la intención del Ejecutivo por “fomentar la economía azul realmente sostenible como capital natural y motor de desarrollo de las islas”.

Por su parte, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, agradeció la distinción otorgada y recordó que el Ministerio de Transición Ecológica aplica desde el pasado mes de agosto una moratoria, a petición de la corporación insular, en la que ha paralizado la concesión de licencias a embarcaciones de observación de cetáceos.

Carta por la sostenibilidad

Asimismo, apuntó que la isla dispone de una Carta por la Sostenibilidad para el avistamiento de estas especies por la que las empresas del sector se comprometen a disminuir el impacto de su actividad en el mar.

Del mismo modo, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, subrayó la apuesta por incrementar las medidas de conservación de las aguas entre Tenerife y La Gomera, en un objetivo claro basado en la sostenibilidad.

“Estamos convencidos de que Mission Blue contribuirá a plasmar y definir, a corto plazo, nuevas áreas de protección en esta franja con alta riqueza”, aseveró.

“¿Por qué preocuparse de algo que no va a pasar?” Es una frase imborrable pronunciada por el científico Valery Legasov en la serie Chernobyl (HBO). Y así fue: nadie en la URSS creía posible que pasara lo que pasó, ni siquiera cuando ya había pasado. Pero la energía nuclear, si no hay accidentes, no genera emisiones, aunque sus residuos duren una eternidad. Y esa ausencia de emisiones es la que coartada para colarla como energía sostenible. 

Esa fue la pugna del jueves por la noche en la cumbre de líderes de la UE en Bruselas en la discusión de las conclusiones sobre cambio climático, y es la que se está dando en la negociación de la regulación sobre inversiones sostenibles para evitar el greenwashing de las grandes empresas energéticas.

El jueves por la noche Hungría, la República Checa y Francia lograron que las conclusiones sobre cambio climático, que no suscribió Polonia, recogieran la energía nuclear como herramienta válida para la transición energética:

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo: “Francia, por ejemplo, depende mucho de la energía nuclear y los expertos reconocen que esto es parte de la transición, a pesar de que algunos países se oponen (Alemania, Austria, Luxemburgo). Francia emite mucho menos CO2 per cápita que otros países europeos, debido a que tenemos mucha energía nuclear en nuestro mix eléctrico, y menos carbono y gas”.

Andrej Babis, primer ministro checo, investigado por corrupción en su país, recordaba que “Francia produce el 63% de su energía a partir de energía nuclear, mientras que Polonia produce el 68% de la energía del carbón. En la República Checa, producimos el 37% del carbón y el 32% nuclear. Lo curioso es que, al mismo tiempo que Austria se opone a la energía nuclear, tomaba el 25% de su energía de la República Checa, de la central nuclear. No entiendo por qué es tan difícil para los países aceptar la energía nuclear. Es importante para nosotros tener neutralidad tecnológica, de eso se trata el debate, y comprender los diferentes requisitos financieros que cada país necesita para alcanzar la neutralidad de carbono”.

En la misma línea se expresó Viktor Orban, el primer ministro de extrema derecha húngaro –aunque aún miembro del PP europeo–: “No queremos poner obstáculos a la energía nuclear. La UE debería detener todas las críticas a la energía nuclear y contra los países que utilizan esta forma de energía, ya que la energía nuclear es esencial para una UE libre de carbono”.

Y este debate ha atravesado la conocida como taxonomía de inversiones: la lista de qué inversiones pueden llevar una etiqueta verde. La UE acordó a finales de septiembre crear un sistema comunitario de clasificación, o taxonomía, para facilitar a empresarios e inversores un lenguaje común para identificar qué actividades económicas pueden considerarse medioambientalmente sostenibles. Y este martes ha dado un paso más en las negociaciones entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE: se ha alcanzado un “compromiso” para una “lista verde de actividades económicas”, pendiente aún de la aprobación por parte de los Estados miembros y de votaciones en el Parlamento.

Las grandes empresas energéticas y los bancos se han estado moviendo para aguar el plan: un informe del organismo de control de los lobbys InfluenceMap, publicado en el arranque de la COP25 de Madrid, ha descubierto que, aunque algunos inversores apoyan las reglas de “etiquetado verde”, el 98% de los 50 mayores inversores de Europa son miembros de grupos de presión que intentan debilitar las propuestas.

La taxonomía también se enfrenta a un fuerte lobby por parte de las organizaciones empresariales de la UE que representan a la industria, en particular “los sectores del gas y el nuclear, interesados en garantizar que sus productos se clasifiquen como ecológicos”, según la investigación.

“Eurogas, GasNaturally, la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas y FuelsEurope han presionado para debilitar los criterios climáticos para incluir actividades económicas como la combustión de gas natural sin disminuir”, sostiene el documento: “En noviembre de 2019, las asociaciones comerciales del sector financiero AFME y EBF se alinearon con las posiciones del sector del gas, abogando por criterios climáticos más débiles para la producción de electricidad para garantizar la inclusión del gas natural en una taxonomía 'verde”.

El texto acordado este martes “no excluye ni incluye en una lista negra ninguna tecnología o sector específico de las actividades ecológicas, aparte de los combustibles fósiles sólidos, como el carbón o el lignito. Sin embargo, el gas y la producción de energía nuclear no están explícitamente excluidos de la regulación”, explica el Parlamento Europeo: “Estas actividades pueden etiquetarse como o de transición en pleno respeto del principio de 'no hacer daño significativo”.

El principio de “no hacer daño” tendrá que ser definido más adelante, por la Comisión Europea, y el Parlamento y el Consejo tendrán capacidad de escrutinio sobre la definición, explican en la Eurocámara. 

El texto acordado ha sido filtrado por los Gobiernos en la reunión de embajadores ante la UE (COREPER). La energía nuclear o el gas nunca habían estado rechazadas explícitamente en borradores anteriores, pero lo que ha cambiado es la redacción sobre los desechos nucleares: se ha eliminado la palabra “riesgo”).

La llamada “regulación de taxonomía” estipula que los siguientes objetivos ambientales deben considerarse al evaluar cuán sostenible es una actividad económica: mitigación y adaptación al cambio climático; uso sostenible y protección del agua y los recursos marinos; transición a una economía circular, incluida la prevención de residuos y el aumento de la absorción de materias primas secundarias; prevención y control de la contaminación; y protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.

Una actividad económica debería contribuir a uno o más de los objetivos anteriores y no dañar significativamente ninguno de ellos, explica el acuerdo. Su sostenibilidad ambiental debe medirse utilizando un sistema de clasificación unificado, ya que las etiquetas nacionales basadas en diferentes criterios dificultan que los inversores comparen la inversión ecológica, lo que frena la inversión más allá de las fronteras.

La nueva legislación también debería proteger a los inversores de los riesgos de greenwashing, ya que obliga a proporcionar una descripción detallada de cómo la inversión cumple los objetivos medioambientales.

Los criterios de taxonomía también deben garantizar que la transición necesaria para una economía climáticamente neutral deben tener niveles de emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes a los más bajos posibles en el sector o la industria. Tampoco deberían obstaculizar el desarrollo de actividades bajas en carbono.

Se aplicará una regla similar a las actividades que permiten directamente a un sector mejorar su desempeño ambiental (como la fabricación de turbinas eólicas para la producción de electricidad).

El acuerdo alcanzado por el equipo negociador del Parlamento Europeo tendrá que ser aprobado primero por las dos comisiones correspondientes (medio ambiente y economía) y por votación plenaria.

La Comisión Europea actualizará periódicamente los criterios técnicos de evaluación para la transición y las actividades de apoyo. Para el 31 de diciembre de 2021, debe revisar los criterios de selección y definir los criterios para cuando una actividad tenga un impacto negativo significativo en la sostenibilidad.

“Too small, too late”. Demasiado pequeño, demasiado tarde. Después de cada una de las Cumbres del Clima, el resultado ha acabado siendo siempre el mismo. Pero esta vez seguramente es distinto. La ONU ha advertido de que se deben multiplicar por cinco los esfuerzos globales previstos si se quiere que el incremento de la temperatura se quede por debajo de 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales. Y por tres si se aspira a que ese incremento esté por debajo de los 2 grados. En la habitación ya ha entrado el fuego, los informes climáticos apuntan que 2019 será un año récord de temperaturas, y los resultado “magros” evidencian la desconexión que existe entre la mayoría de los Gobiernos del mundo y la ciencia. Es cierto, la COP25 no estaba diseñada como una cumbre decisiva. Pero el tiempo se agota y ello exigía unos compromisos que no se han alcanzado.

La mejor noticia de la COP25 es, más allá de la capacidad de organizar en un mes y medio una Cumbre por parte de las instituciones españolas –no es poco- es sin lugar a dudas el impacto que ha tenido en la asunción de conciencia climática por parte de la opinión pública española. El papel protagonista de Teresa Ribera ha sido una de las claves para que se aprobase lo poco comprometido. Se ha conseguido en la declaración final que otros actores puedan sumarse a la lucha contra el cambio climático. Y es esa percha la que permite, ante la falta de liderazgo gubernamental de muchos países y la falta de compromiso de los grandes emisores, que otros actores como las Administraciones locales, regionales y grandes empresas puedan definir estrategias y compromisos en la lucha contra el calentamiento.

Lo peor; los límites de los marcos multilaterales para abordar probablemente el mayor desafío que ha vivido nunca la humanidad. El reto político para que los países firmantes del Acuerdo de París presentasen planes más duros de recorte de las emisiones de gases de efecto invernadero porque los que hay ahora no son suficientes, sólo se ha traducido en que 84 países se han comprometido a presentar planes más duros en 2020. No se ha conseguido el desarrollo del artículo 6 del acuerdo de París, el que habla sobre la regulación de los mercados de carbono, y se pospone hasta la cumbre de noviembre de 2020, muy lejos de lo planteado por aquellos que defendían los principios de San José (en referencia a la capital costarricense, donde se establecieron) donde se recogieron once condiciones que van desde asegurar la integridad ambiental hasta evitar la doble contabilidad, vetar el traspaso de créditos anteriores a 2020 al nuevo sistema o bloquear tecnologías incompatibles con la reducción de emisiones.

Así las cosas, creo que es obligado reflexionar porque nos encontramos ante este escenario, y cómo operar a partir de aquí. En el por qué es obligado pensar sobre el motivo profundo por el que no avanzan las cumbres. Y la explicación creo que es finalmente más sencilla de lo que podamos pensar. Los grandes emisores (China, India, Japón, Brasil.....) se niegan a prometer una actualización al alza el año próximo. Y dicha actitud es una deriva del planteamiento “negacionista” de la administración norteamericana.

El principio de Conversación en La Catedral de Vargas Llosa se abre con una pregunta del protagonista: “¿en qué momento se jodió el Perú?” Hoy, si Jared Diamond tuviera que hacer una reedición de “Colapso”, con un capítulo dedicado a las Cumbres del Clima, podría empezar dicho capítulo con la misma pregunta: ¿en qué momento se jodieron las cumbres del clima? Y la respuesta nos llevaría a la noche del 10 de noviembre de 2016 (6.40 de la mañana del 11 de noviembre de 2016, hora española), cuando Donald Trump se proclamaba vencedor de las elecciones norteamericanas. En uno de los momentos más decisivos de la humanidad, ya habiendo entrado en tiempo de descuento para evitar un cambio climático traumático, un negacionista se encaramaba al frente de la administración más poderosa del planeta. Y con ello, arrastraba, en el mejor de los casos, a multitud de actores a una actitud diletante.

Hoy, la lucha contra el cambio climático, aparece como un reto moral, el mayor desafío que nunca hemos tenido. Pero es por todos asumido que sin un compromiso por parte de todos los actores, aquello que hagamos aquí puede no ser suficiente si a miles de kilómetros de distancia no se comprometen de la misma manera. Así, aquellos países que disponen de carburantes abundantes, y en algunos casos aún asequibles, por la falta de una fiscalidad verde global capaz de internalizar los costes, acaban por sucumbir al “no hay nada que hacer”, no definiendo una agenda efectiva en la reducción de consumo de petróleo, gas y carbón. La falta de un marco multilateral condiciona la falta de ambición. Y de esta manera países emisores con carburantes a mano se resisten a asumir mayores compromisos, o hacen lo imposible para que el mercado sobre derechos de emisiones no juegue papel alguno en la internalización de los costes ambientales.

En este contexto la clave está en el qué hacer. La COP25 no es el primer escenario de frustración, y es posible que no sea el último. Y creo que la respuesta no debe ser otra que redoblar la ambición en una agenda de cambio de modelo productivo y de reducción de emisiones. Para ello, aquellos países y regiones con una fuerte dependencia energética tienen en la agenda en la lucha contra el cambio climático un escenario de oportunidad económica. Este el caso del escenario europeo, y particularmente del caso español. Con una dependencia energética del 54% (UE) y del 74% (España) sin contar con las necesidades de uranio importado, la transición energética acelerada, rápida y con un firme compromiso en la reducción de emisiones, mejora de la eficiencia energética y generación de renovables, aparece como una oportunidad en términos económicos, mejora de la balanza comercial y generación de ocupación. Hoy, la energía renovable es la más barata, la más asequible, la más eficiente. El abaratamiento de costes es extraordinario (la fotovoltaica ha reducido sus costes en un 80% en los últimos 5 años). Y es ahí donde se ubican compromisos de objetivos más ambiciosos por parte de la mayoría de países europeos. Los compromisos ambiciosos se traducen no sólo respecto a la generación renovable, sino a la mejora de la eficiencia, la electrificación de los consumos térmicos, el cambio en la movilidad no sólo electrificándola, sino protagonizándola el cambio modal, el desarrollo de una fiscalidad verde que permita una agenda más ambiciosa y a la vez una agenda de transición justa para acompañar a los sectores damnificados por la transición, una ley de retorno de envases que reduzca el consumo de plásticos de un solo uso. Estos son sólo algunos de los ejemplos de una agenda necesaria para el planeta, pero que además en un país con fuerte dependencia energética no sólo le permite ser referente moral en la lucha contra el cambio climático, sin poder abordar el futuro en mejores condiciones.

Y estos compromisos, que deben ser asumidos a nivel europeo estatal, pueden tener un desarrollo entre nuestro mundo económico, nuestras empresas, pero también entre un actor que a mi entender pasa a ser clave; los gobiernos locales y autonómicos. Hoy, una agenda firme y comprometida en la lucha contra el cambio climático se traduce en más oportunidades económicas, generación de ocupación, y un “mejor vivir” para la gente que habita en nuestros pueblos y ciudades.

Volviendo al marco europeo, quizás esta sea la manera de aportar desde uno de los continentes que más ha contribuido a la depredación de recursos naturales en el planeta. Necesitamos, ante Cumbres y compromisos multilaterales demasiado diletantes, el papel de regiones-continente capaces de de definir agendas con una fuerte ambición.

En las próximas semanas, la UE entra en una nueva dimensión con la realidad del Brexit. Quizás, el escenario de bloqueo sufrido tras esta Cumbre Climática ofrezca a Europa no sólo la conveniencia de presentar objetivos más ambiciosos en la lucha contra el cambio climático, sino de demostrar un marco multilateral en el que haya ambición climática y la posibilidad de materializar una agenda de transformación del modelo productivo en consonancia con el momento histórico en el que vivimos. Ante, el bloqueo de los grandes países emisores y la decepción sobre los resultados de la cumbre, la reacción no puede ser abandonar o dejarse ir. La respuesta por tanto es una agenda a nivel europeo y español mucho más ambiciosa.

Da una vez más la sensación, ya conocida, de que la ONU tiene poder en función de si ciertos países, un puñado solo, están de acuerdo con sus resoluciones o no. Algo estructural que no ha cambiado mucho en los 70 años de vida. Por ejemplo, en los años 60 un ministro de exteriores Sudafricano afirmaba que el apartheid recibía la condena unánime del mundo y como país eran rechazados por las Naciones Unidas. Pero a ellos solo les interesaba un voto: el del gobierno de los Estados Unidos. Daba lo mismo estar sancionado. Ellos podían seguir tranquilos con el beneplácito de Norteamérica.

Algo semejante pasa la cumbre con el cambio climático Madrid. El sistema neoliberal, que es el principal motor de la contaminación, está tranquilo porque los cuatro países más contaminantes —Estados Unidos, China, India y Rusia— son los que bloquean la reforma del artículo 6.

Esto, de alguna manera, demuestra que la solicitud de la sociedad, de la ciudadanía, de que se tomen medidas urgentes con la crisis climática y del medio ambiente —arropados por los informes preocupantes, con unas expectativas a corto y medio plazo muy pesimistas de la mayoría de investigadores y científicos de todo los campos— no han sido relevantes ni tenidas en cuenta por la organización. Por lo visto, priorizan a los que las tildan de exageradas y que consideran que el sistema económico sí que estaría amenazado en caso de tomar las medidas necesarias. Esto obligaría a desmantelar gran parte de la industria que mantiene el mercantilismo de las industrias y costumbres contaminantes, lo que obligaría consecuentemente a cambiar el sistema.

Toda esta situación parece confirmar que vivimos en una plutocracia (del griego ploutokratía, ploutos 'riqueza' y kratos 'poder') disfrazada de democracia neoliberal, basada en que los intereses de la mayoría de los ciudadanos no tiene ninguna importancia. A pesar de que en este caso estén apoyados por gente informada y preparada, está claro que el aire o la atmósfera no generan beneficios. No son propiedad de nadie, luego no interesan a las altas esferas económicas mientras tengan su porción oxigeno necesario asegurado para vivir.

Sí parece que es una plutocracia sustentada por una cleptocracia (del griego clepto, 'robo'; y cracia, 'poder', es decir, dominio de los ladrones) en muchos países. Donde sus dirigentes se enriquecen gracias a los regalos de las multinacionales a cambio de favores o de las puertas giratorias con su conocidas influencias. Como por ejemplo fue el impuesto del sol.

Tenemos el futuro para temas globales —migración, hambre, crisis climática, brotes de fascismo— en manos del disfraz de una democracia neoliberal, que para gestionarlos se convierte en una plutocracia-cleptocratica.

Con este “esperanzador” futuro, lo que sí se han planteado los gobiernos occidentales —y de hecho ya se han puesto como dice una expresión catalana “fil a l'agulla”, hilo a la aguja para tejer y coser el sistema— es defenderse de uno de los principales problemas que se avecinan: la emigración climática. Actualmente, parte de la migración de África y centro América ya es por este motivo. Los países productores de más contaminación ya están regulando sus leyes para atajarla de la manera más drástica posible, utilizando la misma perversidad del artículo 6. Pagan para que sean retenidos en otros países y evitar la “contaminación” de ciudadanos no deseados. Vaya anticipándose.

Me pregunto qué solución, por ejemplo, tienen para países que contaminan poco pero que están en peligro por el cambio climático. Es el caso de Bangladesh, el sexto país más golpeado por las calamidades climáticas entre 1996-2015, tiene 167 millones de habitantes y hay zonas donde la gente ya no puede vivir por la condiciones ambientales. Los estados más contaminantes estarán dispuestos a aceptar bangladesíes en sus territorios y en ese caso se les considerará refugiados, emigrantes o simplemente ciudadanos con derechos.

Paralelamente la ONU, dentro del debate sobre los derechos de las minorías —nacionales, étnicas religiosas y lingüísticas, que son las que se contemplan en estudios actuales como proyecto— piensan añadir las minorías por el efecto del cambio climático, qué derechos deben tener estos ciudadanos y qué deberes los estados que son los generadores de más contaminación respecto a ellos.

Está claro que mientras el sistema económico sea el que manda es imposible corregir el futuro como lo plantean los especialistas. Al sistema sólo le importa la rentabilidad. Dado que el aire y la atmósfera no generan riqueza económica, busca la manera de desmontar el estado de bienestar. Sus subversivas ideas, y mercantilizar con todo lo que encuentra, hasta con los campos de refugiados si hace falta serán capaces.

El neoliberalismo, además, intenta fomentar lo que se llama el libertarismo liberal de derechas cuyas premisas son: lo único que importa es lo propio. Hay que desterrar la idea de ayudar al prójimo e individualizar a las personas para hacer desaparecer el concepto de solidaridad. ¿Por qué tengo que pagar por algo que no necesito personalmente? ¿Por qué tiene que existir la seguridad social? ¿Y la enseñanza pública si no me hace falta? ¿La sanidad pública? Y así desmantelar los servicios públicos y comerciar con ellos, hacerles producir plusvalía.

La única manera de poder atacar el cambio climático no es reformar. Palabra confusa y que puede implicar involuciones. El artículo 6 no servirá de nada, sino cambiar el sistema. La existencia de fronteras en la situación que se avecina es absurda. Se debería producir sólo lo necesario, priorizar la supervivencia del ser humano y de las especies que necesitan los mismos órganos vitales que estamos devorando.

Como sociedad hemos perdido la confianza de la juventud. Todas las estructuras que hemos creado estos años no son capaces de consensuar nuevos esfuerzos para poder mitigar el cambio climático. Los más maltratados serán ellos y sus hijos. Por lo tanto, no nos tenemos que extrañar de las iniciativas que tomen. Se aproximan tiempos de activismo contundente y justificado, porque las futuras víctimas no pueden ver más perjudicado su futuro.

Finalmente, y con dos días de retraso, se ha cerrado una COP25 heredada con valentía y generosidad por el Gobierno de España. El haber consensuado un texto común pero que éste sea poco ambicioso pone de manifiesto tanto la necesidad, como la dificultad de llegar a acuerdos globales para abordar la emergencia climática. El documento final, “Chile-Madrid, tiempo de actuar”, compromete a los países a evitar que la temperatura media del planeta suba este siglo por encima de 1,5 grados, así como a cumplir con el acuerdo de París.

También en estos días, las instituciones europeas han movido ficha con la aprobación de la emergencia climática en el Parlamento Europeo y la presentación del European Green Deal por parte de la Comisión, pacto que ha recibido luz verde del Consejo con algunas salvedades.

El Green Deal europeo es una magnífica noticia, aunque su éxito dependerá, por una parte, de su capacidad de ir más allá de un plan de inversiones, y convertirse en un verdadero acuerdo que lo transforme todo. Y con todo quiero decir la forma de producir, distribuir, consumir, medir el éxito económico, el modo en que nos gobernamos colectivamente y también la manera en la que vivimos nuestras vidas. Por la otra parte, el éxito estará supeditado a la capacidad que tenga la ciudadanía para hacerlo suyo y apostar por él. Es cierto que la mayoría de las personas somos conscientes de nuestra necesidad de luchar contra el cambio climático y cambiar nuestras políticas, pero no sé si lo somos de los cambios que esto traerá a nuestras vidas, a nuestras pautas de consumo, y de cómo debemos ser protagonistas de esos mismos cambios.

Por eso la palabra “deal” me parece correcta –aunque el documento presentado solo represente un primer paso–, pues hace referencia a un trato entre la sociedad y sus gobiernos, un trato sobre el que construir un futuro común. Plantearlo e intentarlo es de por sí un avance, pero es evidente que existen desafíos importantes a los que deberá enfrentarse el Green Deal en el proceso de transformar todo lo necesario para, en la medida de lo posible, recuperar el tiempo perdido, y para que la sociedad haga suyos los cambios y sacrificios requeridos. Y no me refiero a la oposición y superación del negacionismo del cambio climático que proclaman algunos y que, si no fuera porque nos jugamos la supervivencia de las generaciones futuras y de nuestro planeta tal y como lo conocemos, los haría merecedores de figurar en una galería del humor. Los desafíos que vislumbro son otros, entre los que destacaré tres: el cambio de paradigma de la economía y la cura de nuestra adicción al Producto Interior Bruto (PIB); la transición ecológica con justicia social; y la inversión en investigación, innovación y educación para poner el cambio tecnológico al servicio del bien común.

El primero, el cambio del paradigma central de la economía y la cura de nuestra adicción al PIB, es tal vez el reto más importante, puesto que la economía se ha convertido en las últimas décadas en la lengua materna de la política y en la herramienta de diseño de lo socio-político. Nuestras empresas y gobiernos son adictos al PIB en una economía parásita cada vez más financierizada. El vincular nuestro objetivo central a una medida del éxito económico, que deja fuera los ámbitos no monetizados como el trabajo no remunerado o la degradación medioambiental, ha servido en estas últimas décadas para justificar lo injustificable: un aumento de las desigualdades económicas y una destrucción sin precedentes de nuestro medio ambiente.

Desde hace años, se está trabajando en nuevos indicadores que midan el bienestar y el avance de los países de otra manera. Ahora hay que ponerlos en práctica en las universidades, en las empresas y en los gobiernos para dar paso a una economía que sitúe en el centro la necesidad de garantizar los medios materiales, las capacidades básicas y la dignidad a todos los habitantes de un planeta que debemos poder sostener para que pueda sostenernos. Una economía que esté al servicio de las personas y de la vida.

Para ello serán necesarias, entre otras cosas, una reivindicación de lo común y de lo público y mucha pedagogía para alcanzar la justicia fiscal y asegurar el funcionamiento real de nuestros sistemas democráticos. Un Green Deal que nos conduzca hacia una economía más regenerativa y con mejores mecanismos de distribución de la riqueza generada, porque si los esfuerzos para salvar el planeta no se reparten bien, es difícil que haya un apoyo ciudadano comprometido con cumplir y hacer cumplir el acuerdo.

Y de esa manera llegamos al segundo desafío, que tiene que ver con el impacto desigual del cambio climático y del European Green Deal. Las personas y los territorios nos encontramos en situaciones y posiciones desiguales y, por tanto, los cambios nos afectan de manera diferenciada. Decimos que el Green Deal debe parecerse a una sandía, verde por fuera y rojo por dentro, por cuanto la justicia social ha de regir cualquier acción política que emprenda. En el lenguaje de las instituciones europeas se ha traducido por “no dejar a nadie atrás”, y esto incluye también los territorios.

Ni los procesos económicos, ni las políticas son neutros a no ser que se diseñen y se monitoreen para tratar de serlo. En ese sentido, los mecanismos de transición deben estar muy bien diseñados y deben incorporar una perspectiva de clase, regional, de género y global, ya que externalizar los efectos del cambio climático fuera de nuestras fronteras a través de los mercados de emisiones no es una solución definitiva. Y es que no podemos olvidar que vivimos en un único planeta, y que el bumerán regresará a nosotros, por ejemplo, en forma de refugiados climáticos, cada vez más numerosos, si no ponemos los medios para evitarlo.

El Consejo Europeo ha salvado la unanimidad para dar luz verde a la aceleración de la reducción en un 55% de las emisiones de CO2 en 2030, para alcanzar un modelo de emisiones neutras en 2050. Para ello, ha tenido que incluir en la declaración la siguiente frase relativa a que todos los países cumplirán los objetivos pactados salvo aquéllos “que en estos momentos no pueden comprometerse a cumplir el objetivo”.

Ésa ha sido la fórmula de consenso ideada para salvar la oposición de Polonia a los nuevos objetivos. Polonia no solo tiene un gobierno de extrema derecha que no considera al cambio climático entre sus prioridades, sino que es la economía europea más dependiente del carbón. Y eso se traduce en muchos puestos de trabajo y regiones enteras dedicadas a esa industria. Los gobiernos son cortoplacistas, porque en democracia se eligen normalmente cada cuatro o cinco años, y a no ser que se haga una pedagogía muy bien pensada, capaz de enfrentarse a la propaganda contraria, y que se establezcan programas sólidos y suficientes fondos de compensación, la valentía necesaria para ejecutar cambios tan profundos va a quedar fuera de nuestro alcance. La forma de que esas transiciones sean más justas también pasa por la innovación.

Y aquí es donde nos encontramos el tercer desafío. Necesitamos que la innovación que ha de permitir romper los cuellos de botella tecnológicos que coartan al Green Deal europeo se base en la ciencia y en el conocimiento y se diseñe e implemente con justicia social. El avance tecnológico ha conseguido encontrar soluciones a problemas que hace años o siglos ni siquiera habríamos soñado. Pero, para que eso siga ocurriendo, necesitamos invertir en investigación e innovación, así como en educación y formación. Y no lo estamos haciendo en la medida que deberíamos, ni con la orientación debida.

Primero porque gran parte de los avances tecnológicos están sirviendo para acelerar procesos de concentración de la riqueza en pocas manos, que tienen desastrosas consecuencias políticas y de gestión de los recursos comunes. Segundo, porque no estamos invirtiendo los porcentajes necesarios de nuestros ingresos públicos en investigación básica e innovación. Y tercero, y éste es realmente un problema muy grave, porque nuestros sistemas de educación están dando oportunidades muy desiguales a las personas en función de su renta y su patrimonio familiar.

Al diseño y aplicación del European Green Deal se sumará, dentro de la Unión Europea, el desarrollo del nuevo programa marco de investigación e innovación, el llamado Horizonte Europa (2021-2027), que está claramente orientado a la investigación e innovación verde, garantizando al menos un 35% de su presupuesto para estas partidas. Pero ese presupuesto puede verse muy reducido si sale adelante la propuesta de la presidencia finlandesa del Consejo, que reduce en un 30% el presupuesto de 120.000 millones de euros aprobado por el Parlamento Europeo.

Por lo que respecta a la educación y la formación, éstas no consiguen ya funcionar como ascensores sociales ni garantizar la igualdad de oportunidades. Puesto que el talento está repartido pero la riqueza no lo está, las posibilidades de desarrollar carreras profesionales que puedan situar a los individuos con más capacidades en los puestos que más las requieren se están desvaneciendo. Si a eso añadimos que la socialización diferenciada de niños y niñas y la discriminación que aún existe en los mercados de trabajo hacia las mujeres provocan una pérdida constante del talento mejor formado, que es el femenino, parece evidente que estamos desperdiciando el valor de quienes podrían contribuir a eliminar esos cuellos de botella y a repensar este mundo a través de la justicia social.

La falta de mujeres en este proceso resulta especialmente grave, porque todos los estudios que existen sobre las preferencias de las mujeres en relación con las de los hombres muestran una propensión entre nosotras más social y más humana y, por tanto, más ecológica. Hay estudios, como los de Bina Agarwal sobre la gestión de los bosques comunales en la India, que demuestran que los proyectos en los que hay mujeres participando en los procesos de toma de decisión tienen una gestión más sostenible.

Es importante que la COP25 haya superado finalmente el escollo planteado por quienes rehusaban tomar en consideración la brecha de género en la lucha contra el cambio climático, y que haya logrado subrayar la importancia de que las mujeres ocupen puestos de toma de decisión. No hay que olvidar que enfrente tenemos a machos alfa negacionistas del cambio climático y también sexistas, como demuestran las palabras que Donald Trump ha dedicado a Greta Thunberg, icono de esta lucha, durante la cumbre.

El acuerdo final de la COP25 y el Green Deal europeo nos muestran que los mimbres que necesitamos están a nuestro alcance. Ahora necesitamos tejer ese canasto verde, rojo y violeta, más allá de un bonito diseño sobre el papel. Y aunque no todas las personas hayamos contribuido en la misma medida a esta emergencia climática, su solución sí nos concierne a todas, y todas tenemos que ser colectiva y políticamente parte de ella. La solución, por supuesto, no es otra que llenar colectivamente de contenido esos papeles y actuar y exigir que se actúe ya.

La Cumbre del Clima de Madrid se ha salvado a última hora de ser un fracaso total. Un agónico acuerdo final que ha desembocado en un llamamiento a los países para que incrementen sus esfuerzos contra la crisis climática. Durante horas sobrevoló la posibilidad de que todo saltara por los aires.

Brecha con la urgencia de la ciencia

La brecha entre lo que se está haciendo y lo que la ciencia calcula que debe hacerse sigue abierta. La cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero está muy por encima del nivel necesario para cumplir el Acuerdo de París: limitar el calentamiento de la Tierra a menos de 2ºC y, mejor, pararlo en 1,5ºC. Tras alcanzar el máximo histórico en 2018 (55,2 gigatoneladas, 55.200 millones de toneladas), los científicos de la ONU han estimado que debe recortarse el 55% del CO enviado a la atmósfera de aquí a 2030. Una década de margen.

La declaración arrancada en el último minuto en Madrid durante la COP25 llama a los países a preparar planes que vayan a más. Y recuerda que hay que tratar de reducir esa brecha. Sin embargo, no se incluye un calendario específico ligado a la última advertencia del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

“Ahora mismo, Groenlandia está perdiendo masa seis veces más rápido que antes, y la Antártida al menos dos veces más rápido. Australia está ardiendo, y esto está sucediendo solo con un calentamiento de 1°C. Sabemos que sobrepasar los 2°C es un riesgo. No hay tiempo para que se derrumben las negociaciones sobre el clima”, ha comentado Pam Pearson, directora de la Iniciativa Internacional sobre el Clima de la Criosfera.

Clamor de la calle poco escuchado

Durante la cumbre, casi cada ONG que tomaba la palabra en Madrid pedía que se escuchara a la gente. El fenómeno Greta Thunberg ha multiplicado la resonancia de las reivindicaciones sociales para que los gobiernos aceleraran su acción para detener el deterioro del clima. La figura de la activista sueca ha impactado en la conferencia: sus intervenciones, varias veces silenciosas, y su discurso ante el plenario han subrayado cómo la demanda ciudadana ha crecido para que la crisis climática ocupe un lugar central en las políticas de los estados.

Gran parte de estas organizaciones se han sentido decepcionadas tras el cierre de la COP. En España, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Seo-Birdlife han compartido la sensación de que, al final, la voz de los ciudadanos tiene poco impacto en las negociaciones en comparación con sectores empresariales que tienen cabida en la cumbre. “El liderazgo climático ha estado presente en la COP25, pero no de la mano de los gobiernos. Es el movimiento de la justicia climática lo que va a transformar el mundo”, ha resumido la activista chilena de Fridays for Future Ángela Valenzuela.

Las posiciones de los países

Las negociaciones climáticas funcionan por consenso. Esto supone que cualquier país tiene derecho a intervenir, pero también cualquier país puede bloquear. La salida (ya en proceso legal) de EEUU del Acuerdo de París ha lastrado ese ambiente de multilateralismo que necesita este proceso para funcionar.

La investigadora del Real Instituto Elcano Lara Lázaro destaca que traer la cumbre a Madrid refuerza el “espíritu de cooperación”. Sin embargo, “la creciente desconexión entre partes de la sociedad civil y de los negociadores debilita la confianza en el proceso de negociaciones internacionales sobre el clima en un momento en que la ciencia nos insta a actuar de manera decidida”, ha añadido.

Con EEUU en la puerta de despedida, han surgido reticencias. China e India no quieren comprometer su crecimiento económico y han considerado que renunciar ya y completamente a alguna fuente de energía (como el carbón) pone en riesgo su PIB.

Brasil ha intervenido mucho y, según se ha podido ver, en numerosas ocasiones para entorpecer. En el pleno final, el delegado brasileño ha pedido varias veces que se eliminara un párrafo que pide estudiar la interacción y protección del océano con el cambio climático.

Ha llovido una retahíla de intervenciones en su contra: desde España a EEUU, pasando por Indonesia, Canadá, Costa Rica, Belice y Noruega. Solo tras no conseguir en tres ocasiones la eliminación del texto ha dado su brazo a torcer. Luego ha vuelto a protestar por no conseguir que los mercados de emisiones de CO tuvieran en cuenta sus pretensiones de poder comerciar con antiguos créditos arrastrados del ya casi extinto Protocolo de Kioto.

La nueva atmósfera que se ha respirado en las negociaciones de Madrid ha destilado desconfianza.

Salvar la cita

Precisamente, el peligro de que la COP25 se evaporara tras la renuncia de Chile a albergarla en su país añadía más gasolina al deterioro del ambiente en las relaciones y negociaciones climáticas. La cumbre se trasladó de urgencia a Madrid con la idea de no perder la cita y seguir, al menos, impulsando la agenda. Que no se estancara por la desaparición de la COP. La conferencia en España ha mantenido una secuencia que se inició, y no ha tenido interrupciones, en 1995.

La presidencia de Chile

Aunque no ha organizado materialmente la cumbre, Chile ha presidido la COP25. Los trabajos previos corrían de su parte. Y las negociaciones en Madrid estaban bajo su coordinación. La ministra chilena Carolina Schmidt ha sido la presidenta de esta conferencia. Sin embargo, el trabajo de la delegación chilena no consiguió llegar a un consenso cuando las conversaciones se habían alargado hasta la madrugada del sábado al domingo.

Las posturas enquistadas en varios puntos de la agenda han amenazado con descarrilar las negociaciones. La propia Carolina Schmidt ha solicitado ayuda a la ministra española en funciones Teresa Ribera para reconducir las conversaciones. Numerosas delegaciones han protestado por la manera en que Schmidt estaba conduciendo las reuniones definitivas: en una sesión plenaria le han afeado que dejara fuera a muchas de las partes: “Hasta el 90% de las delegaciones”, ha dicho el enviado de Papúa Nueva Guinea.

Mercados de emisiones

El artículo 6 del Acuerdo de París se queda, de momento, sin regulación cuando, teóricamente, está a punto de entrar en funcionamiento. Había diferencias insalvables. Países como China o Brasil querían seguir comerciando con derechos heredados del Protocolo de Kioto. Y no creían necesario aplicar normas estrictas para evitar que el ahorro de emisiones de un país (que le generan un crédito con el que comerciar) contara como recortes en el vendedor y el comprador: el mismo ahorro contado dos veces. La Unión Europea expresó desde un principio que eso era inaceptable: “Mejor ningún acuerdo que un mal acuerdo”, fue su lema.

No ha habido acuerdo. Pero este mecanismo se ha comido un montón de tiempo y atención por parte de la presidencia de Chile, que ha considerado de gran relevancia conseguir activar estas llamadas “soluciones basadas en el mercado”. Una apuesta que, a la luz del resultado, les ha salido mal. Y ha lastrado el trabajo para el resto de la agenda.

El resultado ha sido “muy decepcionante”, resume la directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, Ana Barreira: “Aunque no se reconozcan los informes científicos, la Tierra seguirá la trayectoria de calentamiento”.

La Cumbre del Clima celebrada en Madrid tiene ya el título de la más larga en los 25 años de historia que se llevan celebrando. El retraso constante de su cierre se ha convertido en noticia y ha llegado, como siempre, a las redes sociales.

Este sábado, en pleno día de prórroga para alcanzar un acuerdo que tenía que haber llegado el viernes, aterrizaba en Twitter un nuevo usuario: @iscop25over ['¿Se ha terminado la cumbre del clima?']. La cuenta tiene más de 700 seguidores y en ella, a través de diferentes memes, se ha narrado en directo “el sufrimiento” por no llegar a un final.

En el primer mensaje se publicaba una captura del planning previsto para la tarde y hasta, en principio, las 22 horas, con un 'No todavía' en inglés, haciendo referencia a que aún no había terminado la cita.

A partir de ahí, se fueron sucediendo memes y gifts en los que relataban la noche que se avecinaba. Uno de ellos fue publicado tras conocerse otro nuevo retraso: la reunión de cierre ya no era de las 20 horas hasta las 22 horas, sino que ahora pasaba de 22 horas a 23.59 horas. Así, en la cuenta publicaban un mensaje: “We are gonna die in here!” ['¡Vamos a morir aquí!'].

Con los atrasos en la cumbre, también se prolongaba la jornada en los bares del lugar. Así, otro de los tuits muestra una foto de la pantalla en la que se anuncia que el bar estará abierto hasta las 02.30 horas de la madrugada. ¿Qué puede pasar después?, pues según esta cuenta de Twitter, que “llegarán los Juegos del Hambre”.

Después había un nuevo retraso: hasta las 2 de la mañana. Empezaba la desesperación... ¿Habrá dónde pedir gofres a altas horas de la noche en Madrid?

¿O tal vez mejor unas pizzas? Para esta opción, ilustran el mensaje con un gift en el que el repartidor llega a una casa en llamas, como se encontraría la situación si fuese a llevarles pizzas allí porque “el plenario ya está fuera de hora”, decían.

Y viendo que la cosa se alargaba, ironizaron porque, total, ¿quién necesita dormir?

Tras varios tuits preguntándose dónde está la planificación para la noche, por fin llegó. Según ese nuevo horario, había actividades, mínimo hasta las 4 de la mañana. Por eso, la moqueta podía ser un lugar cómodo en el que echarse una pequeña cabezada.

Después, se fijó para las 8 de la mañana el pleno de cierre. Aunque, de nuevo, parecía retrasarse. Por eso, empezaron a preguntarse si se había batido ya algún tipo de récord.

Con el transcurso de las horas, al menos esta sede de la COP25 ya empezaba a tener un poco de “calor de hogar”, según otro de los mensajes, “con suelos tan suaves como camas de plumas”.

Sin ver un final próximo, se preguntaron si es posible morir por las declaraciones de las partes, algo que “de momento no”. Pero también estaban ya desorientados: “¿Qué hora es? ¿qué día es? ¿dónde estamos?”, ironizan.

Pasado el mediodía de este domingo, ya veían cerca el final de esta Cumbre del Clima, que ya se había convertido en la más larga de la historia.

Por fin, alrededor de las 14 horas, ya sin fuerzas para más, la cuenta anunciaba el fin de la Cumbre del Clima más larga de la historia con un somero “Yes”. Ahora sí, ya se podían ir a casa.

Las alarmas fueron creciendo a lo largo de toda la primera semana de la Cumbre del Clima: las negociaciones para renovar el Plan de Acción de Género (GAP, por sus siglas en inglés) estaban siendo infructuosas. Al menos, más de lo que se esperaba. Revisar y reforzar este instrumento de cara a la implementación del Acuerdo de París el próximo año era el objetivo principal en cuanto a igualdad de género de esta COP25, pero se convirtió en un escollo inesperado que finalmente se ha desbloqueado. Este domingo, el plenario ha aprobado el texto, que las partes cerraron el pasado jueves.

Llegar hasta ahí y contar con un instrumento que pretende garantizar la inclusión de la perspectiva de género en la acción climática de los países no ha sido fácil. Tanto es así que, en la recta final de las negociaciones, el solo hecho de que no fuera cancelado era visto como un triunfo. “No podía ser que saliéramos de Madrid sin un GAP. Ahora estamos delante de un éxito”, exclama Sascha Gabizon, directora de la WECF (Women Engage for a Common Future) y miembro del Women and Gender Constituency (WGC), uno de los nueve grupos de actores interesados que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

En él se agrupan decenas de feministas –también existen de jóvenes o de indígenas, entre otros– que cada año acuden a las Cumbres del Clima para participar como sociedad civil. Y en esta COP, la WGC ha tenido un papel clave para que el Plan de Género haya seguido su curso. “Ha sido un trabajo tanto externo como interno. De muchas feministas que están en delegaciones y también de las que estamos fuera”, prosigue Gabizon. Muchas miradas se posan, además, en la delegación de México, cuyo papel señalan las organizaciones observadoras como clave para llegar al acuerdo.

El momento crítico llegó el pasado lunes, al inicio de la semana en la que la COP suele recibir a los políticos de alto nivel de los diferentes países. Los días anteriores se había estado negociando palabra por palabra durante horas, pero sin apenas progreso. Así que la responsabilidad de llegar a un acuerdo sobre el tema se pasó a la Presidencia de la Cumbre, que nombró un facilitador a tal efecto, algo que ocurre cuando los equipos subordinados no llegan a un pacto.

Entonces, las partes mantenían bajo discusión fundamentalmente dos puntos, según el borrador que circuló a principios de semana: el lenguaje referido a “derechos humanos” y “transición justa”, al que se oponían algunos países árabes. Por otro lado, algunos países empobrecidos de África solicitaban un mecanismo de financiación vinculado al GAP para poder desarrollar las medidas contenidas en él, algo a lo que se oponían los países del Norte global. Las organizaciones de mujeres, por su parte, también querían menciones a la financiación climática.

“En ese momento se atascó. Estábamos muy preocupadas. Había voces que decían que igual sería mejor retrasarlo hasta el año que viene para tener una versión más fuerte del GAP [al coincidir con el 25ª aniversario de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing], pero al mismo tiempo, la Women and Gender Constituency también decía 'bueno, si la alternativa es no tener ningún GAP, mejor mantenerlo”, cuenta Chiara Soletti, miembro de Italian Climate Network (Red Italiana del Clima). La COP llegó a mitad de la segunda semana y al llamado 'Gender Day' (Día del Género, en inglés) con la principal medida a este respecto bajo sospecha.

La presión de las feministas

En medio de este embrollo que parecía irresoluble, las feministas se pusieron manos a la obra e intensificaron la presión. La Women and Gender Constituency comenzó una campaña en Twitter bajo el hashtag #ActOnTheGap y redactó cartas dirigidas a todos los ministros y ministras para que hicieran “lo posible” para “mantener vivo el Plan de Acción de Género”. “Cada una nos fuimos encargando de nuestros propios países. Y las que conocemos a las ministras, comenzamos a hablar con ellas en los pasillos o los eventos para recordarles la importancia del GAP. Mujeres asiáticas, europeas, africanas...Todas”, explica Gabizon. También dirigieron su presión a la Presidencia chilena de la COP, para la que “parecía no ser una prioridad”.

Así las cosas y sin demasiados avances, Ifema, donde se ha celebrado la COP, amanecía el jueves con cierta dosis de optimismo y muchos nervios. “Veremos qué ocurre. Hace unos días parecía que no iba a salir”, decían esa mañana fuentes cercanas a la negociación sin dejar de mirar el móvil. La Cumbre tenía agendada una ronda de consultas sobre género a las 15.00 y unas horas antes se daba por hecho que habría un texto final por la tarde. Así fue. Aunque la reunión se fue retrasando, pocos minutos antes de las 17.30 ya había un documento de consenso que confirmaba lo que al poco rato sería celebrado en los pasillos con mujeres abrazándose y chocándose las manos.

El GAP era una realidad y mantenía las referencias a “derechos humanos” y “transición justa”. Pero, además, en las negociaciones paralelas sobre el Fondo Verde para el Clima, el mecanismo diseñado para ayudar económicamente a países en desarrollo en la adaptación y mitigación del cambio climático, se había conseguido que las pautas acordadas mencionaran el Plan de Acción de Género. Algo que fue tomado como una señal de que los mecanismos de financiación reconocen el GAP como instrumento que fortalece la acción climática. Pero, ¿qué había ocurrido entre tanto para que se desbloqueara la situación?

“Había países que no querían ceder en el lenguaje de derechos humanos y otros que incluso querían ser más ambiciosos. Otro grupo quería certezas de que habría financiación. Al final, después de tanto trabajo, todos perdían si no aceptaban cosas”, explican fuentes cercanas a la negociación. El GAP “tiene mucho contenido y habían trabajado mucho en él”, así que “no tenerlo hubiera sido perder”, continúan las mismas fuentes, que directamente reducen la capacidad de desatascar el Plan de Acción de Género a “un momento en el que, literalmente, sí hay voluntad política. Y eso hace que salga adelante el acuerdo”.

“La igualdad de género no vive en el GAP”

Finalmente, el texto incorpora varias medidas nuevas y nombra, como elementos a tener en cuenta cuando los países desarrollen su acción climática, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, los migrantes, la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres o la equidad intergeneracional. Además, reconoce “con preocupación” que los efectos del cambio climático pueden diferir “a menudo” en hombres y mujeres “debido a las desigualdades de género históricas y actuales” y a otros factores que pueden ser más pronunciados “en los países en desarrollo y en las comunidades locales e indígenas”.

Un lenguaje que “de manera crucial”, celebra la Women and Gender Constituency en una nota de prensa, “toma en cuenta los derechos humanos y los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas mientras luchan por la justicia climática y protegen a sus comunidades, asegurando una transición justa”.

Como puntos críticos, aluden a la falta de “indicadores y objetivos claramente definidos para medir el progreso” y hablan del GAP como “una herramienta para avanzar en la igualdad de género y soluciones climáticas efectivas”. “Pero la igualdad de género no vive en el GAP”, rematan. Por eso, piden una mayor ambición en la lucha contra el cambio climático y que la transición sea verdaderamente justa para las personas más vulnerables.

El Plan de Acción de Género tardó tres días en ser aprobado en el plenario de la COP25 porque las negociaciones se fueron retrasando hasta llegar a un acuerdo in extremis, pero desde el jueves las activistas y miembros de organizaciones ya daban por hecho que era una realidad. “Un pequeño éxito cuando ya casi parecía imposible”, dice Gabizon, que vuelve a señalar a México como uno de los actores clave. Tan por hecho lo daban que unas horas después de que las partes cerraran el texto, unas cuantas feministas venidas de todo el mundo se fueron al centro de Madrid a celebrarlo. Cómo no, a un restaurante mexicano.

La Cumbre del Clima de Madrid ha cerrado un acuerdo in extremis tras asomarse durante unas horas al abismo de un fracaso total. La conferencia pide en su declaración final que los países presenten el año que viene más recortes de emisiones de CO. La conferencia no ha conseguido aprobar la reglamentación sobre los mercados internacionales de emisiones de gases de efecto invernadero.

Las conversaciones en Madrid han estado a punto de despeñarse cuando acababa el primer día de prórroga de la COP25. A medianoche del sábado, la presidenta de la conferencia, la chilena Carolina Schmidt, ha admitido que no podía sacar adelante gran parte de la agenda y ha solicitado en una sesión plenaria de madrugada la entrada en las negociaciones de la ministra española en funciones, Teresa Ribera.

Ribera, según ha explicado Schmidt, debía buscar consenso en el mensaje sobre la necesidad de medidas reforzadas, la compensación de daños y la financiación de la transición del Sur global. Los mercados de derechos de emisiones de gases seguían en manos de la chilena.

Al final, la declaración “Madrid-Chile, tiempo de actuar” ha tenido que dar vueltas para, en realidad, pedir a los países que hagan más esfuerzos contra la crisis climática y que el año que viene aparezcan medidas reforzadas: hace falta recortar más las emisiones de CO. La ONU ha calculado que las reducciones de los niveles actuales tienen que multiplicarse por cinco para contener el calentamiento global en 1,5ºC o al menos doblarlos para los 2ºC.

La fórmula elegida es la siguiente: la declaración “anima” a los países a “aprovechar la oportunidad en 2020” de reflejar mayor ambición. Se trata del año en que los países tienen previsto cerrar planes nacionales donde incorporar sus medidas, recortes, previsiones… contra el calentamiento, según se desprende del Acuerdo de París.

Y “recuerda” que cada vez que un país cierra un plan debe “representar una progresión” respecto a lo anterior. También “insta” a todos los que tienen que enviar su plan en 2020 a que tengan en cuenta la brecha que hay ahora entre el efecto sumado de todos los planes actuales y los objetivos del Acuerdo de París para presentar “la mayor ambición” posible que cierre esa brecha. En estos momentos, el efecto agregado vaticina un calentamiento de la Tierra de 3,4ºC y el acuerdo de 2015 pide que sea menor de 2ºC y buscar el tope en los 1,5ºC.

El resultado del cóctel es: en 2020 van a enviar ustedes planes nacionales que han de mejorar lo anterior; tengan en cuenta que con lo que teníamos antes, el resultado global no cumplía lo establecido en el Acuerdo de París.

La ministra Teresa Ribera se ha mostrado contenta con este resultado: “Los países tenemos que presentar contribuciones nacionales más ambiciosas que las actuales en 2020”. Una ambición que no ve el encargado de cambio climático de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz: “La declaración Chile-Madrid no supone un incremento de ambición real. Se trata de una declaración simbólica que no se materializará al no fijar tiempos comunes”. Se refiere a un calendario de cuándo presentar concretamente planes con esas medidas reforzadas. En su opinión, esto pone ya difícil el éxito de la COP26 en Glasgow.

De un sentir similar han sido las declaraciones del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien ha asegurado que se siente “decepcionado con los resultados” de la cumbre. “La comunidad internacional ha perdido una oportunidad importante de mostrar una mayor ambición en mitigación, adaptación y finanzas para afrontar la crisis climática”, ha lamentado en un comunicado tras la clausura de la COP25.

La cita peligró de inicio

Aunque se ha salvado la celebración de la cita climática anual que llegó a peligrar con la renuncia de Chile a finales de octubre pasado, la conferencia se ha visto lastrada por las diferencias entre dos bloques nítidos: grandes economías emergentes como China, India y Brasil, por un lado, frente a la Unión Europea junto a pequeños estados que empujan para que se tomen medidas más profundas. La presidencia de Chile se ha visto superada a la hora de buscar un acuerdo. Al final, la cumbre ha sido incapaz de seguir el ritmo de reivindicación que ha mostrado la sociedad civil durante la COP.

A pesar de que no existía un mandato para elaborar en esta conferencia nuevos textos legales que comprometieran a las partes, sí se había marcado esta cumbre como punto de partida para llamar claramente a subir el listón en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, por Madrid han aparecido fantasmas en forma de guerra comercial entre China y EEUU o salida de los norteamericanos del Acuerdo de París que han frenado las negociaciones.

En Madrid se dirimían varias cuestiones: cómo reclamar a los países que pisaran el acelerador en cuanto a medidas que corten la emisión de gases o cómo revitalizar la financiación del mundo rico al pobre para compensar los daños que produce hoy el cambio climático en los países que no lo han provocado.

Y cómo se activa el mercado internacional de emisiones de CO previsto en París: el artículo 6 del acuerdo de 2015. Este punto ha sido pospuesto. La postura de la Unión Europea, que sospechaba de que este mecanismo fuera utilizado como puerta de atrás que falseara la cantidad real de gases, se ha impuesto: mejor no tener acuerdo a un mal acuerdo, según su criterio.

Demanda social cada vez mayor

La negociaciones entre gobiernos se han desarrollado mientras la figura de una activista adolescente sueca se comía el escenario de la COP de Madrid casi sin tener que hablar además de poner sobre la mesa la necesidad de acelerar la acción contra el calentamiento de la Tierra, como piden los científicos. Greta Thunberg ha movilizado a decenas de miles de personas en Madrid y ha acaparado la atención como ningún otro participante en la cumbre. Ha ejercido de altavoz al ceder la voz para que se escucharan historias como la de los jóvenes indígenas o los científicos. Ha encabezado una marcha multitudinaria de personas que pedían más acción.

La ministra española de Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, pidió a los delegados escuchar a la calle al iniciarse las rondas de conversaciones entre ministros: “Más acción, más rápida, más profunda”, dijo. Pero se ha revelado una tarea muy ardua dar cabida a esa clamor en las conversaciones entre gobiernos.

En este sentido, la organización Greenpeace ha reaccionado sintiendo como una decepción la decisión final de la COP sobre la ambición en la lucha contra el cambio climático. “Los gobiernos deben deben replantearse totalmente cómo han actuado, porque el final de esta COP es totalmente inaceptable”, ha expresado la directora internacional de la organización, Jennifer Morgan. Consideran que los países no están a la altura de lo que pide la ciudadanía. “Los bloqueadores climáticos se han llevado por delante las advertencias científicas y los gritos de la sociedad”, rematan desde Greenpeace.

Había datos recientes para apuntalar la petición de la ministra Ribera. Las emisiones de gases siguen al alza y rompiendo techos. Ese ritmo ha hecho que en 2018 se alcanzara una concentración de gases de efecto invernadero no vista en tres millones de años. 2019 va a cerrar una década cuajada de malos datos en cuanto al deterioro del clima: récord de temperatura, subida de nivel del mar y deshielo acelerado.

Pérdidas y daños

La declaración ha encontrado hueco para algunas de las demandas de los países empobrecidos y en vías de desarrollo al “subrayar la importancia” de que se pongan en marcha los compromisos de financiación del mundo rico. El dinero que estados como los de la Unión Europea, EEUU o Canadá tienen que poner para facilitar la adaptación al cambio climático de los países más débiles.

En ese sentido, el texto “urge” a los países desarrollados a aportar la “ayuda financiera” necesaria para que el Sur global pueda tanto mitigar sus emisiones como amoldarse a los cambios que provoca la crisis climática en sus país. Esta era una de las palancas de presión aplicadas por China durante las conversaciones para liberar el mensaje sobre aumentar la ambición global contra el cambio climático. Los países también han aceptado que el Fondo Verde (que debería recaudar 100.000 millones de de dólares anuales de los países desarrollados aunque aún no llega a esos niveles) dedique recursos para compensar las “pérdidas y daños” irremediables que la alteración del clima ya está provocando.

Además, la decisión sí ha incorporado finalmente la aprobación del Plan de Acción de Género en el contexto de la crisis climática, cuyo texto se cerró el pasado jueves tras haber sido bloqueado durante buena parte de la COP. El plan no había asomado por los borradores de acuerdo final que se manejaron a primera hora de este sábado. Esta ausencia provocó intervenciones de protesta por parte de países como México, que había jugado un papel importante en alcanzar un consenso final en esta materia.

La Cumbre del Clima de Madrid amenaza con descarrilar. A medianoche de este sábado, la presidenta encargada de llevar las negociaciones, la chilena Carolina Schmidt, ha pedido  a la ministra en funciones Teresa Ribera que se haga con una buena parte de las conversaciones para desatascar la COP25. 

“Vamos a estar aquí con todo el compromiso como presidencia. Por sus mujeres, sus hombres y sus niños”, ha dicho Schmidt pasada la medianoche a todas las negociaciones. Sin embargo, la inusual petición a Ribera no deja de reflejar que la delegación chilena no ha sabido conducir la cumbre hacia un posible consenso. Así las cosas, la cumbre se arriesgaba a fracasar.

Si las posturas estaban enconadas a primera hora del sábado, todo el día de negociaciones a cargo de Schmidt y su equipo han derivado en más distancia, según han contado desde los despachos.

La chilena se ha quedado con los trabajos sobre el mercado de emisiones de gases, el famoso artículo 6 del Acuerdo de París. Un punto cuyo desarrollo parece casi descartado ya en Madrid. Y ha dejado para Ribera el resto de los puntos de la agenda de trabajo pendientes: la financiación del Sur global, la compensación de pérdidas y daños y la llamada a los países para que propongan más recortes de emisiones de CO el año que viene.

La mala evolución que ha tenido esta jornada de conferencia ha desembocado en que varias delegaciones hayan asegurado que la presidencia de Chile ha excluido “durante todo el día” a muchos países de los foros de trabajo. Han sido muy críticos los estados que forman la Alianza de Pequeños Estados Insulares (desde el Caribe a Oceanía). “Nos han dejado fuera al 90% de las delegaciones”, ha afirmado el representante de Papua Nueva Guinea. 

A pesar de haber iniciado la jornada con una recogida de posturas sobre los borradores redactados por la presidencia chilena de la conferencia, el sábado no ha resultado lo suficientemente productivo para aglutinar consenso. Uno de los coordinadores de las negociaciones, el chileno Andrés Landerretche, no ha explicado más que “si las partes no llegan a un consenso, no hay consenso”. 

La presidenta de la COP Carolina Schmidt había podido comprobar a primera hora las posiciones de los países al inicio de la ronda de conversaciones del sábado. Y eran bastante nítidas: China y la Unión Europea han dibujado líneas rojas una parte a cada lado. Los términos “fuerte oposición” o “párrafo inaceptable”, se han escuchado en la reunión, lo que, en términos de lenguaje diplomático, muestra unas negociaciones todavía enquistadas.

Los nudos han sido los mismos desde un principio: los Estados con, ahora, economías en fuerte desarrollo no quieren poner en peligro ese crecimiento todavía. China, India o Brasil recuerdan que ellos han aportado poco históricamente al calentamiento global y ponen freno al deseo de la Unión Europea de pasar página y subir la ambición por todas las partes: reforzar las medidas contra el cambio climático.

De hecho, la delegación de la UE ha exigido un “mensaje claro” al mundo de que hay que poner sobre la mesa medidas más ambiciosas en cuanto a la reducción de emisiones en 2020. En ese sentido, Alden Meyer, de la Unión de Científicos Preocupados ha dicho este sábado en la COP que “la última versión del texto es totalmente inaceptable porque no tiene una llamada a los países para mejorar sus compromisos. Nunca había visto una desconexión así entre lo que la ciencia precisa y reclama la ciudadanía y lo que están ofreciendo los negociadores”.

La ministra española para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha hablado en el plenario del sábado para recordar que la COP se organiza (en este caso de manera exprés en Madrid) para que se saque adelante un acuerdo. 

En ese contexto, han surgido problemas para incorporar citas claras en el texto común pidiendo que el año que viene los países presenten planes nacionales más ambiciosos en cuanto a recortes de emisiones. Los planes irán apareciendo en 2020, pero este grupo de países ha exigido que, antes, los Estados desarrollados evalúen si han cumplido con sus compromisos anteriores. Incluso que el momento de pedirles a ellos que multipliquen los esfuerzos es a partir de 2023.

Los textos de borrador se han “debilitado mucho”, según han manifestado países como Colombia, Belice, Uruguay o México. Mencionan que los Estados pueden aprovechar la oportunidad de mejorar sus medidas contra el cambio climático el año que viene a pesar de que se reconoce que es necesario subir el nivel de la lucha contra el calentamiento global ante la situación preocupante del clima. 

Chile, encargado de llevar las negociaciones en Madrid, ha ido posponiendo la sesión final a lo largo del día según iba comprobando que no conseguía producir un texto final con suficientes posibilidades de ser admitido.

Otros escollos

No es el único escollo para terminar el documento. La financiación, el dinero, para reparar “los daños y pérdidas”que provoca el cambio climático no ha sido desbloqueada.

Y, en teoría, queda también por decidir cómo aplicar el mercado de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero. La pelea tiene parecidos protagonistas. La Unión Europea ha repetido durante todos los días que este mecanismo no puede convertirse en una puerta de atrás entre países para falsear sus emisiones totales.

“No puede servir para hacer trampas”, ha explicado este viernes la arquitecta del Acuerdo de París, Laurence Tubiana. Tubiana ha hecho hincapié en que esos mercados, mal hechos, “ponen en riesgo la integridad ambiental del acuerdo”. Es decir, pueden falsear las emisiones reales que están llegando a la atmósfera al contabilizar varias veces el mismo recorte de CO.

Todo esto sobrevolado por la nueva línea negociadora de EEUU, que ha pasado de liderar el camino que llevó al Acuerdo de París a estar de salida del mismo acuerdo. Sin esa presencia, conceden casi todas las partes, “hay recelos”. 

El gran proyecto medioambiental del Ayuntamiento de Madrid es un bosque metropolitano que rodeará como una corona a la ciudad y conectará puntos verdes que ya existen. El Consistorio, gobernado por PP y Ciudadanos, lo presentó dentro de la estrategia 'Madrid 360' para la mejora de la calidad del aire. El mismo día que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, anunció que abriría el centro de Madrid a más coches, dio las primeras pinceladas sobre la creación de una suerte de anillo verde con 450.000 árboles que absorbería 170.000 toneladas de dióxido de carbono, según el plan.

El bosque metropolitano es, en realidad, el proyecto estrella de Ciudadanos para el mandato. La vicealcaldesa, Begoña Villacís, lo ha presentado en diversos foros en el marco de la Cumbre del Clima y echará a andar en febrero, con el primer concurso de ideas. A finales de 2020, se calcula que estén plantados los primeros árboles, siempre especies autóctonas, en el sureste de la ciudad. La inversión en las cuentas del próximo año para el bosque es de 16 millones de euros.

La capital no es la primera ciudad en proyectar una infraestructura verde de semejante calado. Existe un total consenso científico sobre que los árboles ayudan a mejorar la calidad del aire porque actúan como “sumideros” de carbono, según explica el catedrático en Ecología de la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel de Miguel. Sin embargo, todos los expertos consultados aseguran que la política medioambiental debe ser “coherente” y centrarse, sobre todo, en la reducción de emisiones. “Hacer parques es estupendo, pero la mejor manera de luchar contra el cambio climático no es capturando carbono, sino no emitiéndolo”, asegura de Miguel.

La estrategia en la que se inserta este bosque, 'Madrid 360', incluye como una de las principales medidas el recorte del área de bajas emisiones (Madrid Central) para que puedan entrar los vehículos C ocupados por dos o más personas. La iniciativa está sujeta aún a modificaciones y cada vez tiene menos visos de salir adelante: Ciudadanos, pese a que apoyó la estrategia como parte del Gobierno, no está dispuesto a aprobarla sobre el papel (habría que modificar la ordenanza de movilidad para hacerla efectiva) y las organizaciones ecologistas y científicas denuncian con cierto quórum que se trata de una medida regresiva.

En contraposición, el delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante (PP), defiende que abrir más el tráfico será “neutro” en términos de emisiones porque se ocuparán más los coches y circularán menos. Esta tesis, sin embargo, no está respaldada de momento por ningún ensayo que prevea cuál será el comportamiento de los conductores, aunque el Ayuntamiento trabaja para poner en marcha estos estudios.

Plantar árboles pero también reducir emisiones

“Es evidente que una zona verde tiene beneficios sobre la ciudad: hace de pantalla, impide que los contaminantes entren en ciertos puntos... Es un efecto positivo. Pero no es una solución única para mejorar la calidad del aire y es peligroso dar este mensaje. Las políticas no deberían enfocarse en esto mientras siguen las emisiones, sino ser complementarias”, argumenta Francesc Baró, doctor en Ciencia y Tecnologías Ambientales e investigador del Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universidad Autónoma de Barcelona. De Miguel añade, además, que los bosques tienen un tope de absorción de carbono y de emisión de oxígeno: “Cuando son maduros, su papel de pulmón de oxígeno disminuye pero lo necesitan para respirar”.

Un estudio de la Universidad de Sevilla determinó hace más de 10 años que la capacidad de absorción de carbono de los árboles también depende de la especie. Las más eficientes son el pino carrasco y el piñonero, que absorben 48.870 y 27.180 kilos de CO2 al año, respectivamente. En el otro lado está el alcornoque, que solo absorbe 4.537 kilos.

El Ayuntamiento tiene previsto plantar 100.000 árboles en este mandato y dejar el proyecto en manos de los gobiernos que vengan: según las proyecciones del Consistorio, que aún está perfilando el plan, crear un anillo verde de estas características llevaría al menos 12 años. En total, 75 kilómetros de arbolado. Los presupuestos de 2020 ya recogen una primera partida para este proyecto, que se pretende financiar con fondos municipales, europeos y también con capital privado.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, aseguró esta misma semana que, sobre todo, se plantarán encinas. “No hablamos de plátanos y otras especies que son lucidas y que crecen rápido para que sirvan a los gobiernos a que aquello quede muy florido, sino que apostamos a largo plazo para realmente influir en el cambio climático”.

La organización Seo-BirdLife tiene una sección de Biodiversidad Urbana que está colaborando con el Ayuntamiento de Madrid en el desarrollo del proyecto. “El planteamiento es bueno, porque tiene en cuenta la biodiversidad. La idea es que las zonas estén conectadas para facilitar la movilidad también de los animales”, apunta Beatriz Sánchez, responsable de esta sección, que recuerda que la vegetación “ayuda a retener contaminación, depura el aire y reduce el efecto de la isla de calor”. Sánchez explica que la previsión es plantar “especies autóctonas con bajo requerimientos hídricos y de mantenimiento”. “Lo más importante es garantizar que este proyecto se mantiene en el tiempo y que no dependa de los gobiernos porque es algo a largo plazo”, añade.

Vitoria, un referente en infraestructura verde

Una ciudad referente en el mantenimiento de las políticas verdes, independientemente del color político, es Vitoria. Su anillo verde, iniciado hace tres décadas por un gobierno del PNV, se está terminando de cerrar ahora, en 2019, con un alcalde del PNV. Entre medias, han pasado por la alcaldía regidores del PP como Alfonso Alonso o Javier Maroto o del PSE. Todos han continuado con las iniciativas que dejaron pendientes sus antecesores. La última medida anunciada por el actual alcalde, Gorka Urtaran, son las 'supermanzanas': la unión de varias manzanas para evitar el tráfico de paso en el interior. Con esta iniciativa, el Consistorio pretende reservar al peatón el 71% del espacio de la ciudad. Actualmente el porcentaje alcanza el 36%, según datos municipales.

“Creo que una de las claves es no deshacer lo que te encuentras si se ha avanzado. Las políticas medioambientales son de largo recorrido y trascienden a los gobiernos. Para que sea eficaz, la trayectoria debe ser conjunta. Aquí las medidas que tomaba el anterior alcalde en esta materia no han sido por lo general objeto de revisión del nuevo equipo cuando ha llegado”, dice Urtaran en conversación con eldiario.es. Vitoria obtuvo el título de European Green Capital en 2012 y este año ha recibido la distinción de Global Green City Award, un reconocimiento que otorga la organización sin ánimo de lucro Global Forum on Human Settlements, apoyada por Naciones Unidas.

Los científicos insisten, también, en que las ventajas de plantar árboles en las ciudades son múltiples. “Los beneficios a nivel de salud están demostrados. Son espacios, además, recreativos y para la relajación que generan bienestar en los habitantes de las ciudades”, incide Francesc Baró. Habrá que esperar a octubre de 2020 para ver los primeros árboles plantados. Hasta entonces, el Ayuntamiento terminará el diseño de la que quieren que sea la mayor infraestructura verde conectada de la ciudad.