Valentín circula por la carretera de la Rabassada lentamente. Curva tras curva, a medida que los árboles van engullendo la carretera, este hombre de 59 años se va sumergiendo en su infancia. “Hay cosas que no he hablado con mi familia y ya no creo que vaya a hacerlo”, dice tras tomar un desvío. “No te puedes imaginar el miedo. Solo éramos niños, necesitábamos que nos protegieran”, añade.

Son las últimas palabras que pronuncia antes de aparcar el coche en medio de un camino por el que sabe que no pasará nadie. A un lado, el bosque. Al otro, una valla que impide el paso y la vista. Pero Valentín sabe lo que hay detrás. Se encarama al coche y señala hacia el dintel de una casa en ruinas. Allí se puede leer: “Ayuntamiento de Barcelona. Beneficencia Casa Puig. Ciudad de los Muchachos”.

Es el nombre del orfanato en el que pasó buena parte de su infancia, una institución franquista inaugurada en 1951 para huérfanos de la guerra y niños pobres. Fue el proyecto personal del teniente de alcaldía de la época, Alfredo Casanova. Se inspiró en la idea del padre Flanagan, un cura irlandés que ideó un modelo educativo que se caracterizaba por dotar a los internos de mucha autonomía.

El orfanato funcionaba, en efecto, como una ciudad, con alcaldes, jueces, fiscales y delegados de diversas áreas. También constructores o limpiadores. Enmarcado en corrientes pedagógicas modernas, el padre Flanagan llegó a replicar su idea en diversos países. En España hubo diversas Ciudades de los Muchachos, siendo la más famosa la de Ourense, que se convirtió en una escuela de circo.

La de Barcelona ha caído en el olvido, enterrada por el bosque de Collserola. Si bien al principio Casanova creó un colegio que consiguió llevar a la universidad a casi todos los chavales, pronto se convirtió en una “casa de los horrores” en la que las palizas, el maltrato psicológico, la hambruna, los castigos severos e, incluso, la sombra de las agresiones sexuales se convirtieron en el día a día de centenares de niños.

Uno de ellos fue Valentín, que llegó a la Ciudad en 1971, cuando ya no quedaba ni una sombra de lo que había sido aquella utopía pedagógica. Tenía 4 años cuando su madre le dejó en casa con sus tres hermanos; el mayor tenía 7 años, y los pequeños 2 años y 7 meses. Ella tenía que ir a comprar y no tenía con quién dejar a los críos; no era la primera vez que lo hacía y nunca había pasado nada, pero aquel día fue diferente.

Sin querer, Valentín provocó un incendio que se originó en la bombona que alimentaba la calefacción. Los mayores consiguieron sacar a los más pequeños y, aunque ninguno de ellos resultó herido de gravedad, los padres perdieron su custodia. Los de más edad fueron a parar a la Ciudad de los Muchachos y los menores fueron a la Casa del Port, para la etapa de preescolar.

“Allí empezó el infierno”, recuerda Valentín. Relata “palizas increíbles” de los adultos que tenían el encargo de educarles. “Crecí con miedo, sin entender por qué me pasaba todo aquello”, explica. A medida que sigue caminando por un sendero del bosque, recuerda las largas hileras de camas en la habitación que compartía con cerca de 150 niños. El hambre y una escolarización que brilló por su ausencia. El “adoctrinamiento” religioso y la disciplina.

Tras una cuesta, al fin la ve: la entrada a la Ciudad de los Muchachos, en esa plaza en la que jugaba de pequeño, con la capilla a un flanco y el edificio en el que dormían al otro. Son los dos únicos espacios de la escuela que se mantienen en pie, mientras que la casa en la que se hacían las clases está en ruinas, casi al borde del colapso y comida por la maleza. Hoy, la finca que albergaba las habitaciones es Can Puig, un centro de atención a las drogodependencias.

En la plaza espera Lale. Él también vivió en la escuela, pero 10 años antes que Valentín. Aunque no se conocen, comparten historias de sus infancias. Cotejan nombres, para saber si les pegaba el mismo cura o si el enfermero que les maltrataba las noches de fiebre era el mismo.

Aunque Valentín pudo gozar, gracias a las donaciones de la burguesía, de un cine y de una piscina —que, de hecho, construyeron los mismos niños— esas pequeñas mejoras no hicieron que su infancia fuera mucho mejor que la de Lale. “¿Lo que más recuerdo de este sitio? Las hostias. Y las chinches. Te levantabas rojo de las picadas de bicho”, rememora el más veterano.

Ambos cuentan condiciones “durísimas”: Iban vestidos todo el año con ropa de verano, que no podían cambiarse más que una vez por semana. La única manera de conseguir jabón, papel higiénico o bastoncillos era ganar puntos por buena conducta que canjeaban en un economato.

“A mí esos no me los daban nunca, era un pillo”, dice con una sonrisa socarrona Lale, quien presume de haber sido amigo del Vaquilla mientras sujeta una fotografía de ambos juntos y de haber sido una de las 45 personas que participaron de la gran fuga de La Modelo, en 1978. “La rebeldía me la enseñó La Ciudad. Entendí que, si no me defendía, no dejarían de pegarme ni de matarme de hambre”, insiste este hombre que está sordo de un oído debido a los golpes de uno de los curas, que siempre le atinaba sobre la oreja izquierda.

Entró en el orfanato con solo 5 años porque su madre no tenía recursos para hacerse cargo de él. “Nos decían que éramos pobres porque nuestros padres eran unos rojos de mierda y que, si nosotros no cambiábamos, acabaríamos igual. Y, cuando mencionabas a tu madre, te la dejaban de puta para arriba”, rememora.

Cuando la Iglesia abandonó a los niños

Lale era reticente a volver a La Ciudad de los Muchachos y a recordar su infancia. La etapa que le tocó vivir a él, la de 1961, fue de las más duras, justo cuando el Ayuntamiento dejó la gestión del orfanato en manos de los Hermanos de la Salle y los educadores pasaron a ser curas. La disciplina se endureció y el adoctrinamiento religioso se intensificó.

“Entonces se vino abajo el proyecto”, explica la escritora Teresa Roig, autora del libro La Ciudad de los Muchachos (Navona Editorial), una de las pocas obras que explica la historia de este orfanato. Aunque es de ficción, los hechos que relata beben de las experiencias confesadas por decenas de testimonios como los de Valentín y Lale. “A partir de la llegada de los Hermanos se empiezan a reportar casos de maltrato”, sigue.

Los religiosos estuvieron al frente de la institución hasta finales de los 70, en el periodo cuando tuvo más fama. El régimen sacaba pecho con esa escuela que se enorgullecía de “reconducir a niños descarriados”. Salía en la prensa y recibía a familias acomodadas de Barcelona que hacían donativos e iban a pasar la tarde con los pequeños, a quienes traían merienda y juguetes a cambio de que les hicieran alguna exhibición de gimnasia o recitaran algunos salmos.

“Pero nunca nos dejaban jugar con los regalos. Así como los traían, nos los quitaban y nunca supimos qué hacían con ellos”, cuenta Elías, otro de los antiguos alumnos de La Ciudad. Entró con 3 años y salió con 14, cuando clausuraron el centro. El final de ese orfanato llegó en 1977 y fue de sopetón. “Un buen día, los Hermanos de la Salle se fueron. Sin más”, relata este hombre que ahora tiene 62 años.

No dieron explicaciones, pero la teoría de quienes han estudiado la historia de la institución es que con el fin del franquismo, las donaciones se fueron acabando y, con ello, el negocio ya no era rentable para la congregación religiosa que mantenía a los niños. Así que se marcharon. Lo hicieron de un día para otro, sin avisar ni buscar relevo.

“Aquello se convirtió en una batalla campal”, relata Elías, que vivió aquellos primeros días de caos. Él pudo salir de La Ciudad poco después de que se fueran los Hermanos, pero sus antiguos compañeros le explicaron lo sucedido en el centro. “En esas semanas se hizo de todo. Se prendió fuego a la sala de actos, se recuperaron los juguetes con los que no habíamos podido jugar... Y, también tiraban piedras a quien se intentara acercar”, recuerda este hombre.

Él acabó en el orfanato porque, después de separarse, su madre no tenía más remedio que dejar a los niños con el abuelo para irse a trabajar, pero una de esas veces, el anciano enfermó y acabó en el hospital. Los pequeños pasaron días solos hasta que alguien “se chivó” y la madre perdió la custodia.

Los niños perdieron relación con ella porque, por trabajo, no podía ir a recogerles ni pasar las fiestas con ellos. Además, las cartas que le escribían desde el orfanato eran confiscadas por los curas. Así, ambas partes se sintieron olvidadas por la otra y acabaron perdiendo el contacto. Fueron los tíos de Elías quienes le sacaron de la Ciudad cuando se instaló el caos.

El resto de niños, los que no tenían la suerte de tener familia, fueron repartidos por otros centros. Los que tenían edad para estudiar un oficio, acabaron en pisos tutelados, unos ocho por casa, junto a educadores que se esforzaban —con más o menos éxito— en conseguir que esos adolescentes que, por fin, podían moverse a sus anchas, fueran a clase y se sacaran una FP.

“Nos pegaban lo normal”

Elías, que se intentó escapar, relata palizas y maltrato. Miedo por las noches. También asegura que hay cosas que ha vivido y que no explicará jamás porque no quiere hacer sufrir a los suyos. Pero, por otro lado, relativiza la violencia y asegura que “era lo normal para la época”. Ese, según Teresa Roig es un argumento que se repite entre las decenas de exalumnos a los que entrevistó.

Al menos, entre los que estudiaron allí a partir de la llegada de los Hermanos. Si se pregunta a quienes tuvieron la suerte de vivir las etapas anteriores, la historia cambia mucho. Así lo cuenta Pere, un hombre de 85 años que fue de los que inauguraron La Ciudad de los Muchachos. Entró al centro no porque fuera huérfano ni porque sus padres perdieran la custodia, sino porque los médicos le recomendaron alejarse del centro de aviación del Prat, donde su familia regentaba un bar y se detectaban muchos casos de tuberculosis.

Fue a parar al colegio de Collserola, que en sus inicios seguía los mismos preceptos naturalistas que L'escola del mar. “Gané un concurso literario, era el que más goles marcaba y hasta me hicieron delegado de cultura”, cuenta, visiblemente orgulloso de su infancia. “Fue fantástica”, remacha.

Asegura, además, que la formación era “excelente”. Tanto que, a los chavales que tenían potencial, el centro les llegaba a pagar estudios superiores, como fue su caso. “Muchos fuimos a la universidad. A los que no tenían posibles, hasta les pagaban pisos para quedarse”, relata Pere, que se hizo periodista y acabó dedicándose a la política. Cuenta, de hecho, que su vocación de servicio público nació en La Ciudad de los Muchachos.

“No nos librábamos de cantar el Cara al Sol por las mañanas ni de rezar por las tardes, pero eso era lo único que había del régimen en la escuela. Era insólito ese centro formado por demócratas en plena dictadura. No podía ser más que un defensor de la democracia habiendo estudiado allí”, cuenta.

Pere es consciente de que su relato difiere muchísimo del de niños que vinieron después y, aunque le duela reconocer que el colegio que le dio esa infancia tan feliz se corrompiera, no duda en denunciar los abusos que sufrieron quienes le sucedieron. “Los niños son las personas más vulnerables de la sociedad y, quien juegue con eso, no tiene perdón”, apunta Teresa Roig quien, después de publicar su libro se ha enfrascado en otra lucha: conseguir que el Ayuntamiento dignifique y rehabilite el espacio.

El impulsor de esta iniciativa es Joan Moya, vecino y activista de la zona que interpuso una queja ante el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) para que el Ayuntamiento oyera sus peticiones. “Al fin y al cabo, el edificio es de titularidad municipal”, añade. Por ahora, el consistorio no tiene previsto “ninguna intervención” en el espacio, más allá de la idea de “algún formato o actividad” en el marco del 50 aniversario de la muerte de Franco, según han apuntado a preguntas de este medio.

Para Moya y para los exalumnos esto no es suficiente y reivindican un compromiso mayor con los niños maltratados. “Por mucho que lo quieran ocultar, pasó. Y fue muy grave” sostiene Moya. Algunos, como Valentín, ven este gesto como una “falta de respeto”. “Si no nos ayuda a resolver este olvido un gobierno socialista, ¿quién lo hará?”, se pregunta.

El Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca, ha instado a la Diputación de Bizkaia a garantizar que los procesos para regularizar la situación administrativa de los menores extranjeros que se encuentran en el Dispositivo Asistencial de Emergencia El Vivero, en Galdakao, comiencen “lo antes posible” tras su ingreso en el sistema de protección, respetando los plazos legales. Del mismo modo, también recomienda que desde el centro no comuniquen medidas generales que restrinjan derechos, como informar a los residentes que no se tramitarán sus documentos ni se les dará acceso a formación durante su estancia en el centro.

Estas son algunas de las recomendaciones del Ararteko tras realizar dos inspecciones en el centro el 6 y el 16 de junio de 2025 y entrevistarse con un responsable y 17 de los 39 residentes que se encontraban en acogida en aquel momento. El 70% de los menores en acogida llevaban más de tres meses en el centro, pese a que se creó de carácter “excepcional, temporal y transitorio” y al estar vinculado al programa de acogida de urgencia, la permanencia de los adolescentes debería ser preferentemente inferior a 60 días.

En el informe realizado por el Ararteko, del 27 de marzo de 2026, se detalla que el centro funciona principalmente como un recurso asistencial de “comida y cama”. No se realiza una intervención educativa profunda ni se tramita documentación de extranjería mientras están allí, posponiendo estos procesos hasta que son trasladados a otros centros. La única actividad formativa que reciben los menores es una hora diaria de castellano, lo cual se considera “insuficiente para su integración”. Además, no tienen acceso a formación externa ni a aprendizaje de oficios. Tampoco se les realiza un reconocimiento médico inicial, solo acuden al médico en caso de dolencia, y no se les empadrona en Galdakao debido a la supuesta provisionalidad de su estancia.

“Se les informa de manera consistente por parte del equipo educativo del centro y por parte del coordinador del servicio foral, que, de manera general y mientras estén en Vivero, no se les va a ofrecer formación externa ni se les van a tramitar papeles (documentación de extranjería consistente en autorización de residencia y trabajo). Sienten su estancia en El Vivero como un paréntesis en su proyecto migratorio que dura demasiado”, recoge el informe del Ararteko.

Según el Ararteko, los menores que residen en El Vivero sienten una gran “desesperanza y frustración”. “Quieren estudiar, formarse, aprender castellano, un oficio, conseguir autorización de residencia y trabajo para, finalmente, poder trabajar cuanto antes y tener una vida autónoma. Aparcados, en ese tiempo no sucede nada, lo que produce desesperanza, una gran frustración y un profundo malestar. Sin referentes familiares ni red, se sienten desprotegidos como personas menores cercanas a la mayoría de edad, sin un plan de intervención formativa y de transición a la edad adulta, temiendo poder acabar en situación de calle a pesar de haber migrado como menores de edad solos y estar en el sistema de protección”, detalla el documento.

En este sentido, de cara a ofrecer una mejor atención a los menores, el Ararteko insta a la Diputación a intensificar la enseñanza del idioma con una mayor carga horaria para facilitar la integración de los menores y recomienda elaborar un proyecto de intervención individualizado para cada joven que guíe el trabajo del equipo educativo, incluso si la estancia se prolonga más de lo deseado. También considera importante seguir buscando “fórmulas innovadoras y estables” para la atención de menores extranjeros sin referentes familiares, dada la tendencia estable de llegadas.

Por último, dado que el carácter excepcional y temporal del centro El Vivero finaliza en 2026, el Ararteko insta a la Diputación de Bizkaia a valorar la idoneidad de la experiencia y definir alternativas definitivas que cumplan con la normativa. “El DAE El Vivero, conforme a su calificación de 'excepcional', es un recurso definido como temporal, por un período máximo (incluida su prórroga) de año y medio. En el año 2026 finaliza este período, en el que habrá de valorarse la idoneidad de la experiencia y definir alternativas estables y conforme a norma para la adecuada atención a estos adolescentes en situación de desprotección. El Ararteko se mantendrá atento a la evolución de la propuesta”, concluye el informe.

“Más problemas en centros de menores de la Generalitat que, lejos de solucionarse, se agravan”, denuncia el diputado autonómico de Compromís Francesc Roig, quien insiste en que se trata de “un suma y sigue en el abandono de estos niños y adolescentes, como es el caso de Alborache” algo que, aseguran, no se trata de un “caso aislado”.

“Después de ver la mala alimentación y la falta de personal que denunciamos desde Compromís, ahora se suma que los están amontonando en literas, que les falta ropa y que los problemas van a más”, señala Roig, para quien estamos ante un Gobierno autonómico “temerario”, por lo que van a seguir exigiendo explicaciones y que se depuren responsabilidades, “empezando por la de la propia consellera”.

La formación valencianista apunta que más de doce centros de menores se encuentran en esta situación: “Condiciones indecentes, malas infraestructuras y maltrato a su personal”. “Y tenemos a una Conselleria -el departamento de Servicios Sociales que dirige Elena Albalat- más pendiente de sobrevivir políticamente que de atender a una infancia totalmente desamparada, una absoluta vergüenza”, concluye Roig.

La situació en què es troben els centres de menors de la Comunitat Valenciana és més que preocupant per l’“incompliment sistemàtic” per part de la Generalitat Valenciana de la llei per no renovar els contractes, caducats des del 2017, segons denuncien des del sector. Aquesta circumstància provoca problemes de personal generalitzats i instal·lacions deficients.

Un exemple d’aquestes mancances, tal com denuncien des de CCOO-PV és el centre de menors La Torre d’Alboraig, on més de 120 adolescents resideixen actualment en un recurs previst per a un màxim de 84 places. Davant aquesta situació, els treballadors denuncien l’amuntegament dels menors, la falta de recursos i personal, així com l’“augment de la violència” registrat en un centre que opera amb el contracte caducat (enriquiment injust), mentre s’espera l’arribada de més menors a la Comunitat Valenciana.

Aquest col·lapse, relaten els representants dels treballadors, ja s’ha convertit en una cosa “habitual” durant els últims anys i, “lluny de millorar aquest escenari, podria veure’s agreujat en els pròxims mesos a causa de la previsió actual de repartiment de menors plantejat des del Govern central”. En aquesta previsió, recorden, es preveu l’arribada de 450 menors més a la Comunitat Valenciana procedents de Ceuta i les Canàries, cosa que “incrementaria encara més la pressió sobre uns recursos que ja estan al límit de les seues possibilitats”.

Aquesta sobreocupació, sosté CCOO-PV, es tradueix en “condicions indignes” per als menors que són atesos en aquestes dependències: “Les habitacions, dissenyades per a dos o tres menors, acaben acollint fins a cinc menors, amb circumstàncies que freguen el maltractament institucional: matalafs en terra, roba interior compartida, peces llavades a mà i eixugades en les finestres, i un llarg etcètera que posa de manifest el col·lapse que els treballadors denuncien”.

Ràtios excedides i actes violents

En un altre pla, el professional i educatiu, aquesta situació també afecta de manera directa amb unes ràtios excedides (un professional o dos poden arribar a fer-se càrrec de grups de fins a 18 o 20 adolescents), “cosa que impedeix que l’atenció i la intervenció amb els menors puga donar amb unes mínimes garanties, de manera que queda difuminada la intervenció individualitzada i augmenta de facto el risc de conflictes”.

En aquesta mateixa línia, els treballadors alerten d’un augment dels episodis de violència amb motins, incendis provocats o agressions, tant entre els mateixos interns i com als treballadors. “I a tot això se suma el fet que es tracta d’un dels molts centres que la Conselleria manté sense contracte, amb la licitació caducada”, expliquen des del sindicat.

La plantilla denuncia, a més, una deterioració progressiva de les condicions laborals, amb una falta de personal que no compleix les ràtios necessàries, i amb un augment de baixes mèdiques i de dimissions.

Després d’anys traslladant aquesta situació a l’empresa, a l’Administració i a la Inspecció de Treball, finalment els professionals han decidit fer-la pública. Si no s’adopten mesures urgents, adverteixen els mateixos professionals del recurs, que el risc d’incidents greus continuarà augmentant en un centre que consideren ja desbordat.

La Conselleria de Serveis Socials ja va explicar fa unes setmanes a elDiario.es que s’ha posat en marxa un procés progressiu de renovació dels contractes de gestió integral de tota la xarxa de centres socials, caducats des de fa anys i que estan en situació d’enriquiment injust. Les primeres renovacions corresponien a residències de persones majors i centres de dia; després es licitaran els centres de menors i es posarà en marxa el nou decret de tipologies i funcionament dels centres. Consultats per aquest diari sobre aquest cas en concret, el departament que dirigeix Elena Albalat ha declinat fer valoracions.

La situación en la que se encuentran los centros de menores de la Comunitat Valenciana es más que preocupante por el “incumplimiento sistemático” por parte de la Generalitat Valenciana de la ley al no renovar los contratos, caducados desde 2017, según denuncian desde el sector. Esta circunstancia provoca problemas de personal generalizados e instalaciones deficientes.

Un ejemplo de estas carencias, tal y como denuncian desde CCOO-PV es el centro de menores 'La Torre' de Alborache, donde más de 120 adolescentes residen actualmente en un recurso previsto para un máximo de 84 plazas. Ante esta situación, los trabajadores denuncian el hacinamiento de los menores, la falta de recursos y personal, así como el “aumento de la violencia” registrado en un centro que opera con el contrato caducado (enriquecimiento injusto), mientras se espera la llegada de más menores a la Comunitat Valenciana.

Este colapso, relatan los representantes de los trabajadores, ya se ha convertido en algo “habitual” durante los últimos años y, “lejos de mejorar este escenario, podría verse agravado en los próximos meses debido a la previsión actual de reparto de menores planteado desde el Gobierno central”. En esta previsión, recuerdan, se contempla la llegada de 450 menores más a la Comunitat Valenciana procedentes de Ceuta y Canarias, lo que “incrementaría aún más la presión sobre unos recursos que ya se encuentran al límite de sus posibilidades”.

Esta sobreocupación, sostiene CCOO-PV, se traduce en “condiciones indignas” para los menores que son atendidos en esas dependencias: “Las habitaciones, diseñadas para dos o tres menores, acaban albergando hasta a cinco menores, con circunstancias que rozan el maltrato institucional: colchones en el suelo, ropa interior compartida, prendas lavadas a mano y secadas en las ventanas, y un largo etcétera que pone de manifiesto el colapso que los trabajadores denuncian”.

Ratios excedidas y actos violentos

En otro plano, el profesional y educativo, esta situación también afecta de forma directa con unas ratios excedidas (uno o dos profesionales pueden llegar a hacerse cargo de grupos de hasta 18 o 20 adolescentes), “lo que impide que la atención e intervención con los menores pueda darse con unas mínimas garantías, de forma que queda difuminada la intervención individualizada y aumenta de facto el riesgo de conflictos”.

En esta misma línea, los trabajadores alertan de un aumento de los episodios de violencia con motines, incendios provocados o agresiones, tanto entre los propios internos y como a los trabajadores. “Y a todo ello se le suma el hecho que se trata de uno de los muchos centros que la Consellería mantiene sin contrato, con la licitación caducada”, explican desde el sindicato.

La plantilla denuncia, además, un progresivo deterioro de las condiciones laborales, con una falta de personal que no cumple con las ratios necesarias, y con un aumento de bajas médicas y de dimisiones.

Tras años trasladando esta situación a la empresa, a la Administración y a la Inspección de Trabajo, finalmente los profesionales han decidido hacerla pública. Si no se adoptan medidas urgentes, advierten los propios profesionales del recurso, que el riesgo de incidentes graves seguirá aumentando en un centro que consideran ya desbordado.

La Conselleria de Servicios Sociales ya explicó hace unas semanas a elDiario.es que se ha puesto en marcha un proceso progresivo de renovación de los contratos de gestión integral de toda la red de centros sociales, caducados desde hace años y que se encuentran en situación de enriquecimiento injusto. Las primeras renovaciones correspondían a residencias de personas mayores y centros de día; después se licitarán los centros de menores y se pondrá en marcha el nuevo decreto de tipologías y funcionamiento de los centros. Consultados por este periódico sobre este caso en concreto, el departamento que dirige Elena Albalat ha declinado hacer valoraciones.

El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) ha solicitado de nuevo la expatriación de los diez menores extranjeros tutelados que han llegado a la comunidad desde Ceuta y Canarias entre el 3 de febrero y el 23 de marzo. Un trámite que la administración autonómica hace cada vez que llega un niño migrante a Cantabria dentro del sistema de acogida del Estado justificándolo en que “el interés superior del menor se satisface con la reagrupación con su familia en su país de origen”.

De hecho, es una medida recurrente. En la última ocasión, el Gobierno de Buruaga solicitó la devolución de cuatro menores extranjeros el mismo día que exigió a la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), paralizar la orden de cierre del centro de acogida que el Ejecutivo autonómico ha instalado en el municipio. Ambas decisiones, aparentemente contradictorias entre sí, se tomaron en la misma reunión del Consejo de Gobierno el pasado 5 de febrero y en plena polémica por la instalación de este hogar de emergencia para niños y niñas.

Ahora, el Consejo de Gobierno del 20 de marzo ha acordado autorizar a la Dirección General del Servicio Jurídico interponer un recurso contra las resoluciones de las delegaciones de Gobierno de Ceuta y Canarias por la que se traslada y reubica a las personas menores de edad que han llegado a Cantabria en las últimas semanas.

Cada vez que llega un menor procedente de Ceuta, Melilla o Canarias, el Gobierno del PP en Cantabria recurre lo que denomina “traslados forzosos” -en vocabulario de la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río- y la reubicación de estos niños por parte del Estado.

Los trabajadores de los centros de menores de Aragón han comenzado este lunes el primer día de una huelga que califican de “inédita en España” para exigir mejoras en sus condiciones de trabajo. El sector, externalizado en un 95%, debería contar con una ratio de un empleado por cada cuatro internos, aunque según los sindicatos no se cumple. Los profesionales tratan de presionar a la patronal y al Gobierno de Aragón para reforzar los turnos de trabajo y acabar así con los de una sola persona en el turno de noche.

Las instalaciones tienen su límite de ocupación en 45 plazas, mientras que en el centro de reforma de Juslibol cuenta con una plantilla que gestiona la Fundación para la Atención Integral del Menor (FAIM). Reiteran la iurgencia de ampliar el personal por la noche, “máxime teniendo en cuenta que se va a cumplir un año desde la muerte de una trabajadora en un centro de Badajoz, porque aquí puede pasar cualquier día”, recuerda el portavoz de la plataforma por un convenio autonómico para Aragón y representante de CGT, Héctor García.

Además, exigen el refuerzo en el centro de menores de Juslibol tras el último motín y piden dos educadores por turno. Estiman que estas ratios, con el alto nivel de ocupación de las plazas, debe ser muy superior “si se quiere hacer una labor educativa y no limitarnos a darles de comer”, por lo que reclaman a la patronal (Ozanam, Kairós y Rey Ardid) “que se tomen en serio la situación” y negocien un convenio para no depender de voluntades, sino de una norma.

El problema se agrava con el 30% de la plantilla de baja en los centros gestionados por Ozanan y Rey Ardid, por lo que las actividades diarias las desempeñan con contrataciones de última hora y educadores sociales. “Estamos todo el día apagando fuegos”, se quejan.

El primer día de huelga de los trabajadores de los centros de menores de Aragón ha concentrado este lunes a manifestantes frente a la puerta de Ozanam, una de las tres empresas que prestan el servicio que tienen en su mano arreglar la situación. Mañana se concentrarán ante las Cortes de Aragón, el día que arranca la XII legislatura. Se trata de la tercera huelga convocada pero la segunda que se lleva a cabo porque la primera se desconvocó con motivo de la constitución de la mesa de negociación. Sin embargo, lamentan que desde entonces “no ha pasado nada” y que la voluntad es “escasa”.

El servicio mínimo es del 100% porque los educadores de atención directa están trabajando en su totalidad. “Solo podemos hacer huelga maestros, psicólogos, psiquiatras, pero en los centros de  protección no existen esas figuras. De 80 trabajadores, solo 10 pueden hacer huelga”, refiere Héctor García.

Según ha relatado, la situación tras el último motín en el barrio zaragozano de Juslibol sigue sin cambios. En dicho centro hay 44 educadores, de los que 14 están de baja, aunque han sido sustituidos) y los centros de menores están cerca del lleno.

Héctor García lamentaba que el Gobierno de Aragón tampoco quiere negociar con los trabajadores. La mesa de negociación se rompió antes del verano y ha cuestionado que las empresas se remitan al Gobierno de Aragón y viceversa. Siempre están con esta pelea, pasándose la pelota“, resume.

Decepcionante reunión en el SAMA

Angélica Mazo, vicesecretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, apuntaba que, tras llevar  tiempo solicitando negociar un convenio autonómico, la reunión que tuviron el pasado 27 de febrero en el Sama “fue bastante decepcionante, ya que las empresas ni siquiera se dignaron a venir, algo lo que es inaudito porque cuentan con financiación 100% pública y todas tienen beneficio económico importante. No nos engañemos, que las empresas gestionan porque tienen beneficios, si no los tuvieran no estarían gestionando los centros”, argumenta.

Igualmente, miran hacia el Gobierno de Aragón porque está “desaparecido”. Mazo recuerda que había convocado al gerente del IASS para que viniera a la reunión del Sama, ya que es parte importante, “y no quiso venir ni nos ha dado ninguna respuesta. La verdad es que es un abandono hacia los trabajadores en un momento tan importante como este en el que están aumentando las agresiones, los trabajadores están al límite, los salarios son bajos, cobrando algo más del salario mínimo interprofesional y aquí estamos bloqueados, sin convenio. Las empresas llenándose los bolsillos y el IASS mirando para otro lado”, resume.

Por su parte, en Ozanam, ante cuyas puertas se han manifestado los huelguistas, no han querido realizar ninguna valoración, remitiéndose al Gobierno de Aragón. Desde el Ejecutivo, se ha enviado un mensaje de respeto absoluto al derecho a la huelga y remiten a la patronal y sindicatos para negociar el convenio laboral.

Desde el Departamento de Bienestar Social y Familia consideran que la administración ha cumplido con su deber de aumentar recursos económicos al subir a las empresas el precio por plaza ocupada y en cuanto a ratios, se remiten a la ley marco de 2022.  Igualmente, se refiereen alas numerosas reuniones en las que se ha escuchado a los representantes de los trabajadores, la última de las cuales se produjo con el gerente del IASS el pasado 9 de diciembre de 2025.

Huida de trabajadores

A juicio de Mazo, esta situación debe solucionarse ya porque las precarias condiciones laborales están provocando una huida de los trabajadores del sector a otros sectores “porque en estas condiciones de trabajo la gente ya no quiere trabajar así. Eso provoca que las empresas tengan problemas para encontrar profesionales y van a tener más porque o mejoramos las condiciones laborales o los trabajadores van a preferir irse a trabajar a cualquier otro sitio antes que aquí”.

Para la vicesecretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, las empresas “miran para otro lado. Ozanam —a cuyas puertas se han manifestado esta mañana—, no se ha presentado en ninguna de las reuniones que hemos convocado a lo largo de los últimos años y la verdad es que es indignante porque es un desprecio hacia la profesión, es un desprecio hacia los propios menores que necesitan atención de calidad y es un desprecio hacia los trabajadores y hacia las plantillas que están dando el callo todos los días. Queremos unas mejores condiciones laborales y esta huelga inédita en Aragón de tres días es una huelga que es sinónimo de lo que sienten los trabajadores y de la situación tan extrema en la que estamos”.

Por otro lado, ha afeado que en la campaña electoral se digan muchas cosas. “A lo largo de estos meses también hemos estado hablando varias veces con la Consejería de Bienestar Social y con el gerente del IAS y cuando hablamos con ellos, todo son buenas palabras, pero la verdad es que hechos ninguno. Las palabras deberían ir acompañadas de los hechos”.

Situación insostenible

Para Alberto Echevarría, responsable de Enseñanza Privada y del sector de menores de CCOO, la situación “ya es insostenible” y lamenta que la huelga pocos trabajadores y trabajadoras pueden acceder a la huelga y ha denunciado “algunas sorpresas” en cuanto a la gestión de servicios mínimos por parte de algunas de las empresas y ha denunciado cambios de turno comunicados sin el preaviso legal y el incumplimiento de tablas salariales recogidas en el quinto convenio estatal en algunos centros con pliegos renovados.

También ha hecho referencia a todos los pliegos que han sido prorrogados y que “deberían cumplir con lo que el marco legal ahora mismo que es el quinto convenio estatal, que aunque tiene carencias y es lo que pretendemos mejorarlas, ahora mismo hay unas tablas salariales que deberían estar siendo aplicadas por todos los centros y empresas que han renovado los pliegos. A día de hoy solamente tenemos constancia de que dos empresas están pagando de acuerdo a lo que corresponde el convenio”, ha explicado Echevarría

Además, dice constarles que no se están cumpliendo algunos de los pliegos, y ha puesto como ejemplo una vivienda tutelada con ocho plazas, de las que cuatro deberían ser para menores itinerantes de acogida que tenían que estar tres meses y de 2020 esas plazas están cubiertas.

“Se está haciendo una sobreocupación de los centros que, unido a la falta de medios y de recursos que tienen estos centros, provoca estos problemas de conflictividad dentro de los centros. Es necesario y es urgente que tanto las empresas como la administración doten de medios suficientes para que los menores estém atendidos con calidad y corrección. Sobre este deterioro progresivo, el representante de CC.OO  rechaza que ”desde la administración se intenta criminalizar a los menores y las menores y el problema no son ellos“.

Añade que los programas educativos no están dotados de los recursos necesarios, por lo que no pueden ser de calidad “ante la inestabilidad en las plantillas, domde la rotación es constant, que unido a la falta de recursos hace que surjan estos problemas”.

Cifras

La situación de los centros de menores no es siempre la misma. Según el Gobierno de Aragón, desde el pasado viernes hay 342 menores de edad en acogimiento residencial; de ellos 27 presentan alguna discapacidad, por lo que están en un centro específico adaptado a su circunstancia. En cuanto al CEIMJ Juslibol, hay 23 internos de los que 19 son menores de edad, siendo 50 el total de plazas ofertadas.

Los sindicatos cifran en 600 los trabajadores del sector, pertenecientes a diversas ramas, desde maestros, psicólogos, psquiatras, hasta limpiadoras o mantenimiento. De atención directa son muchos menos y repartidos en tres turnos pero apuntan que en el centro reformatorio un solo profesional puede atender en ocasiones entre 12 y 16 menores.

Los sindicatos integrantes de la Plataforma de Reforma Juvenil y Protección de Menores en Aragón —UGT, CGT y CCOO— han convocado una huelga de 72 horas para los días 2, 3 y 4 de marzo, ante la falta de avances en la negociación de un convenio autonómico, las precarias condiciones laborales y la falta de medios, en un momento de aumento de la conflictividad y la violencia en estos centros, el último un motín en el centro del barrio zaragozano de Juslibol, que dejó más de una decena de policías y vigilantes heridos el pasado 5 de febrero. “Los trabajadores están machacados”, han alertado.

La convocatoria de huelga, anunciada en rueda de prensa por Héctor García (CGT), trabajador del Centro de Menores de Juslibol; la vicesecretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Angélica Mazo; y el responsable de Enseñanza Privada y del Sector de Menores de CCOO, Alberto Echeverría; llega en un momento en el que los trabajadores se sienten “abandonados institucionalmente”, en el que no se producen avances en la negociación del convenio colectivo autonómico y en un contexto de incremento de las agresiones.

En total, el sector cuenta con alrededor de 600 trabajadores en Aragón, repartidos en 64 centros de protección y reforma en toda la Comunidad Autónoma, con unas 500 plazas. Las exigencias se resumen, además de en retomar la negociación del convenio autonómico, en refuerzos “inmediatos” en los turnos de trabajo para que no haya ninguna persona sola. García ha asegurado que varias de las empresas que gestionan estos centros están incumpliendo el convenio actual e incluso incurren en “incumplimientos salariales”, con centros que tienen hasta un 30% de la plantilla de baja.

Ha enmarcado esta situación en el asesinato de Belén Cortés, una educadora de un centro de Extremadura que estaba sola trabajando en el turno de noche, del que se va a cumplir un año en marzo. Una situación, ha aseverado, que se da en la gran mayoría de los centros aragoneses.

La representante de UGT ha ido más allá al afirmar que “lo que estamos viendo es una descomposición progresiva del sector de menores en Aragón”, que era “muy bueno” hasta que se dejó “sin fondos”, por la “dejación de funciones” tanto por parte de las instituciones como de las empresas y entidades sociales que los gestionan.

“Las empresas son responsables, están dejando que no se cumplan los convenios, muchas no han aplicado los incrementos salariales”, ha dejado claro Mazo, remarcando que estas entidades “siguen teniendo beneficios económicos” y extendiendo la responsabilidad también al Gobierno de Aragón que, con un presupuesto de casi 500 millones de euros en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), “quizás, alguna 'perrica' más podría echar al Sistema de Protección y Reforma de Menores”.

Ha criticado especialmente la actitud de la Fundación Rey Ardid, principal entidad en el sector en Aragón, que ha emprendido una “huida” al salirse de la patronal en mitad de la negociación del convenio, lo que “rompe la negociación, rompe el diálogo y rompe cualquier medio de que los trabajadores puedan mejorar las condiciones laborales”. “Esto es una vergüenza. ¿De qué van?”, ha lamentado Mazo.

A ello ha sumado que este sistema no sólo atiende a niños que llegan de otros países, sino también a muchos menores que son de Aragón, han sufrido problemas familiares en su infancia y “hay que atenderlos igual para poderse reinsertar en una vida normalizada”.

“El sector necesita un presupuesto justo, necesita que los trabajadores tengan las condiciones laborales justas y lo que necesitamos es volver a la negociación del convenio colectivo”, ha remachado, para lo que se deben dotar también suficientemente los pliegos, para evitar que ocurra lo que ha sucedido en el centro de Juslibol, donde el concurso ya ha quedado dos veces desierto.

Pides un aumento entre el 30% y el 40% en personal y salarios

Para ello, la dirigente sindical ha defendido un incremento de entre el 30 y el 40% en el personal, lo que implicaría 82 educadores más de atención directa, y en los salarios, que han perdido en torno a la mitad de su poder adquisitivo desde la externalización del servicio, en 2002. Con más personal “se pueden evitar problemas como los que ha habido últimamente, que han salido tanto en prensa y ha llamado la atención”, ha apuntado, en referencia a sucesos como el motín de Juslibol.

“Basta con el bloqueo de la negociación, basta con la precariedad laboral, basta con la indiferencia hacia las plantillas por parte de las empresas y las instituciones y basta del reacaneo económico que hay por la parte de las empresas que están gestionando los centros de menores. Estamos hartos del bloqueo deliberado en la negociación del convenio autonómico, la negociación tiene que volver y convocamos huelga de 72 horas”, ha resumido, subrayando que los trabajadores están ya “en el límite”.

Desde CCOO, Alberto Echevarría ha puesto varios ejemplos de la precaria gestión de estos centros, como que la forma que tienen para calentar el agua para que los menores se duchen es “bajar a la cocina, calentar ollas y subirlas al piso de arriba donde están los baños”. Otro caso es el de una casa vivienda con ocho plazas de guarda y tutela, que un pliego de 2020 limita la estancia de los menores a tres meses y que lleva desde entonces ocupada permanentemente por los mismos. “Las empresas lo están permitiendo, la Administración lo está permitiendo y quienes sufren son los trabajadores y los menores, que no tienen un servicio adecuado”, ha apostillado.

Del mismo modo, Echevarría ha pedido “huir de la criminalización” porque “el problema no es el chico o la chica que en un momento determinado causa un conflicto grave”, sino que estos centros no están dotados de los recursos necesarios, y ha instado a la Administración a que resuelva los contratos cuando hay incumplimientos de los pliegos, como recoge la Ley de Contratos del Sector Público.

En todo caso, si se mantiene la huelga --las partes están convocadas este viernes, 27 de febrero, al Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA)--, buena parte de los trabajadores no podrán secundarla, ya que los servicios mínimos establecidos para los educadores de atención directa son del 100%: “Este es nuestro derecho a huelga”, ha lamentado el representante de la CGT.

Si no hay acuerdo, además, se concentrarán el 2 de marzo frente a la sede de la Fundación Ozanam, el 3 de marzo lo harán frente al Palacio de la Aljafería coincidiendo con la constitución de las nuevas Cortes de Aragón y el 4 de marzo convocarán en la puerta de la Fundación Rey Ardid.

“Queremos un convenio autonómico, un convenio que sea de Aragón, que sea nuestro, que recoja las necesidades que tenemos en nuestra comunidad autónoma”, ha incidido la representante de UGT, quien ha recordado que la mayoría de autonomías tienen un convenio propio, con lo que las condiciones salariales y laborales son mejores, hay mayor estabilidad y ello redunda en una mejor atención a los menores.

Para la Plataforma, hay dos modelos de convenio a seguir: Navarra y la Comunidad Valenciana. El primero porque “marca unas mejoras bastante importantes” y promueve una mayor estabilidad --de hecho, muchos trabajadores se trasladan desde Aragón hasta la Comunidad Foral--, lo que permite también prever y gestionar mejor las situaciones de violencia.

En cuanto a la Comunidad Valenciana, además de una jornada laboral anual de 1.476 horas --frente a las 1.722 de Aragón--, se trata de “un modelo muy interesante” porque es la Administración la que paga directamente las nóminas y es un convenio único que recoge más sectores del ámbito de los servicios sociales, una línea que también sigue Cataluña, aunque sin llegar a las mejoras recogidas en el convenio valenciano.

Els centres de menors de la Comunitat Valenciana passen des de fa anys per una situació delicada, amb els contractes amb la Generalitat caducats des del 2017 i el 2019 i en situació d’enriquiment injust, ja que les pròrrogues activades en el seu moment han superat els terminis que marca la Llei de contractes del sector públic en el que és un “incompliment sistemàtic” per part de l’Administració, segons denuncien des del sector. Aquesta circumstància, que es retrotrau a temps del Botànic en el Govern valencià, es justificava en el seu moment en la intenció d’integrar la gestió d’aquests centres en l’Ivass (Institut Valencià de Servei Socials).

La Comunitat Valenciana té nou centres d’atenció socioeducativa en aquesta situació i més d’una vintena en total, que suposen la meitat del sector valencià de la infància: “Parlem de centenars de menors i milers de treballadors afectats, ja que aquesta falta d’actualització afecta tant les condicions dels centres com la situació laboral dels professionals, que han vist com el salari està congelat des de fa anys”. “No es poden aplicar les taules del 2025 perquè això suposaria un augment de costos”, lamenten els treballadors, que recorden que l’actualització no està prevista en els pressupostos.

Les entitats que gestionen aquestes infraestructures, amb els preus sobrepassats, tenen moltes dificultats per a cobrir determinats serveis o béns: “No es cobreixen baixes, tenen personal insuficient, amb un servei escàs, amb el risc consegüent que es produïsquen situacions que ningú vol que passen, i menys amb menors”.

Davant aquesta circumstància, ja s’ha produït alguna denúncia, com és el cas de la Fundació Antonio Moreno, que va demandar la Conselleria davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana per un dels seus centres, i l’alt tribunal ha resolt que la Generalitat ha d’abonar la quantitat equivalent a les pujades de l’IPC de diferents exercicis: “És una estirada d’orelles per a l’executiu autonòmic pel perjudici econòmic que es causa a les entitats, que cobren a preus del 2017”.

Els treballadors han elaborat un llistat de les deficiències detectades en els centres que van des de la falta de personal i la no cobertura de vacances i baixes al mal estat de les instal·lacions —humitats i desperfectes en habitacions, cuines, dutxes...— i del material —esportiu, mobiliari, matalafs...—, que resulta insuficient en determinats casos, o la presència de rates, xinxes, caparres o panderoles.

No es poden actualitzar els preus

Esteban Burillo, president de l’Associació Professional d’Institucions de Menors de la Comunitat Valenciana (Apime), explica que el problema dels enriquiments injustos és doble: complica els pagaments a les entitats, que han de passar pel Consell, i fa “impossible” l’actualització de preus, perquè estan “fora de pressupost”. Pel que fa al problema dels pagaments, Burillo comenta que, encara que tard, “van pagant”: “No estem en els deutes milionaris de fa uns anys”.

El segon problema és “menys urgent”, però “més greu”, perquè es mantenen preus de fa anys, malgrat la pujada acumulada de l’IPC, i els sous també pateixen, ja que es genera una “doble moral” per a treballadores en llocs idèntics: les entitats no poden assumir salaris actuals amb ingressos del 2018. En aquest sentit, el representant d’Apime ressenya que l’“excusa” que tradicionalment addueix l’Administració és que no es poden actualitzar els contractes perquè s’està pendent de l’aprovació el nou Decret de tipologies, encara que hi ha una norma vigent des del 2023: “Haurien tingut temps de fer contractes nous”.

En opinió de Burillo, resulta “absurd” usar una eina “excepcional” com a norma. Així doncs, assegura que es produiran demandes contra la Generalitat que “prosperaran”, cosa que obligarà el Govern autonòmic a pagar diners públics per a compensar les entitats, “amb interessos de demora i possiblement costes judicials... No acabem d’entendre per què a la Generalitat li ix a compte continuar obstinada a no traure els contractes nous i acabar pagant més”.

Segons manifesta el portaveu d’Apime, estem davant un problema “generalitzat” en els quatre sectors —infància, majors, inclusió i diversitat funcional— que en aquest cas té l’agreujant que es tracta de menors tutelats.

Procés progressiu de renovació

Tal com explicaven des de la Conselleria de Serveis Socials, la Generalitat ha posat en marxa un procés progressiu de renovació dels contractes de gestió integral de tota la xarxa de centres socials. Es tracta de contractes caducats des de fa uns quants anys, “que el Govern anterior no va solucionar i va deixar el sistema d’atenció social valencià en situació crítica, amb un deute contret amb les empreses que gestionen els centres que estava al voltant de 100 milions d’euros i a la vora del col·lapse”.

Segons detallen des del departament que dirigeix Elena Albalat, el Consell va assumir des de l’inici de la legislatura el compromís de revertir aquesta gestió i va iniciar el procés de renovació dels contractes de les residències i els centres de dia: “Alguns estaven caducats des del 2017”.

Fins al moment, apunten que s’han licitat 31 contractes de gestió integral de residències de persones majors i centres de dia, els quatre últims es van aprovar pel ple del Consell divendres passat, cosa que posa fi a situacions d’enriquiment injust, per haver vençut els anteriors contractes de gestió.

El pas següent, asseguren, és iniciar les licitacions dels centres de menors i posar en marxa el nou Decret de tipologies i funcionament dels centres, “una norma clau per a corregir el desordre heretat i que permetrà la licitació de molts recursos”.

A més, des de Serveis Socials es treballa en la promoció i l’impuls de l’acolliment familiar i l’adopció dels menors que estan en centres del sistema de protecció de la Generalitat “perquè molts menors isquen dels centres i puguen créixer en l’entorn d’una família”.

Los centros de menores de la Comunitat Valenciana atraviesan desde hace años una situación delicada, con los contratos con la Generalitat caducados desde 2017 y 2019 y en situación de enriquecimiento injusto, ya que las prórrogas activadas en su momento han superado los plazos que marca la Ley de Contratos del Sector Público en lo que es un “incumplimiento sistemático” por parte de la Administración, según denuncian desde el sector. Esta circunstancia, que se retrotrae a tiempos del Botànic en el Gobierno valenciano, se justificaba en su momento en la intención de integrar la gestión de estos centros en el Ivass (Instituto Valenciano de Servicio Sociales).

La Comunitat Valenciana cuenta con nueve centros de atención socio-educativa en esta situación y más de una veintena en total, que suponen la mitad del sector valenciano de la infancia: “Estamos hablando de centenares de menores y miles de trabajadores afectados, ya que esta falta de actualización afecta tanto a las condiciones de los centros como a la situación laboral de los profesionales, que han visto como salario está congelado desde hace años”. “No se pueden aplicar las tablas de 2025 porque eso supondría un aumento de costes”, lamentan los trabajadores, que recuerdan que la actualización no está contemplada en los Presupuestos.

Las entidades que gestionan estas infraestructuras, con los precios sobrepasados, tienen muchas dificultades para cubrir determinados servicios o bienes: “No se cubren bajas, cuentan con personal insuficiente, con un servicio escaso, con el consiguiente riesgo de que se produzcan situaciones que nadie quiere que pasen, y menos con menores”.

Ante esta circunstancia, ya se ha producido alguna denuncia, como es el caso de la Fundación Antonio Moreno, que demandó a la Conselleria ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por uno de sus centros, y el alto tribunal ha resuelto que la Generalitat tiene que abonar la cantidad equivalente a las subidas del IPC de diferentes ejercicios: “Es un tirón de orejas para el Ejecutivo autonómico por el perjuicio económico que se le está causando a las entidades, que están cobrando a precios de 2017”.

Los trabajadores han elaborado un listado de las deficiencias detectadas en los centros que van desde la falta de personal y la no cobertura de vacaciones y bajas al mal estado de las instalaciones -humedades y desperfectos en habitaciones, cocinas, duchas...- y del material -deportivo, mobiliario, colchones...- , que resulta insuficiente en determinados casos, o la presencia de ratas, chinches, garrapatas o cucarachas.

No se pueden actualizar los precios

Esteban Burillo, presidente de la Asociación Profesional de Instituciones de Menores de la Comunitat Valenciana (Apime), explica que el problema de los enriquecimientos injustos es doble: complica los pagos a las entidades, que han de pasar por el Consell, y hace “imposible” la actualización de precios porque están “fuera de presupuesto”. Respecto al problema de los pagos, Burillo comenta que, aunque tarde, “van pagando”: “No estamos en las deudas millonarias de hace unos años”.

El segundo problema es “menos urgente” pero “más grave”, porque se mantienen precios de hace años, a pesar de la subida acumulada del IPC, y los sueldos también sufren, ya que se genera un “doble rasero” para trabajadoras en puestos idénticos: las entidades no pueden asumir salarios actuales con ingresos de 2018. En este sentido, el representante de Apime reseña que la “excusa” que tradicionalmente aduce la administración es que no se pueden actualizar los contratos porque se está pendiente de la aprobación el nuevo Decreto de Tipologías, aunque hay una norma vigente desde 2023: “Les hubiera dado tiempo a hacer contratos nuevos”.

En opinión de Burillo, resulta “absurdo” usar una herramienta “excepcional” como norma. Así, asegura que se producirán demandas contra la Generalitat que “prosperarán”, lo que obligará al Gobierno autonómico a pagar dinero público para compensar a las entidades, “con intereses de demora y posiblemente costas judiciales... No acabamos de entender por qué a la Generalitat le sale a cuenta seguir empeñada en no sacar los contratos nuevos y acabar pagando más”.

Según manifiesta el portavoz de Apime, estamos ante un problema “generalizado” en los cuatro sectores -infancia, mayores, inclusión y diversidad funcional- que en este caso cuenta con el agravante de que se trata de menores tutelados.

Proceso progresivo de renovación

Tal y como explicaban desde la Conselleria de Servicios Sociales, la Generalitat ha puesto en marcha un proceso progresivo de renovación de los contratos de gestión integral de toda la red de centros sociales. Se trata de contratos caducados desde hace varios años, “que el gobierno anterior no solucionó y dejó el sistema de atención social valenciano en situación crítica, con una deuda contraída con las empresas que gestionan los centros que rondaba los 100 millones de euros y al borde del colapso”.

Según detallan desde el departamento que dirige Elena Albalat, el Consell asumió desde el inicio de la legislatura el compromiso de revertir esta gestión e inició el proceso de renovación de los contratos de las residencias y centros de día: “Algunos llevaban caducados desde 2017”.

Hasta el momento, apuntan que se han licitado 31 contratos de gestión integral de residencias de personas mayores y centros de día, los cuatro últimos se aprobaron por el pleno del Consell el pasado viernes, lo que pone fin a situaciones de enriquecimiento injusto, al haber vencido los anteriores contratos de gestión.

El siguiente paso, aseguran, es iniciar las licitaciones de los centros de menores y poner en marcha el nuevo decreto de tipologías y funcionamiento de los centros, “una norma clave para corregir el desorden heredado y que va a permitir la licitación de muchos recursos”.

Además, desde Servicios Sociales se está trabajando en la promoción y el impulso del acogimiento familiar y la adopción de los menores que se encuentran en centros del sistema de protección de la Generalitat “para que muchos menores salgan de los centros y puedan crecer en el entorno de una familia”.

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha desestimado el recurso interpuesto contra la Resolución de la Consejera de Salud y Políticas Sociales, de fecha 15 de julio de 2024, que acordó resolver el contrato que unía a una asociación riojana y a la Administración autonómica. El contrato fue suscrito por ambas partes para la ocupación de ocho plazas de acogimiento residencial y especializado de menores en entornos rurales y con trastornos de conducta, cuya tutela tiene atribuida legalmente la Comunidad Autónoma de La Rioja.

La Directora de la asociación puso en conocimiento del Gobierno que una de las menores acogidas afirmaba “haber mantenido relaciones sexuales” con un empleado del centro. Esta información, que se unió a la recabada directamente por los técnicos del Servicio de Protección de Menores en entrevistas con estos, llevó a la Administración autonómica a dar por finalizado anticipadamente el contrato, dada la gravedad de los hechos.

La Consejería de Salud y Políticas Sociales estimó que los hechos referidos denotaban un incumplimiento de la obligación principal asumida por la asociación, por lo que permitía resolver el contrato de manera anticipada. Una decisión que la Sala de lo Contencioso Administrativo en su sentencia estima plenamente ajustada a Derecho, al mismo tiempo que confirma la incautación de la garantía depositada en su día por la asociación, según se establece en la Ley de Contratos del Sector Público.

La resolución judicial atiende a dos momentos para juzgar la actuación de la asociación y resolver si estaba justificada la resolución anticipada del contrato: la desplegada después de denunciarse los hechos indicados, que considera rápida, contundente y proporcionada a la gravedad de la situación; y la realizada antes, de carácter preventivo, dirigida a evitar que se produzcan hechos como los denunciados. 

A juicio de la Sala, “no es discutible que la reacción posterior de la asociación fuese la correcta; pero que la recurrente garantizase en todo momento la protección de los menores a raíz de las denuncias no quiere decir que en su día haya implementado las medidas preventivas necesarias, contempladas en su propio protocolo”.

Resulta indiferente que las denuncias que llegaron a formalizarse acabasen archivadas en la jurisdicción penal y/o de menores. Lo constatado por los técnicos de la Consejería, por sí solo, denota “el incumplimiento de los recursos preventivos necesarios, que de haberse observado no deberían haber dado lugar a denuncias y acusaciones como las proferidas”. 

Los pliegos de la contratación recogían, como obligación esencial, que la asociación debía ejercer la guarda de los menores conforme a lo dispuesto en el Código Civil (en la Ley 1/2006, de 28 de febrero de Protección de Menores de La Rioja) en el Reglamento sobre intervención de las Administraciones Públicas de La Rioja en la protección y guarda de menores; y en el resto de normativa vigente.

También se contemplaban otras causas de resolución del contrato, como el incumplimiento de las actuaciones protectoras por parte de los profesionales del centro, o cualquier lesión o desconocimiento de los derechos de los menores que supusiera a estos un grave perjuicio. 

Examinado el expediente administrativo y la prueba practicada durante el proceso, la Sala concluye que se incumplió la obligación esencial del contrato y que, además, lo sucedido también tiene encaje en esas otras causas de resolución de contrato, por lo que confirma la decisión de la Consejera de Salud y Políticas Sociales y desestima el recurso de la asociación.

Las trabajadoras -ya que casi en su totalidad son mujeres- del único centro de menores penitenciario de Euskadi, el recurso de Ibaiondo, en Zumarraga, van a protagonizar este miércoles, 11 de febrero, una protesta frente a la sede del Gobierno vasco para denunciar el “empeoramiento” de sus condiciones laborales. Lo harán antes de que se celebre una mesa de negociación entre el comité de empresa, compuesto por los sindicatos ELA, LAB y CCOO y, por parte del Ejecutivo vasco, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y las direcciones de Empleo Público y Relaciones Laborales del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, áreas de las que dependen los convenios laborales de estas trabajadoras.

Según critican las trabajadoras, la última propuesta del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y a través de la cual partirá la negociación de este miércoles, muestra un “retroceso” en cuanto a condiciones laborales. “En 2023, el Comité acudió al Parlamento Vasco en busca de apoyo ante el envejecimiento de la plantilla y el deterioro de las condiciones laborales. Tras tres años el Gobierno vasco no ha tomado medidas, provocando que la situación sea aún peor. La nueva propuesta entregada por el Departamento de Justicia para el centro de Ibaiondo, no solo ignora las propuestas presentadas por los sindicatos, sino que propone una merma sustancial de las condiciones laborales que pone en peligro la salud del personal”, reconocen.

En este sentido, explican que el informe de riesgos psicosociales elaborado a finales de 2021 identificó “factores críticos con riesgo elevado o muy elevado, que provocan constantes situaciones de estrés, cargas de trabajo excesivas y desgaste psicológico-emocional”. “La falta de soluciones de Gobierno vasco está generando un aumento significativo en el número de bajas laborales de origen psicológico”, reconocen.

Aroa es una de las cerca de 65 trabajadoras que forman parte de la plantilla de Ibaiondo. Según detalla a este periódico, en estos momentos hay 38 menores internados en cinco módulos diferentes. En cada uno de los módulos, hay 10 educadoras sociales, cinco coordinadoras, dos trabajadoras sociales y dos psicólogas. Además, en el centro hay personal administrativo y de seguridad que cuenta con otras condiciones laborales. “Lo que pedimos es que la negociación parta de una base que sea justa. Tenemos jornadas semanales de 47 horas, con 12 horas seguidas por la noche y no contamos con acompañamiento psicológico después de las agresiones que sufrimos, que son frecuentes. Nos gusta nuestro trabajo, pero somos conscientes de que no es un trabajo que podamos hacer a los 60 años, por lo que solicitamos unos permisos por edad”, defiende Aroa, que a sus 46 años lleva 20 trabajando como educadora en Ibaiondo.

A pesar de que se trata de un centro de menores, algunos de los internos pueden llegar a tener hasta 23 años, según la fecha en la que fue impuesta su condena o declarado su internamiento. Por ello, uno de los módulos del centro es específico para mayores de edad. “Muchos se encuentran en una situación en la que ellos mismos piden ir a la cárcel porque aquí lo único que podemos hacer es contenerles emocionalmente, pero hay casos en los que los chavales pasan por episodios, problemas de adicciones, medicaciones psiquiátricas, descontrol, violencia y nosotras hacemos lo que podemos. En el centro tratamos de que tengan una vida cotidiana, tenemos aulas, talleres, actividades, dinámicas, desayunamos con ellos, comemos y cenamos, somos las que estamos con ellos las 24 horas del día. Nos gusta nuestro trabajo, pero consideramos que las condiciones que tenemos deberían ser mejores”, exige la trabajadora.

Los sindicatos denuncian que la plantilla se enfrenta a condiciones especialmente duras: nocturnidad, festivos, turnicidad, jornadas de hasta 47 horas semanales, imposibilidad de conciliación familiar o por causas relacionadas con la edad, carga psicológica, peligrosidad... Según sostienen desde el comité de empresa, esta situación se arrastra desde la legislatura anterior. Durante años, las reuniones con el Gobierno vasco se saldaron con respuestas evasivas como “se va a valorar, se va a estudiar”, hasta que al final del mandato la administración trasladó que “no iban a tomar decisiones que cayeran en el siguiente equipo de Gobierno”, lamentan los sindicatos, tras recordar que las trabajadoras del centro desarrollan “una labor educativa imprescindible” para la reinserción de menores y jóvenes sometidos a medidas privativas de libertad por delitos graves.

Desde el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco explican que “se está negociando el acuerdo de condiciones de trabajo” y que, desde su departamento, están presentes en la mesa de negociación de este miércoles “para que se tengan en cuenta las necesidades” del sector, pero consideran que la decisión final corresponde a las direcciones de Empleo Público y Relaciones Laborales del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), ha asegurado este lunes que su departamento está trabajando en “buscar la protección de los menores” y “recuperar la normalidad” en Cartes, tras la polémica vivida en las dos últimas semanas en el municipio a raíz de la llegada de menores migrantes no acompañados a un centro de urgencia habilitado por el Gobierno de Cantabria en el Camino Real.

Así lo ha manifestado este lunes a preguntas de los medios de comunicación, en las que ha incidido en esta pretensión del Ejecutivo para que la localidad recobre la “normalidad”, existente en otros municipios donde se ubican este tipo de hogares.

En cuanto a la resolución judicial que suspende cautelarmente la orden de la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), en la que ordenaba la paralización inmediata del centro de acogida, como solicitó el Gobierno, la consejera ha señalado que se están siguiendo los trámites procedimentales oportunos.

Además, ha apuntado que desconoce si la regidora ha presentado alegaciones al mismo, para lo que la justicia le dio un plazo de tres días, aunque el Ayuntamiento descartó esta posibilidad en un comunicado remitido del viernes.

Por último, Gómez del Río ha reiterado la “preocupación” de su departamento por la protección de los menores migrantes que llegan a Cantabria y ha afirmado que el Ejecutivo acatará las decisiones judiciales, “como no puede ser de otra manera”.

La Policía Nacional ha intervenido este jueves en el centro de menores de Juslibol, en Zaragoza, tras un motín protagonizado por varios internos que previamente habrían agredido a un vigilante de seguridad. Tras recibir el aviso en torno a las 12:30, se han desplazado hasta el recinto cinco furgones de la UIP, tres patrullas de Seguridad Ciudadana y tres ambulancias.

Según fuentes policiales, nueve agentes han resultado heridos, en principio todos con carácter leve y la situación se ha resuelto con presencia policial. Según han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, el incidente ha comenzado con la agresión de un grupo de internos a un vigilante del centro para robarle las llaves para abrir las habitaciones de otros menores residentes en las instalaciones.

“No hay nada grave”, han insistido las mismas fuentes, que han asegurado que el orden en el centro ya está restablecido, rehusando dar más información por tratarse de menores. Desde el Gobierno de Aragón señalan que la situación está controlada desde las 14:00.

El Gobierno de Aragón ha explicado que se ha registrado un conflicto entre varios internos y que el suceso está relacionado con bandas latinas, por lo que se ha requerido de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como atención sanitaria para quienes la han solicitado. “Queremos recordar que el de Juslibol es un centro de reforma, no un recurso de acogida, por lo que su naturaleza está ligada a jóvenes que están cumpliendo con medidas judiciales de internamiento. En este caso han participado –entre otros– varios internos que son mayores de 18 años y que están en el centro porque, tal y como recoge la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, han de cumplir su sentencia en un centro de protección y reforma de menores aun habiendo cumplido la mayoría de edad”, han comunicado desde el Ejecutivo.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha condenado las agresiones sufridas esta mañana por vigilantes de seguridad y educadores del centro de menores de Juslibol en Zaragoza.“Cada vez nos sentimos más indefensos. Esta mañana hemos pasado mucho miedo cuando he visto cómo pateaban a mi compañero y le daban patadas en la cabeza. Los vigilantes nos jugamos la vida. No podemos llevar defensa. Hay porras guardadas en armarios, pero en situaciones como ésta no da tiempo de ir a buscarlas. Solo llevamos chalecos antitrauma”, denuncia una vigilante de seguridad del centro de menores, que ha vivido el motín de esta mañana.

Los vigilantes del centro de menores denuncian también falta de mantenimiento: “Hay cámaras que no funcionan. Y los walkies para comunicarnos entre nosotros funcionan regular”, apunta esta trabajadora. “La plantilla está envejecida y la situación en el centro cada vez es más complicada. Necesitamos más medios”.

CSIF ya denunció en noviembre de 2024 la falta de personal y de medios de defensa de los vigilantes de seguridad, tras varias agresiones producidas en el centro. Durante 2025, CSIF se ha reunido con responsables de los grupos políticos en las Cortes y con la Justicia de Aragón para tratar este tema. Según el sindicato, algunos internos intentaron fugarse armados con palos de escoba y otros objetos, provocando lesiones a parte del personal, que presentó denuncias ante la Policía Nacional y causó baja médica en el caso de los vigilantes agredidos.

CSIF alertó entonces de que este edificio contaba únicamente con un vigilante por turno, sin medidas de autoprotección ni espacios de refugio, lo que dejaba expuestos tanto al personal como a los usuarios. En enero de 2025, un educador social fue agredido por un interno cuando trataba de impedir que rompiera un espejo para utilizarlo como arma cortante. Plataformas profesionales y comités de empresa denunciaron entonces la precariedad laboral y la falta de medios de protección en centros de titularidad pública y gestión privada, y reclamaron condiciones de trabajo más seguras.

La apacible cotidianidad de Cartes, un municipio de Cantabria que no llega a los 6.000 habitantes a la vera del río Besaya y limítrofe con Torrelavega, se ha quebrado repentinamente con el anuncio de abrir un centro para los menores extranjeros que vienen de Canarias. Una decisión del Gobierno autonómico del PP que la alcaldesa del PSOE ha calificado de “castigo”.

Cartes, en los últimos años, solo había llamado la atención por sus excesos navideños. En una ocasión instaló el que supuestamente era el árbol de Navidad más alto del país, de 65 metros de altura, y en otra, un trineo de Papá Noel volador. Se trata de uno de los pocos municipios que quedan en Cantabria teñidos de rojo. Diez de los trece concejales en la Corporación municipal son del PSOE, otros dos del Partido Popular y el último del PRC.

En las últimas elecciones autonómicas, las de 2023, se impuso el Partido Popular y la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, tomó las riendas de la comunidad con un Gobierno en minoría.

Una de sus primeras iniciativas fue renunciar a hacer un centro de acogida de refugiados en otro municipio, gobernado por un alcalde también del PP, que el Ministerio de Inclusión y Migraciones iba a financiar con 30 millones de euros provenientes de fondos europeos. Gracias a un acuerdo firmado con el propio Gobierno de Cantabria en la legislatura anterior, cuando los asuntos sociales estaban gestionados por el PSOE en un Ejecutivo de coalición con el PRC.

Camargo, un municipio de 30.000 habitantes, votó en un pleno que prefería dedicar el viejo edificio del psiquiátrico de Parayas, donde se pensaba construir el centro de acogida, a un centro para personas mayores. “España es muy grande, los refugiados se pueden acoger en muchos lugares, pero a nuestros mayores hay que atenderlos en Cantabria”, argumentó entonces la presidenta autonómica del PP. El rechazo abrió una fuerte polémica. “Rozan la xenofobia”, denunció el PSOE sobre estas declaraciones.

La presidenta anunció, entonces, que los presupuestos de 2024 incluirían una partida para definir el “proyecto sociosanitario” que se comprometió a poner en marcha durante la presente legislatura. Hace poco se confirmó que el Gobierno sigue meditando qué va a hacer con el edificio. No se ha movido ni un papel cuando resta poco más de un año para que los cántabros vuelvan a las urnas.

En paralelo, el Gobierno del PP ha recurrido todos los traslados de menores extranjeros que llegan a la comunidad, dentro del reparto impulsado por el Estado que se hace entre autonomías para aliviar la situación migratoria de Canarias.

Hasta aquí todo se desarrolló de la forma esperada. El PP con su discurso en contra de la acogida y el PSOE con su discurso a favor. Hasta que el Gobierno de Cantabria ha anunciado esta semana la compra de un edificio en Cartes para construir un centro de acogida y la alcaldesa socialista, Lorena Cueto, ha calificado de “castigo” que instalen a los menores extranjeros en su pueblo.

“Solidaridad, toda. Castigos para Cartes, ninguno”, ha sentenciado la regidora municipal en un mensaje difundido en su red social de Facebook. Una reacción que comparte la portavoz regionalista del municipio y que ha sacudido al pueblo.

Entre los argumentos para rechazar este centro –que acogerá a una veintena de menores procedentes de Canarias– la alcaldesa apela al hecho de que el centro estará en el Camino Real, la calle principal de la localidad. “No hay que olvidar que Cartes es un Conjunto Histórico de Especial Protección”, apostilla para refrendar su argumento.

La regidora ha criticado que se trata de una decisión “unilateral” del Gobierno liderado por Buruaga, “que jamás ha consultado ni acordado con el Ayuntamiento de Cartes”.

“Estamos en contra por la forma y por el fondo”

“Estamos en contra por las formas y por el fondo con el que el Gobierno de Cantabria está gestionando este asunto: oscurantismo, sin consultar, sin negociar y sin acordar nada con el Ayuntamiento; y lo más importante, de espaldas a los vecinos y vecinas”, insiste la alcaldesa.

La dirección del PSOE de Cantabria ha tratado de templar la reacción de su alcaldesa matizando que lo que se denuncia en Cartes “no es la elección del municipio sino la opacidad, el oscurantismo y la deslealtad con la que el Gobierno lo ha gestionado”.

No obstante, la portavoz del partido, Ainoa Quiñones, tampoco considera Cartes una elección afortunada para poner el centro de menores. Al igual que la alcaldesa, ha reiterado en que “el Camino Real forma parte de un Conjunto Histórico de Especial Protección”.

“Cualquiera que conozca Cartes y el Camino Real saben que Buruaga miente cuando justifica la ubicación en un modelo de integración y no de aislamiento porque en esa zona viven unos pocos vecinos de avanzada edad y lo único que están haciendo es aislar a esos niños y niñas”, ha justificado la portavoz socialista.

Quiñones ha subrayado el rechazo a la ubicación aludiendo a que “hay una clara intencionalidad política de menoscabar la imagen de gestión municipal al no realizar la colaboración previa para una buena acogida”. “No hay opción, estamos cumpliendo una imposición de Sánchez”, ha replicado la presidenta del PP.

¿Por qué se ha elegido Cartes?

Más allá de la sorpresiva reacción de rechazo de los socialistas hay un mar de fondo político que hilvana la historia. Los vecinos de Cartes votaron por mayoría absoluta al ya exalcalde Agustín Molleda, que hace unos meses cedió el bastón de mando a su compañera Lorena Cueto para convertirse en secretario de Organización del PSOE de Cantabria.

No tardó en ser protagonista de un escándalo mayúsculo cuando un medio de comunicación local desveló que él y su hermana obtuvieron sendas plazas fijas de funcionarios en un concurso de méritos que convocó siendo alcalde. En su caso, se trataba de un puesto de encargado de mantenimiento.

Buruaga dijo que era “una corrupción de libro” y Molleda la llevó a los tribunales, aunque quedó en un acto de conciliación. La presidenta no se desdijo, pero Molleda consideró que sí. El asunto no fue más allá. Ahora no faltan voces que consideran que este episodio ha podido influir en la elección de Cartes, entre los 102 municipios cántabros, para instalar el centro de menores en el corazón del pueblo.

La alcaldesa que sustituyó a Molleda dice que va a presentar batalla. Por lo pronto, los vecinos se están movilizando para acudir al próximo pleno y exigir que se instale en otro lugar. Se puede dar la paradoja de que Cartes sea un municipio a contracorriente, donde los concejales del PSOE rechacen tener un lugar de acogida de menores extranjeros y los ediles del PP apoyen una iniciativa que impulsa su partido desde el Gobierno.

El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) ha comprado un edificio en el Camino Real de Cartes con la intención de acoger menores extranjeros no acompañados. “Un recurso asistencial” que se destinará “de momento” a estos niños extranjeros, si bien luego será “para menores”, en función de las necesidades.

Así lo han confirmado fuentes del Ejecutivo autonómico a Europa Press, después de que la alcaldesa del municipio de Cartes, la socialista Lorena Cueto, lo anunciara en sus redes sociales.

En una publicación en su cuenta de Facebook, la regidora ha criticado que se trata de una decisión “unilateral” del Gobierno liderado por Buruaga, “que jamás ha consultado ni acordado con el Ayuntamiento de Cartes”.

Asimismo, la regidora ha censurado que se ha enterado de dicha noticia por la fundación que se hará cargo de la gestión del centro, y cuyos detalles el Ejecutivo del PP o su representación en el Consistorio “nos deberían haber hecho llegar mucho antes y que jamás han hecho”.

“Estamos en contra por las formas y por el fondo con el que el Gobierno de Buruaga está gestionando este asunto: oscurantismo, sin consultar, sin negociar y sin acordar nada con el Ayuntamiento; y lo más importante, de espaldas a los vecinos y vecinas”, ha manifestado la alcaldesa, que ha recordado que Cartes es un Conjunto Histórico de Especial Protección.

Según ha avanzado Cueto, desde el equipo de Gobierno van a exigir que le se diga “la verdad” y que se explique cuáles son las razones objetivas para elegir Cartes para este centro de menores.

En este sentido, este miércoles articularán “todas las herramientas a nuestro alcance para saber y conocer la verdad de un hecho muy grave, con un responsable cobarde que actúa a escondidas y sin ningún tipo de explicación”. “Solidaridad, toda. Castigos para Cartes, ninguno”, ha sentenciado.

La alcaldesa socialista escribe -en un mensaje en su cuenta de la red social Facebook- que “nos han confirmado” que es cierto que el Gobierno de Cantabria ha comprado una propiedad en el Camino Real de Cartes con la intención de convertirlo en una residencia para acoger a menores extranjeros no acompañados. “No hay que olvidar que Cartes es un Conjunto Histórico de Especial Protección”, apostilla.

L'espai de primera acollida habilitat pel Consell de Mallorca a l'antiga caserna de Son Tous, que ja està operatiu, podrà albergar un màxim de 64 menors estrangers no acompanyats.

L'edifici compta amb dues plantes i quatre ales, de les quals pel moment està operativa una a la planta baixa amb capacitat per a 16 menors migrants.

El nou centre d'atenció d'emergència, que és gestionat per la Fundació SAMU, comptarà pel moment -encara que podria incrementar-se a mesura que ho faci el nombre de places-- amb quatre auxiliars educatius, un psicòleg, dos mediadors interculturals i un treballador social.

El president de l'Institut Mallorquí d'Assumptes Socials (IMAS), Guillem Sànchez, ha visitat aquest dimecres el recurs, que ja està en marxa malgrat que pel moment no hi ha cap menor acollit, i ha donat compte del seu funcionament.

El treball que es desenvoluparà a Son Tous, ha explicat, no serà d'integració, sinó d'atenció immediata i buscarà que els menors, a més de rebre la manutenció corresponent, puguin aprendre l'idioma i la cultura mentre avança el seu procés.

“És un recurs molt necessari que permetrà una acomodació ordenada de l'arribada de tots els nens, nenes i adolescents que arriben a la nostra illa”, ha subratllat en declaracions als mitjans de comunicació.

Sànchez ha confiat en que les obres d'adequació de les tres ales restants, que permetrien ampliar la capacitat del centre fins a un màxim de 64 places, avancin amb la celeritat suficient perquè el recurs no es quedi curt.

“Pot quedar-se curt en poc temps? Ja veurem, esperem que el ritme d'arribades no sigui com en els últims anys i això ens permeti accelerar i tenir més ales disponibles”, ha exposat.

Això, ha apuntat, també dependrà del temps que els menors passin acollits en aquest nou recurs, que variarà en funció de la velocitat dels processos dels menors.

“Alguns tenen processos més ràpids i podran ser derivats, i altres tarden més i acabaran el seu acompanyament aquí”, ha reconegut, al·legant que molts dels menors que arriben en pastera a Mallorca tenen entre 16 i 17 anys.

El també conseller insular de Benestar Social ha admès que, tenint en compte la sobresaturació que hi ha a la resta de centres residencials per a menors de l'IMAS, la cronificació d'aquest recurs d'emergències “és una realitat que pot ocòrrer”.

El espacio de primera acogida habilitado por el Consell de Mallorca en el antiguo acuartelamiento de Son Tous, que ya está operativo, podrá albergar a un máximo de 64 menores extranjeros no acompañados.

El edificio cuenta con dos plantas y cuatro alas, de las que por el momento está operativa una en la planta baja con capacidad para 16 menores migrantes.

El nuevo centro de atención de emergencia, que está gestionado por la Fundación SAMU, contará por el momento --aunque podría incrementarse a medida que lo haga el número de plazas-- con cuatro auxiliares educativos, un psicólogo, dos mediadores interculturales y un trabajador social.

El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez, ha visitado este miércoles el recurso, que ya está en marcha pese a que por el momento no hay ningún menor acogido, y ha dado cuenta de su funcionamiento.

El trabajo que se desarrollará en Son Tous, ha explicado, no será de integración sino de atención inmediata y buscará que los menores, además de recibir la manutención correspondiente, puedan aprender el idioma y la cultura mientras avanza su proceso.

“Es un recurso muy necesario que permitirá una acomodación ordenada de la llegada de todos los niños, niñas y adolescentes que llegan a nuestra isla”, ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación.

Sánchez ha confiado en que las obras de adecuación de las tres alas restantes, que permitirían ampliar la capacidad del centro hasta un máximo de 64 plazas, avancen con la celeridad suficiente para que el recurso no se quede corto.

“¿Que puede quedarse corto en poco tiempo? Ya veremos, esperemos que el ritmo de llegadas no sea como en los últimos años y eso nos permita acelerar y tener más alas disponibles”, ha expuesto.

Eso, ha apuntado, también dependerá del tiempo que los menores pasen acogidos en este nuevo recurso, que variará en función de la velocidad de los procesos de los menores.

“Algunos tienen procesos más rápidos y podrán ser derivados, y otros tardan más y acabarán su acompañamiento aquí”, ha reconocido, alegando que muchos de los menores que arriban en patera a Mallorca tienen entre 16 y 17 años.

El también conseller insular de Bienestar Social ha admitido que, habida cuenta de la sobresaturación que existe en el resto de centros residenciales para menores del IMAS, la cronificación de este recurso de emergencias “es una realidad que puede ocurrir”.

Decenas de miles de húngaros pidieron este sábado, en las calles de Budapest, la dimisión del primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, tras desatarse un escándalo por casos de abusos de menores en hogares infantiles del país.

“¡Basta ya! Manifestación en defensa de los menores”, fue el lema de la protesta convocada por el principal rival de Orbán, el conservador y opositor Péter Magyar, jefe del partido Tisza.

La marcha, en la que según estimaciones del portal 444.hu participaron decenas de miles de personas, llegó hasta la sede de la oficina del primer ministro, en el barrio 'Castillo de Buda' de la capital.

“El poder no es capaz de defender a los menores”, declaró Magyar ante los congregados.

El popular líder opositor aludió así al escándalo desatado tras la reciente publicación de varios vídeos en los que se ve cómo empleados de un centro correccional agreden físicamente a menores, así como de un informe sobre maltrato de niños en hogares infantiles.

“En una democracia, después de casos como estos, el primer ministro y también el presidente debe irse”, dijo Magyar, augurando que el gobierno del partido de Orbán, Fidesz, en el poder desde 2010, “está por terminar”.

“¿Cómo pueden permitir que en este país se golpee, se humille, se viole y se mate de hambre a los niños en lugares que deberían ser seguros para ellos? ¿Cómo pueden permitir esto?”, planteó el político.

Tras varias denuncias de abuso en el centro correccional de la calle Szolo de Budapest, Orbán reaccionó primero negando que se hubieran cometido delitos contra menores de edad.

Después de la publicación de los vídeos grabados en la citada institución, el Gobierno alegó que las víctimas eran jóvenes que habían cometido delitos y decretó la supervisión policial de estos centros.

Varios especialistas llamaron la atención de que los jóvenes albergados en esos centros son menores de edad con juicios en curso, es decir, no han sido declarados culpables y condenados, por lo que les corresponde la presunción de inocencia.

Un informe realizado en 2021 y publicado recientemente por Magyar denuncia unos 3.300 presuntos casos de abuso de diferentes niveles contra menores de edad en hogares infantiles, un número supone el 20 % de todos los menores albergados.

Los redactores del documento encuestaron a centenares de empleados de los hogares sobre los dos años anteriores, y estiman que es aún mayor la cifra oscura, pues los casos denunciados oficialmente no superarían el 25 % del total.

Según el informe, más de 300 menores sufrieron abuso sexual en los hogares.

Magyar aludió el viernes a este documento como un “informe secreto”, acusando al Gobierno de Orbán de conocerlo y haberlo ocultado, razón por la que pidió su dimisión.

Sin embargo, la prensa independiente afirma que el estudio había sido publicado al menos parcialmente.

Por su parte, el Ministerio de Interior informó de que en 2022 se envió a los jefes de los servicios especializados el citado informe, se elaboró un protocolo de investigación y se presentaron más de 3.400 denuncias por sospecha del maltrato de menores.

Hungría celebra elecciones legislativas el próximo año, previsiblemente en abril, y el sondeo más reciente, realizado por el Instituto Republikon, ha medido una intención de voto del 43 % para el partido Tisza y del 35 % para el partido de Orbán, el Fidesz.

La menor acusada, junto a otros dos jóvenes varones, en el caso de la educadora social asesinada el pasado marzo en un piso de cumplimiento de medidas judiciales de Badajoz, saldrá este miércoles en libertad vigilada del centro de menores Marcelo Nessi.

Fuentes judiciales han confirmado a EFE que se ha tomado esta decisión después de culminar el plazo máximo de la medida cautelar de internamiento desde el ingreso de la adolescente en este centro y puesto que aún no se conoce la sentencia en relación a este caso, juzgado a finales de octubre en la capital pacense.

La ausencia de resolución judicial ha generado malestar entre distintos abogados que han participado en el proceso, así como en la familia de la víctima, que expresan su preocupación por la tardanza en conocer el fallo.

La acusación particular modificó durante la última jornada del juicio su acusación respecto a la joven, para acusarla como cómplice y no como autora material, a tenor de la evolución de la vista, con lo que finalmente coincidía con la Fiscalía.

Pese a la coincidencia jurídica, la acusación particular reclama para la menor seis años de internamiento, uno más que la petición de la Fiscalía, que solicita cinco al entender que ese debe ser el límite para este caso. Respecto a los dos jóvenes varones, de menor edad que la acusada, ambas acusaciones demandan seis años de internamiento.