Se acerca la primavera y en la escuela Santa Maria Gardeny, en Lleida, estas fechas suelen comenzar a preparar las llamadas colonias. Así es como se conocen las excursiones que hacen los docentes con sus alumnos y que incluyen dormir fuera, habitualmente en casas de campo. Es uno de los momentos más esperados del curso para los niños y niñas. Pero este año la actividad ha quedado suspendida por razones laborales. 

La escuela Santa Maria Gardeny es una de las pioneras en impulsar esta especie de huelga de colonias que se extiende ahora por Catalunya. En pleno ciclo de protestas contra el Departamento de Educación, en las que los docentes exigen mejoras salariales y más recursos en el aula, un total de 54 centros educativos se han sumado a la iniciativa y amenazan con no hacer estas excursiones y viajes en el curso 2026/2027 si no se atiende a sus demandas.

Estas salidas con pernoctación, a menudo de más de dos o tres días, a veces incluso con viajes al extranjero a finales de etapa, se han consolidado desde hace años en los centros educativos. Pero aquellos docentes que voluntariamente se hacen responsables de los alumnos durante toda la excursión no lo ven reflejado en su nómina. No cobran las horas extras ni la nocturnidad. “Estás pendiente de ellos desde que se levantan hasta que se van a dormir, incluso de noche, y cobras lo mismo”, señala Agustí Liñán, maestro de la escuela Santa Maria Gardeny. 

Con todo, esta acción de protesta, recogida ahora bajo el manifiesto Paremos las salidas y las colonias, va más allá de exigir que se les pague las horas extras que conllevan estas excursiones. De hecho, los centros que lo suscriben lo plantean como una herramienta de presión para que Educación acepte las demandas que les llevaron a la huelga el pasado 11 de febrero. Entre ellas, el aumento salarial, más recursos para garantizar la escuela inclusiva, rebaja de la burocracia y mayor reducción de ratios en las aulas. 

La mayoría de sindicatos docentes, que mantienen estos días reuniones con Educación, apoyan la iniciativa. Linán, promotor en su centro de esta forma de protesta, pertenece a la CGT. También lo defiende Ustec. “Si estamos en un escenario de lucha por nuestras condiciones laborales, es lógico que una acción de protesta sea dejar de hacer actividades que descansan sobre el voluntarismo”, señala Iolanda Segura, de Ustec. CCOO, por su parte, asegura que defenderá en la negociación con Educación que se cobren las horas extra dedicadas, pero no apoya esta forma de protesta.

Liñán relata cómo empezó todo en su colegio, justo durante los preparativos de la última huelga. “Más allá de las movilizaciones habituales, en la calle, nos planteamos acciones que afectasen al sistema, y trasladamos al claustro el debate sobre si hacer colonias”, explica. En su caso, aprovecharon que estaban reservadas pero aún no pagadas para cancelarlas ya este curso como forma de protesta laboral. Lo decidieron con los votos favorables del 60% del claustro. De cara al curso siguiente, los partidarios de la medida ya eran el 85%. 

“Es una actividad muy esperada y se lo hemos tenido que explicar a los alumnos, igual que les explicamos la huelga. Y lo han entendido”, señala Linán. En cuanto a las familias, algunas se han quejado. Pero este docente argumenta: “Conocemos el valor pedagógico y social de las colonias, pero debemos adoptar decisiones de presión duras”. 

Lo más curioso es que tras aprobarlo en el claustro, y después de difundirlo para que se sumaran más centros, vieron que ya entonces no eran los únicos. El otro gran foco de esta reivindicación apareció al mismo tiempo en una serie de escuelas e institutos de las comarcas del Maresme y la Selva, que lanzaron un manifiesto de cara al curso 2026/2027. 

“Siempre tiene que haber alguien despierto”

Una de las impulsoras de ese grupo es Clàudia Cebrián, del Institut Lluís Companys de Tordera, en la provincia de Barcelona. En la última salida con pernocta en la que participó, esta profesora explica que hubo noches en las que permaneció despierta hasta las 4:00 de la madrugada para vigilar a su alumnado. En solo tres días acumuló 45 horas extra no remuneradas. “Es una presión constante y no está reconocida”, lamenta. 

“Organizar salidas con pernoctación implica estar presentes las 24 horas del día. Por la noche, hasta que el alumnado no está tranquilo, no podemos descansar, y siempre debe haber algún profesor despierto por lo que pueda ocurrir”, denuncia.

Según explica, en una sola jornada pueden llegar a realizar hasta 15 horas extra sin compensación económica. “Lo hacemos por vocación, pero no recibimos nada a cambio pese a dormir varias noches fuera de casa y asumir muchas horas extra”.

Otro de los problemas asociados a estas excursiones que señalan los docentes es la responsabilidad sanitaria que asumen durante estos viajes. “No tenemos formación médica y, aun así, somos responsables de administrar medicación”, subraya. En su centro hay estudiantes con tratamientos de salud mental complejos y otros que necesitan inyecciones de adrenalina. En otros países, destaca, este tipo de salidas suele contar con personal de enfermería. Además, estos viajes incluyen habitualmente realizar deportes de aventura, una carga añadida que responsabilidad que el profesorado también cuestiona. 

Cebrián sabe que quienes salen perjudicados con esta decisión son los alumnos. Por ello, el objetivo final es “no tener que aplicar la medida” el curso que viene y alcanzar un acuerdo con la Generalitat. Preguntados por ello, en Educación se remiten a las mesas sectoriales que celebran estos días con los sindicatos.

Una resolución de la Inspección de Trabajo obliga a Semark a abonar las horas extraordinarias acumuladas en los últimos años por la plantilla de los supermercados Top-Cash en Cantabria, según informa el comité de empresa (UGT, SUC y CCOO) del grupo propietario de los Top-Cash y de los supermercados Lupa.

Según ha informado este viernes el comité de empresa, Inspección de Trabajo resuelve así una demanda del comité de empresa de Semark que exigía el pago de los excesos de jornada como horas extraordinarias (175% del importe de una ordinaria) y un cómputo anual de horas trabajadas para detallar la cuantía a abonar a las personas trabajadoras afectadas.

La resolución de la Inspección de Trabajo requiere a la empresa que “abone las horas extraordinarias, ya que no constaba su abono en nómina ni tampoco su compensación con tiempo de descanso equivalente”.

La Inspección de Trabajo insta a la empresa a que “al final de cada año se realizará el cómputo anual de horas trabajadas, entregándose copia del mismo a las personas trabajadoras y a los delegados de personal”, tal y como estipula tanto el Estatuto de los Trabajadores como el convenio colectivo de Almacenistas de Coloniales de Cantabria.

Además, el requerimiento del organismo estatal insta a la empresa a que en enero de 2026 cumpla con el artículo 34.6 del Estatuto de los Trabajadores y “elabore el calendario laboral, debiendo exponerse un ejemplar del mismo en un lugar visible de cada centro de trabajo”.

Los sindicatos de Semark, que rechazaron que el exceso de horas trabajadas se pague como horas ordinarias como ha hecho ya la empresa, han indicado que aún no se dispone del cómputo de horas de 2025 y que “el exceso de jornada de 2024 se remitió en su momento pero no se ha compensado ni abonado”. “Si la empresa continúa con los reiterados incumplimientos en materia laboral, nos plantearemos movilizaciones”, advierte el comité de empresa de Semark.

UGT y CCOO en Asturias han iniciado acciones legales contra la cadena de supermercados Alimerka para reclamar la compensación del exceso de jornada acumulado desde el 1 de enero hasta la implantación efectiva de la jornada semanal de 37,5 horas en sus distintos centros de trabajo. Cada sindicato ha presentado ya alrededor de un centenar de demandas individuales, en una estrategia que busca obligar a la empresa a “cumplir la ley” y restituir “cada hora trabajada de más”.

En un comunicado conjunto, ambas organizaciones sindicales denuncian que Alimerka —que cuenta con unos 5.500 trabajadores en Asturias— ha venido acumulando horas extraordinarias sin ofrecer contrapartida a la plantilla, vulnerando, a su juicio, un derecho recogido en el convenio colectivo: la compensación obligatoria de las horas extra mediante pago o descanso equivalente.

Más de 500 euros por trabajador

Según fuentes sindicales, la cuantía económica que debería abonarse oscila entre los 500 y los 600 euros por trabajador, dependiendo del centro, ya que la reducción de jornada a 37,5 horas semanales se aplicó de forma progresiva desde el pasado verano.

Los sindicatos critican además que la empresa haya cancelado de forma unilateral una reunión prevista con el Comité de Empresa, lo que, a su entender, deja a la plantilla “sin explicaciones” y evidencia un intento de “ganar tiempo” y reducir costes “a costa del esfuerzo de los trabajadores”.

Un último intento

UGT y CCOO han hecho un llamamiento a la plantilla para que contacte con sus delegados sindicales, recopile la documentación necesaria y no deje transcurrir los plazos legales para reclamar. Paralelamente, han convocado a la empresa el próximo martes, 23 de diciembre, a las 11.00 horas, en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), en lo que definen como un “último intento” de alcanzar un acuerdo antes de que el conflicto se judicialice de forma generalizada.

Por su parte, Alimerka rechaza las acusaciones sindicales. Fuentes de la empresa aseguran que la compañía “siempre ha compensado y compensará absolutamente todos los posibles excesos de jornada, cumpliendo con la legalidad”, y manifiestan su “sorpresa ante la actitud de los sindicatos, un mes de diciembre más”.

Desde la dirección recuerdan además que 2024 ha sido “un año clave” para la empresa, en el que ha dado “un gran paso adelante” con la implantación de la jornada de 37,5 horas y el sistema 5+2, siendo —subrayan— pionera en el sector de la distribución.

Todos los años, pero todos, pasa lo mismo: se acerca una fiesta importante en Sevilla y el servicio municipal de turno sabe que es cuando pueden aprovechar para apretar las tuercas y lograr sus reivindicaciones si no las han cerrado antes. Y desde hace tiempo, es la Policía Local la que se lleva la palma, fruto sobre todo de la cascada de eventos en la capital que tienen que cubrir, empezando por las constantes cofradías que hay en la calle. Ahora toca la Navidad, y el enredo es de tal calibre que a falta de pocas semanas todavía no hay un plan especial diseñado, básicamente por falta de agentes... a no ser que se paguen grandes cifras en horas extra.

El gobierno de José Luis Sanz (PP) lleva ya un buen tiempo negociando con los sindicatos, pero el acuerdo se resiste. El punto de partida es que hay pocos policías, por lo que hay que tirar de ingentes cantidades de horas extra. En un guiño para desatascar la cuestión, el PP llevaba al pleno municipal de este jueves un reconocimiento de crédito para pagar productividades y gratificaciones atrasadas, pero lo ha retirado sobre la marcha cuando se ha encontrado con que Vox no lo iba a respaldar.

La formación de ultraderecha, su actual socio presupuestario, es el único agarre que tiene Sanz para sumar los votos necesarios ante el 'no' ya previsto de la izquierda, PSOE y Podemos-IU. El rechazo de la oposición ha venido porque se recurría de nuevo a una modificación presupuestaria sobre la marcha, en vez de haberlo previsto en las cuentas anuales, y por una cuantía no precisamente menor: se pretendía aprobar de una tacada 30 expedientes por un importe global de casi cinco millones de euros, con partidas también para los bomberos.

La Intervención, en contra de forma contundente

A las quejas por las formas, se ha unido el aviso de que esta manera de proceder supone saltarse la legalidad. Y no lo dicen sólo los grupos de la oposición, sino que la Intervención había hecho un informe demoledor en contra de la propuesta, lo que obligaba al pleno de nuevo a votar para saltarse este reparo formal. Esta fórmula, a la que se recurre en casos excepcionales, puede derivar incluso en responsabilidades penales si por cualquier circunstancia se judicializa el proceso.

Vox se ha descolgado este jueves con que quiere un pleno extraordinario monográfico para abordar este cíclico choque con la Policía Local, “un asunto de extraordinaria urgencia que se ha convertido en un problema estructural de gestión”. Su portavoz, Cristina Peláez, ha reclamado por ello la retirada del punto para pagar los atrasos, lo que ha llevado al gobierno local a aceptarlo ante la evidencia de que no iba a salir adelante. Poco después, se anunciaba que el pleno solicitado se celebrará el próximo 26 de noviembre.

No sólo eso, sino que ya se ha visto forzado a hacer lo propio con otra propuesta que había colado por vía de urgencia, en este caso para imponer su propio Plan de Navidad. Esto conllevaba una modificación “parcial y urgente” del calendario de la Policía Local, habilitando un crédito de 5,6 millones de euros para hacer frente a las horas extra necesarias. Una propuesta que los sindicatos consideran insuficiente y que no han refrendado, aprovechando dirigentes sindicales este jueves para protestar en el salón de plenos hasta que fueron desalojados por sus compañeros que estaban de guardia y encargados de la vigilancia.

“Colapso del modelo”

El resultado de todo esto es que, a menos de un mes para que se despliegue el dispositivo especial por las fiestas navideñas, no está todavía aprobado y no hay agentes suficientes para cubrir las necesidades. Las negociaciones continúan y lo lógico es que se llegue a un acuerdo a cambio de aumentar las cantidades, aunque al alcalde siempre le quedará el comodín de imponer un calendario obligatorio por decreto. Eso sí, esto dinamitaría las relaciones con los sindicatos.

En el debate previo a la retirada del punto para pagar los atrasos, los reproches llegaron desde la izquierda. La portavoz adjunta del PSOE, Sonia Gaya, ha criticado que otra vez querían levantar un reparo suspensivo de la Intervención, pese a que en 2024 se comprometieron a no volver a hacerlo, y ha lamentado que no se están pagando gratificaciones a otros empleados municipales porque todo se lo lleva la Policía Local.

“Han abusado de la confianza de este pleno y no vamos a ser cómplices de sus golpes de timón sin tener en cuenta ni la legalidad ni la mejor organización de este Ayuntamiento”, a lo que ha añadido una cuestión no menor: “Estamos hartos de que nos tomen el pelo”. El portavoz de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), ha alertado por su parte del “colapso del modelo” y de que el gobierno local quiere paliarlo “irregularidad tras irregularidad administrativa que intentan convertir en norma”. “Y lo más escandaloso es que la Intervención se lo advirtió, pero la ignoran permanentemente” y siguen diseñando estos planes policiales “tarde, sin planificación y sin cumplir el procedimiento”.

El déficit endémico de efectivos que viene padeciendo desde hace años el cuerpo del Consorcio de Bomberos de Valencia implica un elevado gasto de dinero público en horas extras para poder cubrir el servicio, una situación que además va en detrimento de la seguridad del propio cuerpo que en muchas ocasiones no puede cumplir con las horas de descanso necesarias para dar el mejor servicio. Esta merma de efectivos que fuentes sindicales cifran en 250 personas, entre mandos y bomberos, supuso una rémora a la hora de dar una respuesta más adecuada frente a la dana del 29 de octubre del pasado año: “Con una plantilla a pleno rendimiento se podían haber salvado más vidas”, afirman las mismas fuentes.

Ahora, la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), tras una denuncia planteada en diciembre de 2022, ha abierto una investigación por ese exceso de horas extras, tal y como ha averiguado a elDiario.es. Al respecto, fuentes de la Diputación de Valencia han confirmado a preguntas de esta redacción que la AVA “ha pedido los informes sobre las horas extras realizadas desde el año 2021 y se ha entregado toda la documentación”, al tiempo que han asegurado que a pesar de que se hagan horas “se cumple con la media de horas de descanso anual de cada bombero”. En este sentido, han explicado que aunque alguna semana o mes algún efectivo pueda hacer más guardias, a la semana o mes siguiente se compensa con menos de forma que al cabo del año se cumpla con los descansos estipulados, “siempre con la excepción de que haya una situación de emergencia como fue la dana”, han puntualizado.

Además, han recordado que “la falta de bomberos en el Consorcio es un problema estructural que se arrastra desde hace muchos años, incluso antes de 2021”, pero han asegurado que “en febrero del año que viene se incorporarán 246 efectivos que están en fase formación, con lo que se dará cumplimiento a lo que establece el informe de la Universitat de València en cuanto a plantilla para dar servicio eficiente”. Por último, han señalado que en lo referente a las horas extra se han recabado informes que avalan su legalidad.

Sin embargo, fuentes sindicales han advertido que, aun entrando esos 246 nuevos trabajadores, seguirán faltando por cubrir un centenar de vacantes entre bomberos y mandos. Además, han insistido en que la ingente cantidad de horas extras vulnera lo dispuesto en los artículos 6 y 7 del Ral Decreto 861/1986 de régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local. Según esta normativa, un organismo como el Consorcio Provincial no puede dedicar más un 10% de su presupuesto al pago de horas extras o gratificaciones. Sin embargo, en el periodo que investiga la AVA se habría llegado al 30%.

Según la documentación recabada por elDiario.es, en el año 2021 el personal del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia realizó 60.914 horas extras en el año 2021, 116.444 en el 2022, 150.495 en el 2023 y 243.877 en el 2024, de las que 60.000 se realizaron solo desde el 29 de octubre hasta el 31 de diciembre con motivo de la dana. Traducido a euros la cuantía total abonada ascendería en los cuatro años analizados a unos 30 millones de euros.

Las mismas fuentes han explicado que la plantilla del Consorcio debería tener una dotación operativa de 836 efectivos (incluido personal de sus 17 categorías) según la relación de puestos de trabajo (RPT), y que el presupuesto del Consorcio se aprueba para cubrir los salarios de toda esa plantilla. Sin embargo, actualmente apenas roza los 600 trabajadores, de los que menos de 400 son bomberos. La irregularidad denunciada consistiría en dedicar por encima de los límites legales parte del presupuesto destinado a nóminas de personal que no existe a horas extras.

De los 400 bomberos existentes en la actualidad, según fuentes sindicales, un centenar son los que cubren cada turno. Sobre el papel, el resto deberían descansar cuatro días por cada jornada de trabajo, aunque en la práctica en muchos momentos trabajan día sí, día no. Una situación que provocó numerosas protestas e incluso una huelga el pasado verano, cuando los bomberos se negaron a seguir haciendo horas y exigieron la creación de plazas para aumentar la plantilla.

En medio de este clima de protestas, portavoz del PP en Riba-roja de Túria y coordinador del grupo popular en la Diputación, Alberto Gimeno, cargó contra el colectivo al asegurar que un bombero raso cobra más de 100.000 euros si se tienen en cuenta las horas extra, tras ser interpelado por la oposición.

Escasa movilización los primeros días tras la dana

El informe remitido por el Consorcio Provincial de Bomberos a la comisión de investigación de la dana en las Corts revela que el día 30 de octubre se movilizaron 170 efectivos, de los que 76 eran de otras comunidades, 34 del Consorcio de Valencia y 60 brigadistas. El organismo encargado de gestionar los diferentes recursos, no movilizó a ninguno de los 900 bomberos forestales ese día.

Las fuentes sindicales consultadas han considerado que desde su punto de vista se produjo un incumplimiento legal, puesto que no se aplicó el artículo 34.2 de la Ley de los SPEIS de la Comunitat Valenciana, según el cual, “en casos de emergencia y, en general, en situación excepcional, todo el personal estará obligado a la prestación de servicio permanente hasta que cesen los motivos de emergencia o necesidad, siguiendo las instrucciones de la persona que ostente el mando de la emergencia”. En su lugar, “la asistencia a las zonas afectadas quedó supeditada a la voluntariedad individual, algo inadmisible en contextos de riesgo vital”, han asegurado.

El Ministerio de Trabajo ha publicado este jueves en el trámite de audiencia pública su real decreto para endurecer el registro diario de la jornada laboral. El texto que plantea el departamento de Yolanda Díaz, y que ahora debe recabar el informe de varios ministerios y organismos oficiales (y que se tramitará por la vía de urgencia), plantea varias novedades muy relevantes para el control horario. Entre ellas, que la Inspección de Trabajo tenga acceso en remoto al registro de las empresas, así como que este especifique expresamente las horas ordinarias y las extraordinarias que se realizan, así como si estas últimas se pagan o se compensan en descanso.

El proyecto de real decreto publicado se someterá a audiencia e información públicas entre los días 10 y 20 de octubre de 2025. Además, se ha solicitado informe de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y a las autoridades laborales de las comunidades autónomas.

A continuación, se destacan algunos de los elementos más destacados de esta regulación, que puede sacar adelante el Gobierno en solitario, sin pasar por el Parlamento. En principio, se espera que la tramitación lleve algunos meses, por los informes requeridos a entidades como el Consejo de Estado y la Agencia Española de Protección de Datos, aunque en Trabajo no han precisado el plazo estimado para que la reforma sea efectiva. El texto prevé su entrada en vigor “ a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”.

Registro digital y que los cambios dejen rastro

Como ya había anunciado Yolanda Díaz, el real decreto exige que el registro de jornada se realice por medios digitales, desterrando la opción actual de fichaje en papel.

Se exige que sea “objetivo, fiable y accesible”, términos que se definen con medidas como que las horas que se registren no puedan ser modificadas a posteriori sin la autorización de la empresa y de la persona trabajadora. Además, en caso de modificaciones, estas deben dejar rastro, que “refleje una huella clara e indeleble de los cambios realizados y de su autoría”.

La persona trabajadora deberá ser quien rellene el control horario y deberá identificarse para ello, “con los datos personales imprescindibles para la finalidad del registro”.

Más detalles: si hay horas extra y cómo se compensan

Trabajo plantea un registro con más detalles sobre el trascurso de la jornada respecto al actual, que exige como mínimo identificar el inicio y el final de la jornada. El Ministerio plantea que el registro contemple el horario concreto de inicio y finalización de cada jornada de trabajo, así como de cada pausa “que no tenga la consideración de tiempo de trabajo efectivo” (se excluiría ir al baño, por ejemplo), y se deberá especificar si la jornada es presencial o a distancia.

El registro también deberá identificar dentro de cada jornada, si las horas trabajadas son de “naturaleza ordinaria, extraordinaria o complementaria”. En caso de realización de horas extraordinarias, “deberá especificarse si se compensarán por descanso o si se retribuirán, así como si resultan horas trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes”, recoge el proyecto de real decreto.

Trabajo quiere exigir también que quede constancia “de los tiempos de espera y de los tiempos a disposición de la empresa, cuando no sean considerados tiempo de trabajo efectivo”, así como “de las interrupciones del disfrute del derecho a la desconexión” y las horas realizadas como consecuencia de “fórmulas de conciliación, flexibilidad o distribución irregular de la jornada”.

Más control: de la Inspección y copia a los trabajadores

El registro horario “deberá permitir el acceso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en cualquier momento y de forma inmediata, de manera remota y presencial en los centros de trabajo”, recoge el texto, una de las medidas más destacadas por el Ministerio de Díaz y los sindicatos como elemento disuasorio a los abusos horarios.

El proyecto también contempla que las personas trabajadoras puedan consultar y obtener copia de su registro “en cualquier momento y de forma inmediata, al menos, en su lugar de trabajo”. Además, la empresa debería entregar, junto con el recibo de salarios, “copia del resumen correspondiente al periodo fijado para el abono de las retribuciones”.

También se prevé que la representación legal de las personas trabajadoras pueda consultar y obtener copia de todos los registros “en cualquier momento y de forma inmediata, en el centro de trabajo”, teniendo “en cuenta en materia de datos personales, el principio de minimización y proporcionalidad”.

Un registro con menos exigencias para empleo del hogar

Toda esta letra pequeña del registro de jornada se rebaja para el empleo del hogar, para el que se recoge que el control horario podrá realizarse “por cualquier medio que sea proporcionado a las capacidades y recursos con los que cuenten la persona empleadora y la persona trabajadora y que garantice el cumplimiento de dicha obligación de manera efectiva”.

En el caso de las subcontrataciones, cuando las personas trabajadoras realicen la prestación de trabajo en el centro de trabajo de la empresa principal, se contempla que “la empresa subcontratista deberá garantizar que dichas personas puedan registrar su jornada en su lugar de trabajo”.

En el caso de las ETT,  “el cumplimiento de las obligaciones de registro de jornada establecidas en el presente real decreto corresponderá a la empresa usuaria”, contempla el decreto.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Extremadura ha registrado este miércoles un escrito en la Consejería de Salud y Servicios Sociales donde apremia a la administración regional a resolver “de forma urgente” la grave situación laboral y económica que atraviesan desde hace meses el colectivo de enfermeros y enfermeras de los centros residenciales dependientes de la Junta de Extremadura.

En el mismo, CSIF recuerda que ya alertó de forma reiterada a dicha Consejería sobre esta situación en los meses de junio y julio, exigiendo la cobertura de las sustituciones de verano y un refuerzo en los servicios de Recursos Humanos. A esta situación se le unía el importante aumento de carga laboral con aplicación de la subida salarial del 0,5%, la gestión del proceso de estabilización y la incorporación de personal procedente de los concursos de traslado.

Además, la organización dice que ya advirtió de que había trabajadores que habían sido contratados para sustituciones de verano que en septiembre aún no habían percibido ninguna nómina y esta situación, a día de hoy, persiste con respecto al abono no pagado de las noches, festivos y horas extraordinarias de los trabajadores de los centros residenciales dependientes de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, que incluso han tenido que posponer sus vacaciones por que no se cubrieron la del colectivo de enfermeros en el periodo estival.

Esta situación ha desembocado en un gran malestar de dicho colectivo, que se han encontrado al límite de la sobrecarga laboral por la falta de personal de los centros, vacaciones denegadas por necesidades de servicio, descanso cada 12-14 días doblando los turnos, etc., y con el agravante de no cobrar a final de mes por su trabajo y encima no poder conciliar la vida familiar y laboral.

Por todo ello, CSIF urge a la Consejería de Salud y Servicios Sociales a que resuelva con la máxima urgencia todos los retrasos económicos acumulados, tal y como anunció la Junta el pasado 4 de octubre, pero no ha cumplido, además de las horas extraordinarias del colectivo de enfermos/as para garantizar el derecho de todos los trabajadores a recibir, de forma puntual, sus retribuciones por el trabajo desempeñado.

Los bomberos locales de Ourense denuncian que hacen un total de 400 horas extra al año sin cobrar y, así, trabajan un “25% más gratuitamente”. Esta queja llega tras la emisión de la sentencia parcialmente estimada de un policía local que había denunciado al Ayuntamiento de Ourense por no aplicar las subidas salariales a las horas extra entre 2020 y 2025. El fallo obliga al Consistorio a abonar “la cantidad que corresponde” al agente local, sin incluir las deudas de los ejercicio 2020 y 2021.

De esta forma, tras conocerse la sentencia, el representante sindical de Comisiones Obreras (CCOO), Alfonso Iglesias, ha trasladado a Europa Press las quejas sobre las circunstancias de los bomberos municipales. “Hacemos una media de 400 horas anuales. En cuatro años hacemos uno gratis, o sea que llevamos 6 años gratis trabajando”, ha lamentado. Insiste en que es un exceso horario “único en España” e “incluso en Europa”. Señala, además, que “casi el 30% de la plantilla” ha ganado sentencias contra el Ayuntamiento de Ourense por el impago de horas extra, con un total de “60.000 euros”, en el caso de “un bombero que lleve desde el año 2000 trabajando aquí”. “Seguimos computando una media de unos 900 o 1.000 euros mensuales cada bombero, si contamos unos 54 bomberos por 1.000 euros, de media salen unos 54.000 euros mensuales de deuda que genera el Ayuntamiento al servicio de bomberos”, ha recalcado.

Iglesias afea a la Aministración local, que considera “desastrosa”, que, una vez “cumple la sentencia”, paga “siempre mal” y “perjudicando al trabajador”, de tal forma que la solución es “volver a denunciar”. “Llevamos sufriendo esto desde hace seis años. Es horroroso”, añade.

Denuncias desde la Policía Local

También la policía municipal ha impuesto denuncias a la Administración local, como ha sido el caso de uno de sus trabajadores que ha recibido estimación parcial tras presentar una demanda por no aplicar las subidas salariales a las horas extra desde el 2020 hasta el 2025. La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha declarado la “obligación” del Ayuntamiento local a “abonar la cantidad que corresponde”, pero sin incluir las deudas de los ejercicio 2020 y 2021. Esta situación “lleva sucediendo años”, según indica el delegado del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) en Ourense, Bautista Rodríguez, consultado por Europa Press.

Asimismo, ha recordado que al SPPME ha presentado recientemente un escrito al Valedor do Pobo para solicitar su intermediación. “La gente está enfadada porque desde que se aprobaron las subidas salariales a las horas extra, nunca más se subió nada”, ha añadido. Rodríguez señala que, si antes “una hora extra valía 24 euros”, al aplicar el 9,5% de subida desde su aprobación en el año 2021, “da un euro y algo más” que, recalca, supone “un montón de dinero” si se atiende a “todas las horas extra que se hacen”. “A lo mejor hay ya policías a los que les deben más de 10.000 euros”, ha lamentado.

La jornada laboral máxima al día en España, de nueve horas, es excesiva y las horas extraordinarias no se pagan lo suficiente, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Son algunas de las conclusiones de su Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios, que ha reclamado en su último informe varios cambios legales al Gobierno. Entre otros, reducir la jornada de trabajo máxima al día a las 8 horas y que los excesos de la jornada se paguen al menos con el 125% del salario de la hora ordinaria.

La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones es un órgano independiente, constituido por juristas y “cuya misión es examinar la aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT por los Estados Miembros de esta Organización”, explica la OIT. Este último informe fue sometido a la 113ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada el pasado junio. En él se recogen varias observaciones que afectan a España por no garantizar el cumplimiento de esta normativa internacional.

Fuentes del Ministerio de Trabajo destacan que España es el país que más convenios de la OIT tiene suscritos y responden que las conclusiones del organismo “son para tener en cuenta a medio y largo plazo (entre 3 y 6 años)”. En cualquier caso, desde el departamento que dirige Yolanda Díaz sostienen que darán “seguimiento a esas consideraciones”. “En buena medida, van a quedar solventadas cuando salga adelante el proyecto de ley de reducción de jornada laboral, pero también en el marco de la negociación parlamentaria”, añaden en Trabajo, aunque la norma de partida no aborda los límites de jornada diarios ni la remuneración de las horas extra.

Jornada máxima al día de 8 horas

En España, la jornada de trabajo diaria máxima es de 9 horas, que puede ampliarse por convenio colectivo o acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, siempre que respete el descanso entre jornadas, de al menos 12 horas. Los trabajadores menores de 18 años tienen por su parte jornadas máximas de 8 horas al día, incluyendo el tiempo dedicado a la formación y, si trabajasen para varios empleadores, las horas realizadas con cada uno de ellos.

En el caso de la jornada semanal, la duración máxima alcanza las 40 horas, que el Gobierno quiere reducir a 37 horas y media tras su acuerdo con los sindicatos, pero este límite se aplica en promedio anual. Es decir, se pueden realizar jornadas superiores algunas semanas y otras inferiores, siempre que la media anual respete ese límite. “Pero no establece el número máximo de horas de trabajo que podría realizar una persona trabajadora en una semana concreta”, advirtió el sindicato CCOO en sus observaciones a la OIT.

La Comisión de Expertos del organismo recuerda “que los Convenios exigen un doble límite, diario (8 horas) y semanal (48 horas)”. Además, señala que “dicho límite absoluto no debe confundirse con el cálculo en promedio de las horas de trabajo diarias y semanales, que está autorizado solamente en ciertos casos excepcionales”.

Por ello, la Comisión “pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para garantizar, en la legislación y en la práctica, que las horas de trabajo normales trabajadas en un día y en una semana concreta no excedan de 8 horas diarias y 48 semanales”, de conformidad con lo establecido en los Convenios sobre horas de trabajo en la industria y el comercio y oficinas.

Pagar las horas extra al menos el 125% de la ordinaria

Los especialistas de la OIT también analizan la regulación española sobre las horas extraordinarias. El Estatuto de los Trabajadores prevé que las horas extra pueden compensarse en descanso o ser remuneradas, con una cuantía que no puede ser “en ningún caso” inferior al valor de la hora ordinaria de trabajo.

La Comisión de Expertos recuerda en su informe “la necesidad de prever, en todas las circunstancias, el pago de las horas extraordinarias a una tasa no inferior al 125% de la tasa de salario ordinaria, independientemente de todo descanso compensatorio”. Por ello, el organismo pide al Gobierno “que tome las medidas necesarias para que, tanto en la legislación como en la práctica, se garantice” esa remuneración. El salario de las horas extra ya le ha valido a España una denuncia de UGT en Europa, en este caso apoyándose en la Carta Social Europea, que exige “un incremento de remuneración” para estos excesos horarios.

Fuentes de CCOO destacan también la mención del informe al límite de las horas extra. Los convenios de la OIT exigen que se determine “el número máximo de horas extraordinarias” permitidas y el Estatuto de los Trabajadores lo establece en 80 horas extraordinarias al año, de las que se excluyen las trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes. Sin embargo, el sindicato advierte de que también se exceptúan del cómputo “las horas que hayan sido compensadas mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización”, lo que permite ampliar mucho ese máximo de 80 horas.

Sin una exigencia expresa en este caso, la Comisión recuerda “la importancia fundamental de fijar límites legales claros a las horas extraordinarias y de mantener el número de horas extraordinarias permitidas dentro de límites razonables que tengan en cuenta tanto la salud y el bienestar de los trabajadores como las necesidades de productividad de los empleadores”. Y pide al Gobierno “que tome las medidas necesarias para poner la legislación y la práctica de conformidad” con los convenios de la organización internacional.

Entre otras observaciones, la OIT reclama también la modificación del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores “para garantizar, tanto en la legislación como en la práctica, que todos los trabajadores gocen de un descanso mínimo de 24 horas consecutivas por cada periodo concreto de siete días”. La legislación española reconoce un descanso semanal superior, de día y medio, pero este puede ser acumulable por periodos de hasta 14 días, lo que permite la prestación continuada e ininterrumpida de servicios por periodos superiores a siete días, como advirtió CCOO.

“Es muy difícil conciliar el trabajo y tu vida (...), y con la disponibilidad que hay que tener, si haces más horas de las que te tocan, las pierdes.” Desafortunadamente, una expresión como esta es demasiado habitual en nuestro país cuando a alguien le preguntan qué tal en el curro. La diferencia, en este caso, es que estas palabras las pronuncia un funcionario. En concreto, uno de los conductores del Parque Móvil de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM). Su labor y la de sus compañeros consiste en trasladar a determinados cargos institucionales allá donde se les requiera, y también conducen los autobuses del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

De acuerdo con el conductor, los cóferes de la CARM se quejan de que la organización del servicio no responde a un sistema de turnos convencional. Tampoco hay control horario, ni estructura fija de descansos. Lo habitual, cuentan, es esperar hasta que el servicio lo requiera, sin saber de antemano cuánto durará la jornada. A cambio, reciben en nómina una serie de complementos que, según afirman, no compensan en absoluto el sacrificio. En una entrevista con elDiario.es Región de Murcia, varios trabajadores detallan cómo esta situación lleva años sin resolverse, a pesar de haber sido comunicada “por activa y por pasiva” a todo el organigrama.

Sus compañeros se desmarcan de sus declaraciones: “Es cierto que venimos de una situación insostenible que desembocó en dos jornadas de huelga para llamar la atención sobre la misma. Tras la huelga y diferentes acciones reivindicativas se ha conseguido llegar a un punto de estabilidad y de conciliación”, ha insistido casi la totalidad de la plantilla.

“Por supuesto como ocurre en la gran mayoría de ámbitos laborales, existen discrepancias y diferentes problemas sin solucionar en los que estamos trabajando a través de las diferentes organizaciones sindicales. Por lo tanto mostramos nuestro rechazo a la opinión de algún compañero que de forma individual y sin consultar al colectivo ha elevado al debate público algo que en estos momentos debería quedar en el ámbito de nuestro entorno laboral”, han subrayado.

El parque móvil de la Comunidad murciana agrupa a unos treinta conductores repartidos en distintas funciones. Hay tres categorías: los chóferes asignados al presidente, los conductores de los distintos consejeros –uno por cada consejería– y los llamados “conductores de incidencias”. Estos últimos cubren servicios puntuales, imprevistos o de refuerzo, y también incluyen los trayectos con vehículos adaptados para menores con discapacidad en centros gestionados por el IMAS.

En el caso de los consejeros y del presidente, la lógica es simple en apariencia: un conductor por cada cargo, pero la carga de trabajo puede variar mucho. Algunas consejerías tienen actividad principalmente de despacho; otras –como Cultura, Deporte o Turismo– acumulan eventos públicos, viajes y actos institucionales los fines de semana. Según explican los trabajadores, no existe una compensación proporcional ni un criterio unificado. Tampoco se contempla un sistema de relevos o descansos. La jornada depende del calendario del cargo al que se acompaña. “Y es muy difícil conciliar la vida personal cuando, además, se empeñan en que el chófer sea siempre el mismo”, denuncian.

“Horas de presencia”

Aunque todos los conductores del parque móvil reciben su sueldo base como funcionarios de carrera, la parte más delicada de su nómina es el complemento por disponibilidad, conocido como “horas de presencia”. Este concepto aparece reflejado como “jornada especial: horas de presencia”, y se abona mensualmente como una cantidad fija, sin importar cuántas horas efectivas se realicen. Según denuncian los propios trabajadores, esa fórmula no se ajusta a derecho. “No es legal”, afirma uno de los chóferes. “Si es jornada especial, no pueden ser horas de presencia.” Según explican, el complemento debería depender del tiempo realmente trabajado y no puede aplicarse como un pago fijo a cambio de estar disponible, especialmente en una administración pública.

“La situación no es tan compleja como puede parecer”, declara el abogado laboralista David Calvo. “Si se cumple con el control horario, habría que llegar a un acuerdo de tablas de productividad. Ahí pueden decidir el precio más allá del horario ordinario, como el máximo anual de horas extraordinarias o el tiempo de descanso entre jornadas. El complemento de disponibilidad es un fijo, y su cuantía se determina en convenio. Pero la productividad es discrecional, por lo que se puede llegar a acuerdo en una negociación colectiva”.

En la práctica, esa cantidad varía según el tipo de servicio asignado: los conductores de incidencias reciben una cuantía, los de consejeros otra, y los del presidente una superior. Las cifras que mencionan oscilan entre 80 y más de 100 horas mensuales asignadas como parte de ese complemento, sin que haya una justificación clara sobre cómo se calculan o a qué equivalen realmente. No existe un sistema de fichaje, ni un registro horario oficial. El principal problema, según relatan, aparece cuando se superan esas horas teóricas. En lugar de abonarse como horas extra, no se pagan ni se compensan. “Si yo tengo 80 horas asignadas y trabajo 100, las 20 que me paso se pierden”, explican. Además, si un chófer trabaja en festivo o por la noche, la retribución específica por esas horas especiales se descuenta del complemento mensual, lo que termina rebajando la nómina final. “Te dan 20 euros pero te quitan 18”, resumen.

El parque móvil depende directamente de la Dirección General de Patrimonio, integrada en la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Murcia. Desde dicha Consejería aseguran que “la actividad de los conductores está completamente reglada y cubierta por la normativa autonómica”. Explican que, aunque es cierto que sus horarios “deben responder a las necesidades del servicio”, también cuentan con “una jornada ordinaria” y un sistema de “horas de presencia”, que se retribuyen específicamente. Aseguran que los turnos se reparten “de la forma más equitativa posible” y que “todo lo que exceda de ese marco horario estándar se abona como horas extraordinarias”. Además, subrayan que desde el 1 de enero se ha puesto en marcha una aplicación que permite “visualizar todas las partes de servicio, los turnos, las cargas de personal” con el objetivo de “facilitar la máxima conciliación”.

Falta de interlocución

Sin embargo, los trabajadores denuncian una falta de interlocución efectiva en todos los niveles. Aunque reconocen que la actual gerente ha intentado suavizar la carga de trabajo de forma informal –por ejemplo, evitando poner servicios a primera hora cuando un chófer ha terminado muy tarde el día anterior–, también señalan que la situación de fondo no ha cambiado desde hace años.

Según relatan, el parque móvil funcionó durante un tiempo con más de 50 empleados. Hoy, con una plantilla reducida en torno a la treintena, se sienten sobrecargados. Parte de los nuevos trabajadores son contratados interinos –un tercio del total–, lo que, en palabras de uno de los entrevistados, hace más fácil presionarles o limitar sus reclamaciones. “Ahora tenemos un tercio de la plantilla que no estaba”, afirman. Pese a que se incorporaron refuerzos tras una huelga, no se ha abordado ninguna reestructuración de fondo.

En marzo de 2023, los conductores del parque móvil protagonizaron una huelga de dos días, en la que participó alrededor del 90 % de la plantilla. Según relatan, fue la primera huelga completa llevada a cabo por funcionarios de la Comunidad Autónoma en los últimos 25 años. “Nadie ha hecho huelga. Han hecho paros parciales, cosas de horas, pero huelga como tal, solo nosotros”, explican.

Un sistema de turnos rotatorios tras la huelga

La protesta fue una respuesta directa al desgaste acumulado tras años de sobrecarga laboral, ausencia de regulación y falta de acción institucional. En ese momento, la plantilla había caído a mínimos y muchos trabajadores acumulaban jornadas de hasta quince días consecutivos sin descanso. Como resultado de la huelga, se incorporaron algunos refuerzos y se consiguió establecer, al menos para los chóferes de incidencias, un sistema de turnos rotatorios para que no todos trabajasen fines de semana. También se anunció la creación de un grupo de trabajo sectorial para revisar las condiciones laborales del servicio. Sin embargo, más de dos años después, ese grupo nunca ha sido convocado.

La relación con los órganos de decisión, especialmente con la Consejería de Hacienda, es prácticamente inexistente. “Función Pública no quiere saber nada”, lamentan. Según relatan, hay decisiones que no dependen siquiera de la propia Consejería, sino de escalones intermedios que, simplemente, no responden a llamadas ni correos. “No quieren ni coger el teléfono”, resumen.

La situación genera una sensación de abandono entre los trabajadores. “Nos dicen que la Administración no puede pagar horas extra. Pero tampoco nos compensan el exceso. Entonces, ¿qué hacemos?”, se preguntan. Cuentan que incluso han consultado a abogados laboralistas, y que estos, tras revisar la documentación, no han sabido cómo interpretar el sistema de cómputo horario que se les aplica.

Régimen jurídico de 1994

El régimen jurídico que regula la jornada especial de los conductores del Parque Móvil de la Comunidad Autónoma de Murcia se remonta a la Orden de 14 de noviembre de 1994, emitida por la entonces Consejería de Hacienda y Administración Pública. Esa norma estableció un sistema de disponibilidad denominado “horas de presencia”, aplicable a este colectivo. Aunque ha sido objeto de adaptaciones puntuales, esa orden sigue constituyendo hoy la base legal de su marco laboral.

Más recientemente, en mayo de 2023, la Mesa General de Negociación de la CARM aprobó un acuerdo marco para la implantación de la jornada de 35 horas semanales, con entrada en vigor progresiva. Este acuerdo fue desarrollado mediante una orden autonómica en diciembre de 2023, que permite adaptar las jornadas especiales –como la de los conductores– al nuevo cómputo anual. Sin embargo, los trabajadores se quejan de que dicha adaptación no ha supuesto mejoras efectivas: ni se ha actualizado el sistema de compensaciones, ni se han regulado los excesos horarios, que continúan sin abonarse de forma proporcional.

L’Agència Valenciana Antifrau vol continuar amb la investigació oberta a l’Ajuntament de Benidorm pel pagament presumptament desorbitat d’hores extra a un policia local, en concret al marit de la portaveu del PP i regidora d’Urbanisme, Lourdes Caselles. Els funcionaris de l’entitat que dirigeix Eduardo Beut han tombat un recurs del consistori que dirigeix Toni Pérez perquè s’arxivara la investigació per haver caducat. A més, Antifrau ha sol·licitat gran quantitat d’informació al consistori per a saber si el cobrament dels més de 7.000 euros per part de l’agent en hores extres el 2021 i el 2022 s’hauria fet de manera regular. 

Els funcionaris de l’Agència Antifrau, que estan més d’un any amb la investigació, han delimitat les perquisicions als anys 2021 i 2022, ja que els exercicis 2019 i 2020 estarien prescrits. En aquests dos anys, el policia va cobrar al voltant de 8.000 euros més en hores extres, muntant que ja no és fruit de la investigació i que sí que estava present en la denúncia inicial. Les retribucions extraordinàries van ser abonades per la junta de govern local, en què està present Caselles, encara que fonts del consistori van explicar a elDiario.es que la regidora del Partit Popular es va absentar de les votacions per no incórrer en una irregularitat.  

Els funcionaris d’Antifrau han sol·licitat a l’Ajuntament un informe extret de l’aplicatiu de nòmines anual amb desglossament mensual i detall per conceptes retributius percebuts per l’agent en els exercicis 2021 i 2022. També un informe de responsable d’RH explicatiu del nombre d’hores brutes que figuren en el llistat de control horari del mes d’agost del 2021. Un altre informe de les hores setmanals fetes per la policia local en els anys investigats i un altre informe de Recursos Humans sobre l’agent i la seua jornada ordinària efectivament feta, hores extraordinàries i hores de serveis de borsa. 

A més, des d’Antifrau també reclamen certificats del secretari de l’Ajuntament de Benidorm sobre l’acord del consistori per a regular la faena dels policies locals i un altre de l’interventor amb les hores extres reconegudes el 2021 i el 2022. Els funcionaris de l’Agència donen 20 dies hàbils al consistori per a contestar el requeriment. 

Investigació al germà de l’alcalde arxivada per Antifrau 

L’Agència Antifrau també va requerir documentació, en aquest cas, sobre el germà de l’alcalde, Isidro Pérez. Els funcionaris de l’Agència van investigar el pagament de 23.027 euros per serveis de papereria, material informàtic per a biblioteques o material escolar a través d’un bo d’ajudes, segons la documentació en poder d’elDiario.es. Antifrau conclou després d’haver acarat la informació, que els pagaments i les faenes van ser regulars i, per tant, ha arxivat la investigació que tenia oberta. 

La Agencia Valenciana Antifraude quiere seguir con la investigación abierta al Ayuntamiento de Benidorm por el pago presuntamente desorbitado de horas extra a un policía local, en concreto al marido de la portavoz del PP y concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles. Los funcionarios de la entidad que dirige Eduardo Beut han tumbado un recurso del consistorio que dirige Toni Pérez para que se archivara la investigación por haber caducado. Además, Antifraude ha solicitado gran cantidad de información al consistorio para saber si el cobro de los más de 7.000 euros por parte del agente en horas extra en 2021 y 2022 se habría hecho de manera regular.

Los funcionarios de la Agencia Antifraude, que llevan más de un año con la investigación, han acotado las pesquisas a los años 2021 y 2022, ya que los ejercicios 2019 y 2020 estarían prescritos. En estos dos años, el policía cobró alrededor de 8.000 euros más en horas extra, montante que ya no es fruto de la investigación y que sí que estaba presente en la denuncia inicial. Las retribuciones extraordinarias fueron abonadas por la Junta de Gobierno Local donde está presente Caselles, aunque fuentes del consistorio explicaron a elDiario.es que la regidora del Partido Popular se ausentó de las votaciones para no incurrir en una irregularidad.

Los funcionarios de Antifraude han solicitado al ayuntamiento un informe extraído del aplicativo de nóminas anual con desglose mensual y detalle por conceptos retributivos percibidos por el agente en los ejercicios 2021 y 2022. También un informe de responsable de RRHH explicativo del número de horas brutas que aparecen en el listado de control horario del mes de agosto de 2021. Otro informe de las horas semanales realizadas por la policía local en los años investigados y otro informe de Recursos Humanos sobre el agente y su jornada ordinaria efectivamente realizada, horas extraordinarias y horas de servicios de bolsa.

Además, desde Antifraude también reclaman certificados del secretario del Ayuntamiento de Benidorm sobre el acuerdo del consistorio para regular el trabajo de los policías locales y otro del interventor con las horas extra reconocidas en 2021 y 2022. Los funcionarios de la agencia dan 20 días hábiles al consistorio para contestar al requerimiento.

Investigación al hermano del alcalde archivada por Antifraude

La Agencia Antifraude también requirió documentación en este caso sobre el hermano del alcalde, Isidro Pérez. Los funcionarios de la agencia investigaron el pago de 23.027 euros por servicios de papelería, material informático para bibliotecas o material escolar a través de un bono de ayudas, según la documentación en poder de elDiario.es. Antifraude concluye tras haber cotejado la información, que los pagos y los trabajos fueron regulares y, por tanto, ha archivado la investigación que tenía abierta.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Nosotros estamos lamentando la pérdida de una persona ejemplar como José Mujica. Sus discursos sobre lo tóxico del materialismo capitalista, la lucha por la justicia social y el cuidado del medio ambiente deberían ser recordados y enseñados en las escuelas.

Mujica era un gran defensor de lo público. Las instituciones públicas son fundamentales para crear sociedades menos desiguales y menos precarias para los que menos tienen. Aquí juegan un papel fundamental los organismos reguladores, una salvaguarda para que las empresas no conviertan a la sociedad en el salvaje oeste donde siempre saldrían perjudicados los consumidores. Pero, ¿qué pasa si los reguladores no funcionan adecuadamente?

Pues que tenemos sistemas débiles que no protegen a los ciudadanos. A falta de saber cuáles han sido las causas del gran apagón, que llevo a al país al cero absoluto, lo que parece claro es que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que debía velar por el buen funcionamiento del mercado, no ha hecho los deberes. 

De momento sabemos que la CNMC analiza desde 2021 cambiar una norma “obsoleta” para que las renovables den “estabilidad” a la red. Red Eléctrica lo pidió en 2021 y tras dos pruebas piloto que revelaron “fuertes impactos económicos” cerró en diciembre una consulta para actualizar un “servicio de control de tensión” en el sistema peninsular. En la búsqueda de una causa sobre el apagón se ha resaltado que las renovables no tengan sistemas de estabilidad de la red. Según la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, la UE les obligó a lanzar un “proyecto piloto”.

Por otro lado, Competencia reconoció en julio de 2022 “problemas continuos de control de tensión” en la red eléctrica peninsular. Lo hizo un año después de que REE le pidiera cambiar una norma para abordar este problema. 

Hay que recordar que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, explicó que el comité que investiga las causas del histórico apagón del pasado 28 de abril analiza “desconexiones que pueden ser por sobretensión como elemento desencadenante de la caída en cascada”. Este miércoles en el Congreso, Aagesen ha argumentado que las pérdidas de generación previas al histórico apagón del pasado 28 de abril “empezaron en Granada, Badajoz y Sevilla”.

Hay que recordar que la CNMC ha estado en una situación de interinidad hasta hace relativamente poco. En enero por fin se llegó a un acuerdo en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso por el que se conseguía la renovación del organismo regulador que tenía dos consejeros con el mandato vencido desde 2023 y había tres puestos vacantes.

Un organismo como la CNMC, que vela por la libre competencia y regula los mercados, especialmente uno tan complejo y con tantos intereses como el energético, no puede estar en una situación tan precaria durante tanto tiempo. Para que una sociedad sea libre es necesario que estas instituciones públicas sean sólidas y solventes para asegurar que se cumplen las reglas del juego en la economía de mercado. Si no mantenemos con salud a los reguladores, el sistema enfermará. El apagón es un síntoma. 

El dato

167.700 temporales y fijos discontinuos fraudulentos

se han convertido en indefinidos tras la intervención de la Inspección de Trabajo en el año 2024. Se trata de un 18% más que en 2023. Es parte de la estrategia que el Ministerio de Trabajo inició en 2018 con el envío masivo de cartas “informativas” a empresas, que ha intensificado en los últimos años con buenos resultados desde la primera fase. En 2022, primer año de aplicación de la reforma laboral y cuando empezó a desplomarse por primera vez el uso del contrato temporal, el dato fue mucho más elevado: 257.124 contratos convertidos en indefinidos. La Inspección de Trabajo acaba de lanzar una nueva campaña contra este fraude en la contratación, el primer Plan de Choque de 2025, que alcanza a más de 30.000 empresas y alrededor de 54.000 puestos de trabajo. En este enlace te explicamos que la Inspección de Trabajo convirtió en indefinidos a 167.700 temporales y fijos discontinuos fraudulentos en 2024.

El gráfico

 Se van dando pasos pero lentamente. Aquí tenemos una de las razones por las que es tan necesaria la Ley de la reducción de la jornada laboral. La norma contempla cambios en el registro horario con el objetivo de aumentar los controles y garantizar que se cumplen las jornadas de los trabajadores. Hay 2,6 millones de motivos, que son las horas extra no remuneradas a la semana. El fraude de las horas extraordinarias no pagadas alcanza a unas 400.000 empleados, sin que haya habido cambios en el número de los afectados en la última década. Aquí te contamos que pese a que las horas extra pagadas aumentan, el abuso de trabajar gratis afecta aún a 400.000 empleados.  

 Estas mejoras en el mercado de trabajo, tanto en la reducción del fraude de la temporalidad como el incremento de las horas extra pagadas tiene un impacto directo en el incremento de la renta real de las familias. No es que esté todo arreglado porque todavía se podría mejorar más el nivel salarial de los españoles, pero se están dando pasos. Los ingresos disponibles de los hogares de nuestro país, tras descontar la inflación y los impuestos, se han incrementado y superan en cinco puntos los niveles previos a la crisis de inflación. Alemania o en Francia han progresado menos de la mitad mientras que Italia se ha estancado. Aquí te explicamos cómo la OCDE constata una destacada recuperación de los ingresos de los hogares en España desde 2022 por el récord de creación de puestos de trabajo.  

Entrepreneur

Nuestro entrepreneur de la semana ya ha tenido cierto protagonismo en las informaciones de elDiario.es. Se trata de César Blanco, miembro de la junta directiva de la CEOE y ex dirigente del PP de Ourense del polémico José Manuel Baltar. Sus empresas se han adjudicado cerca de cien millones de euros en subvenciones públicas y contratos de diferentes Administraciones con una firma en Panamá. Este país está en la lista negra de guaridas fiscales de la UE. Ahora la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) investiga los contratos adjudicados por la patronal a dos sociedades del empresario gallego. Aquí te contamos cómo Hacienda ha puesto en su punto de mira los contratos de la CEOE con un miembro de su directiva y exdirigente del PP gallego.

Cada vez que habla sube el pan

La respuesta política más adecuada a los posibles riesgos para la estabilidad de precios derivados de la expansión fiscal y el proteccionismo es mantener la firmeza y los tipos de interés cerca de sus niveles actuales, es decir, firmemente en territorio neutral

Isabel Schnabel — Representante de Alemania en el BCE

Alemania sigue con su plan para seguir ahogando a las familias y las empresas con altos tipos de interés. Su responsable en el Banco Central Europeo (BCE), Isabel Schnable, es una de las halcones más duras que insiste en mantener una política monetaria restringida. De hecho, su posición sobre el territorio neutral de los tipos de interés choca con la posición de la presidenta del BCE. Mientas que Christine Lagarde sitúa este nivel de equilibrio entre el 1,75% y el 2,5%, Schnabel amplía el rango del 1,5% al 3%. La responsable de Alemania trata de evitar en cada reunión que se bajen los tipos, aunque la hoja de ruta del BCE incluye nuevas bajadas de los tipos hasta el 1,75% ante la expectativa de que la inflación caiga por debajo del objetivo teórico del 2% interanual en 2026. Aquí te explicamos cómo el BCE prepara dos recortes más de los tipos de interés este año hasta dejarlos por debajo del 2%.

Bien Público

En plena ola racista y xenófoba los datos defienden la necesidad de los inmigrantes para el crecimiento de las economías europeas. Por mucho que los ultras se empeñen los inmigrantes hacen falta como mano de obra en la Unión Europea. Un informe del Banco Central Europeo apunta que “el aumento de sus tasas de empleo [de los extranjeros], junto con el aumento de la migración, ha impulsado significativamente el PIB real” de los países europeos. La contribución de los inmigrantes al crecimiento del PIB es especialmente importante en España, la gran economía de la eurozona que más ha avanzado desde 2019 y donde el mercado laboral está estableciendo un récord tras otro de personas afiliadas a la Seguridad Social, hasta superar los 21,5 millones en abril. Es relevante ya que se vuelve a demostrar que la llegada de inmigrantes no se traduce en menos empleo, sino lo contrario. No roban puestos de trabajo, crean riqueza. Más información sobre cómo  la inmigración impulsa el crecimiento del PIB europeo, sobre todo en España, en este reportaje de Daniel Yebra. 

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Llegamos al final del boletín. Nos vamos recordando las enseñanzas de José Mujica: “La economía globalizada no tiene otra conducción que el interés privado de muy pocos” o “hemos nacido sólo para consumir y consumir y cuando no podemos, cargamos con la frustración, la pobreza y hasta la autoexclusión”. Volveremos el próximo jueves con más noticias y análisis económicos. Hasta entonces tienes toda la información en elDiario.es y nos puedes escribir con tus propuestas o ideas a contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!

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Esta semana, el Gobierno ha mandado al Parlamento una de sus leyes estrella: la reducción de la jornada laboral. La norma también contempla cambios muy relevantes en el registro horario, con la lógica de aumentar los controles y garantizar que se cumplen las jornadas de los trabajadores. Entre otros abusos, trata de combatir el fraude de las horas extraordinarias no pagadas, que alcanza a unas 400.000 personas asalariadas de manera bastante estable desde hace una década. Aunque están aumentando las horas pagadas, las ilegales retroceden muy poco, con un total de 2,6 millones de horas extra no remuneradas a la semana, mientras ha aumentado el número de trabajadores.

En España, un 5,1% de las personas asalariadas dicen realizar horas extraordinarias, según la Encuesta de Población Activa (EPA). De ellas, algo menos de la mitad, un 2,5%, unas 400.000 personas, responden que las realizan gratis: la empresa no las paga ni compensa en descanso, como marca la ley. En número de horas extra realizadas, los asalariados echan en total 5,9 millones de horas extraordinarias a la semana, de las que casi la mitad (44%), las mencionadas 2,6 millones de horas a la semana, no se remuneran.

El gráfico muestra la evolución del número de horas extra realizadas en España, con un progresivo aumento de las horas extra pagadas desde el inicio de la recuperación económica tras la crisis financiera, a partir de 2014, temporalmente interrumpida con la pandemia. Las horas extra ilegales, por su parte, aumentaron durante la Gran Recesión y, aunque comenzaron a descender con la recuperación, desde 2018-2019 lo hacen muy lentamente, a pesar de que en 2019 se aprobó una norma expresamente para evitar los abusos horarios: el registro de la jornada laboral diaria, que ahora se pretende reforzar.

El gráfico ilustra una media móvil de horas extra que tiene en cuenta los datos de los dos últimos años, para mostrar resultados más robustos y evitar los vaivenes propios de la estacionalidad y el calendario a partir de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de cada trimestre. Por ejemplo, el último dato que muestra la media, de 2,61 millones de horas no pagadas, es la media realizada en los dos últimos años. Los puntos del gráfico aportan los datos absolutos de la EPA de cada trimestre. Los datos son brutos, no relativos, por lo que hay que contextualizarlos en un mercado laboral con más trabajadores.

Además, hay que tener en cuenta que las cifras anteriores son conservadoras ya que solo contabilizan el tiempo que los trabajadores identifican explícitamente como horas extra, pero no, por ejemplo, las horas que se hacen por costumbre fuera del horario laboral. Según datos de CCOO, “más de 1 millón de personas asalariadas a jornada completa trabaja habitualmente más horas de las que tiene pactada en contrato”.

“Las horas extra no pagadas no han desaparecido. Antes de que entrase en vigor el registro de jornada, ya estaban en estos niveles unos 2,7 millones, no se ve un cambio de tendencia claro como sí ha ocurrido con la temporalidad tras la reforma laboral”, considera Luiz Zarapuz, economista del gabinete económico de Comisiones Obreras. “Obviamente, el registro de jornada no ha funcionado”, afirma Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, que considera “necesario que la ley de reducción de la jornada contenga un registro de jornada honesto, para las personas trabajadoras y las empresas contra la competencia desleal”,

El gabinete de estudios de CCOO calcula que los trabajadores que realizan horas extra no pagadas trabajan de media “6,3 horas” extras gratis a la semana, “lo que le supone que deja de percibir de media 141 euros a la semana de coste laboral (salarios y cotizaciones)”, de los que “los empleadores se apropian”, advierte el sindicato, mermando los ingresos de sus empleados y también de las arcas públicas, en impuestos y cotizaciones sociales. En UGT estiman en “2.600 millones de euros al año en salarios” que los trabajadores dejan de recibir, “que las empresas están hurtando a sus trabajadores por las horas trabajadas”, destaca Fernando Luján.

Zarapuz destaca también otra lectura del abuso de las horas extra: la merma de contratación de otras personas que podrían ocuparse del excedente de actividad. En CCOO apuestan, incluso respecto a las horas extra pagadas, por un mercado laboral que no se apoye tanto en estos excesos de jornada (que deberían ser, como su nombre indica, extraordinarios) y que las empresas refuercen sus plantillas. El gabinete de estudios estima que el volumen de horas extra trabajadas equivaldría a crear unos 180.000 empleos a jornada completa.

Con mirada de género, las horas extraordinarias acrecientan varias desigualdades. Explican en parte la brecha salarial entre hombres y mujeres, aunque esta se alimente mucho más de otros elementos (como los complementos salariales). Sin embargo, hay varios datos clave: entre los hombres, hay más trabajadores realizando horas pagadas (54%) que gratis, mientras que en las mujeres son una minoría (43%) las que las cobran. En número de horas, ellos realizan más horas extra pagadas y además el descenso de las no pagadas de los últimos años es mayor entre los asalariados que entre las empleadas. “Es muestra de una evidente discriminación de género”, considera Luján.

Esta brecha se explica por varias desigualdades, como a nivel ocupacional, con sectores masculinizadas como la construcción y la industria que remuneran más las horas extra que otras actividades feminizadas, como el comercio. Además, la realización mayoritaria de horas extra por parte de hombres también les resta tiempo en favor de los cuidados familiares y la corresponsabilidad en el hogar, por ejemplo, que suelen recaer en manos de las mujeres.

Empuje de las horas extra pagadas por los indefinidos

Aunque las horas extra ilegales estén algo estancadas, las pagadas sí están aumentando y se está ampliando la brecha entre ambas. ¿Por qué? Luis Zarapuz explica que, cuando se observa la serie histórica, se constata que las horas extra no pagadas aumentan en momentos de crisis, pero que en la recuperación no descienden tanto, “tienen una salud de hierro” y “no bajan de las 2,5 millones de horas a la semana”. En cambio, las horas extra pagadas sí aumentan y disminuyen más según el ciclo económico.

Zarapuz explica que las horas extraordinarias remuneradas aumentan en momentos de bonanza económica por varios motivos. Por un lado, hay más trabajadores, hay más actividad y, por otro, los empleados tienen más capacidad de exigir que se les remuneren estas horas cuando tienen más opciones de empleo (y el contexto no es de crisis o altas tasas de paro, cuando proliferan más los abusos).

La EPA refleja además una particularidad en el aumento de las horas pagadas en los últimos años: se deben más a los contratos indefinidos, que han aumentado mucho a raíz de la reforma laboral. Si bien este incremento de trabajadores más estables podría reflejar un alza de las horas extra totales realizadas por este colectivo, pagadas y no pagadas, solo sucede con las remuneradas, como muestra el anterior gráfico.

Luiz Zarapuz considera que este resultado puede reflejar que “los trabajadores indefinidos estén más en disposición de ejercer sus derechos que los temporales”. Coincide Fernando Luján, que destaca que “cuando las personas trabajadoras tienen más derechos, están más protegidas y tienen más presencia sindical, se recupera el carácter voluntario de las horas extraordinarias y la gente no las hace si no se les paga”.

Por sectores, hay algunas particularidades. Tradicionalmente, sectores con más tradición sindical, como la industria y la construcción, se han inclinado por las horas extra pagadas, mientras que otros con menor fuerza de las plantillas, como el comercio y la hostelería, han tenido mucho más abuso de las horas ilegales. Por otro lado, hay otro perfil de “cuello blanco” o de profesional liberal que también ha extendido muchas su jornada de forma gratuita, sin remuneración alguna, como ocurre en la banca, la comunicación y la ciencia, entre otros.

En cuanto a los últimos años, destaca la evolución en la educación, un sector en el que predomina, a mucha distancia, la realización de horas extra no pagadas, que suelen plasmar el trabajo en casa de miles de profesores y profesoras, pero que a partir de la pandemia se dispararon mucho más. Aunque se han reducido algo después, se mantienen en niveles mucho más altos que antes de la COVID. “Pasamos de unas 270.000 horas extras no pagadas a la semana a unas 450.000”, subrayan en CCOO.

A falta de un análisis sobre las causas, la pandemia supuso para muchos colegios e institutos un antes y un después en digitalización, con el inicio del uso de portales web y una mayor comunicación con las familias a través de plataformas y correo electrónico. “Podría haber un tema de desconexión digital, de aumento de tareas, pero habría que analizarlo”, dice con cautela Zarapuz, que cree interesante analizar si estos excesos de jornada se dan en centros públicos o privados.

El transporte también destaca por un gran auge de las horas extra realizadas, sobre todo pagadas, pero también de las no remuneradas. En CCOO consideran que en este sector puede haber “tensiones” de empleo, ante el aumento de su actividad y en ocasiones la falta de trabajadores con las actuales condiciones que ofrecen las empresas. Esto parece estar llevando a una sobrecarga en horas extra de los trabajadores existentes, en un sector que también está cambiando en los últimos años, con un aumento de nuevos perfiles de transportistas de mercancías (repartidores de comercio online), por ejemplo.

Las Administraciones Públicas también sobresalen por un gran aumento de las horas extra pagadas, que en CCOO vinculan a las “estrecheces de personal” y la necesidad de atender ciertas tareas ineludibles. Un reflejo de que los procesos de contratación no están mostrando la capacidad “de captar el suficiente personal y talento al ritmo que lo necesita” la Administración, indica Zarapuz.

Los sectores que más abusan: financiero, educación y científicos

La imagen final de los sectores que más abusan de las horas extra gratis de sus trabajadores son: las actividades financieras y de seguros, la educación y las actividades científicas y técnicas. “Es algo inaceptable desde todas las perspectivas”, denuncian en UGT, que consideran que no solo es ilegal, sino también inmoral al hurtar el tiempo de vida y la remuneración de los empleados por parte de las empresas.

Los sindicatos consideran que es necesario un registro de jornada efectivo, que se demuestre como una herramienta real de control y que haya más vigilancia de estos resultados por parte de la autoridad laboral. En este contexto, el Ministerio de Trabajo destacaba esta semana que el proyecto de ley aprobado “pivota sobre un registro de jornada fiable e interoperable”, con acceso en remoto y tiempo real por parte de la Inspección de Trabajo, “instrumento esencial para garantizar el cumplimiento de la normativa de tiempo de trabajo y, en consecuencia, el derecho al descanso efectivo y a erradicar las horas extraordinarias no ajustadas a derecho”, sostienen en el departamento de Yolanda Díaz.

Por Comunidades Autónomas, en todas prevalecen las horas extra pagadas sobre las no pagadas, aunque Madrid acaba de alcanzar este resultado, con datos muy elevados de horas ilegales, y en Euskadi han pasado a liderar las horas no pagadas. En general, la tendencia es bastante similar, de aumento de las horas extra remuneradas en los últimos años y de ampliación de la brecha con las no pagadas, una situación que destaca especialmente en regiones como Canarias y Navarra, con un importante descenso de las horas ilegales.

La Agencia Valenciana Antifraude está investigando al Ayuntamiento de Benidorm por el pago de horas extra a un policía local, en concreto al marido de la portavoz del PP y concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles. Los investigadores han requerido al consistorio que certificara las horas de más que percibió en el salario el agente y que, entre 2019 y 2022, supusieron un incremento en los ingresos del policía de 15.200 euros. Las retribuciones extraordinarias fueron abonadas por la Junta de Gobierno Local donde está presente Caselles, aunque fuentes del consistorio han explicado a elDiario.es que la regidora del Partido Popular se ausentó de las votaciones para no incurrir en una irregularidad.

El agente, que durante esos años percibió las retribuciones por operativos especiales, realizó en cuatro años 564 horas de más de las que estipula su contrato y eso que aparte cobraba por los operativos especiales que montaba la policía local, como son en casos de fiestas municipales o festivales de música.

Según la información de la que dispone la Agencia Antifraude a la que ha tenido acceso elDiario.es, el policía local percibió 5.607 euros en horas extra por 155 horas trabajadas de más. En 2020, año del Covid y de cierre total del municipio, el agente percibió 2.552 euros por 74 horas extra. En 2021, las horas de más percibidas fueron 250,8 por las que percibió 5.199 euros y en 2022 los ingresos extraordinarios por horas extra fueron 2001 euros por 97,5 horas de más.

La Agencia Valenciana Antifraude, que lleva más de un año con las pesquisas tras una denuncia externa, ha solicitado más información al ayuntamiento que ya ha sido presentada. Entre la información requerida, se encuentra la petición de los trabajos realizados fuera de la jornada por parte del agente y si las horas extra fueron diurnas, nocturnas o en festivo, porque su precio es mayor según la característica. Los investigadores también han requerido las nóminas en las que se incluyó el pago de las horas extra y el informe de fiscalización de la intervención emitido en el expediente de nómina correspondiente a su inclusión.

La Agencia también ha requerido al Ayuntamiento de Benidorm la copia de la normativa reguladora propia municipal aplicable al personal sobre la posibilidad de cobro de gratificaciones por servicios fuera de la jornada. En este sentido, cabe recordar que los agentes suelen percibir gratificaciones extraordinarias cuando participan de operativos policiales especiales y que también perciben un complemento de productividad.

Pagos del ayuntamiento al hermano del alcalde

En esta misma investigación que parte de la misma denuncia, la Agencia Valenciana Antifraude también ha requerido documentación sobre los pagos a Isidro Pérez, hermano del alcalde de Benidorm, Toni Pérez. En este caso, los investigadores han requerido información al consistorio sobre los abonos que se realizaron entre 2020 y 2023.

El montante de los pagos alcanzó los 23.027 euros por servicios de papelería, material informático para bibliotecas o material escolar a través de un bono de ayudas, según la documentación en poder de elDiario.es.

La Ertzaintza ha tenido que duplicar en cuatro años la inversión en horas extraordinarias. Hasta comienzos de diciembre de 2024 había abonado a la plantilla 7,5 millones de euros por gratificaciones en sus diferentes modalidades, también nocturnas o de festivos. Fueron 3,6 millones en 2020, 4,7 en 2021, 5,7 en 2022 y 6,6 en 2023. Medido en tiempo, las horas de refuerzo —a falta del cierre del año— habían sido 364.328,78 frente a 179.305,01 del año de referencia. En 2021, 2022 y 2023 no se había sobrepasado la barrera de las 300.000.

La otra cara de la moneda es que la plantilla actual de la Policía vasca es de exactamente 7.332 efectivos, un 8,35% menos que los 8.000 agentes acordados entre los Gobiernos central y vasco hace ya más de dos décadas, en 2004, y que apenas se han cumplido en un momento muy concreto en 2011. Como contexto, eran alrededor de 7.700 al inicio de 2024, según otros datos oficiales, y la media en las últimos años ha sido de unos 7.500 merced a las sucesivas promociones de Arkaute que han ido compensando las jubilaciones.

Los datos sobre las gratificaciones figuran en documentación remitida al Parlamento Vasco por parte del consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, a instancias de la representante del PP Ainhoa Domaica. El informe muestra que se han disparado las cuatro categorías de compensaciones económicas, las ordinarias, las nocturnas, las festivas y las nocturnas de festivo, tanto en tiempo como en dinero. Siempre comparando los datos de 2020 con los de 2024, las primeras han pasado —en números redondos— de 1,4 a 2,7 millones, las segundas de 0,5 a 1,1, las terceras de 1,2 a 2,6 y las cuartas de 0,4 a 0,9.

Sergio Gómez de Segura, secretario general del principal sindicato de la Ertzaintza, Erne, tiene claro que la explicación del incremento de las horas extraordinarias tiene relación directa con la escasez de personal. “Evidentemente somos un servicio público y habrá días en que tengamos que quedarnos más. Pero esto es ya algo estructural. Es un menoscabo a los descansos de la gente. Habrá personas a las que les vendrá bien el dinero, pero hay que completar la plantilla ya”, demanda.

El dirigente de Erne agrega una reflexión: “Al Departamento [de Seguridad] le sale mucho más barato tener 700 menos en plantilla y pagar las extra. En números, si multiplicamos el 10T de 40.000 euros por los 700 que nos faltan, más o menos nos saldrían 28 millones de ahorro. Aunque se gasten algo más de 8 millones en horas en 2024, ya que falta el final del año y la cifra final subirá, la realidad es que hay un ahorro de 20 millones que no se reinvierte en la Ertzaintza. Al menos, si no es en sueldos, esto se debería repercutir en materiales y mejoras”. Para Gómez de Segura, la Ertzaintza busca “mano de obra barata”, más en comparación con los cuerpos locales que operan en Euskadi.

Fuentes de Euspel agregan que en estos datos no se tienen en cuenta las prolongaciones de jornada que se compensan con descanso y que después repercuten en “más falta de personal cuando esas horas generadas se disfrutan”. Y remarcan que hay ya agentes con 1.100 horas extraordinarias cuando la jornada ordinaria no supera las 1.600. Entienden igualmente que hay “llamamientos masivos” abusivos a “no voluntarios” sin que se respeten el tope de jornadas consecutivas o las horas de descanso entre turnos. Hay un “incumplimiento del decreto de condiciones de trabajo” y no hay “ningún tipo de repercusión” hacia los incumplidores.

El problema de la plantilla de la Ertzaintza tiene largo recorrido. Con las jubilaciones en oleada de los integrantes de las primeras promociones, ha sido imposible disponer de los 8.000 efectivos comprometidos. Fue el anterior titular de Seguridad, Josu Erkoreka, el que dio el dato de que la plantilla media desde 2004 había rondado siempre los 7.500. Apenas hubo un momento hace ya tres lustros en que se alcanzaron —e incluso superaron ligeramente— los 8.000. Era la etapa del socialista Rodolfo Ares. El consejero Zupiria ha comprometido que esta legislatura, que acabará en 2028, sí se volverá a recuperar esa cifra que para algunos sindicatos ya es incluso insuficiente ante los datos de criminalidad que manejan. De momento, ya es público que la próxima convocatoria de Arkaute tendrá 525 plazas.

El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que los registros de la jornada de las empresas deben recoger datos suficientes, como la identidad o el lugar de trabajo del empleado, para que el comité de empresa pueda ejercer su labor de control de forma efectiva y detectar con detalle abusos o incumplimientos. Los jueces de lo Social declaran firme la sentencia de la Audiencia Nacional que, en el caso del BBVA, avaló que esta información formara parte del registro de jornada y eliminó el requisito de que las horas extra fueran autorizadas posteriormente por un superior, aunque este último aspecto no fue recurrido ante el Supremo ni por el banco ni por los sindicatos.

El pleito arrancó en la Audiencia Nacional cuando el sindicato CGT denunció que el sistema de registro de jornada del banco incumplía el Convenio de banca, los acuerdos e incluso el Estatuto de los Trabajadores. Solicitaban que la información del registro de jornada fuerza trazable, que también plasmara las pausas de trabajo no efectivo, que las horas extra no estuvieran sujetas a la autorización posterior de un superior y que, finalmente, el registro incluyera datos como la identidad y el lugar del trabajo del empleado.

El sindicato CGT denunciaba que el registro de jornada impedía, en la práctica, que los trabajadores del BBVA solicitaran la aprobación de horas extraordinarias. Solo en noviembre de 2021, según la demanda, los trabajadores del banco hicieron 263.000 horas extras y que solo se ha solicitado computar un 1,65%. “No es objetivo ni fiable”, denunció el sindicato, y no tener acceso a los datos de los trabajadores impedía detectar abusos o irregularidades.

La Audiencia Nacional, en una sentencia que ahora ha confirmado el Supremo, estimó dos de las reclamaciones del sindicato. Por un lado obligó al BBVA a eliminar el requisito de que las horas extra, para ser considerada como tales, tuvieran que ser aprobadas a posteriori por un superior. Eso, según los jueces, restaba “credibilidad” al registro de jornada. Esa primera sentencia también obligó al banco a registrar datos como la identidad y la provincia y población de cada trabajador. No facilitar esos datos al comité de empresa, dijo la Audiencia Nacional, limitaban las “funciones de vigilancia y control” de la representación de los trabajadores.

El caso llegó al Supremo después de que tanto el sindicato como el BBVA recurrieran. El banco no cuestionó la parte de la sentencia que prohibió someter la autorización de las horas extra a posteriori por parte de un superior, pero sí la obligación de aportar datos como el nombre y los apellidos de cada trabajador en el registro al comité de empresa. Los jueces, en la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, explican que incluir estos detalles no incumple la normativa de protección de datos y recuerdan también el deber del comité de no usarlos para nada que no sea controlar las jornadas laborales de los empleados.

“Cumple con los criterios de cesión de datos personales pertinentes, mínimos proporcionados y necesarios para el cumplimiento de la función legal de la representación legal de los trabajadores, en su cometido de vigilancia y control de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo”, explica el Supremo. El banco se había opuesto hasta la fecha alegando que dar estos detalles infringía la normativa y vulneraba la intimidad de los trabajadores. La Sala también rechaza el intento de la entidad de modificar los hechos probados sobre cómo controla los excesos de jornada de sus trabajadores.

Los jueces también rechazan el recurso en el que el sindicato pedía al Supremo que fuera más allá que la Audiencia Nacional y exigiera al banco entregar información “trazable”. Para el Supremo, el sistema del banco para registrar las jornadas laborales “cumple con los requisitos exigidos de trazabilidad, objetividad y fiabilidad”. En contacto con elDiario.es, el BBVA se ha limitado a señalar que “en el banco se está analizando el contenido y alcance de la resolución del Tribunal Supremo” pero que en cualquier caso “acatará las decisiones de los tribunales sobre este asunto”.

La Audiencia Nacional recordó en este caso que en el último lustro ha dictado media docena de sentencias que han considerado legal, por ejemplo, que la pausas para el café o el cigarro no computen como tiempo de trabajo efectivo, que las empresas tuvieran que autorizar las horas extra o que un registro de jornada no será fiable si se limita a que el trabajador firme una hoja al entrar y salir de la oficina.

El secretario general de CCOO, Paco de la Rosa, ha avanzado que el sindicato regional se alineará con las movilizaciones propuestas a nivel federal para reclamar una negociación que desemboque en la reducción de la jornada laboral; asegurando que con la cantidad de horas extras no pagadas que los trabajadores castellanomanchegos realizan a lo largo de una semana se podrían realizar hasta 7.000 contrataciones.

En el transcurso de un desayuno informativo ofrecido en la Feria de Albacete, De la Rosa ha lamentado las trabas de la patronal para que esta negociación avance, indicando que “parece poco entendible e incomprensible” que la parte empresarial defienda “argumentos de la revolución industrial”.

La reducción de jornada, a su juicio, no solo conseguiría una mayor productividad de los trabajadores, sino que además podrían conciliar mejor con su vida personal. En este punto, ha apelado a todos los partidos políticos con representación parlamentaria para que no se pongan “de perfil” y aclaren “su posición real” al respecto de este tema.

Por todo ello, ha avanzado movilizaciones “en todas las provincias” con un “primer hito” el 26 de septiembre: “Ojalá sea el último, pero sospecho que esto no va a ser algo corto”.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha continuado este viernes afeando a la patronal su postura en torno a la reducción de la jornada laboral. “Esta faceta en la que han entrado los empresarios de situarse en esta idea de martirio, de qué mal nos tratan, se la podrían aplicar si pagaran las horas extraordinarias”, ha señalado a los medios de comunicación en el marco de los Cursos de Verano de El Escorial.

El miércoles, Álvarez ya había respondido al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que había estimado que reducir la jornada laboral máxima a 37,5 horas a la semana “equivale a regalar 12 días de vacaciones pagadas por la empresa”. El líder sindical señaló entonces que, según sus cálculo, eran 16 para aquellas personas trabajadoras que ahora estén en 40 horas. Esta jornada ha afinado la cuenta y ha señalado que, de media, son 7 días, porque el promedio semanal está ya en 38,3 horas y ha recordado que “el sector privado tiene casi un millón de trabajadores y trabajadoras” por debajo del compromiso del Gobierno de coalición para 2025.

Álvarez ha preguntado a la patronal que “ya que hablan de regalo, ¿por qué no hablan del regalo que hacen los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país a las empresas en relación a las horas extraordinarias que se realizan gratis, que roban a los trabajadores y trabajadoras?”. “Estamos hablando de en torno a 2.300 millones de euros al año que trabajamos gratis”, ha señalado el secretario general de UGT.

El tema de las horas extraordinarias es recurrente en el transcurso de la negociación para reducir la jornada salarias. Actualmente, el límite máximo está en 80 horas al año y las organizaciones empresariales habían trasladado su preferencia porque se ampliaran, para compensar los efectos de la reducción de horas semanales. Es una postura que desde el Ministerio de Trabajo han rechazado de plano, al considerar que se trataría de una disminución “fake” de la jornada.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha llegado a expresar que “en España hay más de 6 millones de horas extra a la semana y más de 3 millones son irregulares y no retribuidas”. Según la Encuesta de Población Activa, el último trimestre de 2023, los últimos datos disponibles, no se habían pagado 2.489 horas extra cada semana, aunque desde principios de 2021, estas han rondado entre las 2.186 y las 3.272. “Hacemos horas extra por doquier”, lamentó Díaz.

La Inspección de Trabajo detectó en 2023 un total de 14.292 infracciones en la jornada y horas extras, que afectaron a 147.861 personas. En la última reunión con los agentes sociales, este lunes, el ministerio trasladó un nuevo texto en el que propone un agravante para las sanciones por esta causa que pongan en peligro la salud o la vida de los afectados. “Cuando trabajar en exceso pone en peligro la vida, la respuesta tiene que ser lo suficientemente grave como para que sea disuasoria”, indicó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Álvarez se ha pronunciado también sobre la ruptura de Vox con el Partido Popular, algo que ha celebrado como un “primer paso absolutamente necesario desde el punto de vista de higiene democrática”. “Que además sea con una excusa absolutamente indecente, como pretender vetar que los niños que llegan a nuestras cosas tengan una acogida y la posibilidad de vivir en unas condiciones dignas, muestra hasta que punto son unos salvajes y unos indecentes”, ha dicho sobre los de Santiago Abascal.

Para el secretario general de UGT, el movimiento de la extrema derecha responde a la “desesperación” de Vox, tras el fracaso de Le Pen en Francia, la pérdida de influencia de Meloni en Italia y la irrupción de Alvise. No obstante, ha reclamado al Partido Popular que “acabe con las políticas negacionistas” y “al conjunto de las fuerzas políticas que hagan posible que se continúe gobernando”.

Desde su actividad sindical, Álvarez ha adelantado que una de las prioridades de UGT para los próximos meses será empujar por la participación de los trabajadores en las empresas en los consejos de administración. “La democracia se ha quedado a las puertas de las empresas”, ha lamentado.

¡Buenos días!

¿Cómo va la semana? Nosotros en elDiario.es hemos tenido una semana complicada y bastante desagradable. Primero, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, amenazó por escrito a elDiario.es con cerrar este periódico: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Pocos días después, Rodríguez difundió entre varios medios de comunicación el bulo de que “periodistas encapuchados” de elDiario.es intentaron asaltar la casa de Díaz Ayuso y envió los nombres y las fotos de dos periodistas de El País que están investigando la supuesta realización de obras ilegales en el inmueble adquirido por la pareja de Ayuso. El propio Rodríguez ha admitido que propagó la mentira mediante mensajes de WhatsApp. 

Esta es la respuesta que nos está dando el asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid ante las informaciones que estamos publicando sobre los delitos de fraude fiscal y falsedad documental que la Agencia Tributaria atribuye a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, o la vivienda que disfrutan Ayuso y su novio. A pesar de las amenazas y los bulos para tratar de desprestigiarnos vamos a seguir haciendo nuestro trabajo.

La actuación de Miguel Ángel Rodríguez está completamente fuera de lo que es la confrontación política democrática. Un ejemplo de la rivalidad dentro de unos parámetros éticos es la polémica interna que se ha abierto en el Gobierno sobre las consecuencias de la incapacidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2024.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una entrevista con elDiario.es, aseguró que “la legislatura no está en riesgo por la ausencia de Presupuestos” mientras que el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, advirtió de que “es una irresponsabilidad bajar los brazos en un momento de mucho hartazgo ciudadano con la política”. La razón del choque entre Sumar y el PSOE es que sin nuevas cuentas públicas va a ser más dificultoso aprobar algunos de los acuerdos del Gobierno de coalición que iban en los Presupuestos. Aquí te explicamos este nuevo choque entre PSOE y Sumar.

Pero, además, el nuevo ciclo político con tres elecciones por delante (Euskadi en abril, Cataluña en mayo y Europeas en junio) provoca tensiones y tiranteces dentro de la coalición para buscar una diferenciación que tenga réditos electorales.  

Hay alternativas para sacar adelante varias medidas, pero ya se está planteando un contexto de rigidez política que afectará a la luz verde de algunos de los acuerdos de coalición. Por ejemplo, el Ejecutivo tendrá que aprobar medidas vía Real Decreto-ley y los grupos parlamentarios deberán confabularse con enmiendas para que sean convalidados en el Congreso: desde ajustar el IRPF al nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI), elevar el índice de referencia para las ayudas y prestaciones públicas (el IPREM), o subir el sueldo de los funcionarios, entre otros. En esta información te contamos las vías para dar luz verde a los acuerdos del Gobierno de coalición. 

Ahora bien, mientras en España las próximas elecciones complican la gestión de la política económica, los inversores toleran la fragmentación parlamentaria y el accidentado calendario electoral y destacan el crecimiento de nuestro país frente al resto de la eurozona. Aquí te explicamos cómo la economía española convence al mundo financiero pese a la inestabilidad política.

El Gráfico

España es de los países europeos que menos paga por las horas extra, cuando se pagan. Seguramente no te parecerá extraño, pero no tendría que ser así porque nuestro país también es uno de los países de la UE con la legislación más restrictiva respecto al número de horas extra que se pueden realizar al año. “Retribuirla como una hora ordinaria es una anomalía. En el resto de países europeos se abonan al menos, en el caso francés, un 10% por encima. Hay otros que llegan al doble, al 100%. Y la media está entre el 30 y el 50%”, explica el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, a partir de un informe realizado por el sindicato. De los 29 países analizados, solo diez, incluida España, no compensan las horas extra por encima de las ordinarias. Aquí tienes más información sobre la pésima remuneración de las horas extra en España.

El Dato

41,3% de personas

Que viven en zonas con altas tasas de pobreza severa no han solicitado el Ingreso Mínimo Vital (IMV) porque no lo conocen. Esta es una de las conclusiones de un estudio de la red EAPN-España, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El número de hogares que reciben el IMV no ha parado de crecer desde que se aprobó la prestación: en España la reciben 376.000 familias, con una cuantía media de 500 euros, mientras que otras 181.000 acceden al Complemento de Ayuda para la Infancia. Estos datos quedan lejos de la meta original de 850.000 y del 1,1 millones de familias que viven en situación de pobreza extrema. En este enlace tienes mucha más información sobre cómo combatir la pobreza y los obstáculos para recibir el Ingreso Mínimo Vital.

 Letras que son un Tesoro

Esta semana os recomendamos el libro Los ricos no pagan IRPF (Capitán Swing), escrito por los técnicos de Hacienda Carlos Cruzado y José María Mollinedo. En su libro explican los agujeros que tiene nuestro sistema fiscal, que acaban beneficiando a quienes más tienen, y cómo los discursos en contra de los impuestos han generado todavía más vías para que los grandes capitales encuentren fórmulas para tributar menos. Aunque la derecha se empeñe en calificar a España como infierno fiscal, la realidad es que nuestro país tiene una diferencia con la zona euro en presión fiscal de casi cuatro puntos, en una parte por la economía sumergida y el fraude, pero también por la planificación fiscal de las grandes fortunas, de los grandes capitales, pues hace que tengan muy pocas rentas a tributar en el IRPF. En esta entrevista con Carlos Cruzado tienes más detalles sobre este libro y el sistema fiscal español.

Bien público

La construcción sigue siendo un terreno de arenas movedizas. Los ayuntamientos que paralizan licencias inmobiliarias por la presión urbanística o solo pretenden hacer una ciudad más humana se pueden encontrar con actuaciones de todo tipo por parte de algunas empresas. Es lo que ha ocurrido en Rivas Vaciamadrid. La promotora Jarama Desarrollos Inmobiliarios trató de conseguir que el Ayuntamiento diese el visto bueno a la construcción de una promoción inmobiliaria con un documento falso del Canal de Isabel II, que la empresa pública madrileña de aguas reconoce que no tiene “validez”. El consistorio ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil los hechos ante un presunto delito de falsedad documental. En paralelo, el Canal de Isabel II está preparando una denuncia. La constructora lo niega, pero el documento falso está ahí y el señalamiento de que no es auténtico, también. En esta información de Cristina G. Bolinches te contamos las malas artes de algunas constructoras para conseguir obras al precio que sea. 

Nos gusta la competencia

Ahora te presentamos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes: 

Aquí terminamos, nos volveremos a encontrar después de las vacaciones de Semana Santa, aunque Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, trate de cerrarnos o lance insidias contra los periodistas de elDiario.es y El País. Gracias a socios como tú, seguiremos publicando información que molesta, seguiremos siendo un periódico. Te recuerdo que si tienes una propuesta o una idea no dudes en escribirnos al correo contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana y que tengas unas fantásticas vacaciones!

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