“Desde la prudencia…”, así comienza el tuit con el que Ignacio Urzquizu, diputado del PSOE por Teruel, ha informado de que su grupo parlamentario ha presentado una batería de preguntas sobre lo sucedido entre los pasados 5 y 14 de diciembre en Teruel. Días en los que tres personas fueron asesinadas y otras dos heridas de gravedad por los disparos de Norbert Feher, conocido como “Igor el Ruso”.

El cuestionamiento de los socialistas se suma a las críticas hechas públicas a través de las redes sociales por parte de Eva Febrero, viuda del ganadero asesinado, José Luis Iranzo. Y también de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), sindicato al que pertenecía Iranzo, que acusa a la Guardia Civil de negligencia y anuncia que se personará como acusación particular.

En el documento colgado por Urquizu se hace un breve repaso a lo sucedido desde el día 5, cuando el ciudadano serbio detenido disparó a dos personas; y el 14, día en el que asesinó al ganadero y a dos guardias civiles. En esos días, dice el texto, las poblaciones de Albalate del Arzobispo, Ariño y Andorra “vivieron con el miedo en el cuerpo”. Sus vecinos, continúa el relato de los hechos, “sabían que había una persona merodeando (…), quien hacía pequeños hurtos”. Eran conscientes también, “dado lo sucedido el día 5, de que esta persona estaba armada y no dudó en disparar”.

Son muchas las preguntas, apuntan antes de comenzar los interrogantes, “que se hace la ciudadanía y que merecen ser contestadas”. Seis son las preguntas que el Grupo Parlamentario Socialista plantea:

¿Cuántas denuncias por hurto u ocupación de la propiedad privada se produjeron entre el 4 y el 14 de diciembre en los términos municipales de Albalate del Arzobispo, Ariño y Andorra?, ¿qué medios y efectivos se desplazaron a estos lugares para encontrar al autor de los disparos del 4 de diciembre?, ¿cuántas y qué tipo de intervenciones se realizaron (…) con el fin de encontrar al autor de los disparos?, ¿qué medidas se adoptaron para garantizar la seguridad de los vecinos?, ¿qué medios se desplazaron una vez asesinados los dos guardias civiles y el agricultor?, y ¿qué medios se adoptaron por parte del Gobierno de España tras recibir una rogatoria por parte de los carabinieri informando de que Norbert Feher podría estar en España? La información acerca de esta rogatoria ha sido publicada en varios medios de comunicación italianos.

Además de estas preguntas, el grupo socialista también ha pedido la comparecencia del Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. El ministro del Interior, José Ignacio Zoido, ha asegurado que entiende el “profundo dolor” de la viuda del ganadero asesinado, pero que no supieron la identidad ni la peligrosidad del asesino hasta después del triple crimen del día 14.  

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció este miércoles en Valencia el tercer gran golpe contra el narcotráfico en tan solo 15 días tras la incautación en Valencia de 520 kilos de cocaína. La droga iba escondida en un contenedor de un barco procedente de Long Beach (Estados Unidos) que transportaba una carga de almendras y que había realizado varias escalas en diferentes países suramericanos antes de llegar al Puerto de Valencia.

Esta operación se suma a las llevadas a cabo en los últimos días por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto con funcionarios de la Agencia Tributaria, en Barcelona y Algeciras, donde se aprehendieron 331 kilos de heroína y casi 6 toneladas de cocaína, respectivamente.

Zoido resaltó la “eficaz” labor policial que este año ha permitido incautar 30.890 kilos de cocaína (un104% más que el año pasado) y 440 kilos de heroína (un 88,8% más), un “dato excepcional” al que se añade, según datos facilitados por el ministro, la aprehensión durante 2017 de un total de 16.531 kilos de marihuana (un 57,7% más) y 815.924 plantas de cannabis (un 49,43% más).

Más de 800 contenedores inspeccionados

Durante una rueda de prensa celebrada en Valencia, el ministro del Interior ofreció detalles de la operación desarrollada conjuntamente por la Guardia Civil, Policía Nacional y la Agencia Tributaria en el Puerto de la capital valenciana y señaló que la incautación de los 520 kilos de cocaína había sido posible tras más de un año de investigaciones. El titular de Interior subrayó que se habían inspeccionado más de 800 contenedores así como analizados los movimientos de diferentes empresas que realizaban envíos desde varios puertos de Latinoamérica.

El valor de mercado de la cocaína pura intervenida en esta operación podría alcanzar los 18 millones de euros, que se podría duplicar una vez puesta en el mercado.

“Es indignante que se presente un CIE como si fuese un resort”, explica con furia Mercè Duch, portavoz de Tanquem els CIE. Ella, junto a decenas de personas más, se han manifestado frente a la Delegación del Gobierno en Barcelona para mostrar su repulsa hacia el nuevo CIE en Algeciras, anunciado por el ministro de Interior Juan Ignacio Zoido esta misma semana.

El ministro dio a conocer el nuevo centro con un escueto mensaje en sus redes sociales: “Así será el nuevo CIE de Algeciras, primer ejemplo del nuevo modelo de estos centros”. El comunicado no gustó a las entidades que luchan por el cierre de los CIE, que no creen en “nuevos modelos” para los centros. “Dentro se vulneran los derechos humanos y la libertad de movimiento de las personas”, zanja Duch.

“Es vergonzoso este anuncio después de dar a conocer que hay una prisión que se usa como CIE”, añade la activista en referencia a las más de 500 personas migrantes que hay en la cárcel de Archidona. Es por ello que valoran el anuncio de este nuevo centro como una “campaña de lavado de imagen” de los CIE.

La concentración en Barcelona, al grito de “ni nuevos, ni renovados, CIE cerrados”, tiene lugar al mismo tiempo que en otras ciudades como Madrid, pues ha sido organizada en el marco de una campaña estatal por el cierre de los CIE y por el fin de las deportaciones. En un comunicado conjunto, dicha campaña señala que el Ministerio del Interior “intenta esconder sin éxito la actual regresión en materia de derechos humanos en los CIE”.

Otras 'mejoras' en los CIE

Los activistas recuerdan que no es la primera vez que Interior promete mejoras en los centros para después no cumplir con ellas. Tanquem els CIE recuerda que en 1988, cuando se inauguró el CIE de Moratalaz (Madrid), el espacio era un “sótano sin ventilación”, y que posteriormente el propio director fue imputado por torturas. Pese a ello, el centro fue descrito como “un hotelito” por parte de los policías que allí trabajaban.

En la misma línea, la entidad rememora la inauguración del CIE de Aluche (también en Madrid), que ganó un premio de arquitectura pero donde, según explican, no se habilitaron baños en las habitaciones hasta que las quejas de los internos y diversas organizaciones sociales dieron lugar a autos judiciales de los Jueces de Control.

Los centros de internamiento de extranjeros son dependencias no penitenciarias donde se priva de libertad durante un máximo de 60 días a migrantes por el hecho de encontrarse en situación irregular, con el objetivo de proceder a su expulsión. Además del CIE de Algeciras, está prevista la construcción de dos centros más, uno en Madrid y otro en Málaga. La manifestación en Barcelona también ha servidor para recordar las muertes de Samba Martine en el CIE de Aluche y de Idrissa Diallo en el CIE de la Zona Franca de Barcelona, ambas en diciembre de 2011.

Sentí inquietud al conocer que 464 personas recién llegadas desde el Mediterráneo a la Región de Murcia iban a ser ingresadas en la prisión de Archidona en Málaga. Como ciudadana me dolió, pero no me sorprendió que el ministro Zoido y una red de jueces tomasen la decisión de encerrar en celdas a personas que no han cometido ningún delito.

Los CIEs siempre han sido cárceles racistas, pero este giro hacia un establecimiento penitenciario oficialmente reconocido es un golpe de efecto, la escenificación de que todo es posible en aras del control del territorio.

Un par de días antes de llegarme esta noticia, nos habían llamado catorce compañeros, porque tras remar durante horas en el Estrecho, la policía les había dejado en la calle tras entregarles la orden de expulsión. La primera noche en el Estado español la pasaron bajo unos soportales durmiendo en el suelo.

“Estamos la calle y no tenemos nada, salvo la ropa que nos dieron al bajar de la patera. Una chica que estaba en el grupo pidió dormir en la comisaría. A una mujer sola, de noche, durmiendo en la calle le podría pasar de todo. Desde esta mañana vamos de asociación en asociación pidiendo cualquier ayuda que puedan prestarnos, pero nos dicen que debería habernos derivado la policía, que si no lo hacen el sistema de acogida humanitaria no se activa. La policía nos decía que no nos enviaban a ninguna asociación porque no había sitio donde ayudarnos. Sólo sé que siento todavía la sal del mar en mi piel”, explica G. abrumado por la situación.

Lo peor es que este relato no es una desgraciada y horrible anécdota. Escenas de este tipo se han repetido en Almería, Málaga y Motril en los últimos meses. Dicen las autoridades y así lo plasman los titulares de los medios que 20.000 personas han llegado por mar en 2017 al Estado español.

Dicen que el sistema de acogida está desbordado, y por ello hemos asistido a la toma de una serie de decisiones políticas que violan derechos humanos. Las personas con más posibilidades de ser deportadas van de la “patera a la celda”; y a otras con menos probabilidades de enviarlas a los países de origen se opta por la opción de la “patera a la calle”.

Legalmente, y sobre todo desde la perspectiva de democracias respetuosas con los derechos humanos tal vez no se sostengan estas decisiones tan injustas. Pero en la construcción que los distintos gobiernos del Estado español han hecho de las Fronteras como espacios de no derecho, todo tiene cabida.

Escuchamos en su momento al anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, hablar de las Fronteras “chicle”, y explicar que una persona no está en territorio español hasta que no sobrepasa al último vigilante fronterizo.

Así que, ya la Frontera no es una línea que separa territorios, sino un espacio de excepción donde las “normas” son otras y no tienen necesariamente que responder a las del resto del Estado.

Hace tiempo que las prácticas de represión en estas zonas tienen unas garras tan largas como beneficios generan a las grandes empresas del control migratorio. Indra, Dragados, Siemens, Telefónica, Ferrovial y otras, ganan millones de euros a través de los servicios de vigilancia, control, detención y expulsión de personas migrantes.

De hecho, en el momento en el que escribo este artículo se pueden ver en redes sociales los vídeos de las últimas cuatro expulsiones en caliente sucedidas en la valla de Ceuta. Pese a la condena del TEDH que considera estas prácticas vulneradoras de derechos fundamentales. Sin pudor, ante la presencia de Cruz Roja a pie de valla, y sin temblar el pulso se ejecutan expulsiones sumarias y colectivas por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Las Fronteras espacios de no derecho de Ceuta y Melilla, presentes en nuestro imaginario en la última década se trasladan hoy a las costas de la península, por la ruta cada vez más latente del Mediterráneo.

El sistema ya estaba sembrado, el negocio preparado y las consignas racistas y xenófobas listas para permitir construir en Andalucía, Murcia, Cartagena y Baleares discursos de no derecho, espacios de control.

Decía el Delegado de Gobierno de Murcia que se estaba dando un ataque organizado contra la seguridad europea y por ende la española. Se refería en esta frase a las más de 40 pateras que llegaron desde Argelia con argelinos en ellas en un fin de semana. Nunca se preguntó el delegado qué está pasando en Argelia para que todas esas personas arriesgasen la vida en el mar, no le interesa saber de qué huyen.

Reflexionando sobre las palabras de este representante público, pienso que puede ser un ataque. Es posible que todo este movimiento de personas acabe siendo una respuesta contra algo.

Pero tal vez se equivoque el Delegado de Gobierno y la huida a través del Mediterráneo no sea una afrenta a Europa; sino un ataque a la pobreza, al neocolonialismo, a las desigualdades sociales, a las industrias de la predatorias, a las guerras.

Y si Europa y sus dirigentes se sienten atacados puede ser porque las políticas del viejo y caduco continente representen todo eso, y porque sus privilegios reposen sobre un sistema de injusticias sociales.

Pero creo que este representante del PP y el resto de partidos que comparten políticas racistas de control de Fronteras no deberían sufrir mucho. Indra y otras empresas a las que conocen muy bien sabrán sacar beneficio de su discurso xenófobo.

La reunión del pacto antiyihadista que sentó este lunes alrededor de una mesa a los principales responsables del Ministerio del Interior con los partidos políticos volvió a centrar parte de su atención en la posición de Podemos. El partido que dirige Pablo Iglesias asiste de forma habitual a estas citas en calidad de “observador”, ya que no ha firmado el pacto. Podemos disiente tanto de la forma como del fondo de un acuerdo promovido y firmado por PP y PSOE en febrero de 2015 y al que se sumaron luego otros cinco partidos.

Buena parte de las preguntas posteriores a la reunión giraron alrededor de la posición de Podemos. Pero esta vez su representante en estas citas, el diputado Rafael Mayoral, no estaba solo.

Los firmantes del Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo, conocido como pacto antiyihadista, son siete: Ciudadanos, UPN, Coalición Canaria, PAR y UPyD, además de sus promotores. Este lunes, al otro lado de la mesa había otros seis representantes políticos. Como observadores, además de Podemos, acudieron a la reunión los portavoces parlamentarios de En Comú, Xavier Domènech; de ERC, Joan Tardá; del PNV, Aitor Esteban; del PDeCAT, Carles Campuzano; y de Compromís, Joan Baldoví. IU ha declinado asistir en el pasado.

En total, siete firmantes y seis “observadores”, entre quienes había representantes de partidos en tres gobiernos autonómicos. Dos de ellos, con competencias plenas en materia antiterrorista. Y uno, el que efectivamente está investigando los atentados en Barcelona y Cambrils.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se sentó en el lado de los firmantes. El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, con los observadores.

En el caso concreto de Catalunya, además, la presencia de Domènech y Mayoral, Tardá y Campuzano representa a más de la mitad del Parlament.

El pacto antiyihadista vio la luz en febrero de 2015. Promovido por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en principio solo contaba con la presencia de los dos principales partidos, siguiendo la estela del pacto antiterrorista suscrito en el año 2000 también por ambas formaciones, entonces con Aznar en La Moncloa y Zapatero como líder socialista.

Nueve meses después, PP y PSOE abrieron el pacto a otros partidos. Era plena precampaña de las elecciones generales de diciembre de 2015. Ciudadanos y Podemos apretaban en las encuestas y parecía claro que, más allá del resultado numérico, los comicios cambiarían la tradicional composición bipartidista del Congreso de los Diputados.

Mientras los de Albert Rivera suscribían el acuerdo, los de Pablo Iglesias negociaron asistir a las reuniones en calidad de observadores. La intención era doble: mostrar sus reticencias al contenido del pacto, y a su génesis bipartidista, y a la vez lealtad en una materia tan delicada como la lucha antiterrorista.

Este lunes lo explicó de nuevo Mayoral a preguntas de los periodistas. “Vamos a seguir manteniendo nuestro criterio político y nuestra lealtad institucional”. El criterio político es que Podemos no comparte el modelo del acuerdo ni la filosofía de las medidas que recoge, especialmente el endurecimiento del Código Penal. “Si eso fuera eficaz, estaríamos dispuestos a debatirlo, pero los últimos años han revelado que ni el endurecimiento del Código Penal ni los bombardeos sirven para reducir la amenaza terrorista”, aseguró en su día el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

Unas medidas que, como la prisión permanente revisable, ya han sido implementadas por la vía parlamentaria. Este lunes, el Parlamento estaba representado prácticamente al completo en la reunión del pacto antiyihadista.

Pese a que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido se apresuró el mediodía del sábado a dar por “totalmente desarticulada” la célula terrorista que atentó en Barcelona y Cambrils matando a 14 personas, los Mossos sostienen que aún faltan por cuadrar piezas claves del puzle.

Ni el conductor de la furgoneta que se llevó por delante a una multitud la tarde del jueves en La Rambla ni el líder del comando están detenidos. Por eso un portavoz de la policía catalana y el mismo conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, tardaron apenas unos minutos en desmentir al ministro Zoido alegando que los Mossos considerarán desmontado el comando cuando el último de sus terroristas esté en el calabozo. 

El enemigo público número uno es ahora Younes Abouyaaqoub, un joven de 22 años vecino de Ripoll cuya documentación, su número de identificación de residente extranjero, fue hallada en la furgoneta Fiat Talento del atropello de Las Ramblas. La hipótesis que mantienen los investigadores apunta a que sigue huido y que podría tratarse del hombre que varios testigos vieron bajar del vehículo a pie con ropa blanca y azul y aparentemente sin armas tras arrasar a un centenar de personas en el corazón turístico de Barcelona. Los Mossos no han dado todavía con su paradero.

La otra persona a la que se sigue la pista es la del imán de Ripoll, Abdelbaki Essati, que, según los Mossos, podría haber jugado un papel decisivo en la radicalización de esa quincena de jóvenes que participaron en el doble atentado. Varias patrullas registraron el sábado su vivienda. Varios testigos afirman que la abandonó el pasado martes con unos libros y una estufa afirmando que tenía un viaje a Marruecos.

Los policías tomaron huellas de ADN en su casa para cotejarlas con uno de los cuerpos que se hallaron bajo las ruinas del chalé que el miércoles por la noche voló por los aires en Alcanar (Tarragona), según se pensó en un primer momento por una explosión accidental, y que, ahora se sabe, guardaba en su sótano más de un centenar de bombonas de butano y material explosivo. 

Esa línea de investigación apunta a que no solo fue clave en el proceso de radicalización de los jóvenes de Ripoll sino que tuvo una participación decisiva en la cadena de atentados que el comando pretendía perpetrar en Cataluña y que se frustró precisamente por la explosión de la vivienda. Los Mossos creen que uno de los cuerpos recuperados en el chalé puede ser el suyo. Según Europa Press, el imán ya estuvo en la cárcel durante cuatro años por tráfico de hachís. 

Según apuntan a eldiario.es fuentes de la lucha antiterrorista, entre los escombros de Alancar se han encontrado restos biológicos de tres personas distintas.

La célula la integraban además los cinco terroristas abatidos la madrugada del viernes en Cambrils y otros cuatro detenidos. Uno de ellos resultó herido en la explosión de Alcanar. Se llama Mohamed Houli y los investigadores lo vinculan con la manipulación de explosivos. Los otros tres arrestados son Driss Oukabir, Mohamed Aalla y Sal Elkarib, todos ellos vecinos de Ripoll, donde este último regentaba un locutorio. 

En la lista de sospechosos figura también Youssef Aalla, hermano de otros dos miembros del comando, uno detenido y otro abatido en Cambrils, y que según los agentes habría viajado a Zurich el pasado diciembre con otro miembro de la célula. Los Mossos lo relacionan también con la manipulación de explosivos y no descartan que sea otro de los muertos en la explosión de Alcanar.

El trabajo sigue y según admiten las fuentes de la lucha antiterrorista las pesquisas evolucionan a buen ritmo. Pero hasta que no se coloquen todas las piezas del rompecabezas, la policía catalana evitará dar por desarticulada la célula terrorista.

El PSOE va a registrar este jueves una petición urgente para que comparezcan en el Congreso los ministros de Justicia e Interior, Rafael Catalá y Juan Ignacio Zoido, tras las denuncias de intimidación del fiscal cesado de Murcia. También van a pedir explicaciones por los relevos en las fiscalías a José Manuel Maza, fiscal general del Estado, durante su comparecencia el próximo miércoles. Maza ya tenía previsto acudir al Congreso el 1 de marzo por las supuestas presiones ejercidas para no pedir la imputación ni del presidente de Murcia ni del ex presidente de La Rioja, Pedro Sanz.

Además, el portavoz socialista, Antonio Hernando, ya ha avisado de que si las explicaciones del fiscal general en el Congreso sobre la “purga de fiscales” no les resultan convincentes, exigirán su dimisión.

El grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha anunciado que también solicitará junto a Compromís la comparecencia de los dos ministros, del fiscal general y del Fiscal Territorial de Murcia.

López Bernal, el ex fiscal que presentó la querella del caso Auditorio y cesado dos días después de citar a declarar como imputado al presidente de Murcia, ha denunciado este jueves en la Cadena Ser coacciones durante su labor al frente de la Fiscalía. Una situación que, según ha asegurado, es común a la mayoría de los fiscales Anticorrupción de España, que sienten “cierta desprotección”. “Lo hemos denunciado a la Fiscalía General del Estado y a la Delegación del Gobierno, pero las investigaciones no salen adelante”, ha dicho.

Según fuentes socialistas, citadas por Europa Press, el PSOE también pedirá que sea el propio López Bernal quien comparezca para explicar sus denuncias.

“Tanto el ministro de Justicia como el de Interior tiene que tomar cartas en el asunto y explicar por qué no se ha hecho nada”, ha expresado Antonio Hernando en declaraciones a la Cadena Ser. El portavoz parlamentario del PSOE ha señalado que “algo tendrá que ver” que Manuel López Bernal sea “autor de la querella contra Pedro Antonio Sánchez”, el presidente de Murcia.

Por otra parte, los socialistas también quieren José Manuel Maza explique en su comparecencia el próximo miércoles los cambios en algunas fiscalías clave. El Consejo Fiscal acordó este miércoles que Manuel Moix ocupe la plaza de fiscal jefe de Anticorrupción en sustitución de Antonio Salinas. Javier Zaragoza, hasta ahora fiscal de la Audiencia Nacional, pierde su plaza en favor de Jesús Alonso, teniente fiscal en este tribunal.

“Lo malo del gobierno es que gobierna”, como cantaba Triángulo de Amor Bizarro en aquella canción. Ahí está el Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, preocupado por las víctimas de accidentes de circulación –que en 2016 fueron 29 más que en 2015, la primera vez que sube el número en 13 años– y pasando por eso a la acción. El martes presentó las quince flamantes y urgentes medidas diseñadas por la DGT para parar la cosa: más radares, más control para que llevemos el cinturón, más atención a la velocidad, más señales, más vigilancia en general y, cómo no, un plan estatal de educación vial. La noticia ha salido en todos lados y se ha sumado a otra reciente en la que se anunciaba la reducción de la velocidad en tramos con abundancia de ciclistas. Muy bien, ¿no?

No. El Ministro está tan on fire que se ha pasado de frenada y ha anunciado también el fin de los carriles Bus VAO. Bueno, en realidad él no lo ha contado así –tampoco los medios que lo han recogido ni la oposición– pero eso es lo que va a pasar gracias a la Resolución de 2 de enero de 2017 publicada en el BOE y con las que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante este año.

La DGT ha decidido que por esos carriles destinados hasta el momento a transporte público y vehículos con dos o más ocupantes pase ahora todo quisque. Taxis libres, coches de uso compartido y vehículos con distintivos Eco, C y B —éstos, cuando lo indiquen los paneles— son los nuevos invitados, o sea, algo así como el 50% del parque móvil. ¿Por qué? Pues, según explica la resolución que esconde el asunto, “por razones de seguridad vial, movilidad y de fluidez de la circulación”.

Vaya por dios. El carril Bus/VAO de la A-6 en Madrid (hay otros dos en Granada y Barcelona) se implantó en su momento precisamente para reducir el tráfico de entrada en la ciudad y mejorar la movilidad y la calidad del aire. Y ha funcionado muy bien. De hecho, la Comunidad y Fomento se estaban planeando hacer otros en la A-2 y la A-5 pero quizás ahora que la DGT se ha cepillado la limitación que les da sentido y los convierte eficaces se lo piensen mejor.

Hace falta ser zote para tomar una decisión así en un momento en que todo el mundo se ha dado cuenta de que el tráfico de coches en las ciudades genera problemas de movilidad, de seguridad, de espacio y de contaminación. Como dejó dicho Lewis Mumford, urbanista y pensador esencial, “aumentar el número de vías para prevenir la congestión vial es como tratar de luchar contra la obesidad aflojándose el cinturón”. Pero, claro, ni en el Ministerio del Interior ni en la DGT deben saber del bueno de Lewis. Ni falta que les hace: no es que Zoido sea zote, tan sólo hace su trabajo.

El Gobierno, éste y todos los demás, se ocupa entre otras cosas de que la venta de coches no baje a través de incentivos a la compra, se preocupa porque las multas a las marcas que engañan con sus emisiones no sean para tanto, se encarga de que no haya campañas de concienciación sobre los costes sociales del uso del vehículo privado. Su misión es hacer carreteras y llenarlas de cacharros y, de paso, fastidiar cualquier medida que intenten tomar las ciudades para solucionar sus problemas de movilidad y contaminación y cumplir así con las regulaciones y recomendaciones europeas y de Naciones Unidas. Parece un sinsentido pero no lo es porque se explicará perfectamente mientras los datos de ventas de coches se sigan relacionando con los de desarrollo económico.

A todo esto, ¿qué hacemos con los accidentes? Seguir contándolos cada año, porque así no van a parar. Como decía esa canción de The Evens, “no cars, no accidents”.

La Dirección General de Tráfico está a punto de cerrar su peor año. A la crisis institucional que se llevó por delante la cúpula del organismo, empezando por su exdirectora María Seguí, que dimitió el pasado verano acusada de beneficiar a su marido –un científico que trabajaba en un grupo de un equipo universitario especializado en siniestralidad– se une ahora el repunte de las víctimas mortales en los accidentes de tráfico.

La DGT ya no podrá presumir, como venía haciendo cada mes de enero, de cerrar el ejercicio con los mejores datos desde 1960, cuando se inauguraron los recuentos oficiales. Esa estadística que fue mejorando desde 2004 hasta 2013 con una evolución espectacular –los muertos en la carretera bajaron durante las dos legislaturas del Gobierno de Zapatero de 6.000 a menos de 1.500– ya escondía una trampa en 2014 y 2015: en los dos últimos años de Seguí la DGT celebraba el récord a principios de enero sin esperar a computar las muertes de los heridos graves de diciembre que fallecían durante las semanas posteriores.

Si se hubiera esperado a contabilizar esos fallecimientos en hospitales para cerrar el balance, la tendencia ya se habría dado la vuelta en 2014. Ese año murieron 1.247 personas en todo tipo de carreteras, 17 más que en el ejercicio anterior. En 2015 volvió a subir: fueron 1.248 los muertos en vías urbanas e interurbanas.

El nuevo dato registrado el miércoles por la DGT rompe una estadística de 13 años consecutivos de disminución de muertos en las carreteras interurbanas, las que vigila y son competencia de la Dirección General de Tráfico y que patrulla la Guardia Civil.

Según la estadística oficial de la institución adscrita al Ministerio del Interior, hasta el martes 20 de diciembre perdieron la vida 1.131 personas en las vías interurbanas (no se cuentan las carreteras de titularidad municipal), según el balance provisional que computa fallecidos y heridos durante las 24 horas posteriores a cada accidente. Desde 2004 esas gráficas siempre habían ido mejorando año a año al cierre de cada ejercicio, independientemente de lo que después sucediese con los heridos.

Los datos oficiales de la DGT señalan que el martes ya se había igualado el número de muertos en vías interurbanas de todo 2015 (1.131, incluidas las de aquellos heridos que fallecieron durante el mes de enero de 2016). Pero los atestados de tráfico siguen recogiendo víctimas: faltan 11 días para cerrar el ejercicio y todo el mes de enero para seguir la evolución de los hospitalizados más graves.

La barrera de 2015 se superó este miércoles 21 de diciembre. La víctima 1.132 fue un técnico de conservación de carreteras, un hombre de 30 años que perdió la vida después de que la furgoneta en la que viajaba fuese arrollada por un camión que transportaba coches nuevos.

El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 253 de la Autovía A3 a la altura de Villagordo del Cabriel (Valencia). Este accidente, como todos los que se produjeron en las últimas horas, será incorporado este jueves al cómputo oficial de la Dirección General de Tráfico que se actualiza a diario, y será entonces cuando las tablas de datos certifiquen que se ha roto la tendencia prolongada iniciada en 2004 cuando el Gobierno de Zapatero convirtió en asunto de Estado los accidentes de Tráfico y situó a Pere Navarrro al frente de la DGT.

Al balance provisional de fallecidos de 2016 falta por sumar aquellas víctimas mortales producto de siniestros que tienen lugar en vías municipales, donde la competencia de tráfico la ejerce cada policía local. En esas vías urbanas, de las que todavía no hay datos de 2016, perdieron la vida en 2015 441 personas, una cifra idéntica a la de 2014.

Evolución anual de víctimas mortales en accidentes de tráfico

Víctimas en vías interurbanas 24 horas después del siniestro

Fuente: DGT

Así que las estadísticas solo pueden empeorar en lo que queda de un año que aún tiene por delante la operación especial de Navidad. Tráfico prevé hasta el 9 de enero 16,7 millones de desplazamientos, tres millones más que durante la misma campaña en 2015. El nuevo director general de Tráfico, Gregorio Serrano, prometió la pasada semana que la institución va a poner todos los medios posibles para evitar nuevas muertes durante las fiestas y hacía ver que ahora falta concienciar a la ciudadanía.

Evolución mensual de víctimas mortales en accidentes de tráfico

Víctimas en vías interurbanas 24 horas después del siniestro

Fuente: DGT

A diferencia de lo que sucedió con sus antecesores Pere Navarro y María Seguí, Serrano no es un técnico sino un político de la máxima confianza del ministro del Interior, José Ignacio Zoido, al que ya acompañó como portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Sevilla cuando Zoido era alcalde.

Este licenciado en Derecho y especialista en legislación tributaria tiene por delante el reto de recuperar el crédito de una institución que había ganado prestigio en toda Europa y que en los últimos meses ha sido criticasa por las asociaciones de automovilistas, las autoescuelas, y casi todo el sector. Incluido, el propio Navarro, uno de los hombres más respetados en la casa que el pasado verano advirtió de que la DGT había perdido su credibilidad.

Muestra su inquietud en una pregunta parlamentaria por el nuevo fichero de casos “especiales” ideado por José Luis Olivera

Los socialistas denuncian en otra iniciativa trato de favor del jefe antiterrorista, Enrique Barón, a su hija periodista

Ambos mandos destacan entre los candidatos a ocupar la Dirección Adjunta Operativa que alojó a la 'policía política' con Fernández Díaz

El nuevo ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tiene pendiente nombrar en las próximas semanas al director adjunto operativo (DAO) de la Policía, el puesto clave en el Cuerpo. Dos de los máximos aspirantes a ocupar la DAO, José Luis Olivera y Enrique Barón, son objeto estos días de sendas preguntas parlamentarias al Gobierno por parte del PSOE.

El primero, por el manual que establece una nueva clasificación de casos “especiales”, redactado por el centro de coordinación que dirige. Barón, jefe antiterrorista, por el trato de favor dispensado a su hija cuando era estudiante de periodismo y ahora, como redactora que informa, entre otras, de las investigaciones que dirige el padre.

El PSOE ha registrado un escrito en el que pregunta al Gobierno por el nuevo fichero de casos “especiales”, destinado a distinguir casos de terrorismo, crimen organizado y corrupción que el Gobierno considera de especial trascendencia, pero de los que no precisa más. Como reveló eldiario.es, la nueva clasificación aparece en un documento sobre coordinación entre Fuerzas de Seguridad del Centro contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) que dirige el comisario José Luis Olivera.

Los socialistas quieren saber si el fichero está ya en marcha, quién tiene acceso al mismo, si se ha involucrado a la Agencia de Protección de Datos en su creación y “a qué se refiere exactamente cuando habla de ”casos especiales“.

El documento en el que se establece la nueva clasificación reserva carácter extraordinario y acceso restringido a aquellos casos en los que participen agentes encubiertos y testigos protegidos o se persiga a policías, guardias civiles y agentes de Aduanas. Pero también a todas las investigaciones que la cúpula del Ministerio del Interior considere, sin más, de “especial trascendencia”. Solo esa cúpula policial del Gobierno de turno tendrá acceso a los avances que se produzcan.

En el tercer motivo para que se declare una investigación de carácter “especial” es que concurran “otras circunstancias especiales que, en función del contenido de la investigación o de su especial trascendencia, justifique la catalogación de especial para garantizar su eficacia”.

La creación del fichero, afirma en su pregunta el diputado Antonio Trevín, llega “después de una legislatura funcionando dentro de la Policía Nacional un grupo de miembros relevantes de este cuerpo, cuya función primordial fue el espionaje político, que se practicó contra los adversarios y contra otros miembros del Cuerpo que no se consideraba afines al nuevo ideario”. Estas maniobras, dice el portavoz socialista en la comisión de Interior, han provocado “el deterioro de la imagen de la Policía Nacional por su utilización política y partidista”.

Un primer borrador del manual incluía un cuarto supuesto para declarar una investigación especial: “Implicación de jueces, fiscales y personas con responsabilidad política o pública (PRPs)”. Según esto, la primera intención del CITCO era que ese estrecho control sobre los avances de un caso se ejerciera solo por el hecho de que en las investigaciones hubiera aparecido la implicación de un político. La referencia explicita referencia a los políticos se retiró del texto definitivo.

El texto del PSOE incide en que el manual y la clasificación proceden de un organismo que dirige el comisario Olivera, “uno de los máximos aspirantes a director adjunto operativo de la Policía y uno de los artífices de la Policía política contra la oposición”. El Español publicó recientemente que Olivera trató de presentar al comisario José Manuel Villarejo al nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en un acto público ante las reticencias de éste. Villarejo está imputado por una grabación ilegal a otros policías y agentes del CNI.

“Empotrada” en una operación antiterrorista

Otra de las preguntas registradas por el PSOE alude a uno de los competidores con Olivera al puesto de máximo responsable operativo de la Policía, el comisario Enrique Barón. Se refiere a la operación antiyihadista del 16 de junio de 2014, en la que Barón propició que su hija acompañara a los agentes en primera línea durante las detenciones. Después, la joven escribió un artículo en la revista de la Universidad sobre su experiencia. Aquellos hechos, revelados por eldiario.es, a punto estuvieron de costarle el puesto a Barón, una destitución que frenó en el último momento el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Hace dos semanas, la hija del comisario general de Información escribió un artículo en lainformacion.com en el que aseguraba que “las relaciones entre los distintos organismos encargados de luchar contra el yihadismo (Policía, Guardia Civil y CNI) son inmejorables y nunca vistas hasta ahora en la historia de España, lo que permite una mayor coordinación a la hora de neutralizar la amenaza terrorista”.

El PSOE recuerda varios de los “encontronazos” entre Fuerzas de Seguridad a cuenta del terrorismo. Entre ellos, por una alarma de atentado en la Embajada francesa en Madrid, que llegó a los tribunales, o a cuenta de la investigación del secuestro de una menor española trasladada a Sudamérica. También recupera otra noticia sobre una docena de casos de descoordinación que el citado CITCO no ha podido solucionar y de los que alertó la propia Audiencia Nacional.

Los socialistas concluyen que el artículo de la hija del responsable antiterrorista de la Policía “más parece que se trata de un artículo de promoción personal del propio comisario general de Información, posicionándose de cara al nombramiento de nuevo director adjunto operativo” y añade que “no está claro si cuenta con el beneplácito de la oficina de prensa del Ministerio del Interior”. En el texto, la periodista califica la estructura antiterrorista que dirige su padre como “referente mundial en la lucha contra el yihadismo”.

Por todo ello, el PSOE pregunta al Gobierno: “¿Considera que entra dentro de las funciones de un comisario general de Información promover a través de su hija publicidad del trabajo de la comisaría en la que es responsable?”. Los socialistas añaden:“¿El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía permiten en igualdad de condiciones a todos los medios de comunicación la posibilidad de empotrarse en las operaciones policiales antiterroristas que lleva a cabo la Comisaría General de Información?” y terminan preguntando al Gobierno si el gabinete de prensa de Interior facilita al resto de medios las informaciones que publica “en exclusiva” la hija del comisario.