La arena saharaui aportada a la playa de Tauro afectó a arrecifes y sebadales protegidos de la costa suroeste de Gran Canaria

La aportación de arena para transformar Tauro de una playa de callaos a una de fina arena saharaui rubia afectó a la cercana Zona Especial de Conservación (ZEC) de la Franja Marina de Mogán, en Gran Canaria, según un estudio llevado a cabo durante las obras realizadas en 2016 por el Grupo de Investigación en Biodiversidad y Conservación, integrado en el Instituto Universitario EcoAqua de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). En concreto, la arena llegó a perjudicar tanto a los arrecifes como a los sebadales de esta ZEC. Se trató de unas obras que, además, se realizaron sin la evaluación ambiental exigida por el Gobierno de Canarias y que transformaron la playa, que pasó de 180 metros a 280 metros de largo, y su ancho, de un promedio de entre 10 y 18 metros, a entre 30 y 50 metros.

Como explica el Ministerio de Transición Ecológica en su web, la Franja Marina de Mogán, situada a 300 metros de la ribera de la playa, tiene cerca de 30.000 hectáreas y se extiende a lo largo de la costa suroeste de Gran Canaria. Es una zona caracterizada por tener fondos someros y arenosos que cuenta con extensas zonas de sebadales (especie catalogada como de interés para los ecosistemas canarios en el catálogo de especies protegidas), además de poblaciones de algas verdes. También se caracteriza por un fondo con arrecifes. Su fauna está compuesta por macroinvertebrados, principalmente donde existen estructuras rocosas con cobertura de algas. Dentro de la comunidad de peces destacan especies como el caballito de mar, la vieja o la salema. Además, supone un importante punto de alimentación y descanso de cetáceos grandes y medianos, como el delfín mular, el delfín moteado, el delfín común, el calderón gris o el rorcual común, aparte de ejemplares como la tortuga boba y la tortuga verde.

En el informe, al que ha tenido acceso este periódico tras reclamarlo al Comisionado de Transparencia de Canarias después de que el Gobierno de Canarias incumpliera el plazo para resolver la solicitud hecha a través del Portal de Transparencia, se recoge que “la afección a las comunidades y especies marinas del entorno ha quedado constatada, aunque al ser una visita puntual no se ha podido determinar el grado de afección o regresión que dichas comunidades marinas pueden experimentar por causa de las actuaciones relacionadas directamente con las obras”. Los estudios se hicieron el 26 de mayo de 2016, mes en el que comenzaron las obras.

La arena era traída en camiones, que la vertían en la parte alta de la playa; después varios tractores la distribuían hasta penetrar en el agua, lo que provocaba gran cantidad de sedimentos finos en la orilla, desde donde eran transportados por el oleaje y las corrientes mar adentro. También se constató una gran cantidad de “finos en suspensión” en toda el área prospectada, en especial en la bahía de Tauro, e incluso llegaron a alcanzar el interior de los diques de la playa de Amadores.

“Tanto frente a la bahía de Tauro como frente a la playa de Amadores, la dispersión de finos penetraba en el interior de la Franja Marina de Mogán”, recalcan las observaciones del documento. Los encargados del estudio, además de realizar la observación en superficie, también realizaron tres inmersiones para ver los efectos de las obras en las comunidades biológicas marinas. Aunque se constata que la poca visibilidad era en la zona más cercana al dique de Amadores, los buzos pudieron ver que en el arrecife situado en la zona protegida, aunque la visibilidad era mayor, “se aprecian los efectos de sedimentación sobre los organismos y hábitats bentónicos”. En la tercera inmersión, realizada ya frente a la playa de Amadores, se pudo ver cómo en la zona de sebadales y algas típicas de la ZEC, la visibilidad no era clara por la presencia de sedimentos finos en suspensión.

“Es importante resaltar que tanto el vertido como la posterior dispersión de esos sedimentos finos pueden tener efectos negativos sobre la biota marina en general”, señalan las conclusiones preliminares del estudio, que prosiguen diciendo que “en primer lugar, provocan una atenuación de la penetración de la radiación luminosa, disminuyendo la capacidad fotosintética de las plantas, tanto de las algas como de las fanerógamas marinas. Dependiendo del tiempo de la duración del evento, puede provocar una disminución de la vitalidad de las plantas, incluso la muerte y la desaparición”. A ello agregan que las partículas de sedimentos en suspensión “también pueden provocar abrasión y daños en las estructuras de las algas y las hojas de las fanerógamas”.

“Estos aportes de arena pueden producir fenómenos de eutrofización en el caso de que se produzca un aporte de nutrientes al medio marino, provocando en este caso la aparición y crecimiento de epífitos sobre las fanerógamas, con efectos negativos sobre estas plantas al reducir su capacidad fotosintética, debilitando en última instancia las plantas”, indica el documento. Pero no solo a las plantas la arena saharaui afectó porque las conclusiones apunta que los invertebrados, “sobre todo los filtradores, pueden verse afectados por el exceso de sedimentación al obstruir el exceso de partículas los órganos de respiración y alimentación”.

Además, insiste el estudio en que “el vertido y suspensión de sedimentos finos asociados a la arena implica una drástica reducción de la penetración de la luz y un notable incremento en la sedimentación de las comunidades bentónicas. Estos efectos negativos en la calidad ambiental permanecen en el tiempo, más allá del periodo de ejecución de la obra en la línea de playa. La entrada de esos sedimentos finos conlleva la introducción de minerales y otros compuestos inorgánicos, que pueden afectar a la fisiología de los organismos presentes en la zona considerada”, finaliza el escrito.

Obras iniciadas sin informe de impacto medioambiental

En Tauro se aportaron 70.000 toneladas que llegaron desde el Sáhara, aunque en un principio estaba previsto que fueran de la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, en una obra que se inició en mayo de 2016. Un año antes, en julio de 2015, en el Informe Técnico sobre la solicitud de la concesión administrativa para la ocupación del dominio público marítimo terrestre el Gobierno de Canarias concluía que el proyecto debería someterse al procedimiento de evaluación ambiental.

En junio de 2016, con la obra ya comenzada, la viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, Blanca Pérez, firmó un informe, basado en el trabajo hecho por la ULPGC, en el que advertía a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de que “se prevé un incremento en la turbidez del agua, así como la alteración de otros parámetros físicoquímicos de la misma, por lo que existe un riesgo de afección a las comunidades próximas, entre ellas, los sebadales que se encuentran tanto dentro como fuera de la ZEC próxima”.

Así, el Gobierno de Canarias solicitaba que el proyecto, ya iniciado, debía evaluar “este tipo de afección y presentar las medidas correctoras oportunas o ser modificado para evitar afectar a este hábitat de la Red Natura 2000”. También reclamaba que se realizara un seguimiento ambiental de las praderas fanerógamas marinas próximas “antes y después de la fase de obra”.

Por todo esto, la viceconsejera también concluía que era necesario que el proyecto se procediera a una evaluación de impacto ambiental simplificada. Desde el Ministerio, y a reiteradas peticiones formuladas por este periódico en los últimos meses sobre este asunto, no han respondido sobre si la evaluación se realizó, aunque previsiblemente no se ha hecho teniendo en cuenta que el escrito del Gobierno de Canarias se realizó con las obras iniciadas.

Estas irregularidades se unen a la imputación del por entonces jefe de la Demarcación de Costas de Canarias, José María Hernández de León, a quien la Fiscalía le pide tres años de cárcel porque permitió que estas obras comenzaran a sabiendas de que Anfi Tauro no había cumplido con las condiciones que se le exigían y después falsificó documentos para aparentar que todo era legal y que había cumplido las instrucciones del Ministerio.