El Gobierno asturiano ha confiado la dirección del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en Oviedo/Uviéu, a una educadora “de la casa”. María del Carmen Pérez Ruiz, que lleva más de 15 años trabajando en este equipamiento, es la nueva directora en sustitución de Aída Rodrigo, quien el pasado mes de agosto dimitió tras permanecer 14 meses en el cargo. Había relevado a María José Álvarez, quien renunció a seguir en el puesto en abril de 2025.

Un cambio en la dirección con el que el Principado trata de contener y rebajar el grado de conflictividad en un centro donde las agresiones, motines y fugas han estado en el día a día, con protestas de trabajadores por las insuficientes medidas de seguridad y los mensajes de tranquilidad lanzados desde el Gobierno regional.

La intervención del centro

No en vano, el propio consejero de Justicia y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, tuvo que coger las riendas una vez que se tuvo conocimiento de la fuga de ocho internos en el breve espacio de una semana que dejó un balance de cinco vigilantes de seguridad heridos.

El pasado 9 de junio, elDiario.es Asturias, recogía las declaraciones del consejero donde anunciaba que la gestión del centro iba a pasar a depender directamente de la Viceconsejería de Justicia y se iba a crear un grupo de dirección que se encargaría de la organización cotidiana de este equipamiento.

La gestión, en manos del Principado

Era una solución intermedia hasta encontrar el perfil de la persona que iba a asumir la responsabilidad de la dirección y que fue difundida a través de las redes sociales, como se aprecia a continuación.

Cuatro meses después de ese anuncio, el Principado ha hecho pública la designación de María del Carmen Peréz Ruiz como nueva directora; cargo al que accede tras el procedimiento de provisión de la plaza por libre designación convocado el mes pasado. 

De educadora a directora

Pérez Ruiz conoce bien “la casa”. A lo largo de los 15 años que lleva en Sograndio ha desempeñado funciones como auxiliar educadora, educadora y coordinadora, por lo que, según el Principado, es la persona idónea ya que “acumula una amplia experiencia vinculada a la ejecución de las medidas judiciales impuestas a menores y a la intervención socioeducativa con adolescentes”. 

La nueva directora es diplomada en Educación Social por la UNED y cuenta con formación especializada en mediación familiar, protección de la infancia y adolescencia e intervención con menores infractores. También ha completado una amplia formación específica en ámbitos como el derecho penal de menores, la gestión de equipos, la resolución de conflictos, las técnicas de desescalada y el trabajo con familias. 

El nombramiento de la nueva directora pone fin a la intervención del centro por parte de la consejería y a la comisión liderada por la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, que se encargaba de la gestión del equipamiento desde entonces. 

Ahora se abre una nueva etapa para el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en el que están en marcha las obras de refuerzo de la valla perimetral y la videovigilancia, así como la ampliación de las camarillas.  

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura ha acusado de “racista e insolidario” al Ejecutivo de María Guardiola tras revelar un drástico tijeretazo en las partidas destinadas a los centros de menores, cuyas competencias están en manos de Vox. Según los socialistas, el Gobierno regional ha vaciado de fondos las políticas de infancia mientras recurre ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 556/2026, que fija en 364 las plazas de acogida para menores migrantes no acompañados que corresponden a la comunidad.

La denuncia del PSOE se sostiene en la evolución del presupuesto autonómico para la red de atención a la infancia. Mientras que en las cuentas de 2025 la partida contaba con una dotación de dos millones de euros, para el ejercicio 2026 el crédito inicial se redujo a la mitad (un millón de euros). Posteriormente, mediante una modificación presupuestaria, la Junta detrajo otros 700.000 euros, dejando el fondo recortado a tan solo 300.000 euros. De esa cifra, a fecha de 30 de junio solo se habían ejecutado 12.000 euros.

Para la portavoz socialista de Servicios Sociales e Infancia, Soraya Vega Prieto, estos datos desmontan el argumento del “colapso” de los centros aludido por el Gobierno autonómico para rechazar la cuota estatal. “Si de verdad existe un problema de capacidad, lo que tiene que hacer un gobierno responsable es invertir y mejorar los centros. Lo que no puede hacer es vaciar de fondos las políticas de infancia y después utilizar la falta de recursos que él mismo ha provocado para justificar que no quiere atender a determinados niños y niñas”, ha aseverado Vega tras mantener un encuentro con la Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX).

El choque entre oposición y Gobierno regional se produce después de que el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (Vox), anunciara la impugnación del decreto y la solicitud de suspensiones cautelarísimas para congelar la llegada de los 364 menores. Desde la Junta justifican el movimiento alegando que la asignación se ha formulado de manera “arbitraria” y “discrecional” sin evaluar la capacidad real económica ni habitacional de la región.

Frente a esta posición, el PSOE ha reprochado la falta de empatía de la presidenta Guardiola con territorios que afrontan una alta presión asistencial, como Ceuta, cuestionando si la respuesta del Ejecutivo autonómico se limitará a la protesta o si aportará soluciones reales. “Decisiones como esta no son propias de un gobierno responsable, sino de un gobierno racista que utiliza la inmigración y a los menores como elemento de confrontación política”, ha concluido Vega, instando a que Extremadura ejerza la solidaridad institucional.

La Comunitat Valenciana acollia, a 31 d'agost de 2026, un total de 1.152 xiquets, xiquetes i adolescents migrants no acompanyats, segons els registres de dades oficials. Aquesta xifra representa una proporció d'un menor per cada 5.000 habitants al territori valencià. D'acord amb la capacitat ordinària aprovada pel Consell de Ministres el passat 29 de juny, davall les directrius del Reial decret llei 2/2025 per a la garantia de l'interés superior de la infància davant de contingències migratòries extraordinàries, la xarxa pública valenciana hauria de comptar amb 1.903 places estructurals. D'aquesta manera, l'ocupació actual del sistema se situa en el 60% de la seua capacitat ordinària, una xifra allunyada dels relats de sobresaturació del 180% argumentats pel Consell de Pérez Llorca.

L'evolució del sistema reflecteix un creixement moderat en els últims mesos. A començaments de 2025, abans de l'entrada en vigor del Reial decret llei 2/2025, la Comunitat Valenciana acollia 1.017 menors migrants no acompanyats. En el transcurs d'un any i mig, el nombre de xiquets i xiquetes davall la tutela autonòmica s'ha incrementat únicament en 135 persones.

Segons fonts de l'Executiu central, aquestes xifres demostren que l'aplicació del mecanisme d'acollida vinculant i solidària aprovat l'any passat a penes ha tingut incidència sobre la capacitat del sistema valencià. I afigen que, per al finançament d'aquestes places, el Govern d'Espanya va entregar l'any passat a la Generalitat fons extraordinaris per un import de 7.414.575 euros, als quals se suma una assignació addicional de 2.601.726 euros en aquest exercici.

Des del Ministeri de Joventut i Infància defensen que la solidaritat amb la ciutat autònoma de Ceuta exigeix el compromís actiu de les comunitats autònomes, competents en exclusiva en la protecció de menors. Fonts del departament ministerial sostenen que la via per a articular el trasllat és la firma de convenis bilaterals per a la derivació de xiquets i xiquetes de les instal·lacions ceutines. “El cas de Navarra ha demostrat que, amb voluntat política, és molt senzill”, assenyalen des del Ministeri, i recorden l'obligació de dotar correctament els sistemes públics per a disposar de les places fixades en la capacitat ordinària, evitar “informacions falses” a l'opinió pública i dimensionar els recursos en lloc d'aplicar reduccions fiscals a les rendes més altes.

Aquesta discrepància en el ball de xifres es produeix en un escenari de creixent tensió política entre les dos administracions. El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ha afirmat aquest mateix divendres que no existeix “cap comunicació oficial” per part del Govern central i ha insistit que les instal·lacions públiques estan “al 180 %” de la seua capacitat, per la qual cosa descarta la recepció de més menors. Consultada per elDiario.es, la Conselleria de Serveis Socials, responsable de l'acollida de menors migrants, s'ha remés a les paraules de Barrachina d'aquest mateix divendres: “Res a afegir”.

En els mateixos termes es va expressar fa uns dies el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, qui va reiterar el seu rebuig frontal al trasllat des de Ceuta després de qualificar l'entrada de migrants a finals de juliol com una “invasió” i defensar el retorn immediat dels xiquets als seus països d'origen davall la premissa que “els xiquets on millor estan és amb els seus pares”.

La Comunitat Valenciana acogía a 31 de agosto de 2026 a un total de 1.152 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, según los registros de datos oficiales. Esta cifra representa una proporción de un menor por cada 5.000 habitantes en el territorio valenciano. De acuerdo con la capacidad ordinaria aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, bajo las directrices del Real Decreto-ley 2/2025 para la garantía del interés superior de la infancia ante contingencias migratorias extraordinarias, la red pública valenciana debería contar con 1.903 plazas estructurales. De este modo, la ocupación actual del sistema se sitúa en el 60% de su capacidad ordinaria, una cifra alejada de los relatos de sobresaturación del 180% argumentados por el Consell de Pérez Llorca.

La evolución del sistema refleja un crecimiento moderado en los últimos meses. A comienzos de 2025, con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2025, la Comunitat Valenciana albergaba a 1.017 menores migrantes no acompañados. En el transcurso de un año y medio, el número de niños y niñas bajo tutela autonómica se ha incrementado únicamente en 135 personas.

Según fuentes del Ejecutivo central, estas cifras demuestran que la aplicación del mecanismo de acogida vinculante y solidaria aprobado el pasado año apenas ha tenido incidencia sobre la capacidad del sistema valenciano. Y añaden que para la financiación de estas plazas, el Gobierno de España entregó el pasado año a la Generalitat fondos extraordinarios por un importe de 7.414.575 euros, a los que se suma una asignación adicional de 2.601.726 euros en el presente ejercicio.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia defienden que la solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta exige el compromiso activo de las comunidades autónomas, competentes en exclusiva en la protección de menores. Fuentes del departamento ministerial sostienen que la vía para articular el traslado es la firma de convenios bilaterales para la derivación de niños y niñas de las instalaciones ceutíes. “El caso de Navarra ha demostrado que, con voluntad política, es muy sencillo”, señalan desde el Ministerio, y recuerdan la obligación de dotar de manera correcta los sistemas públicos para disponer de las plazas fijadas en la capacidad ordinaria, evitar “informaciones falsas” a la opinión pública y dimensionar los recursos en lugar de aplicar reducciones fiscales a las rentas más altas.

Esta discrepancia en el baile de cifras se produce en un escenario de creciente tensión política entre ambas administraciones. El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha afirmado este mismo viernes que no existe “ninguna comunicación oficial” por parte del Gobierno central y ha insistido en que las instalaciones públicas están “al 180 por ciento” de su capacidad, por lo que descarta la recepción de más menores. Consultada por elDiario.es la Conselleria de Servicios Sociales, responsable de la acogida de menores migrantes, se ha remitido a las palabras de Barrachina de este mismo viernes: “Nada que añadir”.

En los mismos términos se expresó hace unos días el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, quien reiteró su rechazo frontal al traslado desde Ceuta tras calificar la entrada de migrantes a finales de julio como una “invasión” y defender el retorno inmediato de los niños a sus países de origen bajo la premisa de que “los niños donde mejor están es con sus padres”.

El Gobierno de Asturias ha reculado en su decisión de trasladar a los ocho menores extranjeros tutelados por la administración autonómica que residen actualmente en Avilés al inmueble número 32 del Paseo de La Florida, en Oviedo/Uviéu, como barajaba inicialmente. El Principado da así marcha atrás a una de las actuaciones más polémicas que han provocado una fuerte división en el barrio, entre partidarios y detractores, que se ha escenificado con protestas en la calle.

Esta ha sido la primera medida que ha adoptado Nerea Monroy nada más tomar posesión de su cargo ayer, lunes, como nueva consejera de Derechos Sociales y Bienestar.

Un barrio dividido

A pesar de que desde la Consejería se ha insistido en que los ocho menores están “plenamente integrados” en la sociedad asturiana, ya que estudian y llevan un año viviendo en Avilés, el anuncio de que iban a ser trasladados al barrio no fue muy bien recibida por un sector de los residentes en el edificio que mostraron su rechazo con concentraciones en las que contaron con el apoyo de Vox.

La oposición radical a su traslado fue contestada con una manifestación convocada por Asturies Antifascista donde se corearon esloganes acomo “Nativa o extranjera la misma clase obrera” o “Fuera fascistas de nuestros barrios” mientras portaban pancartas con la leyenda “Contra el racismo, unidad de clase”, en medio de un amplio despliegue policial.

Un emplazamiento alternativo

En medio de este clima de hostilidad cada vez más patente, el Principado ha optado por descartar el traslado de los menores a este barrio ovetense. Sin embargo, alega que los motivos que le llevan a buscar otras alternativas no son otros que “razones técnicas y jurídicas”.

“La elección de un local adecuado para acoger a menores no acompañados requiere una serie de condiciones de idoneidad. Como adelantó hace unas semanas la consejera Concepción Saavedra, que había asumido temporalmente las competencias de Derechos Sociales, el Gobierno del Principado estaba evaluando tales requisitos. La propia Saavedra había anunciado que el Ejecutivo consideraba la elección de otros lugares”, han señalado desde el Principado.

Un primer adelanto de esta evaluación fue comunicado ayer a la nueva titular de Derechos Sociales, Nerea Monroy. A la vista de esta información, “que será analizada y completada con detalle durante los próximos días”, subrayan las mismas fuentes, la consejera ha decidido cancelar la opción de La Florida y centrar la tarea en la elección de otro lugar “libre de cualquier duda de carácter técnico o jurídico”.

Menores integrados y tutelados

El Gobierno de Asturias ha reiterado por activa y por pasiva que se trata de buscar un alojamiento adecuado para ocho menores que “ya llevan tiempo en la comunidad autónoma, están plenamente integrados y, además, están tutelados”.

A pesar de que, con este anuncio, el Principado da por zanjada esta polémica, el pleno del Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu debate este martes este tema después de que Vox haya registrado una pregunta donde insta al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a posicionarse “si está con los vecinos o si acepta en Oviedo el modelo de acogida impuesto por la izquierda”.

Podemos Santander y la asociación Pasaje Seguro han llevado ante la Fiscalía mensajes que califican a menores migrantes como “carne humana” y a través de un escrito conjunto solicitan al ministerio público que investigue la posible existencia de un delito de odio en contenidos difundidos en redes sociales por la plataforma Remigración y Reconquista y la Asociación Alfonso I.

En los mismos, y según los denunciantes, se refieren a menores extranjeros como “otra tanda de menas” y “otra tanda de carne humana con la que trafica el Gobierno” y difunden expresiones como que “tengamos que comernos a inmigrantes”, para concluir afirmando que “es necesaria la remigración”.

Según han informado Podemos y Pasaje en un comunicado, la denuncia parte de un vídeo sobre la acogida en Cantabria de menores migrantes procedentes de Ceuta en el que se utilizan las citadas expresiones, que ambas organizaciones consideran que pueden constituir un delito de odio. Posteriormente, añaden, se contrapone su llegada con las “dificultades económicas, familiares y de acceso a la vivienda de los españoles”.

En el escrito presentado ante Fiscalía, Podemos y Pasaje aportan el archivo audiovisual íntegro, su transcripción y certificaciones electrónicas de las publicaciones, además de diferente documentación destinada a acreditar su contexto y difusión.

Según indican, el mensaje en cuestión “no aparece de forma aislada”, ya que entre la documentación aportada también figura una publicación de presentación de Remigración y Reconquista en la que la propia plataforma establece entre sus objetivos “detener la sustitución de nuestro pueblo”, junto a “devolver la dignidad a los españoles” y “defender nuestra identidad y soberanía”.

Igualmente, y tal y como aseguran, se ha documentado otra publicación en la que se caracteriza un movimiento migratorio como una “invasión inducida”.

Desde Podemos Santander y Pasaje Seguro consideran que se puede discrepar de políticas públicas, incluidas las migratorias, pero no se puede “normalizar que se hable de seres humanos como tandas o carne humana” y “mucho menos” cuando se trata de menores. Por eso, piden a la Fiscalía que investigue los hechos, determine la autoría y responsabilidad sobre la elaboración y difusión de estos contenidos y valore su posible relevancia penal.

Con eslóganes muy descriptivos como “Más barrio y más servicios públicos y menos racismo” y “El fascismo se combate, no se debate”, cientos de personas han salido este jueves a la calle a manifestarse, en medio de una gran tormenta de lluvia y granizo, secundando la convocatoria de Asturies Antifascista en protesta por el rechazo de un sector de vecinos a que tres pisos de su edificio de viviendas, ubicado en el barrio de La Florida, en la capital asturiana, se destine al alojamiento de ocho menores extranjeros que actualmente residen en Avilés en un centro “muy anticuado”.

Apenas media hora antes, los vecinos que se oponen se habían concentrado delante del inmueble número 32 del Paseo de La Florida, para dejar patente su malestar por la decisión de la administración del Principado de ubicar a los menores en su barrio.

Concentraciones paralelas

Ambas manifestaciones de protesta se han desarrollado sin incidentes y separadas por escasos metros entre sí. La tormenta de lluvia y granizo que descargó esta tarde-noche en Oviedo/Uviéu hizo que muchos manifestantes acabaran refugiándose en los soportales.

El barrio de La Florida es un polvorín estos días desde que trascendió la noticia de que el Principado barajaba destinar tres pisos de ese edificio para que residieran en ellos los ocho menores que, según sostiene la consejera de Salud Concepción Saavedra -que asume provisionalmente las funciones de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ante la baja de su titular- están “plenamente integrados” y no son “nada conflictivos”.

La división del barrio

El barrio está dividido y, aunque no hay fronteras ni líneas que lo separen, los motivos ideológicos están haciendo mella en la convivencia diaria.

Por un lado están los vecinos y vecinas que protestan, con el apoyo de Vox, por el posible traslado de los menores extranjeros porque no quieren convivir con ellos y, por otro, aquellos otros vecinos del barrio, apoyados por colectivos sociales y grupos políticos de izquierdas, que denuncian los mensajes de odio y se movilizan contra la xenofobia y el racismo. Dos posicionamientos que se han escenificado este jueves, en la calle, en sendas convocatorias casi simultáneas en el barrio y que han subido todavía más la escalada de tensión en la que está inmerso el debate público.

Manifestación contra el racismo

La plataforma Asturies Antifascista convocó una concentración frente al Centro de Estudios de La Florida, en la plaza Carlos Osoro.

Con el lema “Fuera racismo de nuestros barrios” respondía a las recientes movilizaciones convocadas por Vox y Núcleo Nacional en contra de la posible llegada de los menores al barrio.

“Contra el racismo, unidad de clase”

A la concentración antifascista se han sumado varios centenares de personas que han coreado lemas como “Nativa o extranjera la misma clase obrera” o “Fuera fascistas de nuestros barrios” mientras portaban pancartas con la leyenda “Contra el racismo, unidad de clase”, en medio de un amplio despliegue policial.

Entre los participantes se encontraba la portavoz de Podemos en la capital asturiana, Belén Suárez Prieto, quien ha asegurado que la acogida de menores vulnerables es una obligación moral, además de legal.

Generan “falsa inseguridad”

“Desde Podemos Uviéu creemos que la mejor política de seguridad y convivencia es acoger a las y los menores vulnerables, garantizando todos sus derechos y sin crear guetos al servicio de los discursos de odio que enfrentan al vecindario y generan falsa inseguridad”, ha aseverado.

La portavoz local ha recordado que “Asturies siempre fue una tierra solidaria y de acogida. En Podemos -ha añadido- tenemos claros principios antirracistas y reivindicamos, en Ceuta y en La Florida, que las administraciones cumplan con la atención a las personas migrantes, garanticen sus derechos e impidan la propagación de bulos y odio”.

El trabajo con colectivos de migrantes

Suárez Prieto quiso reconocer la labor de las asociaciones y colectivos de personas migrantes y su trabajo pedagógico en favor de la convivencia vecinal y de la garantía de derechos fundamentales de la infancia migrante.

“Es comprensible que se genere alarma entre vecinas y vecinos si falta información o se permite el racismo y el discurso de odio con impunidad. La labor de las asociaciones para favorecer la convivencia y trabajar en favor de los derechos de las personas migrantes en Oviedo es en ese sentido ejemplar”, ha señalado.

La “escalada de tensión”

El portavoz de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares también ha rechazado abiertamente las manifestaciones racistas y ha mostrado públicamente su apoyo a los menores extranjeros.

“Creemos que, ante la escalada de tensión que vive el barrio, es el momento de defender la convivencia, los derechos humanos y los derechos de la infancia frente a los discursos de odio”, ha indicado Llamazares, quien advierte de que la situación en el barrio va “mucho más allá” de una simple discrepancia de opiniones.

“El ataque a la convivencia democrática”

“Cuando Vox alimenta el miedo y los grupos neonazis encuentran espacio para actuar, estamos ante un ataque a los derechos humanos y a la convivencia democrática. Los derechos humanos no pueden depender del origen, la situación económica o las circunstancias de una persona”, ha corroborado Llamazares.

El lema “Haciendo barrio frente al odio” responde a las necesidades que su grupo municipal cree que precisa el barrio y que describe en las siguientes prioridades: “más comunidad, más solidaridad y más convivencia frente a quienes pretende enfrentar a vecinos y vecinas señalando a quienes necesitan protección”.

La protección a los menores

Llamazares también ha incidido en la importancia de proteger a los menores tutelados y evitar toda manifestación de odio hacia ellos.

“El odio no solo es racismo, también es criminalizar la pobreza y la pertenencia a una clase social convirtiendo a las personas más vulnerables en chivos expiatorios. La presencia de Vox y de grupos neonazis en las movilizaciones ha convertido un debate legítimo sobre información y garantías en una campaña de señalamiento contra menores en situación de vulnerabilidad, alimentando el miedo, el racismo y la xenofobia”, ha denunciado el concejal de IU-Convocatoria por Oviedo.

Peticiones de dimisión

La segunda concentración, convocada por la comunidad de residentes en el inmueble donde se estudia ubicar a los menores pero que no tiene el respaldo de la Asociación de Vecinos de La Florida, ha congregado a algo más de un centenar de personas que han coreado el lema “Barbón dimisión”.

A la protesta se ha sumado la portavoz de Vox en el parlamento asturiano, Carolina López, quien ha afirmado que la solución para superar el rechazo vecinal no puede consistir en trasladar “el centro de los menores a otro punto de Asturias”.

“La solución no es sacar el problema de un barrio para trasladarlo al siguiente. Nuestra posición es clara: cero menas en La Florida y cero menas en Asturias”, ha subrayado.

Alrededor de medio centenar de vecinos del barrio habían protagonizado, horas antes de que se celebraran estas dos concentraciones, otra protesta ante la sede de la Presidencia del Gobierno asturiano, donde exhibieron una pancarta con el lema “La Florida dice No al Centro de Menores”, a la que acudieron las portavoces de Vox en el Ayuntamiento de la capital asturiana y en la Junta General del Principado, Sonsoles Peralta y Carolina López, respectivamente.

La alarma social

La noticia del traslado se conoció a raíz de que los vecinos de este edificio colocaran un cartel exponiendo la información que les había trasladado la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar para destinar “la antigua residencia geriátrica a un centro de acogida a menores vulnerables (menas)”, decía textualmente.

Este cartel fue difundido por Vox a través de las redes sociales y creó una gran alarma social al relacionar ese traslado con un posible “efecto llamada a la inmigración ilegal”.

Las manifestaciones ciudadanas

Un sector de los vecinos que se opone a esta medida se ha movilizado en los últimos días en protesta por esta posible llegada de menores extranjeros al barrio.

El Principado no ha tardado en salir en defensa de los jóvenes, de los que asegura que están “plenamente integrados” en la comunidad autónoma y nunca se han metido en líos porque “no son conflictivos”.

Otras opciones

Unas explicaciones que no han bastado a estos vecinos y vecinas que rechazan de plano la llegada de los menores. Ante esa situación de tensión, la consejera Concepción Saavedra ha afirmado que se barajan otras opciones.

Las declaraciones de Concepción Saavedra llevaron a la diputada y portavoz de Vox en la Junta General del Principado, Carolina López, a “exigir” al presidente del Gobierno de Asturias, el socialista Adrián Barbón, que revelase “todas y cada una de las ubicaciones alternativas que está barajando para acoger a estos menores.

La respuesta del presidente asturiano llegó a través de su perfil oficial en la red social X donde textualmente dice lo siguiente: “Frente a los que alimentan el odio, hay que defender la verdad, la bondad y la esperanza. Una sociedad que se construye desde el odio, no tiene futuro. Es una sociedad llamada a extinguirse como, de hecho, nos enseña la historia”. A continuación reproducimos íntegramente su post.

La Vicepresidencia de Desregulación, Bienestar y Familia, dirigida por Vox, ha vuelto a utilizar este miércoles el portal oficial del Gobierno de Aragón para difundir un suceso protagonizado por un menor migrante acogido en uno de los centros de la Comunidad. En esta ocasión, el departamento de Alejandro Nolasco ha publicado una nota sobre un menor de nacionalidad argelina del centro CATIM de Zaragoza que, según relatan, ha sido detenido en varias ocasiones por su presunta implicación en varios robos a mujeres de avanzada edad.

La información publicada en Aragón Hoy identifica el centro en el que se encuentra acogido el menor y aporta detalles sobre su origen y su fecha de nacimiento declarada. La nota explica que ingresó en el CATIM el pasado 1 de abril y que cumplirá los 18 años el próximo mes de noviembre.

Según la versión difundida por el Gobierno de Aragón, la última detención se produjo el pasado domingo, 9 de agosto, después de que presuntamente empujara a una mujer de avanzada edad y le arrancara las cadenas de oro que llevaba. Varios testigos habrían señalado que el autor huyó hacia el centro de menores, donde los agentes procedieron a detenerlo. El Ejecutivo asegura que durante el arresto el joven se enfrentó a los policías.

La nota repasa también otras dos detenciones y llega a afirmar que esta persona “presentaba evidentes síntomas de estar drogada”. Tras las tres detenciones, el menor quedó en libertad y regresó al centro de acogida.

Un patrón de comunicación

La publicación de este miércoles supone un nuevo episodio en la estrategia de comunicación que la Vicepresidencia de Nolasco viene manteniendo en torno a los menores extranjeros no acompañados. El departamento ya recurrió en julio al portal institucional para informar de otros sucesos protagonizados por menores acogidos en centros de Aragón, aportando en algunos casos datos sobre su procedencia, edad o el lugar en el que se encontraban tutelados.

El uso de la web oficial del Gobierno autonómico para difundir este tipo de sucesos ya generó polémica el pasado mes. Entonces, la Asociación de Periodistas de Aragón y el Colegio Profesional de Periodistas de Aragón trasladaron el asunto a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo de la FAPE.

El organismo consideró que no podía abrir un expediente porque las publicaciones no procedían de un medio de comunicación, sino de un portal institucional. Sí reclamó, no obstante, que se aplicasen las obligaciones éticas recogidas en el Código Deontológico del Periodismo en el tratamiento de las migraciones y que se extremase la protección de los menores y colectivos vulnerables, además de evitar enfoques que pudieran favorecer su estigmatización.

En aquella ocasión, el presidente aragonés, Jorge Azcón, evitó cuestionar abiertamente la decisión de su socio de Gobierno. “Yo defiendo que se publique la verdad, que contemos hechos”, afirmó entonces, aunque añadió que si los hechos no estaban contrastados su opinión era contraria.

Azcón vuelve a cargar contra la política migratoria

Precisamente este miércoles, coincidiendo con la publicación de la nueva nota, Azcón ha vuelto a pronunciarse sobre la política migratoria del Gobierno central. Durante su visita a Galáctica, en Arcos de las Salinas (Teruel), con motivo del eclipse total de sol, el presidente aragonés ha defendido que Aragón no participe en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que se abordará el reparto de menores no acompañados procedentes de Ceuta.

Azcón ha considerado que esta reunión va a resolver “muy pocos problemas” y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser “incapaz” de defender las fronteras y de afrontar la situación de la ciudad autónoma.

“Es incapaz de resolver dos de los problemas fundamentales que tenemos en este momento, que es la ausencia absoluta de una política de inmigración y la ausencia de la defensa de nuestras fronteras”, ha señalado.

El presidente aragonés ha defendido que el Gobierno de España debería “defender las fronteras como reclaman los socios europeos” y contar con una política migratoria que, a su juicio, no genere conflictos “dentro de nuestras fronteras y con los socios europeos”.

Azcón ha atribuido la decisión de no acudir a la Conferencia Sectorial al departamento dirigido por Vox y ha asegurado que no es “nada nuevo”.

El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Aragón (CEES Aragón) se ha sumado al rechazo a la orden del Gobierno de Aragón que permitirá, de forma excepcional, contratar en centros de menores a profesionales con titulaciones distintas a Educación Social cuando se trate de plazas de difícil cobertura. Después de que esta semana los sindicatos CGT, CCOO y UGT denunciaran que la medida supone un caso de “intrusismo profesional”, el Colegio ha reclamado ahora su retirada al considerar que supone un “intrusismo claro y evidente” y que pone en riesgo la calidad de la atención a los menores.

La orden, firmada por el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, modifica los requisitos de personal de los centros de menores tutelados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). En concreto, permite que, cuando una plaza sea declarada de difícil cobertura y no haya sido posible encontrar candidatos con el grado de Educación Social a través del INAEM, las entidades puedan contratar a titulados en Trabajo Social, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía o Magisterio, siempre que acrediten experiencia profesional equivalente. El Ejecutivo justifica el cambio por las dificultades para cubrir determinados puestos de atención directa y por la necesidad de garantizar el funcionamiento de un servicio que considera esencial.

En un comunicado difundido este jueves, el Colegio recuerda que este año se cumplen veinte años de su creación y reivindica el trabajo realizado desde entonces para lograr el reconocimiento de la profesión en Aragón. “Fueron muchas las personas que creyeron en este proyecto, apostando fuerte por la profesionalización”, señala la entidad, que asegura haber logrado durante estas dos décadas consolidar espacios laborales que antes estaban vetados para los educadores sociales.

“El intrusismo profesional nunca ha sido una cuestión negociable”, sostiene el Colegio, que considera que permitir que otros titulados desempeñen funciones propias de los educadores sociales supone “un contrasentido que resultaría impensable con otras profesiones”. Además, recuerda que aprobó un protocolo específico para actuar frente al intrusismo y asegura que nunca se había encontrado “ante una situación como la que plantea actualmente el consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia”.

A juicio del CEES Aragón, la orden permite contratar personal “que no disponga de la acreditación o cualificación requerida”, favoreciendo “un intrusismo claro y evidente que solo puede redundar en la precarización de nuestro trabajo y en una calidad del servicio sin garantías”.

El Colegio también recupera el precedente del Centro de Acogida de Menores (CAM) de Ateca, cerrado judicialmente en agosto de 2024 tras destaparse presuntos abusos que continúan siendo investigados. Recuerda que entonces “se puso el grito en el cielo por el intrusismo profesional acontecido” y que tanto la Administración como las entidades trabajaron para reforzar el reconocimiento de la profesión y evitar que personas sin la cualificación necesaria desempeñaran funciones de educador social. “Dos años después, se plantea, insólitamente, que pueda ejercer de educador social cualquier profesional que acredite experiencia y formación 'parecidas'”, critica el comunicado.

El Colegio sostiene que la falta de profesionales no puede resolverse rebajando los requisitos de acceso, sino mejorando las condiciones laborales del sector. En este sentido, considera que la declaración de “difícil cobertura” no debe utilizarse para “eludir la obligación de mantener plantillas suficientes y condiciones laborales dignas”, ya que, a su juicio, normaliza la contratación de personal sin la titulación requerida en detrimento de la calidad asistencial. En la misma línea se ha manifestado este jueves el sindicato CATA (Colectivo Asambleario de Trabajadores/as de Aragón) que también ha reclamado la retirada de la medida al considerar que “abre la puerta de par en par al intrusismo profesional”. La organización sostiene que el Ejecutivo utiliza la dificultad para cubrir plazas para “eludir el verdadero problema de fondo”, que atribuye a las “precarias condiciones laborales y salariales” del sector, y advierte de que rebajar los requisitos “perjudica directamente a los menores tutelados que requieren de la mejor atención especializada posible”.

Por todo ello, el colegio profesional solicita la revocación y nulidad de la orden al entender que “vulnera el marco legal de una profesión regulada, perjudica el interés superior del menor y supone un desprestigio profesional”. Además, anuncia que continuará emprendiendo las acciones que considere oportunas para “defender la profesión” y se ofrece a mantener reuniones con el Gobierno de Aragón para trasladar su posición.

El requisito para trabajar en centros de menores en Aragón ha cambiado. Una orden firmada por el vicepresidente y consejero de Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco el pasado 27 de julio abre la puerta a que personas con otras titulaciones puedan cubrir esos puestos, siempre y cuando se traten de plazas de difícil cobertura y no haya sido posible encontrar candidatos con la titulación exigida. La decisión se ha encontrado con la oposición frontal de los sindicatos CGT, CCOO y UGT, que consideran que permite el “intrusismo profesional”.

La orden justifica la modificación por las dificultades que, según señalan, han detectado para cubrir determinados puestos que requieren disponibilidad las 24 horas del día. Como justificación exponen que se trata de “un servicio esencial que no puede interrumpirse debido a la especial vulnerabilidad de los menores atendidos”. Desde UGT, Angélica Mazo denuncia que los profesionales trabajan con “ratios insostenibles”, turnos de día y de noche con el mínimo personal y “salarios de miseria”, por lo que considera que la medida “normaliza el intrusismo profesional” y solo beneficia a las empresas.

A partir de este momento, las entidades concertadas que gestionan los centros podrán recurrir, de manera “excepcional y transitoria” a titulados universitarios en Trabajo Social, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía o Magisterio —tanto de Infantil como de Primaria— cuando no hayan logrado cubrir previamente el puesto con un educador social. Para ello deberán acreditar que han agotado el correspondiente proceso de selección a través del INAEM sin encontrar candidatos con la titulación exigida y que la persona contratada cuenta con experiencia profesional equivalente en el ámbito social. La orden precisa, además, que no podrán admitirse titulaciones distintas de las expresamente recogidas.

Los sindicatos consideran que, con esta medida, el Ejecutivo aragonés ha optado por “rebajar los requisitos” de acceso en lugar de “abordar el problema de fondo”. En un comunicado conjunto, CGT, CCOO y UGT, sostienen que esta decisión “abre la puerta de par en par al intrusismo profesional”, al permitir que puestos reservados hasta ahora a educadores sociales puedan ser ocupados por profesionales de otras disciplinas. A su juicio, esta decisión “degrada la calidad de la atención socio educativa” que reciben los menores tutelados y prioriza “el interés de las empresas adjudicatarias” frente a la profesionalización del servicio.

Insisten además en que la falta de personal no responde a una escasez de titulados en Educación Social, sino que son las condiciones laborales del sector las que impiden que se cubran todas las plazas. Héctor García, de CGT, sostiene que con esta orden “la labor de Educador Social podrá ejercerla cualquiera”. Desde CCOO, Jesús Esteban, califica la decisión de “retroceso histórico” y advierte de que supondrá una “desprofesionalización” de la atención a la infancia tutelada.

Las tres organizaciones han anunciado que estudiarán las vías legales para combatir la orden y reclaman al Gobierno de Aragón que la retire, garantice que los puestos de atención educativa directa sigan siendo desempeñados por educadores sociales y refuerce las plantillas en estos centros en lugar de flexibilizar los requisitos de contratación.

Cinco vigilantes de seguridad heridos y cinco jóvenes fugados es el balance provisional de un motín protagonizado esta tarde por los internos del Centro de Responsabilidad Penal del Menor de Sograndio, en Oviedo/Uviéu.

Efectivos de la Policia Local y la Guardia Civil han desplegado un operativo de búsqueda para tratar de localizar a los internos que han huido aprovechando los incidentes.

Pidieron refuerzos a la Guardia Civil

Al parecer, los vigilantes del centro lograron contener inicialmente el amotinamiento de los internos, si bien ante la tensión generada y la gravedad de la situación se solicitaron refuerzos a la Guardia Civil. La Benemérita desplazó a varios efectivos hasta Sograndio, aunque finalmente éstos no tuvieron que actuar al estar la situación ya bajo control.

Como consecuencia del altercado, han resultado heridos al menos cinco vigilantes, que presentaban diversas contusiones.

Cinco internos, dos de ellos adultos, han aprovechado los incidentes para fugarse del centro a través del vallado exterior de la zona de talleres.

Una elevada conflictividad

El Gobierno asturiano anunció el pasado mes de junio la intervención de la gestión del centro, ante la elevada conflictividad que se registra en sus dependencias.

El anuncio se produjo a raíz de que ese mismo mes ocho menores protagonizaran un altercado que dejó un balance de cuatro trabajadores heridos, de los que tres tuvieron que ser atendidos en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), además de causar numerosos destrozos en el mobiliario en un episodio de violencia que no es aislado.

El Parlament de Catalunya ha dado por cerrado este miércoles la investigación sobre las irregularidades en la gestión de la extinta DGAIA, la dirección de protección a la infancia en Catalunya. Con los votos de PSC, ERC y Comuns, la Cámara catalana ha aprobado buena parte del informe de la comisión que ha evaluado durante los últimos meses el funcionamiento de los centros de menores.

El origen de la investigación es la crisis que se desató en la conselleria de Derechos Sociales por el presunto pago indebido de algunas prestaciones a jóvenes extutelados, que ascenderían a 4,7 millones de euros. Además, coincidió el estallido del escándalo con el caso de una menor tutelada, que residía en un centro de menores de la Generalitat, y que fue violada dentro de una red de pederastia.

La crisis llevó a la conselleria a refundar su dirección de atención a la infancia, denominada ahora Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). El proceso lo lideró la consellera Mónica Martínez Bravo, y justo este jueves le tocó a su reciente sucesor, Raúl Moreno, afrontar la votación las conclusiones de la comisión desde el Parlament.

El pleno ha concluido que la DGAIA ya “arrastraba condicionantes estructurales previos” al “incremento extraordinario” de la asistencia, y que el organismo tenía un “sistema desbordado” que ha operado “desde la lógica de la emergencia”. El informe también recogía que la falta control sobre el coste de los servicios favoreció un margen de “lucro opaco” de las entidades que asumían la gestión externalizada del sistema.

El Parlament ha concluido que el sistema de protección a la infancia “presenta problemas estructurales y de gobernanza que han limitado su capacidad de respuesta en detrimento de los derechos de los niños y adolescentes”. El texto recuerda además que desde 2015 se produjo una subida del 84% en los casos que debían atenderse, con un incremento del número de menores tutelados en Catalunya de un 71%. Todo esto, según subraya el informe, no se ha ido acompañando de incremento de los recursos.

La comisión de investigación de la DGAIA ha concluido que la “prevención es el principal reto inacabado del sistema catalán de protección a la infancia” y sostiene que se ha invertido “demasiado tarde y demasiado poco en apoyo a las familias, servicios de proximidad, intervención comunitaria, salud mental, ocio educativo, escuela, vivienda y acompañamiento social”.

También ha criticado que la mayoría de centros residenciales sean gestionados por empresas externas y reprueba que la administración “no se puede limitar a financiar plazas y derivar a niños”. El informe insta a que se asuma “plenamente la dirección pública”, de acuerdo con uno de los otros apartados aprobados este miércoles.

La comisión se constituyó el 14 de octubre de 2025 después de que en julio de ese año el Pleno aprobara su creación por unanimidad a propuesta de PSC-Units, ERC y los Comunes y con un texto transaccionado con Junts. La comisión, presidida por Jordi Riba (PSC-Units), se ha reunido en quince sesiones y ha realizado cincuenta comparecencias.

Durante meses, Vox ha sostenido desde el Gobierno de Aragón que la comunidad no podía asumir la llegada de más menores migrantes no acompañados. Ha defendido que los centros estaban saturados, ha impulsado medidas como el refuerzo de la seguridad en estos recursos y ha llegado a acusar a los medios de comunicación de ocultar información sobre este colectivo. Sin embargo, los registros oficiales dibujan una realidad distinta. A 30 de junio de 2026, Aragón tutela a 238 niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, según los datos a los que ha tenido acceso elDiario.es. La cifra equivale a un menor por cada 6.000 habitantes y sitúa a la comunidad al 50% de la capacidad ordinaria que el Estado considera necesaria para atender a este colectivo.

El pasado 29 de junio, el Consejo de Ministros aprobó la capacidad estructural de acogida que corresponde a cada comunidad autónoma en aplicación del Real Decreto-ley 2/2025, la norma que regula la respuesta ante situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. En el caso de Aragón, esa capacidad se fijó en 476 plazas. Con los 238 menores que tutela actualmente, el sistema autonómico se encuentra lejos de ese límite.

Los registros oficiales muestran, además, que la entrada en vigor del nuevo modelo de reparto apenas ha modificado la situación en Aragón. Antes de la aprobación del Real Decreto-ley, a comienzos de 2025, la comunidad acogía a 218 menores migrantes no acompañados. Un año y medio después son veinte más, una evolución que contrasta con el discurso sobre una supuesta sobresaturación del sistema mantenido por el Ejecutivo autonómico.

A ello se suma la financiación transferida por el Estado para atender a estos menores. El Gobierno central destinó el pasado año 3.258.150 euros extraordinarios a Aragón y este martes aprobará un nuevo reparto de 577.083 euros para reforzar la atención a la infancia migrante no acompañada.

Meses de ofensiva contra los menores

Las cifras llegan después de meses en los que Vox ha situado a los menores migrantes en el centro de su estrategia política desde su entrada en el Gobierno de Aragón. El partido ha defendido reiteradamente que los centros de acogida estaban saturados y ha endurecido progresivamente su discurso contra este colectivo. En mayo, el Ejecutivo anunció, a petición de Vox, un refuerzo de la seguridad en los centros específicos para menores migrantes no acompañados. La medida fue criticada por organizaciones sociales y profesionales del sistema de protección, que consideraron que contribuía a estigmatizar a estos adolescentes y recordaron que las competencias sobre estos recursos corresponden al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS).

Semanas después, el vicepresidente Alejandro Nolasco presentó un paquete de medidas centradas en este colectivo, entre ellas la realización de pruebas forenses para determinar la edad de quienes generaran dudas sobre su documentación o el impulso de retornos a sus países de origen, pese a que la comunidad autónoma carece de competencias para ello. Durante esa comparecencia mezcló datos de delincuencia general con cifras sobre menores extranjeros para tratar de establecer una relación entre inmigración y violencia y llegó a cuestionar la edad de una niña de nueve años, asegurando que podría tener 13, una circunstancia que, en cualquier caso, no alteraría su condición de menor no acompañada.

La escalada continuó cuando el portal oficial de información del Gobierno de Aragón difundió una noticia sobre un menor migrante investigado por una agresión sexual, una utilización de los canales institucionales que fue criticada por entidades sociales y juristas por considerar que contribuía a señalar a un colectivo especialmente vulnerable. Posteriormente, Nolasco volvió a cargar contra los medios de comunicación aragoneses, a los que acusó de no informar sobre los menores migrantes “porque están a la orden de determinados partidos políticos”. Ese mismo día presentó un documento con el que trató de sostener la relación entre inmigración y delincuencia, un informe que posteriormente fue respaldado por el presidente aragonés, Jorge Azcón.

Ese documento agrupaba en una misma categoría menores detenidos, investigados, denunciados, sometidos a medidas judiciales, implicados en incidentes ocurridos dentro de centros de protección o incluidos en expedientes internos, pese a tratarse de situaciones con consecuencias jurídicas muy diferentes. Tampoco explicaba los criterios de selección de los casos, no contextualizaba esas cifras respecto al conjunto de los cerca de 1.700 menores tutelados por el sistema aragonés y utilizaba conceptos que no existen en el ordenamiento penal español. Especialistas consultados por este periódico advirtieron por ello de que las conclusiones del documento debían interpretarse con cautela.

Pese a esas objeciones, Azcón respaldó públicamente a su vicepresidente cuando fue preguntado por la polémica en las Cortes de Aragón. El presidente aseguró que apoyaba a todos los miembros de su Gobierno “si dicen la verdad y siempre que estén dentro de la legalidad”. Todo ello mientras el Ejecutivo autonómico mantiene su rechazo al modelo estatal de reparto de menores migrantes y ha recurrido judicialmente distintos aspectos de la norma.

El debate político ha coincidido, además, con las críticas de profesionales del sistema de protección de menores, aunque por motivos diferentes. Trabajadores y entidades sociales llevan meses denunciando que el Ejecutivo autonómico ha reducido recursos propios destinados a la protección de la infancia con el cierre de tres centros y la pérdida de unas 70 plazas en los últimos años. A su juicio, los problemas del sistema responden a decisiones de gestión y no al número de menores migrantes tutelados por la comunidad.

Los datos nacionales tampoco respaldan otra de las principales tesis defendidas por PP y Vox: la existencia de un supuesto “efecto llamada” provocado por el nuevo sistema de reparto. Según los datos oficiales a los que ha tenido acceso elDiario.es Aragón, actualmente hay menos de 14.000 menores migrantes no acompañados en el sistema de protección español, la cifra más baja desde julio de 2024. A finales de 2024 y comienzos de 2025 el número llegó a superar los 16.000, pero desde entonces la evolución ha sido descendente de forma prácticamente continuada. En el último año, más de un millar de adolescentes han abandonado el sistema tras alcanzar la mayoría de edad. Los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración apuntan, además, que el 62% de las personas extuteladas figuraba afiliado a la Seguridad Social en junio de 2025, un indicador de su incorporación al mercado laboral tras abandonar el sistema de protección.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha confirmado la condena a 13 años y 6 meses de prisión impuesta el pasado marzo por la Audiencia Provincial a un acusado que el 8 de julio de 2023, en plenos Sanfermines, violó a una joven de 15 años en Pamplona tras amenazarla con una navaja en el cuello en las murallas de la ciudad. 

En 2023, el agresor, que tenía entonces 18 años, y la víctima convivían en un centro de menores. El 6 de julio, los dos, junto con otros compañeros del centro y algunos educadores, acudieron al Chupinazo de los Sanfermines. Día que “tontearon” y “se liaron”, aunque ella ya le advirtió entonces que “no quería mantener relaciones sexuales completas”. El día 8 volvieron a salir en compañía de otro joven que había estado en el centro hasta mayo. Por la tarde asistieron a un concierto en la plaza de los Fueros. Entretanto, compraron una botella de pacharán, que se tomaron entre los dos chicos. Ella no bebió.

En un momento dado, el acusado dijo que quería ir al baño. Ella le acompañó. Pasaron de largo la estación de autobuses, a donde ella creía que iban. Él dijo que habría mucha cola en los baños, y la llevó hacia las murallas, a una zona apartada. Allí, según recoge la sentencia, el inculpado le dijo que quería tener relaciones sexuales, a lo que ella se negó. Él insistió. La tocó “por todo el cuerpo” y la agarró para que no se pudiera marchar. Sacó una navaja de la riñonera y se la colocó en el cuello a la adolescente. Le espetó que, si gritaba, se lo rajaba. Entonces, la violó.

Cuando el encausado se marchó, la víctima se quedó allí un rato en estado de shock. De regreso al centro, recibió un mensaje del inculpado en el que la amenazaba para que no contara lo ocurrido. En una de sus respuestas, la víctima le contestó: “Déjame en paz […]. Me has jodido la vida. Espero que te quedes Agusto [sic] después de lo que me has hecho”. Una semana más tarde, el día 15, el condenado le escribió otra vez para indagar si había “contado algo” y volvió a amenazarla.

El agresor se marchó del centro a principios del mes de agosto. En octubre, la víctima relató a su terapeuta la agresión sexual sufrida. Pusieron los hechos en conocimiento de la coordinadora del centro, quien los comunicó a la fiscalía e interpuso denuncia ante la Policía Foral.

Según recoge la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, el inculpado no podrá comunicarse ni acercarse a la denunciante a menos de 500 metros durante 16 años. Además de cumplir una medida de libertad vigilada y deberá ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 9 años. En concepto de responsabilidad civil, indemnizará a la joven con 25.000 euros por el daño moral.

Un testimonio “persistente y carente de contradicciones”

La sentencia condenatoria dictada por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra fue recurrida por la defensa ante el Tribunal Superior, que ha desestimado íntegramente el recurso.

Al respecto, el Tribunal considera que el testimonio de la denunciante reúne todos los requisitos que exige la jurisprudencia para servir como prueba de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia del procesado. “Esta sala, visionada la grabación de su declaración, comparte el criterio de la sala de instancia acerca de su verosimilitud, estimando que dicho testimonio resulta ser creíble, verosímil, fiable y coherente, apreciando la sala sinceridad en la forma de expresarse la misma y narrar los hechos imputados”, apostilla.

Asimismo, los magistrados destacan la existencia de elementos que sustentan la versión de la víctima, entre ellos los mencionados mensajes, cuyo contenido juzgan “perfectamente acorde con la versión mantenida por la denunciante y corroborador de la realidad de la misma, sin que la versión ofrecida por el acusado constituya explicación razonable de ese contenido de las comunicaciones”.

Por lo que atañe a la persistencia en la incriminación, agrega la Sala, el testimonio de la denunciante fue persistente y carente de contradicciones, sin que se aprecien reticencias, inexactitudes ni modificaciones, en lo fundamental. “La misma narró los citados hechos que afirma que le sucedieron en la forma recogida, esencialmente, en la sentencia de instancia, lo que mantuvo en todo momento, desde que los narró a la terapeuta y a la directora del centro en el que residía, lo que igualmente manifestó en su denuncia, en el juzgado de instrucción y, últimamente, reiteró en el acto del juicio”, remarcan los jueces.

Los centros de menores migrantes empiezan a quedarse vacíos. Los de Ayagaures y Ancor, en Fuerteventura, con 24 y 25 plazas respectivamente, cerrarán sus puertas el próximo uno de julio. La Consejería de Bienestar Social reconoce que se ha reducido la presión por los traslados de menores a La Península y que han bajado las llegadas por lo que ha iniciado una reorganización de estos centros. 

En marzo se cumplía un año de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería por la que se hace una redistribución equitativa de menores entre las comunidades autónomas, haciendo que la solidaridad sea una obligación. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunciaba este miércoles en Lanzarote que se han tramitado 2.000 expedientes de traslado de menores inmigrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla a la península “sin un solo incidente”. 

La Consejería de Bienestar Social asegura que se están cerrando aquellos centros que están más vacíos “para hacer una mejor gestión de los recursos públicos”. Explica que el centro de Ayagaures tiene 9 menores, y tiene capacidad para 24, y el de Ancor, tiene 16 y su capacidad es de 25. “Lo que ocurre es que los contratos firmados con estas entidades en la anterior legislatura contempla que se paga por plaza, ocupada o no”, y califica la actual situación de “insostenible”. Argumenta que una administración pública tiene que velar por el buen destino de los recursos del erario público. “Se trató de negociar con las entidades, que no quisieron acogerse a ninguna alternativa”, aseguran desde la Consejería. 

Se refieren a la empresa gestora de estos centros, la Asociación Solidaria Mundo Nuevo, que para Comisiones Obreras es “una empresa que durante años ha ganado mucho dinero”, y aseguran que ahora que tendría que hacer mejoras salariales a sus trabajadores, “dicen que no les sale rentable”. 

El sindicato exige al Gobierno de Canarias y a la Asociación Solidaria Mundo Nuevo una solución urgente que garantice tanto la continuidad de la atención a los menores como el mantenimiento del empleo de las 42 personas trabajadoras afectadas. Explican que el contrato se firmó en el año 2019, “en una situación de emergencia” y cuando regía el tercer convenio colectivo. Aseguran que durante estos siete años “los trabajadores han estado en precario”, y ahora “cuando sacan a licitación ordinaria a concurso público” y con el V Convenio Colectivo de Reforma Juvenil y Protección de Menores, “a la empresa no le parece rentable”, afirma Zayda González, coordinadora de Intervención Social de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias. 

Desde CCOO explican que cuando se firmó el contrato “por vía de emergencia” se pagaba más por plaza, la nueva cuantía sería algo menor, pero superior a los 100 euros por menor cada día. El sindicato califica de “grave” que una discrepancia económica como esta pueda “terminar disolviéndose con despidos y con el desarraigo” de menores de edad en situación de extrema vulnerabilidad.

A juicio del sindicato, estos cierres suponen “una decisión de enorme impacto social y laboral” por dejar en la calle a profesionales que sostienen diariamente la vida cotidiana de estos menores y por el traslado de niños y adolescentes que ya cuentan con escuela, amistades, atención sanitaria, rutinas y vínculos comunitarios en su actual entorno.

La organización sindical ha apuntado, además, que el despido colectivo de los trabajadores comunicado el 16 de junio no está justificado si el servicio continúa prestándose por otra vía y piden que en todo caso se recoloquen a los trabajadores o se les subrogue en distintas empresas, ya que “cuesta mucho encontrar trabajadores cualificados en este sector”, además de que se mantiene la continuidad “afectiva y profesional” en la atención a los menores.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que, a mediados de julio, se celebrará una Conferencia Sectorial en la que se repartirán 35 millones de euros entre las comunidades autónomas que tienen mayor flujo de entrada de menores inmigrantes no acompañados.

Canarias recibirá cuatro millones, “que se suman a los 140 millones de euros ya asignados de los presupuestos para política de acogida para las islas específicamente”, y destacaba que “la mitad de los fondos de los presupuestos del Estado que iban para esta materia han sido consignados a Canarias”, aseguraba en Lanzarote Rego. 

La ministra ha explicado que, en estos momentos, quedan en Canarias aproximadamente una cuarta parte de la cifra de menores que llegó a tutelar antes de que se reformase la Ley de Extranjería y que también se han resuelto 1.000 expedientes de protección internacional.

“La situación de Canarias ha cambiado drásticamente. El sistema de acogida se ha descongestionado sustancialmente, es mucho más garantista de lo que era hace un año y muchos niños y niñas pueden desarrollar su proyecto en lugares en los que tienen los derechos garantizados”, ha señalado.

En la guerra abierta por Vox en Aragón contra la acogida de menores migrantes, el PP de Jorge Azcón está poniendo mucho de su parte. El Ejecutivo autonómico ha cerrado hasta tres centros de protección y ha eliminado 70 plazas tuteladas en los últimos dos años, sin la extrema derecha en el Gobierno y con la ahora consejera de Educación, Carmen Susín, al frente de Servicios Sociales. Los sindicatos UGT, CCOO y CGT han solicitado una reunión urgente con la gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para abordar la situación que atraviesa el sistema en la comunidad, agravado por años de falta de planificación y una progresiva reducción de recursos.

El primero en desaparecer fue el centro Juan de Lanuza, especializado en autonomía para jóvenes de entre 14 y 18 años y considerado la última fase antes de abandonar el sistema de protección. En agosto de 2024 cesó también la actividad del centro de Ateca tras el escándalo por las denuncias por presuntos abusos y agresiones. Aunque el servicio volvió a licitarse, ninguna entidad presentó oferta. Posteriormente, en julio de 2025, cerró un piso tutelado en Teruel después de que uno de los menores provocara un incendio en el centro de acogida para menores migrantes no acompañados. El autor fue detenido y trasladado al centro de reforma de Juslibol pero no se ha vuelto a abrir.

A esta situación se suma, según los sindicatos, la escasez de plazas en recursos terapéuticos especializados para menores con problemas de salud mental o conductuales. Actualmente funcionan los centros en La Almunia y Peralta de la Sal, además de dos dispositivos abiertos tras la llegada de menores procedentes de Canarias, pero consideran que siguen siendo insuficientes.

“Ahora mismo no existen recursos especializados suficientes para atender determinadas conductas relacionadas con la salud mental”, advierten los representantes de los trabajadores.

El sector está externalizado en un 95% y emplea a unas 600 personas entre educadores, psicólogos, psiquiatras, maestros, personal de mantenimiento y limpieza. Sin embargo, los sindicatos aseguran que las plantillas son insuficientes y que no se cumplen las ratios recomendadas de un trabajador por cada cuatro menores.

La situación es especialmente compleja en los recursos de reforma. Según denuncian, en el Centro de Educación e Internamiento por Medida Judicial (CEIMJ) de Juslibol un único profesional puede llegar a atender entre 12 y 16 menores en determinados turnos.

Aunque la situación es cambiante, actualmente hay alrededor de 350 menores en acogimiento residencial en Aragón. Algunos presentan discapacidad y son atendidos en recursos específicos adaptados a sus necesidades. En el caso del CEIMJ Juslibol, permanecen ocupadas unas 30 de las 50 plazas disponibles.

Los sindicatos defienden un cambio de modelo basado en centros más pequeños y especializados, con mayor número de educadores por turno y una atención más individualizada. Aseguran que los conflictos son más frecuentes en recursos con un elevado número de residentes y que las consecuencias las sufren también aquellos menores que no participan en los altercados.

“Los chicos que no están implicados también padecen las consecuencias de esta situación y acaban sufriendo una especie de maltrato institucional”, sostienen.

Por esta razón y tras los recientes incidentes registrados en un centro de Movera gestionado por la Fundación Ozanam, los sindicatos se han reunido hoy y han solicitado una reunión urgente con la nueva gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), conocedora de la situación, ya que procede de servicio de menores de la administración autonómica.

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha atribuido los recientes incidentes al comportamiento de algunos menores y rechazó relacionarlos con una falta de atención. “No es porque estén bien atendidos o no. Hay personas que son agresivas, que vienen con una cultura de la violencia desde fuera y algunos de ellos mezclan eso con sustancias y consumos”, ha resuelto. Y por ello, ha anunciado más medidas de seguridad, en concreto, reforzar la vigilancia privada, toda vez que tuvo que descartar llevarla a cabo con la Policía Nacional porque el cuerpo solo puede intervenir en estos recursos en situaciones graves y excepcionales.

Sin embargo, las organizaciones sindicales consideran insuficiente la propuesta anunciada por el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco. Para UGT, CCOO y CGT, el Ejecutivo autonómico debe centrar el debate en el refuerzo de los recursos educativos, humanos y materiales y en dar salida a los pliegos caducados para la gestión de algunos centros.

Años de deterioro del sistema

La Plataforma por un Convenio Autonómico de Protección y Reforma de Menores en Aragón ha mostrado también su preocupación por los graves incidentes ocurridos a comienzos de este mes de junio en el centro de Movera pero sostiene que los robos, agresiones, amenazas, peleas multitudinarias e intervenciones policiales registrados son consecuencia del progresivo deterioro del sistema de protección. “Lo ocurrido no puede analizarse de forma aislada ni utilizarse para señalar a los menores”, afirma la plataforma, que vincula los problemas actuales a años de recortes y pérdida de recursos.

Según sus representantes, el cierre de centros ha provocado la saturación de los recursos existentes y dificulta ofrecer respuestas adaptadas a las distintas necesidades de los menores tutelados. Cuando faltan plazas, sostienen, los criterios educativos pasan a un segundo plano frente a la simple disponibilidad de espacio.

La plataforma asegura haber advertido durante años de esta situación mediante reuniones, escritos y movilizaciones, sin obtener una respuesta suficiente por parte de las administraciones. También llevaron a cabo una huelga el pasado mes de marzo, que calificaron de “inédita” en España.

Por ello reclama al Gobierno de Aragón y al IASS la recuperación de las plazas perdidas, la apertura de nuevos recursos especializados y una planificación estable que garantice una atención adecuada. También insiste en la necesidad de aprobar un convenio autonómico específico para el sector que contribuya a mejorar las condiciones laborales y la calidad de la atención prestada.

El vicepresidente Nolasco, sin embargo, mantiene una visión distinta sobre el origen de los problemas. A su juicio, las conductas violentas no obedecen a una falta de recursos, sino a la actitud de algunos menores. Como respuesta inmediata, ha anunciado la incorporación de seguridad privada, aunque ha avanzado que el Gobierno trabaja en nuevas medidas “ legales y judiciales” para garantizar la seguridad de los educadores.

El también líder regional de Vox, defiende la necesidad de priorizar la seguridad “porque contra una persona que mide dos metros, que llega bajo los efectos de las drogas y con antecedentes violentos, primero hay que impedir que pueda agredir a nadie”, argumenta y aunque reconoce que los problemas de convivencia no afectan únicamente a menores extranjeros, ha insistido en que la Administración no debería asumir el coste de atender a delincuentes procedentes de otros países. También reclama una mayor financiación por parte del Gobierno central para hacer frente al incremento de usuarios en el sistema de protección: “ni hay que hacerse cargo de los servicios sociales de toda África, que nos den cien mil millones de euros e igual lo podemos hacer. Pero, atender sin fronteras y sin límite, el presupuesto no da para eso”, ha zanjado.

Cantabria acoge en la actualidad a 41 menores migrantes no acompañados, a los que presta asistencia a través del sistema de protección regional. Estos niños y jóvenes siguen llegando a la comunidad, cuyo Gobierno (PP) recurrió el decreto del Ejecutivo central que estableció la distribución de estos menores desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de autonomías, al considerar que fue algo “impuesto” y se hizo sin “planificación, diálogo y financiación”. La votación y fallo del recurso está previsto a finales del próximo mes de julio.

Así lo ha anunciado este jueves la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, a preguntas de los medios sobre estos menores. “Veremos qué entiende el Supremo, si respalda esa opinión” o no, ha expresado al respecto.

La titular del departamento ha aclarado que los 41 menores acogidos hasta ahora no han solicitado asilo (en este supuesto, la protección corre a cargo del Ejecutivo central) y ha destacado que todos los que han llegado a la región “están debidamente atendidos” por profesionales que también analizan y adecuan su itinerario formativo.

Y es que, según ha subrayado, “son niños” que “necesitan protección”, por lo que desde la administración regional se adoptarán “todas las medidas adecuadas para que tengan los mejores cuidados”. Ello a pesar de que en el Gobierno cántabro entienden que el reparto fue “una imposición” que “no se ajusta a la ley”.

Por eso, ha justificado Gómez del Río, han “recurrido todas y cada una de las decisiones del Gobierno de (Pedro) Sánchez impuestas sin un respaldo legal”, es decir, los acuerdos de traslados y llegadas, punto en el que ha criticado que “cada expediente es diferente”, y esto es también uno de los motivos por los que Cantabria no apoya el decreto recurrido.

Según ha explicado: nos vienen con prueba de edad al menor -que acredite que tienen menos de 18 años- y otros sin ella, mientras que algunos se indica que tienen familias en los lugares de origen o en otra comunidad autónoma, y también hay quien señala que tienen trabajo. “Cada expediente es único, cada niño es único”, ha insistido.

“Lo que tenemos claro es que cuando un niño llega a Cantabria se le va proteger, pero Cantabria va a defender sus competencias y va a defender que ese no es el mecanismo adecuado, porque el interés superior del menor no es el interés de Sánchez”, ha concluido.

Niños y niñas de 0 a 3 años permanecen expuestos a temperaturas extremas que este viernes se han movido en una horquilla entre los 33 y 36 grados en el Centro de Alojamiento de Menores 'Los Pilares', ubicado en Oviedo/Uviéu y dependiente del Gobierno del Principado de Asturias.

Pese a su alta vulnerabilidad, la administración autonómica no ha puesto remedio a una situación que ha colocado a bebés y a menores totalmente indefensos en una situación de grave riesgo, según han denunciado representantes de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) e Izquierda Sindical Asturiana (ISA).

Un traslado provisional

Las organizaciones sindicales han comunicado inmediatamente esta situación al Principado y han pedido que los bebés y menores sean trasladados de forma provisional a un espacio seguro mientras se mantengan estas altas temperaturas que se registran en Asturias.

CCOO, CSIF e ISA han advertido a la administración regional del riesgo al que se está exponiendo a los menores. Además, recuerdan que con ello se vulnera la normativa de prevención de riesgos laborales y se compromete el bienestar integral de los menores, así como la seguridad y salud de los trabajadores.

Una situación “crítica”

Los representantes sindicales sostienen que todos los responsables de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar son “plenamente conocedores” de la situación denunciada.

“Las condiciones ambientales dentro del Centro de Alojamiento de Menores ‘Los Pilares’ han alcanzado una situación crítica”, aseveran.

Las mediciones

Las dependencias que albergan al Grupo de Urgencia de menores de 0 a 3 años han registrado temperaturas extremas, según las mediciones realizadas mediante dispositivos instalados por las propias trabajadoras para controlar la temperatura interior.

Sin embargo, según explican los sindicatos, desde la administración autonómica se sigue sin adoptar “medidas eficaces y definitivas” para corregir esta situación. Ante la gravedad de los hechos, se ha interpuesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo y se ha realizado una comunicación verbal “urgente” ante la Fiscalía de Menores.

Las trabajadoras, también afectadas

“La situación afecta de manera directa a un colectivo de extrema vulnerabilidad: bebés y niños de entre 0 y 3 años que se encuentran bajo el sistema de protección e intervención inmediata de la comunidad autónoma. Las Técnicas de Educación Infantil (TEI), responsables de funciones de atención continuada y cuidados permanentes, desempeñan su labor en condiciones térmicas incompatibles con la normativa de prevención de riesgos laborales, que establece para este tipo de actividad una temperatura máxima recomendada de 25 °C”, señalan los representantes sindicales.

Denuncian que trabajar y residir bajo estas condiciones térmicas supone un posible incumplimiento del Real Decreto 486/1997, relativo a las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, además de constituir un riesgo evidente para la salud de los menores —incluyendo deshidratación o golpes de calor— y para la seguridad y salud de los trabajadores del centro.

Levantar acta

Ante la falta de actuaciones “efectivas” y la demora en las respuestas logísticas necesarias para climatizar adecuadamente las instalaciones —que recientemente habían modificado sus estructuras organizativas—, las organizaciones sindicales han optado por la vía legal y fiscal con el objetivo de salvaguardar el interés superior del menor e impulsar una intervención técnica inmediata por parte de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

“Esperamos que la Inspección de Trabajo realice una visita extraordinaria a las instalaciones de manera inminente para levantar acta de las condiciones ambientales denunciadas”, confían.

Red de protección infantil

Paralelamente, las organizaciones sindicales han solicitado al Principado la dotación urgente de sistemas de climatización adecuados.

El Centro de Menores ‘Los Pilares’ es una instalación pública integrada en la red de protección infantil del Principado de Asturias. El Grupo de Urgencia de 0 a 3 años tiene como función la acogida inmediata y la valoración diagnóstica de menores en situación de vulnerabilidad familiar o desamparo social.

El grupo 0 a 3 se integró hace apenas un mes al centro 'Los Pilares' y ya han surgido los primeros problemas por la falta de medidas preventivas ante las elevadas temperaturas que se registran este viernes en la comunidad autónoma asturiana. 

La Fiscalía de Asturias no se conforma con la condena a dos años y diez meses de cárcel que la Audiencia Provincial ha impuesto al matrimonio que durante cuatro años mantuvo aislados de todo contacto con el mundo exterior a sus tres hijos, dos gemelos que ahora tienen nueve años y su hermano de once, en la vivienda familiar, bautizada policialmente como 'la casa de los horrores', ubicada en la zona rural de Oviedo/Uviéu por miedo a que se contagiaran del covid.

El Ministerio Fiscal considera que el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias debería haber reflejado en la sentencia que con su comportamiento los padres habrían incurrido en tres delitos de detención ilegal, uno por cada uno de los menores, lo que habría elevado considerablemente la condena.

La Fiscalía solicitaba sendas penas de 25 años y cuatro meses de cárcel para los acusados, por lo que la diferencia entre su petición y el fallo es abismal.

Una pena más elevada

Por ello, la Fiscalía del Principado de Asturias ha decidido interponer ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) un recurso de apelación contra la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

En este recurso, la acusación pública solicita a la Sala que revoque el fallo y condene a la pareja también por los tres delitos de detención ilegal de los que fueron absueltos.

En su resolución, la Audiencia Provincial entendió únicamente que en su caso concurrían la existencia de un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y de un delito de abandono de familia.

El Principado también recurre

De la misma opinión es la administración del Principado, que ejerce actualmente la tutela de los tres hermanos que siguen evolucionando bien en el centro de menores donde están acogidos desde la detención de sus padres.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco, ya había anunciado el pasado día 15 de este mes que el Gobierno asturiano interpondría un recurso por la misma razón alegada ahora por la Fiscalía.

La detención ilegal

En aquella ocasión, la consejera se pronunció a favor de recurrir la sentencia para que el TSJA contemplara los delitos de detención ilegal.

La administración autonómica, que se personó en el procedimiento como acusación particular y solicitó para los padres al igual que la Fiscalía una pena de 25 años y cuatro meses de cárcel, advirtió de que la sentencia debería haber recogido la figura de la detención ilegal, al haber sido retenidos los menores, aislándolos de todo contacto.

La buena evolución de los niños

Marta del Arco reconoció que los tres hermanos siguen “una evolución lenta” por “todo lo vivido” y se encuentran en un centro de acogimiento residencial en el que conviven “perfectamente con otros niños”.

Los magistrados de la Sección Segunda impusieron al alemán Cristian S., de 53 años, y a su esposa Melissa A.S., de 48 años y con doble nacionalidad -alemana y estadounidense-, una pena individual de dos años y cuatro meses de cárcel por el delito de violencia psíquica habitual en el ambito familiar, a la que se suma otra condena de seis meses de prisión por el delito de abandono de familia.

Inhabilitados para la patria potestad

A estas dos penas se sumó igualmente su inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda y acogimiento durante tres años y cuatro meses, y se les prohíbe aproximarse a los menores a menos de 300 metros, a su domicilio, lugar de estudio o cualquier otro que frecuenten durante tres años y cuatro meses.

Asimismo, ambos fueron condenados a otra pena de privación a la tenencia y porte de armas durante cuatro años y seis meses y el pago de una indemnización para cada uno de los tres menores de 30.000 euros, en concepto de responsabilidad civil.

Cuatro años aislados

Durante los cuatro años que ha durado el aislamiento de la familia, en el período comprendido entre los meses de diciembre y abril de 2025, los menores no salieron de la vivienda, estaban sin escolarizar, continuaban con pañales, pese a su edad, y se movían por la casa con tres mascarillas cubriendo la boca para no contagiarse.

Los padres tenían secuelas de covid persistente y, según explicaron sus abogados defensores, ese “miedo insuperable” a que contrajeran la enfermedad les llevó a autoconfinarse y a mantener a los menores dentro de casa, sin dejarlos siquiera que pudieran salir al jardín.

La alerta de la vecina

Una vecina que vivía en los alrededores de la vivienda familiar se puso en contacto con el Ayuntamiento de Oviedo/Uviéu ante su sospecha de que dentro del chalé convivían más personas que el padre, que era el único que estaba empadronado, y tras unas vigilancias discretas por parte de la Policía Local ovetense, se decidió intervenir.

Los agentes acudieron a la vivienda el 28 de abril de 2025 con autorización judicial y, tras liberar a los menores, los padres fueron detenidos.

Tras comparecer en el juzgado, ambos fueron trasladados a la prisión de Asturias, donde han permanecido ingresados como presos preventivos durante un año.

De la cárcel al juicio

Desde la prisión, el matrimonio fue trasladado a la sede judicial donde el pasado mes de marzo fue juzgado a lo largo de varias sesiones.

Finalmente, el tribunal les impuso una sentencia condenatoria que los padres de los menores conocieron a través de sus abogados en la cárcel.

Desde el centro penitenciario, la pareja mostró su satisfacción por no haber sido condenada por los delitos de detención ilegal, alegando que su comportamiento se debía exclusivamente a ese “miedo insuperable” al covid y sin que detrás de su actitud hubiera una intención real de aislar a los menores para quienes, según dijeron, “solo querían lo mejor para ellos”.

Con el anuncio de los recursos del Principado y la Fiscalía, la decisión del futuro de la pareja queda ahora en manos de los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA.

En septiembre de 1983, una niña tutelada por el Estado falleció al caer desde una ventana situada en el tercer piso de un reformatorio en Madrid. Tenía 14 años, vestía un suéter sobre la ropa interior y llevaba un tatuaje con el nombre de otra chica. Había sido detenida dos veces: una, por fugarse con su hermana; otra, acusada de ejercer la prostitución.

El lunes de su muerte, a la hora del desayuno, de la ventana colgaba una cuerda con sábanas. Un intento de fuga. O tal vez un suicidio. Caso cerrado. La niña se llamaba Inmaculada Valderrama y el centro era el de Nuestra Señora del Pilar, en San Fernando de Henares, reformatorio vinculado al Patronato de Protección a la Mujer, una de las redes represivas más longevas y opacas de la dictadura franquista. El lugar donde enviaban a las niñas más rebeldes. El lugar donde vigilar y castigar.

Escribe Nerea Barjola: “La protección es una tecnología del poder. Nos vacía de vida, de opciones y de posibilidades”. Señala Marta García: “Bajo el paraguas de la protección, en realidad lo que se esconde es el control a los cuerpos, las actitudes y los comportamientos de las mujeres”. Desarrolla María Palau: “Sí que hay una protección. Una protección al régimen y a las mujeres que no son encerradas. Unas son encerradas para ser castigadas, pero también para advertir al resto de mujeres, para que no contaminen al resto”.

Las investigadoras feministas llevan décadas abordando los mecanismos del poder sobre el control de los cuerpos, de las vidas, de la moral de las mujeres. El castigo a una que sirve como castigo a todas. La advertencia. La vigilancia.

María Palau y Marta García llevan años estudiando el Patronato de Protección a la Mujer. Forman parte de una red de investigadoras y supervivientes que tratan de desentrañar el oscuro funcionamiento de estos centros que, bajo el aparente control de la prostitución, se convirtieron en unas cárceles de niñas y control de la moralidad pública. En 2023 publicaron Indignas hijas de su Patria, un trabajo de investigación periodística que vio la luz gracias a la Beca Josep Torrent de Periodisme d'Investigació otorgada por la Unió de Periodistes Valencians y la Institució Alfons El Magnànim. Prologado por Esther López Barceló, fue el germen de una obsesión: averiguar qué sucedió para que una niña de 14 años apareciera muerta en el patio del reformatorio. Y en la vida y muerte de Inmaculada encontraron un caso paradigmático, que encierra los elementos comunes de las supervivientes del Patronato y las fragilidades de la joven democracia española en la época.

Por entonces, las periodistas y la historiadora apenas contaban con varios recortes de prensa que hablaban del caso de Inmaculada Valderrama y escasas referencias al centro de San Fernando de Henares. Tres años después, las investigadoras han documentado una cadena de negligencias e incongruencias en torno al caso del reformatorio, a cargo de una orden religiosa y, en última instancia, del Ministerio de Justicia, según denuncian. El resultado del trabajo es Inmaculada: La muerte que precipitó el final del Patronato, un ensayo en formato 'true crime' publicado por Libros del KO y que ha sido una de las obras más vendidas de la Feria del Libro de Valencia.

El libro está plagado de dudas, como señalan las investigadoras, sombras a imagen del propio Patronato. “En pleno 1983 tenemos el caso de una niña que muere tutelada por el Ministerio de Justicia en un reformatorio, pero su caso deja más incógnitas que respuestas”, señalan. Las pesquisas abren incógnitas “tanto sobre el propio caso de Inmaculada, sobre la gestión de los centros; a veces reformatorios, a veces casi prisiones. Es muy representativo de lo que es la transición”, señalan en conversación con elDiario.es. “En el caso de Inmaculada, estas dudas o estas incógnitas se magnifican: por qué llega Inmaculada al patronato, por qué es encerrada allí, cómo funcionaba el centro en el que ella estaba internada... Y se añaden las incógnitas en torno a su muerte, desde ese levantamiento del cadáver que realiza un juez de paz que desde el principio está mal hecho, hasta el cierre en falso del caso”, expresan.

En el viaje de tres años, las investigadoras se topan con decenas de barreras para acceder a documentación, carpetas vacías, silencios. Apenas un oficio policial y una investigación judicial breve, que archiva el caso como un suicidio. Pero también encuentran voces elocuentes, como una familia que cuarenta años después conoce el expediente de su hermana más joven, un forense que reitera las dudas sobre la autopsia que realizó, y los testimonios de supervivientes del patronato, que relatan los abusos de los centros regentados por órdenes religiosas.

Una cárcel de los pecados

Inmaculada cometió tres pecados por los que fue encerrada y castigada, explican las autoras. “El primero es que venía de una familia humilde de Andalucía, una familia rural de padres analfabetos, con 12 hijos. El segundo, por lo que se le acusa, es que un fin de semana decide irse con su hermana a Madrid, se fugan de casa. Este primer internamiento sí que se le comunica a su madre, una madre que no sabe dónde están sus hijas, que no sabe nada. Y el tercer pecado de Inmaculada sería ser lesbiana. Las mujeres que se salían de la identidad sexual o de la orientación sexual heterosexual eran encerradas también”.

Las autoras accedieron a un informe elaborado por un psicólogo en 1981 sobre las internas de Nuestra Señora del Pilar, una encuesta realizada a varias menores. “Nos encontramos con que el nexo común que tenían todas ellas es que tenían problemas dentro de casa. Ninguna había cometido ningún delito. Algunas se fugaron debido precisamente a esos problemas y nunca, en ningún momento, este señor que les pregunta ¿qué te ha pasado? ¿Cuáles son esos problemas? ¿Qué te han hecho? Es una pregunta que está constantemente presente en el libro”, apuntan. “Ese informe es revictimizador con ellas, porque de alguna forma las responsabiliza de que los problemas que tienen; evidentemente, todos vienen derivados en última instancia de la mala educación que han recibido por tener familias desestructuradas”, explica López Barceló. “En los años cuarenta sí podemos hablar de un factor socioeconómico y de muchas niñas huérfanas que se ven abocadas a la prostitución o a la mendicidad por una cuestión de supervivencia. Pero este factor se diluye prácticamente en el mismo momento de fundación del patronato, porque delincuencia e inmoralidad se fusionan completamente. Es al final una cárcel de los pecados”, añade Palau. La pobreza, la familia, la moral.

El fin del patronato

La muerte de Inmaculada provocó la indignación del municipio madrileño de San Fernando de Henares. Intervino el alcalde, el Consejo Superior del Menor, se celebraron manifestaciones. Y también aceleró el proceso de expulsión de las órdenes religiosas de los centros, hasta su cierre dos años después. El periódico El PAÍS recoge en abril de 1985: “El cierre del reformatorio de San Fernando de Henares acabará con una situación ”digna de las novelas de Dickens“.

Responsabilidad y reparación

La muerte de Inmaculada se produce en 1983, cinco años después de la aprobación de Constitución española, y queda fuera del amparo de la ley de Amnistía. Es un hecho sucedido en democracia “que no ha sido reparado”, señala López Barceló. “La parte que nos tocaba a las investigadoras está hecha, ahora le toca al Estado”, plantea, poniendo sobre la mesa una reparación económica para la familia.

El objetivo de las investigadoras es “que las víctimas dejen de sentir vergüenza. Romper silencios para contar las violaciones de derechos humanos. Que las familias que llevan años calladas puedan dar el paso”, añade Palau, que reclama que se revisen los convenios con las órdenes religiosas que siguen en los mismos espacios. No sirve una disculpa simbólica. García concluye, sumándose a sus compañeras: “Queríamos reescribir su historia, contar que a Inmaculada no solo le pasó la muerte”.