El Gobierno de Aragón deja de exigir el grado de Educación Social para trabajar en centros de menores: “Es intrusismo”

El requisito para trabajar en centros de menores en Aragón ha cambiado. Una orden firmada por el vicepresidente y consejero de Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco el pasado 27 de julio abre la puerta a que personas con otras titulaciones puedan cubrir esos puestos, siempre y cuando se traten de plazas de difícil cobertura y no haya sido posible encontrar candidatos con la titulación exigida. La decisión se ha encontrado con la oposición frontal de los sindicatos CGT, CCOO y UGT, que consideran que permite el “intrusismo profesional”.

La orden justifica la modificación por las dificultades que, según señalan, han detectado para cubrir determinados puestos que requieren disponibilidad las 24 horas del día. Como justificación exponen que se trata de “un servicio esencial que no puede interrumpirse debido a la especial vulnerabilidad de los menores atendidos”. Desde UGT, Angélica Mazo denuncia que los profesionales trabajan con “ratios insostenibles”, turnos de día y de noche con el mínimo personal y “salarios de miseria”, por lo que considera que la medida “normaliza el intrusismo profesional” y solo beneficia a las empresas.

A partir de este momento, las entidades concertadas que gestionan los centros podrán recurrir, de manera “excepcional y transitoria” a titulados universitarios en Trabajo Social, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía o Magisterio —tanto de Infantil como de Primaria— cuando no hayan logrado cubrir previamente el puesto con un educador social. Para ello deberán acreditar que han agotado el correspondiente proceso de selección a través del INAEM sin encontrar candidatos con la titulación exigida y que la persona contratada cuenta con experiencia profesional equivalente en el ámbito social. La orden precisa, además, que no podrán admitirse titulaciones distintas de las expresamente recogidas.

Los sindicatos consideran que, con esta medida, el Ejecutivo aragonés ha optado por “rebajar los requisitos” de acceso en lugar de “abordar el problema de fondo”. En un comunicado conjunto, CGT, CCOO y UGT, sostienen que esta decisión “abre la puerta de par en par al intrusismo profesional”, al permitir que puestos reservados hasta ahora a educadores sociales puedan ser ocupados por profesionales de otras disciplinas. A su juicio, esta decisión “degrada la calidad de la atención socio educativa” que reciben los menores tutelados y prioriza “el interés de las empresas adjudicatarias” frente a la profesionalización del servicio.

Insisten además en que la falta de personal no responde a una escasez de titulados en Educación Social, sino que son las condiciones laborales del sector las que impiden que se cubran todas las plazas. Héctor García, de CGT, sostiene que con esta orden “la labor de Educador Social podrá ejercerla cualquiera”. Desde CCOO, Jesús Esteban, califica la decisión de “retroceso histórico” y advierte de que supondrá una “desprofesionalización” de la atención a la infancia tutelada.

Las tres organizaciones han anunciado que estudiarán las vías legales para combatir la orden y reclaman al Gobierno de Aragón que la retire, garantice que los puestos de atención educativa directa sigan siendo desempeñados por educadores sociales y refuerce las plantillas en estos centros en lugar de flexibilizar los requisitos de contratación.