El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha informado de que mantiene abierto el plazo para solicitar las ayudas municipales al alquiler de vivienda habitual hasta el jueves 30 de abril.

En un comunicado, el Consistorio detalla que las ayudas pueden cubrir hasta el 80% de la renta mensual, con un máximo de 750 euros.

De manera excepcional, y previo informe social motivado, el Ayuntamiento señala que la subvención puede alcanzar el 100% del alquiler, también con ese mismo límite mensual.

La Corporación local recuerda que para poder acceder a estas ayudas, se debe estar empadronado y ser residentes en el municipio durante, al menos, los dos años anteriores a la solicitud, y carecer de recursos suficientes para afrontar el pago del alquiler de su vivienda habitual.

Por otro lado, la persona solicitante debe ser titular del contrato de arrendamiento y la vivienda debe constituir su domicilio habitual y permanente.

También, el Ayuntamiento indica que la duración inicial de la ayuda es, con carácter general, de seis meses, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de 24 meses, ampliable hasta 36 meses en situaciones de extrema necesidad acreditada.

El Consistorio informa además de que la convocatoria ha incorporado una actualización de los límites económicos para adaptarse al contexto actual. En este sentido, el umbral de ingresos de las personas beneficiarias se ha incrementado hasta 2,5 veces el IPREM, lo que amplía el acceso a estas ayudas.

Asimismo, se han elevado los topes de renta mensual del alquiler. En el régimen general, el límite se sitúa en 750 euros, mientras que en el caso de familias numerosas o personas con movilidad reducida que requieren vivienda adaptada se eleva hasta los 900 euros mensuales.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, ha señalado que esta línea de ayudas, dotada con 1,5 millones de euros, “tiene como finalidad atender situaciones de necesidad social, prevenir procesos de exclusión residencial y evitar la pérdida de la vivienda habitual, así como dar respuesta a necesidades de alojamiento temporal en casos justificados”, subraya.

Las solicitudes pueden presentarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica municipal o presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento hasta el 30 de abril. No obstante, el Consistorio recuerda que se contempla la tramitación durante todo el año “en casos de urgencia debidamente justificados”.

Por último, la Corporación local indica que toda la información sobre requisitos, documentación y procedimiento de solicitud se encuentra disponible en la página web municipal.

La crisis de la vivienda sigue golpeando nuestro país. Jóvenes que no pueden emanciparse, personas de mediana edad que siguen haciendo números cada mes para afrontar los alquileres y, en definitiva, hogares cada vez más empobrecidos por hacer frente a una problemática que para el CIS “era el principal problema para el 42,6% de los españoles y españolas”, según el Barómetro de enero de 2026.

A partir del Informe de Vivienda y Bienestar 2025, elaborado por CCOO Castilla-La Mancha, conocemos que el parque total de vivienda en la región se sitúa en más de un millón (1.347.273), de las cuales 303.226 se encuentran vacías -el 8% de todas las que existen en España- y 135.783 son viviendas de uso esporádico, teniendo en cuenta datos de 2024.

La provincia de Toledo tiene casi 90.000 viviendas vacías

El mayor parque de viviendas a nivel provincial se encuentra en Toledo, con 439.385 viviendas, de las cuales 88.866 están vacías. Cuenca es la provincia con menor parque de viviendas, con 165.616, de las que 41.000 se encuentran vacías. Por otro lado, en lo que respecta a viviendas vacías, Ciudad Real se sitúa a la cabeza de provincias con mayor porcentaje, el 29% de su parque de viviendas.

En el caso de la provincia de Albacete, la capital provincial es la que cuenta con más viviendas vacías, más de 5.400. Seguidamente, Villarrobledo (2.735 viviendas vacías), Hellín (2.643) y Tobarra (1.448), entre otros.

Después, en la provincia de Ciudad Real, la capital provincial es la que cuenta con más viviendas vacías (6.384), seguida de cerca por Puertollano (6.380), Tomelloso (5.304) y Valdepeñas (4.354), entre otros.

En la provincia de Cuenca, la capital conquense es la que posee más viviendas vacías (3.240), Tarancón (844), Mota del Cuervo (561) y San Clemente (510), entre otros.

En la provincia de Guadalajara, la capital alcarreña cuenta con 3.232 viviendas vacías, seguida por Azuqueca de Henares (596), Marchamalo (385) y El Casar (382), entre otros.

Por último la provincia de Toledo, la localidad de Talavera de la Reina es la que cuenta con más viviendas vacías (5.049), seguida por Toledo (2.672), Fuensalida (2.089) y Ocaña (2.054).

Pocas viviendas de protección oficial

En Castilla-La Mancha, además de la “escasa producción de vivienda”, también destacan la escasez de Vivienda de Protección Oficial (VPO). Mientras que en 2008, previamente al estallido de la burbuja inmobiliaria, el peso de la VPO era del 8,63% construido, una “tasa insignificante”, en 2024 se construyeron 4.003 viviendas, de las cuales 159 eran VPO.

Desde CCOO Castilla-La Mancha apuntan que el problema de “la baja capacidad de generar vivienda protegida ha existido siempre, incluso en los años en los que la VPO alcanza sus porcentajes más altos, ese aumento no se debe a un impulso real de las políticas públicas, sino que coincide con el hundimiento de la vivienda libre por la desaparición del crédito”.

El 57,64% de titulares de vivienda tenían una única propiedad, donde los grandes tenedores (con más de 10 viviendas) representaban el 0,62%

Por otro lado, en Castilla-La Mancha la compraventa de vivienda es un fenómeno en ascenso. Esta tendencia, que se mantiene a la alza en los últimos diez años, refleja en septiembre de 2025 que a lo largo del año se compraron un total de 26.397 viviendas, de las cuales más de 25.000 fueron libres y 1.372 protegidas. El patrón provincial es homogéneo: Toledo, muy por encima de los demás, presenta la mayor parte de las operaciones, mientras Cuenca se mantiene como el mercado más reducido.

Por lo que respecta a la concentración de la vivienda en Castilla-La Mancha, en 2025 el 57,64% de titulares de vivienda tenían una única propiedad, donde los grandes tenedores (con más de 10 viviendas) representaban el 0,62%.

En este caso, los grandes tenedores con más viviendas por provincias se concentran en Albacete en la capital albaceteña, Hellín, Almansa y La Roda. Para la provincia de Ciudad Real, principalmente en la capital, Puertollano, Valdepeñas y Tomelloso.

Con respecto a la provincia de Cuenca, en la capital conquense, Tarancón, Las Pedroñeras y San Clemente. En Guadalajara, la propia capital alcarreña, Azuqueca de Henares, Alovera y Cabanillas del Campo. Por último, en la provincia de Toledo radican en la capital toledana, Talavera de la Reina, Ocaña y Seseña.

Baja el stock de vivienda nueva y se dispara el precio del suelo

Castilla-La Mancha poseía en stock, en el año 2024 y según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, más de 37.000 viviendas nuevas. La oferta de nueva vivienda está cayendo cada año, una tendencia que se observa desde 2011. El stock baja porque cada año se ofrecen menos viviendas nuevas, mientras que las disponibles se van vendiendo. Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo muestran caidas de entre el 20% y el 46%, lo que refleja una disminución continua del stock de vivienda nueva disponible. Un fenómeno llamativo es Guadalajara, donde su caída es cercana al 99%, y en 2024 solo poseía 35 viviendas nuevas disponibles.

El precio del metro cuadrado en Castilla-La Mancha se ha ido encareciendo en la última década, pasando en 2014 de 82,6 euros a 109,7 euros en 2025 -en este caso más de 66 euros por debajo de la media nacional-.

Si desglosamos este dato por provincias, los precios más altos de suelo urbano se dan en Ciudad Real (126,9 euros/m²), Toledo (118,2 euros/m²) y Albacete (108,8 euros/m²). Las provincias más económicas son Cuenca (108,9 euros/m²) -a pesar del fuerte crecimiento desde 2020- y Guadalajara (85,5 euros/m²).

¿Quién accede a la vivienda?

A partir del estudio realizado por CCOO Castilla-La Mancha, la distribución del régimen de la vivienda en la región por tramos de ingreso refleja que está concentrada en los niveles de renta media-baja.

De los 793.438 hogares existentes en la región, más de 67% se encuentra por debajo de los 2.000 euros mensuales, concentrándose en tramos de 500 a 1.000 euros. Una pauta que se repite igualmente en términos poblacionales, ya que más de 63% de las personas reside en hogares con ingresos inferiores a 2.000 euros mensuales.

El régimen de tenencia de la vivienda en Castilla-La Mancha presenta un marcado predominio de la propiedad, hasta el 78,9%, que radica en diferentes modalidades como: herencia, compra pagada al contado y la compra con hipoteca. Todo ello frente al alquiler estructuralmente minoritario, 11,5%.

Por lo que respecta a los alquileres, el 37% de los hogares inquilinos dispone de menos de 1.000 mensuales y casi un 29% se sitúa entre los 1.000 y 1.500 euros.

Las provincias de Guadalajara y Toledo lideran las zonas tensionadas donde la ciudadanía dedica el 50% de los ingresos al pago del alquiler

Más esfuerzo para hacer frente al alquiler

Si tomamos datos de octubre de 2025, el precio medio de alquiler por metro cuadrado en Castilla-La Mancha era de 8 euros: un piso de 90 metros cuadrados costaría alquilarlo alrededor de 720 euros mensuales.

La provincia de Guadalajara está a la cabeza en lo que se refiere al precio del alquiler: 9,6 euros el metro cuadrado, seguida de Toledo (8,4 euros), Albacete (7,9 euros), Cuenca (7,4 euros) y Ciudad Real (6,4 euros).

En el caso del esfuerzo por parte de la ciudadanía castellanomanchega para alquilar una vivienda se muestra un patrón claro en el periodo de 2010 a 2024, tomando como ejemplo un domicilio de 90 metros cuadrados. Castilla-La Mancha pasa de valores cercanos al 30% a superar el 40% de sus ingresos en 2024, superando el umbral que la Ley de Vivienda utiliza para definir zonas tensionadas, según CCOO.

Guadalajara y Toledo lideran la tensión, alcanzando ratios superiores al 50% de los ingresos del arrendatario, con un crecimiento muy fuerte a partir de 2021.

Vivienda turística y gentrificación con Toledo a la cabeza

Castilla-La Mancha poseía en mayo de 2025 más de 5.200 viviendas turísticas registradas. La provincia de Toledo representa el 31,93% de esas viviendas turísticas, Albacete (21,29%), Cuenca (18,20%) Ciudad Real (15.58%) y Guadalajara (13%).

¿Cómo hacer frente a la crisis de vivienda?

CCOO Castilla-La Mancha sigue defendiendo la intervención de los precios del alquiler a nivel regional. Aseguran que el modelo de Viena, “con más de 120 años es el único que ha sido capaz de generar unos precios a la baja en su zona de influencia, mantiene alquileres moderados pese a las subidas de las urbes más desarrolladas de Europa”.

Apunta el sindicato que el 43% de las viviendas son públicas y con carácter permanente, pertenecientes a las administraciones o a promotores sociales de vivienda sin ánimo de lucro o con lucro limitado. En este caso han conseguido precios accesibles y un mercado estable, donde a los inquilinos el alquiler les supone el 26% de sus ingresos de media.

Estas medidas de intervención también han llegado a otros lugares como Países Bajos, ciudades como París, Lille o Berlín.

Desde CCOO Castilla-La Mancha consideran que, a través de lo expuesto en este análisis, la región no cuenta con la suficiencia para la generación de vivienda nueva, y “hay que apostar por rehabilitar el parque más antiguo con el requisito de ponerla en alquiler a precios razonables”.

Aseguran que ante la “situación límite” de los jóvenes de entre 20 y 30 años la medida “más drástica sería intervenir el precio de la vivienda, sobre todo los alquileres que no deberían superar el 30% del salario de una familia, porque si no es imposible afrontarlo”.

El sindicato critica que las líneas puestas en marcha por el Gobierno de Castilla-La Mancha “no sirven para abordar la crisis del precio y acceso a la vivienda ni a corto, medio ni largo plazo”. Sin embargo, señalan medidas que pueden aportar soluciones y que pasan por la constitución de forma “inmediata” del Fondo de Inversión Público para la Vivienda Asequible (FIVA), destinado a la financiación de políticas públicas en material de vivienda a nivel estatal.

Por otro lado, piden la promulgación de la ley de vivienda regional, así como constituir las empresas municipales de vivienda en las principales capitales de provincia, con contratos de alquileres a 75 años y con financiación vía impuestos especiales en materias de turismo, aplicando una carga impositiva a la vivienda vacía vía IBI.

Otra medida que proponen es generar junto a la empresa de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) y las diferentes diputaciones provinciales un programa de vivienda rural con un tipo cualificado de protección oficial. También hablan de opciones como modificar la tipología de vivienda, vía ley de vivienda regional, eliminando la figura de vivienda protegida de iniciativa público-privada.

Por otra parte, sugieren la creación de un órgano conjunto en materia sancionadora que coordine las competencias de turismo en materia de vivienda turística, las de consumo en materia de contratos y las de vivienda o la creación de un cuerpo inspector de vivienda y suelo, fomentando también la coordinación con los ayuntamientos para que las policías municipales puedan sancionar.

Apuntan también a restringir temporalmente las bonificaciones en materia de IRPF y por renta, así como vehicular dichas cuantías a un programa de promoción de VPO y alientan a desarrollar un programa de bolsa de alquiler de vivienda asequible y desarrollar un modelo urbanístico más eficiente para Castilla-La Mancha, centrado en la movilidad eficiente dentro de las ciudades.

Por último, desarrollar un modelo profesional del sector de la construcción e inmobiliario, que esté ligado con la Fundación Laboral de la Construcción, que dote de soluciones a los problemas de falta de relevo y profesionalización de la construcción y rehabilitación.

El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado una convocatoria de ayudas para rehabilitar interiores de viviendas destinadas a la Bolsa de Alquiler. Esta iniciativa, gestionada por el Consorcio de la Vivienda, ha experimentado un notable incremento en su presupuesto para atraer a más propietarios particulares. Y es que en esta edición, de 2026, la subvención por vivienda puede alcanzar hasta los 30.000 euros, lo que supone un aumento del 50% respecto a los años anteriores. Con una dotación total de tres millones de euros, el gobierno local busca revitalizar el parque inmobiliario asequible. Estas ayudas son plurianuales y pretenden dar un impulso definitivo a la oferta de alquiler social disponible en la capital catalana.

La convocatoria se dirige específicamente a los propietarios de viviendas del mercado libre que decidan ceder sus inmuebles a la bolsa oficial. También pueden beneficiarse aquellas entidades que deriven pisos vacíos a la Mesa de Emergencias o al programa municipal denominado ‘Primer la llar’. El objetivo central es facilitar el acceso a la vivienda a personas en situación de emergencia social o riesgo de exclusión residencial. Al participar en este programa, los dueños de los inmuebles cumplen una función social clave para la ciudad en su conjunto. A cambio, reciben un apoyo financiero fundamental para modernizar y poner a punto sus propiedades de forma segura y eficiente.

El propósito fundamental de estas subvenciones es evitar que el parque de viviendas caiga en la obsolescencia y pierda habitabilidad con el tiempo, ampliar el parque de alquiler por todas las vías posibles. Según los responsables municipales, la rehabilitación es una herramienta esencial para mejorar la calidad de vida de los residentes actuales. Al incrementar el confort y el bienestar dentro del hogar, la ciudad asegura que las viviendas sean dignas y duraderas para el futuro. Este enfoque integral garantiza que el esfuerzo público se traduzca en beneficios directos para todos los ciudadanos.

Los interesados deben tener en cuenta que el plazo máximo para presentar las solicitudes finaliza el próximo 30 de noviembre. Una característica destacada de este programa es su flexibilidad temporal respecto al inicio de las obras de mejora de la vivienda. Los propietarios que ya hayan comenzado los trabajos de rehabilitación antes de formalizar su solicitud también pueden acogerse a las ayudas. Esta medida permite que las reformas urgentes no se detengan por trámites administrativos y agiliza la incorporación de pisos nuevos. Es una oportunidad para actualizar inmuebles que requieren una intervención inmediata para poder entrar pronto en el mercado.

Las ayudas cubren una amplia gama de reformas interiores, empezando por las necesarias para obtener la cédula de habitabilidad según el decreto vigente. Esto incluye la renovación de instalaciones básicas como las redes de agua, electricidad y gas canalizado para cumplir la normativa técnica actual. También son subvencionables las mejoras en estancias críticas como la cocina y los baños, siempre con calidades similares a la protección oficial. Estas intervenciones básicas son el primer paso para transformar espacios antiguos en hogares modernos y totalmente funcionales. El consistorio busca que cada piso rehabilitado cumpla con los estándares más exigentes de seguridad.

Otro pilar fundamental de la convocatoria es la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad dentro del ámbito residencial de Barcelona. Se financian actuaciones como el aislamiento térmico por el interior, que reduce la demanda energética y mejora significativamente el confort acústico. También se incluye la incorporación de protecciones solares en las aberturas y el cambio de cerramientos, como cristales y marcos de ventanas. Estas medidas están diseñadas para reducir el impacto ambiental de los edificios y disminuir el coste de las facturas mensuales. Es una apuesta clara por una ciudad más verde y edificios mucho más responsables energéticamente.

La accesibilidad es otra prioridad dentro de la estrategia municipal para garantizar que todos los ciudadanos disfruten de una vivienda cómoda. El programa subvenciona obras puntuales que mejoren la movilidad interior del hogar, permitiendo una adaptación total o parcial según las necesidades. Estas reformas deben seguir la normativa vigente para facilitar la vida diaria de personas con movilidad reducida o necesidades especiales. Mejorar la circulación dentro del piso es vital para que la oferta de alquiler de la bolsa sea inclusiva y diversa. Con estas mejoras, el ayuntamiento asegura que el parque público sea apto para cualquier perfil de inquilino.

Ayudas adicionales

Más allá de las ayudas directas para las obras, el consistorio de la capital catalana ofrece incentivos económicos adicionales a los propietarios que se unan a la red. Si el piso que se incorpora a la Bolsa de Alquiler está vacío, el dueño puede recibir una bonificación extra de hasta 2.000 euros. Esta cifra ha crecido en 500 euros respecto a años anteriores para motivar la salida al mercado de viviendas desocupadas. En el caso de viviendas que ya están alquiladas pero presentan deudas, existe una subvención especial de hasta 6.000 euros. Estos pagos adicionales ayudan a sanear la situación financiera de los propietarios comprometidos con el alquiler asequible.

Una de las ventajas más atractivas para los participantes es la bonificación del 95% en la cuota del IBI. Este descuento fiscal se aplica durante todos los años que dure el contrato de alquiler bajo el paraguas de la bolsa municipal. Además, el ayuntamiento garantiza el cobro puntual de las rentas mensuales, eliminando el riesgo de impago para el propietario del piso. El servicio incluye asesoramiento legal gratuito para formalizar los contratos y mediación profesional en caso de conflictos con los inquilinos. Es un paquete de seguridad jurídica y económica que da mucha tranquilidad a los arrendadores de la ciudad.

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una modificación de la ley foral de Haciendas Locales de Navarra para que las entidades locales que lo deseen puedan incentivar por la vía fiscal el acceso a una vivienda en alquiler a precio accesible.

La iniciativa ha sido presentada conjuntamente por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, grupos que han recabado además el apoyo del PPN, mientras que UPN se ha abstenido y Vox ha votado en contra. La iniciativa ha sido aprobada por el trámite de lectura única (trámite más rápido que el ordinario).

Con los cambios aprobados, se introducen tres nuevos supuestos en la ley con el fin de permitir una minoración de hasta el 90% en el Impuesto de Bienes Inmuebles o Contribución Territorial cuando se trate de bienes inmuebles arrendados a través de la bolsa de alquiler del Gobierno de Navarra, alquilados como residencia habitual y permanente a un precio inferior o igual al establecido para las VPO en régimen de locación, o construidos/promovidos en cesión de uso por asociaciones o cooperativas, siempre que se destinen a residencia habitual y permanente de las personas socias.

Además, en lo relativo al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, se añaden una serie de deducciones de hasta el 50% para apoyar la construcción de viviendas destinadas al alquiler, también por cooperativas en cesión de uso, y la rehabilitación de edificaciones protegidas por el catálogo municipal que vayan a destinarse a vivienda protegida.

No obstante, si la restauración tiene lugar en edificaciones incorporadas a Áreas de Rehabilitación Preferente y a ámbitos de Planes de Intervención pública, la minoración será del 30%. Además, la rebaja se reduce a la mitad (25%) en edificios parcialmente destinados a VPO, siempre que las viviendas sujetas a renta supongan, al menos, la mitad del número total. La última de las bonificaciones consignada, relativa a la incorporación de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar u otras renovables (supeditada a la inclusión de colectores homologados), puede ser de hasta el 90%.

En todos los supuestos, las bonificaciones se hacen extensivas, además de a la construcción de VPO dirigidas al alquiler, a las instalaciones u obras en edificios destinados total o parcialmente al alquiler protegido.

Además, queda descartada la acumulación de bonificaciones, de manera que, si se solicita más de una, solo se tendrá derecho a la de mayor cuantía. La regulación de los restantes aspectos formales de cada bonificación, a las que se podrá aplicar una “retroactividad no superior a un año”, se establecerá mediante ordenanza fiscal.

“Lo que se plantea es que los ayuntamientos tengan un instrumento si así se lo plantean cuya finalidad ha de ser movilizar la vivienda de alquiler asequible, no cualquier vivienda, sino asequible”, ha subrayado el parlamentario de EH Bildu, Adolfo Araiz. “Aquí veremos cómo responden los ayuntamientos según su signo político y espero que todos puedan sumarse a esta buena iniciativa”, ha señalado el parlamentario socialista Kevin Lucero. Por parte de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha destacado que es “una proposición de ley que respeta absolutamente la autonomía municipal”. “Se busca abrir el paraguas de los impuestos municipales para que cada ayuntamiento, en el ejercicio de su autonomía, decida o no aplicarlo”, ha añadido el parlamentario de Contigo/Zurekin, Daniel López.

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará el martes que viene una serie de medidas encaminadas a facilitar “al máximo” la compra y alquiler de vivienda en la región.

Así lo ha anunciado este viernes el presidente del Ejecutivo castellanomanchego, Emiliano García-Page, que ha añadido que se trata “probablemente el bloque de deducciones fiscales más importante de los que se han operado en España para ayudar a la adquisición y al alquiler de la vivienda”.

Las medidas incluyen las rebajas de “todo tipo de impuestos y desgravaciones” en el impuesto de la renta para los adquirentes de nuevas viviendas.

Deducciones por compra y alquiler de vivienda

Según ha detallado Page, se busca adecuar la normativa de vivienda para facilitar la concesión de préstamos a tipo 0 en la parte no financiada por los bancos.

El paquete de medidas tributarias consiste en reducir un 40% el Impuesto de Transmisiones en la adquisición de la primera vivienda habitual (del 5 al 3%); reducir a la mitad los Actos Jurídicos Documentados (del 0,50 al 0,25%); también se incrementa el valor de la vivienda un 33% (pasando de los 180.000 euros a los 240.000) a efectos de estas deducciones.

Asimismo, se aprueba una nueva deducción del 15% en el IRPF por las aportaciones a cuentas de entidades crédito destinadas a la adquisición de vivienda y, finalmente, se incrementa un 11% (450 a 500 euros) las deducciones por arrendamiento de vivienda habitual.

La estimación es que se podrían beneficiar de estas deducciones más de 12.000 personas por un montante económico de ocho millones de euros.

“Queremos facilitar al máximo esa adquisición y vamos con un paquete de deducciones fiscales enormemente sensibles y útiles. Son varias reducciones importantes y también la ampliación del coste del precio al que le van a llegar esas deducciones para que sean los pisos de mayor nivel económico también los que se puedan beneficiar. Queremos responder con lo que está a nuestro alcance, que son ayudas, subvenciones, facilitar trámites, pero también ayudar económicamente a lo que está significando un tormento para muchísimas familias, que es poder adquirir una vivienda, e incluso poder tenerlo en alquiler”, ha explicado el presidente autonómico.

El PP critica que Page “anuncie y no ejecute”

Para el Partido Popular de Castilla-La Mancha, Page “anuncia y no ejecuta”. La diputada regional, Tania Andicoberry, ha resaltado que Emiliano García-Page ha vuelto a desmarcarse hoy “anunciando un paquete de medidas en materia de vivienda”, recordando que se trata de “unas medidas que ya anunció en el pasado debate sobre el Estado de la Región hace nada más y nada menos que cuatro meses”.

Según ha explicado, son unas medidas que “no se han ejecutado todavía, no se han puesto en práctica y no han favorecido ni ayudado a ni un solo castellanomanchego”.

Andicoberry ha reconocido que se trata de unas medidas “muy necesarias” y por ello es “importante que, una vez que se lleven a cabo y se pongan en práctica, sean aquellas que el PP ha estado proponiendo en las Cortes Regionales durante los últimos meses”. Ha recalcado que en esas propuestas han obtenido “el no rotundo del PSOE, ese rodillo sectario del PSOE castellanomanchego, por no escuchar de verdad las necesidades que tiene nuestra tierra”.

El precio de la vivienda sigue al alza

Los últimos datos publicados en diciembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos del Índice de Precios de Vivienda (IPV) reflejaron que el precio de la vivienda libre en Castilla-La Mancha creció un 11,6% en el tercer trimestre de 2025 con relación al mismo periodo del curso anterior. Un incremento que cuenta con la particularidad de estar más pronunciado a nivel interanual en la vivienda de nueva construcción, con un 12% de aumento respecto al pasado año.

En cuanto a la vivienda de segunda mano, el precio acusó un notable incremento en la región, del 2,8% para situarse a un 11,5% de aumento respecto al mismo periodo de 2024.

Por otra parte, la compraventa de viviendas ha caído un 8% en la región en octubre de este año en comparación con el mismo periodo del pasado ejercicio, firmando 3.195 operaciones, según el avance de datos provisionales de la Estadística Registral Inmobiliaria del Colegio de Registradores.

Los vecinos del edificio de la calle Letonia, número 14, en Tres Cantos (Madrid), perteneciente al Plan VIVE de la Comunidad de Madrid, llevan algo más de una semana denunciando el mal funcionamiento de la calefacción en sus viviendas. “Es duro no tener calefacción en plena ola de frío”. “Vivimos en una zona cercana a la sierra, y es donde más frío hace”, lamenta Gonzalo Ruiz, presidente de la Asociación de Vecinos Letonia y afectado, que denuncia que las empresas responsables “se pasan la pelota”. Arantza López, otra de las vecinas del bloque, resume la situación con ironía: “Lo llamamos Plan Sobrevive”. 

En los tres inmuebles, que aúnan cinco portales, hay en torno a 180 viviendas ocupadas –alrededor de una quincena están vacías– según Gonzalo Ruiz, presidente de la asociación de vecinos. Él mismo relata que la temperatura en el interior de las viviendas baja hasta los 16 grados, una situación especialmente preocupante para las familias con menores y personas vulnerables. “Las casas se quedan heladas. Hay gente con niños pequeños y familias que están pasando mucho frío”, señala.  

Como otros vecinos, Ruiz, que vive con su hijo y su mujer embarazada, se ve obligado a utilizar calefactores eléctricos que, apunta, “repercutirán en la factura de la luz” en unas viviendas que, precisamente, tienen como objetivo ofrecer precios asequibles. Leticia Sobrinho, que vive en el edificio junto a su pareja y su bebé de cinco meses, llegó al piso en agosto de 2024 y, según cuenta, desde entonces han tenido numerosos problemas. “Estamos en casa con abrigos. Es muy triste pasar frío dentro de tu propia casa”, lamenta. Asegura que no pueden permitirse encender la calefacción por el elevado coste de las facturas, que en algunos meses han superado los 200 euros. “Tengo que pagar el alquiler y además tengo un bebé”, explica.

Según la empresa que gestiona los alquileres, Sogeviso, y Acenz, que gestiona la calefacción y aire frío en el edificio, el servicio quedó totalmente restablecido el pasado martes. Por su parte, la Consejería de Vivienda también sostiene que se dio solución al problema. El CEO de Acenz, Álvaro Martínez, admite que el servicio fue “interrumpido en varias ocasiones” y explica: “Estos equipos [dos de las cuatro máquinas que suministran el calor] no están preparados para funcionar con temperaturas inferiores a 10 grados. Lo que ocurre es que con esa temperatura, colapsan”. También reconoce que estas bombas de calor “no son las adecuadas para esta zona geográfica”. 

Sin embargo, la empresa apunta que se trata de una solución “provisional” y no descarta que se vuelvan a producir fallos a medida que las temperaturas sigan bajando en Tres Cantos. Asimismo, asegura que después de las fiestas se valorarán soluciones a largo plazo. 

Este no es el primer caso de incidencias y quejas respecto al estado de viviendas pertenecientes al Plan VIVE. El pasado 30 de diciembre, los vecinos de la calle Bella Dorotea número 3, en Getafe, denunciaban haber estado siete días sin tener agua caliente en sus casas o con un pequeño hilo de agua que llegaba templada. Las mismas empresas, Sogeviso y Acenz, también estaban implicadas en este caso.

Los testimonios recabados tras el anuncio contradicen la versión oficial de que el problema está resuelto. Arantza López, vecina del bloque, asegura que la calefacción sigue sin funcionar correctamente. “Da aire frío”, explica. Cuenta que en su casa están “con mantas y pasando frío sobre todo por la noche”. “Si enciendes el calefactor eléctrico se te dispara el recibo de la luz, pero nos tocará”. “Vamos probando, ayer funcionó un momento y luego vuelve a fallar”, añade.

También relata López que la empresa de aerotermia envió un correo a los vecinos asegurando que la situación “estaba solucionada y que si volvían a tener problemas que registraran incidencias en la app”, pero en su caso no ha podido hacerlo porque “la última incidencia que registró antes de que la empresa dijera que lo había solucionado sigue en trámite y no puede registrar una nueva”.

Las quejas se suman: “Es una tras otra”

A los problemas de calefacción se suman otras incidencias. “En viviendas como la mía tenemos un zumbido constante de la máquina de aerotermia”, explica. “Hay gente que se ha tenido que ir por la molestia del ruido constante” y, en su caso, denuncia que tiene que dormir con la televisión puesta para taparlo. También enumera otros desperfectos en la promoción: “Cuando el incendio de este verano, [el fuego que arrasó más de 2.000 hectáreas el pasado agosto] estaba el garaje lleno de humo y no saltó la alarma, los suelos del jardín se levantan, los armarios no cierran, es una tras otra”. 

Además, critica los costes que asumen los inquilinos por servicios que según ella, no reciben: “Se supone que toda la comunidad va con jardinería, pero no tenemos jardinero”. Y añade: “Este verano tuvieron que venir a desbrozar un par de días porque se nos metían culebras, ratas…”

Arantza López asegura que paga aproximadamente 1.360 euros al mes con gastos incluidos por un piso de 76 metros cuadrados en el que viven tres personas. Cuenta que en su casa están “con mantas y pasando frío sobre todo por la noche”. “Si enciendes el calefactor eléctrico se te dispara el recibo de la luz, pero nos tocará”, añade. También señala que “no siempre” tienen agua caliente“ y recuerda que ”este verano dejó de funcionar el aire frío en plena ola de calor“. ”Creo que han metido la maquinaria más barata que han encontrado“, concluye. Tres días después de anunciar la supuesta solución, Borja Rodelgo, vecino, también sigue sin ver cambios y además señala que no tienen agua caliente en su piso y solo sale ”templada“: ”Tuve que calentar agua para bañar a mi hija“.

La situación se repite en otros hogares del bloque. Kamil Pozezynski vive en una vivienda orientada al norte, una de las zonas más frías del edificio. “Estamos con frío, nosotros estamos orientados hacia el norte y no recibes un rayo de sol en todo el día. Es la parte más fría del bloque”. “La casa por las mañanas está a 15 grados”, señala, y reconoce que no suele “poner demasiado la calefacción” porque “llegan facturas de 200 euros”. En una línea similar se expresa Adrián Alarcón, que vive en el edificio desde julio de 2024. “Nosotros llevamos viviendo aquí desde julio de 2024 y desde el principio hemos tenido problemas con la calefacción”, explica. En su vivienda, asegura, “en invierno no sube de 18 grados en ningún momento”.

Ante esta situación, los vecinos han iniciado una votación para cambiar de empresa de aerotecnia. “No deberíamos tener que pagar estas tarifas abusivas por algo que, además, no nos da un buen servicio”, afirma Pozezynski. Por el momento, aunque no todas las viviendas han votado todavía, 136 de ellas respaldan un cambio en la empresa que suministra la aerotecnia y el agua caliente, Acenz. 

El Gobierno de Cantabria ha recibido un total de 908 solicitudes al Bono Alquiler Joven del Ministerio de Vivienda, una convocatoria para la que la comunidad autónoma recibe 3,8 millones.

Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Vivienda, Roberto Media (PP), que ha recordado que es el Gobierno de Cantabria el que gestiona y tramita estas ayudas y ha vuelto a quejarse de la complejidad del decreto del Bono Alquiler Joven.

“Los jóvenes prefieren las ayudas que da el propio Gobierno (de Cantabria), que son mucho mejores que las que vienen de ese Bono Alquiler Joven, que son inferiores y mucho más complicadas de justificar”, ha dicho Media.

La cuantía del Bono Alquiler Joven del Ministerio asciende a 250 euros al mes y se concede por dos años, mientras que las ayudas del Gobierno de Cantabria oscilan entre los 350 y 450 euros, han explicado desde la Consejería.

El consejero ha explicado que hubo que ampliar un mes el plazo de presentación de solicitudes ya que con las presentadas no se llegaba al importe aportado desde el Ministerio.

Media ha indicado que, en estos momentos, los funcionarios de la Consejería de Vivienda están comprobado toda la documentación de las solicitudes y han advertido que “muchas” no están bien presentadas.

Por eso, los funcionarios se están poniendo en contacto con los solicitantes para intentar “subsanar todo aquello que sea subsanable” para intentar que puedan llegar a cobrarlo “el máximo posible” de ellos.

El objetivo del Gobierno es resolver las ayudas lo antes posible, según han indicado desde el Ejecutivo.

Hace cinco años, justo cinco años, tratábamos de volver a la normalidad. A la nueva normalidad. Ya no estábamos confinados, pero veíamos venir la gran ola del coronavirus en Navidad… Teníamos miedo, pero había que recomponer una vida que había quedado suspendida. Hubo muchas mudanzas y, como la economía estaba parada, los alquileres estaban más baratos. Esos alquileres cumplen ahora cinco años. Terminan esos contratos, más baratos, del alquiler pandémico.

Conocemos tres historias que viven ahora esta situación. Ana (nombre ficticio), Elia y Raquel. Además, hablamos con el abogado y experto en vivienda, Javier Rubio, que nos explica cómo está la situación de estos alquileres y cómo se puede abordar desde lo público.

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El BOCyL publicará este martes la convocatoria de ayudas al alquiler de Castilla y León para el 2025 con un montante inicial de 27,5 millones de euros, 8 millones más que el año pasado, que la Junta estima que llegarán a 23.000 beneficiarios de unos 35.000 solicitantes, con una subvención media de 2.500 euros.

El martes, además, el Bocyl también publicará las ayudas para mejorar la accesibilidad en las viviendas, según ha informado en una rueda de prensa el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones..

Respecto a las ayudas al alquiler, ha trasladado que están partidas pueden ampliarse porque se concederán a todo aquel que las solicite y ha recordado que en años anteriores, aunque los fondos rondaran los 20 millones de euros, se llegó a los 48,97 millones en sucesivas ampliaciones.

Con esta posibilidad de que crezan las partidas, Quiñones ha augurado que el próximo años se alcanzarán los 50 o los 55 millones de euros de una ayudas que se convoca en concurrencia competitiva pero que “es universal”, lo que le ha llevado a destacar esta “característica especial” de Castilla y León “que llega a todos” y ha apuntado a que “no hay ninguna comunidad autónoma no foral que tenga unas ayudas similares”.

Estas ayudas se subdividen en subvenciones ordinarias y para personas en situación de vulnerabilidad.

Para acceder a las primeras es necesario contar con unos ingresos de entre 4.200 y 25.200 euros anuales en el hogar, para contratos de hasta 550 para las capitales de provincia y 500 euros para el resto de municipios, y se elimina el tramo de 450 euros, lo que en la práctica supone “una mejora” de las ayudas.

En el caso de familias numerosas, víctimas del terrorismo, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, los alquileres que se bonifican puede estar entre los 600 y los 800 euros, mientras que para el arrendamiento de habitaciones la cifra oscila entre los 175 y los 200 euros, si se ubican en el medio rural o el urbano, respectivamente.

Requisitos

Los interesados podrán solicitar entre el 30 de diciembre y el 31 de enero estas subvenciones, que tienen como requisitos ser titular del contrato de arrendamiento, que se pague por transferencia bancaria (domiciliación o transferencia), que sea residencia habitual, tener nacionalidad española, de la Unión Europea y si son de terceros países, necesitan de una autorización de estancia o residencia legal en España.

 No podrán acceder a estas ayudas las personas que tengan deudas con Hacienda y la Seguridad Social, que hayan sido objeto de revocación de algunas ayudas del Plan Estatal de Vivienda o arrendatarios que tengan parentesco, primero o segundo grado, responsabilidad o afinidad con sus caseros o si es socio de la propietaria de la vivienda.

“La cantidad de la ayuda es del 50 por ciento de la renta, salvo para los jóvenes de hasta 35 años, que el importe es del 60 por ciento y en el medio rural el beneficio que llega al 75 por ciento de la renta”, ha asegurado, antes de señalar que las personas situación de vulnerabilidad sobrevenida también tienen derecho al 75 por ciento.

El plazo de resolución es de seis meses, hasta julio de 2026, y la subvención se destinará al beneficiario, mientras que las subvenciones para personas en situación de especial vulnerabilidad se gestionarán a través las organizaciones del Tercer Sector.

Quiñones ha afirmado que en ocasiones anteriores estos fondos se han destinado a Cruz Roja Española, Cáritas Castilla y León, la Fundación Intras, a la Fundación Personas y a la Fundación Juntos por una Sonrisa, por un valor de 4,84 millones de euros que han recibido 1.273 personas en el año 2024.

Accesibilidad

En referencia a las ayudas a la accesibilidad que también se publican mañana en el Bocyl, se han dispuesto más de 2 millones de euros distribuidos en función de la población de cada provincia, de los que el 25 por ciento se reservan para viviendas ubicadas en municipios rurales, en los que se subvenciona la mitad de la actuación con un límite de 6.000 euros cuando es una comunidad o 3.000 euros cuando lo solicita un único propietario.

Entre los años 2022 (cuando se pusieron en marcha estas ayudas) y 2025, se han acometido obras de mejora de la accesibilidad (ya sea con la instalación de rampas, ascensores) en 968 viviendas de la Comunidad, según ha apostillado el consejero.

El Gobierno de Navarra ha habilitado ya el registro de viviendas para aquellas personas físicas o jurídicas que tengan más de 10 viviendas, o cinco en el caso de encontrarse en zonas declaradas como de mercado residencial tensionado, los denominados grandes tenedores. Estos propietarios deberán registrar sus viviendas antes del 11 de septiembre para comenzar a aplicar el tope de los alquileres. De no registrarlas, se enfrentarán a sanciones económicas que pueden alcanzar los 30.000 euros.

La comunidad foral declaró en el mes de mayo a Pamplona, Tudela y otros 19 municipios como zonas de mercado residencial tensionado para aplicar en ellos medidas como la limitación de los precios del alquiler, el registro de grandes tenedores o el mapeo de los alojamientos dotacionales con la pretensión de facilitar el acceso a la vivienda.

La inscripción, que debe realizarse antes del 11 de septiembre, se realiza a través de una ficha de trámite habilitada presentando el formulario de solicitud, la plantilla para registrar la relación de propiedades y la documentación requerida. Además, se ha publicado una guía de instrucciones para rellenar el documento de propiedades.

Según la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, con este registro se “va a dar transparencia al mercado” y va a permitir al Ejecutivo foral “tener un control sobre los grandes fondos de vivienda para poder hacer un seguimiento de cómo gestionan las viviendas y el cumplimiento de la Ley y sus obligaciones como grandes tenedores, poniendo especial énfasis en protección de los colectivos en riesgo de exclusión residencial o en situación de emergencia habitacional”.

Según ha detallado la directora general de Vivienda, Elga Molina, se consideran grandes tenedoras de vivienda aquellas personas físicas y jurídicas que dispongan de más de 10 viviendas de uso residencial, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados en todo el territorio nacional; o aquellas personas titulares de cinco o más viviendas ubicadas en alguno de los 21 municipios declarados zona de mercado tensionado de Navarra, tal y como contempla la recién aprobada Ley Foral de Vivienda Asequible.

Según las estimaciones del Gobierno de Navarra basadas en los datos del catastro, a la espera de que finalice el plazo para el registro de las viviendas, en la comunidad foral hay “unos 1.000 grandes tenedores”, entre personas físicas y jurídicas.

Las personas grandes tenedoras deberán declarar inmuebles ubicados en Navarra, aunque la persona o entidad propietaria resida o tenga el domicilio fiscal en otra comunidad. Incumplir la obligación de inscripción en este registro se considera una infracción grave y puede conllevar una multa de hasta 30.000 euros. No tendrán consideración de grandes tenedoras las administraciones públicas, empresas públicas y participadas de las mismas.

Inscripción, modificación o cancelación

Las personas grandes tenedoras deben declarar el número y la relación de viviendas de las que son titulares, detallando en un documento Excel que podrán descargar de la ficha de trámite la dirección, referencia catastral o información sobre el uso de la vivienda y su estado de conservación. Además, las personas jurídicas deberán informar sobre la entidad gestora designada.

Cualquier modificación de las condiciones que sirvieron de base para la inscripción debe ser comunicada en el plazo de un mes, y se solicitará la cancelación para dejar sin efecto una inscripción. Será necesario, igualmente, presentar la relación de viviendas completa y actualizada en cada notificación posterior a la inscripción.

La Junta de Extremadura ha adelantado un mes el cierre del plazo previsto para solicitar las ayudas del Gobierno central correspondientes al programa 'Bono Alquiler Joven' ante la gran demanda que ha tenido y que conllevará el agotamiento del crédito vinculado de 6,4 millones de euros para las anualidades 2025 y 2026.

Así lo recoge este lunes el Diario Oficial de Extremadura (DOE), que publica la modificación del extracto de la resolución de 25 de junio, por la que se establecía un plazo tres meses para presentar las solicitudes de ayuda.

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda señala que teniendo en cuenta que la estimación de las solicitudes de subvención hasta ahora presentadas “conllevaría el agotamiento del crédito vinculado en la convocatoria”.

Estas son las ayudas

El programa 'Bono Alquiler Joven' prevé una cuantía individual de 250 euros mensuales durante dos años y pretende contribuir a que las personas jóvenes puedan hacer frente al pago de la renta arrendaticia o el precio de la cesión de su vivienda o habitación habituales, y posibilitar así el acceso a la vivienda y su emancipación.

Podrán optar a las ayudas las personas físicas con una edad igual o inferior a 35 años que, teniendo una fuente regular de ingresos, sean titulares o estén en condiciones de suscribir, en calidad de personas arrendatarias, un contrato de arrendamiento de una vivienda, de una habitación; o bien de cesión de uso de una vivienda o habitación que debe constituir su residencia habitual y permanente.

Las personas integrantes de la unidad de convivencia no deben ser propietarias o usufructuarias de otra vivienda en España y sus ingresos anuales han de ser iguales o inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Dicho umbral será de 3,5 veces el IPREM, en caso de que convivan dos personas jóvenes beneficiarias en la vivienda, y de 4 veces el IPREM, cuando sean tres o más.

El precio de arrendamiento o de cesión de uso de la vivienda debe ser igual o inferior a 600 euros mensuales; o a 300 euros si se trata de una habitación.

La cuantía de la ayuda será de 250 euros mensuales, con independencia del número de jóvenes que convivan en la vivienda o habitación, con el límite del importe mensual de la renta arrendaticia o del precio de la cesión de la vivienda o habitación que fuera imputable a la persona beneficiaria.

La ayuda se concederá por un plazo de dos años, a contar desde la primera mensualidad completa que debiera ser abonada por la persona arrendataria o cesionaria, una vez vigente el contrato.

El mes de març passat, la vicepresidenta primera i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, anunciava la convocatòria de les ajudes del Bo de Lloguer Jove per a l’any 2025 amb una dotació de 22,8 milions d’euros, un procediment que assegura que “va ser impossible” traure el 2024: “Aquesta mesura té com a objectiu facilitar l’accés a un habitatge digne i adequat als joves de la Comunitat Valenciana, especialment a aquells amb més dificultats econòmiques”.

L’ajuda, de 250 euros al mes durant un termini de dos anys (24 mensualitats), ascendeix a 6.000 euros per als que “complisquen els requisits” –va dirigida a persones de fins a 35 anys els ingressos dels quals no superen 3 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (Iprem)–. De les aproximadament 12.000 sol·licituds presentades, més de 9.000 (el 75%) no s’han admés a tràmit inicialment per no complir els requisits. Les 3.000 restants sí que estan tramitant-se, cosa que no significa que s’hagen d’aprovar.

Ara, la Sindicatura de Greuges, en resposta a una queixa presentada per un ciutadà, ha sol·licitat a la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge un informe “detallat i raonat” sobre aquesta mesura impulsada per la Generalitat Valenciana i, en particular, “sobre els estudis d’oferta d’habitatge de lloguer” fets pel departament que dirigeix Susana Camarero per a determinar els preus màxims de la renda de lloguer a la ciutat de València i la seua àrea metropolitana.

La institució requereix a la Conselleria que justifique els preus màxims fixats i incloga una valoració sobre “el possible efecte limitador en l’accés a les ajudes que pot haver-se produït a conseqüència del desfasament al·legat pel promotor de l’expedient respecte de la realitat del mercat de lloguer” en els municipis en qüestió. Així mateix, insta la Conselleria que informe sobre els arguments que “van conduir a no acordar un augment” del preu màxim per a “compassar-lo” a la realitat del mercat d’habitatge i, amb això, aconseguir que un nombre més gran de persones necessitades de les ajudes del Bo Lloguer Jove puguen tindre-hi accés.

La Sindicatura, que dona un termini d’un mes ampliable a un mes més a la Conselleria per a respondre al seu requeriment, reclama d’Habitatge informació sobre les possibles mesures a adoptar “a la vista del llistat de sol·licituds desestimades” per a revertir aquesta situació.

Els preus reals de mercat superen els límits marcats

La queixa del ciutadà, dirigida a la Sindicatura de Greuges, apunta que la majoria de les sol·licituds s’han denegat perquè l’import de la renda consignada en la sol·licitud “supera els límits establits per al municipi per a l’obtenció de l’ajuda, per la qual cosa s’incompleix el requisit per a ser beneficiari de l’ajuda”. Això significa, sosté, “que qualsevol persona que declare un contracte d’arrendament amb una renda superior al límit establit per al seu municipi queda automàticament exclosa, encara que complisca tots els altres requisits econòmics i administratius”.

Aquesta circumstància, prossegueix, té un impacte negatiu en els municipis de l’àrea metropolitana de València, on els preus reals del mercat immobiliari “superen àmpliament els límits establits per la Generalitat a través del sistema de classificació per zones”. I es refereix en concret al cas de Montcada, “amb més de 37.000 habitants i un campus universitari els preus de lloguer del qual estan molt per damunt del límit fixat de 650 euros al mes per a habitatge complet, cosa que invalida de facto l’accés a aquestes ajudes per a la major part de joves i estudiants”. Aquestes xifres “mostren un desajustament clar entre els límits oficials i la realitat del mercat, situació especialment greu en municipis sense parc públic de lloguer ni ajudes municipals addicionals”.

En la queixa es reflecteix que molts joves, davant aquesta situació, “comparteixen pis i paguen una part proporcional del lloguer; no obstant això, l’Administració denega l’accés a l’ajuda als que residisquen en pisos el lloguer dels quals supera el límit establit, encara que només paguen la seua part proporcional i complisquen la resta dels requisits”. I afig que aquesta “exclusió sistemàtica” en aquests casos “suposa una vulneració del principi d’individualització de les ajudes públiques, que obliga a tindre en compte la situació personal i econòmica individual del sol·licitant, no únicament el total del contracte compartit”.

Exclusió provisional de les ajudes

La Conselleria ha explicat a elDiario.es que les 9.000 sol·licituds incompletes estan excloses provisionalment al no haver aportat tota la documentació requerida o per no complir els requisits necessaris per a ser persona beneficiària d'aquesta ajuda, per la qual cosa se'ls concedeix un termini de deu dies per aportar la documentació necessària o esmenar els defectes que hi haja. Per això, insisteixen que no hi ha “cap” sol·licitud denegada, atés que les que estan incompletes estan en període d'esmena.

Els límits als contractes de renda, apunten, estan marcats pel decret del Govern. En el cas de la Comunitat Valenciana, en previsió de l'increment que podia experimentar el preu del lloguer als municipis afectats per la dana per la falta d'oferta, la Generalitat va sol·licitar poder incrementar aquests límits en la zona. La resta de municipis “es regeix pels criteris establits pel Ministeri, que podria valorar l'increment dels límits de renda en el pròxim Pla d'Habitatge 2026-2030”.

Quant a l'exclusió de les sol·licituds d'ajuda per habitació en els casos en els quals la suma de les ajudes individuals d'un habitatge superen el límit de renda dels supòsits d'ajuda per a habitatge complet, “desconeixem d'on ha extret tal conclusió [el ciutadà que ha presentat la queixa], atés que les bases no estableixen aquesta qüestió com a motiu d'exclusió”. “Tal com regula el decret del Govern, els límits són de renda sobre el contracte; per tant, en els casos en què es demana ajuda per habitatge, el límit és de l'habitatge complet; i en els casos en els quals se sol·licita ajuda per habitació amb el corresponent contracte d'habitació, tenen el límit per habitació, sense que afecte el límit que s'estableix en els casos d'habitatge complet”, detallen.

A més, indiquen que des de la publicació de les bases i la convocatòria d'ajudes “no s'ha rebut cap recurs advertint d'error o cap consideració”. “Podria entendre's que la queixa es basa en interpretacions personals i en alguns casos equivocades sobre un llistat provisional”, sostenen des de la Conselleria, i afigen que el Síndic ha considerat traslladar a la Generalitat aquesta qüestió i l'administració “estudiarà i contestarà dins del termini i en la forma corresponent totes aquestes qüestions”.

El pasado mes de marzo, la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, anunciaba la convocatoria de las ayudas del Bono de Alquiler Joven para el año 2025 con una dotación de 22,8 millones de euros, un procedimiento que asegura “fue imposible” sacar en 2024: “Esta medida tiene como objetivo facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a los jóvenes de la Comunitat Valenciana, especialmente a aquellos con mayores dificultades económicas”.

La ayuda, de 250 euros al mes durante un plazo de dos años (24 anualidades), asciende a 6.000 euros para quienes “cumplan los requisitos” -está dirigida a personas de hasta 35 años cuyos ingresos no superen 3 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)-. De las alrededor de 12.000 solicitudes presentadas, más de 9.000 (el 75%) no han sido admitidas a trámite inicialmente por no cumplir los requisitos. Las 3.000 restantes sí que están tramitando, lo que no que no significa que vayan a ser aprobadas.

Ahora, el Síndic de Greuges, en respuesta a una queja presentada por un ciudadano, ha solicitado a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda un informe “detallado y razonado” sobre esta medida impulsada por la Generalitat Valenciana, y en particular “sobre los estudios de oferta de vivienda en alquiler” realizados por el departamento que dirige Susana Camarero para determinar los precios máximos de la renta de alquiler en la ciudad de València y su área metropolitana.

La institución requiere a la Conselleria a que justifique los precios máximos fijados e incluya una valoración sobre “el posible efecto limitante en el acceso a las ayudas que puede haberse producido como consecuencia del desfase alegado por el promotor del expediente respecto a la realidad del mercado del alquiler” en los municipios en cuestión. Así mismo, insta a la Conselleria a que informe sobre los argumentos que “condujeron a no acordar un aumento” del precio máximo para “acompasarlo” a la realidad del mercado de vivienda y, con ello, lograr que un mayor número de personas necesitadas de las ayudas del Bono Alquiler Joven puedan tener acceso a ellas.

El Síndic, que da un plazo de un mes ampliable en un mes más a la Conselleria para responder a su requerimiento, reclama de Vivienda información sobre las posibles medidas a adoptar “a la vista del listado de solicitudes desestimadas” para revertir esta situación.

Los precios reales de mercado superan los límites marcados

La queja del ciudadano, dirigida al Síndic de Greuges, apunta que la mayoría de las solicitudes han sido denegadas porque el importe de la renta consignada en la solicitud “supera los límites establecidos para el municipio para la obtención de la ayuda, por lo que se incumple el requisito para ser beneficiario de la ayuda”. Esto significa, sostiene, “que cualquier persona que declare un contrato de arrendamiento con una renta superior al límite establecido para su municipio queda automáticamente excluida, aunque cumpla todos los demás requisitos económicos y administrativos”.

Esta circunstancia, prosigue, tiene un impacto negativo en los municipios del área metropolitana de Valencia, donde los precios reales del mercado inmobiliario “superan ampliamente los límites establecidos por la Generalitat a través del sistema de clasificación por zonas”. Y se refiere en concreto al caso de Moncada, “con más de 37.000 habitantes y un campus universitario cuyos precios de alquiler están muy por encima del límite fijado de 650 euros al mes para vivienda completa, lo que invalida de facto el acceso a estas ayudas para la mayoría de jóvenes y estudiantes”. Estas cifras “muestran un claro desajuste entre los límites oficiales y la realidad del mercado, situación especialmente grave en municipios sin parque público de alquiler ni ayudas municipales adicionales”.

En la queja se refleja que muchos jóvenes, ante esta situación, “comparten piso y pagan una parte proporcional del alquiler; sin embargo, la administración deniega el acceso a la ayuda a quienes residan en pisos cuyo alquiler supera el límite establecido, aunque solo paguen su parte proporcional y cumplan el resto de requisitos”. Y añade que esta “exclusión sistemática” en estos casos “supone una vulneración del principio de individualización de las ayudas públicas, que obliga a tener en cuenta la situación personal y económica individual del solicitante, no únicamente el total del contrato compartido”.

Exclusión provisional de las ayudas

La Conselleria ha explicado a elDiario.es que las 9.000 solicitudes incompletas están excluidas provisionalmente al no haber aportado toda la documentación requerida o por no cumplir los requisitos necesarios para ser persona beneficiaria de esta ayuda, por lo que se les concede un plazo de diez días para que aportar la documentación necesaria o subsanar los defectos que haya. Por ello, insisten en que no hay “ninguna” solicitud denegada, dado que las que están incompletas están en periodo de subsanación.

Los límites a los contratos de renta, apuntan, están marcados por el decreto del Gobierno. En el caso de la Comunitat Valenciana, en previsión del incremento que podía experimentar el precio del alquiler en los municipios afectados por la dana por la falta de oferta, la Generalitat solicitó poder incrementar estos límites en la zona. El resto de municipios “se rige por los criterios establecidos por el Ministerio, que podría valorar el incremento de los límites de renta en el próximo Plan de Vivienda 2026-2030”.

En cuanto a la exclusión de las solicitudes de ayuda por habitación en los casos en los que la suma de las ayudas individuales de una vivienda superan el límite de renta de los supuestos de ayuda para vivienda completa, “desconocemos de dónde ha extraído tal conclusión [el ciudadano que ha presentado la queja], dado que las bases no establecen dicha cuestión como motivo de exclusión”. “Tal y como regula el decreto del Gobierno, los límites son de renta sobre el contrato; por lo tanto, en los casos en que se pide ayuda por vivienda, el límite es de la vivienda completa; y en los casos en los que se solicita ayuda por habitación con el correspondiente contrato de habitación, tienen el límite por habitación, sin que afecte el límite que se establece en los casos de vivienda completa”, detallan.

Además, indican que desde la publicación de las bases y la convocatoria de ayudas “no se ha recibido ningún recurso advirtiendo de error o consideración alguna”. “Podría entenderse que la queja se basa en interpretaciones personales y en algunos casos equivocadas sobre un listado provisional”, sostienen desde la Conselleria, y añaden que el Síndic ha considerado trasladar a la Generalitat esta cuestión y la administración “estudiará y contestará en tiempo y forma todas estas cuestiones”.

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de Extremadura ha abierto la convocatoria de las ayudas estatales del programa 'Bono Alquiler Joven', correspondiente a las anualidades de 2025 y 2026, con un presupuesto de 6.400.000 euros y una cuantía individual de 250 euros mensuales durante dos años.

De esta forma, se pretende contribuir a que las personas jóvenes puedan hacer frente al pago de la renta arrendaticia o el precio de la cesión de su vivienda o habitación habituales, y posibilitar así el acceso a la vivienda y su emancipación.

¿Quién puede solicitarlas?

Podrán optar a las ayudas las personas físicas con una edad igual o inferior a 35 años que, teniendo una fuente regular de ingresos, sean titulares o estén en condiciones de suscribir, en calidad de personas arrendatarias, un contrato de arrendamiento de una vivienda, de una habitación; o bien de cesión de uso de una vivienda o habitación que debe constituir su residencia habitual y permanente.

Las personas integrantes de la unidad de convivencia no deben ser propietarias o usufructuarias de otra vivienda en España y sus ingresos anuales han de ser iguales o inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Dicho umbral será de 3,5 veces el IPREM, en caso de que convivan dos personas jóvenes beneficiarias en la vivienda, y de 4 veces el IPREM, cuando sean tres o más.

¿Qué limites hay?

El precio de arrendamiento o de cesión de uso de la vivienda debe ser igual o inferior a 600 euros mensuales; o a 300 euros si se trata de una habitación.

¿De cuánto dinero es la ayuda del Gobierno?

La cuantía de la ayuda será de 250 euros mensuales, con independencia del número de jóvenes que convivan en la vivienda o habitación, con el límite del importe mensual de la renta arrendaticia o del precio de la cesión de la vivienda o habitación que fuera imputable a la persona beneficiaria.

¿Durante cuánto tiempo se puede disfrutar del Bono Alquiler Joven?

La ayuda se concederá por un plazo de dos años, a contar desde la primera mensualidad completa que debiera ser abonada por la persona arrendataria o cesionaria, una vez vigente el contrato. Es decir, el total puede ascender hasta los 6.000 euros por beneficiario.

¿Cuál es el plazo para pedir la ayuda?

El plazo de presentación de solicitudes de ayuda será de tres meses desde el viernes 11 de julio, que es el primer día que entra en vigor en Bono Alquiler Joven en Extremadura.

La Junta de Extremadura ha dado luz verde a la convocatoria de las ayudas estatales del programa 'Bono alquiler joven' para 2025 y 2026, al que destina 6,4 millones de euros en total. Se trata de ayudas de 250 euros mensuales con el fin de pagar el alquiler de una vivienda o una habitación durante dos años por parte de personas de hasta 35 años de edad.

Eso si, el precio de arrendamiento o de cesión de uso de la vivienda debe ser igual o inferior a 600 euros mensuales; o a 300 euros si se trata de una habitación.

También hay que cumplir otros requisitos. Podrán optar a las ayudas las personas físicas con una edad igual o inferior a 35 años que, teniendo una fuente regular de ingresos, sean titulares o estén en condiciones de suscribir, en calidad de personas arrendatarias, un contrato de arrendamiento de una vivienda, un contrato de arrendamiento de una habitación; o bien un contrato de cesión de uso de una vivienda o habitación que debe constituir su residencia habitual y permanente.

Las personas integrantes de la unidad de convivencia no deben ser propietarias o usufructuarias de otra vivienda en España y sus ingresos anuales han de ser iguales o inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Dicho umbral será de 3,5 veces el IPREM, en caso de que convivan dos personas jóvenes beneficiarias en la vivienda, y de cuatro veces el IPREM, cuando sean tres o más.

Con estas ayudas se busca apoyar la emancipación y el acceso a la vivienda de los jóvenes extremeños, según ha explicado la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno.

El Gobierno de Cantabria ha publicado este miércoles 30 de abril en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la segunda convocatoria del Bono Alquiler Joven, una ayuda directa destinada a facilitar el acceso a la vivienda a personas de entre 18 y 35 años con recursos limitados. La convocatoria abre el plazo de solicitud del 26 de mayo al 26 de junio, y se gestionará de forma exclusivamente telemática a través de la sede electrónica del Gobierno de Cantabria.

¿En qué consiste la ayuda?

El Bono Alquiler Joven permite recibir hasta 250 euros al mes durante un máximo de 24 mensualidades para cubrir el alquiler o cesión de uso de una vivienda o habitación habitual. Esta ayuda podrá aplicarse de forma retroactiva, siempre que el contrato ya estuviera en vigor tres meses antes de la entrada en vigor de la orden, o desde la firma del contrato si es posterior.

Los importes máximos del alquiler subvencionable son 700 euros al mes para una vivienda completa y 300 euros al mes para una habitación. En casos de convivencia entre beneficiarios, los topes podrán alcanzar los 800 o 900 euros, según el número de convivientes. En ningún caso se subvencionarán trasteros, garajes ni otros elementos anexos, ni gastos como fianzas, tributos o suministros.

¿Quién puede beneficiarse?

Podrán solicitar esta ayuda jóvenes mayores de edad que reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria: tener residencia habitual en Cantabria y no superar los ingresos anuales de tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). El IPREM anual oficial para el año 2025 se sitúa en 7.200 euros y 8.400 euros para los modelos de 12 y 14 pagas respectivamente

Dotación económica

La convocatoria cuenta con una financiación máxima de 3,8 millones de euros, con cargo a los presupuestos autonómicos repartidos entre los años 2025, 2026 y 2027.

¿Cómo solicitar el Bono Alquiler Joven?

El proceso se realizará exclusivamente online, a través del Registro Electrónico General del Gobierno de Cantabria a través del siguiente enlace: https://sede.cantabria.es/sede/

El Gobierno de Cantabria ha dado luz verde a la orden para la segunda convocatoria del Bono de Alquiler Joven dotada con 3,8 millones de euros. Se trata de una ayuda fija de 250 euros al mes para jóvenes de entre 18 y 35 años destinada a “facilitar la emancipación o, en todo caso, el acceso a disfrutar de una vivienda o habitación en régimen de alquiler”.

La medida la puso en marcha en octubre el Gobierno central y cuenta con un presupuesto limitado de 200 millones que gestionan las comunidades autónomas. La Conferencia Sectorial de Vivienda celebrada entonces estableció el reparto, y a Cantabria le fueron asignados 3,8 millones, la mitad que en la primera convocatoria de esta ayuda.

Esta situación desencadenó las críticas del Ejecutivo autonómico que encabeza María José Sáenz de Buruaga (PP), ya que estima que por esta razón concederá la mitad de solicitudes que en 2022.

Según datos de la Consejería de Vivienda que dirige Roberto Media (PP), en la anterior convocatoria del bono se presentaron 2.762 solicitudes, de las que 2.419 fueron admitidas y 1.286 concedidas para un crédito presupuestario de 7,6 millones, es decir, casi el doble respecto a esta segunda convocatoria.

“Consideramos que los fondos que se han asignado a Cantabria son muy pequeños para hacer frente a todas las necesidades que tienen nuestros jóvenes”, expresó Media. “Son insuficientes y llegan tarde”, afirmó.

La ayuda fija una cuantía de 250 euros al mes para cada beneficiario durante dos años. Así, los 3,8 millones se repartirán entre tres ejercicios presupuestarios: un millón en 2025, 1,8 millones en 2026 y otro millón en 2027.

Además de la edad, hay otros dos requisitos para poder optar al Bono Alquiler Joven: acreditar rentas del trabajo y que los ingresos anuales sean, en general, inferiores a tres veces el IPREM, aunque este dato podría modificarse dependiendo de la comunidad autónoma.

Vox comença ha ensenyar les seves cartes a les esmenes als pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2025 preacordats amb el president de la Generalitat, Carlos Mazón. En una de les seves esmenes i gairebé quirúrgicament, el partit d'ultradreta ha presentat una modificació del Projecte de Llei de Mesures Fiscals, de gestió administrativa i financera de la Generalitat, la coneguda com a llei d'acompanyament als pressupostos del 2025, pel qual les ajudes públiques de l'administració autonòmica només puguin anar a ciutadans espanyols o de la UE. S'hi inclouen els europeus perquè, en cas contrari, la mesura seria tombada a les primeres de canvi en vulnerar la normativa de la Unió Europea, legislació espanyola amb caràcter general.

L'esmena pretén que els ajuts de la Generalitat es regulin pels articles 56.1 a) i 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Ocupació Pública. L'article 56.1 a) resa que, per poder participar en els processos selectius, caldrà “tenir la nacionalitat espanyola”. Per part seva, l'article 57 fixa que els nacionals dels Estats membres de la Unió Europea “podran accedir, com a personal funcionari, en igualtat de condicions que els espanyols a les ocupacions públiques, a excepció d'aquells que directament o indirectament impliquin una participació en l'exercici del poder públic o en les funcions que tenen per objecte la salvaguarda dels interessos de l'Estat o de les Administracions Públiques”.

L'aprovació o no d'aquesta esmena pot posar en un brete Carlos Mazón i el PP valencià, que mai ha traspassat la barrera dels “espanyols primer”. Primer perquè validar-la seria assumir tot l'ideari de la ultradreta. Però, en cas de rebutjar-la, pot ser una excusa que al·legui Vox per condicionar qualsevol acord final al vot dels comptes.

Entre les ajudes públiques de què podrien quedar excloses les persones que no tinguin nacionalitat espanyola o dels 27 estats membres de la UE, hi ha la renda d'exclusió, les ajudes al lloguer social o nombroses de benestar social. També podria afectar els menors escolaritzats i les beques o subvencions al menjador.

Vox empieza a enseñar sus cartas en las enmiendas a los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2025 preacordados con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. En una de sus enmiendas y de una manera casi quirúrgica, el partido de ultraderecha ha presentado una modificación del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, de gestión administrativa y financiera de la Generalitat, la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos de 2025, por el que las ayudas públicas de la administración autonómica solo puedan ir a ciudadanos españoles o de la UE. Se incluye los europeos porque, de lo contrario, la medida sería tumbada a las primeras de cambio al vulnerar la normativa de la Unión Europea, legislación española a todos los efectos.

La enmienda pretende que las ayudas de la Generalitat se regulen por los artículos 56.1 a) y 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleo Público. El artículo 56.1 a) reza que, para poder participar en los procesos selectivos, será necesario “tener la nacionalidad española”. Por su parte, el artículo 57 fija que los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea “podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas”.

La aprobación o no de esta enmienda puede poner en un brete a Carlos Mazón y al PP valenciano, que nunca ha traspasado la barrera de “los españoles primero”. Primero, porque validarla sería asumir todo el ideario de la ultraderecha. Pero, en caso de rechazarla, puede ser una excusa que alegue Vox para condicionar cualquier acuerdo final en el voto de las cuentas.

Entre las ayudas públicas de las que podrían quedar excluidas las personas que no tengan nacionalidad española o de los 27 estados miembros de la UE, están la renta de inclusión, las ayudas al alquiler social o numerosas de bienestar social. También podría afectar a los menores escolarizados y a las becas o subvenciones al comedor.

El alquiler es uno de los principales gastos para muchas familias en Catalunya y la nueva convocatoria de la ayuda de 200 euros para el alquiler busca aliviar esa carga económica para aquellas personas que tienen unos recursos más limitados. Esta iniciativa, lanzada por la Generalitat, está dirigida a personas entre 34 y 64 años que cumplen con ciertos requisitos de ingresos económicos y condiciones de vivienda.

La ayuda tiene como objetivo principal facilitar el acceso a una vivienda digna para aquellas personas que se encuentran en situaciones más vulnerables, especialmente en tiempos de incertidumbre económica. Esta medida se suma a otras acciones implementadas por el gobierno catalán para disminuir los efectos de la crisis en las viviendas de la región.

Para poder acceder a la ayuda, es imprescindible cumplir con una serie de requisitos y plazos establecidos. Además, debes seguir detalladamente los pasos para solicitarla, así como los plazos de solicitud y los criterios necesarios para beneficiarse de esta ayuda económica.

Requisitos para solicitar la ayuda de 200 euros

Los requisitos para solicitar la ayuda de alquiler de 200 euros en Catalunya son que los solicitantes deben ser mayores de 34 y menores de 64 años, tener ingresos anuales familiares que sean inferiores a 25.200 euros y ser titulares de un contrato de alquiler.

Además, de estos requisitos se le suma que la vivienda debe ser su residencia habitual y los solicitantes deben estar empadronados en la comunidad autónoma.

Plazos de solicitud de la ayuda

El plazo de solicitud de esta prestación se encuentra abierto y estará disponible hasta el próximo 11 de abril de 2025 a las 14:00 horas. Es importante contar con la documentación adecuada para respaldar estas condiciones. La solicitud se puede presentar a través del sitio web oficial de trámites del gobierno de Catalunya, donde se debe rellenar un formulario con los datos requeridos. También es posible realizar la solicitud presencialmente en las oficinas habilitadas para tal fin.

Es importante tener en cuenta esta fecha límite, ya que las solicitudes presentadas después de este plazo no serán aceptadas. Para evitar cualquier inconveniente, se recomienda no dejar la solicitud para el último momento.

Cuantía de la ayuda al alquiler

La cuantía de esta prestación varía según el esfuerzo económico que representa el alquiler para cada solicitante. Esto quiere decir que si el esfuerzo es igual o inferior al 30% de los ingresos, la ayuda será del 20% del alquiler, hasta un mínimo de 200 al mes. Sin embargo, si el esfuerzo se encuentra entre el 30% y el 40%, la ayuda aumentará al 30%.

Además, la renta mensual tiene un límite dependiendo de la zona, con valores que oscilan entre 600 y 900 euros para el alquiler de un piso, según la ubicación. La renta mensual dependiendo de la zona es la siguiente:

Para las familias numerosas, monoparentales o unidades de convivencia con algún miembro con discapacidad legalmente reconocida y movilidad favorable, el importe máximo de la ayuda será de 900 euros en toda Catalunya. Sin embargo, en el Ámbito Metropolitano de Barcelona (que incluye Baix Llobregat, Barcelonés, Garraf, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental), el límite también será de 900 euros.