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El Gobierno amplía con críticas el pacto antihiyadista

La reunión, de 45 minutos, ha evidenciado diferentes posiciones, pero también el mensaje de "unidad" trasladado por los nuevos firmantes: Ciudadanos, UPyD y Par

Podemos ha asistido a la reunión, pero ha declinado firmar el pacto por no incluir "fuerzas sociales y civiles", pero acudir como "observador"

"No hemos recibido ninguna petición expresa de colaboración [militar]", ha afirmado el ministrio Fernández Díaz: "Cuando la tengamos la evaluaremos y la trasladaremos al resto de los partidos y al Parlamento"

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El Gobierno afirma que "compartirá" con los partidos del pacto antiyihadista la petición que haga Francia

Reunión del pacto antiyihadista la petición que haga Francia. Europa Press

El Gobierno ha intentado visibilizar una imagen de unidad frente a sus políticas contra el terrorismo yihadista, aunque con algún reproche por los nuevos firmantes. Este jueves el ministerio del Interior ha acogido una reunión del pacto, retransmitida en directo sin avisar previamente y en exclusiva por TVE –señal de pool que luego fueron pinchando otros canales–.

En la reunión, Josep Sánchez Llibre, diputado de Unió, ha afirmado que hay una "situación de guerra" y ha lamentado que el Gobierno no se haya comunicado con Artur Mas, president de la Generalitat; Antonio Hernando (PSOE) ha insistido en que "la máxima unidad es el objetivo del pacto"; Andrés Herzog (UPyD) ha reclamado "cosas concretas, como la dotación de medios", Albert Rivera (Ciudadanos) ha afirmado "que ya habrá tiempo de discrepar"; y Rafael Mayoral (Podemos), que se ha mostrado en contra de una hipotética intervención militar, ha explicado que su partido no lo firma porque pide "que haya fuerzas sociales y civiles", petición que no ha respaldado el Partido Popular: "No lo hemos valorado como algo necesario, es un pacto político y las asociaciones están representadas a través de los partidos como representantes de la soberanía popular. Si lo estimamos oportuno en el futuro o tenemos una demanda de asociaciones, lo estudiaremos", ha explicado el portavoz del PP, Rafael Hernando.

"Estamos ante una amenaza internacional", ha concluido el ministro, Jorge Fernández Díaz, en la reunión: "No tiene sentido que no tengamos unidad; contra [sic] más estemos en esta mesa, mejor. Oye, pues id firmando si os parece".

"No hemos recibido ninguna petición expresa de colaboración [militar]", ha afirmado el ministrio: "Cuando la tengamos la evaluaremos y la trasladaremos al resto de los partidos y al Parlamento".

El ministro también ha afirmado: "Yo quiero agradecer a todos los que han participado en la reunión, en nombre del Gobierno, y a los que han impulsado el pacto, el PP y el PSOE, que firmaron el 2 de febrero en Moncloa. Inmediatamente se sumaron CC, UPN y FAC, que hoy están presentes aquí. Hoy se han incorporado también otras fuerzas: UPyD, Par, Ciudadanos y, como observador y no como signatario, Podemos. A todos ellos les damos la bienvenida".

En esta línea se ha manifestado el socialista Antonio Hernando: "Nos une mucho más que los separa, y mostramos nuestra satisfacción por que la unidad se haya ampliado y reforzado frente al terrorismo yihadista. Todas las fuerzas hemos trasladado nuestra confianza en la labor de las fuerzas del Estado".

Hernando ha explicado por qué no han acudido Pedro Sánchez y Mariano Rajoy a la reunión: "Porque no es un nuevo pacto, sino la comisión de seguimiento del pacto". Mismo argumento que ha utilizado Rafael Hernando, portavoz parlamentario del PP: "No tenía ningún sentido que acudieran los líderes que están en el origen del pacto".

Podemos ha asistido a la reunión, pero ha declinado suscribir el pacto, e Izquierda Unida, por su parte, ha rechazado la invitación por su oposición al texto, al igual que ERC, PNV y CDC. " Contra [sic] más seamos, mejor", ha reiterado el ministro: "Tienen las puertas abiertas y son bienvenidos".

"Tolerancia y libertades son enemigos de estos bárbaros terroristas", ha dicho Fernández Díaz: "Hoy es un buen día para todos los españoles; es un compromiso con sus libertades y su modo de vida. Cada vez somos más. Inicialmente éramos dos, posteriormente fuimos tres más, ahora ya somos nueve los signatarios de ese pacto, además de Podemos, incorporado como observador. Esa unidad sólo puede ser beneficiosa para los ciudadanos".

"El Gobierno", ha concluido el ministro, "manifiesta su pleno apoyo y respaldo al trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad. El terrorismo yihadistas es un ataque para nuestro estilo de vida".

Fernández Díaz ha concretado que España está "en alerta 4; el 5 es el riesgo máximo, de atentado inminente. Estamos en ese nivel de alerta desde el 26 de junio, cuando se cometieron ataques en Francia, Túnez, Dubái, Somalia...".

"Hoy es un día importante para España. Ciudadanos ha conseguido que un acuerdo PP-PSOE se haya convertido en pacto de Estado", ha afirmado el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera: "Es importante que participemos de la estrategia colectiva; hemos firmado la garantía de que aunque haya nuevas mayorías, esto no va a cambiar. Gobierne quien gobierne vamos a seguir juntos pase lo que pase el 20 de diciembre. Este pacto no se de venganza, es de justicia".

"La unión de los demócratas", ha proseguido Rivera, "es clave en la lucha contra el ISIS, y queremos decir que vamos a estar juntos en la lucha contra el terrorismo internacional. He querido estar aquí, anulando actos de precampaña, para poder decirle a los españoles que esto es de máxima importancia y que si algún día nos toca gobernar España, este va a ser el ámbito de concertación".

"Cada uno define sus prioridades", ha insistido Rivera: "Hay que pensar más en España que en las elecciones y es bueno que esté aquí Ciudadanos en su máximo nivel, conmigo. Sabía que había que estar aquí y no puedo hablar por Rajoy y Sánchez, a Podemos le digo que, cómo cambian de programa cada 15 minutos, si puede ser, ya que están de observadores, que firmen. Nuestra posición es colaboración, los terroristas no descansan y pensamos que habría que hacer un acuerdo para trabajar juntos y extender esa colaboración a otros ámbitos. La cooperación la define Defensa, y no estamos en el Gobierno, pero los europeos no estamos juntos sólo para tener una moneda".

"No hemos ratificado el pacto de febrero, pero creíamos importante asistir todas las reuniones y espacios de diálogo, que se debe extender a las organizaciones sociales, de derechos humanos y cooperación, que dan otras perspectivas a este fenómeno poliédrico", ha afirmado el responsable de Movimientos Sociales de Podemos, Rafael Mayoral.

"Hemos trasladado", ha enumerado Mayoral, "que se reconsidere la reforma relativa a la jurisdicción universal y la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, criticada por todas las asociaciones judiciales. No es útil limitar la capacidad de investigación de los jueces. Y también hemos trasladado las cuestiones relativas a la financiación de este fenómeno, luchar contra los paraísos fiscales, el contrabando de petróleo y que se ponga el certificado de último usuario en el comercio de armas y limitar cualquier tipo de transacción armamentística con cualquier país que no respete los derechos humanos. También compartimos la reflexión del Papa de combatir la pobreza, caldo de cultivo de este fenómeno".

"Nosotros también hemos convocado al resto por la paz a nuestro encuentro por la paz", ha afirmado Mayoral. "Estamos en una escalada bélica que nos preocupa, porque lo que manifiesta es que hace falta un diálogo para encontrar salidas en el marco de la cooperación y diplomacia. Creemos que ese es un sentido común cada vez más compartido, la necesidad de hacer las cosas con la cabeza. Cualquier tipo de decisión, ya la abordaremos cuando estemos en el Gobierno".

¿Por qué no lo han firmado? "Lo primero", ha explicado Mayoral, "es el marco a la hora de llegar a un acuerdo: primero se dialoga y luego se acuerda y se firma. Por eso hemos planteado otros marcos para poder trabajar. Es un pacto que se ha incorporado al ordenamiento jurídico, por lo que no era una novedad incorporarse. Compartimos las críticas de los relatores de Naciones Unidas y que en el debate público había también caminos, y reflexiones fundamentales que tienen que ser reconsideradas: limitar a los jueces y fiscales la capacidad de investigar hay que modificarlo cuanto antes, al igual que en la justicia universal. Más allá de declaraciones formales, todavía hay medidas concretas en cuanto a medios de las fuerzas de seguridad que no se cumplen".

Texto del pacto

Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo

El terrorismo es el peor enemigo de la democracia y de las libertades. Los españoles lo saben bien, porque hemos hecho frente al terrorismo durante demasiado tiempo. Y lo hemos hecho siempre con una clara ejemplaridad: con serenidad, fortaleza y responsabilidad.

Los españoles somos muy conscientes de su gravedad y su dureza, tanto a nivel interno como en su dimensión exterior.

Y nos sentimos especialmente concernidos por acontecimientos como los recientes atentados en París, que han vuelto a poner de manifiesto la grave y real amenaza del terrorismo yihadista, a la que ningún país puede permanecer ajeno, sean cuales seas sus manifestaciones o sus formas de actuación, incluyendo los actores solitarios y los combatientes terroristas retornados.

Pese a las nuevas o diferentes fórmulas que adopta la amenaza terrorista, los demócratas sabemos cuáles son los mejores instrumentos para combatir la violencia irracional e injustificada del terror: la acción de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, la actuación de Jueces y Tribunales y la cooperación internacional.

En definitiva, la respuesta de todas las instituciones, empezando por los Gobiernos y los Parlamentos.

Esta convicción parte de nuestra propia experiencia. Hemos sido capaces de construir y consolidar una democracia sólida.

El terror no ha logrado impedir su avance ni ha hecho retroceder el régimen de libertades, pero sí ha provocado pérdidas irreparables que permanecen intactas en nuestra memoria y que nunca podrán ser borradas.

Por eso, por encima de todo, la solidaridad, el afecto y el apoyo a las víctimas del terrorismo ha de ser siempre una referencia para los demócratas. Mantener vivo su recuerdo y rendirles el merecido homenaje es un imperativo ético que reafirmamos en el presente acuerdo.

Un imperativo ético que reafirma nuestra convicción democrática. Lo único que han conseguido los enemigos de la democracia y de las libertades es reforzar el convencimiento de que nuestra gran fortaleza está en la ley y en la unidad.

Es la fortaleza del Estado de Derecho la que fundamenta la respuesta de las instituciones frente al terror. Es la Ley la que ampara los derechos de los ciudadanos y vela por el respeto a sus libertades.

Una Ley que adquiere mayor vigor y eficacia cuando cuenta con el respaldo firme y con la unidad de acción de las fuerzas políticas democráticas.

Una Ley que se sustenta sobre nuestro compromiso democrático con los derechos de los ciudadanos y sobre el reconocimiento moral y permanente de las víctimas del terrorismo.

En España, el camino de la unidad de los demócratas se ha visto jalonado por importantes acuerdos entre las fuerzas políticas, de los que son histórico testimonio el Pacto de Madrid de 1987, el Pacto de Ajuria Enea del 1988 y el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo de 2000.

Un Pacto este último que ya entre sus principios recogía expresamente la necesaria adaptación de la respuesta legal a las fórmulas que pueda adquirir la amenaza del terrorismo. Un mandato al que hoy se responde con este nuevo Acuerdo.

De la misma manera en que se atiende a las inquietudes e iniciativas acordadas en el ámbito internacional, como la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de 24 de Septiembre de 2014 (2014 S/RES/2178), que urgía a los Estados a realizar las modificaciones legislativas necesarias para poder procesar y condenar a los combatientes retornados y a los lobos o actores solitarios.

Conscientes del peligro que representa la amenaza terrorista, en todas sus manifestaciones, es necesario que los demócratas sepamos traducir nuestra unidad en la máxima capacidad para mejorar y actualizar la respuesta legal, especialmente en el terreno penal, frente a las nuevas y terribles formas de actuación de quienes ponen en peligro nuestras vidas y nuestras libertades.

El bienestar de los ciudadanos y el respeto a sus derechos exige la defensa de la libertad frente al riesgo y la vulnerabilidad que el terrorismo supone para las personas.

Ello exige reforzar la confianza en el ejercicio de esa libertad, como parte de su esencia misma. Y generar esa confianza debe ser y es, de hecho, el objetivo principal y prioritario del refuerzo de la seguridad de los ciudadanos y los países.

La defensa de la libertad es asimismo expresión y referencia del pluralismo de cualquier sociedad democrática.

Por esta razón, conviene recordar que la tolerancia forma parte también de la base misma de los derechos de los ciudadanos, y que las actitudes discriminatorias, cualesquiera que sean sus manifestaciones, no tienen justificación alguna en las sociedades democráticas y merecen el mayor reproche social y legal.

Por todo lo anterior, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, expresamos nuestra firme voluntad de mantener la máxima unidad de los demócratas contra el terrorismo y de asumir y cumplir los compromisos que a continuación se detallan.

En todo caso, el presente acuerdo no se verá afectado por los posibles cambios en el sistema de penas que puedan producirse en el futuro en función de las posiciones mantenidas por las partes en el curso de la tramitación de la reforma del Código Penal:

Promover la modificación del Código Penal en materia de delitos de terrorismo, a través de una Proposición de Ley Orgánica que ambas fuerzas suscribimos, y a cuya firma o apoyo convocamos al resto de fuerzas parlamentarias.La modificación del Código Penal que esta Proposición recoge tipificará los delitos de terrorismo, con independencia de que se realicen o no en el seno de un grupo u organización terrorista, atendiendo a la finalidad con que se cometen, y cuyo elemento común es la provocación de un estado de terror en la población. Tipificará, así, como delito de terrorismo el desplazamiento al extranjero para incorporarse a una organización terrorista o colaborar con ella. Asimismo, contemplará las conductas propias de las nuevas formas de terrorismo, especialmente en aspectos como la captación y el adiestramiento de terroristas, incluido el adiestramiento pasivo, el uso de las redes de comunicación y tecnologías de la información a estos efectos, la financiación de organizaciones terroristas y las distintas formas de colaboración activa con ellas.

Acordar que, tal y como ha venido recogiendo nuestro ordenamiento jurídico, a los delitos de terrorismo con resultado de muerte les será siempre aplicable la máxima pena privativa de libertad recogida en el Código Penal.

Impulsar las reformas legislativas necesarias para actualizar y reforzar el marco jurídico que permita a jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ser más eficaces en la investigación criminal de los delitos de terrorismo. En este sentido, las modificaciones a incorporar en la futura reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal han de permitir fortalecer las garantías de los derechos y libertades de la ciudadanía y la eficacia probatoria de las investigaciones frente al terrorismo.

Mantener vigente el recuerdo a las víctimas del terrorismo, honrar con la dignidad debida su memoria y promover el testimonio de gratitud del que seremos siempre deudores. Asegurar el reconocimiento que merecen las víctimas y su entorno, así como el apoyo a sus asociaciones y organizaciones representativas.

Garantizar los recursos humanos y materiales necesarios para luchar más eficazmente contra el terrorismo en la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de inteligencia. Asimismo, seguir promoviendo la especialización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Administración de Justicia para la mejor prevención, persecución y castigo de estos delitos.

Poner en marcha políticas activas eficaces en la erradicación de cualquier forma de radicalización violenta, incluidas las expresiones de racismo, xenofobia o discriminación, motivadas por la intolerancia respecto a distintas opiniones, creencias o confesiones religiosas.

Promover en el seno de la Unión Europea y en las instituciones internacionales la adopción de políticas de prevención, persecución, cooperación y sanción penal contra el terrorismo, participando activamente en los foros internacionales y poniendo, para ello, en valor el papel de España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Promover en las Cortes Generales iniciativas inspiradas en el presente Acuerdo, con el objetivo de alcanzar el más amplio consenso entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

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