Jóvenes andaluces demandan a la Junta por los impagos del Bono del Alquiler

Medio centenar de jóvenes andaluces ha interpuesto la primera demanda colectiva contra la Junta de Andalucía por la falta de respuesta a sus solicitudes del bono joven de alquiler. El plazo para solicitar dicho bono se abrió en Andalucía en noviembre de 2022. Año y medio después, muchos siguen sin respuesta y a más de la mitad (53,75%) no se le ha abonado ni un solo mes, según los datos recogidos en el comunicado de la plataforma que ha presentado la demanda.

Los jóvenes denuncian que sus expedientes no se actualizan, la “errática situación” y “dilaciones muy acusadas”, un extremo ya constatado por el Defensor del Pueblo Andaluz en una actuación de oficio. Antes de interponer la demanda presentaron un recurso administrativo, denunciando que había pasado el plazo máximo para resolver los expedientes.

Ante la falta de respuesta en vía administrativa, acuden ahora a los tribunales con una demanda colectiva que, de momento, incorpora a los primeros que han podido formularla. “Según se vayan recibiendo nuevas respuestas a los recursos, más afectad@s se irán sumando”, advierte el colectivo.

“Apelamos a la vergüenza de nuestros dirigentes”

“Desde esta plataforma apelamos al sentido común y a la vergüenza de nuestros dirigentes políticos para que pongan remedio a esta situación de total desamparo y frustración por la mala gestión acontecida de principio a fin”, señalan los jóvenes, que llevan más de un año denunciando la situación y los efectos que genera: imposibilidad de emancipación, carestía o retornos forzosos a la vivienda familiar ante la imposibilidad de pagar alquileres (que crecen por encima del 10% anual en casi todas la capitales andaluzas) sin una ayuda pública comprometida.

Esa ayuda cuenta con una partida de 68,4 millones de euros a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, si bien son las comunidades autónomas las encargadas de la gestión. Los afectados piden a la Junta que deje de “maquillar las cifras con burdos retoques estadísticos”.

Las últimas cifras ofrecidas por la Junta de Andalucía cuantifican en 8.509 los expedientes resueltos (que no abonados), el 74,6% de 11.500 (número de solicitudes que podrían abonarse si a todas se les abonase el máximo, 6.000 euros), de los que se habrían abonado “más de 7.000, el 61,5%. En realidad, el porcentaje sobre el total de solicitudes (17.266) aleja esas cifras: serían el 49,2% de expedientes resueltos y el 40,5% abonado.

Este 17 de abril se ha publicado el BOJA que fija la redistribución entre provincias del presupuesto no ejecutado y sobrante. Según la plataforma, ha aumentado “sustancialmente” el número de beneficiarios finales, lo que confirmaría que los porcentajes de ejecución son mucho más modestos de lo que dice la Junta.

Los demandantes acusan a la Consejería de Fomento y Vivienda de usar una cifra errónea de beneficiarios para trasladar la idea de que los porcentajes de ejecución son mayores de lo que realmente son, “como argumentario para tapar las carencias de la gestión”. La Junta suele aludir a 11.500 solicitudes, que son los beneficiarios que agotarían el presupuesto (68,4 millones) si a todos les concedieran la cuantía máxima. Sin embargo, no todos reciben el máximo y el bono fue solicitado por más de 17.000 jóvenes, que durante tres días de abril de 2023 colapsaron la web abierta expresamente para canalizar las solicitudes.

“Es por ello que pedimos públicamente una reunión desde la honestidad con la ejecutiva de Fomento y Vivienda, Rocío Díaz a la cabeza, esta vez grabada y abierta a medios y prensa, para que todos los interesados puedan acceder a la información directa y veraz, se puedan exponer y contrastar abiertamente todos los datos”, señalan, antes de lamentar la gestión “lenta, errática y costosa” de un proceso que comenzó hace más de dos años.

Una tramitación larga y compleja

El Ejecutivo central aprobó las ayudas en enero de 2022 y empezó a transferir el dinero a las comunidades autónomas, la mayoría de las cuales articularon sus mecanismos y empezaron a abonar las ayudas casi de inmediato. En Andalucía, el plazo no se abrió hasta noviembre de 2022, y el sistema colapsó. Para registrar sus solicitudes, muchos jóvenes tuvieron que trasnochar a la espera de una bajada del tráfico web. Andalucía fue, junto a Madrid, la última en cerrar el plazo de solicitudes.

El Gobierno andaluz lleva desde entonces culpando de los retrasos a un supuesto mal diseño de las ayudas por parte del Ejecutivo Central, sin aclarar cuál es el punto que supone una dificultad insalvable que en otras comunidades no ha sido tal. También ha deslizado en alguna ocasión los problemas informáticos.

En junio de 2023, hace casi un año, la consejera Díaz dijo que todo se resolvería “pronto”, y en octubre se contrató a medio centenar de administrativos, de los que se dijo que se dedicarían exclusivamente a esto. Los cálculos hechos por este medio demostraban que apenas resolvían una solicitud por persona y día. El propio presidente Juan Manuel Moreno se hizo cargo de la mala gestión y aseguró que se había “metido el turbo”. Entonces (diciembre de 2023) se habían resuelto el 54% de las solicitudes, según el Gobierno andaluz. Era una cifra sobre el total ficticio de 11.500 solicitudes. En realidad, se habían resuelto el 36% de las 17.266 realmente recibidas.

Este medio desveló que el Gobierno andaluz había pagado 4,5 millones de euros en cuatro años a la UTE Proxya-Fujitsu por este (y otros) servicios informáticos y aplicaciones. En octubre del año pasado, en plena tormenta, renovó el contrato por 1,3 millones adicionales. Proxya anunció la renovación con una nota en la que defendía su apuesta por “metodologías ágiles”. Lo cierto es que el ritmo sigue siendo lento y todo sigue lejos de una resolución final.