Gloria, vecina de la calle Bravo Murillo de Madrid, acudía habitualmente al puesto de Bibliometro de la estación de Canal. Situada a tiro de piedra de su casa, era un punto de paso en cualquier desplazamiento por la ciudad. No tenía ni que desviarse para entregar o tomar prestado alguno de los 1.700 títulos de cada módulo con los que cultivar su afición a la lectura. Especialmente novedades recientes, una de las principales bazas de este servicio subterráneo frente a las bibliotecas tradicionales. Pero, desde hace meses, a Gloria le toca recorrer unos cuantos kilómetros para beneficiarse de esta posibilidad.

El de Canal es uno de los seis puestos de Bibliometro clausurados desde el pasado julio. Todavía permanece en su vestíbulo, como pasa en Legazpi, Nuevos Ministerios, Aluche, Embajadores y Moncloa. Pero todos ellos están fuera de servicio, completamente vacíos de fondos y sin personal. Pequeñas bibliotecas fantasmas bajo el suelo de Madrid. En la de Legazpi, donde todavía pueden verse sus entrañas desangeladas sin un solo libro en los estantes, varios carteles indican desde hace meses que la actividad iba a cesar “temporalmente” a partir del pasado 18 de julio. En la de Nuevos Ministerios, con una cobertura opaca que impide observar su interior actual, fue desde el día 20 del mismo mes.

Por contra, el servicio continúa en la otra mitad de puntos: Puerta de Arganda, Carabanchel Alto, Puerta del Sur, Chamartín, Mar de Cristal y Sierra de Guadalupe. El motivo de esta extraña dicotomía, según confirman fuentes de Bibliometro a Somos Madrid, está en la gestión compartida entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Así, los puestos con la persiana echada operaban bajo el paraguas del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Además de esas fuentes, que prefieren preservar su anonimato, lo afirman desde la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina al atender una consulta ciudadana en el portal de atención a dudas sobre bibliotecas del Ministerio de Cultura: “Nos informan que, por un motivo de cambio en la gestión de los Bibliometros, algunos de ellos permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Eran dependientes del Ayuntamiento de Madrid”.

El propio Consistorio hizo gala de la participación conjunta en el proyecto en sus primeros compases. Dos años después de su aterrizaje en 2005, una nota de prensa desgranaba la inversión municipal: 508.497 euros solo hasta 2007, por 1,2 millones de aportación autonómica. El escrito recalca también la “titularidad” del Ayuntamiento sobre las seis estaciones citadas. La publicación adelantaba asimismo la creación del Consorcio de Bibliotecas Públicas de Madrid entre el Gobierno de la ciudad y el de la región, algo que nunca llegó a tomar forma.

Desde el área de Cultura del Ejecutivo municipal sostienen pese a todos estos elementos que “Bibliometro depende de la Comunidad de Madrid y es una iniciativa suya”. Argumentan en respuesta a las preguntas de este diario que “el Ayuntamiento colaboró a través de esos puestos [los cerrados] hasta mayo del año pasado, cuando dimos a conocer Tu biblioteca a un clic, un programa con el que se ofrecen libros a los viajeros de autobús, tras haberlo hecho con los de Metro”.

Las explicaciones del área que dirige Marta Rivera de la Cruz tampoco se ajustan con la exposición de los hechos por parte de la trabajadora que atiende a este medio desde el anonimato: “Los seis módulos cerrados los lleva el Ayuntamiento, que lleva años desentendiéndose. Pasaron de ellos y no sacaron el concurso para renovar las concesiones. Quienes trabajaban en ellos han sido despedidos o reubicados”.

Esta empleada incide en que “el problema detrás de todo esto es que es un servicio subcontratado”. A diferencia de la mayoría del personal de bibliotecas, no se trata de plantilla funcionarial o laboral del Consistorio, sino que este externaliza la gestión a través de empresas que consiguen las adjudicaciones. Un modelo aplicado tanto por la Comunidad como por el Ayuntamiento que, en este caso, ha mostrado antes su tendencia a degradar el servicio en los módulos de gestión municipal.

“No venía nadie se rompía el aire acondicionado, con el calor insoportable que se pasa aquí dentro en verano”, lamenta la trabajadora para ilustrar esa dejadez. Relata que la empresa adjudicataria, Betansa, abona a su plantilla justamente el salario mínimo. Da cuenta de ello una oferta laboral para Bibliometro publicada en agosto de 2021, con estas condiciones y requisitos: “Contrato obra y servicio, jornada de lunes a viernes de 13.00 a 20.00 (7 horas), salario SMI (13.300 brutos anuales por 12 pagas + Programa de ayudas de empresa). Estar en posesión de certificado de discapacidad en vigor”.

Señala la bibliotecaria que en Normadat, compañía que ganó el concurso para los seis puestos dependientes del Gobierno autonómico y que hasta la adjudicación de 2022 se hacía cargo también de los municipales, “las condiciones económicas no son muchos mejores, pero sí están más pendientes de ofrecer un servicio con unos estándares de calidad y funciona bien”. Apunta asimismo que “los pliegos de la adjudicación en la Comunidad exigían un resumen de actividades a la empresa beneficiada, mientras que los del Ayuntamiento no, así que tenían un control mucho menor”.

Betansa se hizo de esta manera con la administración de seis Bibliometros en 2022, un contrato de dos años prorrogable por otro más. Cuando llegó 2025, el equipo de Almeida optó por no sacar la licitación de nuevo a concurso, de ahí que las instalaciones sean ahora poco más que elementos que entorpecen el desplazamiento por seis transitados vestíbulos de Metro de Madrid.

En cuanto a los módulos que dependen del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, fuentes consultadas por este periódico avanzan que la adjudicación a Normadat vencerá inminentemente. Se trata en su caso de una adjudicación de dos años (con una financiación de 904.000 euros) renovables por otros dos, que se efectuó también en 2022. Por ello, deberán proceder de manera inminente a encontrar un nuevo adjudicatario o repetir con Normadat. De lo contrario, los puestos todavía operativos podrían correr la misma suerte que los dependientes de Cibeles.

Fuentes de la Consejería de Cultura consultadas por este medio apuntan hacia una renovación del servicio y a la recuperación de varios módulos clausurados, al tiempo que confirman las competencias previas del equipo de Almeida: “Ante la decisión del Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid inicia las conversaciones con Metro para hacerse cargo de algunos de los Bibliometros de gestión municipal”.

Pese a ello, la trabajadora que explica la situación del servicio lamenta que haya llegado a sobrevolar la sombra del desmantelamiento. No solo por sus efectos personales y profesionales, sino por el valor diferencial que los Bibliometros ofrecen a los vecinos y vecinas de Madrid: “Recibimos cuatro ejemplares de cada novela que sale como gran novedad. A cada biblioteca tradicional suele ir uno y encima los pueden reservar, así que casi no llegan a la estantería. Aquí eso no suele pasar”. Lanzamientos recientes de Arturo Pérez Reverte, Isabel Allende, Carme Chaparro o Fernando Aramburu pueden encontrarse con facilidad en sus estanterías. Esas mismas que permanecen vacías en Legazpi o invisibles en Nuevos Ministerios.

La coyuntura que afecta a los Bibliometros se une a la degradación en la otra gran apuesta literaria de la red, las Metrotecas. En ese caso se trata de pequeños cajetines situados en los andenes, donde los viajeros pueden tomar algún ejemplar al tiempo que dejan otro. Sin embargo, el comportamiento de algunos usuarios que no han seguido esta política de reposición y la falta de inversión para renovar el catálogo original de 1.400 fondos han derivado en que la mayoría de los estantes hayan quedado vacíos a lo largo de las 16 estaciones en las que se disponen.

“Desvestir un santo para vestir otro”. Es el sentir general de varios barrios al norte de Madrid, verbalizado con esas mismas palabras por dos representantes distintos de los vecinos afectados por un polémico plan de la Consejería de Transportes. De materializarse, supondría un hecho inédito en la historia de Metro: suprimir una conexión ya existente.

En concreto, la de la línea 1 de Pinar de Chamartín, estación inaugurada en 2007 que además forma parte de la 4 y la 1 de Metro Ligero. La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, revelaba el 10 de marzo sus planes para alargar la línea 1 hasta el futuro desarrollo de Madrid Nuevo Norte, el resultado de la controvertida Operación Chamartín. Según el estudio informativo al que tuvo acceso este periódico, la alternativa con mayor respaldo técnico para la administración autonómica, de entre las cinco planteadas, pasa por instalar tres nuevas estaciones desde Chamartín (donde también llegará la 4) hasta las cocheras de Fuencarral. Esto implicaría cercenar la llegada de la 1 a la citada Pinar de Chamartín y a Bambú. En esta última estación, la línea más antigua de la red sería sustituida por la 4.

Mientras numerosas zonas de Madrid se manifiestan para exigir la llegada del suburbano en las nuevas ampliaciones que la Comunidad de Madrid ejecuta o proyecta, los residentes afectados por esta amenaza se movilizan para conservar aquello que ya tienen. Que utilizan cada día, durante más de 20 años cuando llegue el momento en el que la supresión se efectúe. Debido a ello, han organizado una concentración junto a la estación por la que pelean, este jueves 26 de marzo a las 18.00. Por redes y distintos canales vecinales informan sobre los métodos para presentar alegaciones, cuyo período permanece abierto hasta el próximo 9 de abril.

Jesús Viacambre, presidente de la Asociación Vecinal Pinar de Chamartín, explica en conversación con Somos Madrid la enorme indignación que la noticia les ha despertado: “Es inaudito y una auténtica falta de ética. Van a perjudicar a 200.000 usuarios actuales para una dotación que servirá a 150.000 hipotéticos viajeros en 20 años”. Incluye en esos 200.000 perjudicados a los vecinos Bambú y de Pinar de Chamartín, cuyo nombre oficial como barrio es Costillares, en el distrito de Ciudad Lineal. Pero también a los miles de habitantes o trabajadores de las zonas a las que el Metro Ligero presta servicio y que, gracias a la conexión con la línea 1 en la estación afectada, disfrutan de un importante nodo de comunicación. Son nuevos desarrollos urbanos como Las Tablas o Sanchinarro, además de barrios tradicionales como Virgen del Cortijo, todos ellos con conexiones de transporte de por sí deficientes.

La presidenta de la Asociación Vecinal Sanchinarro, Amalia Campos, desgrana los efectos “devastadores” de la medida para este entorno situado en el distrito de Hortaleza: “La línea 1 va al centro de Madrid, así que no es un trasbordo más. En cuanto al tiempo, el efecto de que nos quiten la línea y haya que hacer un cambio más es tremendo”. Jesús apostilla que la línea 4, la que sí permanecería en Pinar y la que supliría a la 1 en Bambú, no conecta con el centro y con puntos neurálgicos como Sol o Atocha. Más bien, los rodea: “Son líneas complementarias, no alternativas”. Ese nuevo trasbordo para tomar la 1 deberán completarlo además en Chamartín, una estación de dimensiones mucho mayores y más laberínticas: “Ya está muy cargada y es incómoda. En cambio, en Pinar de Chamartín el trasbordo es sencillo y apenas son dos minutos”.

La vecina defiende que “la idea del transporte es unir, no desconectar ni recortar, que es lo que harían con nosotros si la modificación entra en vigor”. Cuestiona igualmente que la alternativa elegida haya sido la mejor valorada, así como la apuesta “a favor de personas futuras y en contra de quienes ya utilizamos el servicio”. Amalia denuncia especialmente el temor que le han hecho llegar “vecinos afectados por discapacidad”.

Los residentes de los entornos a los que incumbe el plan han trasladado a ambas asociaciones multitud de quejas, consultas y reclamaciones que estas ahora intentan encauzar. De hecho, además de presentar sus propias alegaciones, animan a que lo haga todo el mundo: “Si en una familia hay cuatro miembros, que presenten cuatro”. “Solo en Sanchinarro y Virgen del Cortijo somos unas 35-40.000 personas, a las que hay que sumar la población flotante de centros empresariales, educativos, sanitarios...”, apostilla Amalia.

El hartazgo en las zonas que atraviesa el Metro Ligero del norte es especialmente notorio, ante el descontento ya existente con este servicio: “Nos colaron un invento, porque es el tren de la bruja y tiene unas frecuencias o unos tiempos mucho mayores. Luego nos tocó el Bus Rapid, otro transporte deficitario. Da la sensación de que Sanchinarro solo les interesa para experimentar”.

Nos colaron un invento, porque Metro Ligero es el tren de la bruja y tiene unas frecuencias o unos tiempos mucho mayores. Luego nos tocó el Bus Rapid, otro transporte deficitario. Da la sensación de que Sanchinarro solo les interesa para experimentar

Amalia Campos — Presidenta de la Asociación Vecinal de Sanchinarro

De vuelta en Pinar de Chamartín, los ánimos andan igual de caldeados: “Está todo el mundo en pie de guerra”, asegura Jesús Viacambre, que anticipa “una demolición a nivel de votos” en la zona para las próximas elecciones si el Ejecutivo de Ayuso no recula: “Se están metiendo en un avispero gigante”. Lo ve como el resultado lógico si “fastidian la forma de vida a barrios enteros”. “Tenemos dos líneas de Metro y dos de autobús. Llevamos meses pidiendo más buses al Ayuntamiento y nos encontramos con que la Comunidad nos quita una de las de Metro”, lamenta.

Tanto Amalia como Jesús recalcan el respaldo recibido desde el Consistorio, por lo menos al nivel de las Juntas Municipales de Hortaleza y Ciudad Lineal, respectivamente (las áreas afectadas incumben asimismo a los distritos de Chamartín y Fuencarral-El Pardo). “David Pérez nos ha apoyado y va a escribir a la Consejería deTransportes”, dice Amalia. Un gesto significativo del controvertido edil, puesto que antes de recalar en Hortaleza fue consejero del ramo en el Gobierno de Ayuso.

La Consejería de Transportes dice que no hay decisión definitiva, pero defiende el rediseño

Desde dicha Consejería, en declaraciones a este diario, argumentan que la polémica alteración “forma parte de un conjunto de opciones actualmente en estudio y, por tanto, no supone en ningún caso una decisión definitiva”. Inciden en que el objetivo es “reforzar la red de Metro en su conjunto, adaptándola al desarrollo de Madrid Nuevo Norte”. Por ello, dicen, “ninguna actuación se plantea para perjudicar la movilidad de ningún barrio, sino para optimizar el funcionamiento de toda la red y garantizar mejores tiempos y alternativas de conexión”.

Respecto a la preocupación por la comunicación directa con el centro, señalan que el sistema de transporte público en Madrid “funciona de manera integrada, con múltiples opciones de enlace que permiten mantener una conectividad eficaz”. Sostienen que “el rediseño de la red busca precisamente mejorar esas conexiones en términos globales”.

Según el documento informativo sometido a información pública, la línea 1 modificará su trazado antes de entrar en Chamartín. Allí, aprovechará los andenes ya construidos previamente en su parte baja y que se encuentran actualmente sin uso. Será así aunque para hacerlo haya que reducir su ancho, pues no estaban pensados para los trenes de esta línea, más pequeños que los nuevos de la 10.

A partir de Chamartín se extenderá hacia el norte por el nuevo desarrollo con tres nuevas estaciones (bautizadas de momento como Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte) hasta alcanzar las cocheras al norte de Fuencarral, más allá de la actual estación de Cercanías. Es este uso de la línea 1, en lugar de abrir una nueva, lo que provocará que cambie su recorrido final: en lugar de llegar hasta Pinar de Chamartín, la Comunidad de Madrid extenderá la línea 4 hasta Chamartín, pasando también por Bambú a través del mismo túnel.

En el área de Transportes del equipo de Ayuso, que lidera Jorge Rodrigo, mantienen asimismo que “el período de alegaciones se ajusta a la normativa vigente y forma parte de un proceso participativo abierto, en el que se analizarán todas las aportaciones recibidas”. Presumen en Sol de su “compromiso de diálogo con los vecinos y de estudiar en detalle todas las propuestas antes de adoptar una decisión final”, ante “la importancia de este proyecto para los barrios afectados y para el conjunto de la ciudad”. Pese a las críticas, concluyen que el proceso “se está abordando con el máximo rigor técnico y voluntad de consenso”.

Un “rigor” que se enfrenta ahora a 50 páginas de alegaciones, contando solo las que ha presentado la Asociación Vecinal Pinar de Chamartín. “Queremos que todo el mundo presente la suya, aunque no estén tan trabajadas y pese a que sabemos que la Semana Santa en medio lo complica. Lo importante es que la Comunidad de Madrid se dé cuenta de que es una barbaridad”, expone Jesús.

Además del proceso burocrático, las agrupaciones vecinales se han movido en los despachos. Tanto la de Sanchinarro como la de Pinar de Chamartín mantuvieron una conversación con dos diputados del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Ignacio Catalá (hijo del exministro de Justicia Rafael Catalá) y Carlos González (que preside además el PP de Chamartín). “Cuando les informamos de nuestra oposición y de lo vehemente que es salieron muy sorprendidos. Pensaban que iba a afectar a cuatro gatos”, comenta Jesús. “Entendieron que genera malestar y un perjuicio real a los usuarios”, completa Amalia con cierto optimismo.

Pese a estos encuentros, no piensan dar un paso atrás hasta que la Comunidad de Madrid retire el plan. “Esperamos que el jueves venga mucha gente a la protesta”, dice la representante vecinal, que anuncia el lema: “La línea 1 se queda”. Pero lo más importante, puntualiza, no es la cifra de asistentes: “Lo principal es juntarnos y mostrar nuestra indignación para que todo el mundo se sume a las alegaciones”. Que, como cuenta Jesús, “los responsables de este despropósito se den cuenta de que los barrios estamos unidos e indignados”. Un malestar surgido de un pensamiento común en estas áreas al norte de la capital: “Empeorar la calidad de vida de vecinos para hipotéticos vecinos futuros no tiene sentido”.

La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid vuelve a estudiar una polémica en torno a David Pérez, el edil presidente de Hortaleza y la figura más polémica en el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Después de que el organismo rechazara varias denuncias en torno a posibles contrataciones irregulares en la Junta Municipal del distrito, este jueves el PSOE de la ciudad ha elevado otra por el veto de Pérez a un acto de la Asociación Vecinal La Expansión de San Lorenzo en el centro cultural Huerta de la Salud.

La portavoz socialista en Cibeles, Reyes Maroto, ha recordado al presentar el escrito que el exalcalde de Alcorcón rechazó la petición vecinal “bajo el criterio de neutralidad y, al mismo tiempo, autorizó un acto del PP”. Ambos hechos coincidieron además en el tiempo el pasado 12 de marzo, aunque finalmente el evento con la vicealcaldesa Inmaculada Sanz fue suspendido al estallar la controversia.

“Este doble rasero es inaceptable, un uso partidista de los recursos públicos, y por eso llevamos esta denuncia ante la Oficina del Fraude y la Corrupción por presunto abuso de poder o corrupción administrativa”, recalca Maroto. “El Ayuntamiento no se puede convertir en un cortijo para el equipo del alcalde”, subraya, al tiempo que lamenta cómo “Hortaleza parece el banco de pruebas de Almeida para ver hasta dónde se llega en silenciar a vecinos y vecinas de Madrid”.

Maroto, que ha presentado la denuncia flanqueada por el también edil socialista Jorge Donaire, ha exigido responsabilidades políticas y pide el cese o la dimisión del que fuera consejero de Transportes y Vivienda en el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. “El PSOE lleva al pleno de este jueves una moción de urgencia en este sentido, porque las asociaciones están indefensas por el uso partidista que hace el concejal presidente. No es un caso aislado. Es su manera de proceder y Almeida tiene que cesar a David Pérez”, concluye la líder del Grupo Municipal Socialista en la capital.

Un veto por “neutralidad” entre actos del PP con Sanz o Álvarez de Toledo

En el escrito presentado por los socialistas, apelan a la importancia que otorga a la participación vecinal en los asuntos públicos el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, inspirado a su vez por la Carta Europea de la Autonomía Local de 1985 y la Constitución Española. El mencionado reglamento contempla a su vez la posibilidad de ceder, puntual o temporalmente, espacios municipales a las entidades y colectivos ciudadanos inscritos en el Censo Municipal de Entidades y Colectivos Ciudadanos.

El PSOE contrapone el veto de Pérez, en el que se parapeta en argumentos como la “neutralidad” (término que cita hasta en 16 ocasiones) de los espacios públicos, al acto programado el pasado jueves o a otros que el Partido Popular de Hortaleza ha organizado en centros municipales. Así, el pasado 17 de diciembre tuvo lugar otro en el centro Huerta de la Salud con la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Cayetana Álvarez de Toledo. La denuncia apostilla igualmente que “la propia resolución cita la doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual la neutralidad no permite controles sobre el contenido del mensaje, salvo cuando se vulnere la legalidad”.

La prohibición del debate vecinal sobre la gestión de la Junta de Hortaleza se produce en un distrito en el que el pasado octubre se celebró un acto de corte negacionista y antivacunas en el Centro Cultural Sanchinarro, dotación pública de gestión privatizada. Y en un ambiente muy caldeado, que ha granjeado a Pérez el apodo de concejal aguafiestas: prohibió el tradicional Carnaval vecinal de Hortaleza por coincidir con la Cuaresma o festivales de gran trayectoria como el Luis Aragofest, alegando cuestiones burocráticas. También mermó la participación de asociaciones en diferentes festejos al limitar las casetas asignadas y las ayudas recibidas.

16 menciones a la palabra “neutralidad” en apenas cuatro folios. Es el principal argumento del concejal presidente del distrito de Hortaleza, David Pérez, para denegar la solicitud de la Asociación Vecinal La Expansión de San Lorenzo de cara a utilizar el centro cultural Huerta de la Salud. Todo ello, el mismo día en el que el espacio público del distrito acoge un acto del Partido Popular de Hortaleza con la presencia de la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz.

La Expansión de San Lorenzo pretendía organizar este viernes 13 de marzo un encuentro para “reflexionar sobre la gestión del actual equipo de gobierno de la Junta de Distrito tras superar el ecuador de la legislatura”. El objetivo es “analizar las actuaciones administrativas, así como los hechos más relevantes que han tenido lugar en este período”. Para ello, deseaban “contar con representantes de las asociaciones vecinales y con la participación de toda persona interesada en intervenir, para crear un debate abierto y plural, que acerque la política municipal a la ciudadanía”. En un escrito fechado este mismo jueves 12 de marzo, Pérez rechaza la petición con párrafos que apelan a que “la Constitución española ordena la neutralidad de los poderes públicos”.

“La Junta nos ha prohibido organizar el acto porque lo consideran partidista. Lo hacen el mismo día que ese centro cultural acoge un acto del Partido Popular. Es un escándalo lo que sucede en Madrid”, denuncian desde la agrupación vecinal perjudicada en un mensaje en Bluesky. Otras fuentes implicadas en la organización de la cita cancelada que atienden a Somos Madrid califican la decisión, así como el contraste con la actividad del PP, como “vergonzosa”.

La coincidencia temporal entre la denegación del permiso y el acto del PP ha soliviantado unos ánimos ya muy caldeados en el distrito, cuyo tejido vecinal lleva toda la legislatura enfrentado a Pérez, bautizado como el concejal aguafiestas. Acusan al edil y su equipo de actuación discrecional en la entrega de determinadas ayudas o la concesión de casetas en los festejos populares, a la vez que cuestionan las trabas burocráticas a eventos asentados en el barrio, como el Luis Aragofest.

Miguel Montejo, concejal de Más Madrid, se ha sumado a las críticas recordando que este 12 de marzo se han cumplido “50 años de la primera manifestación autorizada en Madrid tras la dictadura, precisamente en Hortaleza”. En ese aniversario, “David Pérez se despacha con su habitual violencia administrativa y clásica arbitrariedad al rechazar ceder un espacio cultural del distrito a una asociación vecinal para preservar la neutralidad política, al mismo tiempo que autoriza un acto del Partido Popular en el mismo sitio”. Cree que el exconsejero de Isabel Díaz Ayuso y exalcalde de Alcorcón es “la máquina del tiempo, a tiempo anterior a la libertad de expresión”.

Este periódico ha consultado sobre la polémica a fuentes del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, en particular la Junta Municipal de Hortaleza, sin recibir respuesta hasta el momento. Tampoco se pronuncian desde el grupo municipal del PP en el Consistorio, que organiza el acto de Sanz, aunque sin responsabilidad en la adjudicación de los espacios públicos (competencia de la Junta). Estos hechos suceden en un distrito en el que el pasado octubre se celebró un acto de corte negacionista y antivacunas en el Centro Cultural Sanchinarro, dotación pública de gestión privatizada.

La organización de Madring, nombre oficial del circuito que albergará en septiembre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, ha compartido las primeras imágenes oficiales (que no reales) del trazado. Todas ellas representan el estado futuro de las instalaciones una vez se celebran las carreras, con los monoplazas circulando por las distintas áreas del recorrido.

Una raṕida comprobación arroja que, de los cinco renders, dos han sido al menos retocadas con herramientas de inteligencia artificial y uno más (el que ilustra este artículo) ha sido directamente generado de la mano de la IA. Además, los propios responsables indican que se trata de imágenes “orientativas sujetas a cambios”.

Las recreaciones comparten un elemento común: la fuerte presencia de las banderas de España. Una de ellas, de gran tamaño, alcanza el cielo sobre el circuito en un mástil del que se presume una altura nada desdeñable. En total, una quincena de enseñas en solo cinco imágenes.

A ello hay que sumar el color rojigualdo del piano, ese borde elevado que sirve como límite de las pistas. Los colores habituales son el rojo y el blanco, pero en Madring serán customizados con una estética más cañí.

Las imágenes van acompañadas de una nota de prensa (remitida en inglés, reservando el españolismo solo a lo visual) que desgrana distintas zonas de Madring: la zona de gradas en césped en la foto que encabeza esta pieza, la recta principal coronada con el banderón, la curva de Hortaleza y su piano rojigualdo o las llamadas “enlazadas de Valdebebas” (un sector de gran dificultad técnica que requiere constantes ajustes de velocidad).

Aunque el tramo más llamativo es, quizá, la curva batutizada como La Monumental. Otro apelativo con resonancias tradicionales en una curva de 550 metros con una inclinación del 24%. Esta imagen refleja además gran parte de las gradas con una perspectiva aérea. La capacidad de Madring, según sus responsables, rondará los 45.000 espectadores.

El Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre de este 2026 en el entorno de Ifema y el barrio de Valdebebas, entre los distritos de Barajas y Hortaleza. La organización comparte estas imágenes a 188 días de su celebración y después de las dudas sobre el avance de las obras a tiempo vertidas por vecinos de la zona: “Está todo patas arriba”, trasladan.

Representantes del recinto reiteraran por contra su intención de cumplir con el plazo y entregar a tiempo el trazado para el Gran Premio de Fórmula 1, antes del próximo 31 de mayo. Esperemos que para entonces la provisión de banderas esté totalmente garantizada.

Nueva controversia de David Pérez, el bautizado como concejal aguafiestas en el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Vecinos de la asociación vecinal La Unión denuncian que el presidente de la Junta Municipal de Hortaleza impide que celebren su tradición Carnaval el próximo 28 de febrero. El argumento del organismo municipal es que llega “fuera del calendario que Madrid ha elegido este año”, ya en Cuaresma.

En la denegación de la solicitud vecinal, que consideran “extermporánea e inoportuna”, la Junta de Hortaleza indica erróneamente que el Carnaval en Madrid arrancó el 6 de febrero y finalizó el 10, cuando las fechas oficiales fueron del 14 al 18. Para rechazar la petición, señalan además que “no concurre justificación de interés general a los efectos de su otorgamiento”, explican en la contestación a la asociación, a la que ha tenido acceso este periódico.

“Nuestro barrio no tiene derecho al Carnaval”, lamentan desde La Unión, que lleva organizando estos festejos tradicionales muchos años. Recuerdan igualmente que “la propia Junta permitió celebrar la Navidad en noviembre en el barrio de Valdebebas”, por lo que ven “solucionas distintas ante casos iguales”. Tachan la decisión de “arbitraria” y “un ataque directo a la cultura popular por parte de la Junta Municipal”.

En el capítulo de “incoherencias”, recuerdan que la entidad distrital celebró una cabalgata el 3 y otra el 4 de enero, “cuando todo el mundo sabe que los magos de Oriente viajan la noche del 5 de enero”. “Se vulnera nuestro derecho constitucional a participar y a crear cultura para y con el barrio. Huele a tiempos pasados: durante la dictadura de Franco las fiestas populares estaban prohibidas. ¡No permitiremos que nos devuelvan a esa oscuridad!”, avisan. Otras juntas de distrito como la de Usera colaboran en fiestas de Carnaval este sábado 28 de febrero en tres colegios públicos. La Junta de Fuencarral-El Pardo organiza un concierto de Carnaval este mismo viernes, 27 de febrero.

“No vamos a dejar que censuren nuestra alegría ni que impongan calendarios religiosos a una celebración del vecindario”, añaden. Claman “por un Carnaval libre, popular y de barrio”, por lo que han convocado una mani-fiesta-ción el propio sábado 28 de febrero a las 12.30 “para celebrar y decir bien alto que el carnaval en Hortaleza no se toca”.

En el acto de este sábado, que arrancará en el número 55 de la calle Santa Susana, sacarán su alegría reivindicativa a la calle con un desfile, baile, un concurso de disfraces, un mercadillo de segunda mano y una barra asociaciativa “unionera”.

Este periódico ha consultado fuentes del Ayuntamiento de Madrid para profundizar en los motivos de que la Junta de Hortaleza niegue la solicitud de celebrar su Carnaval a la asociación de vecinos. Su respuesta es que “la solicitud presentada no se ajusta a las condiciones exigidas por las ordenanzas en materia de ocupación del dominio público y desarrollo de actividades con posible carácter lucrativo, en particular en lo relativo a la instalación de barras y la venta de comida y bebida, que requieren autorización expresa y el cumplimiento de requisitos específicos que no concurren en este caso”.

Señalan asimismo que “la resolución tiene en cuenta los antecedentes existentes en ejercicios anteriores (2024 y 2025), en los que se detectaron incumplimientos de las condiciones autorizadas y actuaciones no amparadas por licencia municipal, un elemento legítimo de valoración administrativa a efectos de garantizar el correcto uso del espacio público, la seguridad y el respeto a la normativa vigente”.

Pérez ha acumulado polémicas desde su llegada a la Junta Municipal, al negar los permisos de festejos populares o festivales de música de dilatada trayectoria. Agrupaciones vecinales le han acusado de “discreción” al otorgar o negar ayudas y concesiones a asociaciones, mermando sus ingresos. Además, miembros y extrabajadores de la Junta han hablado de una “purga” en la plantilla y colocación de nuevos perfiles próximos al exconsejero en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

El Ayuntamiento de Madrid no indagará en las presuntas irregularidades de la Junta Municipal de Hortaleza, presidida por el polémico concejal David Pérez. Las informaciones publicadas por este periódico el pasado noviembre abordan la cuestionada adjudicación para organizar una cabalgata de Reyes a una empresa que no cumplía un requisito de la licitación, la ayuda concedida a una asociación que no respetó las bases de la convocatoria o la organización de actos en un auditorio después de que el lote de gestión de servicios en ese recinto quedara desierto. La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción no investigará ninguna de estas actuaciones, a tenor de la información y la documentación a la que ha tenido acceso Somos Madrid.

La entidad del Gobierno de Almeida solo entra a valorar la tercera de las cuestiones denunciadas por el abogado Javier Flores, ya que sobre las dos primeras manifiesta su falta de competencia. Pese a ello, fuentes del Ayuntamiento consideran que la Oficina Antifraude ve la gestión técnica “respaldada por la Intervención Municipal”. Desde el Ejecutivo de Cibeles hablan además de “titulares difamatorios” a partir de estas denuncias, así como de “una campaña de acoso personal que señaló al concejal de Hortaleza, David Pérez, como corrupto”. Según el Consistorio, “estos informes concluyen que la subvención fue legal y la cabalgata cumplió escrupulosamente la normativa”

“El Reglamento Orgánico de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción no configura a esta Oficina Municipal como un mecanismo de revisión sobre resoluciones adoptadas por los órganos que tienen competencia para dictarlas”, recoge el escrito en cuanto a la subvención de 3.100 euros a la Asociación de Vecinos Cárcavas San Antonio.

En una solicitud a las ayudas de la Junta Municipal de Hortaleza elevada el 18 de junio de 2024, esta entidad presentó un proyecto con un presupuesto de 12.000 euros. Apenas unas horas más tarde, dirigió una segunda solicitud en la que reducía la cantidad a 8.000 euros. En ambos casos, a tenor de las bases y de que no hubo más intentos de subsanación antes de que el plazo expirara, la propuesta debió ser rechazada al superar el límite de 6.000 euros por solicitud. Sin embargo, esto no sucedió y la agrupación recibió una aportación de 3.100 euros, la cifra a la que aspiraba y que es además la máxima financiación por entidad que las bases permitían. Otras agrupaciones que cumplían todos los requisitos no recibieron ni un euro “por falta de fondos”.

Sin competencias sobre la contratación en la cabalgata, pero recomendación de “una mayor igualdad”

El órgano de control rechaza igualmente analizar lo ocurrido en la cabalgata de Sanchinarro de 2024 con argumentos similares: “Esta Oficina Municipal no tiene competencia en materia de revisión de actos administrativos”. La Junta de Hortaleza se saltó los requisitos de su propia convocatoria para adjudicar un contrato por valor de 10.500 euros a la compañía Eventos Innovate Altea. El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), documento que establecía las bases, recogía en su cláusula 14 que las empresas beneficiarias debían cumplir, ya antes del inicio del proceso, un requisito indispensable: la inscripción o solicitud en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (Rolece). Sin embargo, la agraciada no figuraba en ese registro en el momento de presentar su candidatura, pese a señalar que sí en la presentación de su oferta. De acuerdo a la documentación consultada por este periódico, la situación dio pie a un voto discrepante de la interventora del distrito, Aránzazu Ruiz Muguruza, una de las integrantes de la mesa de contratación. Consideró que la información aportada no eximía a la empresa de incumplir las condiciones de los pliegos.

Pese a descartar las pesquisas debido a una cuestión competencial, en este tema la resolución expresa más duda sobre la rigurosidad del procedimiento: “En el caso que nos ocupa el PCAP si establecía dicha exigencia. Por otra parte, el modelo de pliegos declarados de general aplicación en el Ayuntamiento de Madrid contiene la cláusula 14 en los mismos términos recogidos en el PCAP del contrato. Asimismo, y sin perjuicio de que se valore por el órgano competente para la aprobación de pliegos que no procede la solicitud de inscripción en el Rolece como requisito previo en futuros expedientes, contribuiría a dotar de una mayor igualdad en la concurrencia publica que esta cuestión quedara claramente expresada en los pliegos”.

La tercera cuestión tiene que ver con la organización de conciertos u homenajes a los mejores estudiantes de Hortaleza en el auditorio Pilar García Peña. Aunque el lote para labores de asistencia que incluyen la seguridad o la técnica no tuvo concurrentes y el Ayuntamiento de Madrid tampoco cerró contratos menores, el espacio acogió un concierto, actuaciones de un coro infantil o premios a cientos de niños. El Gobierno de Almeida argumenta que una contratación paralela, en un lote separado, “cubre la prestación integral” de estos servicios. La resolución de la Oficina Antifraude respalda esta postura: “De la lectura de los informes emitidos, tanto por Coordinación de Distrito como por el responsable del Contrato, se infiere que no quedan acreditadas las irregularidades que se afirmaban en la denuncia”.

La Oficina respalda a la Coordinación del Distrito por la “presunción de veracidad”

Según dichos informes, remitidos en diciembre de 2025, los conciertos en el auditorio Pilar García Peña “estarían enmarcados en la previsión de 3 actividades en dicho espacio contempladas en el lote 1 [el que sí fue adjudicado]”. La Oficina recalca que esos documentos “están dotados de una presunción de acierto y veracidad por la cualificación técnica de quienes los emiten y solo cabe frente a ellos una prueba suficiente de que son manifiestamente erróneos, de que vulneran el ordenamiento jurídico vigente”. Pero el organismo que los emite, la Coordinación del Distrito, es uno de los más criticados por asociaciones vecinales que denuncian la “persecución”, la “discriminación” o la “asfixia económica y burocrática” por parte de Pérez, sobre todo después de la cancelación de eventos con raigambre en el barrio a pocos días de su celebración.

Ocupa la coordinación del distrito Miguel Ángel López del Pozo, figura con un papel clave en otra importante controversia en Hortaleza, en lo que algunos vecinos y extrabajadores han calificado como “purga” de trabajadores en la Junta de Hortaleza. La Coordinadora de Entidades de Hortaleza cree que López del Pozo ha promovido recolocaciones y hostigamiento a funcionarios “por motivos ideológicos”: “Es un político camuflado que ha generado un ambiente irrespirable en la Junta Municipal, como denuncia la plantilla”.

“Nada de lo que está haciendo David Pérez figuraba en el programa del Partido Popular y nuestras críticas son compartidas por muchos de sus votantes en el distrito, también por representantes del partido en Hortaleza”, aseguraba también la Coordinadora, que lamenta la actitud “cómplice y protectora” del alcalde de Madrid. Precisamente el regidor, José Luis Martínez-Almeida, animó a presentar denuncias administrativas cuando comenzaron a trascender estas informaciones. Fuentes consultadas por este medio indican que el primer edil era ya consciente de que la prescripción del plazo para presentar recursos por parte de posibles perjudicados en los casos de la cabalgata y la ayuda a la asociación dificultaban la iniciación de cualquier procedimiento sancionador.

Pocos concejales presidentes de distrito han dejado tanta huella como David Pérez, aunque no sea precisamente en sentido positivo. Sus diversas polémicas en aspectos como presuntas contrataciones irregulares, persecución de asociaciones vecinales críticas u hostigamiento a funcionarios de la Junta Municipal de Hortaleza ha copado titulares de la prensa local y han derivado ya en denuncias presentadas ante el Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida. Pero ahora estas controversias dan un nuevo salto y pasan de los medios al puro entretenimiento. No a una película ni a una serie, aunque hay tramas para ello, sino a un particular juego de mesa.

Con el nombre de Concejal Aguafiestas, utilizado por primera vez en Somos Madrid a tenor de las quejas vecinales por la cancelación de importantes festivales de música a horas de su celebración o las trabas para la participación de asociaciones en festejos populares, se trata de una idea desarrollada por Generación Hortaleza. Un club de juegos de mesa y ocio alternativo en el distrito que ha podido crecer, en gran medida, gracias a la colaboración o la cesión de espacios por parte de asociaciones y funcionarios ahora afectados por unas actuaciones del equipo de Pérez que consideran arbitrarias e injustificadas.

En un post publicado en Instagram, explican que Concejal Aguafiestas es “el mejor regalo para estas navidades”. “Vas a poder encontrar de todo, desde censuras de críticas hasta la prohibición de los festivales, pasando por multas a asociaciones y control de las fiestas”, cuentan. Cada uno de estos aspectos, ocho en total (también incluyen “concursos para beneficiar empresas”), tiene su correspondiente carta y puntuación.

Las tarjetas, con diseños tan sencillos como efectivos a la hora de ilustrar cada concepto, deben ser barajadas y luego repartidas “para que los contratos caigan del cielo”. La dinámica del juego requiere conseguir nueve cláusulas de un contrato mediante el intercambio de cartas sin turnos fijos. Cuando esto se consiga, el concejal adjudicará dicho contrato al poseedor de ellas y este será declarado ganador gracias a la mordida con la que se hará. Un dardo a las presuntas anomalías en la Junta Municipal de Hortaleza, presidida por el exalcalde de Alcorcón y exconsejero (primero de Vivienda y más tarde de Transportes) en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

En una referencia a la cuestionada contratación de la última cabalgata de Reyes en Sanchinarro, el vídeo indica que puedes pedírselo “a tu Rey Mago favorito: Melchor, Gaspar o Baltasar”. Con este último recuerdan otra polémica del Ayuntamiento de Almeida, la del vocal vecino de Chamberí que protagonizó un muy comentado anuncio navideño con la cara pintada de negro.

Además de esa publicación en redes, un vídeo de YouTube desarrolla con más detalles el funcionamiento del juego y los motivos de su germen. Aunque la preventa de una tirada exclusiva acabó el pasado 28 de diciembre, el formulario de venta habilitado por sus impulsores todavía está abierto. El precio es de 15 euros (con pago mediante Bizum, transferencia bancaria o Paypal) y la recogida se efectúa en la tienda Somos Juegos, en el número 1 de la calle Liberación.

Los promotores de este fascinante concepto esperan disponer de las copias solicitadas antes del próximo Día de Reyes, aunque no pueden garantizarlo al tratarse de un proceso autogestionado (con las ventas esperan cubrir ventas y lograr unos mínimos beneficios). Todo sea por conseguir el regalo perfecto para cualquier hortalino: “El juego de mesa en el que tú también podrás conseguir contratos con la ayuda de un concejal al que no le gusta estar ahí y aprovecha para que sus amiguitos consigan dinero a costa de vender poco a poco un distrito”. Apostillan, eso sí, que “cualquier parecido con la realidad es totalmente intencional”.

Ha quedado como una foto icónica de la corrupción y el despilfarro de la primera década del milenio en España: Francisco Camps al volante de un Ferrari descapotable azul, junto a Rita Barberá de copiloto y Fernando Alonso y Felipe Massa saludando a la afición desde los asientos traseros. Expiraba el año 2009, ni siquiera era un gran premio de Fórmula 1. Ferrari celebraba su gran fiesta en València, donde comparecía por primera vez Alonso como flamante fichaje de la escudería italiana. La crisis financiera ya arreciaba con fuerza mientras una parte de la política hacía todo lo posible por no darse cuenta. Que la Comunitat acabaría arruinada y teniendo que pedir un crédito para pagar las nóminas de los funcionarios se sabría años después. En el momento de la foto del Ferrari, la Generalitat y el Ayuntamiento, con sus máximos responsables a bordo del descapotable, apuraban el fin de fiesta de la burbuja inmobiliaria. Tras la Ciudad de las Artes de Calatrava había de llegar la Fórmula 1. El president Francisco Camps prometió que no costaría “ni un euro a los valencianos”.

Aquellos discursos de Camps y Barberá en 2007 coinciden punto por punto con los que repiten 18 años después otra presidenta y otro alcalde, también del PP y como aquellos, guarnecidos por sus cómodas mayorías absolutas. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida inciden igualmente en los beneficios que otro circuito urbano llevará a su región cuando desembarquen todas esas escuderías en la capital. Pese a los anuncios de austeridad, igual que en la Comunitat Valenciana también Madrid ha empezado el desembolso millonario. Los primeros pasos del Gran Premio que organizará la capital a partir del año próximo siguen un guion que sufrieron en sus carnes los valencianos y que derivó en una ruina de 300 millones de euros.

Contratos secretos y cláusulas confidenciales con dinero público

En la Comunitat Valenciana el capo de la Fórmula 1 entonces, Berni Ecclestone, puso una condición para celebrar los grandes premios allí: la continuidad del PP en el poder. Lo dijo sin ningún rubor en el inicio de campaña de las municipales de 2007. La mañana después de la pegada de carteles y aunque la Junta Electoral había ordenado retirar el logo de la Generalitat del acto público para no interferir en los comicios, Ecclestone tomó la palabra y dijo: “Hace dos años conocí a Camps y me enamoré de él, y luego conocí a la alcaldesa y me enamoré de ella. Nadie podría hacer mejor este trabajo por la Fórmula 1. Conmigo no van los nombres de las grandes ciudades, creo en las personas. Creo en las personas y siento comunicarles que, aunque el contrato está perfecto, no se firmará hasta después de las elecciones”.

Pero para que el circo de la Fórmula 1 eche a rodar, no solo hacen falta amistades políticas, también dinero, mucho dinero. Y en la Comunitat Valenciana acabó poniéndolo a través de una sociedad pública que finalmente asumió todos los costes, incluida la absorción de la empresa privada que en principio se iba a encargar de todo, Valmor Sport SL, con accionistas amigos de la cúpula del PP regional como el expiloto Jorge Martínez “Aspar”, el empresario Fernando Roig y la entidad Bancaja. Todo en la operación estuvo rodeado de oscurantismo porque además los primeros contratos se firmaron entre Formula One Administration, que manejaba las licencias de las pruebas, y la empresa privada Valmor Sport SL, creada para la ocasión y sin experiencia en la organización de pruebas deportivas e incluían cláusulas de confidencialidad que impedían conocer los números. Ni siquiera la oposición política pudo revisar la documentación, declarada secreta. Pero las pérdidas las acabó asumiendo la Generalitat a través de la empresa pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva SAU. La oposición calculó que en los cuatro años que se celebraron otros tantos grandes premios se esfumaron más de 300 millones de dinero público. Pese a la opacidad que rodea a la Fórmula 1, acabaron aflorando algunos números: el canon que se pagó a Ecclestone empezó siendo de 19 millones en 2009 y subió hasta 27 millones en 2012.

La vuelta de la competición automovilística a Madrid 45 años después de la última carrera en El Jarama también está envuelta en esa misma opacidad. El circuito urbano bautizado como Madring discurrirá en el entorno de Ifema, consorcio público-privado que gestiona el principal centro de congresos de la capital, al que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento aportan un 62% de su financiación (la mitad cada administración), beneficios operativos al margen. Pese a reiterados requerimientos de los partidos de la oposición madrileña, de la prensa o de entidades vecinales, el acuerdo entre Ifema y las sociedades Formula One Marketing Limited y Formula One World Championship Limited (equivalentes actuales a Formula One Administration) no ha sido publicado y se desconocen sus pormenores.

El modelo de Ifema no solo camufla el origen parcialmente público de la financiación del Gran Premio, al no partir directamente de los Gobiernos de Ayuso y Almeida, sino que permite ejecutar las contrataciones con menos transparencia que si los procesos fueran desarrollados por el Ejecutivo municipal o el autonómico. Ifema tampoco ha compartido ni detallado, ante las solicitudes de este periódico, el estudio económico de la consultora Deloitte según el cual la cita deparará unos ingresos anuales “superiores a los 450 millones de euros” en la región, con un impacto en la creación de los puestos de trabajo estimado en “más de 8.200 empleos”. De la metodología empleada para estas estimaciones o las fuentes a partir de las que han llegado a prever tales cifras tampoco se conocen detalles.

El proyecto, que redefine el modelo de Ifema, ha supuesto ya un gasto de 136 millones de euros: 51 millones para erigir los nuevos pabellones; 83,2 millones para construir el circuito de Madring; un millón por los servicios jurídicos asociados a los contratos con la Fórmula 1 (gasto del que solo computa por el momento el primer ejercicio, pero que será anual) y otros 700.000 euros por el servicio de calidad de contraste para la ejecución de obras. Y el porcentaje de fondos públicos todavía podría aumentar, puesto que la Fundación Montemadrid (también conocida como Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid) aprobó en septiembre abandonar el accionariado de la entidad por su oposición a la Fórmula 1. Este organismo aportaba hasta un 7% de los fondos del consorcio. A ello hay que añadir la inversión directa del Gobierno de Ayuso en acciones promocionales. En 2023, para impulsar el anuncio de la llegada del Gran Premio a Madrid, la Comunidad de Madrid gastó 200.000 euros en el patrocinio de un acto de Red Bull en Madrid, con un circuito urbano en Cibeles. El Ejecutivo autonómico canceló una acción similar en la Puerta del Sol el pasado octubre, a la que iba a destinar otro patrocinio valorado en 120.000 euros.

Todo ello pese a la insistencia de Ayuso, Almeida y sus equipos por negar el uso de fondos públicos para espantar el fantasma pasado de Valencia. Alcalde y presidenta se excusan con declaraciones que remiten irremediablemente a las de Camps: “Si la Fórmula 1 la pagaba Ada Colau [en referencia al Gran Premio de Barcelona-Catalunya en Montmeló] es perfecto (...) pero si a los madrileños no les cuesta un euro de dinero público es fascista”, aseveró el alcalde de la capital en abril. Todo ello después de que la portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, le recordase los “300 millones” de agujero que dejó el circuito de València.

En Ifema ya han saltado las primeras señales de alarma. No solo por los dos años de pérdidas que, según fuentes municipales, el Gran Premio causará en la sociedad que gestiona el palacio de congresos y exposiciones (por la inversión en obras y la pérdida de nichos de negocio como la organización de festivales de música). Más notorio si cabe es que, según su balance de cuentas publicado el 31 de diciembre de 2024, el consorcio público-privado calcula un posible impacto negativo a sus cuentas que se puede elevar hasta 270 millones de euros si se produjera algún tipo de incumplimiento en el contrato firmado con la organización de las carreras. Según dicho informe, al final del periodo contratado (en el año 2036, pues el acuerdo es por diez años), la entidad garantiza que se producirían “resultados positivos”. Fuentes de Ifema preguntadas por este periódico sostienen que, de acuerdo a sus estimaciones actuales, “los ingresos derivados de la ejecución de este proyecto serán suficientes para soportar los compromisos económicos del mismo”. Semejantes previsiones también están en las hemerotecas valencianas.

Unos compromisos que aumentan mientras no se cierran inversores con los que mitigar el impacto financiero de la gestión del evento, más allá de las zonas VIP. “Es verdad que sacamos el contrato de gestión y debido básicamente a la cantidad de cláusulas adicionales que pusimos no hemos encontrado a la empresa que quiera inicialmente la transmisión de ese riesgo”, declaró la concejala delegada del área de Hacienda, Engracia Hidalgo. El único acuerdo cerrado hasta el momento es con la multinacional suiza Match Hospitality. Se encargará de diseñar, construir y comercializar las zonas reservadas en el paddock del Gran Premio entre 2026 y 2036 con una inversión total de 400 millones de euros. Como ya hace en otras carreras del calendario, se ocupará de generar los paquetes turísticos, organizar caterings o coordinar los accesos a estas zonas reservadas, entre otras funciones. Conviene apuntar que esta millonaria aportación no repercute en una compensación de otros gastos de Ifema, solo reduce sus gastos al no tener que invertir en las tareas mencionadas. Es lo que buscan para la construcción del circuito y otras muchas inversiones de calado por afrontar, por el momento sin éxito.

Declaración de interés público y planes especiales para agilizar las obras

Ambos gobiernos, tanto el de Camps en la Comunitat Valenciana como el de Madrid, han recurrido a maniobras administrativas para agilizar plazos. En el caso de la Generalitat, a través de la declaración de interés público del evento para acelerar los permisos y saltarse trámites para acelerar las obras. La aventura arrancó con el decreto 15/2008 aprobado el 8 de febrero de 2008 por el gobierno que presidía Francisco Camps y que regulaba las condiciones técnicas, jurídicas y administrativas del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en la capital. Básicamente, suponía declarar de “interés general” todas las obras, proyectos, actividades e iniciativas de cualquiera naturaleza, ya fuesen públicas o privadas, a realizar con ocasión de la prueba deportiva, autorizar el procedimiento excepcional para las expropiaciones y la tramitación de urgencia de los órganos de contratación, así como eximir de la obligación de obtener permisos de actividad y licencias urbanísticas y la aplicación. En otras palabras, vía libre para expropiar, construir y adjudicar contratos sin pasar por los trámites ordinarios de la administración.

En Madrid, las obras echaron a rodar (talas mediante) con una ampliación de la superficie urbanizable de Ifema por valor de 51 millones de euros, amparada en un plan especial elaborado para la ocasión por el Ayuntamiento (con el concejal de Urbanismo y mano derecha de Almeida, Borja Carabante, como gran valedor). Aunque los trabajos incluyen un aparcamiento y tres pabellones en los que se instalarán talleres o los paddocks, Ifema no incluye este presupuesto en el dirigido específicamente al Gran Premio. El PSOE de Madrid considera “ilegal” esta actuación al desviar una vía pecuaria, la Vereda de los Leñeros, con ese plan especial. Creen que “no hay espacio suficiente” y que este hecho exigiría modificar el Plan General de Ordenación Urbana, un procedimiento imposible de completar en los meses que quedan para el Gran Premio.

Denuncias ante la Justicia de la oposición

También el PSOE, en este caso el valenciano, acabó presentando una extensa denuncia de centenares de páginas en la Fiscalía, donde se detallaban todo tipo de delitos contables de los socios privados de la Generalitat y se acusaba de prevaricación a los promotores políticos de la Fórmula 1, que finalmente acabó archivada. El escándalo llegó al punto de que el gabinete de Camps empujó a Canal Nou a firmar un contrato para retransmitir una carrera cuyos derechos tenía La Sexta y que llevó a la cadena autonómica a acabar pagando 16 millones de euros por su renuncia a dar el Gran Premio en directo.

En abril, Más Madrid llevó el polémico plan especial del equipo de Almeida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y elevó un recurso contencioso-administrativo. Las motivaciones del partido de Rita Maestre estaban centradas en las “graves deficiencias en el proceso de aprobación” del plan especial, así como en los “significativos impactos negativos” que tendrá sobre la ciudad. En particular, sobre los vecinos de los distritos más afectados por las obras o el funcionamiento del circuito, Barajas y Hortaleza. El juzgado rechazó las cautelares, aunque fue admitido a trámite y continúa su periplo legal. Además, la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo del TSJM estudia desde mayo otro recurso interpuesto contra el plan especial por la Plataforma Ecología Madrileña y requirió al Gobierno municipal que remita el expediente administrativo del proyecto. A los argumentos de Más Madrid en su propio procedimiento, la Plataforma Ecologista añade que los trabajos de construcción en el entorno de Ifema “están destruyendo buena parte de los humedales existentes en la parcela norte, entre la calle de Francisco Umbral y la avenida de Alejandro de la Sota”.

El proceso de construcción de Madring tampoco ha estado exento de contratiempos. Importantes compañías que se presentaron a la licitación, como FCC, Ferrovial y Sacyr, se retiraron en etapas posteriores, algunas después de manifestar que los plazos temporales de ejecución de las obras estaban “muy ajustados” (aunque Ayuso sostiene ahora que van “más rápido de lo esperado”). Además, Más Madrid solicitó igualmente al TSJM la suspensión cautelar de las obras con otro recurso. Lo reclaman por el importante impacto sonoro asociado al proyecto y por considerar un fraude de ley que el Ayuntamiento de la capital haya tramitado como licencia temporal la de una infraestructura pensada para albergar al menos diez años de carreras, con algunos elementos permanentes aunque otros se desmonten durante varios meses. Un permiso de estas características reduce los requerimientos técnicos y permite agilizar trámites, aunque debe estar debidamente acreditado. De nuevo, el TSJM ha rechazado por el momento las medidas cautelares, pero el recurso de Más Madrid sigue su curso.

Viajes presidenciales a grandes premios de otros países

El pasado octubre, coincidiendo con su cumpleaños (que Ayuso ha pasado los dos últimos años en Estados Unidos), la presidenta viajó a Texas para asistir en persona al Gran Premio de las Américas. La dirigente madrileña estuvo en la zona de las escuderías, recibió unos guantes firmados por el piloto madrileño Carlos Sainz jr. (cuya figura de embajador de Madring remite a la de Fernando Alonso en València) y justificó el viaje institucional para “conocer de primera mano” cómo se organiza una prueba de estas características. Tuvo tiempo de conceder pequeñas entrevistas a medios deportivos, incluido Dazn, la cadena que cuenta con los derechos de retransmisión de las pruebas y a quien dejó unas declaraciones sobre el buen ritmo al que avanzan las obras para el circuito madrileño.

También se vio con el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali. Figura mucho más comedida que Ecclestone, sus elogios a las administraciones madrileñas han levantado menos ampollas, aunque han sido igual de firmes: “Estamos muy contentos con lo que Madrid está ofreciendo. Madrid llegó con una propuesta seria y es un buen lugar para ir”, aseguró Domenicali el pasado año, durante la presentación del Banco Santander como nuevo patrocinador la Fórmula 1. Un apoyo que compagina con buenas palabras también hacia el Gran Premio de Montmeló, cuya inclusión en el calendario está en entredicho a partir de 2027: “Estamos muy contentos con lo que siempre ha hecho Barcelona y lo que está haciendo de cara al futuro”.

La oposición ha pedido los gastos de las facturas de Ayuso y ha cuestionado la utilidad de esas visitas. También eso sucedió en la Comunitat Valenciana en tiempos de Camps, cuando el president cargó todo tipo de gastos suyos y de la expedición que lo acompañaba a los diferentes destinos vinculados a la Fórmula 1. Informes policiales recopilaron gastos de un vuelo a Londres con el único motivo de cenar con Ecclestone, y facturas de otros acompañantes en el mismo restaurante británico. En los expedientes constan media docena de viajes de ese tipo. Hay incluso facturas de hoteles a los que no se presentaron los huéspedes, como los 2.317 euros que se pagaron en 2011 por dos habitaciones durante dos noches en un hotel de lujo de Jérez que el president ordenó reservar para poder acudir al Gran Premio de Motociclismo y al que decidió no viajar a última hora. Las reservas, para él y su personal de confianza, las acabó pagando la empresa pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva SAU.

El procesamiento de Camps acabó con la aventura de la F1

Los contratos para acoger nuevas pruebas no se renovaron porque la prórroga que Camps intentó firmar con el patrón del negocio y para entonces amigo suyo, Bernie Ecclestone, en julio de 2011 para organizar más grandes premios a partir del año siguiente fue considerado nulo por los servicios de Intervención de la Generalitat. Camps lo tramitó la víspera de ser procesado en la causa de los trajes, en la que finalmente salió absuelto. El Gobierno que lo sustituyó se negó a ratificar el contrato y los monoplazas ya no regresaron a Valencia.

Este historial, unido a la celeridad y las dudas del proceso, explica que ahora en Madrid surjan conflictos políticos, judiciales e internos dentro de Ifema. También una fuerte contestación vecinal, estructurada a través de la Plataforma Stop F1 Madrid. Las talas, el ruido, el “despilfarro de fondos públicos” o el “lucro directo de promotores privados gracias al precio desorbitado de las entradas” (de las que todavía quedaban 30.000 sin vender después de que Ayuso asegurara que se despacharon “en dos minutos”) provocan que cientos de residentes duden de que el Gran Premio genere beneficios en sus barrios. “Tal vez la Justicia sea lenta, pero estoy bastante seguro de que un campeonato mundial en mitad de un barrio residencial no tiene ningún sentido legal”, afirmaba en declaraciones a este diario Ricardo Ayala, abogado que colabora con la asociación vecinal. Un sinsentido que, para muchos, tiene un precedente evidente a poco más de 300 kilómetros.

Por donde un día circularon los bólidos de Alonso y Hamilton en otro megaevento que prometía llevar riqueza a toda la región, hoy se extiende un asentamiento interminable de chabolas que no para de crecer. Tampoco dejó de hacerlo la factura de aquella Fórmula 1 que no iba a costar ni un euro a los valencianos y que alcanzó más de 300 millones de euros y deudas que todavía se mantienen trece años después del último gran premio... La última, de 45 millones de euros que el Ayuntamiento de la capital tiene que pagar todavía a la Generalitat.

El proyecto Isla de Chamartín se erige al norte de Madrid como una de esas ideas megalomaníacas que extrañamente acaban ejecutándose. Seis mastodónticas torres levantadas a lo largo de la calle Dulce Chacón, algunas de uso residencial y otras destinadas principalmente a oficinas. Su imponente presencia toma un cariz más oscuro en el caso de la Torre Ámbar, que sufrió un aparatoso incendio (por suerte sin heridos) en la cubierta de las plantas superiores y el interior de algunas de ellas en agosto de 2020. Cinco años después, esta circunstancia vuelve a ser noticia: los paneles que recubren el bloque de 21 pisos le hicieron compartir presencia en una lista negra publicada en 2015. Una recopilación en la que están también el Hospital Santa Lucía de Cartagena, incendiado en noviembre, y el edificio del Campanar en València, donde el fuego y el humo dejaron 10 fallecidos en 2024.

Los 14 edificios catalogados por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (dependiente del CSIC) están revestidos de paneles de aluminio rellenos de polietileno, una mezcla altamente inflamable, según documenta este organismo. El arquitecto José Carlos Salcedo, profesor en la Universidad de Extremadura, matiza eso sí el cariz del listado en declaraciones a Somos Madrid: “Tienen toda la pinta de ser ventas de la empresa Larson, que no es el único suministrador de paneles gofrados de aluminio-polietileno. Debe de haber otros suministradores (Alucobond, por ejemplo) con distintas marcas comerciales, o sea que habrá muchos más edificios con esta condición en España y en Madrid”.

El Instituto Eduardo Torroja desaconsejó utilizar estos paneles ya en 2008. La Torre Ámbar, con sus 12.000 metros cuadrados de superficie, terminó su construcción en 2009. El 29 de agosto de 2020, el fuego se cebó con las cuatro plantas superiores, incluido el ático. Los bomberos recibieron el primer aviso a las 6.48 de la mañana, aunque estimaciones posteriores determinaron que se originó en torno a las 6.15. “Se propaga rápidamente por fachada y hacia el interior de las viviendas a través del cerramiento exterior”, recoge en su web la European Fire Sprinkler Network, que aglutina diversas entidades del sector de la seguridad. Las llamas brotaron en el ático de la planta 21, con una barbacoa en el apartamento 21-F como principal causa. Vecinos del entorno indican a este diario que los ocupantes del edificio por aquel entonces, “usuarios de Airbnb” según uno de ellos, “montaron una fiesta en la que también fumaron cachimba”.

Una “negligencia”, un juicio y una supuesta fuga

Según el citado portal, los inquilinos de los pisos superiores fueron alertados por los vecinos y casi todos salieron del lugar antes de la llegada de los bomberos. La mayoría de residentes de las plantas inferiores se quedaron en sus viviendas, en algunos casos desconocedores de la situación y todavía durmiendo. Una hora después de haber comenzado el incendio, dos ocupantes de la planta 18 permanecían todavía en su apartamento. Llegaron a ver cómo las llamas entraban por una de las ventanas antes de abandonarlo. En las labores de extinción participaron más de 120 bomberos y 40 vehículos. Dos ocupantes del piso 21-F llegaron a ser procesados por causar el incendio, en una instrucción que cayó en manos del ahora mediático Juan Carlos Peinado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Se les imputó un posible delito de incendio de bienes propios, castigado con penas que van de uno a cuatro años de cárcel.

Aunque la dirección del viento jugó en contra, la principal ventaja con respecto a otros casos (además de cuestiones técnicas analizadas a continuación) fue su origen en las plantas superiores. La extensión descendente suele ser mucho menor y más lenta que la ascendente. Esta condición, unida a la rápida actuación del cuerpo de bomberos, evitó la tragedia. Pero la imagen de las plantas superiores totalmente calcinadas se quedó en la retina de muchas personas.

Así lo cuenta Sole, vecina de la zona que registró con fotos y vídeos aquella insólita estampa: “Ardió como una pira en una hora y media. No fue a más porque dios no quiso”. Sole narra que algunos amigos que vivían en la torre “se han mudado a las de al lado porque esta quedó tocada: los sistemas de calefacción funcionan de aquella manera y hay elementos internos que suenan un montón”. Según dice, “un amigo del equipo de bomberos que vino a extinguir el incendio me trasladó que estuvieron a punto de perder el edificio”. Cuestiona además que “tardaron muchos en rehabilitarlo por temas de seguro, hubo vecinos que se tuvieron que buscar un alojamiento alternativo durante meses”.

Respecto a los habitantes del propio edificio, la mayoría de los consultados por este medio no vivían en él cuando ocurrió el suceso. Casi todos tienen contratos de alquiler temporal y proceden de países de América Latina. “Llevo unos meses. Me enteré cuando ya había llegado. Pero estoy muy tranquilo”, cuenta un residente procedente de Argentina mientras pasea a su perra. Otros cinco testimonios apuntan en una dirección similar, con arrendatarios que se mudaron hace como máximo un año. El joven argentino no tiene constancia de modificaciones en la estructura o el revestimiento después del fuego, pero el conserje sí confirma este punto a Somos Madrid: “Cambiaron los paneles”. Sole apostilla que “lo resetearon entero, estaba que se caía”.

Solo un propietario conversa con este periódico, aunque tampoco vivía en la torre hace cinco años. Lo hace en plena mudanza, ya que justamente acaba de alquilar su vivienda a otra persona. Explica que “muchos propietarios son empresas y hacen alquiler masivo; antiguamente había algún alquiler turístico, pero ahora es más temporal”. Es este hombre quien afirma que el incendio lo causaron clientes de Airbnb y la única declaración que muestra algo de preocupación todavía en la actualidad: “Me preocupa el tema de los materiales, pero más la negligencia de los usuarios”. Otro residente del barrio sostiene igualmente que “lo ocurrido fue una irresponsabilidad total de los inquilinos, que se quedaron dormidos de after”. No obstante, la versión de este vecino difiere y sostiene que estas personas se mudaron más tarde a otro edificio cercano. Sole asegura que los procesados “se dieron a la fuga”.

Una mujer que sale del portal ofrece el único relato personal sobre cómo se vivió la terrorífica jornada del 29 de agosto del 2020. No es eso sí directo, ya que se trata de la madre de una joven que reside en el bloque: “Lo vivimos con un poco de miedo, aunque en ese momento mi hija estaba fuera de vacaciones. Me llamaron y vine corriendo, por suerte ella vive en el 13 y hasta ahí no llegó la parte calcinada”. Recalca que hoy día su hija está “muy tranquila”.

Para atestiguar riesgo se han de producir una serie de cuestiones, no solo la mera existencia de estos paneles, que además son más ignífugos o menos en función de su fecha de fabricación

José Carlos Salcedo — Arquitecto y profesor en la Universidad de Extremadura

La cautela generalizada del barrio también se impone en la opinión experta de José Carlos Salcedo, que cuestiona no obstante la actuación del CSIC: “Lo primero que tendría que hacer es dar explicaciones sobre por qué otorgó Documento de Idoneidad Técnica (DIT) a este tipo de materiales”. Precisa luego que “para atestiguar riesgo se han de producir una serie de cuestiones, no solo la mera existencia de estos paneles, que además son más ignífugos o menos en función de su fecha de fabricación”.

“Entre los riesgos está también que exista cámara ventilada y sea continua o la existencia de viento fuerte en el exterior (lo hubo en los siniestros de València y de Cartagena). En la Isla de Chamartín en concreto, en las imágenes posincendio se observan los cogotes o salientes de los pisos de hormigón interrumpiendo el espesor de la cámara ventilada. Seguramente esta sea la causa de que el incendio quemara solo las plantas superiores. En definitiva, no es el mismo caso”, expone Salcedo.

“Si el material tiene el DIT otorgado por el Ministerio (que es lo que le pasa a los Larson), no se puede vetar que se pongan porque sería una decisión arbitraria. Es decir, ni los bomberos de Madrid, ni ninguna comunidad autónoma puede evitar que se coloquen si tienen (como efectivamente tenían) todos los papeles en regla. Los arquitectos directores de obra y los técnicos que controlan la ejecución material de las obras tampoco podían evitar su colocación si el cliente (promotor del edificio) los quiere y no hay norma urbanística que lo evite. Ahora sí se puede impedir su colocación, pero no hacia atrás en el tiempo, debido al elemental principio de seguridad jurídica”, desgrana el docente universitario. La tranquilidad de Dulce Chacón 17 tiene así también una base científica, según este arquitecto, más allá de la falta de arraigo de la comunidad. Como si al irse las cenizas casi se borrara también la memoria de lo que pasó hace un lustro.

“Lo que es basura para el mercado es un tesoro para mi clase”. Un tesoro que se encuentra en el barrio de Vallecas, en Madrid. Desde hace un año, varios vecinos de la zona, abanderados por este lema, empezaron a reunirse bajo la firme idea de que la música puede ser espacio común. Desde entonces se citan para escuchar álbumes, explicarlos canción a canción y recomendarse artistas. Es así cómo surge el Club del Disco de Vallekas —con K como “elemento identitario de un barrio distinto, organizado y combativo”, según explica su organizador Guillermo Casanova—, en el que reivindican el arte popular como la riqueza de la clase obrera.

Mezclando ponencias, cervezas y debates, el club nace inspirado por otro más veterano en el barrio de Hortaleza, el primer club del disco que fue dando paso a los que posteriormente se crearon en Ourense, A Coruña, Badalona o Ciudad Real. Felipe Correa, que está detrás del Club del Disco de Hortaleza, explica a elDiario.es que “una de las cosas más bonitas es escuchar un álbum por primera vez allí mientras alguien te lo cuenta”. Se reúnen cada jueves alrededor de 25 personas, se sientan en círculo, tienen tocadiscos, bebidas y aperitivos, y dedican la jornada al disco seleccionado.

“En los tiempos que corren, parece que cuando conoces a alguien le intentas convencer de los grupos que te gustan, pero ya no se habla de música”, señala Felipe Correa sobre una de las razones por las que decidió crear el club. Pero, puesto que el arte es político y social, tanto el Club del Disco de Vallekas —situado en la sede del Partido Comunista pese a que sus miembros no tienen por qué simpatizar con este partido— como el Club del Disco de Hortaleza han sufrido ataques por “nazis organizados”, según indica Guillermo Casanova. “Los fascistas no nos dan miedo, al revés, nos animan a encontrarnos y a seguir con la cultura desde abajo”, declaró el Club de Vallekas tras estos ataques.

“Si te mola la música es imposible que seas nazi”, declara Casanova. “Sería completamente contradictorio. Si te mola cualquier tipo de música que se lleve ahora, te vas a ir a los márgenes del imperio y vas a encontrarte con gente de todos los colores, de todas las orientaciones sexuales”, cuenta el organizador. “El antifascismo tendría que ser como el ecologismo, ya que la mayor parte de la gente tendría que sentirse incómoda con el término 'antifascista'. Con este tipo de iniciativas empujamos en esa dirección”, apunta, lamentando que “este fascismo payasesco de los Milei y de los Trump es muy real para los migrantes y las mujeres”.

El organizador del Club del Disco de Vallekas afirma que, “aunque parece que todo es una broma, el daño que hacen al Estado y a las políticas públicas y sociales implica que en los próximos 30 años haya que reparar lo que hacen”: “Hay que seguir organizándose, encontrar muchas maneras de profundizar un sentimiento antifascista que no tiene por qué estar alineado con un partido”. Asimismo, Guillermo Casanova comenta que “vivimos en un mundo muy, muy turbio, donde la información va superrápido y donde las propuestas culturales tienen cada vez una vida menos vigente”.

Siempre ha sido difícil posicionarse, y eso sirve para dimensionar a los artistas que lo han hecho en el pasado.

Guillermo Casanova — Organizador del Club del Disco de Vallekas

Aunque la música es un instrumento político, hay una tendencia de no posicionarse por parte de artistas que tienen una plataforma muy amplia y cuyas palabras llegarían a mucha gente. Casanova menciona directamente a Rosalía, de quien, a pesar de alabar su “talento monstruoso”, ironiza con que haya sacado un disco “muy polémico porque habla sobre Dios”: “Dios es un tema irrelevante ahora mismo. ¿Puedes sacar polémicas sobre algo que ni pincha ni corta ni le importa a nadie en realidad? ¿Qué nos importa Dios cuando está habiendo genocidio?”.

“Siempre ha sido difícil posicionarse y eso sirve para dimensionar a los artistas que lo han hecho en el pasado”, explica Guillermo Casanova. “Siempre ha sido difícil ser Víctor Jara porque te matan, pero, por suerte, existen los artistas que sí se posicionan. Siempre molaría que hubiese más, porque, en términos materiales, la batalla cultural está absolutamente descompensada”, añade el también músico. “Cuando ves los presupuestos que manejan los medios de ultraderecha, su capacidad de penetración, sus herramientas y la forma en la que usan la tecnología, ves que ellos tienen muchísima más capacidad de influir en el discurso social y en la narrativa”, reflexiona.

El organizador del Club del Disco de Vallekas cuenta que “la fuerza que siempre han tenido los sectores progresistas para participar en la conversación son los artistas”, de ahí la importancia de que utilicen su voz para hablar sobre temas que preocupan a la gente. “La batalla cultural nos está pegando una paliza. Tampoco quiero ser derrotista, creo que todo son ciclos”, dice Casanova, “pero da la sensación de que ahora mismo hay una hegemonía cultural de la derecha hasta el punto de que Rosalía va por ahí disfrazada de monja”.

El vinilo como distintivo de estatus

En un momento en el que la inmediatez y los algoritmos dominan cada escena artística, Felipe Correa asevera que “se ha perdido lo que es la esencia del disco”: “Los vídeos de TikTok o Instagram son muy cortos, la gente dejó de escuchar discos a escuchar solo canciones, y ahora solo escuchan medio minuto de ellas. Es por ello que uno de los principales objetivos cuando se creó el Club del Disco de Hortaleza fue el de recuperar el ”carácter original de un álbum como concepto en el que las canciones se ponen en un orden porque el grupo o el artista lo ha pensado así“.

Sin embargo, pese a que Correa celebra el auge del formato del vinilo, que está motivando que la gente vuelva a prestarle atención, Guillermo Casanova sostiene que este formato “ahora es muy caro porque se ha convertido en un distintivo de estatus”. “Los que nos aficionamos al disco hace 30 o 20 años, como es mi caso, lo hicimos porque era muy barato. Nadie los quería, entonces los comprábamos muy baratos. Ahora ya se ha convertido en una cosa que te da estatus”, expresa, confesando que “ha sido muy, muy extraño vivir ese proceso de revalorización”.

“También tiene que ver con la esclavitud que supone las tendencias en las músicas populares, porque ser una persona guay implica ser una persona que está enterada de lo último”, afirma el organizador, que declara que a ellos en el club les gusta “rebuscar en la basura y mirar música que no está de moda y que no le interesa a nadie”. “Para eso sirve la cultura, para poder triangular distintas visiones del mundo y ampliar tu mirada. Cuando rebuscas en la basura y buscas en los desechos, te encuentras verdaderos tesoros”, asegura Casanova.

Felipe Correa destaca la importancia de la cultura no mercantilizada, sobre todo cuando los conciertos cada vez son más caros. En el Club del Disco de Hortaleza apoyan la escena underground e incluso invitan a artistas a actuar. Todo es gratuito y “no hay carnet del club, puede venir cualquiera de cualquier zona”. Guillermo Casanova reivindica que, “en ciudades cada vez más hostiles como Madrid, donde los servicios funcionan cada vez peor, los alquileres son cada vez más impagables y la cesta de la compra es cada vez más difícil, la música es algo que consigue tocar mucho a la gente y consigue hacer que se divierta”.

Este sábado, el Club del Disco de Hortaleza y el Club del Disco de Vallekas celebran la segunda Jornada Vecinal del Disco. “Los fascistas se piensan que pueden intimidar a la buena gente de Madrid con el mundo nostálgico y mediocre en el que creen: no entienden la de colores, sonidos, sabores y música guapa que tiene el mundo apabullante que existe en nuestros barrios, y que hacemos cada día con buen rollo, trabajo, valentía, solidaridad y temazos”, han anunciado en redes sociales. Tendrá lugar a partir de las 12:00 horas en El Espacio (C/ Sierra Carbonera, 32) y durará todo el día para, como apunta Felipe Correa, “unir la pasión y el gusto por la música y que nos alimentemos los unos a los otros de ideas”.

Giro de 180 grados en las políticas municipales de infraestructuras deportivas para el distrito de Hortaleza. El Gobierno de Almeida ha decidido construir con recursos públicos el nuevo polideportivo de Sanchinarro y renunciar a la privatización que intentó hace dos años, que incluía la explotación durante 25 años de las instalaciones a cargo de una empresa.

El proyecto, aprobado este jueves en Junta de Gobierno, apuesta por levantar un pabellón deportivo en el número 18 de la calle Oña -Junto a la colonia Virgen del Cortijo (Hortaleza)- y también salas multiusos que sumen una superficie de más de 4.200 m², con dos volúmenes divididos entre sí bajo rasante.

Al oeste se construirá el pabellón deportivo, que dará cobijo a deportes de equipo como baloncesto, fútbol sala o voleibol, con un graderío para 126 personas bajo el que se ubicarán una zona destinada a los árbitros, enfermería, aseos y vestuarios. El cuerpo del oeste contará en su planta baja con zona de acceso y control, área administrativa y dos salas multiusos, mientras que en la planta sótano se ubicarán vestuarios y espacios técnicos.

Ambos espacios contarán como unión un patio inglés que permitirá la entrada de luz natural y ventilación a los espacios interiores.

El coste de construcción de estas instalaciones será de unos diez millones de euros, cifra inferior a la prevista para el anterior proyecto, el de la privatización, que quedó desierto después de que ninguna empresa mostrara interés por asumir esta edificación y gestión. Levantar aquel proyecto iba a costar 11,9 millones de euros, según los cálculos municipales, que incluían una nueva piscina cubierta que el que se levantará ahora no tiene.

En ese caso, ya descartado, el polideportivo se iba a situar en la parcela municipal contigua, en la calle Ana de Austria 8. Iba a contar con algo más de superficie (unos 5.000 m²), pero no cancha cubierta para deportes de equipo -menos rentables para las empresas privadas- aunque sí dos piscinas climatizadas.

El de Sanchinarro es el segundo Centro Deportivo Municipal que sustituye una privatización que quedó desierta durante el mandato de Almeida. El primero fue el de Las Rosas, donde ahora se levanta un pabellón para deportes de equipo después de que ninguna empresas quisiera construir allí una piscina con gimnasio. A ese concurso fallido siguieron los de Valdebebas o Montecarmelo, también en Hortaleza.

Las presuntas irregularidades contractuales en la Junta Municipal de Hortaleza, liderada por el concejal David Pérez, han desatado diversas reacciones entre la oposición, el propio equipo de Gobierno municipal que lidera José Luis Martínez-Almeida y el tejido social del distrito. Entre duras críticas, defensas cerradas o peticiones de dimisión, los procedimientos han dado pie ya a denuncias y requerimientos administrativos dirigidos al Ayuntamiento de Madrid.

La más importante hasta la fecha es la denuncia ante la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción, presentada en la mañana del martes por el letrado Javier Flores a raíz de la última información al respecto publicada por Somos Madrid: la Junta de Hortaleza organizó y publicitó actos en el auditorio Pilar García Peña, pese a que quedó desierto el contrato para su asistencia técnica. Este incluye desde la disposición de equipos de música al control del aforo, y la Junta Municipal tampoco cerró contratos menores para cubrir estas tareas. “¿Cómo han contratado y pagado al personal de seguridad de esos eventos?”, se preguntan fuentes próximas al organismo distrital.

Flores formula denuncia “por la posible existencia de irregularidades graves en materia de contratación pública, ejecución contractual, utilización de fondos públicos y fraccionamiento o elusión de procedimientos”. Según expone, “todo ello encajaría, en su caso, en malas prácticas administrativas, infracciones graves de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y podría constituir supuestos de desviación de poder, prevaricación administrativa o malversación en su modalidad de administración desleal, sin perjuicio de lo que se determine tras la investigación interna”.

Este letrado ha elevado asimismo dos solicitudes de revisión al Consistorio, por la contratación de la cabalgata de Reyes de Sanchinarro de 2024 y por la adjudiación de una ayuda de 3.100 euros a la Asociación de Vecinos Cárcavas San Antonio en las Subvenciones de Fomento del Asociacionismo para la anualidad 2024. En el primer caso, la Junta de Hortaleza aprobó una adjudicación de 10.000 euros a una empresa no inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (Rolece), pese a que los pliegos exigían esta condición y al voto en contra de la interventora delegada del distrito. En cuanto al segundo asunto, Pérez rubricó la concesión de 3.100 euros a una asociación afín al edil a pesar de que la entidad había incumplido las bases, ya que presupuestó su proyecto primero en 12.000 euros y luego en 8.000 cuando el límite establecido en la convocatoria era de 6.000.

Las primeras denuncian exigen la nulidad de los procedimientos y “la depuración de responsabilidades”

En ambos escritos, el abogado exige que “se declare la nulidad de pleno derecho” y “la depuración de responsabilidades administrativas o de control interno que pudieran derivarse”. En el caso de la ayuda a la asociación vecinal, recuerda “la obligación de reintegrar la totalidad de los fondos indebidamente percibidos por la entidad beneficiaria”. En declaraciones a este periódico, Flores describe “un patrón general de irregularidades y actuaciones arbitrarias que exceden el hecho aislado”. “La respuesta del Ayuntamiento, lejos de examinarlo o investigarlo, es un desafío a denunciar. Por eso lo hacemos, queremos dar una oportunidad para que revise la actitud y los procedimientos del concejal”, dice.

Referencia así a la primera respuesta del alcalde, que la semana pasada reaccionó a la primera información (la contratación de la cabalgata) con estas palabras: “Animo a cualquiera que se sienta perjudicado o a quien tenga dudas que lo recurra. Quien aprecie cualquier irregularidad, que se no se limite a una denuncia periodística, sino que lo recurra [judicial o administrativamente]. Para eso estamos en un Estado de derecho”. Es lo que ahora hace el jurista, para que “desde el Ayuntamiento examinen que todos los actos se ajustan a derecho o, como pensamos, incurren irregularidades”.

La notoriedad de ambos recursos es especialmente relevante dada la implicación de Flores Vaquerizo en algunos de los principales conflictos y reveses judiciales que el equipo de Almeida ha sufrido en los últimos tiempos. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid concedió al letrado varias rectificaciones a los cambios que Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid introdujeron en el Plan General de Ordenación Urabana (PGOU). Entre ellas, el veto a los cantones municipales de limpieza en zonas verdes, a que los partidos políticos sean homologados a la administración para disfrutar de ventajas como colocar sus sedes en parcelas con ese uso o a reducir las regulaciones de habitabilidad para la transformación de locales a vivienda (de forma que las ventanas pudiesen dar a un patio con dimensiones menores a las que recoge la normativa).

Flores adelanta además futuros acontecimientos en caso de que los requerimientos no prosperen en el seno del Ejecutivo municipal: “Si admiten los dos recursos y la denuncia, deberían dar lugar a nulidades y depurar responsabilidades. Tanto si los inadmiten como si concluyen que todo está bien, estaríamos dispuestos muy probablemente a escalarlo para examinar los modos de contratación de la Junta en la Justicia. Si no conseguimos la anulación en el trámite administrativo, estudiaremos el posible alcance penal”.

El letrado pone el acento en los actos del auditorio, celebrados después de que el lote para su cobertura técnica quedara desierto sin que la Junta tampoco emprendiera contratos menores para los eventos del recinto, y explica por qué en esta cuestión acude directamente a la Oficina antifraude: “Lo envío directamente a anticorrupción porque puede haber temas penales. No se puede hacer una contratación a dedo y sin el oportuno procedimiento, debe haber aunque sea un contrato menor, aquí al parecer no hay nada”. Lamenta por último que “en Hortaleza se han normalizado este tipo de actuaciones”.

Entidades de Hortaleza piden la dimisión o el cese del “peor concejal de la corporación municipal”

A la par que la vía legal, la contestación social crece en el distrito. La Coordinadora de Entidades de Hortaleza reclama en un comunicado la dimisión de David Pérez, por “irregularidades en la adjudicación tanto de contratos públicos como de subvenciones”. En el escrito apelan además a la intervención de Almeida: “No puede seguir como concejal una persona que incumple la normativa municipal a su antojo de forma constante. Si no dimite, debería ser el alcalde el encargado de cesarle por su nefasta gestión al frente del distrito”. Este organismo, que agrupa a una treintena de asociaciones del distrito, califica al excalcalde de Alcorcón como “el peor concejal de la historia de Hortaleza y el peor de los que forman actualmente la corporación municipal”.

La Coordinadora señala en el escrito, previo a las informaciones sobre el auditorio publicadas por este periódico, las anomalías detectadas en la adjudicación de la cabalgata de 2024 y en la concesión de la ayuda a la Asociación de Vecinos Cárcavas San Antonio. “En esa ocasión, el concejal castigó a otras asociaciones críticas con su gestión, una constante en su acoso y maltrato sistemático a los colectivos que nos denomina, de forma sectaria, como de extrema izquierda”, añade el documento remitdo a los medios de comunicación.

No puede seguir como concejal una persona que incumple la normativa municipal a su antojo de forma constante. Si no dimite, debería ser el alcalde el encargado de cesarle por su nefasta gestión al frente del distrito

Entre esas agrupaciones vecinales hay varias con una labor “histórica” en el barrio, como las de los barrios de Villa Rosa, Manoteras o San Lorenzo, junto diversas entidades sociales y culturales. En su comunicado, la Coordinadora califica como “nefasta” la gestión de David Pérez desde que llegó al distrito en 2023, procedente del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso (donde fue consejero primero de Vivienda y después de Transportes). “Desde entonces ha mostrado una obsesión por torpedear la participación ciudadana y prohibir iniciativas del movimiento vecinal”, sostienen.

“En apenas dos años, David Pérez se ha ganado el apelativo de concejal aguafiestas por impedir la celebración de festejos populares, festivales de música gratuitos y eventos en la calle promovidos por el vecindario. También ha impuesto multas y una ley seca en algunas fiestas de forma arbitraria y discrecional. Del mismo modo, ha expulsado a las asociaciones vecinales del recinto ferial del distrito, entre ellas a Radio Enlace, la emisora comunitaria de Hortaleza, que llevaba más de 30 años participando en las fiestas”, denuncia la Coordinadora.

Las entidades de Hortaleza también señalan que el concejal del PP ha cerrado el centro municipal de Participación Ciudadana o desmantelado un exitoso proyecto de compostaje comunitario por su “fanatismo”. “David Pérez lleva toda la vida viviendo de los cargos públicos, pero en Hortaleza está demostrando que no cree en lo público y gobierna de forma autoritaria atacando al vecindario, haciendo un uso constante de la mentira y retorciendo la normativa, cuando no la incumple directamente”.

En ese sentido, la Coordinadora advierte también de la “purga” de funcionarios en la Junta Municipal de Hortaleza por “motivos ideológicos”, que algunos afectados están llevando a los tribunales: “Un trabajo que David Pérez encomienda a su coordinador, Miguel Ángel López del Pozo, un político camuflado que ha generado un ambiente irrespirable en la Junta Municipal, como denuncia la plantilla”. “Nada de lo que está haciendo David Pérez figuraba en el programa del Partido Popular y nuestras críticas son compartidas por muchos de sus votantes en el distrito, también por representantes del partido en Hortaleza”, asegura la Coordinadora, que lamenta la actitud “cómplice y protectora” del alcalde de Madrid.

El Ayuntamiento mantiene el respaldo al “gran trabajo” de Pérez frente a la “estupefacción” en Más Madrid

La pasada semana, Almeida recalcó el “gran trabajo” de Pérez en Hortaleza. “Cuando a uno le critican determinadas personas o asociaciones significa que lo está haciendo bien y no es que lo esté haciendo mal. Hay asociaciones y personas que le han puesto en el punto de mira y que le van a criticar haga lo que haga”, opina el regidor. “No hay irregularidades y entendemos que la actuación es correcta. Ningún funcionario ha puesto ningún reparo”, declaró la vicealcaldesa Inmaculada Sanz en declaraciones a los medios de comunicación el pasado jueves, en respuesta a las preguntas de este periódico acerca de las dos adjudicaciones cuestionadas que se conocían entonces.

Frente a ese cierre de filas del equipo de Gobierno, el portavoz en funciones de Más Madrid en Cibeles, Eduardo Rubiño, ha manifestado la “estupefacción” de su partido ante “los sucesivos escándalos que siguen rodeando a David Pérez”. Habla de “contratos adjudicados contra los pliegos, reparto caprichoso a determinadas entidades consideradas amigas frente al desprecio al tejido social y un concejal que considera que el distrito es su cortijo”. Por ello, volvió a solicitar a Almeida que su edil “sea cesado por las informaciones conocidas y el desprecio a los asociaciones del distrito”.

La Asociación Vecinal La Expansión de San Lorenzo y distintas entidades del distrito de Hortaleza han denunciado que cinco individuos de estética neonazi atacaron durante la madrugada del 22 de noviembre a los músicos y uno de los organizadores de un concierto que se había llevado a cabo en el Centro Social El Nido.

La sede de la propia vecinal también fue vandalizada con pintadas de esvásticas durante el sábado y el domingo. Entre las pintadas hay mensajes nazis e islamófobos. La agresión se produjo después de una de las actividades organizadas por El Club del Disco, cuyos miembros llevan mucho tiempo reuniéndose a escuchar juntos discos y organizar actividades alrededor del mundo de la música.

Dentro de su actividad, programaron este sábado la fiesta Barreiro Rocks, con conciertos de los grupos portugueses Los Santeros y Conan Castro and The Moonshine Piñatas, además de los madrileños Jabatos. La actuación tuvo lugar en el Centro Social El Nido, situado en la calle Santa Susana y vinculado con el Partido Comunista de Madrid.

Cuando las actuaciones ya habían terminado, sobre las 2.00 de la madrugada, quedaban en el local uno de los organizadores y cuatro músicos de las dos bandas portuguesas que habían actuado esa noche. Mientras esperaban un taxi, vieron acercarse a ellos a cinco hombres de estética neonazi, que les rociaron con gas pimienta. Una de las personas agredidas precisó de asistencia sanitaria. Los hechos fueron denunciados ante la policía por las víctimas.

Este es el segundo ataque con gas pimienta que se ha producido en el distrito de Hortaleza en poco tiempo. El pasado 14 de noviembre a las 20.15 fueron gaseados tres menores no acompañados del Centro de Primera Acogida de Hortaleza en la puerta del centro juvenil municipal QuedaT, ubicado en el número 6 de la calle Mar Amarillo.

En este caso, el personal del centro de acogida vio como un coche se detuvo brevemente frente a la entrada del centro juvenil y un individuo encapuchado bajó del vehículo para rociar directamente a los menores. Ya se había registrado otra agresión en septiembre a tres menores, que fueron golpeados por dos encapuchados armados cerca del mismo centro.

La alerta ante la posible presencia de elementos neonazis corrió durante los días previos y posteriores al 20N (conmemoración de la muerte de Francisco Franco, en esta ocasión el 50 aniversario) por distintos grupos de chat barriales. Por ejemplo, en el distrito de Tetuán se difundió un mensaje de alerta ante el concierto de cariz neonazi programado para la misma noche del 22 de noviembre en una sala de la Avenida del Brasil. El evento fue suspendido finalmente por los gerentes de la sala.

Las anomalías e irregularidades se acumulan en la Junta Municipal de Hortaleza, presidida por David Pérez, controvertido concejal del Ayuntamiento de Madrid. El auditorio al aire libre Pilar García Peña, sede de varios conciertos y actividades municipales que incluyen dos actuaciones con decenas de menores en un coro infantil, nunca cerró la contratación para la cobertura técnica o de seguridad en varios de los actos que ha acogido a lo largo del último año y medio con la fórmula originalmente diseñada para ello. Esto es, a través de una licitación pública en la cual el lote que incluía estas tareas quedó desierto por falta de concurrencia. Tampoco consta que el organismo distrital lanzara luego contratos menores para cubrir la asistencia de eventos específicos.

Las labores de sonorización de la orquesta sinfónica y servicios auxiliares, algunos tan básicos como la seguridad o el control de aforo, “no disponían de respaldo contractual” según fuentes cercanas a la Junta de Hortaleza. El lote que incluía esas tareas quedó desierto cuando el exalcalde de Alcorcón y su equipo lanzaron la licitación. Da cuenta de ello el acta de la mesa de contratación del 10 de octubre de 2023 del acuerdo para las labores de programación, ejecución y asistencia técnica de las actividades culturales de Hortaleza, al que ha tenido acceso Somos Madrid.

En él se detalla cómo sí hay tres empresas concurrentes (una de ellas finalmente adjudicataria) del lote 1, correspondiente a las actividades culturales en el distrito que se desarrollan en los centros culturales Hortaleza, Federico Chueca, Carril del Conde y Silo de Hortaleza. Por contra, el lote 2 resultó desierto al no presentarse ofertas para la “asistencia técnica en el auditorio Pilar García Peña y otros espacios del distrito sin dotación técnica adecuada”.

Las particularidades del lote no asignado deja dudas sobre la contratación del personal de asistencia y seguridad

Este escrito admite así la incapacidad del personal de la Junta y de sus equipamientos para afrontar la celebración de acontecimientos sobre este escenario con capacidad para 1.500 personas. Al menos en los casos donde el equipo de Pérez asume la propia organización de las actividades. “El lote 1 habilita para contratar a un técnico de sonido, pero el resto del personal que controla el aforo o los equipos técnicos son ya parte de los centros culturales. El auditorio no tiene esa dotación ténica ni humana. ¿Cómo han contratado y pagado entonces al personal de seguridad de esos eventos?”, exponen a este medio fuentes próximas a la Junta de Hortaleza.

Profundiza en esta cuestión el pliego de prescripciones técnicas, documento que insiste de nuevo en cómo el lote desierto se dirigía específicamente a un pequeño grupo de eventos a celebrar en el auditorio: “Con carácter orientativo, se estima que las prestaciones objeto del contrato se destinarán a un total aproximado de 616 actividades culturales, de las que aproximadamente 613 se celebrarán en los espacios relacionados en el lote 1 y 3 corresponderán a actividades en el auditorio Pilar García Peña y otros espacios del Distrito del lote 2”. Todos ellos, recoge el documento, “requerirán la provisión por parte de la adjudicataria de grandes equipamientos, tales como escenarios tipo layher [andamios], grandes instalaciones de sonido e iluminación o camerinos”.

El Gobierno de Almeida obvia que el auditorio se desgajó en un lote no asignado y afirma que el contrato “cubre la prestación integral”

La redacción evidencia la diferencia que la propia Junta de Hortaleza establece entre ambos lotes y cómo el segundo (nunca adjudicado) se dirige específicamente al auditorio y a la cobertura técnica especializada que precisa. Sin embargo, desde el Ayuntamiento liderado por José Luis Martínez-Almeida argumentan en respuesta a las consultas de este periódico que la concesión del otro lote permite atender los eventos del gran recinto al aire libre: “El lote 1 del contrato de servicios para la Programación, Ejecución y Asistencia Técnica de las Actividades Culturales del Distrito de Hortaleza cubre la prestación integral de los servicios de programación, organización, desarrollo y asistencia técnica de las actividades culturales del distrito, incluyendo el manejo de equipos de iluminación, sonido y audiovisuales, así como el montaje y desmontaje de los medios necesarios y servicios auxiliares”.

“Este contrato contempla expresamente la realización de actividades como espectáculos infantiles, musicales o teatrales en diversos espacios del distrito, incluido el auditorio Pilar García Peña. Asimismo, incluye un seguro de responsabilidad civil que da cobertura a todos los eventos celebrados en el marco del mismo, garantizando así las condiciones exigibles desde el punto de vista de seguridad jurídica y operativa”, aseguran. El contrato recoge todo esto, sí, pero separa al auditorio de otros centros del distrito y lo circunscribe a un lote específico que no asumió empresa alguna.

Un matiz que no consideran en el Ejecutivo de Almeida cuando sostienen que “todos los eventos celebrados en el auditorio han estado correctamente amparados por el contrato en vigor, cuyo plazo de ejecución finaliza el 9 de enero de 2026 y su prórroga está en proceso de tramitación”. Apostillan después que “el lote 2 venía a reforzar el 1, pero al no salir se mantienen las bolsas de horas y actividades del 1 para poder seguir con la actividad también en ese espacio”. No obstante, es el propio pliego de prescripciones técnicas el que especifica cómo actividades culturales del auditorio se ejecutarán a través del lote 2. Las bases cifran en tres el número de actividades, la misma cantidad de eventos de cuya organización era responsable directa la Junta de Hortaleza que se han celebrado en el recinto desde la fracasada licitación. En cuanto a las necesidades de personal que cubría el segundo lote y no el primero, sostienen que “la Junta Municipal dispone de un contrato de seguridad que abarca todos los espacios bajo su gestión”.

Así, Pérez y su personal de confianza consideraron que la fórmula más adecuada era un concurso que englobase en un solo contrato la cobertura técnica y de seguridad en todos los eventos del auditorio Pilar García Peña impulsados desde el órgano distrital. También que lo harían a través de un lote específico, con una adjudicación paralela e independiente a la de otros centros culturales del distrito. Fuentes cercanas a la Junta Municipal sostienen que “no han utilizado tampoco la figura del contrato menor, aunque podían haberlo hecho [pertinente en este contexto por la baja cifra de actos]”. La respuesta municipal descarta implícitamente esta opción al dar por buena la cobertura de las actividades en el auditorio solo con el lote 1.

Una licitación fracasada, un empeño por evitar los contratos menores y acusaciones de “violencia administrativa”

Una de estas fuentes, ex empleada del ente distrital presidido por Pérez que prefiere no dar su nombre por temor a represalias, corrobora que se trata de un espacio sin dotación técnica de iluminación y sonido, ni personal especializado para los eventos que allí se celebran. Por ello es necesaria la contratación de ese servicio de asistencia técnica para poder llevarlos a cabo, encargándose de proveer tanto los equipos técnicos como el personal necesario.

Afirma además que esa contratación nunca sucedió, tampoco después del fracaso de la licitación: “Hortaleza no contaba en ese momento (ni consta que cuente actualmente) con contrato para la cobertura técnica en ese espacio. La única excepción está en las Fiestas de la Primavera [festejos tradicionales del distrito], que son un evento aparte”, traslada. El propio Consistorio reconoce la particularidad de esa cita, donde la regularización de la cobertura sí está fuera de toda duda, al indicar que “parte de las actividades desarrolladas en el auditorio han sido realizadas en el marco de las Fiestas de la Primavera a través del contrato 300/2025/01319 que incluye cachés, asistencia técnica y seguro”.

Otra persona cercana a la Junta de Hortaleza va más allá acerca de las anomalías contractuales: “Desde la Junta nos han venido a decir que han pagado actividades correspondientes al lote 2 a través del 1, algo manifiestamente irregular. Es algo que no puede ser, tenías otro lote para ello con características distintas (los eventos del lote 1 no requieren que vaya un técnico externo). Hemos requerido la factura y nunca nos ha llegado”. Remarca además que “una máxima del distrito de Hortaleza desde la llegada de Pérez es no hacer contratos menores”. Dice que “se han propuesto acabar la legislatura sin ellos al considerarlo una herramienta chunga”.

Ni se ha vuelto a licitar, ni hay otro contrato menor, ni expediente de convalidación de gasto, ni encontramos la factura que debería haberse generado. Es una irregularidad más de las que Almeida alienta en el distrito de Hortaleza, donde se ha instalado la arbitrariedad frente a toda disidencia

Miguel Montejo, concejal de Más Madrid de Hortaleza y portavoz de la formación en la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación, arremete contra el exregidor de Alcorcón ante esta nueva revelación: “En el cortijo de David Pérez todo parece posible. El auditorio ha acogido eventos sin que exista un contrato en vigor para la cobertura técnica y de seguridad, porque su licitación quedó desierta. Ni se ha vuelto a licitar, ni hay otro contrato menor, ni expediente de convalidación de gasto, ni encontramos en el expediente la factura que tendría que haberse generado. Pero no es magia, es una irregularidad más de las que Almeida está alentando en el distrito de Hortaleza, donde se ha instalado la arbitrariedad de la ley del embudo frente a toda disidencia”.

Montejo habla de “sectarismo ideológico e institucional que excluye de su acción de gobierno a la mitad de la población, con particular saña sobre el tejido vecinal y asociativo al que somete a una violencia administrativa refinada a lo largo de los muchísimos años que lleva Pérez en política”. Reprocha también el “autoritarismo que demuestra en el día a día de la Junta, con los funcionarios o en los plenos con la oposición”. Todo ello son, dice, “ejemplos de una gestión opaca que cada vez huele peor”.

Los eventos del auditorio: dos homenajes al mejor alumnado de Hortaleza, coro infantil y Día Europeo de la Música

Los actos celebrados en el auditorio después de que no se cerrara la cobertura técnica y de seguridad recogida en la licitación original han sido ampliamente difundidos y anunciados por la Junta Municipal de Hortaleza y por todo el Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida. Es el caso de la jornada de reconocimiento de la excelencia escolar en el distrito, que en su 11ª y su 12ª edición se llevó a cabo en el citado recinto, el 17 de junio de 2024 y en la misma fecha de 2025.

Al estrado del auditorio subieron en ambas ocasiones 70 menores, estudiantes de 6º de primaria procedentes de 35 centros de Hortaleza, a quienes el concejal presidente de Hortaleza y exconsejero (primero de Vivienda y luego de Transportes) en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso deseó “una trayectoria académica brillante y repleta de éxitos”. También 17 y 9 profesores, respectivamente en cada una de las ediciones, que terminaban su carrera docente. A ellos hay que sumar decenas de niños y niñas del Coro Escolar de Hortaleza, cuya actuación sobre las tablas del auditorio coronó la cita tanto este año como el pasado.

En las fotografías de esas jornadas se observa cómo se han instalado elementos y equipos de los que no dispone el distrito: una lona trasera para el evento, instalada en el escenario detrás el coro; amplificadores; micrófonos; altavoces y carpa para técnico de sonido, así como canaletas protectoras de cableado en el suelo. Todo ello requeriría la preceptiva adjudicación de la Junta Municipal a una empresa encargada de colocar y comprobar estos elementos, una de las funciones comprendidas en ese contrato cuya licitación quedó desierta.

El auditorio Pilar García Peña ha albergado igualmente la gran cita musical organizada por la Junta Municipal de Hortaleza con motivo del Día Europea de la Música, el 21 de junio de 2024. En la página 20 del folleto correspondiente a la programación del distrito ese mes se detalla lo siguiente: “Coincidiendo con el solsticio de verano, Europa celebra el Día Europeo de la Música, una jornada dedicada a la reivindicación y promoción de la música como lenguaje universal de la humanidad. En Hortaleza lo celebramos con el concierto de la ATLÁNTIDA CHAMBER ORCHESTRA a las 22.00 en el Auditorio PILAR GARCÍA PEÑA”. Imágenes como la siguiente acreditan su ejecución.

No todos los eventos celebrados en el auditorio tienen un respaldo contractual cuestionado. Además de las mencionadas Fiestas de la Primavera, se han producido actuaciones impulsadas desde otros departamentos del Ayuntamiento de Madrid. Entre ellas está el espectáculo homenaje a Celia Cruz Celia Vive, incluido en el programa de los Veranos de la Villa 2025 (una iniciativa del área de Cultura). También otras con promotores privados que se hacen cargo de las labores técnicas o de control de foro. Así lo expresan desde el propio Gobierno municipal: “El auditorio se utiliza ocasionalmente mediante cesiones a particulares o entidades sin coste para el Ayuntamiento, siendo en esos casos el cesionario el responsable de asumir el seguro y demás requerimientos, según lo establecido en la normativa vigente”.

Las polémicas contrataciones de David Pérez: la cabalgata de Reyes y la ayuda a una asociación que incumplía las bases

El caso del auditorio se suma a otras controversias de un edil calificado como aguafiestas por parte de asociaciones críticas que hablan de “boicot” a su actividad. Diversas entidades vecinales del distrito han denunciado en los medios o a través de protestas públicas la “asfixia económica y burocrática” a la que dicen estar sometidas desde que Almeida colocó a Pérez al frente de la Junta Municipal, después de las elecciones municipales de mayo de 2023. Todo ello, unido a la cancelación de eventos con raigambre en el barrio a pocos días de su celebración por supuestos incumplimientos de los permisos (algo que no ha pesado en contrataciones de la Junta), le ha valido ese sobrenombre.

En las últimas jornadas han trascendido dos nuevas polémicas. De un lado, la Junta de Hortaleza concedió una ayuda de 3.100 euros a una entidad, la Asociación de Vecinos Cárcavas San Antonio, incumpliendo las bases del procedimiento. La convocatoria pública de Subvenciones de Fomento del Asociacionismo para la anualidad 2024, lanzada desde la propia Junta distrital y publicada el 20 de mayo de 2024 en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM), establece en su artículo 5.2 que “el importe total de cada proyecto presentado, impuestos incluidos, no podrá ser superior a 6.000 euros, por lo que serán desestimados aquellos proyectos cuyo presupuesto supere dicho importe”.

En una solicitud a esas ayudas elevada el 18 de junio de 2024, Cárcavas San Antonio presentó un proyecto con un presupuesto de 12.000 euros. Apenas unas horas más tarde, dirigió una segunda solicitud en la que reducía la cantidad a 8.000 euros. En ambos casos, a tenor de las bases y de que no hubo más intentos de subsanación antes de que el plazo expirara, la propuesta debió ser rechazada al superar el límite de 6.000 euros.

Mientras tanto, gran parte del tejido vecinal alerta de modificaciones en las bases de ayudas o adjudicaciones de casetas en las fiestas distritales, para entorpecer las fuentes de financiación de entidades críticas con la labor del concejal presidente. Es el caso de La Expansión de San Lorenzo (que apena recibió 636 euros en la convocatoria de ayudas donde se cerró esta subvención irregular) o Radio Enlace (que se quedó sin retribución alguna “por haberse agotado el crédito presupuestario” según la resolución), dos organizaciones que han hablado de “boicot” por parte de Pérez.

Por otro lado, el organismo que preside Pérez incumplió los requisitos de su propia convocatoria contra el criterio de la interventora delegada para adjudicar un contrato por valor de 10.500 euros. El objeto de este era la celebración de la última cabalgata de Reyes de Sanchinarro, zona residencial del barrio de Valdefuentes. El pliego que establecía las bases recogía en su cláusula 14 que las empresas beneficiarias debían cumplir un requisito indispensable. Se trata de la inscripción o solicitud en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (Rolece). Una condición que debían satisfacer ya antes del inicio del proceso. Sin embargo, la agraciada con el lote 1 fue la compañía Eventos Innovate Altea, que no figuraba en dicho registro en el momento de presentar su candidatura, pese a señalar que sí en la presentación de su oferta.

Nueva irregularidad en adjudicaciones de la Junta Municipal de Hortaleza, liderada por el controvertido concejal David Pérez. Este organismo concedió una ayuda de 3.100 euros a una entidad, la Asociación de Vecinos Cárcavas San Antonio, incumpliendo las bases del procedimiento.

La convocatoria pública de Subvenciones de Fomento del Asociacionismo para la anualidad 2024, lanzada desde la propia Junta distrital y publicada el 20 de mayo de 2024 en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM), establece en su artículo 5.2 que “el importe total de cada proyecto presentado, impuestos incluidos, no podrá ser superior a 6.000 euros, por lo que serán desestimados aquellos proyectos cuyo presupuesto supere dicho importe”.

En una solicitud a esas ayudas de la Junta Municipal de Hortaleza elevada el 18 de junio de 2024, Cárcavas San Antonio presentó un proyecto con un presupuesto de 12.000 euros. Apenas unas horas más tarde, dirigió una segunda solicitud en la que reducía la cantidad a 8.000 euros. En ambos casos, a tenor de las bases y de que no hubo más intentos de subsanación antes de que el plazo expirara, la propuesta debió ser rechazada al superar el límite de 6.000 euros. Sin embargo, esto no sucedió y la agrupación recibió una subvención de 3.100 euros, la cifra a la que aspiraba y que es además la máxima financiación por entidad que las bases permitían.

Así queda recogido en el decreto de concesión de ayudas y desestimación de solicitudes para el Fomento del Asociacionismo, rubricado por David Pérez y publicado en el BOAM el 20 de diciembre de 2024. El documento, al que ha tenido acceso Somos Madrid, indica que el proyecto presentado por la asociación vecinal y agraciado con los 3.100 euros es la “celebración de Fiestas Patronales del Barrio Cárcavas San Antonio”. Además, manifiesta cómo otra entidad sí fue descartada por presentar un proyecto presupuestado en más de 6.000 euros, la Asociación Cultural Legado Arturo Soria.

Fuentes cercanas a la Junta Municipal de Hortaleza confirman que el error de la entidad beneficiada al presentar un proyecto con presupuesto mayor a 6.000 euros “no era subsanable y no cabía reformulación”. Explican que “la resolución de concesión de estas subvenciones, así como el procedimiento que se ha seguido hasta ella, es contraria a lo establecido en sus bases”. Apuntan cómo “esto afectaría directamente a los miembros efectivos de Comisión de Valoración, al Coordinador del Distrito y al Concejal Presidente del Distrito”.

El Ayuntamiento argumenta que se están “tergiversando datos”

En respuesta a las consultas de este diario, desde el Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida argumentan que “la entidad presentó su solicitud en el modelo oficial, solicitando una subvención por importe de 3.100 euros para un proyecto cuantificado en la memoria en ese mismo importe”. Sin embargo, la documentación consultada por este periódico acredita que esa cifra solo se ajusta a la ayuda que pidió la Asociación de Vecinos Cárcavas San Antonio. Su proyecto no fue presupuesto en 3.100 euros, sino en 12.000 euros (primero) y luego en 8.000 euros (horas más tarde).

“Lo preocupante es que alguien está difundiendo la información de forma malintencionada y, además, tergiversando los datos. En el anexo, el solicitante detalló los costes de la organización de las fiestas del año anterior (2023) por valor de 8.000 euros a modo informativo, no como parte de la memoria del proyecto de 2024”, insisten desde el Consistorio. De nuevo, la documentación consultada por este diario desmiente esta versión: las cifras de 12.000 y 8.000 euros aparecen en el apartado “datos del proyecto para el que se solicita subvención” de las respectivas y consecutivas solicitudes de estas ayudas presentadas por Cárcavas San Antonio.

Fuentes cercanas a la Junta Municipal de Hortaleza cuestionan además los datos proporcionados en la justificación de gastos de la asociación, esto es, la información aportada para acreditar el cumplimiento de las condiciones de la concesión: “Los documentos entran en registro el 24 de marzo, pero están firmados electrónicamente el 1 de abril. Eso quiere decir que claramente los han cambiado por otros. Pero es que incluso así, recogen una cuantía subvencionada de 3.100 euros y otra de 4.900 como propia, con un coste total de 8000 euros”. Desde la Asociación de Vecinos Cárcavas San Antonio no atienden a las preguntas trasladadas por este periódico.

Miguel Montejo, concejal de Más Madrid de Hortaleza, afirma que “el reparto arbitrario de dinero público en contra de lo que establecían las bases de estas subvenciones no hace más que confirmar la concepción clientelar que tiene David Pérez del distrito y las relaciones con el tejido asociativo”. “No gobierna para todos, y censura a quienes le critican. El mismo concejal que persigue cualquier iniciativa vecinal si no le rinde pleitesía no tiene empacho en conceder ayudas en otros casos como este”, añade.

El reparto arbitrario de dinero público en contra de las bases de estas subvenciones confirma la concepción clientelar que tiene David Pérez del distrito y la relación con el tejido asociativo. No gobierna para todos y censura a quienes le critican

Miguel Montejo — Concejal de Más Madrid y portavoz del partido en la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación

“Nos preocupa además la opacidad por la que, en el expediente al que solicitamos acceso, faltan los informes de intervención de las solicitudes de subvenciones. Hemos insistido en verlos y seguimos a la espera, porque hay precedentes de decisiones del concejal contrarias al criterio de la intervención y es de suma gravedad. Y cuando los podamos consultar, valoraremos tomar todas las acciones que estén a nuestro alcance. Hortaleza no es el cortijo de ningún cacique de medio pelo”, concluye Montejo.

Contrataciones cuestionadas y agravio comparativo entre entidades

Antiguos empleados del organismo distrital apuntan que varios de los cargos responsables de este procedimiento, y, por tanto, del error, han sido colocados en sus responsabilidades “después de una purga que ha dejado puestos claves de la Junta de Hortaleza a la medida de David Pérez”. Las destituciones y “una estampida de abandonos por un ambiente insoportable” han dejado una plantilla “sin la cualificación correspondiente”, según estos testimonios. Esto -aseguran dos fuentes diferentes que prefieren preservar su anonimato por temor a represalias- “ha mermado todos los servicios, sobre todo algunos tan básicos como contratación, el económico o el de vías públicas”.

Algunos de los nuevos responsables de estos servicios coinciden con integrantes de la mesa de contratación que validaron la resolución para organizar la última cabalgata de Reyes en Sanchinarro, contra el criterio de la interventora delegada y de nuevo saltándose las bases del proceso, que recogían la obligatoriedad de que la compañía adjudicataria estuviese inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado.

Una primera controversia ante la cual el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, salió al paso para defender el “gran trabajo” en Hortaleza del exconsejero de Vivienda y Transportes en el Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso: “Cuando a uno le critican determinadas personas o asociaciones significa que lo está haciendo bien. Hay asociaciones y personas que le han puesto en el punto de mira y que le van a criticar haga lo que haga”. El regidor cree que “se ha debido proceder bien porque el trámite ha pasado los procesos administrativos, la tramitación administrativa y los controles que hay en el Ayuntamiento de Madrid”. “Animo a cualquiera que se sienta perjudicado o a quien tenga dudas que lo recurra. Quien aprecie cualquier irregularidad, que no se limite a una denuncia periodística, sino que lo recurra [judicial o administrativamente]. Para eso estamos en un Estado de derecho”, apostillaba el pasado martes.

Entre ellos se encuentra el coordinador del distrito y mano derecha de Pérez, Miguel Ángel López del Pozo, figura con un papel clave en otra importante controversia en Hortaleza también relacionada con el asociacionismo de la zona. Diversas entidades vecinales del distrito han denunciado en los medios o a través de protestas públicas la “asfixia económica y burocrática” a la que dicen estar sometidas desde que Almeida colocó a Pérez al frente de la Junta Municipal, después de las elecciones municipales de mayo de 2023. Todo ello, unido a la cancelación de eventos con raigambre en el barrio a pocos días de su celebración por supuestos incumplimientos de los permisos (algo que no ha pesado en contrataciones de la Junta), ha valido al edil el sobrenombre de concejal aguafiestas.

Sin ayudas a otras asociaciones “por haberse agotado el crédito”

Gran parte del tejido vecinal alerta de modificaciones en las bases de ayudas o adjudicaciones de casetas en las fiestas distritales, para entorpecer las fuentes de financiación de entidades críticas con la labor del concejal presidente. Es el caso de La Expansión de San Lorenzo (que apena recibió 636 euros en la convocatoria de ayudas donde se cerró esta subvención irregular) o Radio Enlace (que se quedó sin retribución alguna “por haberse agotado el crédito presupuestario” según la resolución), dos organizaciones que han hablado de “boicot” por parte de Pérez.

Cuando varias de estas agrupaciones lograron reunirse con López del Pozo, este impidió a los asistentes grabar el encuentro. Esta situación dio pie a un nuevo cuestionamiento de la forma en la que la Junta Municipal aplica la normativa. Las agrupaciones argumentaron que la legislación contempla que esas conversaciones pueden ser registradas, pero el coordinador acabó por levantarse de la mesa y marcharse. Según las entidades presentes el secretario de la Junta, Francisco Javier Velázquez, “se negó a aplicar el reglamento y ciñó su papel a defender que la interpretación de la norma al respecto era ambigua”.

Velázquez es otra de las cabezas visibles de la Junta de Hortaleza aupadas por David Pérez. Es la tercera persona que ocupa ese puesto desde que el exalcalde Alcorcón llegó al distrito en el verano de 2023, después de que destituyera a sus dos predecesores. La posición anterior de Velázquez era la de Jefe del Servicio Jurídico, donde fue uno de los vocales de la mesa de contratación que adjudicó el lote de la cabalgata de Sanchinarro el pasado diciembre.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido a su edil David Pérez con buenas palabras en respuesta a las informaciones publicadas por este periodico, acerca de la contratación por 10.500 euros de una empresa para la Cabalgata de Reyes 2024 en Sanchinarro que no cumplía los pliegos establecidos en la propia convocatoria. La Junta Municipal de Hortaleza, que preside el bautizado como concejal aguafiestas por su enfrentamiento con varias asociaciones críticas que tienen un papel importante en festejos populares del distrito, adjudicó la licitación a una empresa que no satisfacía uno de los requisitos del proceso. En concreto, la inscripición o solicitud de inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (Rolece). Lo hizo, además, contra el criterio de la interventora delegada.

Almeida destaca el “gran trabajo” de Pérez en Hortaleza como contestación a las preguntas de Somos Madrid, durante el acto de colocación de la primera piedra en un nuevo centro cultural de El Cañaveral, barrio en expansión del distrito de Vicálvaro. Para el regidor, el exalcalde de Alcorcón y exconsejero (primero de Vivienda y luego de Transportes) en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “ha impulsado Hortaleza y sus nuevos desarrollos, Sanchinarro y la parte de Valdebebas que corresponde al distrito” desde su llegada a la Junta Municipal en 2023.

“Cuando a uno le critican determinadas personas o asociaciones significa que lo está haciendo bien y no es que lo esté haciendo mal”, ha aseverado Almeida. “Hay asociaciones y personas que le han puesto en el punto de mira y que le van a criticar haga lo que haga”, opina.

Más allá de esa valoración, y en lo que respecta a la cuestionada contratación, el primer edil cree que “se ha debido proceder bien porque el trámite ha pasado los procesos administrativos, la tramitación administrativa y los controles que hay en el Ayuntamiento de Madrid”. “Animo a cualquiera que se sienta perjudicado o a quien tenga dudas que lo recurra. Quien aprecie cualquier irregularidad, que se no se limite a una denuncia periodística, sino que lo recurra [judicial o administrativamente]. Para eso estamos en un Estado de derecho”, apostilla.

Una contratación con el voto contrario de la interventora: “No se cumple la cláusula”

El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), documento que establecía las bases de la convocatoria que adjudicó el contrato para organizar tanto este evento el 3 de enero como la cabalgata participativa del 6 de enero (otorgada a otra entidad sin que medien presuntas irregularidades), recoge en su cláusula 14 que las empresas beneficiarias debían cumplir un requisito indispensable. Se trata de la inscripción o solicitud en el Rolece. Sin embargo, la agraciada con el lote 1 fue la compañía Eventos Innovate Altea, que no figuraba en dicho registro en el momento de presentar su candidatura, pese a señalar que sí en la presentación de su oferta.

Esta anomalía debió resultar en dejar el concurso desierto al ser la única compañía concurrente, según fuentes internas de la Junta Municipal de Hortaleza consultadas por este diario. Pero desde el Ayuntamiento optaron por exigir a la compañía la documentación que no presentó de inicio. “Se acuerda requerir al licitador del Lote 1 Eventos Innovate Altea SLU para que aporte la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores o, en caso de no encontrarse inscrito en el correspondiente Registro, haga uso de la facultad de acreditar la presentación de la solicitud de inscripción”, recoge el acta de la mesa de contratación celebrada el 17 de diciembre de 2024, al que ha tenido acceso este medio.

Dos días más tarde, un nuevo encuentro de la mesa de contratación validó la documentación enviada por la compañía para cumplir con el requerimiento. Este organismo estaba compuesto por cinco vocales, todos ellos con puestos de responsabilidad en la Junta, junto a la presidencia (que ostentó la por entonces secretaria del distrito) y la secretaria (ejercida por la Jefa de Unidad de Contratación).

De acuerdo a la documentación consultada por este periódico, la situación dio pie a un voto discrepante de una de las cinco vocales que integraban la mesa. Fue el de la interventora del distrito, Aránzazu Ruiz Muguruza, al considerar que la información aportada no eximía a la empresa de incumplir las condiciones recogidas en los pliegos: “Se aprueba la justificación aportada por el licitador respecto al requerimiento efectuado por la mayoría de votos, a excepción del voto de la interventora por considerar que no se cumple la cláusula 14 del PCAP”, recoge el acta.

El acuerdo de la mesa argumenta que “en el procedimiento abierto simplificado sumario la inscripción en el Rolece no es requisito esencial”, exponiendo así que este trámite no es obligatorio en este caso según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. En cambio, la resolución obvia que lo que obliga a cumplir con dicha inscripción es que figura como requisito indispensable en unos pliegos previamente aprobados por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid.

Fuentes municipales sostienen por contra que “no existe ninguna irregularidad por parte de la Junta Municipal de Hortaleza”, ya que “la empresa adjudicataria presentó su oferta dentro del plazo establecido, y la mesa de contratación realizó una propuesta de adjudicación que, en todo caso, no es definitiva”. No obstante, apuntan que “se ha requerido a la empresa documentación adicional para continuar con la tramitación del expediente”. Recalcan asimismo que la empresa no figura inscrita en el Rolece “por ser de reciente creación”. “Según el criterio de la mesa, y conforme a lo establecido en los pliegos, la inscripción en el Rolece no es obligatoria”, aseguran, aunque precisamente esos pliegos apuntan que ese registro si era mandatorio.

Desde el Consistorio insisten en que “todo lo actuado hasta el momento se ajusta estrictamente a lo previsto en los pliegos de la licitación, en el Informe sobre solvencia, clasificación y condiciones especiales de ejecución (pág. 1), y en la Ley de Contratos del Sector Público”, aunque en lo relativo a los pliegos la lectura de la documentación indica lo contrario.

Estas explicaciones no convencen a Miguel Montejo, concejal de Más Madrid en el distrito, que cuestiona la figura del edil presidente del distrito: “David Pérez tiene un comportamiento de caciquillo sectario. Al mismo tiempo que ejerce tanta violencia administrativa como puede contra todo aquello que le resulta incómodo, especialmente contra el tejido asociativo, le da facilidades a quién le rinden pleitesía o colaboran con sus chiringuitos. Empezamos a ver el alcance de su trato déspota a los empleados públicos o sus malas artes en materia de contratación. Adjudicar un contrato en contra del criterio técnico de la funcionaria que rige la pulcritud del procedimiento, la interventora delegada, no es una simple bravuconada más: es de una gravedad extrema”.

La Junta Municipal del Distrito de Hortaleza que preside el polémico concejal del Ayuntamiento de Madrid David Pérez incumplió los requisitos de su propia convocatoria para adjudicar un contrato por valor de 10.500 euros. El objeto de este era la celebración de la última cabalgata de Reyes de Sanchinarro, zona residencial del barrio de Valdefuentes.

El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), documento que establecía las bases de la convocatoria que adjudicó el contrato para organizar tanto este evento el 3 de enero como la cabalgata participativa del 6 de enero (otorgada a otra entidad sin que medien presuntas irregularidades), recoge en su cláusula 14 que las empresas beneficiarias debían cumplir un requisito indispensable. Se trata de la inscripción o solicitud en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (Rolece). Una condición que debían satisfacer ya antes del inicio del proceso. Sin embargo, la agraciada con el lote 1 fue la compañía Eventos Innovate Altea, que no figuraba en dicho registro en el momento de presentar su candidatura, pese a señalar que sí en la presentación de su oferta.

“Todos los licitadores que se presenten a licitaciones a través del procedimiento simplificado sumario deberán estar inscritos en el correspondiente Registro Oficial de Licitadores, en la fecha final de presentación de ofertas siempre que no se vea limitada la concurrencia. A estos efectos, también se considerará admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas”, recoge el PCAP. El pliego abre así la puerta a que concurran empresas que hubiesen solicitado el registro sin todavía completarlo, pero siempre antes de presentarse. Además, la adjudicataria indicó que contaba ya con él cuando se inscribió a la licitación.

Esta anomalía debió resultar en dejar el concurso desierto al ser la única compañía concurrente, según fuentes internas de la Junta Municipal de Hortaleza consultadas por este diario. Pero desde el Ayuntamiento optaron por exigir a la compañía la documentación que no presentó de inicio. “Se acuerda requerir al licitador del Lote 1 Eventos Innovate Altea SLU para que aporte la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores o, en caso de no encontrarse inscrito en el correspondiente Registro, haga uso de la facultad de acreditar la presentación de la solicitud de inscripción”, recoge el acta de la mesa de contratación celebrada el 17 de diciembre de 2024, al que ha tenido acceso Somos Madrid.

Dos días más tarde, un nuevo encuentro de la mesa de contratación validó la documentación enviada por la compañía para cumplir con el requerimiento. Este organismo estaba compuesto por cinco vocales, todos ellos con puestos de responsabilidad en la Junta, junto a la presidencia (que ostentó la por entonces secretaria del distrito) y la secretaria (ejercida por la Jefa de Unidad de Contratación).

De acuerdo a la documentación consultada por este periódico, la situación dio pie a un voto discrepante de una de las cinco vocales que integraban la mesa. Fue el de la interventora del distrito, Aránzazu Ruiz Muguruza, al considerar que la información aportada no eximía a la empresa de incumplir las condiciones recogidas en los pliegos: “Se aprueba la justificación aportada por el licitador respecto al requerimiento efectuado por la mayoría de votos, a excepción del voto de la interventora por considerar que no se cumple la cláusula 14 del PCAP”, recoge el acta.

El acuerdo de la mesa argumenta que “en el procedimiento abierto simplificado sumario la inscripción en el Rolece no es requisito esencial”, exponiendo así que este trámite no es obligatorio en este caso según lo dispuesto en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. En cambio, la resolución obvia que lo que obliga a cumplir con dicha inscripción es que figura como requisito indispensable en unos pliegos previamente aprobados por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Madrid.

La mesa toma en consideración otras justificaciones de Eventos Innovate Altea SLU, como el certificado de solicitud de inscripción en el Rolece (sin aclarar si dicha solicitud es anterior al inicio del proceso de adjudicación) o una relación de trabajos efectuados en 2024 vinculados con el objeto del contrato (otras cabalgatas y actividades similares). Según detalla su web, esta empresa con sede en Paracuellos del Jarama está especializada en el alquiler de carrozas o la celebración de pasacalles y eventos de entretenimiento en diversos festejos tanto populares como familiares, sobre todo de carácter infantil.

Es este punto del acta en el que desde la Junta de Hortaleza valoran la acreditada experiencia de la compañía en organizar actos de este tipo, donde se reconoce la falta cometida por la empresa a la hora de elevar su licitación: “Alega la comisión de un error material al señalar en el sobre único de presentación de la oferta la casilla correspondiente a encontrarse inscrito en el Rolece en lugar de la casilla relativa a la presentación de la solicitud de inscripción”.

El Ayuntamiento de Madrid niega irregularidades y Almeida defiende el “gran trabajo” de Pérez

Fuentes municipales sostienen por contra que “no existe ninguna irregularidad por parte de la Junta Municipal de Hortaleza”, ya que “la empresa adjudicataria presentó su oferta dentro del plazo establecido, y la mesa de contratación realizó una propuesta de adjudicación que, en todo caso, no es definitiva”. Apuntan, eso sí, que “se ha requerido a la empresa documentación adicional para continuar con la tramitación del expediente”. Puntualizan que la empresa no figura inscrita en el Rolece “por ser de reciente creación”. “Según el criterio de la mesa, y conforme a lo establecido en los pliegos, la inscripción en el Rolece no es obligatoria”, aseguran, aunque precisamente esos pliegos apuntan que ese registro si era mandatorio.

Desde el Consistorio matizan que la falta de acreditación en el Rolece “no exime de la obligación de acreditar la solvencia económica y financiera”. Indican que “en este caso, al no estar inscrita (lo que habría supuesto una vía para acreditar dicha solvencia), debe justificar específicamente el cumplimiento del requisito económico exigido para el Lote 3: un volumen anual de negocio de 510.357,66 euros en cada uno de los tres últimos ejercicios concluidos, que es la documentación que ha sido requerida”. Insisten en que “todo lo actuado hasta el momento se ajusta estrictamente a lo previsto en los pliegos de la licitación, en el Informe sobre solvencia, clasificación y condiciones especiales de ejecución (pág. 1), y en la Ley de Contratos del Sector Público”, aunque en lo relativo a los pliegos la lectura de la documentación indica lo contrario.

El alcalde de Madrid también ha defendido al edil en declaraciones a los medios durante un acto este martes: “Cuando a uno le critican determinadas personas o asociaciones significa que lo está haciendo bien y no es que lo esté haciendo mal”, ha aseverado Almeida. “Hay asociaciones y personas que le han puesto en el punto de mira y que le van a criticar haga lo que haga”, opina. Almeida destaca el “gran trabajo” de Pérez en Hortaleza y cree que el exalcalde de Alcorcón y exconsejero (primero de Vivienda y luego de Transportes) en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “ha impulsado Hortaleza y sus nuevos desarrollos, Sanchinarro y la parte de Valdebebas que corresponde al distrito”.

Almeida cree que “se ha debido proceder bien porque el trámite ha pasado los procesos administrativos, la tramitación administrativa y los controles que hay en el Ayuntamiento de Madrid”. “Animo a cualquiera que se sienta perjudicado o a quien tenga dudas que lo recurra. Quien aprecie cualquier irregularidad, que se no se limite a una denuncia periodística, sino que lo recurra [judicial o administrativamente]. Para eso estamos en un Estado de derecho”, apostilla.

Las explicaciones no convencen al concejal de Más Madrid Miguel Montejo, que cuestiona la figura del edil presidente del distrito: “David Pérez tiene un comportamiento de caciquillo sectario. Al mismo tiempo que ejerce tanta violencia administrativa como puede contra todo aquello que le resulta incómodo, especialmente contra el tejido asociativo, le da facilidades a quién le rinden pleitesía o colaboran con sus chiringuitos. Empezamos a ver el alcance de su trato déspota a los empleados públicos o sus malas artes en materia de contratación. Adjudicar un contrato en contra del criterio técnico de la funcionaria que rige la pulcritud del procedimiento, la Interventora Delegada, no es una simple bravuconada más: es de una gravedad extrema y vamos a redoblar toda nuestra observancia y vigilancia sobre cada cacicada”.

Una Junta de Hortaleza “a la medida” de David Pérez

Fuentes de la Junta Municipal consultadas por este periódico afirman que la mayoría de integrantes de la mesa de contratación que llevó a cabo este proceso han sido colocados en sus puestos “después de una purga que ha dejado puestos claves de la Junta de Hortaleza a la medida de David Pérez”. Estaba presidida por María del Rosario Teijeiro Trigo, secretaria del distrito nombrada por Pérez a su llegada al cargo, aunque poco tiempo después destituida porque el edil quería “una persona todavía más leal” de acuerdo a lo que traslada un antiguo empleado.

Miembros de la plantilla de la administración distrital y personas que la han abandonado en los últimos tiempos describían hace meses a este periódico una “campaña de acoso y derribo a los funcionarios incómodos para llevar a cabo una acción pública ideologizada” por parte del exalcalde de Alcorcón. Las destituciones y “una estampida de abandonos por un ambiente insoportable” han dejado una plantilla “sin la cualificación correspondiente”, según estos testimonios. Esto -aseguran dos fuentes diferentes que prefieren preservar su anonimato por temor a represalias- “ha mermado todos los servicios, sobre todo algunos tan básicos como contratación, el económico o el de vías públicas”.

Los problemas con la legislación de estos nuevos funcionarios afines al concejal de Almeida ya se hicieron patentes en una polémica previa, a cuenta de otro gran conflicto de Pérez desde que aterrizó en Hortaleza al comienzo de la legislatura, derivado de su anterior cargo como consejero de Transportes en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: la “asfixia económica y burocrática” que dicen sufrir las asociaciones vecinales críticas. Cuando el tejido social consiguió reunirse con el coordinador del distrito y mano derecha de Pérez, Miguel Ángel López del Pozo, este impidió a los asistentes grabar el encuentro. Las agrupaciones argumentaron que la normativa contempla que esas conversaciones pueden ser registradas, pero López del Pozo acabó por levantarse de la mesa y marcharse.

Según las entidades presentes el secretario de la Junta, Francisco Javier Velázquez, “se negó a aplicar el reglamento y ciñó su papel a defender que la interpretación de la legislación al respecto era ambigua”. Se trata de la tercera persona que ocupa ese puesto desde que Pérez llegó a Hortaleza en el verano de 2023, después de que el exconsejero autonómico destituyera a sus dos predecesores. El puesto anterior de Velázquez era el de Jefe del Servicio Jurídico, posición que le permitió ser uno de los vocales de la mesa de contratación que adjudicó el lote de la cabalgata de Sanchinarro el pasado diciembre.

Además de al Ayuntamiento de Madrid, este periódico ha consultado a Eventos Innovate Altea para conocer sus explicaciones sobre el procedimiento de adjudicación, sin recibir por el momento ninguna respuesta al respecto.

Tres menores no acompañados del Centro de Primera Acogida de Hortaleza fueron gaseados el pasado viernes 14 de noviembre en la puerta del centro juvenil municipal QuedaT, ubicado en el número 6 de la calle Mar Amarillo. La agresión ocurrió sobre las 20.15 horas, cuando los ocupantes de un coche negro rociaron gas pimienta a los jóvenes, provocándoles una intensa irritación ocular.

Los educadores del centro municipal alertaron de inmediato a los servicios de emergencia y permanecieron junto a los menores hasta la llegada del Samur-Protección Civil y de una patrulla de la Policía Nacional. Los sanitarios atendieron a los adolescentes en el lugar, aunque solo uno se vio afectado por el gas.

Fuentes de Emergencias Madrid explican a este periódico que el equipo médico atendió al joven aplicando lavados oculares para aliviar los efectos del gas, ya que presentaba molestias en los ojos. Posteriormente, fue dado de alta en el mismo lugar de los hechos, ya que no precisó de atención hospitalaria y el pronóstico era leve. Los educadores del centro se hicieron cargo de los menores después de comprobar que todos se encontraban bien.

Según adelanta el diario El Mundo, el personal del centro de acogida vio como un coche se detuvo brevemente frente a la entrada del centro juvenil y un individuo encapuchado bajó del vehículo para rociar directamente a los menores. La Policía Nacional confirma a Somos Madrid que el agresor huyó inmediatamente después del lugar de los hechos.

Por el momento, no hay detenidos y la investigación continúa abierta. Las autoridades se encuentran revisando las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar la matrícula del vehículo y rastrear su recorrido.

Esta no es la primera agresión a usuarios del centro de acogida de Hortaleza que se registra en los últimos meses. El pasado mes de septiembre, tres menores fueron golpeados por dos encapuchados armados cerca del recinto, horas después de detener a un chico marroquí por la presunta violación a otra adolescente de 14 años en el distrito.

Las parcelas situadas en los alrededores del futuro circuito de la Fórmula 1 de Madrid empiezan a registrar operaciones de altura. Hace unos días Expansión reveló que el último proyecto inmobiliario en abrir, el de los 583 apartamentos de Bext Valdebebas que recibieron licencia municipal este verano, iba a ser comprado por un gigantesco fondo de inversión con idea de entrar en el negocio del flex living, viviendas temporales de alquiler con servicios adicionales y precios generalmente elevados.

La operación tiene como protagonistas a BGO (BentallGreenOak), un fondo con 89.000 millones de dólares en activos en todo el mundo y que ultima la compra del citado complejo inmobiliario a M&G-Stoneweg, otro gigante que estaba detrás de la empresa Effenberg SL, firma con la que se presentó a un concurso municipal para comprar unos terrenos propiedad del Ayuntamiento con una edificabilidad de casi 40.000 m2, dividida en dos parcelas. La venta se cerró en el año 2022 por 37,2 millones de euros, cuando la Fórmula 1 era todavía un proyecto político que no se había hecho público.

Se desconoce el importe de la compra por parte de BGO, pero los precios de la vivienda en Valdebebas están en máximos históricos, con crecimientos anuales por encima del 13% y un precio medio de más de 5.300 €/m2, según datos de Idealista, lo que elevaría a más de 200 millones la valoración de Bext. La operación será en todo caso muy rentable para los que venden, ya que consiguieron comprar la parcela pública ofertando solo el 0,1% más de lo que pedía por ella el Ayuntamiento de Madrid.

La reventa a BGO se produce solo unos meses después de la visita a este espacio del delegado de Urbanismo, Borja Carabante, que acudió a las instalaciones de Bext Valdebebas para sacar pecho por la política de ventas de parcelas públicas a cargo de su departamento, con objeto de “reactivar solares sin uso y desarrollar actividades sociales, económicas y de vivienda”, explicaba luego el consistorio en nota de prensa.

El Ayuntamiento destacaba también las virtudes de esta zona de Madrid, próxima al aeropuerto de Barajas, a IFEMA y “a un entorno natural privilegiado” como el parque forestal Felipe VI. Y promocionó los apartamentos en las redes sociales municipales, lo que fue contestado con dureza por otros usuarios.

“¿Ahora sois Booking?”, se preguntaba (irónicamente) uno de los perfiles que respondieron al post del Ayuntamiento de Madrid, cuestionando si estas iniciativas no eran más propias de una “empresa” que de un Gobierno municipal. “Esto es lo que necesitan los vecinos de Madrid que no encuentran alquiler asequible. Alquileres por días y semanas. Bravo”, decía otro. Los precios mínimos que oferta Bext Living, según su página web, es de estudios desde 1.390€/mes, pisos con un dormitorio desde 1.450€ y con dos dormitorios desde 1.960€/mes.

Los Flexy de la familia Botín

Muy cerca de los apartamentos de Bext y justo al lado de donde se construye la curva monumental del circuito de Fórmula 1 de Madrid se levantará otro proyecto de flex living todavía más grande, también sobre una parcela que vendió el Ayuntamiento de Madrid. Lo prepara la empresa Flexy Valdebebas Propco I, nombre actual de una propiedad que se adjudicó la compañía Global Filema, la única en presentarse al concurso el año pasado para la construcción de estas viviendas temporales.

El consistorio enajenó esta parcela por 41,45 millones de euros, cuando ya se conocía que los edificios estarían al lado de uno de los puntos más destacados del circuito automovilístico. Lo hizo junto a otra parcela aún más grande, situada también en Valdebebas -pero más lejos del circuito- que vendió por 75,45 millones de euros otros y sobre la que se edificiarán otros 2.041 apartamentos de alquiler. Como en el caso de Bext, la única oferta recibida se acercó mucho al precio de salida que propuso el equipo de Almeida.

Detrás de la empresa Flexy Valdebebas, que ya ha pedido sus primeras licencias para las obras, está la compañía Stoneshield Souther Real Estate Holding, con sede en Luxemburgo y creada en enero de 2024. Es filiar de Stoneshield Capital, un fondo de inversión fundado en 2018 por el empresario argentino Juan Pepa y por Felipe Morenés Botín, hijo de la actual presidenta del Santander, Ana Patricia Botín.

“Lo curioso es que el Ayuntamiento de Madrid ha adjudicado las parcelas sin lograr ni un sólo euro por encima del precio de salida en las licitaciones. Y qué casualidad, las parcelas que salieron a la venta recibieron ofertas de una única empresa”, declara la concejala de Más Madrid Sara Ladra sobre ambas operaciones inmobiliarias. Todo para “alquileres de temporada a precios que rondan los 2.000 euros y con las mejores vistas al circuito de Fórmula 1. Ya tenemos el pack perfecto de ese modelo de Madrid Miami”, denuncia.

“Todo el negocio que rodea a la F-1 refleja a la perfección este modus operandi de Almeida, un entramado de intereses económicos, de venta del patrimonio público no para que se beneficie la ciudadanía, sino para el turismo de los palcos VIP del circuito, licitaciones que coinciden cuando se está negociando que el gran premio venga a Madrid... es el modelo de una ciudad para ricos, de la ciudad en venta y del riquismo con el que gobierna el PP, basado en la especulación inmobiliaria, la atracción del turismo de lujo y los regalos fiscales para las grandes fortunas”, deja caer la edil de Más Madrid.

Las parcelas vendidas por el Ayuntamiento son de suelo terciario, que desde hace poco permiten el desarrollo de viviendas en alquiler con espacios compartidos para estancias cortas o medias, y que en la práctica no se diferencian del suelo con destino residencial, habitualmente más caro de comprar.

Los de Bext y Flexy Valdebebas son los proyectos inmobiliarios más grandes pero no los únicos de una zona que se ha calentado económicamente hablando y que también cuenta con el Hotel 101, ese que se ha construido con un modelo de pequeños inversores que compraban habitaciones para que luego fueran explotadas por Double Dragon, la compañía filipina propietaria de las instalaciones. Al principio estas habitaciones eran vendidas a extranjeros con la promesa de obtener la golden visa para residir en España, pero el fin de este programa por parte del Gobierno nacional ha hecho que las últimas unidades se intenten comercializar gracias al reclamo de las carreras de coches.