Ya no hay 'caso Divalterra', la Fiscalía Anticorrupción ha archivado “en tiempo récord” la denuncia presentada por el PP contra la gestión de la empresa pública de la Diputación de València, heredera de la antigua Imelsa, según confirman fuentas del PSPV. Estas mismas fuentes señalan que “de hecho, en realidad nunca se han abierto diligencias penales”, y que Fiscalía únicamente recepcionó el caso y cuando lo leyó “lo desestimó directamente”.

Pero el grupo socialista de Diputación añade que esto no debería ser una sorpresa puesto que en el informe presentado por los servicios jurídicos el 26 de octubre ya mostraron que no había delitos penales, sino de “incidencias” porque “de lo contrario, en su presentación de noviembre, ya se habría informado de la presentación de denuncia en los tribunales.

Por partes las mismas fuentes señalan que la polémica de los 'gin-tonics' fue “un problema moral que le costó el cargo a Víctor Sahuquillo”, pero que no había repercusión delictiva, porque intervención aceptó el gasto y lo pagó, aunque la imagen dada no ha sido la idónea, y por ello el ex gestor de Divalterra devolvió el importe.

Respecto a los pagos de 90.000 euros realizados a la abogada de la personación de Divalterra en el caso 'Taula' “corresponden” a los servicios prestados y cumplen con la normativa de contratación administrativa.

Finalmente el caso de la fragmentación de contratos se señala que no ha habido tal práctica, sinó que se trataba de contratos diferenciados y que esta separación de contratación estaba justificada.

Así, ante el archivo definitivo, los socialistas afirman que todo ha sido un “montaje ridículo” de Mari Carmen Contelles y Rafael Soler, y una “comedia de enredo propia del PP”. Del mismo modo reprochan al PP que “no todos somos iguales, no han podido dar la vuelta al calcetín y comparar Divalterra con Imelsa”. Cabe recordar que este archivo se conoce horas después de que la justicia también diera carpetazo a la denuncia del PP contra Compromís por supuesta financiación ilegal de la coalición.

Por otro lado destacan desde el PSPV que “es imposible que se produzcan delitos en Divalterra porque hay una estrecha colaboración con la justicia para esclarecer la etapa oscura de Imelsa, del 'yonki del dinero', de Alfonso Rus y del PP”. A la vez aseguran que la denuncia del PP “ha sentado mal en fiscalía, porque empaña la investigación de Imelsa”.

La Fiscalia de València ha decidit obrir diligències d’investigació davant de la denúncia del PP en la Diputació Provincial sobre presumptes irregularitats en l’empresa pública Divalterra –que va substituir l’antiga Imelsa i sobre la qual s’ha anunciat una nova etapa– arran de l’informe d’un auditor intern que va detectar incidències en la gestió de l’ens.

La portaveu del PP en la corporació provincial, Mari Carmen Contelles, va explicar en roda de premsa a mitjan mes de novembre passat que aqueix informe qüestionava, entre altres assumptes, el fraccionament de contractes i la inclusió de begudes alcohòliques com a dietes.

El PP, que va anunciar que no descartava acudir a la Justícia perquè s’investigaren aqueixes irregularitats detectades, va assenyalar en aqueix moment que les incidències apuntarien directament a un dels gerents de Divalterra, llavors, Víctor Sahuquillo, nomenat pel PSPV i que va presentar el 14 de desembre passat la dimissió irrevocable del càrrec després de pagar les dietes qüestionades, per un total de 252 euros. El Consell d’Administració de Divalterra en va aprovar el cessament el 27 de desembre.

L’auditor advertia en el seu informe de la contractació de serveis sense un contracte/pressupost signat entre les parts; compromís de crèdits sense haver-se iniciat l’expedient de contractació amb els documents mínims necessaris; o negociació de pressupostos amb l’objectiu que cap no superara els 18.000 euros, la qual cosa evitaria la firma mancomunada dels dos gerents, el del PSPV i Compromís, segons va denunciar públicament Contelles.

Així mateix, s’advertia que Divalterra havia pagat més de 90.000 euros per tres contractes subscrits a la lletrada Emma Ramón que va representar l’exalcalde de Gandia, excap de Gabinet del president de la Diputació, Jorge Rodríguez, i exnúmero tres del PSPV amb Ximo Puig, José Manuel Orengo, en altres procediments.

Segons la denúncia de Contelles, la lletrada té domiciliat el despatx en el bufet “amb un conegut penalista que ha representat el PSPV en molts procediments i sobre el qual per tots es coneix la quantitat que se li deu”.

Els contractes van tenir el vistiplau de José Luis Vera, llavors director dels serveis jurídics de Divalterra. El 18 de novembre passat, el president de la Diputació de València va anunciar que demanaria al consell d’administració de Divalterra apartar Vera, a qui va demanar “explicacions convincents i documentades” de la faena duta a terme a l’entitat pública per Ramón dins del cas Taula.

Una setmana més tard, el 24 de novembre, la Diputació va anunciar que Divalterra substituiria Ramón, que fins a aqueix moment defensava l’empresa pública en tres assumptes judicials vinculats al cas Taula, després d’haver anunciat la lletrada la seua “renúncia irrevocable”.

Despeses de representació i dietes

L’informe de l’auditor també preveu incidències en dietes, despeses de representació i altres despeses. En concret, assenyala que abans de l’1 de novembre, en què va entrar en vigor una nova norma que regula aquests aspectes, s’incloïen en els tiquets conceptes no regulats, com ara begudes alcohòliques; no hi havia limitacions sobre la despesa en àpats diaris en jornades de treball convencional; no hi havia un concepte clar de les despeses de representació; ni un procediment únic per a tot el personal en la justificació i el pagament de dietes.

Contelles també es va referir públicament al contracte d’assessoria jurídica per a Divalterra, per un import de quasi 600.000 euros, que es va paralitzar aqueixa mateixa setmana. En aquest expedient, el barem era del 90% la part tècnica i només del 10% l’econòmica.

La Fiscalía de Valencia ha decidido abrir diligencias de investigación ante la denuncia del PP en la Diputación Provincial sobre presuntas irregularidades en la empresa pública Divalterra -que sustituyó a la antigua Imelsa y sobre la que se ha anunciado una nueva etapa- a raíz del informe de un auditor interno que detectó incidencias en la gestión del ente.

La portavoz del PP en la corporación provincial, Mari Carmen Contelles, explicó en rueda de prensa a mediados del pasado mes de noviembre que ese informe cuestionaba, entre otros asuntos, fraccionamiento de contratos y la inclusión de bebidas alcohólicas como dietas.

El PP, que anunció que no descartaba acudir a la Justicia para que se investigaran esas irregularidades detectadas, señaló en ese momento que las incidencias apuntarían directamente al entonces uno de los gerentes de Divalterra, Víctor Sahuquillo, nombrado por el PSPV y que presentó el pasado 14 de diciembre su cese irrevocable del cargo tras pagar las dietas cuestionadas, por un total de 252 euros. El Consejo de Administración de Divalterra aprobó su cese el 27 de diciembre.

El auditor advertía en su informe de la contratación de servicios sin un contrato/presupuesto firmado entre las partes; compromiso de créditos sin haberse iniciado el expediente de contratación con los documentos mínimos necesarios; o negociación de presupuestos con el objetivo de que ninguno de ellos superara los 18.000 euros, lo que evitaría la firma mancomunada de los dos gerentes, el del PSPV y Compromís, según denunció públicamente Contelles.

Asimismo, se advertía de que Divalterra había pagado más de 90.000 euros por tres contratos suscritos a la letrada Emma Ramón que representó al exalcalde de Gandia, ex jefe de Gabinete del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, y ex número tres del PSPV con Ximo Puig, José Manuel Orengo, en otros procedimientos.

Según la denuncia de Contelles, la letrada tiene domiciliado el despacho en el bufete “con un conocido penalista que ha representado al PSPV en muchos procedimientos y sobre el que por todos es conocido la cantidad que se le adeuda”.

Los contratos contaron con el visto bueno de José Luis Vera, entonces director de los servicios jurídicos de Divalterra. El pasado 18 de noviembre, el presidente de la Diputación de Valencia anunció que iba a pedir al consejo de administración de Divalterra apartar a Vera, al que pidió “explicaciones convincentes y documentadas” de los trabajos realizados a la entidad pública por Ramón dentro del caso Taula.

Una semana más tarde, el 24 de noviembre, la Diputación anunció que Divalterra iba a sustituir a Ramón, que hasta ese momento defendía a la empresa pública en tres asuntos judiciales vinculados al caso 'Taula', tras haber anunciado la letrada su “renuncia irrevocable”.

Gastos de representación y dietas

El informe del auditor también contempla incidencias en dietas, gastos de representación y otros gastos. En concreto, señala que antes del 1 de noviembre, en que entró en vigor una nueva norma que regula estos aspectos, se incluían en los tickets conceptos no regulados como bebidas alcohólicas; no existían limitaciones sobre el gasto en comidas diarias en jornadas de trabajo convencional; no existía un concepto claro de los gastos de representación; ni un procedimiento único para todo el personal en la justificación y pago de dietas.

Contelles también se refirió públicamente al contrato de asesoría jurídica para Divalterra, por un importe de casi 600.000 euros, que se paralizó esa misma semana. En este expediente, la baremación era del 90% la parte técnica y solo del 10% la económica.

“En Divalterra la transparencia no es solo un concepto: es una manera de entender la propia gestión de la empresa. Queremos que la ciudadanía conozca qué se hace con cada céntimo de dinero público”. Así se presentaba en mayo la nueva marca de la antigua Imelsa, Divalterra, por parte de sus cogestores, Víctor Sahuquillo, y Agustina Brines, y este espíritu es el que le ha asestado el golpe de gracia después de trascender los gastos en bebidas alcohólicas a cargo de las arcas públicas, una “torpeza” según el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, que acelera el desmantelamiento de la empresa pública.

Imelsa, debía convertirse en el símbolo de la regeneración de la institución provincial tras ser el epicentro de la corrupción provincial con su arrepentido gestor, Marcos Benavent 'el yonki del dinero' , después de que Rosa Pérez Garijo, de Esquerra Unida, destapara toda la trama corrupta de 'Taula' con Alfonso Rus, entonces presidente provincial, a la cabeza.

Con el nuevo gobierno de la Diputación progresista encabezado por el socialista Jorge Rodríguez se situó como gerente de Imelsa a Josep Ramon Tiller, un 'hombre de Orengo' que dejó el cargo cuando el exalcalde de Gandia abandonó la Diputación. Su relevo fue Víctor Sahuquillo, más estrecho colaborador de Rodríguez.

Pero la nueva etapa debía hacer borrón y cuenta nueva, para ello inicialmente so optó por evitar el nombre maldito de Imelsa refiriéndose a ella por su nombre completo: Impulso Económico Local SA, y finalmente rebautizarla como Divalterra.

Y los problemas volvieron a surgir con similitudes a la época anterior. Se denunciaron contrataciones irregulares, de las que Sahuuillo se defendió cargando contra el auditor y afirmando que eran expedientes todavía no cerrados. También arreció la tormenta de la criticada abogada que llevaba el caso 'Taula' para la Diputación, conflicto que hizo que se apartase al jefe de los servicios jurídicos.

Este capítulo enrareció la relación entre el presidente Rodríguez y la vicepresidenta María José Amigó (Compromís). Finalmente, tras una auditoría externa, se dio carpetazo al asuno no sin mostrarse una primera reprimenda a Sahuquillo por su gestión del asunto.

Pero el cogestor de Divalterra ya no iba a abandonar el centro del huracán y poco después trascendieron las facturas en bebidas alcohólicas. La imagen pública era difícil de salvar, y más en una empresa con la larga sombra de Imelsa a sus espaldas. Los otros dos socios de PSPV y Compromís en la Diputación, EUPV y València en Comú, también decían la suya: quieren la liquidación de Divalterra.

Y ahora se acelera el proceso. Víctor Sahuquillo pidió este miércoles su “cese irrevocable” mientras Jorge Rodríguez ya explicaba el proceso de desmantelamiento: las brigadas forestales pasarían al Consorcio de Bomberos, la parte de medio ambiente al servicio de Medio Ambiente y la de turismo al Patronato.

No obstante Rodríguez no quiere generar más problemas y advierte: “Esto no va a ser un Canal 9 dos, se hará con cuidado, con todos los informes jurídicos y las máximas garantías para los empleados, aunque ello suponga que los cambios no sean tan rápidos como querríamos”. Siete meses después Divalterra también se ha convertido en otro 'zombie'.

Sahuquillo ha abonat les dietes polèmiques per les despeses en alcohol i assegura que es vol atacar al govern de Jorge Rodríguez

El co-gerent de Divalterra, Víctor Sahuquillo, al centre de l'huracà en els últims dies per les seues despeses en begudes alcohòliques a càrrec de les arques de l'empresa pública de la Diputació de València, ha demanat el seu cessament “irrevocable”.

Aquesta marxa es produeix després d'assegurar que ha abonat les dietes que han originat l'escàndol, un total de 252 euros en whisky, gin-tonics, rom i altres licors. A més Sahuquillo ha comunicat el seu desig d'abandonar el càrrec assegurant que és conscient que no ha comès “cap irregularitat”, però que decideix abandonar el càrrec “perquè no se seguisca utilitzant aquest assumpte per a intentar perjudicar la imatge i el projecte polític que encarna Jorge Rodríguez -president de la Diputació de València-, una cosa que no estic disposat al fet que continue”.

Al respecte de les seues despeses lamenta que “per un error personal, que he assumit des del primer moment i he esmenat quan ha sigut possible, s'haja orquestrat per part de determinats partits polítics una campanya inquisitorial en contra meua”.

Cal recordar que el propi president de la Diputació va criticar les despeses de Sahuquillo, encara que alhora li llevava gravetat qualificant el cas de “malaptesa”. Jorge Rodríguez va usar aquest cas també per a avançar que la Diputació treballa a buidar de competències Divalterra, una empresa pública que no ha aconseguit separar-se de la seua polèmica gestió des de la Imelsa del PP.

Sahuquillo ha abonado las dietas polémicas por los gastos en alcohol y asegura que se quiere atacar al gobierno de Jorge Rodríguez

El cogerente de Divalterra, Víctor Sahuquillo, centro del huracán en los últimos días por sus gastos en bebidas alcohólicas a cargo de las arcas de la empresa pública, ha pedido su cese “irrevocable”.

Este abandono se produce después de asegurar que ha abonado las dietas que han originado el escándalo, un total de 252 euros en whisky, gin-tonics, ron y otros licores. Además Sahuquillo ha comunicado su deseo de abandonar el cargo asegurando que es “consciente de que no he cometido ninguna irregularidad”, pero que decide abandonar el cargo “para que no se siga utilizando este asunto para intentar perjudicar la imagen y el proyecto político que encarna Jorge Rodríguez -presidente de la Diputación de València-, algo que no estoy dispuesto a que continúe”.

Sobre sus gastos lamenta que “ppor un error personal, que he asumido desde el primer momento y he subsanado en cuanto ha sido posible, se haya orquestado por parte de determinados partidos políticos una campaña inquisitorial en mi contra”.

Cabe recordar que el propio presidente de la Diputación afeó los gastos de Sahuquillo, aunque a la vez le quitaba gravedad calificando el caso de “torpeza”. Jorge Rodríguez usó este caso también para avanzar que la Diputación trabaja en vaciar de competencias Divalterra, una empresa pública que no ha conseguido separarse de su polémica gestión dede la Imelsa del PP.

Como tampoco lo tiene alcanzaresa tranquilidad de conciencia que da poner un pobre en la mesa durante estas fechas tan señaladas que ya están a la vuelta de la esquina. Nos lo enseñó el maestro Berlanga con su Plácido y hoy la globalización realmente existente se encarga de mantener vigente su espíritu gracias a su incansable democratización de la pobreza. Porque si la santificada Teresa de Calcuta nos advertía que la pobreza es una bendición de Dios, deberemos admitir, aunque le pese a nuestro agnóstico escepticismo, que el mundo en el que vivimos está más bendecido que nunca.

Por suerte, la escala de las penurias y las desigualdades ha alcanzado niveles tan elevados que ha sido posible transformar a los pobres en estadística. De este modo, los ricos de hoy en día pueden promover su caridad con criterios macroeconómicos, sin la necesidad de pasar el mal trago de tener que rozarse con el harapo. Es ese filantrocapitalismo, que tan bien retratan Antonio Ariño y Joan Romero en su libro La secesión de los ricos, consistente en desmantelar en estado del bienestar, eludir impuestos, reconvertir los paraísos perdidos de Milton en paraísos fiscales y declarar caduca cualquier pretensión de justicia social, al tiempo que se crean fundaciones desde las que instaurar la ley suprema de la caridad globalizada.

En esto Bill Gates es un aventajado. Pero no está solo. Mark Zuckerberg también nos iluminaba hace poco desde la cumbre Asia Pacífico celebrada en Lima, sobre la tan necesaria sensibilidad social. Para el mediático multimillonario solo existe una solución para acabar con las desigualdades en el mundo: la conectividad. Y es que para el todopoderoso fundador de Facebook los problemas sociales del planeta no se superan con anticuadas políticas redistributivas, sino con propuestas cuya sencillez es tan extrema que no habíamos reparado en ellas. Como abrirse un perfil en Facebook, por ejemplo, que permita a todos los pobres sentirse integrados junto a los 2.700 millones de personas que ya forman parte de su red social, mientras aumentan la cuenta de beneficios de Zuckerberg y, de paso, se sienten protagonistas compartiendo en el ciberespacio fotografías de ese entrañable gatito que luego podrán comerse tan ricamente si no encuentran nada mejor que llevarse a la boca.

En fin, que se acerca la Navidad y por unos días somos un poco mejores. Hasta en nuestros pecados. O pecadillos. Como cuando tomamos esa copa de más durante la inevitable cena de empresa en la que nos sentimos mucho más unidos a nuestros compañeros sin la necesidad de pagar la trasnochada y engorrosa cuota de un sindicato. Supongo que esa camaradería fraternal es la que perseguía Víctor Sahuquillo cuando cargaba algún que otro gin tonic a la contabilidad de Divalterra, la empresa de la diputación de Valencia heredera de la inolvidable Imelsa.Un calor humano sin cabida en esas normativas de las que el directivo asegura haber sido ignorante y que ahora le obligan a retornar el coste de aquellas inocentes copas cuya repercusión mediática ha terminado provocándole mayores dolores de cabeza que una mala resaca. Repercusión, por cierto, que no tuvieron en algunos de esos medios la sangría de épocas pasadas. El olvido editorial parece ser otro de los pecadillos que traen las luces navideñas.

Como consuelo a su desafortunado desliz, puede que Sahuquillo se encuentre en la próxima cena con la fugaz sorpresade algún regalo inesperado. Uno de esos presentes baratos que acostumbran a ofrecer esos amigos invisibles cuyo anonimato nos libra de la obligación de saludar al día siguiente al entrar al trabajo. Es una de las ventajas que tienen estas familiares fiestas de amigos incorpóreos, pecados disimulados y pobreza estadística. Aunque por desgracia no faltará tampoco la tradición de aquel sabiondo de turno que a la segunda copa se empeñe en fastidiarnos el turrón y los villancicos con la moralina de la hipocresía del mundo. Aguafiestas de consigna fácil: miserables de todos los países, uníos… en Facebook.

Estas formaciones, socios de PSPV y Compromís en la Diputación de Valencia, abogan porque la institución provincial asuma los servicios y el personal de la antigua Imelsa, especialmente las brigadas forestales

A raíz de las informaciones surgidas en los últimos tiempos alrededor de la actuación del cogerente de Divalterra, Víctor Sahuquillo, Esquerra Unida y València en Comú, socios de PSPV y Compromís en el gobierno de la Diputación de Valencia solicitaron una reunión monográfica sobre la antigua Imelsa para expresar su malestar por cómo se está actuando y para mostrar su opinión sobre el camino que se tiene que seguir: la liquidación, asumiendo la Diputación los servicios y el personal de la empresa, especialmente las brigadas forestales.

Los diputados de Transparencia y Gobierno Abierto, y de Inclusión Social, Teatros y Memoria Histórica, Berto Jaramillo y Rosa Pérez Garijo, consideran que “después de todo el que ha pasado, el gobierno del cambio no puede caer en prácticas éticamente reprobables. A la vista de los hechos, Divalterra no tiene razón de existir”. Se da la circunstancia, además, que Rosa Pérez fue la denunciante del caso Taula, donde Divalterra (antigua Imelsa) fue uno de los centros de la presunta trama de corrupción del Partido Popular.

Jaramillo y Pérez Garijo no se limitan a “exigir responsabilidades” y creen que Divalterra tiene que ser liquidada. En opinión de ambos, “la gestión de la empresa pública estaba cuestionada antes y ahora, con el cambio de gobierno, continúa estando cuestionada, cosa que no nos podemos permitir”. Para ellos, “esto no supone que los servicios que estaban realizándose por parte de la mercantil dejen de realizarse”. De hecho, “estos últimos días hemos estado recabando información sobre la posibilidad de asumir el personal por parte de la corporación provincial, que es factible”, han afirmado.

Ambos diputados provinciales se han mostrado así de contundentes con sus socios de gobierno después de que los medios se hayan hecho eco de una serie de noticias relativas a los procedimientos de contratación y a las dietas con cargo a la empresa, coincidentes en el tiempo con la frustrada licitación de la asistencia jurídica para la personación de Divalterra en el caso Taula por un precio estimado de 623.250 euros (incluyendo el IVA) –que le acabó costando el lugar en la Jefatura de los Servicios Jurídicos, José Luis Vera–, y la posterior constatación que la empresa ya había contratado previamente dicha personación con una letrada por procedimiento negociado sin publicidad, abonándole 44.000 euros un año antes de hacerse efectiva la personación en la causa que está instruyéndose en el juzgado de instrucción número 18.

Para los representantes de los grupos minoritarios, “es difícil enderezar la gestión de una empresa viciada por una presunta corrupción sistémica, lo que no supone que EU y València en Comú pongan en cuestión la existencia de empresas públicas”, han concluido.

El presidente de la Diputación de Valencia anuncia que vaciará de competencia a la antigua Imelsa, que sufrirá una "modificación profunda"

El socialista reprocha los gastos en bebidas alcohólicas del cogerente de la empresa pública, lo que considera "una torpeza" aunque no lo ve "grave"

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, ha anunciado este martes su voluntad de vaciar de competencias a la firma pública Divalterra (la antigua Imelsa) y ha reprochado los gastos en bebidas alcohólicas que su cogerente Víctor Sahuquillo cargó a la cuenta de la empresa, aunque no lo ve “grave”.

Sin embargo, ha insistido en que, a su juicio, no hay motivo por el que Sahuquillo no pueda continuar en puestos de responsabilidad, puesto que los citados gastos supusieron “una torpeza” por la que su responsable ha pedido pagar y se ha disculpado, y en absoluto tienen relación con un caso de corrupción.

Tras asistir a la presentación del plan de infraestructuras turísticas 2016, Rodríguez ha apuntado: “Ya veníamos hablando de una modificación profunda de Divalterra, de forma que las brigadas forestales pasarían al Consorcio de Bomberos, la parte de medio ambiente al servicio de Medio Ambiente y la de turismo al Patronato”.

“Esto no va a ser un Canal 9 dos, se hará con cuidado, con todos los informes jurídicos y las máximas garantías para los empleados, aunque ello suponga que los cambios no sean tan rápidos como querríamos. Se trata de que las competencias pasen a la Administración madre para que haya más garantías”, ha agregado.

Estos cambios, según ha indicado el presidente, “permitirían que la empresa pública se dedicase estrictamente al impulso económico, que es para lo que fue creada”. “Probablemente los hechos de hoy -en referencia a los gastos de Sahuquillo- han evidenciado la necesidad de hacerlo cuanto antes. Hay unas facturas que se han pagado y se han sabido a partir de una auditoría interna. Menos mal que no ha pasado nada más grave. Hay que actuar de forma inmediata”. En opinión de Rodríguez, la reforma en Divalterra “va mucho más allá de nombres, cogerentes o asesores jurídicos”, sino que “lo esencial es el cambio de modelo, no de nombres”.

Preguntado por si considera que las supuestas irregularidades detectadas son fruto de la estructura y no del comportamiento de cada persona, Rodríguez ha respondido que “son debidas probablemente a una torpeza, a meter la pata, pero no la mano”.

“Es cierto que hay facturas que no se deberían haber pagado, pero también que es la propia Diputación la que lo hace público en un comunicado, la que pide de forma inmediata al cogerente que pague esas facturas y que él ya había pedido que se auditaran las facturas para pagarlas personalmente”, ha agregado.

“Uno no es ajeno a la realidad que vive. Si esas facturas se pagaron me preocupa que pueda haber otras cosas que se escapen y que sean graves. Sobre lo sucedido podemos opinar si es o no ético y si se deberían haber hecho, pero no es grave”, ha opinado Jorge Rodríguez.

Sobre la continuidad de Sahuquillo al frente de esta empresa, ha indicado: “Entiendo que la figura de uno u otro es periodísticamente interesante, pero para mí lo es la reforma en profundidad de la empresa, que tiene 700 trabajadores. En la medida en que se reduzca el número de trabajadores parece lógico reducir el de directivos”.

Respecto a unas recientes declaraciones de Mónica Oltra en las que indicaba que no se sorprendía por la continuidad de Sahuquillo, Rodríguez ha señalado que “la situación puede ser incómoda, pero ni siquiera roza la corrupción. Ha habido una voluntad manifiesta de magnificar lo sucedido por parte del PP. Que a la vicepresidenta le asombre o no, entra dentro de la capacidad de cada uno”.

La vicepresidenta del Govern valencià recorda que el codi de bon govern signat pels alts càrrecs exigeix “un ús sobri” dels recursos públics

“No em sorprén quasi res”, diu Oltra sobre la continuïtat de Víctor Sahuquillo en la gerència de Divalterra

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha desautoritzat la despesa en gintònics a càrrec de l’erari públic protagonitzada per un dels gerents de Divalterra, una empresa de la Diputació de València.

Amb subtilesa i sense mencionar-lo, Oltra ha blasmat el comportament de Víctor Sahuquillo, l’home designat pel PSOE –hi ha un altre gerent elegit per Compromís– en l’antiga Imelsa, la societat presumptament utilitzada pel PP per a saquejar fons públics.

“Això no pot passar en el Govern valencià”, ha dit la consellera de Benestar Social. Tots els alts càrrecs del Consell han signat un codi de bones pràctiques que estableix l’“ús sobri” dels recursos públics.

Concretament, estan obligats a gestionar “adequadament els recursos i els administraran amb sobrietat; s’abstindran de fer un ús impropi dels béns i dels serveis que l’Administració posa a la seua disposició per raó del seu càrrec; en faran una utilització responsable i en limitaran les despeses, que hauran d’estar justificades”.

Qualsevol es pot adherir-se, ha dit Oltra, a aquestes normes. “No tenen copyright”, ha dit, abans de recordar que alguns diputats de la corporació provincial s’han compromés a seguir aquest codi de bon govern.

La sorprén que Sahuquillo continue en el seu lloc?, s’ha preguntat a Oltra. “Tinc dues capacitats que van ampliant-se a mesura que passe més temps en el Govern: l’una és la paciència i l’altra la capacitat de sorpresa, que cada vegada és més baixa. No em sorprén”, ha contestat.

Oltra s’ha sumat sense dissimular a les crítiques a Sahuquillo, assetjat pel PP, mal vist pels seus socis de Compromís –PSPV-PSOE i els valencianistes governen la Diputació en coalició– i sota l’escrutini intens dels mitjans de comunicació.

Sahuquillo ha estat acusat de trossejar contractes per a afavorir empreses o de l’esmentada despesa en alcohol a càrrec del contribuent a través d’una empresa, Divalterra, amb un pressupost gens menyspreable: 18 milions d’euros.

La vicepresidenta del gobierno valenciano recuerda que el código de buen gobierno firmado por los altos cargos exige "un uso sobrio" de los recursos públicos

"Casi nada me sorprende", dice Oltra sobre la continuidad de Víctor Sahuquillo en la gerencia de la antigua Imelsa

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha desautorizado el gasto en gin-tonics con cargo al erario público protagonizado por uno de los gerentes de Divalterra, una empresa de la Diputación de Valencia.

Con sutileza y sin mencionarlo, Oltra ha afeado el comportamiento de Víctor Sahuquillo, el hombre designado por el PSOE -hay otro gerente elegido por Compromís- en la antigua Imelsa, la sociedad supuestamente utilizada por el PP para saquear fondos públicos.

“Algo así no puede suceder en el gobierno valenciano”, ha dicho la consellera de Bienestar Social. Todos los altos cargos del Consell han firmado un código de buenas prácticas que establece el “uso sobrio” de los recursos públicos.

Concretamente, están obligados a gestionar “adecuadamente los recursos y los administrarán con sobriedad; se abstendrán de realizar un uso impropio de los bienes y servicios que la administración pone a su disposición por razón de su cargo; harán una utilización responsable y limitarán los gastos que tendrán que estar justificados”.

Cualquiera puede adherirse, ha dicho Oltra, a esas normas. “No tienen copyright”, ha dicho, antes de recordar que algunos diputados de la corporación provincial se han comprometido a seguir ese código de buen gobierno.

¿Le sorprende que Sahuquillo siga en su puesto?, se le ha preguntado a Oltra. “Tengo dos capacidades que están ampliándose a medida que más tiempo paso en el Gobierno: una es la paciencia y la otra la capacidad de sorpresa, que cada vez es menor. No me sorprende”, ha contestado.

Oltra se ha sumado sin disimulo a las críticas a Sahuquillo, acosado por el PP, mal visto por sus socios de Compromís -PSPV-PSOE y los valencianistas gobiernan la Diputación en coalición- y bajo intenso escrutinio de los medios de comunicación.

Sahuquillo ha sido acusado de trocear contratos para favorecer a empresas o del mencionado gasto en alcohol con cargo al contribuyente a través de una empresa, Divalterra, con un presupuesto nada despreciable: 18 millones de euros.

Imelsa, la empresa de la corporación provincial supuestamente utilizada por el PP para saquear fondos públicos, sigue en el centro de la polémica pese al cambio de marca bajo control del PSOE y Compromís

La oposición pide dimisiones o destituciones por el pago de alcohol con dinero público y algunas adjudicaciones puestas en entredicho por los técnicos

Impulso Económico Local (Imelsa) es la empresa de la Diputación de Valencia que fue supuestamente utilizada por Alfonso Rus y sus adláteres para saquear fondos públicos. La investigación judicial en curso, conocida como caso Taula o Imelsa, es, seguramente, la mayor contra la corrupción vinculada al PP valenciano.

Imelsa ha sido rebautizada como Divalterra para librarse del estigma del pasado, pero la nueva imagen no ha sacado a esta sociedad pública del escándalo: El PP, ahora en la oposición, pide cabezas por el pago de gin tonics con dinero público, las adjudicaciones a dedo a empresas de reciente creación o la contratación de abogados para, se creía, fines distintos a los de las empresa.

El alcohol de Victor Sahuquillo

Divalterra tiene dos gerentes, uno que representa a Compromís (Agustina Brines) y otro al PSOE. Éste, Víctor Sahuquillo, pagó con dinero público ginebras, whisky, ron y licores, según publica Las Provincias. En un comunicado, Sahuquillo se justifica explicando que el 1 de diciembre ya solicitó “la regularización de aquellos conceptos que, a juicio de los servicios jurídicos y de la auditoría interna de Divalterra, no se ajusten de forma estricta” a las normas de la casa para “proceder a su abono inmediato”.

Los gin-tonics de la discordia han venido a azuzar la pésima relación entre los socios de gobierno de la Diputación, PSOE y Compromís. El enfrentamiento entre los dos gerentes de Divalterra es evidente, y se ha acentuado con otros dos episodios polémicos. El primero, la contratación de Socialnova, una empresa a la que se concedió la creación de la nueva imagen de la sociedad apenas semanas después de que se constituyera y en un procedimiento en el que dos de las tres ofertas venían de la mano de un mismo profesional.

Ese contrato, impulsado por Sahuquillo, motivó la apertura de un expediente informativo y la reacción de Compromís: Brines solicitó un informe jurídico para conocer con detalle en qué consiste la «acción de responsabilidad», el proceso que podría poner en marcha el consejo de administración contra el gerente si considera que se puede haber producido alguna irregularidad en el ejercicio de su cargo.

Sahuquillo siempre ha negado cualquier irregularidad en este asunto. También en la polémica contratación de servicios jurídicos que provocó dimisiones en la casa pero que fue finalmente dada por buena tras una investigación interna en la que Compromís reprendió al gerente socialista de Divalterra.

El PP también pone la diana en Sahuquillo, al que acusan de gestionar Divalterra como su “garito”. “Han demostrado en poco tiempo que su concepto de dignificar la Diputación y su empresa pública, Divalterra, pasa por gastarse el dinero de todos en gin-tonics”, afirma en un comunicado en el que pide dimisiones.

El presidente de la Diputación, “Jorge Rodríguez, debe salir del escondite y responder ante los valencianos si le parecen éticos y estéticos los comportamientos de su hombre de confianza en Divalterra”, una empresa con 18 millones de euros de presupuesto, insiste el PP. Pese al maquillaje en forma de cambio de imagen, Divalterra está, como Imelsa, en el centro de la polémica.

El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, pedirá al consejo de administración de Divalterra apartar al director de los Servicios Jurídicos de la empresa, José Luis Vera, al que ha pedido “explicaciones convincentes y documentadas” de los trabajos realizados a la entidad pública por la abogada Enma Ramón dentro del caso Taula, informa la corporación provincial en un comunicado.

Rodríguez ha adoptado esta decisión después de una información publicada en el diario El Mundo que cuestiona tanto el coste -90.000 euros- como el destino de los trabajos que vinculan a dicho abogado con la empresa pública. De acuerdo con esta misma información, la letrada ha asistido a José Manuel Orengo, el que fuera número 3 del PSPV, exalcalde de Gandia y exjefe de gabinete del actual presidente de la Diputación.

Asimismo, el máximo responsable de la corporación provincial -quien se encuentra en Badajoz en la segunda conferencia de presidentes de diputaciones- ha pedido además que se estudien por parte de un auditor externo los contratos mencionados para aclarar si “lo que se ha contratado es o no el coste efectivo del trabajo realizado”.

Rodríguez ha avanzado que pedirá al consejo de administración de Divalterra que, mientras se aclaren todos estos extremos, José Luis Vera esté apartado de sus funciones.

Jorge Rodríguez confía que este asunto se aclare por el bien de la institución, y asegura que será “contundente” contra cualquier comportamiento que no se adecue a la legalidad.

Pese a la catarsis que se ha querido someter a la empresa pública de la Diputación de València Imelsa, asociada a la presunta trama de corrupción de Taula en la época del PP de Alfonso Rus, transformándola en la nueva Divalterra con el gobierno de Jorge Rodríguez, las sombras de viejas prácticas vuelven a agitar las aguas de la institución, todo aderezado con acusaciones de intereses partidistas internas.

Según desvela la Cadena Ser estos días se ha conocido un informe de un auditor interno de Divalterra en la que se alerta sobre contrataciones fuera de proceso durante los últimos meses dentro del área dependiente del gerente Víctor Sahuquillo (PSPV), contrataciones que no seguirían los precedimientos establecidos por Divalterra y que escaparían al conocimiento de la otra gerente de la empresa, Agustina Brines (Compromís).

Entre los reparos a las contrataciones se destaca el no haberse realizado con anterioridad el procedimiento administrativo, tener facturas de dietas de difícil justificación, y el hecho de que no se contara con la firma de Brines.

En su defensa Víctor Sahuquillo, en declaraciones a la misma emisora, afirma que se trata de incidencias perfectamente subsanables, pero no de irregularidades porque no las habría permitido el servicio jurídico, y que tampoco ha habido troceamiento de contratos; es más, el gerente asegura que se contó con los informes técnicos necesarios.

Ante esta situación Sahuquillo carga contra el auditor, a quien acusa de haber realizado el informe cuando todavía no se había acabado el procedimiento. Con ello además reprocha al auditor que demuestra desconocimiento y que no dice la verdad.

Pero Sahuquillo va más allá y arremete contra el auditor recordando que fue contratado por el anterior gerente nombrado por Alfonso Rus, Rafael Soler, del PP. No obstante también destaca que si ha aflorado este episodio es porque existen mecanismos de control como las auditorías, control que no existía en otros tiempos por lo que se ha judicializado su gestión.

“La nueva denominación es el punto de partida para el comienzo de una nueva manera de gestionar esta empresa”, de esta forma, con el ánimo de dejar atrás la etapa oscura de Imelsa manchada por la presunta corrupción de sus anteriores máximos responsables, Marcos Benavent y Alfonso Rus, la nueva marca Divalterra ha sido presentada por sus gerentes actuales, Agustina Brines y Víctor Sahuquillo.

Los gerentes, marcando distancias sobre la anterior etapa, también han incidido en que “las empresas públicas son de los ciudadanos. Por ello, en Divalterra la transparencia no es solo un concepto: es una manera de entender la propia gestión de la empresa. Queremos que la ciudadanía conozca qué se hace con cada céntimo de dinero público”.

Sahuquillo y Brines han fijado como prioritario “el establecimiento de un plan de formación interno, que permita una mayor profesionalización y especialización de la plantilla; algo imprescindible para que las acciones que se desarrollen sigan los criterios de calidad que nos hemos autoimpuesto”. Para ello “se ha llevado a cabo un estudio interno de necesidades y recursos existentes, que nos ha permitido reestructurar las áreas de servicios de la empresa para adaptarlas a las necesidades de consistorios y ciudadanía”, han indicado.