Incumplir las condiciones del acuerdo ha acabado por pasar factura al proyecto de Anfi Tauro. La Dirección General de Costas ha anulado la concesión al Grupo Anfi de 11.200 metros cuadrados del dominio público marítimo terrestre en Tauro, en el municipio turístico de Mogán (Gran Canaria), para la transformación de la playa y la explotación de los servicios de temporada.

En su dictamen apoyando la anulación de la concesión, el Consejo de Estado considera que la empresa incumplió las condiciones y alteró su finalidad al no entregar los 3.811 metros cuadrados de suelo necesarios para expandir de la playa, ofreciendo en su lugar dos trozos de suelo discontinuos que, aunque de la misma extensión, no sirven para ampliar el arenal, están parcialmente ocupados y no son de titularidad exclusiva de la empresa.

El objetivo de la concesión era ampliar la playa de los 180 metros de longitud y dieciocho de ancho hasta los 280 metros de longitud y 50 de ancho. Aunque inicialmente el proyecto planeaba utilizar arena sobrante de la playa de Las Canteras, en la capital grancanaria, finalmente se hizo importando sedimentos del territorio ocupado del Sáhara Occidental, con un grave impacto medioambiental. La playa continúa cerrada por obras, pero estas llevan años paradas debido al entramado judicial.

La remodelación del litoral potenciaría la oferta turística del municipio de Mogán, desbloqueando el desarrollo en la zona de unas 7.500 camas hoteleras, dos campos de golf y una superficie comercial de 18.000 metros cuadrados coronados por un paseo marítimo uniendo la playa del Cura con Amadores y una muelle deportivo para 400 atraques.

El Grupo Anfi ya cuenta con villas de lujo en Tauro, pero carecían de una extensa playa en el mismo barranco. Con este proyecto, el grupo mejoraba y ampliaba su oferta hotelera a la vez que se aseguraba durante 50 años de la explotación de los servicios de temporada.

El problema se origina en los 3.811 metros cuadrados de terreno que tenía que ceder Anfi Tauro al dominio público para ampliar la playa. Según lo recogido por el dictamen del Consejo de Estado respaldando la anulación de la concesión, la empresa concesionaria ofreció terrenos de tal superficie, pero solo unos 740 metros por el sur coinciden con los terrenos que Anfi Tauro debía aportar y “los 3.071 restantes son terrenos ajenos y por la forma de la parcela difícilmente utilizables para conformar una playa”. Los terrenos ofrecidos por la empresa están divididos en dos trozos de suelo discontinuos y están parcialmente ocupados por edificaciones habitadas, un edificio de bar-restaurante y una desaladora en explotación que, además, invaden puntualmente el dominio público.

El Consejo de Estado destaca también que las inscripciones registrales presentadas por la empresa para acreditar la titularidad de dichos terrenos no se correspondían con los terrenos objeto de cesión, sino con una finca de mayor tamaño que los integraba pero de la cual Anfi Tauro no es el único titular.

En base a esto, el Consejo de Estado dictaminó el 23 de abril que Anfi Tauro “ha incumplido de modo flagrante” la condición de ceder los 3.811 metros cuadrados al dominio público para la extensión de la playa y, al hacer imposible esta extensión, se ha alterado la finalidad de la concesión. Tanto el incumplimiento de las condiciones de la concesión como la alteración de su finalidad están recogidos en el artículo 79.1 de la Ley de Costas como motivos para declarar caduca una concesión y extinguirla.

La Comisión de Obras Públicas y la Abogacía del Estado también dictaminaron a favor de declarar caduca la concesión.

Los tres órganos recomiendan el levantamiento y la retirada del dominio público, a sus expensas, de las instalaciones de Anfi en Tauro hasta que se decida el futuro de la zona y de las actuaciones que se han hecho sobre ella.

El proceso para retirar la concesión a Anfi se ha retrasado porque la primera vez que se abrió el expediente, en 2016, el procedimiento caducó a los dieciocho meses. La Demarcación de Costas volvió a abrir el expediente en noviembre de 2018 con base en las mismas causas legales.

Según la Delegación del Gobierno en Las Palmas, la resolución ordena a la Demarcación de Costas en Canarias a que lleve a cabo el acta de reversión para que la playa vuelva al dominio público y, a partir de ahí, decidir qué se hace con ese espacio.

El jefe de la Demarcación de Costas de Las Palmas, Rafael López Oribe, ha rechazado hacer declaraciones al respecto, pero en declaraciones anteriores ha dicho que la reapertura de la playa no podría ser “de hoy para mañana”, ya que hay que inspeccionar la zona y garantizar la seguridad.

Las irregularidades en esta concesión le costaron al anterior jefe de la Demarcación de Costas, José María Hernández de León, una condena por prevaricación y falsedad documental de tres años de prisión y nueve de inhabilitación. En abril de este año, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias absolvió a Hernández por considerar no probada la ilegalidad de sus acciones.

La resolución pone fin a la vía administrativa, por lo que cabe recurso potestativo de reposición en un mes ante la ministra de Transición Ecológica o, directamente, recurso judicial por la vía contencioso-administrativa en el plazo máximo de dos meses.

El Grupo Anfi ha convocado una reunión esta tarde para determinar su postura. 

Agentes de seguridad privada escoltados por la Policía Local y la Guardia Civil han vuelto a cerrar al público la playa de Tauro, en el municipio grancanario de Mogán, por orden de la Dirección General de Costas. La reposición y el refuerzo del vallado ha levantado ampollas entre los vecinos de la zona, que no entienden que siga cerrada por obras la playa tras tanto tiempo sin actividad y temen que esto sea parte del proceso de desahucio de los terrenos que okupan en torno al mayor proyecto turístico de Canarias.

En la playa de Tauro se mantienen varias decenas de familias okupando antiguas habitaciones de cuarterías en terrenos que no son de su propiedad que, a lo largo de los años, algunos han hecho su vivienda permanente. Se quejan de que el cierre de la playa les priva a ellos del disfrute del espacio que habitan y a todos los canarios, que recientemente habían acudido a la zona en masa, del uso de una playa pública.

En la playa también hay dos restaurantes que denuncian que las barreras bloquean las vistas y el acceso a la playa, haciendo menos atractivo sus locales y reduciendo drásticamente sus ingresos.

Molestos con el cierre de la playa, los vecinos han saltado la valla y la han reabierto, enfrentándose en ocasiones con agentes de la Policía Local. El cuerpo armado de Mogán ha argumentado distintos motivos para el cierre de la playa, desde las masificaciones durante la pandemia y la falta de salubridad hasta la incidencia de peleas en la zona. Hubo momentos de tensión. “Si hace falta, venimos con los GRS y los echamos a palos”, llegó a decir uno de los agentes municipales durante su intervención en la playa, grabada por los afectados. Los GRS (Grupos de Reserva y Seguridad) de la Guardia Civil son un equipo de élite destinado a conflictos especialmente delicados.

Por su parte, la Guardia Civil confirma que ha colaborado con la Policía Local para asegurar el orden público y cumplimiento de la Ley durante el cierre de la playa, matizando que actualmente no hay una playa en Tauro, sino una obra en ejecución paralizada por los juzgados.

La transformación de la playa prometía dar paso a un gran proyecto turístico en una de las últimas zonas aún por desarrollar en el sur de la isla, incluyendo un muelle deportivo, un centro comercial y unas 3.000 camas hoteleras. Las obras en la playa, criticadas por su impacto ambiental y el uso de arena del territorio ocupado del Sáhara Occidental, se han visto paralizadas por un conflicto judicial que le costó al anterior jefe de la Demarcación de Costas, José María Hernández de León, una condena por prevaricación y falsedad documental de tres años de prisión y nueve de inhabilitación. En abril de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias absolvió a Hernández por considerar no probada la ilegalidad de sus acciones, aunque quedara claro que las obras no se deberían haber autorizado sin garantizar las cesiones de terrenos adecuadas por parte de la empresa concesionaria, Anfi Tauro.

Pese al entramado judicial, la apertura de la playa podría estar cerca. El Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo del Gobierno de España, ha dictaminado a favor de que el Ministerio de Transición Ecológica declare la caducidad de la concesión para la ocupación del dominio público y el levantamiento de instalaciones para la obra de transformación de la playa y explotación de los servicios de temporada.

El jefe de la Demarcación de Costas, Rafael López Oribe, dice que este asunto está “muy maduro”, aunque la reapertura de la playa, responsabilidad del Ministerio previa consulta de la Abogacía de Estado, no podrá ser “de hoy para mañana”, ya que hay que inspeccionar la zona y garantizar la seguridad.

Continúa el desahucio de los vecinos en precario

Los vecinos de Tauro creen que el cierre de la playa se está utilizando para presionarles a abandonar las estructuras que habitan en precario en el extremo norte de la playa. Coincidiendo con el precinto de la obra de la playa, la Policía Local cerró también la carretera de acceso que llega a sus viviendas y a los restaurantes al otro lado de la playa argumentando que los coches aparcados interfieren con el acceso de vehículos de emergencia. Tras la denuncia de uno de los propietarios de los restaurantes, los juzgados anularon esta medida al carecer del informe pertinente, ya que el presentado por el Ayuntamiento de Mogán hacía referencia al acceso a la playa y no al tráfico. Tras varios intentos, no se pudo recabar la versión del Ayuntamiento ni de la Policía Local de Mogán para este reportaje.

Muchas de las familias que habitan las antiguas cuarterías, que daban cobijo a los aparceros cuando la principal actividad de la isla era la agricultura y no el turismo, se instalaron ahí después del incendio del Camping Guantánamo la noche de Reyes Magos de 2004. Aseguran que, tras el incendio, los propietarios de los terrenos les dieron autorización verbal de realojarse en esas viviendas, pero sin contrato y rechazando sus intentos de pagar el alquiler que venían abonando en el camping destruido por las llamas.

Ahora, tras cambiar de dueño los terrenos, han recibido órdenes de desahucio de los juzgados por estar en precario. Aunque hay cierta variación en la situación legal de cada familia, muchos tienen abogados de oficio que no consideran que tengan opciones de seguir viviendo ahí.

Con la industria turística en crisis existencial a causa de la pandemia, el entramado judicial avanzando lentamente tras años de atasco, y una población okupa de por medio, nadie puede asegurar qué le depara el futuro a este rincón de la costa grancanaria.

Nueva Canarias denuncia que el grupo de gobierno de Mogán ha aprobado un acuerdo por el que la cesión de un local y una terraza en Anfi Tauro se sustituyo por el abono de 216.861,42 euros. El informe técnico da el visto bueno a una monetización basada en la tasación de ambos inmuebles, realizada por Uve Valoraciones.

Según el partido, esta “obligación” de Anfi con el Ayuntamiento de Mogán se remonta a enero de 1987, cuando el propietario de Anfi propuso a la corporación municipal solventar las cuestiones relacionadas con la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico, con el pago en metálico de ochenta millones de las antiguas pesetas y la aportación de un local de 50 metros cuadrados con 40 de terraza. La propuesta fue aprobada en un pleno del 22 de enero de 1987. Desde entonces, Mogán “lleva esperando a que se produzca la entrega”.

Según consta en el expediente, Onalia Bueno aprobó en junta de gobierno local celebrada el 11 de abril de 2017, un acuerdo en el que manifiesta que ante el incumplimiento del acuerdo plenario de 1987, se proceda a valorar económicamente el precio actual de dichos inmuebles, así como el lucro cesante por las dilaciones indebidas en la cesión del local.

Sin embargo, y a pesar del mencionado acuerdo, la misma alcaldesa, “se olvida del lucro cesante”, argumentando entre otras cuestiones que no se puede calcular la indemnización por las dilaciones en las que ha incurrido Anfi al no proceder a la entrega del local con terraza, debido a que no consta en el expediente, de forma exacta, el momento en el que el plazo empieza a correr.

Para Nueva Canarias (NC), este planteamiento del gobierno de Ciuca, podría no ajustarse a la legalidad, y es que incumple con, al menos, tres acuerdos aprobados por el Ayuntamiento. Por un lado, olvida el acuerdo plenario del 22 de enero de 1987, por el que se aprueba la cesión del local, por otro, el requerimiento expreso a Anfi del mar, para que procesa a la cesión del inmueble, expresado por la junta de gobierno del 17 de marzo de 2008, y lo acordado en la junta de gobierno del 20 de octubre de 2008, en el que el ayuntamiento acepta de forma expresa la cesión del local.

Desde NC, se entiende que existen tres fechas a partir de las cuales es posible contabilizar el lucro cesante por las dilaciones indebidas en las que incurrió Anfi del Mar, una es el 22 de enero de 1987 momento en la que se aprueba la cesión, la segunda desde marzo del 2008, que es el momento en el que el Ayuntamiento reclama la cesión, y una tercera desde el 20 de octubre de 2008, que es cuando el ayuntamiento acepta la cesión del local.

Esta situación, podría invalidar el acuerdo plenario, ya que el Ayuntamiento ha manifestado la aceptación de la cesión física, y no dineraria del local con terraza. Cuestión que parece agravarse si tenemos en cuenta, que Ciuca ha optado por no calcular ni reclamar el lucro cesante, lo que supone una claro perjuicio para las arcas municipales, ya que durante todos estos años Anfi del Mar ha venido disfrutando de este inmueble sin rendir cuentas al Ayuntamiento de Mogán.

Para el partido, esta situación representa una muestra más, de la mala y lesiva gestión que, de los intereses generales, desarrolla el gobierno de Ciuca y ha recordado que este caso fue una de las cuestiones que, desde del año 2006, se incluyeron en la denuncia que dio lugar al caso góndola.

El Grupo Anfi, empresa con sede en Gran Canaria que presume de ser la principal operadora de Europa en el modelo de negocio turístico de multipropiedad (timesharing), debe devolver más de 300.000 euros a una pareja de clientes por irregularidades en la venta de productos de aprovechamiento por turnos. La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia de San Bartolomé de Tirajana, Olga Martín, dictó el pasado 8 de octubre una sentencia que contiene, por montante, la mayor condena registrada contra el grupo fundado por el empresario noruego -ya fallecido- Bjorn Lyng desde que el Tribunal Supremo sentara doctrina sobre la materia. 

La cascada de resoluciones a favor de los consumidores comenzó en marzo de 2015, fecha en la que el alto tribunal declaró ilegales las ventas de por vida de derechos por turnos de inmuebles de uso turístico. El despacho de abogados más activo en defensa de los intereses de los clientes de timesharing en la isla, Canarian Legal Alliance, contabiliza más de 100 sentencias firmes del Supremo por un valor estimado de 2,5 millones de euros, una cantidad que se eleva hasta los 8 si también se computan aquellas que aún se pueden recurrir. 

A pesar de esta avalancha de condenas, el grupo Anfi se resiste a claudicar. No solo sigue recurriendo las sentencias en su contra, sino que, además, ha optado por no ejecutar los pagos de forma voluntaria y se ha mostrado reticente a la hora de aportar en los juzgados la documentación sobre los bienes susceptibles de embargo. Esta actitud “rebelde” de la empresa turística ha provocado que la Fiscalía Provincial de Las Palmas haya presentado una denuncia contra las dos sociedades del grupo dedicadas al negocio del timesharing, Anfi Sales y Anfi Resorts, al hallar en su conducta indicios de insolvencia punible. El Ministerio Público atribuye la falta de respuesta a los requerimientos sobre los bienes a una estrategia para dilatar o impedir el cobro de las cantidades por parte de los clientes que han ganado sus demandas. 

A estas trabas se le une el vaciado de las cuentas corrientes de las dos mencionadas empresas del grupo, que en cuestión de tres años han pasado de un saldo global superior a los 13 millones de euros a disponer de menos de medio millón, según la última información patrimonial. 

En el caso de la última sentencia conocida, la condena se produce como consecuencia de las irregularidades en tres contratos suscritos a principios del siglo XXI por un importe de 265.435 euros. La demanda, presentada por CLA, solicitaba la nulidad de estos contratos por su duración ilimitada (la Ley 42/1998 de aprovechamiento por turnos de inmuebles de uso turístico fija un máximo de 50 años), la falta de contenido mínimo en su redacción y el carácter abusivo de alguna de sus cláusulas. La jueza estima en su integridad las pretensiones de los consumidores.

Según recoge la resolución judicial, Anfi trató de “confundir” en su estrategia de defensa al sostener que la normativa de aplicación en esta causa no era la mencionada Ley 42/1998, por estar derogada en el momento de interponer la demanda, sino la 4/2012, que permite establecer el régimen con carácter indefinido. La magistrada recuerda que la legislación en vigor cuando se firmaron los contratos era la primera de ellas y que la aplicación retroactiva de normas es contraria a los principios generales del derecho. 

La sentencia también reprocha al grupo turístico la indefinición del contrato, contrario al tenor de la ley, que establece que en él se deben hacer constar el alojamiento concreto del que se podrá hacer uso y su duración, los días y horas en los que el cliente podrá disfrutar de los apartamentos a tiempo compartido. “La falta de determinación en el contrato del alojamiento que constituye su objeto determina la nulidad del contrato”, señala la sentencia. 

Aparte de las irregularidades en la suscripción de la afiliación vacacional, los demandantes reclamaron la devolución por duplicado de los anticipos que abonaron durante el periodo de desistimiento del contrato, es decir, los tres meses inmediatamente posteriores a su firma, una práctica que prohíbe expresamente la Ley 42/1998. Frente a esta pretensión, Anfi se opuso alegando que no era procedente la restitución cuando “ha transcurrido un periodo considerable de tiempo desde que se efectuaron los pagos” y los usuarios han hecho uso de sus semanas en los complejos turísticos. 

La jueza resuelve la discrepancia a favor de los clientes, al considerar carente de fundamento la afirmación relativa al transcurso de los años y recordar que la norma expone que el consumidor “tiene derecho a exigir en cualquier momento la devolución de dicha cantidad (el anticipo) por duplicado”, con independencia de que ejecute su facultad para desistir del contrato. La sentencia remarca que la sanción prevista en la ley por el cobro de anticipos ilegales no está sujeta a ningún plazo de prescripción o caducidad. 

Para el cálculo de la condena, la jueza ha dividido el importe de cada uno de los tres contratos entre el periodo máximo fijado en la norma que regula el negocio del timesharing (50 años) y lo ha multiplicado por los años no disfrutados por los clientes (en torno a 30, ya que los contratos fueron suscritos sobre el año 2000). Por este concepto, Anfi deberá devolver 161.029 euros, una cifra a la que habrá de sumar los 150.089,9 euros correspondientes al duplo de los anticipos cobrados por el emporio turístico en contra de lo estipulado en la legislación de referencia. En total, 311.119,19 euros más intereses y costas en una resolución que es recurrible. 

Los antiguos clientes del grupo Anfi siguen dando pasos en los juzgados para tratar de superar la resistencia de la empresa, líder europeo en el negocio de las vacaciones a tiempo compartido –timesharing-, a pagar lo que les debe en virtud de las numerosas sentencias que han ido recayendo en los últimos años en contra de este emporio radicado en el sur de Gran Canaria por las irregularidades cometidas en la venta de estos productos turísticos. Al menos tres ex propietarios de estos derechos han reclamado ya la intervención de un administrador judicial, una figura independiente que, por encargo del juez, tiene la misión de supervisar las cuentas de las empresas sobre las que pesan reclamaciones patrimoniales (embargos) y gestionarlas. Se trata de una fórmula poco conocida que guarda similitudes con la administración concursal.

Los denunciantes, representados por el despacho de abogados Canarian Legal Alliance (CLA), especializado en timesharing, han recurrido a esta vía para intentar recuperar su dinero tras agotar todas las opciones previas. Las dos sociedades del grupo Anfi dedicadas a la venta de estos productos turísticos, Anfi Sales y Anfi Resorts, no solo se han negado a pagar de forma voluntaria las cantidades adeudadas como consecuencia de los cientos de condenas que acumulan en los tribunales, sino que, además, han vaciado sus cuentas corrientes en los últimos años, impidiendo de esta manera los embargos por la vía de apremio.

La información patrimonial sobre esas dos sociedades revela una rápida descapitalización desde el año 2016, de manera que los saldos en sus cuentas, que superaban los 10 millones de euros, han quedado prácticamente a cero, a pesar de que la actividad de la empresa no ha cesado.

Solo en el caso de los pleitos con CLA, Anfi suma más de 500 condenas por un importe de 7,7 millones de euros, de las cuales más de 100 ya cuentan con sentencias firmes del Supremo que obligan a las sociedades a devolver 2,5 millones. El vaciado de cuentas ha dado origen a una investigación de la Fiscalía Provincial de Las Palmas tras las denuncias presentadas por los abogados Eva Gutiérrez, de CLA, y Miguel Rodríguez Ceballos, del bufete Ceballos Navarro, por los presuntos delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y frustración en la ejecución.

La fiscal Elena Herrera ya ha presentado una denuncia contra Anfi ante el juzgado decano de San Bartolomé de Tirajana por haber ocultado sus bienes en los procedimientos de embargos judiciales, un presunto delito de insolvencia punible.

Al margen de la vía abierta en el ámbito penal, los antiguos clientes de Anfi han seguido pleiteando en la jurisdicción civil para recuperar su dinero. Ante la negativa del grupo turístico a pagar voluntariamente y la imposibilidad de embargar las cuentas vaciadas, solicitaron que se les diera traslado de los frutos y rentas de las sociedades para lograr así que el grupo les informara del resultado de sus operaciones comerciales y, entre otras cuestiones, de cuáles son sus beneficios por los alquileres o por la venta de derechos de aprovechamiento por turnos.

Una nueva negativa de Anfi a rendir cuentas a sus antiguos clientes ha precipitado el último paso, el más severo en los procesos de ejecución por responsabilidad patrimonial, la petición de administración judicial. El grupo turístico desactivó la primera de las tres solicitudes presentadas hasta la fecha con el pago inmediato de la deuda. Sin embargo, las otras dos continúan su curso y el juzgado ya ha convocado para septiembre a los socios principales y a los denunciantes para tratar de alcanzar un acuerdo de pago o, en caso contrario, activar la opción del administrador judicial que propone la parte que reclama el embargo de las cuentas.

Para intentar paralizar esta acción, Anfi ha presentado un recurso que el juzgado ha rechazado. De ese escrito se desprenden las reticencias del administrador de hecho de la sociedad a informar al resto de socios y accionistas del estado de las cuentas y sus operaciones comerciales.

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha presentado una denuncia contra las dos sociedades del grupo Anfi dedicadas al aprovechamiento por turnos de inmuebles de uso turístico, Anfi Sales y Anfi Resorts, por haber ocultado sus bienes para evitar los embargos en los procedimientos de ejecución en los que se encuentran inmersas como consecuencia de las numerosas condenas judiciales por irregularidades en la comercialización de estos productos. El Ministerio Público ha apreciado indicios de un delito de insolvencia punible por parte de estas empresas del emporio turístico radicado en el sur de Gran Canaria, el líder europeo en esta modalidad de negocio, el denominado timesharing.

La fiscal Elena Herrera firmó el pasado 12 de julio el decreto que remite al juzgado decano de San Bartolomé de Tirajana las diligencias de investigación que abrió en enero, a raíz de un escrito presentado por el abogado Miguel Rodríguez Ceballos en representación de exclientes de Anfi que continúan reclamando la devolución de las cantidades indebidamente cobradas y reconocidas por sentencias, en muchos casos firmes. El procedimiento se repite en todos los casos. Ante la negativa del grupo turístico a abonar de forma voluntaria las cifras recogidas en estas condenas, el juzgado solicita una relación de sus bienes para poder trabar embargos. Y es en este punto donde se consuma el presunto delito, al no haber dado respuesta las empresas “a casi ninguno de los requerimientos”, obstaculizando de esta manera los embargos y frustrando la ejecución de los fallos judiciales.

Aunque el decreto de la Fiscalía no alude a ello, tanto Rodríguez Ceballos como la letrada Eva Gutiérrez, del despacho Canarian Legal Alliance, denunciaron a finales del año pasado, además de esta treta para esquivar los pagos, el vaciado de las cuentas de esas sociedades con el mismo objetivo. Lo hicieron tras constatar que desde finales de 2014 hasta la actualidad han desaparecido de esas cuentas corrientes millones de euros y que los saldos han quedado prácticamente a cero a pesar de que la actividad del negocio del timesharing ni ha cesado ni ha disminuido, según consta en las memorias anuales del grupo turístico.

La información patrimonial revela que Anfi Resorts y Anfi Sales acumulaban más de 13 millones de euros en las entidades financieras un mes antes de que el Supremo se pronunciara por primera vez y fijara doctrina sobre las ventas de por vida de semanas turísticas, una práctica que institucionalizó la empresa fundada por el noruego Bjorn Lyng a pesar de que la Ley 42/1998, de aplicación en el aprovechamiento por turnos, limitara su duración a 50 años. En diciembre de 2017 esos 13 millones habían quedado ya reducidos a 400.000 euros y en los últimos 18 meses la cifra ha disminuido más.

En lo que respecta a la ocultación de bienes, el motivo por el que ha presentado la denuncia, la Fiscalía recuerda en su decreto que la última redacción del Código Penal sanciona, en su artículo 258, a los deudores que dejen de facilitar esa información para dilatar, dificultar o impedir el cobro de las cantidades por parte de los acreedores. En este caso concreto, el denunciante aportó como ejemplos cinco casos en los que Anfi no ha abonado aún condenas de los años 2017 y 2018, en algunos casos de más de 200.000 euros, a pesar de la existencia de autos y decretos que instan a la empresa a la ejecución de las sentencias bajo apercibimiento de sanciones por desobediencia grave.

La Fiscalía solicita que se abran diligencias previas en los juzgados por estos hechos y que presten declaración en calidad de investigados los representantes legales de Anfi Sales y Anfi Resorts, los miembros de los consejos de administración de ambas sociedades en 2018, el responsable de los servicios jurídicos y la persona encargada de aportar la relación de bienes a los juzgados.

Información entre socios

Coincidiendo en el tiempo con la firma del decreto de la Fiscalía, la cadena IFA, propietaria a través del grupo Lopesan del 50% de las acciones de Anfi tras la compra de las participaciones a los herederos de Bjorn Lyng en septiembre de 2016 por 41 millones de euros, informaba en su reunión general anual, celebrada en la ciudad alemana de Duisburgo, que su socio, Santana Cazorla, no solo le ha impedido la participación activa en la toma de decisiones, sino que, además, está reteniendo información y ocultándosela a la otra parte del grupo.

Los hermanos Santana Cazorla, Santiago y Manuel, tienen la denominada acción de oro en Anfi, lo que significa que su voto es decisivo y vale el doble en caso de desavenencias entre socios.

Según informa el portal Inside Timehsare, Anfi ha reservado 15 millones de euros para hacer frente a las condenas por irrregularidades en la venta de estos productos turísticos. Canarian Legal Alliance cifra las cantidades reclamadas por este concepto en 57 millones de euros.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a José María Hernández de León, ex jefe de Costas de la Demarcación de Canarias, a tres años de cárcel y a 3.600 euros de multa por un delito de falsedad en documento oficial y a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación, en relación a la regeneración de la playa de Tauro, en el municipio de Mogán (Gran Canaria), y la explotación de sus servicios.

Así, según recoge el fallo de la sentencia, se ha considerado probado que el ex jefe de Costas de Canarias autorizó el inicio de las obras de la playa de Tauro “a sabiendas de que no estaba cumpliendo” con la Orden Ministerial de la concesión de Ocupación de 11.200 metros cuadrados como Dominio Público Marítimo Terrestre, del 1 de octubre de 2015, con destino a la regeneración de la laya de Tauro y la explotación de los servicios de temporada.

En este sentido, expone que el acusado “era consciente” de que “no se cumplían” las condiciones impuestas ni el 4 de febrero de 2016, cuando se autorizó el indicio de las obras, ni con posterioridad.

El actual jefe de demarcación de Costas en la provincia de Las Palmas, Rafael López Orive, ha cuestionado este miércoles la autorización que uno de sus antecesores en el cargo , José María Hernández, para quien la Fiscalía pide tres años y medio de cárcel y diez meses de inhabilitación por prevaricación y falsedad en documento oficial, concedió en febrero de 2016 para el inicio de las obras de regeneración de la playa de Tauro, en Gran Canaria, un proyecto promovido por el conocido empresario Santiago Santana Cazorla a través del Grupo Anfi.

López Orive, que ha ocupado el cargo en tres etapas diferentes, aseguró durante su declaración como perito en la primera sesión del juicio en la Audiencia Provincial que ese permiso debía estar supeditado al cumplimiento de las condiciones fijadas en el pliego del concurso, una circunstancia que, en su opinión, no se daba en este caso. Según el jefe de Costas, Anfi solo había entregado al Estado 600 metros cuadrados de los 3.811 que había comprometido en el proyecto autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente en octubre de 2015, aproximadamente un 15%. Esta aportación al dominio público de terrenos privados contiguos a la playa había sido un factor determinante para que Anfi se llevara la concesión frente al otro licitador, Miguel Cazorla.

El actual jefe de Costas, que sustituyó en julio de 2016 a Hernández, destituido a raíz de las irregularidades detectadas en Anfi Tauro, expuso esta discrepancia en un informe elaborado a los dos meses de acceder al puesto. Según explicó a la Sala, López Orive inspeccionó las obras y ordenó un levantamiento topográfico para concluir que, de los 3.811 metros cuadrados comprometidos a cambio de la concesión, Anfi solo había aportado unos 600 y había hecho obras en otros 600 de los que no existía constancia oficial de que hubiesen sido entregados a la administración pública. El resto, más de 2.000 metros cuadrados, estaba ocupado -y lo sigue estando- por viviendas, una desaladora, un restaurante...

López Orive remarcó que las prescripciones del pliego establecían que, antes de firmar las actas de entrega y replanteo de obras (los dos documentos por los que está acusado Hernández), los terrenos debían estar delimitados tanto física como jurídicamente (propiedad, cargas...), por lo que los trabajos no debieron comenzar. El perito ha rechazado el principal argumento de la defensa, según el cual Anfi aportó dos parcelas discontinuas (del mojón 7 al 8 y del 10 al 13), ubicadas a ambos lados del barranco de Tauro, para cumplir con este compromiso. El jefe de Costas recordó que, según la prescripción K, la empresa debía entregar esos 3.811 metros cuadrados en la zona solicitada en la concesión, es decir, los ofrecidos, la franja continua y paralela a la línea del mar que une el mojón 7 con el 14, área en la que se encuentran las mencionadas edificaciones. “Tenía que estar fijado donde estaba el proyecto. Las olas no entienden de esquinas”, ha aseverado López Uribe en referencia a la especie de ‘U’ formada por Anfi tras depositar arena del Sáhara en esas dos parcelas ubicadas en los extremos de la playa.

“Una encerrona”

Por su parte, el acusado, José María Hernández, ha defendido su actuación en la autorización de las obras de la playa de Tauro y ha dicho sentirse víctima de “una encerrona” por parte de uno de sus subordinados, el ingeniero que advirtió de una serie de irregularidades que hacían inviable la firma del acta de replanteo (las vinculadas a la entrega de los terrenos, la presencia de mojones desplazados, de uno de ellos en el interior de una de las viviendas, una invasión puntual del dominio público, la carencia de canalizaciones de saneamiento para los quioscos, falta de documentación....), y de su superior jerárquica, la subdirectora de Costas, Josefa Solernou, que en una inspección posterior constató todos esos incumplimientos y ordenó al delegado provincial depurar la situación física y jurídica de esos terrenos.

Hernández ha defendido que actuó en virtud de la orden ministerial del 1 de octubre de 2015 que establecía que los terrenos aportados por la empresa concesionaria se ajustaban a lo recogido en los pliegos, según la documentación aportada por Anfi y a pesar de que posteriormente, sobre el terreno, el ingeniero a sus órdenes constató los mencionados impedimentos para comenzar las obras. El exjefe de Costas atribuye a este trabajador, que lo había denunciado por acoso laboral (causa finalmente archivada), el origen de sus problemas. Sostiene que su único interés durante la tramitación del expediente de Tauro fue paralizar el proyecto y que se trataba de un empleado “problemático y quejoso”.

El procesado explicó que las objeciones puestas de manifiesto por su subordinado eran subsanables y no tenían suficiente enjundia como para paralizar una obra de esa envergadura, “una perita en dulce” que llevaba once años atascada, según sus propias palabras. Por ello, no dudó en firmar una primera acta de replanteo sobre el terreno, en la misma playa, y autorizar verbalmente el inicio de las obras. Tanto el ingeniero de Costas como la responsable de Patrimonio, del Ministerio de Hacienda, se negaron a hacerlo. El primero por las irregularidades advertidas. La segunda, porque una de las fincas aportadas por Anfi no estaba inscrita en el registro. Sin embargo, según manifestaron varios testigos en la sesión de este miércoles, ese documento apareció esa misma mañana tras unas gestiones de Santana Cazorla, lo que permitió, según la versión de la defensa, firmar una segunda acta esa misma tarde en la que se daban por solventados los impedimentos expuestos por los trabajadores. Para la Fiscalía de Medio Ambiente, esa aseveración supone una falsedad, puesto que los problemas puestos de manifiesto entonces aún perduran a día de hoy, con las obras paralizadas y sendos expedientes de caducidad y sancionador abiertos a la empresa concesionaria.

“Por eso me fui a Marruecos”

En el juicio contra Hernández también ha declarado, en calidad de testigo, el promotor, Santiago Santana Cazorla, quien ha afirmado que las trabas con las que se topó para desarrollar el proyecto fueron “la gota que colmó el vaso” de su paciencia en Canarias y la razón de su exilio a Marruecos. “Llevaba once años tratando de sacarlo adelante”, ha manifestado el empresario, que ha defendido que las parcelas finalmente aportadas, que no coincidían con las ofrecidas en el plano “orientativo” del proyecto, fueron fruto de las negociaciones que personalmente mantuvo con altos cargos de Costas en Madrid.

Santana Cazorla se jactó de que el discurso que habría pronunciado ante los responsables de autorizar la obra la mañana del 4 de febrero de 2016 fue clave para que se firmara el acta de replanteo y se iniciaran los trabajos. El promotor atribuye lo sucedido en Anfi Tauro a “una cuestión política o enfrentamiento entre técnicos”. “No puedo entenderlo en la vida. Estoy asustado en esta isla. Aquí no se puede trabajar”, ha concluido.

Entre la decena de testigos se encontraba también Enrique Hernández Bento, ex subsecretario de Estado de Industria, Energía y Turismo y ex delegado del Gobierno de España en Canarias, que participó en esas negociaciones para desbloquear el proyecto para la regeneración de la playa.

El juicio continuará el jueves 23 de mayo con las declaraciones de las entonces directora y subdirectora de Costas.

Los futbolistas Leo Messi (FC Barcelona) y David Silva (Manchester City) apadrinan la octava edición del Torneo Benéfico Pequeño Valiente, a favor de niños afectados por el cáncer, que se llevará a cabo este sábado en las instalaciones del Anfi Tauro, en Mogán (Gran Canaria).

El torneo estará igualmente apadrinado por los futbolistas Luka Modric (Real Madrid) y Joaquín Sánchez (Real Betis), quienes cederán camisetas y balones firmados para que sean sorteados entre los asistentes, según indican fuentes de la organización.

El Grupo Anfi organiza una competición que tiene como principal fin recaudar fondos para una asociación que está integrada por padres con hijos afectados por el cáncer.

El futbolista grancanario David Silva, que el pasado domingo conquistó la Liga inglesa, ha asegurado que para él “siempre es un orgullo y un placer colaborar con esta causa”.

La prueba golfista se desarrollará bajo la modalidad 'shot gun' y el precio del 'green fee' será de 50 euros, y la recaudación se destinará a proyectos que velen por la salud de los niños, concluye la fuente.

La aportación de arena para transformar Tauro de una playa de callaos a una de fina arena saharaui rubia afectó a la cercana Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Franja Marina de Mogán, en Gran Canaria, según un estudio llevado a cabo durante las obras realizadas en 2016 por el Grupo de Investigación en Biodiversidad y Conservación, integrado en el Instituto Universitario EcoAqua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). En concreto, la arena llegó a perjudicar tanto a los arrecifes como a los sebadales de esta ZEC. Se trató de unas obras que, además, se realizaron sin la evaluación ambiental exigida por el Gobierno de Canarias y que transformaron la playa, que pasó de 180 metros a 280 metros de largo, y su ancho, de un promedio de entre 10 y 18 metros, a entre 30 y 50 metros.

Como explica el Ministerio de Transición Ecológica en su web, la Franja Marina de Mogán, situada a 300 metros de la ribera de la playa, tiene cerca de 30.000 hectáreas y se extiende a lo largo de la costa suroeste de Gran Canaria. Es una zona caracterizada por tener fondos someros y arenosos que cuenta con extensas zonas de sebadales (especie catalogada como de interés para los ecosistemas canarios en el catálogo de especies protegidas), además de poblaciones de algas verdes. También se caracteriza por un fondo con arrecifes. Su fauna está compuesta por macroinvertebrados, principalmente donde existen estructuras rocosas con cobertura de algas. Dentro de la comunidad de peces destacan especies como el caballito de mar, la vieja o la salema. Además, supone un importante punto de alimentación y descanso de cetáceos grandes y medianos, como el delfín mular, el delfín moteado, el delfín común, el calderón gris o el rorcual común, aparte de ejemplares como la tortuga boba y la tortuga verde.

En el informe, al que ha tenido acceso este periódico tras reclamarlo al Comisionado de Transparencia de Canarias después de que el Gobierno de Canarias incumpliera el plazo para resolver la solicitud hecha a través del Portal de Transparencia, se recoge que “la afección a las comunidades y especies marinas del entorno ha quedado constatada, aunque al ser una visita puntual no se ha podido determinar el grado de afección o regresión que dichas comunidades marinas pueden experimentar por causa de las actuaciones relacionadas directamente con las obras”. Los estudios se hicieron el 26 de mayo de 2016, mes en el que comenzaron las obras.

La arena era traída en camiones, que la vertían en la parte alta de la playa; después varios tractores la distribuían hasta penetrar en el agua, lo que provocaba gran cantidad de sedimentos finos en la orilla, desde donde eran transportados por el oleaje y las corrientes mar adentro. También se constató una gran cantidad de “finos en suspensión” en toda el área prospectada, en especial en la bahía de Tauro, e incluso llegaron a alcanzar el interior de los diques de la playa de Amadores.

“Tanto frente a la bahía de Tauro como frente a la playa de Amadores, la dispersión de finos penetraba en el interior de la Franja Marina de Mogán”, recalcan las observaciones del documento. Los encargados del estudio, además de realizar la observación en superficie, también realizaron tres inmersiones para ver los efectos de las obras en las comunidades biológicas marinas. Aunque se constata que la poca visibilidad era en la zona más cercana al dique de Amadores, los buzos pudieron ver que en el arrecife situado en la zona protegida, aunque la visibilidad era mayor, “se aprecian los efectos de sedimentación sobre los organismos y hábitats bentónicos”. En la tercera inmersión, realizada ya frente a la playa de Amadores, se pudo ver cómo en la zona de sebadales y algas típicas de la ZEC, la visibilidad no era clara por la presencia de sedimentos finos en suspensión.

“Es importante resaltar que tanto el vertido como la posterior dispersión de esos sedimentos finos pueden tener efectos negativos sobre la biota marina en general”, señalan las conclusiones preliminares del estudio, que prosiguen diciendo que “en primer lugar, provocan una atenuación de la penetración de la radiación luminosa, disminuyendo la capacidad fotosintética de las plantas, tanto de las algas como de las fanerógamas marinas. Dependiendo del tiempo de la duración del evento, puede provocar una disminución de la vitalidad de las plantas, incluso la muerte y la desaparición”. A ello agregan que las partículas de sedimentos en suspensión “también pueden provocar abrasión y daños en las estructuras de las algas y las hojas de las fanerógamas”.

“Estos aportes de arena pueden producir fenómenos de eutrofización en el caso de que se produzca un aporte de nutrientes al medio marino, provocando en este caso la aparición y crecimiento de epífitos sobre las fanerógamas, con efectos negativos sobre estas plantas al reducir su capacidad fotosintética, debilitando en última instancia las plantas”, indica el documento. Pero no solo a las plantas la arena saharaui afectó porque las conclusiones apunta que los invertebrados, “sobre todo los filtradores, pueden verse afectados por el exceso de sedimentación al obstruir el exceso de partículas los órganos de respiración y alimentación”.

Además, insiste el estudio en que “el vertido y suspensión de sedimentos finos asociados a la arena implica una drástica reducción de la penetración de la luz y un notable incremento en la sedimentación de las comunidades bentónicas. Estos efectos negativos en la calidad ambiental permanecen en el tiempo, más allá del periodo de ejecución de la obra en la línea de playa. La entrada de esos sedimentos finos conlleva la introducción de minerales y otros compuestos inorgánicos, que pueden afectar a la fisiología de los organismos presentes en la zona considerada”, finaliza el escrito.

Obras iniciadas sin informe de impacto medioambiental

En Tauro se aportaron 70.000 toneladas que llegaron desde el Sáhara, aunque en un principio estaba previsto que fueran de la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, en una obra que se inició en mayo de 2016. Un año antes, en julio de 2015, en el Informe Técnico sobre la solicitud de la concesión administrativa para la ocupación del dominio público marítimo terrestre el Gobierno de Canarias concluía que el proyecto debería someterse al procedimiento de evaluación ambiental.

En junio de 2016, con la obra ya comenzada, la viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez, firmó un informe, basado en el trabajo hecho por la ULPGC, en el que advertía a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de que “se prevé un incremento en la turbidez del agua, así como la alteración de otros parámetros físicoquímicos de la misma, por lo que existe un riesgo de afección a las comunidades próximas, entre ellas, los sebadales que se encuentran tanto dentro como fuera de la ZEC próxima”.

Así, el Gobierno de Canarias solicitaba que el proyecto, ya iniciado, debía evaluar “este tipo de afección y presentar las medidas correctoras oportunas o ser modificado para evitar afectar a este hábitat de la Red Natura 2000”. También reclamaba que se realizara un seguimiento ambiental de las praderas fanerógamas marinas próximas “antes y después de la fase de obra”.

Por todo esto, la viceconsejera también concluía que era necesario que el proyecto se procediera a una evaluación de impacto ambiental simplificada. Desde el Ministerio, y a reiteradas peticiones formuladas por este periódico en los últimos meses sobre este asunto, no han respondido sobre si la evaluación se realizó, aunque previsiblemente no se ha hecho teniendo en cuenta que el escrito del Gobierno de Canarias se realizó con las obras iniciadas.

Estas irregularidades se unen a la imputación del por entonces jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, José María Hernández de León, a quien la Fiscalía le pide tres años de cárcel porque permitió que estas obras comenzaran a sabiendas de que Anfi Tauro no había cumplido con las condiciones que se le exigían y después falsificó documentos para aparentar que todo era legal y que había cumplido las instrucciones del Ministerio.

Nueva Canarias Mogán ha solicitado al Ayuntamiento una copia del expediente que permitió a la empresa catalana Desokupa derribar el pasado mes de julio varias chabolas en la playa de Tauro.

La concejala del partido nacionalista, Isabel Santiago, explica que vecinos de esta playa se han puesto en contacto con ella para transmitirles su “preocupación” por el modo en el que se produjo el derribo.

Los vecinos transmitieron a la concejala que ningún responsable el Ayuntamiento de Mogán estuvo presente en el momento del derribo para comprobar, al menos, si la empresa contaba con todos los permisos necesarios para llevar a cabo las acciones de demolición.

A Santiago le sorprende las declaraciones de la alcaldesa, Onalia Bueno, quien declaró que el Ayuntamiento “no tiene nada que ver en este asunto”. La concejala nacionalista recuerda que es precisamente esta administración la que debe haber dado la autorización para que se produjeran los derribos.

Además, la concejala entiende que el Consistorio debió de comprobar, antes de haber dado la autorización para los derribos de las 13 chabolas, la situación social de sus ocupantes pues parece que al menos tres de ellos no tenían otra vivienda, lo que les ha obligado, al menos a uno de estos, a instalarse en una tienda de campaña bajo el puente del barranco de Tauro.

Nueva Canarias ve “vergonzoso” que los servicios sociales no hayan intervenido en el derribo a través de la emisión de informes sociales que recojan la situación de cada una de las personas afectadas.

Por este motivo, y para esclarecer los hechos y las responsabilidades políticas a las que haya lugar, Isabel Santiago ha solicitado por escrito a la concejala de Servicios Sociales el acceso y copia de los informes que debe haber emitido el departamento que dirige sobre los ocupantes de las chabolas.

“Este hecho es muy grave porque de lo que se está hablando es del conflicto que surge entre el derecho constitucional a poseer una vivienda digna y el derecho a la propiedad, y de las herramientas con las que se cuenta para hacer efectivo un derecho sobre el otro”, explica Santiago.

“No se puede consentir, por muchos permisos que puedan tener, actuar de este modo, sobre todo porque algunas de las personas afectadas se han quedado literalmente tiradas en la calle”, concluye la concejala.

La empresa Desokupa, especializada, mediante la amedrentación, en el desalojo de viviendas, ha derribado esta semana varias chabolas situadas en la playa de Tauro, en concreto en la zona trasera del restaurante Vistamar.

Según explican desde la Asociación de Vecinos de Tauro y Playa de Tauro, la presencia de representantes de esta empresa en la zona ha incomodado por sus prácticas intimidatorias. Como muestra de ello, el vídeo en el que uno de los representantes de Desokupa se graba diciendo “os hemos avisado, con Desokupa no se juega, chabolas a tomar por culo”, instantes antes de que una excavadora se preparara para el derribo.

“No nos parece aceptable que se utilicen estos métodos intimidatorios que buscan amedrentar. Se fueron diciendo que volveremos, chabolas fuera”, aseguran desde la asociación.

Según uno de los vecinos de la zona, las infraviviendas estaban situadas en terrenos que son propiedad de Anfi. Sin embargo, desde el Grupo Anfi no han querido dar su versión. Su portavoz solo ha señalado que “no puedo decir nada”. Mientras, el Ayuntamiento tampoco ha querido concretar nada sobre lo sucedido ni explicar quién ha podido contratar a esta empresa, emplazando a contactar con ellos la semana que viene.

En declaraciones a Canarias 7, uno de los representantes de Desokupa ha dicho que “la compañía ha conseguido reubicar a las personas que vivían allí y les hemos conseguido dinero. Mucha gente nos ha atacado por quitar las chabolas, pero el ayuntamiento tenía un permiso de demolición porque los terrenos son privados. Somos una compañía legal, que hace todos los trabajos de forma pacífica y en regla”.

El gobierno de Mogán ha rechazado la propuesta de Nueva Canarias para desbloquear la situación de la playa de Tauro. En el pleno de este viernes, la concejala Isabel Santiago propuso a Ciuca-Psoe llevó una moción que tenía como objetivo instar al Ministerio de Medio Ambiente a agilizar los trámites de la apertura de la playa de Tauro y dar respuesta a la situación de desamparo en la que quedarían los vecinos ante una posible expropiación de sus viviendas. Además, la formación volvió a manifestar su rechazo al expolio de recursos al que se ve sometido el pueblo saharaui.

Nueva Canarias denuncia en un comunicado que la regeneración de la playa de Tauro ha provocado una situación contraria al efecto pretendido. “El cierre y la indefinición administrativa están dañando la imagen de Mogán y de Gran Canaria a la vez que supone la imposibilidad del disfrute de la playa por todos quienes visitan el municipio”, subraya la concejala.

La portavoz de la formación nacionalista pidió al pleno una declaración unánime en este sentido y reprocha que la respuesta del gobierno fuer “decir que todo el trabajo sobre la playa ya estaba realizado y que no procedía adoptar acuerdo alguno por el pleno”.

Para NC, la manifestación unánime del pleno habría servido para reforzar la unidad de todos en la petición de la solución de un problema que afecta al municipio. Además, Santiago subrayó la falta de seguridad con la que viven los vecinos de Tauro ante el bloqueo de las posibles vías de evacuación en la zona ante cualquier situación de emergencia.

La portavoz nacionalista recordó que hace poco se produjo una situación de urgencia sanitaria y la ambulancia no pudo llegar hasta la zona en la que se encontraba la persona afectada. Además, destacó la situación de desamparo en la que quedan todos los vecinos ante posibles expropiaciones que les dejarían sin sus viviendas.

Isabel Santiago defendió este viernes la vigencia del convenio urbanístico que el exaclade Antonio santana Flores firmó en el año 2000 con Anfi-Tauro por el que la mercantil se comprometía a construir 85 viviendas para los vecinos que se viesen afectados por la ejecución del Plan Parcial de Tauro sector 17, cuya validez encuentra su amparo en dos sentencias del Tribunal Supremo del 22 y 23 de julio de 2010.

La concejala nacionalista planteó elevar al Gobierno de España la petición para que, al igual que ha hecho el Gobierno Belga, prohíba a las empresas españolas comercializar con quien no ejerce derecho alguno sobre los recursos de un tercero, en este caso el pueblo saharaui.

Para NC, “el rechazo de esta moción muestra el desprecio más absoluto del bipartito de Mogan por la defensa de aquello que es justo, como es la apertura de la Playa y la defensa de los derechos de los vecinos, así como impedir el expolio de los recursos de un pueblo que sólo pide libertad”.

El Gobierno de España ha abierto un expediente para declarar la nulidad del acta de replanteo de la concesión de la playa de Tauro a la empresa Anfi Tauro S.A., al considerar que la misma puede ser “lesiva” para el interés público.

Las obras de la playa finalizaron en diciembre de 2016, pero la misma sigue sin inaugurarse por orden judicial, debido a las irregularidades detectadas en su construcción. De declararse la nulidad del acta, el proceso podría terminar con la apertura de un nuevo concurso. 

La directora general de la Oficina Española de Cambio Climático Valvanera Ulargui, informa Canarias 7, firmó la incoación del procedimiento al apreciar irregularidades en el acta de replanteo firmada el 4 de febrero de 2016 por el exjefe de la Demarcación de Costas en Canarias José María Hernández , el representante del concesionario Santiago Santana Cazorla y el director de los trabajos, Javier Gil González.

Hernández fue destituido después de que trascendiera de que había informado al Ministerio de Medio Ambiente de que las anomalías en el proyecto de Tauro habían sido resueltas de inmediato, obviando un informe de un ingeniero de su departamento que decía lo contrario. 

Lo ocurrido en el enclave del sur grancanario está siendo investigado por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas tras las pesquisas iniciadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que estudia la concesión para transformar la desembocadura del barranco del municipio de Mogán. El Ministerio público pide tres años de cárcel para el exjefe de Costas de Canarias por la obra.

El caso se inició a raíz de una denuncia de la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción en la que se alegaba que Tauro está situado a escasos 300 metros de la Zona Especial Conservación (ZEC) Franja Marina de Mogán y que los sebadales presentes en esta área se han visto afectados debido al movimiento y aportación de áridos de la obra, en total 70.000 toneladas de arena rubia que han sido traídas en barco desde el Sáhara.

Ulargui punta cuatro posibles vicios en el acta de replanteo, según indica Canarias 7: los terrenos “no se corresponden con los comprometidos e identificados en el título concesional”; las inscripciones registrales presentadas por el concesionario para acreditar la titularidad de los terrenos “no se corresponden con la finca objeto de cesión, sino con una finca de mayor tamaño que los integra y sobre la que obran cargas y gravámenes”; no consta que las mencionadas fincas sean propiedad exclusiva del concesionario, “constando una participación del Ayuntamiento” y, por último, los terrenos “están afectados por ocupaciones puntuales”.

Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Mogán lleva al pleno de este mes de diciembre una moción en la que pide al grupo de gobierno que desbloquee la situación de la playa de Tauro, finalizada en diciembre de 2016 pero todavía sin inaugurarse por orden judicial debido a las irregularidades detectadas en su construcción.

En la moción se insta a la Dirección General de Costas a que agilice los trámites oportunos “que permitan abrir de forma inmediata y segura” la playa al uso de los ciudadanos de Gran Canaria.

También se le pide a la alcaldesa de Mogán que “inicie los trámites oportunos para la elaboración y puesta en marcha de un plan de vivienda para los vecinos de Tauro”, que están en situación de “desamparo” porque “tendrán que abandonar” sus casas a pesar de que hay vecinos que llevan residiendo en la zona desde hace 40 años.

Por ello también se le solicita a la alcaldesa que “dé las órdenes oportunas a la Concejalía de Vivienda y Servicios Sociales para que, de forma coordinada con la Consejería de Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, elabore las bases que fijen los requisitos que deberán cumplir los vecinos que se pueden beneficiar del plan de viviendas”.

Así mismo, el grupo liderado por Isabel Santiago también aboga por que se cree una comisión municipal que haga seguimiento de las acciones que se deriven de la ejecución de la moción y que esté compuesta por una representación de los vecinos de Tauro y los portavoces municipales.

A todo esto suma una petición al Ayuntamiento relacionada con el origen de la arena expoliada del Sáhara para que la administración inste a la Comisión Europea a que ejecute la sentencia que declara ilegal la importación de productos saharauis sin permiso del pueblo saharaui y para que se inste al Gobierno de España “a que prohíba a las empresas españolas comerciar con Marruecos cuestiones relacionadas con el Sáhara Occidental sin el consentimiento expreso del Frente Polisario”.

Hace casi un año, el 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló que la entrada de productos agrícolas y pesqueros saharauis en la Unión Europea no puede hacerse sin el acuerdo del pueblo saharaui y no puede beneficiarse de ninguna de las preferencias acordadas en el marco de los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y Marruecos, ya que este carece de cualquier tipo de soberanía sobre los territorios ocupados en el Sáhara Occidental. Medio año antes de esta sentencia llegaba al Puerto de Arinaga dos veces cada semana el buque de bandera neerlandesa DC-EEMS cargado de arena saharaui con un destino: la playa que Anfi remodelaba en Tauro y que hoy en día, a pesar de que los trabajos ya se acabaron, no está abierta debido a la suspensión de la concesión administrativa de la Demarcación de Costas tras encontrarse varias irregularidades a la hora de otorgarse a la empresa los permisos. Según señalan desde la empresa del sector turístico, aunque en un principio en el proyecto se preveía arena de la playa de Las Canteras, tras ver que esta no cumplía con las garantías, decidieron en el proyecto se preveía arena de la playa de Las Canterasencomendarle la búsqueda de la misma a la empresa Galway Marine, que la trajo desde el desierto africano.

Mientras que los políticos canarios han pasado este expolio de arena por alto, fuera de las Islas el tema está llegando a diferentes cámaras tanto nacionales como internacionales. En el Senado el senador Iñaki Bernal, de Unidos Podemos, registró el pasado mes de julio una batería de preguntas dirigidas al Gobierno en las que pedía explicaciones por la utilización de esta arena registró el pasado mes de julio una batería de preguntas dirigidas al Gobierno en las que pedía explicaciones por la utilización de esta arenay que todavía no está respondida. Igual suerte ha corrido la europarlamentaria de Izquierda Unida Paloma López, quien a mediados de septiembre dio entrada en la Comisión Europea a varias cuestiones que tampoco han sido respondidas en las que, entre otras cosas, ponía el ojo en las medidas que exigirá la Comisión ponía el ojo en las medidas que exigirá la Comisión para asegurar que las autoridades nacionales impidan el expolio de los recursos naturales del pueblo saharaui, ante el incumplimiento de la legislación internacional y la sentencia del TJUE. Sin embargo, no solo políticos nacionales se han preocupado por el caso de la arena de Tauro ya que desde la Embajada de los Países Bajos en España se pusieron en contacto en verano con la Guardia Civil, a raíz de una investigación realizada por a raíz de una investigación realizada por The Guardian que tuvo repercusión en la tuvo repercusión en la prensa del país, para poder responder a una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al por entonces ministro de Exteriores, Bert Koenders, debido a que el barco DC-EEMS pertenece a la empresa neerlandesa EemsWerken. La respuesta de Koenders, en líneas generales, indicaba que el Ejecutivo no tenía constancia de ninguna denuncia sobre violación de la legislación del país, española o europea, y que desde los Países Bajos se recomienda no hacer negocios en el Sáhara sin que se beneficie a la población original.

Para Florent Marcellesi, eurodiputado de Equo, con el expolio de arena saharaui existen dos prismas que se deben aplicar, por un lado el jurídico y por otro el político. Sobre el jurídico entiende que aunque la sentencia del TJUE está relacionada con los productos agrícolas y pesqueros, y por tanto la arena queda fuera de ella, sí se han marcado precedentes y jurisprudencia que se deben aplicar al punto de vista político y ético “para recordar que según el TJUE el Sáhara Occidental no es un territorio marroquí, es un territorio distinto y separado” y que por tanto cualquier acuerdo de asociación tiene que contar con el consentimiento explícito del pueblo de Sáhara Occidental. “No estamos hablando de beneficios, como se suele hacer, sino de consentimiento, es un asunto democrático y al mismo tiempo no hablamos de las poblaciones locales sino del pueblo saharaui, que es diferente porque con poblaciones locales podrían ser los colonos, hablamos del pueblo con derecho a decidir sobre el futuro del Sáhara Occidental”.

Pero Marcellesi también cree que este tema hay que tratarlo desde un punto de vista ético ya que “si entendemos esta jurisprudencia a cualquier tipo de producto que se extrae desde el Sáhara Occidental, como la sal, la arena o fosfato, desde luego tenían que contar con la misma jurisprudencia, es decir, por un lado el territorio del Sáhara Occidental no pertenece a Marruecos, es un territorio no autónomo y en proceso de descolonización y por tanto no puede hacerse dentro de un marco de comercio entre la Unión Europea y Marruecos”, reclama, y subraya que en el caso de los áridos se trata de un comercio que desde el punto de vista internacional es ilegal porque es un expolio no consentido.

El político francés opina que las empresas encargadas de traer la arena para Tauro, es decir, Anfi y Galway Marine, son partes implicadas en el conflicto del expolio y pone de ejemplo una compañía danesa que decidió dejar de importar sal saharaui tras la sentencia. “No se puede decir que son los demás, no, una vez que se ha decidido comerciar con estas normas y reglas con el Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí, las empresas empiezan a ser parte de la ocupación marroquí”. Por tanto, llama a las compañías relacionadas con la arena de Tauro “a ponerse en contacto con el Frente Polisario y preguntarle y pedirles su consentimiento, si lo tiene podrán seguir adelante, si no fuera este el caso tendrán que retirarse para no ser parte del expolio del Sáhara Occidental”.

Sobre una posible batalla judicial contra las dos empresas, el representante de Equo sostiene que el Frente Polisario debería valorarla “para recordar que hay una ley, una sentencia, que marca precedentes y que las empresas pueden acabar en los juzgados simplemente porque todas las empresas tienen que respetar el derecho internacional”. Por el contrario, el senador Iñaki Bernal estima que hasta que no se transponga la directiva europea al territorio español, algo que suele tardar años, acudir a la vía judicial es optar por un proceso “que sabes que no lo vas a ganar”. “Hasta que no se transponga esa normativa europea a territorio español no es de ejecución obligada, entonces [las empresas] se aprovechan del limbo legal”, advierte.

Por su parte, Paloma López recuerda que con la arena saharaui existe un “absoluto negocio, muchas veces oculto y de una forma muy irregular”. La eurodiputada recalca que está a la espera de la contestación para pedir responsabilidades sobre lo que está sucediendo y que afecta a la playa del suroeste grancanario y que, aunque sabe que la sentencia del TJUE es posterior a la construcción, avanza que estará atenta a lo que suceda en el futuro cuando esta necesite más aporte de áridos. También apunta que por ahora no existe ningún precedente de empresas que hayan sido sancionadas por comerciar con productos saharauis sin permiso del pueblo, pero en cambio sí que existen países que se han negado a descargar material proveniente del Sáhara.

López también se preocupó por otro caso ocurrido en España con arena saharaui de por medio. En mayo de este año en Baleares tuvo repercusión la llegada de un buque con 35.000 toneladas de áridos destinados a tareas de mantenimiento de un campo de golf en Calvià. En este caso las preguntas registradas en la Comisión Europea sí fueron respondidas por Pierre Moscovici, actual comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas. El político francés señaló que las autoridades aduaneras, en caso de dudas razonables sobre el origen de los bienes, “deberán realizar investigaciones de conformidad con las disposiciones de cooperación administrativa establecidas en el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos” y que desde la Comisión se está trabajando “de la mejor manera” para dar aplicación a la sentencia del Tribunal, “teniendo en cuenta la duradera asociación entre la UE y Marruecos, así como los intereses de la población del Sáhara Occidental, y a fin de mantener los intercambios comerciales en un contexto de seguridad jurídica. Con tal propósito, el Consejo ha autorizado a la Comisión a negociar un acuerdo sobre la adaptación de los protocolos del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos”.

Precisamente esta negociación es la que preocupa ahora a los dos eurodiputados, quienes denuncian el ocultismo con el que se está haciendo. López manifiesta que el actual mandato de negociación es “confidencial” y por tanto no conocen cómo afectará a la sentencia del TJUE. “Nos tememos que se quiera bordear todo el tema de la sentencia que está establecida sobre los recursos del Sáhara”, acusa. Mientras, Marcellesi indica que Equo ha marcado varias pautas y piden transparencia en esta negociación “totalmente opaca”. “Hemos pedido que la Comisión Europea respete al dedillo la sentencia del TJUE, lo que supone reconocer que el Sáhara Occidental es un territorio distinto y separado y que necesita por tanto un consentimiento del Sáhara Occidental, lo cual significa que la Comisión Europea se tiene que poner en contacto con Marruecos y con el Frente Polisario, que hasta el momento no ha sido el caso, es ahí donde más enfoque estamos haciendo”.

Las empresas ven normalidad en estas importaciones

Anfi, la empresa que promovió la transformación de la desembocadura del barranco de Tauro de una playa de callaos a una de arena rubia, lanza balones fuera sobre su responsabilidad a la hora de formar parte de este expolio. Así, recuerda que en el proyecto que sirvió de base para la concesión administrativa se incluía arena de Las Canteras o de procedencia externa “ se incluía arena de Las Canterassin concretar su origen exacto para que el contratista pudiera acudir al libre mercado, únicamente se explicaba el diámetro de la arena entre 0,25 mm y 1.0 mm de color claro”. Tras descartarse la arena de la capitalina playa, contrataron con la empresa Galway Marine el volumen de arena con las características del proyecto y esta “se encargó de comprarla en el mercado, sin tener nosotros nada que ver con ello”.

Anfi se defiende asegurando que “muchas playas de Canarias tienen el mismo origen y la Administración Pública no se ha manifestando en contra” y que en el Archipiélago la arena saharaui se emplea “no solo para regenerar playas sino para el sector de la construcción, donde es muy habitual su uso”.

Sobre lo que plantea Florent Marcellesi de ponerse en contacto con el Frente Polisario como representante del pueblo saharaui, desde la compañía aclaran no entender “por qué se debe” hacer “si su origen es legítimo” y que en todo caso lo tendría que hacer el contratista. “Es un problema político del país de origen de la arena, no nuestro”, sentencia.

En cuanto a Galway Marine, su responsable es el empresario Manuel Barreto. En declaraciones a Diario de Mallorca en mayo de este año, admitió que lleva 25 años desarrollando estas operaciones y que se trata de una actividad “legal” ya que cuentan “con la autorización de la autoridad, que en estos momentos es la autoridad marroquí”.

En esas declaraciones al diario balear sostuvo que “no hay nada que lo haga ilegal. Quien es competente es el Gobierno español y no lo prohíbe. Así que todo es absolutamente legal” y que la arena se compra a ciudadanos que “son marroquíes legalmente, pero hablo de familias saharauis”.

La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López ha registrado en la Comisión Europea una una serie de preguntas sobre “el expolio de tierra saharaui” para reformar la playa de Tauro.

López recalca que, al constatar que la arena utilizada en la remodelación en la Playa del Tauro, en Gran Canaria, por la empresa Anfi, procede de los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental, se trata “una grave violación del derecho europeo e internacional”.

Tal como recuerda la formación de izquierdas, en diciembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló que la entrada de productos saharauis en la Unión Europea no puede hacerse sin el acuerdo del pueblo saharaui y no puede beneficiarse de ninguna de las preferencias acordadas en el marco de los acuerdos comerciales entre la UE y el Reino de Marruecos, ya que este carece de cualquier tipo de soberanía sobre los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental.

López pretende conocer “qué acciones se están llevando a cabo en relación a este caso, confirmar si desde el Parlamento Europeo hay constancia de la utilización ilegal de arena procedente de los Territorios Ocupados del Sáhara Occidental en otros proyectos en España y qué medidas exigirá la Comisión para asegurar que las autoridades nacionales impidan el expolio de los recursos naturales del pueblo saharaui, ante el incumplimiento de la legislación internacional y la reciente sentencia del TJUE por parte de los Estados Miembros”.

“Una vez más, el pueblo saharaui ve cómo su tierra es usurpada por capricho de países como España, que para nada se ha preguntado cómo va a afectar en el medio ambiente este expolio de arena en el Sáhara o en sus propias costas”, sostiene Izquierda Unida.

La Fiscalía solicita tres años y medio de cárcel para el jefe de la Demarcación de Costas de Canarias hasta el año pasado, por haber autorizado ilegalmente la construcción de una playa artificial en Tauro (sur de Gran Canaria) sin que su promotor hubiera cumplido las condiciones exigidas.

Las obras en cuestión sirvieron al grupo turístico Anfi Tauro para cubrir con 70.000 toneladas de arena lo que hasta entonces era una playa de callaos, en la primer obra de este tipo que la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente autorizaba en el litoral de Gran Canaria en los últimos 25 años.

En el escrito de acusación que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, el fiscal denuncia que el entonces jefe de Costas, José María Hernández de León, permitió que esas obras comenzaran a sabiendas de que Anfi Tauro no había cumplido con las condiciones que se le exigían y después falsificó documentos para aparentar que todo era legal y que había cumplido las instrucciones del Ministerio.

En concentro, la acusación pública demanda que Hernández de León sea juzgado como posible autor de un delito de prevaricación en concurso con otro de falsificación de documento oficial y que sea condenado a tres años y medio de cárcel, diez años de inhabilitación especial para empleos públicos y una multa de 18.750 euros.

La Fiscalía recuerda que el permiso que consiguió el grupo Anfi para transformar esa playa estaba condicionado, principalmente, a que cumpliera con su ofrecimiento de donar al Estado 3.683 metros cuadrados de terrenos en ese mismo enclave, que iban a pasar a formar parte del dominio público marítimo terrestre.

Y subraya que ese ofrecimiento de donación de terrenos al Estado resultó clave para que Medio Ambiente se decantara por su propuesta en lugar de por la presentada por el otro grupo empresarial interesado en transformar esa playa, Miguel Cazorla e Hijos.

Este procedimiento penal fue iniciado a instancias del propio Ministerio de Medio Ambiente, que destituyó a Hernández de León y le denunció ante la Fiscalía tras descubrir que había autorizado el inicio de las obras a pesar de que el ingeniero de la Demarcación le había advertido expresamente de la existencia de graves irregularidades que impedían dar ese permiso al grupo Anfi.

Entre ellas, figuraba el hecho de que este grupo turístico no había cumplido con su obligación de donar los 3.683 metros cuadrados de suelo, sino que había aportado al expediente otra finca mayor que los incluía, pero de la que no era el único propietario.

El fiscal subraya que, pese a esa advertencia, el acusado autorizó verbalmente a las máquinas de Anfi el inicio de las obras.

Sin embargo, el ingeniero que apreció las irregularidades no se dio por vencido y denunció lo ocurrido al Ministerio de Medio Ambiente, lo que motivó que esta enviara a la isla a la subdirectora de Costas, Josefa Solernou, a pedir explicaciones a Hernández de León y comprobar sobre el terreno el estado de la playa.

La acusación pública añade que el acusado incumplió las instrucciones expresas que recibió en esa visita por parte de su superiora y luego redactó una serie de actas y documentos públicos donde reflejaba, falsamente, que las irregularidades se habían solventado y las obras cumplían las condiciones de la concesión.

Sin embargo, la Fiscalía subraya que esas irregularidades persisten incluso a día de hoy, pasado un año, y que Anfi sigue sin entregar al Estado 3.211 de los 3.811 m2 de suelo que comprometió.

El Ministerio Público sostiene que Hernández de León eludió “de forma grosera, por palmaria”, sus obligaciones como jefe de Costas de Canarias, no cumplió con su deber de velar por el respeto de la legalidad, infringió “órdenes concretas” de sus superiores y luego “falseó la realidad” al redactar las actas y planos del expediente.

El temporal de viento y mar que ha afectado este fin de semana a Gran Canaria ha vuelto a tener como protagonista a la playa de Anfi Tauro, todavía no inaugurada a pesar de estar concluida desde este verano. 

Si en agosto la marea inundó las viviendas, este domingo el mar ha invadido los espacios colindantes a estas casas, según un vídeo difundido por Nueva Canarias Mogán.

Para la concejala Isabel Santiago estos hechos son “preocupantes” ya que la construcción del muro de contención por una parte de la playa no supone que la seguridad de los residentes de Tauro esté garantizada.

“Los problemas administrativos que afectan a la playa y la judicialización del proyecto están afectando al día a día de los vecinos, que asisten atónitos a la despreocupación con la que está actuando la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, en un asunto que afecta a residentes de Mogán”, lamenta Santiago.

La política nacionalista ha vuelto a exigir públicamente a Onalia Bueno “que tome cartas en el asunto y que de una vez por todas se preocupe de atender a unos vecinos que tienen los mismos derechos que aquellos promotores a los que tanto defiende”.