La Unión Europea importa cada año una superficie de cultivo equivalente al tamaño de España. Se trata de hectáreas invisibles incorporadas en la soja, el cacao, el café o el aceite de girasol que consumimos. Son las “hectáreas fantasma” de las que hablaba Georg Borgström hace más de medio siglo, quien se refería así a la superficie de terreno situada en el extranjero que un país necesita para cubrir un consumo que su propio territorio no podría sostener.

Décadas más tarde, en el año 2000, el historiador Kenneth Pomeranz retomó esa noción en su influyente The Great Divergence para responder a la vieja pregunta de por qué ciertas regiones de Europa se industrializaron antes que otras regiones igualmente avanzadas, como la del delta chino del Yangtsé. Su respuesta combinaba el carbón, que permitió a Inglaterra dejar de depender de la madera justo cuando la crisis por la deforestación era ya muy aguda, y las redes coloniales, esas “hectáreas fantasma” que liberaron a la economía europea de las restricciones que imponía la tierra.

Y es que la tierra es un bien finito que no admite usos simultáneos: una misma hectárea no puede ser a la vez bosque para madera, cereal para las personas, forraje para el ganado y fibra para la ropa. Hay que elegir. Y como Europa no tenía suelo suficiente para todo, las colonias del Nuevo Mundo se lo proporcionaron. En aquel tiempo de despliegue del capitalismo industrial, esta asimetría internacional entre el centro europeo y la periferia mundial se sostenía sobre mecanismos extra-económicos tales como la violencia que ejercían los imperios sobre sus colonias. En la actualidad, sin embargo, las formas han cambiado pero el fenómeno de fondo sigue teniendo vigencia en tanto los países más ricos se benefician de una división internacional del trabajo que permite sostener el consumo en los países ricos sobre la base de la explotación de la fuerza de trabajo y los recursos naturales en los países pobres. Un ejemplo paradigmático es el modelo agroalimentario en la Unión Europea.

Según la FAO, en términos monetarios Europa es una región exportadora neta de alimentos agrarios y ganaderos. Eso quiere decir que exportamos más euros en comida de los que importamos, lo que invita a concluir que “nos sobran alimentos” —algo muy distinto de lo que ocurre en Asia, con un déficit neto de 300.000 millones de dólares—. Pero esa contabilidad en euros oculta más de lo que muestra. En cuanto cambiamos el dinero por una métrica física —las hectáreas de tierra que hay detrás de cada producto— la imagen se modifica radicalmente.

En las últimas décadas, la noción de “hectáreas fantasma” ha estimulado el desarrollo de metodologías para poner cifras físicas a los flujos comerciales: se trata de calcular cuánta tierra —medida en hectáreas— hace falta para producir cada bien que cruza una frontera. Es lo que se conoce como tierra incorporada (o “encarnada”) en los productos, es decir, la huella de suelo que viaja, invisible, dentro de cada saco de soja o cada grano de café. Una de estas metodologías es la de la Comisión Europea y Eurostat, en la que se basan los gráficos de este análisis. Por ejemplo, en el año 2024 la Unión Europea importó 55 millones de hectáreas en productos de cultivo, lo que es una superficie ligeramente superior al tamaño de España (de unos 50 millones de hectáreas). Los europeos también importamos 35 millones de hectáreas en tierras de bosque y algo más de 3 millones de hectáreas en tierras de pasto.

Si observamos la procedencia de esas hectáreas de tierra (insisto: encarnadas en productos), los principales países proveedores son Brasil, Ucrania, Estados Unidos y Argentina. Como se ve en el siguiente gráfico, de Brasil importamos 15 millones de hectáreas de tierra, mientras que de Ucrania más de 10 millones. Como podría esperarse, se trata de países grandes y, en general, con sobrerrepresentación de los llamados 'países en desarrollo' o del Sur Global (sobre todo en tierras de cultivo).

Pero ¿qué es lo que realmente estamos importando? Como se puede ver en el siguiente gráfico, el principal producto con diferencia es el pienso de soja, seguido de cacao en grano, aceite de girasol, semilla de colza y café. El papel clave lo juega el pienso de soja, sobre todo procedente de Brasil y Argentina, que es importado para la alimentación animal en Europa y cuya producción está íntimamente ligada a los procesos de deforestación del Amazonas. Eso ya nos muestra señales de la insostenibilidad ecológica del modelo agroalimentario europeo y de su relación con la economía-mundo.

Pero esto funciona en los dos sentidos: igual que importamos tierra encarnada en la soja o el café, la exportamos encarnada en lo que vendemos fuera. La cuenta final —importaciones menos exportaciones—, que vemos en el siguiente gráfico, deja a Europa como importadora neta de tierra de cultivo y exportadora neta de bosque y pasto. Aquí está la clave del espejismo contable, ya que Europa importa tierra barata —una hectárea de soja para pienso vale poco— y exporta producto más caro, como los lácteos, el vino y la carne. Por eso las cuentas en euros arrojan superávit mientras las cuentas en hectáreas arrojan déficit.

Estos datos describen un modelo agroalimentario europeo —un agregado, con diferencias entre países— muy dependiente de la importación de tierra de cultivo, encabezada por la soja y otros cultivos destinados a pienso animal. En este sentido, la economía europea consume hectáreas de tierras en el extranjero para producir alimentos para el ganado en explotaciones intensivas. Esos datos son coherentes con el sistema de las famosas macrogranjas, sobre todo las de cerdos y pollos, porque en esas grandes fábricas los animales apenas pueden moverse y se requiere la importación del alimento. Esos alimentos son los que consumimos nacionalmente, muchas veces en forma de carne barata (las reexportaciones de animales a terceros países ya están descontadas en los datos).

Por otro lado, los países europeos exportan productos animales procedentes de ganadería extensiva, es decir, que se alimentan de los pastos de sus entornos (ovejas, vacas, cabras…) y que consumen tierra en Europa. De esa manera, al mismo tiempo que Europa importa tierras de cultivo también exporta tierra de pastos —y otro tanto con la madera, de la que vende fuera más de la que compra—.

En definitiva, cuando un europeo consume carne de cerdo, bebe café o compra chocolate, no solo consume un producto. También consume una porción invisible de tierra situada a miles de kilómetros de distancia. Las estadísticas monetarias registran el precio de esa transacción, pero no registran la geografía material que sostiene nuestro modo de vida. Estas metodologías biofísicas tienen sus limitaciones, pero no hay duda de que las métricas monetarias esconden relaciones físicas que revelan asimetrías profundas. Es lo que la economía ecológica —de Joan Martínez-Alier a Alf Hornborg— ha llamado intercambio ecológico desigual: un comercio que, bajo la apariencia de un intercambio entre iguales, transfiere de forma sistemática tierra, energía y materiales desde los países pobres hacia los ricos. Una jerarquía de la economía-mundo que es, a la vez, ecológica y socialmente insostenible.

En cinco años, el matcha ha pasado de ser un producto casi desconocido en España a convertirse en uno de los símbolos del nuevo consumo aspiracional. Lo que antes era un ingrediente asociado a la ceremonia del té japonesa, hoy se cuela en cafeterías, lineales de supermercados e incluso bebidas listas para llevar. Al mismo tiempo, su éxito está elevando la presión de la demanda internacional sobre Japón, su principal productor, tensionando precios y suministro.

Los datos sugieren que no se trata de una moda pasajera. Según cifras de la tecnológica Square, las ventas de matcha en cafeterías españolas crecieron un 50,3% interanual en diciembre de 2025, alcanzando una cuota de mercado del 10%, el doble que en 2023. La plataforma vincula este crecimiento al auge de las cafeterías de especialidad, pero también al impacto de plataformas como TikTok o Instagram, donde se ha convertido en un producto viral.

Más que una alternativa al café

El matcha es un té verde en polvo originario de Japón. A diferencia de otras infusiones, no se prepara filtrando la hoja, sino consumiéndola entera. Esto explica su mayor concentración de compuestos activos. “No son productos comparables”, explican desde Matcha & Co. “No estás pagando por otro té verde, sino por una forma completamente distinta de consumirlo”.

Frente al café, que produce un pico rápido de energía, el matcha combina cafeína con L-teanina, un aminoácido que modula su absorción. El resultado es una energía más sostenida y menos nerviosa, una de las claves de su popularidad. “Muchas personas llegan buscando una alternativa al café que encaje mejor con su ritmo diario”, señalan desde la compañía española.

Sin embargo, la calidad marca un matiz decisivo. A diferencia del café, donde incluso un producto mediocre mantiene su efecto estimulante, en el matcha el origen, la molienda y la conservación condicionan tanto el sabor como sus propiedades. “Un buen matcha se reconoce por el color, el aroma y la textura; uno de baja calidad es más apagado, más áspero y menos funcional”, explican.

De producto a categoría de negocio

El consumo de la bebida verde en España, con un precio medio de 4,5 euros, ha originado un nuevo tejido empresarial. Cadenas generalistas como Starbucks, Santa Gloria o Rodilla han incorporado el matcha a sus cartas, consolidando su entrada en el consumo masivo. En paralelo, han surgido cafeterías y marcas especializadas con sus propias propuestas.

En el caso de Noor Coffee, nacida en 2024 y con nueve locales en Barcelona, el matcha representa alrededor del 40% de las ventas. “Entendimos que no era solo una bebida, sino un concepto ligado al bienestar y al ritual”, explica su CEO, Sergi Vila. La introducción de sabores como combinaciones con fruta ha llegado a duplicar sus ventas.

Al mismo tiempo, proliferan nuevos negocios como Kisori Matcha, que ha construido su crecimiento en torno a redes sociales y creadores de contenido. En apenas ocho meses, la empresa valenciana ha registrado un crecimiento mensual del 50% en comercio digital y prevé superar el millón de euros de facturación en 2026.

Cuando los fundadores de Matcha & Co lanzaron su marca en 2018, “el matcha era prácticamente desconocido para el gran público en España”, recuerdan. Hoy, la empresa supera los 500.000 clientes en Europa y acumula más de 40 millones de euros de facturación, en paralelo a la expansión de la categoría.

Entre el beneficio y el relato

El éxito del matcha no se explica solo por sus propiedades, sino por el imaginario que lo rodea: bienestar, calma y consumo consciente. En ese proceso, las redes sociales han actuado como catalizador.

“Las redes generan descubrimiento, pero el negocio se construye con la experiencia: sabor, calidad y conexión con el cliente”, resume el CEO de Noor Coffee. Desde Matcha & Co coinciden en que la clave ha sido la pedagogía: recetas, formas de preparación o comparativas con el café que ayudan a crear comunidad.

El perfil del consumidor también ha cambiado. “En 2018 era un cliente de nicho, vinculado a la cultura japonesa o la nutrición. Hoy es mucho más amplio: desde quien quiere sustituir el café hasta quien busca incorporar un hábito de bienestar”, apuntan. En Noor Coffee detectan un público joven, con una fuerte presencia femenina que llega por curiosidad o por su presencia en redes.

Pero ese mismo escaparate ha generado distorsiones. Verónica Hegar, cofundadora de la tienda de té de origen TESUKO, advierte de que “mucha gente lo conoce por el color o por TikTok, pero no entiende que detrás hay un producto agrícola, con origen, cosecha y calidad muy distintas”. En su opinión, “el consumidor está comprando mucho matcha, pero todavía poco matcha de verdad”.

En datos, el té en polvo representa ya el 58% del total exportado, lo que evidencia el peso creciente del matcha frente al té en hoja. La experta en cultura japonesa Marina Salas advierte de otro efecto del boom global: el fraude. “Se está detectando la introducción de té verde común molido comercializado en Occidente como si fuera matcha”, afirma.

Japón, presión internacional y precios al alza

El crecimiento global del producto tiene consecuencias en Japón, su principal productor. Según datos de comercio exterior, en 2024 se exportaron 8.798 toneladas de té verde —incluido matcha—, un 16,1% más que el año anterior y 2,5 veces más que hace una década. El valor alcanzó los 36.400 millones de yenes (unos 197.000 millones de euros), impulsado tanto por la demanda internacional como por la depreciación de la moneda japonesa.

Este crecimiento está tensionando el mercado. “El impacto ha sido muy importante, especialmente en calidades altas”, señalan desde TESUKO, donde estiman subidas que pueden oscilar entre el 20% y el 100% según el producto.

Desde Matcha & Co coinciden en que “la subida en origen ha afectado a todo el sector”, aunque aseguran haber intentado absorber parte del incremento para no trasladarlo completamente al consumidor.

En Japón “la demanda supera en algunos momentos a la propia producción del té matcha de calidad”, dice la divulgadora de estudios japoneses Marina Salas. Algo que han agravado las malas cosechas, el envejecimiento y la falta de relevo generacional en el campo nipón. Frente a ello, el país mantiene una política “proteccionista” orientada a evitar una ruptura del mercado interno.

Aunque no se habla todavía de una escasez estructural, sí de tensiones puntuales en determinadas cosechas. “La demanda global crece más rápido que la capacidad agrícola”, advierten desde TESUKO, que subraya que el matcha de calidad “no se puede fabricar de un año para otro”.

De la taza a la cultura popular

El matcha ha dejado de ser solo una bebida para convertirse en un ingrediente transversal integrado en smoothies, postres, helados, repostería e incluso cosmética. También se ha adaptado al gusto contemporáneo con combinaciones de leches vegetales y sabores, especialmente en versiones frías como el iced latte.

Desde Tea Shop, con décadas de experiencia en el sector, sitúan este fenómeno dentro de una tendencia más amplia en la que ingredientes tradicionales se reinventan en nuevos formatos de consumo. “Su sabor, sus propiedades y su versatilidad permiten innovar y generar nuevos rituales de bienestar”, señalan.

Sin embargo, esta expansión también plantea riesgos. “Innovar es positivo si mantiene el sentido del producto. El problema es cuando queda reducido a un color bonito tapado por azúcar o siropes”, advierten desde Matcha & Co. La tensión entre autenticidad y popularización es uno de los debates centrales del sector.

La divulgadora Salas considera que este debate también existe en Japón. Desde el sector agroalimentario ven con recelo el uso del verde en repostería o bebidas alejadas de su dimensión tradicional. “Que un matcha de máxima calidad se use para hacer un bizcocho no se termina de entender”, confiesa. Aun así, sostiene que el gobierno japonés entiende productos como el matcha, el sushi o incluso el anime como una herramienta de soft power para proyectar su cultura al exterior.

El futuro del matcha apunta a un modelo dual, en el que convivirán ambos segmentos: uno más accesible y otro premium centrado en origen y calidad. Para Noor Coffee, la popularización es una señal positiva. “La competencia eleva el nivel y beneficia a quienes aportan valor”, defiende su CEO.

De producto exótico a categoría reconocible en menos de una década, el del matcha es un salto poco habitual en el sector alimentario. Y todo apunta a que su crecimiento aún no ha tocado techo.

En el primer trimestre del año, Estados Unidos se situó como el principal origen del gas natual licuado (GNL) suministrado a España, con un 36,6% del total en dicho periodo, seguido por Argelia, con el 29,6%, según los datos del boletín estadístico de Enagás de marzo de 2026 publicado este viernes.

Tras estos países, se situó Rusia, con un 18,1%, y Nigeria, con un 7,5% del total del gas suministrado a España en el primer trimestre.

El gas procedente de Rusia se duplicó en marzo con respecto al mismo mes del año pasado y alcanzó en marzo los 9.807 GWh, para cubrir el 26,1% del total llegado a España y tocar unos niveles que no se veían desde mayo de 2023.

La Unión Europea ha aprobado una prohibición gradual de las importaciones de gas ruso (por gasoducto y GNL) para eliminar la dependencia de energía rusa para 2027.

Así, desde mediados de marzo se prohíbe la firma o modificación de contratos de importación de gas ruso y el reglamento contempla restricciones severas al GNL ruso adquiridos en mercados al contado (spot). También se prevé el objetivo de que todos los flujos de gas ruso por tubería cesen a más tardar el 30 de septiembre de 2027. En el caso de los contratos a largo plazo de importación de GNL, la prohibición se aplicará a partir del 1 de enero de 2027.

En el caso concreto de España, la mayoría del gas natural que llega de Rusia procede de contratos a largo plazo con Yamal LNG, un consorcio liderado por la empresa privada rusa Novatek y en cuyo accionariado hay capital europeo y de otros países.

En el primer trimestre de 2026, Estados Unidos refuerza su liderazgo como primer suministrador, con 37.809 GWh (36,6% del total), seguido de Argelia, con 30.616 GWh (29,6%), y Rusia, con 18.763 GWh (18,1%).

Ningún sumnistrador de Oriente Próximo

En lo que va de año, España ha recibido gas natural desde 10 países de origen diferentes. Junto a Estados Unidos, Argelia y Rusia, figuran como suministradores países como Nigeria, Angola, Francia, Portugal, Congo, Camerún y Senegal, pero ninguno de Oriente Próximo, lugar afectado por el conflicto en Irán.

En lo que respecta a los almacenamientos subterráneos, actualmente en España se encuentran al 60% de capacidad y las plantas de regasificación al 65%.

Asimismo, hasta el pasado 8 de abril, el total de exportaciones ha crecido un 2,8% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 12,6 teravatios hora (TWh), y el total de salidas -demanda más exportaciones- ha crecido un 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta los 111 TWh.

En lo que se refiere a la demanda de gas natural en marzo, se incrementó un 1,3% con respecto al mismo mes de hace un año, hasta los 28.765 GWh, impulsada por la destinada al sector eléctrico que se disparó un 46,8%. Mientras, la convencional cayó un 9,3% en el mes.

La amenaza de cortar todo comercio con España ha sido la forma presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para castigar económicamente al país tras la negativa del Gobierno a autorizar el uso de las bases militares de Morón de la Frontera y Rota en las operaciones militares conjuntas con Israel contra Irán.

El aceite de oliva es el producto más vendido por España a Estados Unidos y, por lo tanto, el más expuesto a un eventual embargo comercial, mientras que en dirección contraria los productos farmacéuticos y el gas son los más comprados desde España.

“Vamos a cortar todo comercio con España”, ha asegurado este martes Trump, que ha hablado de embargo y de que EEUU no necesita nada de España, aunque no queda claro si afectaría al comercio en las dos direcciones, tanto a exportaciones como a importaciones. La UE ha salido en defensa de España ante la amenaza y ha asegurado que “se garantizará que nuestros intereses estén protegidos”.

Pese a ello, el déficit comercial de España con EEUU ha aumentado un 34,4% el último año, en 2025, hasta los 13.458,4 millones de euros, como consecuencia de la caída de las exportaciones en el año en que han comenzado a aplicarse los aranceles estadounidenses a Europa, de acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Estado de Comercio. Al mismo tiempo se han incrementado las importaciones, principalmente las de gas, que ya venían aumentando desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 y que se sitúan en este momento a un nivel similar en el porcentaje total de importaciones que las de Argelia.

Las exportaciones desde España al gigante norteamericano alcanzaron los 16.716,2 millones en 2025, un 8% menos que en 2024, con el aceite de oliva a la cabeza, del que se vendieron más toneladas que en 2024 pero por un menor importe, que pasó de 1.013 a 732,7 millones.

Detrás de este desajuste está el precio del aceite de oliva, que se ha abaratado un 31,6% en el último año, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En 2025 han caído las exportaciones de Estados Unidos de aceites de petróleo o de minerales, dentro del apartado de combustibles (de 1.004 a 715,2 millones), de vino (de 335 a 288,3 millones) o de componentes de vehículos (de 249 a 205 millones), entre otros bienes.

Las importaciones por su parte, crecieron un 7%, hasta los 30.174,7 millones, con una factura en gas que se ha duplicado en el último año de 2.010 a 4.210,4 millones. También ha aumentado la compra de productos farmacéuticos (de 6.259 a 6.730 millones) o de máquinas y aparatos mecánicos (2.443 a 2.740 millones), entre otros.

En las últimas semanas, los sectores del aceite de oliva y el vino español habían acogido con “esperanza” el fallo del Tribunal Supremo de ese país contra los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Aunque Trump ha insistido en declaraciones posteriores que volvería a imponer aranceles mínimos del 15% a todos los países.

Estamos ante una de las mejores campañas de cosecha de cereal aragonés registrada en tres décadas. La anterior data del año 2020, cuando se cosecharon casi 3 millones de toneladas, sentando un precedente en la comunidad. La de 2025 deja una cifra que supera los 3,1 millones de toneladas recogidas de cereal de invierno, principalmente cebadas y trigos. Los rendimientos finales de producción señalan más de 4 toneladas por hectárea en cebada y otras tantas en trigo blando.

En Huesca se han alcanzado las 1.439.088 toneladas y en Zaragoza 1.188.105, mientras que Teruel es el territorio donde el incremento ha sido más destacado alcanzando las 506.150 toneladas, una cifra importante teniendo en cuenta que “en los dos últimos años no se llegó a 150.000”, apunta Luis Gazol, técnico de Red Arax. La sequía estuvo detrás de las malas campañas de 2023 y 2024, debido a que muchos campos se quedaron sin cosechar por no haber nascencia causada por la falta de agua en los cultivos. 

Respecto a la campaña de 2024, la de este año apunta un incremento del 60,8 por cierto, unas cifras que, sin embargo, desde el CTA -Centro de Transferencia Agroalimentaria del Gobierno de Aragón- explican que “no son comparables porque la escasez de precipitaciones marcó mucho las últimas campañas”, aunque reconocen que son datos para celebrar, tal y como asegura Miguel Gutiérrez, jefe de Cultivos Herbáceos del CTA.

Este año las condiciones climatológicas han sido buenas para el campo aragonés. A pesar de que las altas temperaturas registradas durante el mes de junio provocaron que la cosecha se tuviera que adelantar, sobre todo en las zonas más frías donde se suele cosechar hasta un mes más tarde que en el resto de Aragón, los rendimientos por hectárea “no se han visto afectados”, apunta Gutiérrez. Las heladas en el momento adecuado “durante el parón hibernal de la semilla”, y las lluvias de principios de primavera sin duda “han favorecido el buen desarrollo en las fases de ahijado, encañado, espigado e incluso en el llenado del grano”, añade. 

Sobre la rentabilidad de estos cultivos para los profesionales de la agricultura hay que mirar la tabla de precios. En la actualidad el precio que se paga por el cereal ha subido entre 25 y 30 euros en el mes de octubre, llegando a unos 200 euros por tonelada. “Es poco, pero hay movimiento y las expectativas son de que siga creciendo”, espera Miguel Gutiérrez, que recuerda que “el mercando mandará”.

El secano se recupera mientras que los ensayos aportan información de valor

En Aragón el cereal ocupa 780.403 hectáreas. El 75% del cereal de invierno se cultiva en secano, y esta campaña, se ha comportado “tan bien” como los regadíos, haciendo que los profesionales del sector elijan la palabra “excepcional” para calificarla. “Apenas ha habido diferencias ente secano y regadío”, asegura Jesús Abadías, responsable de Innovación de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón que ha presentado el dosier del cereal de invierno 2024/2025 de Red Arax -Red Aragonesa de Cultivos Extensivos y Leguminosas-.

Este organismo, que actualmente es la plataforma de cultivos extensivos “más importante del territorio”, ha desarrollado 136 ensayos a lo largo de 2025 en 7.000 parcelas de diferentes cultivos: cebadas de invierno y primavera, trigos blandos de invierno y primavera, trigos duros, avenas, triticales, centenos híbridos o colza. 

Las pruebas permiten recoger datos para conocer el comportamiento de los cultivos de los que conocen “con exactitud qué variedad está sembrada en cada lugar”, explica Luis Gazol, técnico de ARAX, encargado de las pruebas, además de “testar la campaña en cada zona agroclimática”, añade Miguel Gutiérrez. El objetivo: mejorar la eficiencia de los cultivos extensivos, especialmente en secano. 

Reimplantar aranceles e instauración de cupos para equilibrar las importaciones de cereal

Aunque los graneros aragoneses están llenos este 2025, las importaciones de cereal siguen aumentando cada año. En el año 2020, España importó de Ucrania 3.985.000 toneladas de materias primas por valor de 946 millones de euros. En 2024, con una sequía que azotó a la producción aragonesa y al resto del país, las importaciones alcanzaron 11.349.000 toneladas, con un valor de 2.974 millones de euros. 

“Desde la retirada del arancel en 2022, las importaciones se han disparado, agravando la presión sobre los productores nacionales”, denuncian desde la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Aragón. Una situación que para la organización agraria “ha provocado un desplome de los precios en origen”, por ello alerta sobre la grave situación que dejan estos hechos a los cerealistas en Aragón y en España. La organización responsabiliza directamente a la avalancha de cereal importado, “principalmente procedente de Ucrania”, de poner en peligro “la viabilidad de miles de explotaciones familiares”, calificando este escenario de “emergencia”.  

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Aragón (ARAGA) hace un llamamiento a las autoridades nacionales y las europeas para que actúen de manera “inmediata y coordinada” y exige medidas urgentes para proteger a los cerealistas aragoneses, incluyendo la reimplantación de aranceles y la instauración de cupos que regulen la entrada de grano extranjero. 

La mirada en este momento está puesta en el maíz, todavía en el campo y pendiente de ser recogida. Se espera que tanto la cantidad como la calidad también registren cifras de récord en el que es uno de los productos que más gasto de producción exige.

Se llama Arbitrio sobre las Importaciones y Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM) y es bastante menos conocido que el IGIC, el endemismo impositivo más popular. Se trata de un impuesto también indirecto considerado estatal pero de aplicación exclusiva en el Archipiélago, previa autorización de su implantación por parte de la Unión Europea (UE), un beneplácito legal que tiene ahora desde finales de 2020, con activación a 1 de enero de 2021 y para todo el septenio actual, 2021-2027.

El arbitrio fue creado por el artículo 11 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, tras cambiar el Libro II de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal (REF) de Canarias, y se aplica en las islas desde el 1 de enero de 2002. Es un impuesto de naturaleza indirecta y monofásico.

Además, este arancel casi desconocido por la mayoría grava o encarece, a través de la fórmula de tributación ad valorem (o sea, aplicando un porcentaje de castigo fiscal sobre el precio de entrada declarado para las mercancías sujetas al impuesto y abonado por los operadores importadores), el coste real de llegada a las islas de un listado de productos o bienes de consumo, los artículos sometidos al gravamen y a los que se les aplican tipos impositivos que oscilan entre un mínimo del 5% y un máximo del 15%, con tres únicas escalas: 5, 10 y 15.

El AIEM es, y bien que se puede decir, el arancel canario, el único activado en España, solo en esta comunidad autónoma (considerada región ultraperiférica, RUP) y con posibilidad de gravar bienes de consumo que proceden del resto del país, de toda la UE, que ya tiene activados sus aranceles aduaneros comunes (AAC) respecto a terceros países (mercado único), y de fuera de los veintisiete estados miembros.

En su ámbito de aplicación no se parece a los ya famosos aranceles de Donald Trump (EEUU), que castigan las entradas de mercancías sólo desde terceros países con criterios tan heterogéneos bien conocidos, pero se puede decir que el AIEM sí existe para cumplir objetivos afines o equivalentes a esos, o al menos eso se pretende con él. El AIEM es un impuesto indirecto muy peculiar y exclusivo de Canarias que, por la vía de encarecer la importación desde las islas, busca defender las producciones locales y la industria transformadora de origen endógeno.

¿Lo consigue? Sus defensores aseguran que sí y que el impacto de su aplicación en los precios es asumible; sus detractores, que no es para tanto el desempeño de esa primera función y que sobre todo ese tributo canario es una amenaza, una carga injustificada que termina soportando el consumidor local, el ciudadano residente en las islas.

Y en esas estamos o todavía se sigue, con la victoria actual, al menos hasta diciembre de 2027, de la postura de los primeros, los defensores del AIEM, que son los productores primarios y la industria locales, el Gobierno de Canarias y la mayoría de las fuerzas políticas del arco parlamentario en las islas, con la exclusión de Vox.

Así es, y tanto que se logró su renovación a finales de 2020, previa tramitación de la autorización correspondiente ante la UE por parte del Gobierno de Canarias, ahora con vigencia en el periodo presupuestario de 2021-27. La petición entonces se cursó a iniciativa del Ejecutivo autonómico con apoyo del Pacto de Progreso (2019-23), y ahora, los actuales dirigentes del Gobierno canario, dominado por CC y PP, ya han señalado que apostarán por su aplicación también en el nuevo periodo de siete años, de 2028 a 2034, un septenio presupuestario ahora en fase de negociación. Antes se tendrá que notificar su mantenimiento en la futura etapa y ser de nuevo avalado. El AIEM está considerado como una ayuda de Estado por la UE.

Gracias al AIEM, el erario canario logró en el ejercicio fiscal pasado, el de 2024, una recaudación de 282 millones de euros, casi el 5% superior al valor absoluto total de 2023. Los últimos datos oficiales, los servidos por la Hacienda canaria, ya dan un ingreso tributario a la comunidad autónoma por el cobro de ese arancel o arbitrio de 122,5 millones de euros en los primeros cinco meses de 2015, esta vez con una mejoría en los recursos fiscales obtenidos del 5% respecto a enero-mayo de 2024.

Importadores canarios: lo pagan los consumidores

Los empresarios importadores canarios, como es el caso de Sebastián Grisaleña (que ha sido presidente de la patronal de la provincia de Las Palmas), al frente de la empresa Grisaleña SL, lo tienen muy claro: aquellos 282 millones de euros recaudados en 2024 se convierten en una carga que asume casi siempre el consumidor final isleño a través del aumento del precio que paga por ese mismo listado de productos gravados a través del AIEM.

Por esa razón, Grisaleña sostiene que el AIEM, de aplicación en Canarias —comenta— debido la presión ejercida ante las administraciones públicas por los lobbies industriales y de la producción primaria locales, perjudica principalmente a la sociedad civil, al consumidor final que reside en Canarias.

Además, asegura que la aplicación de ese arbitrio o arancel en las islas, pese a que existe autorización de la UE para ello, no está justificada, máxime cuando se practica una excepción en Canarias (el único otro lugar donde se aplica es en las RUP de la Macaronesia) dentro del mercado común de la UE, donde ya hay aranceles de aplicación para las importaciones desde terceros países, a lo que en las islas se une la carga fiscal del AIEM.

Argumentos contra del AIEM

“Cuando entramos en la UE con el protocolo equivocado y eso no se rectificó con el paso de los años ante la evolución negativa de las islas respecto al resto de regiones, es que algo se está haciendo mal”, plantea el empresario Sebastián Grisaleña.

Apunta que el AIEM “es un acuerdo entre Canarias y el Gobierno central, con el intercambio de cromos en aquellos momentos entre Canarias y el Estado, por las presiones de grupos determinados que hoy la siguen ejerciendo en los diversos partidos políticos de Canarias. La UE permitió la solicitud de España, rompiendo así la unidad dentro de la UE sobre libertad comercial y castigando a los canarios, a los que les encarece la vida y les hace pagar algo que nunca se debió permitir”, lamenta.

Grisaleña considera que “el arancel AIEM pone a los canarios ante la UE como un tercer país”. Y asegura: “Somos europeos para pedir ayudas, subvenciones, protección… precisamente y sobre todo para aquellos grupos que se benefician del AIEM”, en clara referencia a los industriales y productores agrarios de las islas, los defensores de esa figura fiscal propia.

En Canarias, añade el empresario, “siempre hemos tenido la cesta de la compra más cara y el AIEM la encarece mucho más, dependiendo del producto, entre el 40% y el 100% al llegar al consumidor”. “El mensaje de los que les interesa continuar con este arancel y de los que comentan que no afecta a la economía de los canarios es una demostración del desconociendo de la realidad, tanto en las pymes como con la pobreza y la marginación que existe en el día a día”, expone la misma fuente. Hay que decir que los defensores de ese impuesto a la importación solo reconocen, en todo caso, un impacto menor y asumible en los precios finales pagados por los consumidores isleños. La Consejería de Hacienda, por el contrario, es categórica en su informe intermedio de impacto o funcionamiento del AIEM: no eleva los precios de la cesta de la compra en Canarias.

A continuación, Grisaleña advierte que “en los últimos meses estamos viendo la incongruencia de quienes nos gobiernan en Canarias, España y la UE, denunciando, y con razón, las amenazas del presidente de Estados Unidos con la implantación de aranceles a las importaciones desde su país”. Pese a ello, “no son capaces de mirarse a sí mismos, implantando aranceles a los sumisos canarios dentro de la UE, y solo en Canarias desde el año 2002”. El mismo empresario concluye: “No es justo. No nos merecemos estos gestores que castigan a sus votantes encareciéndoles la vida en vez de facilitársela”.

Grisaleña, por consiguiente, es partidario de que “no se hable del AIEM desde el punto de vista de los sectores importadores”, sino que “se debe hablar de la denuncia de todos los canarios”. Y lo explica: “Ya no existen aquellas empresas líderes importadoras en las que existía variedad de productos de cualquier país, precios, competencias… Hoy, los grandes importadores son las centrales de compra de las grandes superficies, que, por cierto, nunca se han manifestado en contra del AIEM, lo que supone un flaco interés en la defensa de sus actividades y de no encarecer los precios a sus clientes”.

Según los datos aportados por el empresario importador, “este año, en 2025, la recaudación será de unos 300 millones de euros” por cobro del AIEM. Con ello, “cada unidad familiar de cuatro integrantes, tendrá un gasto extra por el AIEM en sus compras de 900 euros al año”. Y remata: “Nuestra administración no ha valorado la evolución en los últimos 20 años de diversos sectores en Canarias, con pérdida de sus aportaciones al PIB, de puestos de trabajo, de empresas o de ventas a empresas del exterior con ayudas fiscales superiores al resto de otras actividades… O se juega limpio, sin marcar las cartas para favorecer a una minoría, y entonces se piensa en el interés general de la sociedad y para eso se necesitan partidos con líderes que sepan gestionar los recursos sin anestesiar a los canarios, o es muy grave lo sucedido desde el año 2002 con la implantación del arancel AIEM”.

El presidente Clavijo, partidario de cambios anuales en el arbitrio

Los importadores isleños parece que lo tienen claro y ya llevan algunos años defendiendo la desaparición de este arbitrio, desde su misma creación en 2002. Pese a esa insistente lucha en contra del impuesto, este sigue activo y así estará al menos, de forma garantizada, hasta diciembre de 2027.

En adelante, el Gobierno de Canarias ya ha dicho que quiere más, pero queda por ver si esto lo consigue en la negociación comunitaria que está en curso. Como es habitual, ya tiene a una parte de los agentes económicos locales que harán su particular lucha en contra: los importadores.

En relación con el futuro del AIEM, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha indicado estos días que está abierto a que los aranceles que gravan la entrada de determinados productos en las islas se revisen anualmente, como ya ha pedido la patronal de la industria canaria, Asinca, aunque ha reconocido que ahora la prioridad es que la UE garantice su continuidad en 2018-34.

Clavijo sostuvo que “es evidente que el AIEM ha funcionado adecuadamente”, al tiempo que reconoció que se trata de un tributo indirecto “continuamente en perpetua revisión y reajuste”, informó la agencia Efe. En la nueva comunicación remitida a la UE, el Gobierno canario “avala que es un instrumento [fiscal] fundamental para proteger la producción y la industria locales”.

Clavijo cree que “a lo largo de la historia se ha evidenciado su utilidad como instrumento para mantener el sector industrial de Canarias” y, por ello, “lo que pedimos es que se renueve” siete años más. “Estamos teniendo una recaudación de unos 280 millones de euros y es un instrumento fundamental del Régimen Económico y Fiscal (REF)”, subrayó.

Convalidación ante la UE que se debe repetir para 2028-34

El Consejo Europeo aprobó el 16 de noviembre de 2020 la Decisión de renovación del Arbitrio sobre las Importaciones y Entrega de Mercancías en Canarias (Decisión 377/2014/UE del Consejo), un tributo estatal de aplicación exclusiva en el archipiélago que se concibió para proteger la producción local, en fresco (agrarios) y transformados (industria), frente a la llegada de fuera.

Esa norma comunitaria fue traspuesta a la normativa nacional a través del Decreto-ley 21/2020, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 4/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la regulación del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias.

La identificada Decisión del Consejo, con la que se culminó un largo proceso para la renovación del arbitrio AIEM en el septenio 2021-27, se inició a finales de 2018 con el lanzamiento de las primeras consultas a los operadores económicos de Canarias y luego se formalizó con la adopción de la petición de renovación por el Gobierno de Canarias, algo ocurrido en un Consejo de 21 de mayo de 2020, con Ángel Víctor Torres (PSOE) entonces como presidente y con la propuesta formal de la Comisión Europea obtenida luego el 4 de agosto del mismo año. Entró en vigor el 1 de enero de 2021, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027, si bien habrá que presentar un informe intermedio sobre su aplicación por las autoridades españolas antes del 30 de septiembre de 2025.

La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias aseguró el pasado jueves que ese informe ya se ha hecho y se le ha dado traslado a la Comisión Europea. La conclusión extraída en él es que la figura tributaria objeto de análisis “no influye en los precios de la cesta de la compra”; “no hay una relación directa entre [la aplicación] del AIEM y [la subida] de los precios [de los alimentos]” en las islas, justo lo contrario de lo que sostienen los importadores locales que lo sufren. Y esto es así, se sostiene en el mismo informe, porque en la formación de precios en Canarias intervienen otros muchos factores, como son el tamaño del mercado, el coste del transporte y otros instrumentos impositivos.

El AIEM autorizado por el Consejo Europeo, el que se aplica ahora, presenta algunas diferencias significativas respecto al AIEM en vigor en el periodo precedente, 2014-20. La más relevante es la flexibilidad inédita que se da a las autoridades españolas para ajustar el impuesto, por el ajuste en los tipos impositivos (del 5 al 15%, con tres posibilidades: 5, 10 y 15) y por la ampliación o reducción del listado de productos.

La Decisión reseñada establece un listado de unos 100 productos a cuatro dígitos y permite al Parlamento de Canarias decidir, en cada caso y dentro de ese marco, la decisión sobre los productos concretos a gravar, el nivel de desagregación y el tipo aplicable.

Asimismo, la misma norma de la UE fija criterios objetivos para la inclusión de nuevos productos en el listado, con los que se deberá demostrar la existencia de costes adicionales de producción y además tener, salvo excepciones debidamente justificadas, una cuota de mercado como producción local entre el 5% y el 90%.

Las organizaciones agrarias Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y Asaja de Castilla-La Mancha han alertado de la grave crisis que vive el sector de los cereales debido a la exportaciones masivas de cereal ucraniano, más barato que el español.

Así, UPA ha reclamado medidas urgentes para el cultivo de cereal en la región, puesto que “son muchísimos los cerealistas que están contra las cuerdas”.

De hecho, según indica en nota de prensa, las organizaciones agrarias han exigido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, una limitación “clara” de las importaciones de cereal ucraniano y activar “ayudas urgentes al sector, ”porque, de otra manera, el futuro y viabilidad están en entredicho“.

“Es un clamor entre los cerealistas castellanomanchegos, quienes ven cómo Europa sigue apostando por el cereal barato de Ucrania, lo que podría degenerar en dejar de plantarlo aquí”, apunta, para agregar que. “desde el inicio de la guerra, las importaciones de trigo blando en Europa se han multiplicado por siete, distorsionando gravemente los mercados y expulsando al cereal español de su propia casa”.

“El campo español no puede ser moneda de cambio geopolítico. Si no se actúa ya, miles de explotaciones desaparecerán en los próximos meses ante el hundimiento de los precios en origen y el imparable aumento de los costes”, advierten, para agregar que “o se deja de apoyar el cereal ucraniano o nos tendremos que ir a otros cultivos, porque nos encontramos con mínimos históricos de maíz y trigo, por ejemplo”.

Asaja

Tanto desde UPA como desde Asaja se crítica la situación que atraviesa el sector cerealista español. “A pesar de que la climatología ha sido favorable este año, el hundimiento de los precios en origen y el imparable aumento de los costes de producción han llevado al sector a una situación de pérdidas generalizadas”.

En este sentido, Asaja Castilla-La Mancha se ha reunido con el director general de Política Comercial del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, Julián Conthe, para exponerle las graves dificultades que atraviesa el sector en la región y proponer soluciones que ayuden a paliar esta crisis.

En un comunicado de prensa, la organización agraria ha subrayado que los dos grandes problemas que afrontan los agricultores castellanomanchegos son el desplome de los precios del cereal y el desmesurado aumento de los costes de producción.

Tal y como han trasladado los vicepresidentes de ASAJA CLM, Jorge Navarro y Juan José Laso, esta crisis se debe, principalmente, a las importaciones masivas de cereal que llegan a los puertos españoles, en su mayoría procedentes de Ucrania. Además, han advertido de que la situación se agravará aún más con el incremento progresivo de los aranceles aduaneros sobre los fertilizantes rusos y bielorrusos.

“No podemos estar importando cereal ucraniano sin aranceles mientras sí aplicamos aranceles a todos los fertilizantes que proceden de Rusia y Bielorrusia -ha incidido Juan José Laso-. Se trata de una decisión política que, desde luego, no responde a la lógica del mercado”.

Por ello, desde la organización agraria piden medidas disuasorias y ayudas compensatorias para revertir la situación. Sobre las primeras, ASAJA CLM considera que existen mecanismos de mercado posibles como aumentar el precio de intervención de los cereales importados y establecer aranceles al cereal ucraniano. Sobre las medidas compensatorias, los cerealistas españoles piden ayudas económicas específicas, tal y como ya se ha hecho en otros países europeos, así como la activación de una ayuda directa para compensar el sobrecoste de los fertilizantes, incluyendo aquellos ya adquiridos en esta campaña.

La Junta de Extrenadura firmará un convenio con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para la redacción del proyecto de obra y la cesión gratuita del inmueble donde se construirá una aduana intermodal en el término municipal de Badajoz, que permitirá que se lleven a cabo las labores de exportación e importación sin necesidad de tener que hacerlo en los puertos de Portugal o España.

El coste de la redacción de proyecto se estima en un máximo de unos 285.000 euros y el ministerio asume el compromiso de llevar a cabo mediante el procedimiento de licitación oportuno y con cargo a su presupuesto, la redacción del mismo.

Por su parte, Extremadura cederá en propiedad a la Administración General del Estado la parcela ubicada en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo (1ª Fase) y que ocupa una superficie de 44.186 metros cuadrados.

Ambas partes reconocen la importancia de la situación geográfica de Extremadura y su frontera con Portugal, que la convierte en punto clave del tráfico de mercancías, papel este que ve incrementada su importancia en función de las previsiones de incremento del tráfico comercial a través de dicha frontera que se manejan de cara a 2050, horizonte para el cual se prevé un crecimiento del transporte en torno al 40% con respecto a 2018.

Este crecimiento está motivado por el impulso de la Junta de Extremadura, con la colaboración de la Administración General del Estado y del Ayuntamiento de Badajoz, al proyecto de la Plataforma Logística del Suroeste Europeo en Badajoz, a la que prestará servicios de utilidad pública la aduana intermodal que se pretende construir, según destaca la Junta.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se ha reunido este martes con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en Washington, después de las críticas de este a la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a China, la semana pasada. El objetivo de este encuentro era “reforzar las relaciones entre ambos aliados”, según el Ministerio de Economía.

“Un mensaje claro que nos ha trasladado Scott Bessent es que Estados Unidos está abierto y tiene la voluntad de llegar a un acuerdo [comercial] con la UE antes de que finalice la moratoria de 90 días [de los aranceles]”, ha explicado Carlos Cuerpo, en declaraciones a los periodistas. Un acuerdo “que sea equilibrado justo y beneficioso para ambas partes. No olvidemos que el punto de partida ahora mismo la negociación es de existencia de aranceles nuevos por parte de Estados Unidos”, ha recordado.

La Oficina de Asuntos Públicos de EEUU ha emitido un comunicado posterior en el que informan de que Bessent “destacó en la reunión la necesidad de un mayor gasto en defensa por parte de España en el contexto de la OTAN”. El secretario del Tesoro mostró además su desacuerdo “al impuesto sobre servicios digitales aplicado por España y otros países, así como a otras barreras no arancelarias”. Se refiere a la tasa Google, que de momento se descarta eliminar.

Carlos Cuerpo ha aprovechado para reafirmar el mensaje del comisario de Comercio Maroš Šefčovič “de que la Unión Europea mantiene una posición de unidad y está abierta a negociaciones constructivas para encontrar una solución que preserve la relación transatlántica, la más relevante del mundo, que abarca alrededor de un tercio de todo el comercio global”.

“La reunión ha sido positiva y útil, en la que ambos hemos subrayado la importancia de trabajar juntos para abordar los desafíos comunes”, ha subrayado el propio Carlos Cuerpo. “Han tratado temas de interés para ambos países en materia económica, financiera y de inversión. El ministro Cuerpo ha trasladado la importancia que tiene Estados Unidos para Europa y para España como socio estratégico”, resaltan fuentes del equipo del Ministerio de Economía.

“Sería como cortarse el cuello”

“Sería como cortarse el cuello”, reaccionó Scott Bessent al acercamiento de España al 'gigante' asiático, justo después de que Estados Unidos anunciara la tregua en los aranceles “recíprocos” —según la retórica de la Administración de Donald Trump—, y los dejara en un 10% en general para todos los países, salvo para las importaciones de algunos productos concretos como los automóviles o el acero de la Unión Europea (UE), que siguen al 25%, y con la excepción precisamente de China, el adversario en el que ha centrado las represalias en este estadio de la guerra comercial.

Preguntado sobre estas críticas del secretario del Tesoro al acercamiento de España a China, nuestro ministro de Economía ha defendido que “desde la Unión Europea esto no es ningún movimiento nuevo. Llevamos años como decía anteriormente, intentando reforzar esa relación para reequilibrarla. Y en ese sentido tenemos que tener un diálogo abierto y franco con las autoridades chinas, porque este es el camino hacia adelante y en eso estamos desde España, pero también desde la Unión Europea. Yo creo que esto es fácil de entender”.

“No era una reunión de negociación específica de productos españoles. Además, la negociación tiene que hacerse desde la Unión Europea como bloque. [Así] tendremos también más capacidad negociadora y llegaremos a un resultado equilibrado y justo no solo para la UE en su conjunto, sino para el conjunto de los países”, ha aclarado Carlos Cuerpo.

Antes de ser nombrado por Donald Trump como secretario del Tesoro, Scott Bessent ha desarrollado una larga carrera en los mercados financieros, como gestor de 'hedge funds' (fondos de cobertura, por su traducción del inglés), que se dedican a realizar inversiones de alto riesgo para obtener la mayor rentabilidad posible, incluso si esas inversiones implican apostar por la quiebra de una empresa. Fue socio del Soros Fund Management y fundador del Key Square Group.

La visita de Pedro Sánchez a China

“No debemos dejar que las tensiones comerciales se interpongan al potencial crecimiento de la relación entre China y España y China y la UE”, declaró el presidente español el pasado viernes 11 de abril, en Pekín, tras sentarse con el presidente chino, Xi Jinping, y comprometer un par de protocolos de exportación de porcino y cerezas, y un puñado de acuerdos de cooperación en ciencia, educación y cine. Pedro Sánchez insistió en que el acercamiento con el país asiático es compatible con el “vínculo” con un “socio histórico” como Estados Unidos.

Encuentro con empresas con intereses en España

Antes de reunirse con el secretario del Tesoro, el ministro Cuerpo tuvo un encuentro este mismo martes “con un grupo selecto de empresas estadounidenses en sectores claves como el financiero, farmacéutico y tecnológico, organizado por la Cámara de Comercio estadounidense”, según fuentes del Ministerio de Economía. Entre esas empresas, se encuentra la farmacéutica alemana Merck.

“Cuerpo ha trasladado a las empresas un mensaje de confianza y certidumbre ante un contexto internacional complejo y volátil”, prosiguen las fuentes del Ministerio. “Ha destacado los logros de la economía española como motor de crecimiento de Europa y destino inversor, que supone un reconocimiento de la política económica adoptada y los beneficios tangibles para empresas”, añaden.

Las compañías, la mayoría con operaciones en España, “han agradecido la apertura del Gobierno y el mensaje de certidumbre que facilita la inversión en la cuarta mayor economía” del Viejo Continente. Las empresas han destacado las buenas perspectivas de crecimiento de la economía española y la estabilidad de su marco legal y regulatorio“, concluyen.

Aprovechando el viaje institucional a Estados Unidos, Carlos Cuerpo se ha reunido también con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, “para discutir los preparativos para la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo en Sevilla que se celebrara a finales de junio (del 30 de junio al 3 de julio)”, de nuevo, según el Ministerio de Economía.

El jueves pasado, el FMI (Fondo Monetario Internacional) elevó la previsión de crecimiento del PIB de España dos décimas del 2,3% al 2,5% en este 2025. Una mejora que llega incluso asumiendo los aranceles del 20% de Estados Unidos al conjunto de la UE “por la limitada exposición comercial directa e indirecta” de nuestro país a la primera potencia mundial. Pero en el nuevo contexto de desglobalización, las buenas proyecciones macroeconómicas no esconden la inmensa incertidumbre que acecha a cada decisión

Más de tres años de negociaciones no han servido para conseguir que dos pequeños camiones, uno con electrodomésticos y otro con productos de higiene, atravesaran las fronteras españolas de Ceuta y Melilla en dirección a Marruecos esta última semana. La supuesta apertura de la aduana comercial en las ciudades autónomas norteafricanas mantiene en vilo a sus habitantes, especialmente a empresarios y políticos, molestos por las hipotéticas restricciones que pueda imponer el Ejecutivo marroquí y por la “opacidad” con la que el Gobierno español está tratando la cuestión.

Por el momento, Moncloa no ha llegado a aclarar si el paso abortado de los dos vehículos hacia el país vecino respondía a la entrada en funcionamiento del tan esperado espacio de tránsito de mercancías o era simplemente una nueva prueba como las ya realizadas en años previos.

Los hechos se precipitaron a finales de la pasada semana cuando la Delegación del Gobierno en Melilla empezó a contactar con empresarios anunciándoles la inminente apertura de la aduana. Ya en esos primeros instantes comenzaron a surgir voces preocupadas –incluidas las de colectivos empresariales y la del propio presidente de esa localidad, Juan José Imbroda–, por las condiciones en las que se abriría el paso, que parece incluirán importantes limitaciones en los productos que Marruecos permitirá llegar a su suelo.

Todo desembocó en el intento de que dos furgonetas atravesaran las fronteras del Beni Enzar (Melilla) y El Tarajal (Ceuta) el miércoles. Las trabas por parte de Marruecos fueron constantes. Primero, obligando a mover las cargas a otros vehículos de tipología distinta y después frenando durante horas los transportes en sus aduanas para finalmente darles la vuelta sin llegar siquiera a revisar lo que contenían en su interior.

Lo ocurrido es un duro golpe a las pretensiones españolas y a los anhelos de quienes viven en las ciudades autónomas, que no ha encontrado prácticamente explicaciones por parte de las respectivas delegaciones del Gobierno, a pesar de que las titulares de ambas, Sabrina Moh y Cristina Pérez, estuvieron presentes durante la jornada de marras en los dos pasos fronterizos.

“Es el Ministerio de Asuntos Exteriores quien confirmará oficialmente la apertura de esa aduana comercial. Hoy (por el miércoles) ha cruzado un camión con productos de higiene personal. No podemos asegurar si mañana habrá otra expedición comercial o no. Estos asuntos se gestionan entre Madrid y Rabat”, alcanzaron a señalar fuentes de la representación del Central en Ceuta a este medio antes de que se produjera el rechazo de las mercancías en la frontera marroquí.

Exteriores habla de “cuestiones técnicas”

A partir de ahí, el único miembro del Ejecutivo nacional que se ha pronunciado al respecto ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y no así en ningún caso José Luis Albares, titular de Exteriores, de quien se esperaba una explicación detallada sobre las condiciones de la nueva aduana. “Lo que dejo claro es que el grado de cooperación y colaboración hispano-marroquí es manifiestamente importante, relevante y de la máxima lealtad y fiabilidad”, señaló el representante de Interior, quien achacó a “cuestiones técnicas que deben resolverse” el hecho de que los dos camiones fueran devueltos por el Reino Alauita.

Lo ocurrido este miércoles y la perspectiva de importantes restricciones en las aduanas de las ciudades autónomas preocupa especialmente al sector empresarial, que lleva años sufriendo los efectos de la ausencia de un canal de tránsito de productos con el país vecino. Si la pasada semana ya alzaba la voz la patronal melillense, la ceutí se ha pronunciado en las últimas horas en declaraciones a elDiario.es. “A nosotros no nos han informado de nada, nos pusimos en contacto con la Delegación y nos dijeron que cuando se produzca la apertura nos avisarían”, afea Arantxa Campos, dirigente de la Confederación Española de Empresarios (CEOE) en Ceuta.

Los empresarios entienden que la normativa que rija en los nuevos despachos de mercancías debe “ser la de cualquier otra frontera del mundo” y, en ese sentido, dicen no entender que “España esté preparando una normativa específica para la aduana de Ceuta o que Marruecos la imponga tanto en Ceuta como en Melilla”. Campos advierte de que el desarrollo de una regulación particular debe conllevar necesariamente un procedimiento en el que los empresarios puedan tomar parte “haciendo alegaciones”. A la vista de que “no se ha abierto” ninguna actuación que así lo indique, la patronal se mantiene en que la norma será igual que la que impera en el resto de aduanas.

Con todo, Campos se mantiene cautelosa y alude a la “falta de seguridad jurídica” respecto a los procedimientos que implican al país vecino. “Vemos el régimen de viajeros, cuyo uso está legislado y regulado en todas partes y que aquí en Ceuta no se aplica”, argumenta.

La “opacidad” de la que se quejan los representantes locales de la CEOE casa con el hecho de que solo dos empresarios fueran conocedores de que un camión con productos de higiene iba a tratar de cruzar a Marruecos este miércoles. Así lo han confirmado a este medio fuentes de una de las firmas, Vivera Atlántica, la que prestó el vehículo después de que el Gobierno Alauita considerara que las furgonetas en las que iba a hacerse no cumplían con los requisitos.

El PP pide “transparencia”

No solo los empresarios parecen molestos con el modo en que el Ejecutivo nacional está llevando la puesta en marcha de la aduana ceutí y la reapertura de la de Melilla. El diputado del PP Javier Celaya pidió este jueves “claridad y transparencia al PSOE sobre las negociaciones que se están llevando a cabo con Marruecos”. Habla el representante popular de “confusión total” en lo que rodea a las aduanas y considera que “la prosperidad de Ceuta no puede depender de Rabat”.

A ese mismo argumentario se ha acogido la administración local, también en manos del PP. Los consejeros Nicola Cecchi y Alejandro Ramírez se pronunciaron en los últimos días asegurando que “el futuro económico de la localidad no puede depender de la aduana comercial” y pidieron cautela hasta conocer las condiciones que tendrá el paso de productos entre países para después hacer un análisis a mayores, “escuchando a todas las voces implicadas”.

Mientras, la ciudad de Ceuta respira preocupada. Dueños de negocios locales llevan años recalcando la importancia que tendría para ellos la apertura de la aduana. En ella ven la esperanza de que la ciudad recupere el pulso que perdió cuando se frenó el caótico sistema de porteo, que alimentaba una ciudad llena de bazares y de naves en el polígono fronterizo donde se comerciaba sin mayor regulación con mercancías de todo tipo. De momento, solo les queda la espera, hasta que bien el ministro de Asuntos Exteriores u otro representante del Gobierno de España acabe de aclarar qué será de la gran promesa que a día de hoy siguen siendo las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla.

Agricultores y ganadores convocados por ASAJA han vuelto a protestar por las calles de Toledo en un preludio de lo que puede ser el año 2025. Varios centenares de personas llegadas de toda la región se han concentrado ante las puertas de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha para alzar la voz contra el tratado de Mercosur, exigir aranceles y cláusulas espejo para las importaciones de alimentos de terceros países y para pedir la implicación de los consumidores.  

El detonante final para el sector agrario ha sido el acuerdo al que llegaron la UE y Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), una zona de libre comercio del mundo que integrará a más de 700 millones de personas.  “Mercosur nos da la puntilla”, han señalado los representantes de ASAJA desde la tribuna de oradores.

Las producciones que se van a ver más afectadas en la región son el vino, el vacuno, la miel, el maíz, el girasol, el aceite de girasol y el cereal.

Ante los gritos y la consignas de los manifestantes de “fuera Mercosur”, el presidente de la organización en la región, José María Fresneda, ha asegurado ante los medios de comunicación que el campo no tiene ningún problema con las importaciones, “nosotros queremos que haya comercio internacional, lo que queremos es que allí no haya dumping social, que jueguen con los mismos fitosanitarios que nosotros, que no haya hormonas en la carne”, en definitiva, piden unas cláusulas espejo para que los productos que llegan cumplan los mismos requisitos que se les pide a los agricultores y ganaderos europeos.

Fresneda también ha criticado las políticas del Gobierno que se centran solo en “implementar cuanto más políticas medioambientalistas, agroambientales, y conservacionistas mejor. No le importa atentar contra el modelo productivo y estamos notando que el componente ideológico está marcando la trayectoria de estos últimos años y si no lo cambiamos a futuro, va a ser terrible para nosotros”.

Por eso, considera que hay un problema que afecta a toda la sociedad. “Estamos en problemas nosotros y también los consumidores, está en juego la soberanía alimentaria y no queremos ser conscientes. Si te comes ahora una hamburguesa con carne que viene de Argentina, viene en un 80 por ciento de hormonas”.

ASAJA considera que la movilización es la única opción. “No nos queda otra, si se aprueba el MERCOSUR, si no se plantean cláusulas espejo, aranceles, si no hay modificaciones en Bruselas del modelo conservacionista, si no hay rectificaciones en la PAC en relación con los requisitos que nos plantea. Decidme qué nos queda, esa es nuera hoja de ruta y la vamos a seguir haciendo con mucha fuerza”, ha señalado.

Esta movilización tiene también una motivación fuerte en el intento de implicar a los consumidores. “Vamos a iniciar una movilización para motivar a la sociedad. Queremos seguir intentando con humildad, pero con fuerza y contundencia pedir la solidaridad y la complicidad de la sociedad”, ha afirmado Fresneda con rotundidad. Para ello tienen previsto comenzar una campaña para motivar la sociedad a consumir productos españoles, visitando grandes superficies y grandes mercados.

Planas defiende el acuerdo

Ayer mismo, tras las manifestaciones que agricultores y ganaderos protagonizaron en Madrid protestando contra el acuerdo de Mercosur, el ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, defendía el acuerdo, negando que vaya a suponer una alteración de mercados de los productos en el marco comunitario y descartando que, pese a las movilizaciones originadas en Francia y que se han extendido, vayan a agudizarse como ocurriera a principio de año.

En una entrevista con Castilla-La Mancha Media, Planas mostraba su “absoluto respeto” por las movilizaciones, pero ha agregado que su visión del acuerdo pasa por “una gran oportunidad para España y para la Unión Europea”, ya que se podrá ampliar el mercado de exportaciones a países que suponen más de 260 millones de personas.

Mercosur conforma “un gran mercado” en el que además las más de 200 figuras de calidad a nivel europeo estarán protegidas; al tiempo que el pacto incluye cláusulas de salvaguarda por si fuera necesario corregir el mercado.

¡Buenos días!

¿Cómo llevas la semana? Nosotros miramos a Francia con cierta estupefacción ante lo que era el anunciado y sonado fracaso de Emmanuel Macron, presidente de la república. Macron desoyó el resultado de las urnas y se unió a la derecha para nombrar a un primer ministro conservador como Michel Barnier, que ya es el más efímero de la historia de Francia. A veces los políticos se empeñan en desafiar tanto a las matemáticas como a la propia ciencia política al plantear situaciones que no se ajustan ni a la geometría parlamentaria ni al zeitgeist (el espíritu del tiempo), como es el caso de Alberto Núñez Feijóo y su propuesta de moción de censura sin apoyos ni respaldo. 

Para lanzar una propuesta así hay que tener cierta seguridad de que vas a salir respaldado porque si no se genera una incertidumbre innecesaria. La incertidumbre, la falta de certezas, pone muy nerviosos a los empresarios. Es comprensible. Se diseñan presupuestos y planes estratégicos, se programan inversiones y el lanzamiento de nuevos productos, se contrata a personal... Un cambio en el Gobierno o una modificación legislativa puede ser la clave para el buen funcionamiento de una compañía. Como se empeña en repetir la patronal CEOE la seguridad jurídica es fundamental para los negocios, aunque a veces se confunda seguridad jurídica con una regulación acorde a lo que el empresariado demande.

Pero qué pasa cuando es la empresa la que provoca inseguridad al saltarse a la torera las leyes, que otras empresas están cumpliendo. Es el caso de Glovo. La compañía de reparto a domicilio no ha querido cumplir hasta ahora la normativa del Ministerio de Trabajo para evitar el abuso de falsos autónomos en el sector de las plataformas digitales de reparto. La normativa entró en vigor el 12 de agosto de 2021, tras un plazo de tres meses para que las empresas se adaptaran a la obligación de contratar laboralmente. Desde entonces, Glovo ha seguido sin cumplir la legislación vigente y acumulando condenas millonarias. 

¿Qué ha pasado ahora para que los directivos de Glovo se avengan a cumplir la Ley? Por primera vez en España un directivo del capitalismo de plataformas tuvo que ir a declarar a un juzgado como investigado por la vía penal. Oscar Pierre, fundador y director general de Glovo, está imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores, pero, y es aquí donde está la clave, ha pasado de la jurisdicción social a la penal.

Hay que recodar que el Gobierno modificó el Código Penal para evitar el abuso de los falsos autónomos. El delito al que se enfrenta Pierre se castiga con penas de cárcel de seis meses a seis años. La Fiscalía acusa a Pierre de querer mantener la relación de falsos autónomos con sus repartidores para “reducir costes empresariales” de Glovo al no garantizar a los riders un salario profesional conforme a la jornada de trabajo realizada y dejar de ingresar a la Seguridad Social las cotizaciones laborales correspondientes.

Pues mano de santo. Solo un día antes de que Pierre declarase ante la Justicia, Glovo cambia su modelo de negocio en España. La matriz de la compañía, Delivery Hero, comunicó que va a “cambiar de un modelo autónomo a un modelo basado en el empleo para sus repartidores en España”. El objetivo, según la empresa, es “evitar más incertidumbres legales que conduzcan a un aumento de contingencias”, ante la batalla judicial que tiene por delante. “Se espera que el cambio de modelo operativo, limitado al negocio de Glovo en España, tenga un impacto de aproximadamente 100 millones de euros en el Ebitda”, añadió. 

En su declaración ante la jueza, Pierre alegó que la regularización de las condiciones laborales de miles de riders busca la paz social y evitar nuevas “discusiones” con la Inspección de Trabajo, tratando de desligarla de su causa penal, aunque todo lo relacione. De momento seguirá el proceso judicial al que habrá que sumar otras causas: la empresa Just Eat, que sí tiene a los repartidores contratados como empleados, reclama a Glovo 295 millones de euros por competencia desleal. 

Lo que es la seguridad jurídica, que cuando uno ve que puede afectar en carne propia se cambia el modelo de negocio y lo que haga falta.

El gráfico

La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos va a dar un vuelco a las relaciones comerciales del mundo. Su estrategia de imposición de aranceles a las importaciones de otros países va a perjudicar a la Unión Europea, aunque España va a ser una de las naciones que menos se vea afectada y consolida su buena marcha económica. Trump ya aplicó aranceles durante su anterior mandato y la respuesta de otros bloques comerciales fue responder de la misma manera, iniciando una guerra comercial con la UE y China de la que no se sabe si hay un claro ganador. “Cuando se empieza a considerar una guerra comercial, inmediatamente se puede ver una escalada, lo que en mi opinión es negativo. No beneficia a nadie, ni a Estados Unidos ni a Europa, ni a nadie en realidad. Induciría una reducción global del PIB”, lamentó Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. España será la economía europea menos dañada directamente por la guerra comercial, ya que nuestro sector exterior es el que menos depende de Estados Unidos y China, los principales contendientes de un conflicto arancelario. En esta información te explicamos por qué España será la economía menos dañada por la guerra comercial que se cierne sobre la UE.

El dato

120 millones de euros

Es lo que deja de ingresar Cataluña cada año por las maniobras de los contribuyentes más ricos en “una estrategia de mínimización de la carga fiscal”. Esta fórmula de elusión fiscal la ha puesto sobre la mesa la investigadora del Banco de España, Isabel Micó-Millán, que ha descubierto que el 0,5% con más riqueza entre los catalanes hacen aportaciones de capital a “empresas familiares” antes de su muerte para que sus herederos paguen menos impuestos. La investigadora ha elegido el ejemplo de Catalunya para analizar el tributo de sucesiones y donaciones porque, en 2014, la Generalitat realizó “una importante reforma” que eliminó parte de las exenciones que se habían establecido algunos años antes, principalmente a los más ricos, y que se mantienen o se han introducido recientemente en otras Comunidades, como en Madrid o en Andalucía. Financiación singular es la que tienen los de siempre. Aquí te explicamos cómo los ricos de Cataluña eluden un tercio del impuesto de sucesiones transfiriendo patrimonio a sociedades familiares.

Entrepreneurs

¿Quién maneja los hilos de la industria inmobiliaria en España? Las relaciones entre empresas, grupos y asociaciones ayudan a entender el entramado en torno a un bien básico como la vivienda. Los grupos de presión en defensa del negocio inmobiliario sin injerencia de la Administración Pública y las empresas del sector están plagados de ex cargos políticos de diferente signo político, que embarran aún más un mercado lleno de grandes propietarios, que tiene poco de libre y más de selva. En esta información te contamos quién es quién en el lobby inmobiliario: desde una ex alto cargo de vivienda a un exministro o el jefe de protocolo de la antigua Casa Real. 

Estos grupos de presión son los primeros que han salido a protestar tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la creación de una empresa pública de vivienda a nivel estatal. Aquí te contamos cuándo, cómo y para quién: las claves de la empresa pública con la que el Gobierno quiere construir vivienda asequible.

Cada vez que habla sube el pan

“El éxito de Stellantis, desde su creación, se ha basado en una perfecta alineación entre los accionistas de referencia, el consejo de administración y el consejero delegado”

Comunicado de Stellantis 

Fiat, Peugeot, Citroën, Lancia, Opel, Alfa Romeo, Jeep, Chrysler o Dodge son las marcas que están bajo el paraguas de Stellantis. Son enseñas que están en el imaginario colectivo de millones de personas, pero como empresas están viviendo uno de sus peores momentos. Por un lado, la creciente competencia de los fabricantes chinos, hasta hace muy poco, prácticamente desconocidos, está afectando a las ventas, no solo de Stellantis, también de otras marcas icónicas como las de Volkswagen, que se va a saldar con despidos y el cierre de fábricas. De momento, de poco ha servido la imposición de aranceles por parte de Bruselas a las enseñas chinas. La crisis de Stellantis ya se ha cobrado la cabeza de su consejero delegado, Carlos Tavares, que deja la compañía antes de lo previsto. Lamentablemente no parece que solo sea un problema de elección de directivos. Aquí te explicamos cómo la dueña de Peugeot y Fiat se descabeza en plena batalla por los eléctricos chinos y con la amenaza arancelaria de Trump.

Otra empresa que está atravesando uno de los momentos más complicados de su historia es Intel. Tras perder el tren de los chips para dispositivos móviles y el de los chips para la inteligencia artificial, el hombre que había trazado el plan para sacar del atolladero la compañía tecnológica ha anunciado su retiro de forma inesperada. Pat Gelsinger, director ejecutivo de Intel, abandona el puesto con carácter inmediato. En este enlace te contamos que el jefe de Intel se jubila en medio de la mayor crisis histórica de la compañía.

Bien público

“Hernias discales, tendinitis crónicas en el manguito rotador, epicondilitis en el codo, los metacarpianos operados, problemas en las rodillas, de salud mental...” Son las patologías que afectan cada día a las trabajadoras de la limpieza y del hogar y de cuidados. En la actualidad son enfermedades cuyo origen laboral no es reconocido como tal, salvo en algunos casos y después de haber pasado por los tribunales. “Estamos haciendo una media de 70 camas al día y ¿me estás diciendo que de eso no tengo la espalda jodida?”, dice Mar con indignación. Hace dos años le reconocieron una incapacidad permanente, pero con origen de enfermedad común. Ahora, al igual que la lucha por el derecho a cobrar el desempleo, las trabajadoras, organizadas en los colectivos Territorio Doméstico y Kellys Madrid, han lanzado una campaña para pelear por el reconocimiento de sus enfermedades profesionales y de otros derechos asociados, como el acceso a la jubilación anticipada para profesiones penosas. Aquí puedes leer un reportaje de Laura Olías sobre la reivindicación de las trabajadoras del hogar y las limpiadoras de hotel para el reconocimiento de sus enfermedades profesionales y denunciar la desprotección que sufren.

Nos gusta la competencia

En esta sección te traemos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Se acabó el primer boletín de diciembre. Nos volvemos a ver el jueves que viene. Mientras nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es con tus propuestas, quejas o ideas.

¡Buena semana!

ASAJA Castilla-La Mancha se concentrará el próximo 17 de diciembre a las puertas de la Delegación del Gobierno en Toledo por la situación del sector agropecuario, pero sobre todo para movilizar al conjunto de la sociedad en apoyo de un sector esencial como es el de la producción de alimentos.

Así lo ha transmitido hoy el presidente de la organización agraria en la región, José María Fresneda, en una rueda de prensa. “La mayor movilización es llegar al conjunto de la sociedad”, ha señalado tras desgranar los principales problemas que estos momentos están afectando al sector.

“El día 17 no concentrarnos a las puertas de la Delegación del Gobierno para decirle al representante del Gobierno qué queremos y cómo vemos lo que está pasando: no se cumple la Ley de la Cadena Alimentaria, no hay Observatorio de Costes, no hay estrategia nacional del sector agrario, no hay reforma del sistema de seguros agrarios, no hay aranceles disuasorios para los productos que entran de terceros países, no hay control riguroso de las exportaciones, no hay cláusulas espejo y no hay etiquetado transparente”, ha señalado.

En resumen, “nos movilizamos por la situación del comercio internacional, las importaciones  de productos agrarios que atentan gravemente contra lo que producimos aquí y el incremento que se ha generado de todo lo que emana de las políticas conservacionistas y medioambientalistas”, ha dicho.

ASAJA quiere llegar a “penetrar en el tejido social para explicar a la sociedad qué queremos y por qué queremos que nos ayuden y por qué queremos ayudarles”, por ello están pensando en llevar a cabo una batería de acciones “en los centros de comercialización, visitando los mercados, para que la gente vea lo que viene de fuera, cómo se produce, cuánto llega de fuera”, y compararlo con lo que los agricultores y ganaderos producen aquí.

Fresneda ha cargado también contra la condicionalidad social de la PAC,  “por qué además de todas las cosas nos ponen una condicionalidad social de obligado cumplimiento, pero no se ocupan de poner medidas para que haya trabajadores en el campo y mucho menos de que los haya cualificados”, ha señalado.  

El responsable de ASAJA en la región ha criticado las políticas del Gobierno central. “Al Ministerio de Transición Ecológica le importa mucho más un lince que una persona” y ha lamentado que el presidente del Gobierno de España se “haya desperdiciado la oportunidad de nombrar a una ministra que mire por el buen uso del agua”.

A su juicio, “lo que más me preocupa dentro del funcionamiento público es que empecemos a notar componentes ideológicos en la resolución de los problemas que planteamos, no puede ser que un águila tenga un espacio de vuelo y en ese espacio no se pueda hacer nada. La limitación de nuestra capacidad productiva empieza a ser muy preocupante”. Y considera que el modelo de agricultura de España está a años luz del de países como Italia, Francia o Alemania.

La concentración, a la que llegará gente de toda la región, tendrá lugar el próximo 17 de noviembre a partir de las 11 horas y se entregará un documento a la delegada del Gobierno con los puntos de reivindicación de la organización.

Extremadura exportó en los ocho primeros meses de 2024 por importe de 2.256,2 millones de euros, un 12,4% más que en el mismo período de 2023, siendo la tercera comunidad autónoma con más crecimiento, pese a que en agosto se alcanzaron los 239,9 millones de euros, un -2,4% menos que en el mismo mes del año anterior.

Según el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), de las exportaciones entre enero y agosto, el 71,1% se concentra en “Alimentos”, cuyas ventas fueron de 1.188,5 millones de euros, y “Semimanufacturas no químicas”, que se situó en 415,6 millones, con un crecimiento anual del 22,5% y del 0,5% respectivamente.

Entre los demás sectores destaca el aumento de las exportaciones de “Productos energéticos” (70,6%) y “Bienes de consumo duradero” (25,1%) y la reducción en “Manufacturas de consumo” (-14,6%) y “Materias primas” (-6%).

En lo que respecta al mes de agosto, el 73,1% se concentra en “Alimentos”, cuyas ventas fueron de 141 millones de euros, y “Semimanufacturas no químicas”, que se situó en 34,4 millones, con un crecimiento anual del 9,3% y una disminución del 3,6% respectivamente. Entre el resto de los sectores destacan los aumentos en “Bienes de consumo duradero” (80,2%) y “Otras mencancías” (54,3%) y la reducción en “Sector automóvil” (-62,6%).

En cuanto a las importaciones, en agosto pasado fueron por importe de 148,6 millones de euros, un 9,3% menos que en el mismo mes del año anterior. El 33% (49 millones de euros) corresponde a “Bienes de equipo”, que disminuye un 10% con respecto a 2023, y los sectores que más aumentaron sus importaciones fueron “Semimanufacturas no químicas” (20,7%) y “Productos químicos” (17,7%). El sector que registra mayor tasa de variación negativa fue “Sector automóvil” (-54,4%).

Con respecto a las importaciones, Extremadura presenta un cómputo acumulado de 1.502,5 millones de euros, que suponen una disminución interanual del 2,5%.

Los principales clientes habituales de las exportaciones extremeñas, reflejan un aumento de las exportaciones a Italia (60,9%), Reino Unido (25,8%), Alemania (10,3%) y Francia (2,5%). En lo referente a las importaciones, el 33% (496,1 millones de euros) corresponde a “Bienes de equipo”, que disminuye un -12,5% con respecto a 2023. Entre los sectores que más incrementaron las importaciones se encuentran: “Otras mencancías” (25,4%) y “Semimanufacturas no químicas” (22,5%).

Por países, Portugal encabeza el ránking de las importaciones con 319,7 millones de euros, seguido de Países Bajos con 169,9 millones y Alemania con 147,6 millones de euros.

En relación con el año anterior han aumentado las compras a Francia (13,5%), disminuyendo a China (-50,6%), Alemania (-24,6%),Países Bajos (-8,8%) y Portugal (-8,4%). 

La presión para retrasar la entrada en vigor de las nuevas normas de la UE para combatir la deforestación viene de todas partes y llega a la planta noble del edificio Berlaymont, donde tiene su despacho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Países como Alemania, organizaciones políticas como el Partido Popular Europeo, que es la primera fuerza parlamentaria y de la familia de Von der Leyen, y sectores afectados como la patronal de los supermercados han elevado la queja contra el reglamento sobre deforestación (EUDR, por sus siglas en inglés) bajo la premisa de que no hay tiempo suficiente para adecuarse a las nuevas exigencias.

La normativa, que se acordó a finales de 2022, establece el 1 de enero de 2025 como la fecha en la que comenzarán a aplicarse una serie de normas para garantizar que las importaciones que hace la UE no contribuyen a la degradación forestal, que ya provocó que se perdieran unos 420 millones de hectáreas de bosque (un área más grande que la Unión Europea) entre 1990 y 2020. 

El reglamento obliga a las empresas a llevar a cabo una estricta diligencia debida si comercializan en el mercado de la UE o exportan de él productos como aceite de palma, ganado, soja, café, cacao, madera y caucho, así como sus derivados. Las importaciones de esos productos tendrán que someterse a procedimientos de verificación para comprobar que su producción no proviene de áreas desforestadas.

“La normativa debe ser viable”, afirmó recientemente el canciller alemán, Olaf Scholz, que es el líder europeo que se ha mostrado más permeable a las críticas de los sectores económicos.

Pero la queja no solo viene de capitales europeas, sino de los países que se verán afectados por la regulación de la UE: desde Australia hasta Brasil. “Para evitar impacto en nuestras relaciones comerciales, solicitamos que la UE no implemente la normativa a partir de finales de 2024 y que revise urgentemente su abordaje sobre el asunto”, expresó el Gobierno de Lula da Silva en una carta entregada al comisario de Agricultura, Januz Wojciechowski. La mayoría de productos afectados por la legislación proceden de Brasil y suponen para ese país el 30% de sus exportaciones.

Moratoria de seis meses a un año

También eurodiputados del PPE han alzado la voz contra la entrada en vigor del reglamento y han pedido una moratoria de un año. Por el momento, la Comisión Europea recuerda que la fecha se conoce desde hace casi dos años, cuando se alcanzó el acuerdo con la Eurocámara y el Consejo de la UE (los gobiernos). No obstante, la UE ha ido echando el freno a buena parte de la agenda verde a raíz de las protestas, fundamentalmente de las procedentes del campo.

Los ecologistas, sin embargo, sostienen que la normativa debe estar en funcionamiento cuanto antes y que ya se ha perdido demasiado tiempo. De hecho, fueron críticos con el acuerdo del reglamento al considerar que tenía “lagunas”, como la falta de ambición a la hora de incluir determinadas tierras boscosas o no tener en cuenta el cumplimiento de los derechos humanos.

“Lo que nos preocupa y sería ilegal es que la Comisión Europea indicara a los Estados miembros, de forma oficial o informal, que haría la vista gorda a la aplicación nacional durante un breve periodo de tiempo, con el fin de proporcionar un periodo de gracia informal. Porque en realidad allí está uno de los grandes problemas de la UE, la Comisión Europea suele tardar en perseguir formalmente a los Estados miembros cuando parecen incumplir las normas de la UE. No se debería permitir”, afirma Tom Kucharz, consultor de ClientEarth y miembro de la Alianza Cero Deforestación.

Desde la patronal de la distribución y los supermercados (EuroCommerce) denuncian que la Comisión Europea no les ha dado las directrices suficientes para poder implementar las nuevas normas y que tampoco cuentan con el desarrollo tecnológico que requiere la normativa para demostrar el cumplimiento. “Apoyamos los objetivos de la legislación, pero las condiciones de cumplimiento no están listas todavía”, señala la directora general de la organización, Christel Delberghe, que asegura que están muy “decepcionados” con la Comisión Europea.

“Las directrices, cuya publicación la sociedad civil hemos reclamado en reiteradas ocasiones, no pueden cambiar el contenido o el significado del texto primario y no tienen carácter jurídico formal: no pueden modificar el Reglamento”, recuerda Kucharz: “La otra queja, de que si el sistema de información no está listo no se pueden hacer las declaraciones de diligencia debida es también infundada. El hecho es que el sistema de información está en vías de entrega. Se espera que el registro comience en noviembre, se organizarán sesiones de formación para octubre y ya se dispone de los resultados de las pruebas piloto”.

“La industria europea y las grandes empresas de distribución se quejan que no pueden cumplir los requisitos de la UE, mientras algunos gobiernos del Sur y la pequeña producción de café y cacao han realizado un enorme esfuerzo para preparar la aplicación del EUDR”, reprocha.

La patronal y los precios

Lo que sostienen los representantes de la patronal de la distribución es que necesitan “al menos seis meses” para que el reglamento pueda aplicarse. “Es un problema de tiempo material y desconocimiento”, explica Ignacio García Magarzo, director general de ASEDAS, la patronal de supermercados como Mercadona, Dia o Lidl: “En el caso de los distribuidores, compartimos una responsabilidad en base a la información de la que disponen nuestros proveedores”. Lo que argumentan es que tienen una “una gran dificultad para conocer los criterios de aplicación de la nueva normativa a partir del 1 de enero”: “Nos parece muy difícil o imposible que esto se aplique”.

La implementación de la agenda verde es una de las preocupaciones de la patronal en su labor de lobby ante las instituciones europeas. Así, están en pie de guerra por el reglamento de envases que obligará a introducir mecanismos de depósito, devolución y retorno de los mismos, en línea con lo que ya hacen algunos países del norte de Europa.

“En España va a requerir un esfuerzo importante. No quiere decir que vayamos con retraso sino que España ha tenido un modelo de gestión y ahora va a tener que incorporar otro u otros”, expresa García Magarzo, que reconoce que “supondrá nuevos costes” y, por tanto, se repercutirá en los precios.

También están preocupados por el reglamento de morosidad con el que la UE pretende que los pagos en la cadena de valor se realicen con un máximo de 30 días. Lo que sostiene la patronal de los supermercados es que la posibilidad de negociar condiciones beneficia a empresas de todos los tamaños y fomenta la competencia. “Es un golpe duro a nuestro sector porque estamos al final de la cadena”, reprocha Delberghe.

Los precios de los cereales están marcando una tendencia a la baja en las últimas semanas coincidiendo con la campaña de siega, que vienen denunciado las distintas organizaciones agrarias. En las distintas lonjas, incluidas la de Toledo y Albacete, el precio de los cereales está cayendo.

Por ello, la organización agraria ASAJA Cuenca ha exigido al Ministerio de Agricultura y a la Unión Europea que prohíban las importaciones de grano en campaña de recolección de cereal para evitar “la caída en picado” de los precios que está provocando por la llegada de mercancía a los puertos.

“Deberían paralizar la importación de países como Rusia y Ucrania cuando en España estamos recolectando el cereal. La Unión Europea debe reaccionar y establecer medidas de protección para el sector agrario al igual que lo hace con otros sectores industriales, como es el caso del automóvil, a los que sí parece prestar más atención”, ha señalado el secretario general de ASAJA Cuenca, Manuel Torrero.

La organización achaca el hundimiento de los precios en las lonjas a las operaciones en los puertos, “llegan barcos llenos de grano de otros países y este exceso de mercancía provoca precios ruinosos con bajadas en las últimas semanas por encima de un 10%”.

ASAJA Cuenca ha alertado “de la grave situación por la que atraviesa el sector agrario y adelanta que si la Unión Europea y el Ministerio no dan una respuesta veremos un progresivo cierre de explotaciones y la pérdida de nuestra soberanía alimentaria. Tendremos que volver a salir a la calle y seguir manifestando nuestro rechazo a una situación insostenible”, señala Torrero, que adelanta nuevas movilizaciones para el mes de septiembre “cuando hayan finalizados las diferentes campañas agrícolas”

UPA y COAG

La alianza UPA-COAG también ha denunciado hace unos días la bajada “incomprensible de los precios de cereal en las últimas tres semanas” y que se produce “justo en el momento en el que las máquinas de cosechar han empezado a entrar en los terrenos más al sur” de la Comunidad de Castilla y León.

“Justo en el momento en que comienza una campaña básica como la actual, después de dos años desastrosos, nos encontramos con la habitual maniobra de bajar precios de forma injustificada para ir adelantando a los productores lo que se avecina y que algunos querrían que fuera ofertar precios ruinosos que no cubran ni costes de producción”, señala

Los precios de la cebolla en origen llevan todo el año cayendo sin parar. Según la evolución de los precios que publica semanalmente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la cebolla comenzó el año cotizando a 0,47 euros el kilo y en la última semana la cotización no ha subido de los 0,23 euros, con un descenso del 14% en la última semana.

Ante esta situación, ASAJA de Ciudad Real ha denunciado que este desplome deja los precios por debajo de los costes de producción del agricultor y pide a la Consejería de Agricultura y a la AICA, administraciones encargadas de velar por el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria que prohíbe la ‘venta a pérdidas’, especial atención y controles con este producto.

Según esta organización, el hundimiento de precios está propiciando que haya pasado de ser un cultivo rentable, en la pasada campaña, a tener en este momento precios por debajo de los costes de producción. En concreto, la cebolla de esta época del año de media se está pagando en la zona a 8-10 céntimos/kilo. Es una cebolla temprana, de medio grano, con menor producción por hectárea, por lo que el coste por kilo de media para su producción para el agricultor ronda los 13 y 14 céntimos/kilo.

Según representantes de esta organización agraria en Bolaños, la tendencia de precios a la baja comenzó hace unos meses, cuando comenzaron a entrar al país cebollas importadas de terceros países, y principalmente de China, a pesar de que este año la producción es buena y es un cultivo de gran calidad como consecuencia, principalmente, de la excelente sanidad vegetal de esta campaña. La mala situación de los precios se ha ido recrudeciendo en las últimas semanas, señalan, mientras, los costes de producción continúan con una tendencia alcista.

ASAJA Ciudad Real ha recordado que las transacciones de compraventa de cebolla deben cumplir la normativa vigente, lo que significa que se deben realizar mediante contratos que reflejen el precio por encima de los costes de producción, detallándose el mismo y el plazo de pago, de forma que se pueda demostrar que se garantiza el precio mínimo de referencia.

Castilla-La Mancha es la pricipal región productora de cebolla de España, con un 48% del total de la superficie nacional dedicada a este cultivo.

El sector exterior aportó la mitad del crecimiento de la economía de España en 2022 (2,9 puntos del 5,8% que avanzó el PIB) y una tercera parte del de 2023 (0,8 puntos del 2,5%), incluso pese a la debilidad de nuestros principales socios comerciales (la Unión Europea y, sobre todo, Alemania) y a la crisis de inflación. Los “datos nos cuentan la historia de una transformación a una economía exportadora, que nos permite ser optimistas también para 2024”, apuntó Manuel Hidalgo, investigador de EsadeEcPol, en la presentación de este martes del Informe económico y financiero de este centro de análisis.

Algunos de los datos a los que hace referencia este experto son los que muestran que el sector exterior de nuestro país (que incluye el turismo) no ha parado de ganar tracción en los últimos años, y especialmente desde la pandemia. Las empresas que venden fuera regularmente (lo que se conoce técnicamente como base exportadora) se han incrementado un 33% desde el suelo de 2011, hasta alcanzar un récord de casi 44.000 compañías.

Desde ese mismo año, en plena crisis financiera, “el superávit en el comercio de bienes y servicios ha sido ininterrumpido, llegando a niveles máximos en 2023”, según recordaron este lunes desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Es decir, sin incluir la energía en el balance, España vende más de lo que compra fuera: “un motor” para un crecimiento sólido y equilibrado, según recalcan las mismas fuentes.

Este superávit se consigue gracias a los servicios, entre los que destaca el turismo y (la gran novedad para nuestra economía) otros servicios relacionados con la consultoría, la ingeniería, la innovación... En concreto, la exportación de servicios no turísticos ha crecido un 57% en los últimos cinco años.

De fondo, en esta positiva evolución subyace la devaluación interna por las políticas de austeridad que sufrió nuestro país desde 2008, y que nos permitió ganar competitividad a costa de los salarios de los trabajadores. Por otro lado, más recientemente, ha sido clave la moderación más rápida de la inflación en general y de las subidas de precios de la energía, que empezaron a escalar desde 2021.

El motor del sector exterior

Los caballos del “motor” del sector exterior son las empresas que exportan. Se incluye en la base exportadora (las que lo hacen regularmente) a “las que han exportado en el año de referencia y en cada uno de los tres inmediatamente precedentes por un importe mínimo de 1.000 euros”. En 2011, se llegó al mínimo con 32.923 compañías. En 2019, se incrementaron a 42.669 empresas. En 2023, a 43.918.

El año pasado, todas ellas vendieron más allá de nuestras fronteras bienes y servicios por más de 357.754,4 millones de euros, el 93,2% del total (383.700 millones). “Este continuo crecimiento de la base exportadora refleja un cambio cultural en las empresas españolas, que cada vez perciben más los mercados exteriores como un objetivo natural de sus negocios para seguir creciendo y perdurar”, explican desde la Secretaría de Estado de Comercio.

“Gracias a la internacionalización, las empresas españolas están viendo cómo aumenta su competitividad, cómo resisten mejor a los ciclos de crisis, al diversificar su mercado, y cómo consiguen nuevas oportunidades de negocio”, continúan.

El detalle de esta base exportadora explica el dominio de los grupos grandes y con músculo financiero en el sector exterior. Apenas las 605 empresas que exportan más de 50 millones (un 1% del total) concentran el 58% de todo lo que se vende desde España. Si se eleva el corte a las empresas que exportan más de 5 millones, el número crece a 4.782 empresas (casi un 9% del total), las cuales concentran un 86,3% de las exportaciones totales, con las cifras de 2023.

Con esta base exportadora, España ha conseguido ser la economía entre las grandes de la UE que más ha incrementado lo que vende fuera desde 2019, un 32,3%, frente al 17,6% de Alemania o al 20% de Francia.

“Las exportaciones de bienes y servicios llegaron a crecer cerca de un 10% en el primer trimestre de 2023. Pero se fueron desacelerando a medida que los principales socios comerciales se debilitaban y cerraron el año con un avance del 1,2% interanual”, observa Oriol Aspachs, economista de Caixabank Research. “En 2024 se espera que vayan de menos a más, pero en el conjunto del ejercicio probablemente mantendrán un crecimiento similar al de 2023. Así, es poco probable que las exportaciones recuperen el vigor que mostraron a principios del pasado año”, añade.

Los sectores que contribuyeron positivamente a la tasa de variación anual de las exportaciones de 2023 fueron el sector del automóvil, bienes de equipo y alimentación, bebidas y tabaco. “Estos son los sectores más dinámicos, que ganaron más peso y alcanzan máximos anuales con claros superávits”, inciden en la la Secretaría de Estado de Comercio.

La Unión Europea sigue siendo el destino más relevante de las exportaciones españolas, ya que fueron el 62,7% del total. El 37,3% de las exportaciones correspondieron a terceros destinos, resaltaron los incrementos de las exportaciones españolas a Oceanía (8,7%), América Latina (8,1%) y resto de Europa (4,6%). “En el último año las exportaciones a muchos de nuestros principales mercados europeos, como Alemania, Italia o Polonia, han alcanzado cifras récord. También lo han hecho las exportaciones a otros mercados como el Reino Unido, Marruecos o Turquía”, señala la Secretaría de Estado de Comercio.

Precisamente, el profesor Manuel Hidalgo insiste en que, en 2024, el sector exterior va a estar “muy condicionado por la debilidad del resto de la UE y del resto de principales destinos de las exportaciones”. Aunque se detiene en la fortaleza de las ventas de servicios no turísticos, que “en parte se explican por la localización [en nuestro país] de multinacionales relacionadas con las TIC, la informática...”

Se confirma el cambio estructural en el suministro de crudo a España. Estados Unidos se convirtió en 2023 por primera vez en la historia en el primer proveedor de petróleo del país, tal y como confirman los datos publicados este lunes por la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores).

El resumen de las importaciones de crudo por países de 2023 refleja que el año pasado los envíos de petróleo desde EEUU hasta España se dispararon un 31,2%, hasta alcanzar un nuevo récord de 8,71 millones de toneladas.

Esto se ha traducido en una cuota del 14,1% del petróleo estadounidense en la cesta de proveedores de España, por delante de las de México (11,4%), Brasil (10,8%) y Nigeria (10,4%), como puede verse en el siguiente gráfico:

EEUU ha desbancado así a Nigeria, el primer productor de crudo de África y el octavo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Nigeria, un proveedor histórico desde hace medio siglo (solo superado por Arabia Saudí y México), había sido el mayor suministrador de España durante cinco años consecutivos: desde 2018, cuando superó a México, hasta 2022.

El año pasado se consumó el sorpasso estadounidense, después de que en 2022, y como consecuencia del embargo europeo al petróleo ruso en respuesta a la invasión de Ucrania, las importaciones de crudo estadounidense ya se multiplicaran por 2,6. Con ello, este país se convirtió entonces en el segundo proveedor de España, con una cuota del 10,4%, solo superado por el país africano, que ese año alcanzó el 12,8%.

En 2023, España dejó de importar petróleo ruso por primera vez desde 1970. No hace mucho, Rusia llegó a ser el principal proveedor de crudo del país. Fue en 2006-2007, en vísperas del frustrado asalto de Lukoil al capital de Repsol en 2008, cuando esta empresa rusa aspiró a comprar el 30% de la primera petrolera española.

EEUU ha alcanzado este liderato en un lapso de tiempo muy breve. Hasta 2015, España no había importado un solo barril de crudo de Estados Unidos, que se convirtió en exportador neto de petróleo por primera vez en cuatro décadas en 2019. Ese año, y gracias al boom del denominado fracking, los yacimientos de petróleo no convencional o shale oil, EEUU superó por primera vez a Arabia Saudí como mayor exportador de crudo del planeta.

En diciembre, España importó 25 tipos de crudo originarios de 14 países. Durante el último mes de 2023, EEUU volvió a ser el principal suministrador, tras aumentar los envíos un 148% respecto al mismo mes de 2022. Esta ha sido la tónica en los últimos meses. En julio, el crudo de EEUU llegó a copar el 16,7% de las importaciones de España.

Y desde entonces, solo en octubre llegó a situarse en primera posición Brasil. Allí Repsol es uno de los mayores productores de crudo y gas, a través de la alianza que la compañía que pilota Josu Jon Imaz tiene en el gigante suramericano con el gigante chino Sinopec. En 2023 las importaciones de crudo brasileño hacia España se dispararon un 22,7%, hasta un nuevo récord de 6,34 millones de toneladas.

Por su parte, las importaciones de crudo de los miembros de la OPEP, el cártel que lidera Arabia Saudí, volvieron a retroceder en 2023, con un descenso del 13,4%, Representaron el 43,7% del total, frente al 48,8% de 2022. Lejos queda ya el 60,9% que todavía alcanzaban en 2019.

No obstante, el grupo de países OPEP sigue siendo clave en el suministro a España. Destacan, además de Nigeria, Libia (7,1% del total de importaciones en 2023), Angola (6,8%), Arabia Saudí (6,7%), Irak (5,1%) y Argelia (4%). También Venezuela, que en 2023 aportó el 2,3% de las importaciones y registró el mayor incremento interanual, del 91,3%. Sin embargo, sus envíos siguen muy por debajo de los niveles de hace veinte años.

Por áreas geográficas, América del Norte destaca como la principal zona de abastecimiento en 2023, con el 30,3% del total, seis puntos más que un año antes. A continuación figura América Central y del Sur, con un 16,5%, tras repuntar los envíos un 24,7% en el último ejercicio. Oriente Medio aportó un 11,7% del crudo importado por España, tras una caída cercana al 30% en un año.

Estados Unidos es también desde fechas recientes un proveedor muy destacado de gas de España, a través de los envíos de gas natural licuado (GNL) mediante barcos que se reciben en la potente red de regasificadoras españolas, la mayor de Europa.

En este caso, y según datos de Enagás, gestor técnico del sistema gasista, en 2023 EEUU ocupó la segunda posición en la cesta de proveedores, con un 21,1%. Solo por detrás de Argelia (29,2%) y por delante de Rusia (18,3%), cuyo GNL se ha quedado fuera de las sanciones de Bruselas por la agresión a Ucrania.

Descenso de las importaciones

Los datos publicados este lunes por Cores reflejan que en 2023 las importaciones de crudo a España descendieron un 3,3%, hasta 61.559 miles de toneladas. El consumo se aleja así de los niveles prepandemia, los 66,3 millones de toneladas de 2019. El máximo se alcanzó en 2018, con 67,5 millones de toneladas.

En 2022, los productos petrolíferos volvieron a copar por primera vez en una década casi el 70% de la demanda total de energía (para transporte, producción de electricidad, industria…) de España, un país que no produce petróleo ni gas. Ese repunte del peso de los hidrocarburos, que ilustra la dificultad de desengancharse del petróleo y el gas, se produjo coincidiendo con el derrumbe de la producción hidroeléctrica.

Es esperable que la cuota de los combustibles fósiles en el consumo de energía primaria haya caído en 2023, que fue un año histórico de la producción de electricidad con renovables, al cubrir las energías limpias por primera vez en la historia más de la mitad del consumo de luz.

Centenares de agricultores búlgaros han bloqueado este lunes, con tractores y otros vehículos, el tráfico automovilístico en varios puntos neurálgicos de la red de carreteras del país, así como pasos fronterizos, en una protesta indefinida contra el levantamiento, el pasado viernes, de la prohibición temporal de importar cereales ucranianos.

Un total de 26 organizaciones del sector agrario han convocado a esta protesta que, defendida en las redes sociales como necesaria para “salvar la agricultura búlgara”, incluiría una marcha masiva a la capital búlgara, Sofía, este martes.

Los manifestantes exigen la dimisión de la coalición europeísta en el poder, formada por reformistas y conservadores, por su decisión de levantar el veto a las importaciones de productos agrícolas de Ucrania que regía desde principios de mayo y que, afirman, afecta negativamente a unas 900.000 personas.

Georgi Milev, vicepresidente de la Asociación de Productores de Cereales, ha pedido a la población que reduzca los viajes y traslados motorizados a lo indispensable, solo en caso de necesidad, ya que los agricultores están moviendo maquinaria agrícola pesada por las carreteras.

Según informa la radio pública BNR, a primera hora de esta mañana se habían establecido unos 40 bloqueos en todo el país, incluidos varios en tramos de las dos autopistas que atraviesan Bulgaria, una en el norte y otra en el sur, así como en la ruta europea E-79 que conecta con Grecia y en los dos puentes sobre el río Danubio que unen con la vecina Rumanía.

El Parlamento búlgaro aprobó el pasado jueves la decisión de levantar el veto temporal a la entrada de granos de Ucrania que con el visto bueno de la Comisión Europea (CE) se había introducido en este país, así como en Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumanía, para proteger sus sectores agrícolas nacionales de los competitivos productos ucranianos, que están libres de aranceles en la Unión Europea (UE).

Un día después, la Comisión Europea anunció que no renovaba esa prohibición más allá del 15 de septiembre, tal y como había pedido Kiev que se hiciera, a pesar de que la mayoría de los cinco socios afectados sí quería extenderla hasta fin de año.

El veto afectó a las importaciones de trigo, maíz, colza y girasol, pero no al tránsito de esos productos ucranianos por los territorios de los cinco países hacia terceros destinos.

Bruselas analiza el veto de Polonia, Hungría y Eslovaquia 

Bulgaria es hasta ahora el único que levantó el veto, pues Polonia, Hungría y Eslovaquia han anunciado que lo prolongan de forma unilateral, mientras que Rumanía está a la espera de un plan del Gobierno ucraniano con medidas para proteger el mercado interno rumano, antes de tomar una decisión definitiva.

Ucrania, por su parte, ha anunciado su intención de denunciar ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) los vetos unilaterales de Polonia, Eslovaquia y Hungría.

Bruselas ha asegurado este lunes que analiza las prohibiciones unilaterales que Polonia, Hungría y Eslovaquia han adoptado a nivel nacional para impedir que productos agrícolas ucranianos se queden en los mercados locales de esos tres países.

“Sobre los anuncios que hemos oído durante el fin de semana sobre prohibiciones introducidas por tres países de la UE, en este momento no podemos hacer comentarios. Estamos todavía analizando las medidas, así que no podemos decir nada sobre las prohibiciones concretas”, ha declarado la portavoz comunitaria Miriam García Ferrer durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

El primer ministro búlgaro, el reformista y europeísta Nikolay Denkov, acusó el pasado fin de semana a las asociaciones de agricultores de negarse a dialogar con el Gobierno y, ante sus amenazas de bloquear el tráfico, dijo que actuaban como “terroristas”. “El Gobierno nunca se ha negado a dialogar con los representantes del sector agrario”, afirmó Denkov en una rueda de prensa a última hora del domingo, en vísperas de la inminente protesta que el Ejecutivo no consiguió disuadir.

El principal problema de las importaciones búlgaras de productos ucranianos está relacionado con las semillas de girasol, pues aún no se ha vendido la cosecha nacional de girasol del año pasado.