La Comunidad de Madrid ha confirmado que la ampliación de la línea 11 de Metro será mucho más generosa con el norte que con el sur de la ciudad. El Ejecutivo autonómico acometerá la mayor ampliación de Metro de la legislatura con una enorme inversión de 880,6 millones de euros para prolongarla hasta Valdebebas Norte, después de que el Consejo de Gobierno haya autorizado este miércoles la contratación de las obras de este nuevo tramo.

El objetivo es crear un nuevo eje metropolitano en el noreste, entre Mar de Cristal y Valdebebas Norte, para el acceso a algunos de los principales polos económicos, sanitarios, judiciales y de transporte de la región. Así lo ha dado a conocer el consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en rueda de prensa.

El proyecto contempla un tramo de 7,2 kilómetros, con cuatro estaciones de nueva construcción (Ifema-Cárcavas, Ciudad de la Justicia, Hospital Isabel Zendal y Valdebebas Norte) y dos estaciones de enlace sobre infraestructuras ya existentes: Mar de Cristal, donde la línea 11 conectará con la 4 y la 8 y Aeropuerto T4, que enlazará con la 8 y la red de Cercanías. El propósito es reforzar la intermodalidad del transporte público madrileño.

Desde Mar de Cristal, la nueva infraestructura llegará a Ifema-Cárcavas, dando servicio a la ampliación del recinto ferial, al futuro circuito urbano de Fórmula 1 de Madring y al conjunto del área de actividad económica del entorno. Desde allí continuará hasta el intercambiador de Valdebebas. El recorrido proseguirá hacia la estación Hospital Enfermera Isabel Zendal, para continuar después hasta la estación de Metro de la T4. Un intento por mejorar el enlace con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y los futuros ámbitos de crecimiento previstos en el entorno.

Finalmente, la actuación concluirá en Valdebebas Norte, donde dará cobertura a los nuevos vecinos de este ámbito y completará la red de transporte público en uno de los mayores desarrollos urbanísticos de la región. Pero además, el proyecto reserva la posibilidad de construir en un futuro otras estaciones, una en el parque empresarial Cristalia (entre Mar de Cristal e Ifema-Cárcavas) y otra junto al venidero centro comercial Valdebebas Shopping (después de la de T4 y antes de Valdebebas Norte, a la que estaría muy próxima). El espacio de ocio todavía está en negociaciones entre sus impulsores y el Ayuntamiento de Madrid, pero ha podido ser clave en la previsión de una segunda estación en el entorno.

La desigual ampliación de la línea diagonal sigue su curso

Esta ampliación, que reducirá los tiempos de desplazamiento y contribuirá a descongestionar otras líneas del suburbano como la circular, se suma a las obras que la Comunidad de Madrid ejecuta actualmente entre Plaza Elíptica y Conde de Casal. Se trata del primer tramo, en el extremo contrario, de la futura gran línea diagonal de Metro. Los trabajos han alcanzado ya uno de sus principales hitos con la llegada de la tuneladora Mayrit a la nueva estación de Madrid Río, en el distrito de Arganzuela. Culmina así la unión de los dos frentes de excavación entre Comillas y este nuevo apeadero tras atravesar la M-30. Una gran obra en la que la 11 dejará de ser una de las líneas más cortas del suburbano y la menos utilizada.

La ampliación del norte no tendrá una correspondencia equivante en el suroeste, donde la 11 apenas se ampliará en una parada de La Fortuna a Cuatro Vientes, si la Comunidad de Madrid mantiene sus planes actuales. Todo ello pese a las reclamaciones de residentes en el barrio de Las Águilas, en Latina, que cuenta además con muchas más décadas de historia que Valdebebas (se construyó entre los sesenta y los setenta). Las organizaciones vecinales llamaron a concentrarse en una multitudinaria protesta después de que, en octubre, saliera a información pública que este proyecto faraónico concluiría su enlace sur con Cuatro Vientos y no abrirá a corto o medio o plazo otras paradas alrededor.

La proyección de Valdebebas contrasta también con otros barrios relativamente jóvenes más al sur, como El Cañaveral, que continúan sin tener una estación propia en la red del suburbano. Ambos son de reciente construcción: el primero nació como área residencial y alberga la Ciudad Deportiva del Real Madrid, el Hospital Enfermera Isabel Zendal y unos 30.000 censados; mientras que el segundo forma parte de los nuevos desarrollos del sureste y se adhirió al distrito de Vicálvaro hace ya casi una década, en 2017. Ronda los 25.000 habitantes.

El verano en Hortaleza tendrá este año su propia agenda de ocio gratuita. El Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza ha puesto en marcha una programación pensada para todas las edades que combina juegos, música y actividades familiares durante los meses de julio y agosto.

La propuesta arranca con un Escape Room infantil protagonizado por Horti, la mascota del centro, que se convierte en guía de una aventura titulada “Los Guardianes de Gran Vía de Hortaleza, con Horti”. Del 1 al 31 de julio, los más pequeños deberán resolver diferentes retos y pruebas para completar la misión, en una actividad que se desarrollará todos los días de 19.00 a 21.00 horas. Está dirigida a niños a partir de 4 años, aunque los menores podrán participar acompañados por un adulto.

La programación continúa cada viernes con el ciclo musical “Viernes con V de… ¡Vivirlo en directo!”, una cita ya habitual del verano que regresa con conciertos gratuitos de distintos estilos. Las actuaciones tendrán lugar de 19.00 a 20.30 horas en “La Casita”, el espacio situado en la zona de restauración de la planta alta del centro comercial.

El ciclo recorrerá géneros como el pop español desde los años 80 hasta la actualidad, tributos al pop internacional, baladas o grandes clásicos de la música en español e inglés, en una programación pensada para todos los públicos. El calendario completo de actuaciones puede consultarse en la página web del centro.

Con esta oferta estival, Gran Vía de Hortaleza refuerza su papel como punto de encuentro vecinal y espacio de ocio en el distrito, apostando por actividades gratuitas que combinan entretenimiento, cultura y propuestas familiares durante los meses de verano.

Viajes sorpresa, regalos y una yincana infantil protagonizan la programación con la que el centro comercial Gran Vía de Hortaleza da la bienvenida al verano. La iniciativa reúne distintas actividades y promociones pensadas para celebrar el inicio de la temporada estival junto a sus visitantes durante las próximas semanas.

La primera de ellas es “Todos a bordo”, una promoción común a varios centros comerciales que ya se encuentra activa y permanecerá disponible hasta el próximo 24 de junio. A través de una serie de juegos de fin de curso, los participantes podrán optar al sorteo de 10 viajes sorpresa para dos personas por Europa.

Para participar, los clientes podrán completar los juegos a través del formulario disponible en la página web o directamente desde el centro comercial. Además, cuantos más juegos completen, más participaciones acumularán y, por tanto, más posibilidades tendrán de convertirse en uno de los diez ganadores de esta experiencia única.

A esta iniciativa se suma la promoción “¡Qué mejor que preparar tu verano en Gran Vía de Hortaleza!”, que se desarrollará del 15 al 21 de junio. Durante estos días, los clientes que presenten un ticket de compra igual o superior a 20 euros y se registren en el espacio habilitado para la acción podrán conseguir un completo kit de verano compuesto por una sombrilla, una bolsa de playa y una toalla, hasta agotar existencias.

El punto promocional estará operativo de lunes a viernes en horario de 17.30 a 21.00 horas, mientras que los sábados y domingos abrirá de 12.00 a 15.00 horas y de 17.30 a 21.00 horas.

Como broche final a esta programación especial, Gran Vía de Hortaleza celebrará del 19 al 21 de junio su esperada Fiesta de Fin de Curso, una actividad gratuita dirigida a niños y niñas de entre 4 y 12 años. Los participantes podrán disfrutar de una divertida yincana con pruebas, juegos y retos diseñados para despedir el curso escolar y dar la bienvenida a las vacaciones de verano.

Para participar en esta actividad, será necesario inscribirse en el mismo centro comercial para formar parte del Club de Horti. La programación se desarrollará el viernes de 18.00 a 20.30 horas, el sábado de 12.00 a 14.30 horas y de 18.00 a 20.30 horas, y el domingo de 12.00 a 14.30 horas.

“Queremos que nuestros visitantes disfruten de una experiencia completa con propuestas para todas las edades. Desde la posibilidad de ganar un viaje por Europa hasta actividades para los más pequeños y regalos para preparar las vacaciones, hemos diseñado una programación especial para celebrar juntos el comienzo del verano”, señalan desde la Gerencia de Gran Vía de Hortaleza.

Con estas iniciativas, el Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza reafirma su compromiso de ofrecer experiencias diferenciales que combinan ocio, participación y premios, consolidándose como un punto de encuentro para las familias del distrito durante todo el año.

El barrio de Manoteras, en el distrito madrileño de Hortaleza, celebrará este sábado 13 de junio sus tradicionales fiestas populares, una cita organizada por los propios vecinos y autogestionada. Los festejos tendrán lugar en el parque El Encuentro y volverán a reunir a residentes y visitantes en una jornada marcada por la convivencia y la participación con actividades para todas las edades.

Las Fiestas de Manoteras 2026, también conocidas como Fiestas de Santiago Apóstol, están impulsadas por la asociación vecinal del barrio. Por tercer año consecutivo, la celebración se desarrollará en el parque El Encuentro, situado en la calle Roquetas de Mar, después de que la Junta Municipal prohibiera en 2024 el uso de las canchas deportivas del parque de Manoteras, emplazamiento habitual de los festejos durante años.

La programación arrancará a las 11.30 horas con un torneo de mus en el FC Spartac de Manoteras, ubicado en la calle Tíjola. Ya por la tarde, a las 20.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de la actuación infantil de Tapa Tapita y Tapón. Una hora más tarde tendrá lugar el pregón de fiestas, seguido a las 21.15 horas por un animado pasacalles que recorrerá el recinto festivo.

La jornada continuará con el concierto de rock de la banda T-Rox a las 22.30 horas. A medianoche se celebrará un bingo popular. Después, la música tomará el relevo con la sesión de DJ Gato, encargada de poner el broche final a unas fiestas que buscan mantener vivo el espíritu comunitario y participativo que caracteriza al barrio de Manoteras.

A continuación, puedes consultar el programa completo de las Fiestas de Manoteras 2026:

Sábado, 13 de junio

Nueva confrontación entre el tejido asociativo de Hortaleza y la Junta Municipal del distrito. Las entidades vecinales La Unión de Hortaleza y La Expansión de San Lorenzo denuncian haber sido censuradas durante sus actuaciones en las Fiestas de Primavera de este distrito madrileño, organizadas por la Junta que preside el polémico concejal David Pérez, uno de los nombres más controvertidos en el segundo mandato de José Luis Martínez-Almeida.

Según recoge en un comunicado la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), un asesor del edil llamó a la Policía Municipal y amenazó con multar a La Unión de Hortaleza si durante su actuación se producía algún tipo de protesta contra la gestión de Pérez. Una administración cuestionada por las entidades del distrito debido a su “constante maltrato” al movimiento asociativo mediante prohibiciones de eventos y sanciones económicas. “Lo que está ocurriendo en Hortaleza con David Pérez es propio de dictaduras”, trasladan desde La Expansión de San Lorenzo.

Además, una de las trabajadoras de la organización de las fiestas, que concluyeron el pasado fin de semana, subió al escenario del auditorio Pilar García Peña para arrancar una pancarta reivindicativa que portaban los miembros del Club del Disco de Hortaleza después ofrecer una sesión de música. Esta agrupación actuó en las Fiestas de Primavera del distrito el pasado jueves 4 de junio con una sesión gratuita de música en vinilo. Según denuncia la asociación, los DJs fueron registrados antes de subir al escenario por una responsable de la empresa Sonimar, encargada de la gestión técnica de las actuaciones de las fiestas.

Tras la sesión de música, que se desarrolló sin incidentes, los dos pinchadiscos sacaron una pancarta reivindicativa en el escenario en la que se podía leer: “David Pérez se irá y nosotros nos quedaremos porque el barrio es nuestro”. Apenas cuatro segundos después de desplegar la pancarta, la responsable de la empresa Sonimar subió al escenario para arrancar la pancarta y dar instrucciones a los técnicos para que apagaran las luces del escenario.

“La censura es total contra las asociaciones y colectivos del barrio y mostramos nuestra más enérgica repulsa”, lamenta el Club del Disco de Hortaleza en un comunicado, en el que también critica que la Junta Municipal del bautizado como concejal aguafiestas haya eliminado el presupuesto destinado a las actuaciones de las entidades vecinales en las fiestas del distrito.

El viernes 5 de junio, la Asociación Vecinal La Unión de Hortaleza tenía previsto participar en las fiestas del distrito con una actuación de bailes y otra a cargo de la ‘Compañía del Viento’ en el auditorio Pilar García Peña del parque Pinar del Rey, como constaba en la programación oficial de los festejos. “Cuando estaba a punto de comenzar la actuación, personal de la empresa responsable de la gestión de las actuaciones nos preguntó qué eran las hojas que llevábamos en las manos”, aseguran desde la asociación.

Un asesor de Pérez, señalado

“Nos dijeron que no podían autorizar una actuación política en el escenario porque les iba a traer consecuencias para ellos. No nos negamos a enseñar el material que teníamos para la actuación. Y nos dijo que no podíamos subir al escenario con ningún papel, ni hacer ningún tipo de presentación con el micrófono”. Ante esa situación, se pidió a la trabajadora la orden por escrito, pero ella reaccionó solicitando que se personara David Enguita, asesor del concejal David Pérez en la Junta Municipal de Hortaleza.

Según La Unión de Hortaleza, “el señor Enguita se presentó en la entrada al escenario del auditorio y nos dijo que no iba a permitir ni pancartas, ni ninguna actuación política en el escenario, que íbamos a ser multados, sancionados y que recaería toda la responsabilidad sobre la asociación”. El asesor aludió a un correo electrónico que la Junta Municipal envió ese mismo viernes a las entidades participantes con una amenaza de sanción a “cualquier conducta que suponga una falta de respeto hacia el personal” de las fiestas.

“Solicitamos leer las normas para ver exactamente cuáles pensaba que se estaban incumpliendo. El señor Enguita se negó y su forma de dirigirse a personas de la asociación fue intimidante y en tono amenazante. Se encontraba en un espacio público y nos estaba dando unas instrucciones concretas diciendo que si no cumplíamos con la programación seríamos multados, que no podríamos volver a actuar en las fiestas”, detalla La Unión de Hortaleza en un comunicado.

En ese momento, una persona se puso a grabar la discusión con un teléfono móvil. El asesor del concejal dijo “no me grabes por favor o llamo a la policía”, como finalmente hizo. Cuatro agentes de la Policía Municipal acudieron a la entrada del escenario del auditorio. “La policía nos dijo que habían acudido porque una entidad pretendía salir al escenario sin estar autorizada y les enseñamos el programa público, demostrando que estábamos autorizadas para actuar. Los agentes también nos informaron de que, dependiendo del contenido de lo que dijéramos o hiciéramos en el escenario, la asociación podría tener consecuencias”, afirman desde La Unión de Hortaleza, que pudo subir al escenario de las fiestas con 40 minutos de retraso sobre el horario previsto para celebrar la actuación de baile que protagonizaban niños y niñas de entre 6 y 14 años.

“Finalmente nos dijeron que permitían la actuación de baile pero ninguna otra más que tuviera contenido político, impidiendo realizar la segunda parte de la actuación que era la ‘Compañía del Viento’”, con la que la asociación pretendía denunciar las prohibiciones del concejal David Pérez al tejido vecinal de Hortaleza.

La polémica respuesta del concejal, con referencias a la política nacional

El exconsejero de Vivienda en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha contestado a las quejas con un mensaje en X donde habla de todo salvo su propia gestión: “Los que callan con las chistorras, las Leires, los collares y demás corruptelas, protestando contra mí porque aplique las ordenanzas y no les deje vender alcohol en sus fiestas. Es de pena. Las subvenciones se justifican, las normas se cumplen y a esa la cara: nadie de esta supuesta coordinadora da su identidad. Es vergonzosa su cobardía, su abuso del anonimato y su forma de presionarme para que trague con sus pretensiones con estos numeritos. Es no conocerme: seguiré aplicando la ley. Siempre”.

Pérez publicó mensajes en sus redes sociales (que utliza con asiduidad) jactándose de haber frustrado la pitada organizada durante la jornada de pregón, en la que se escudó colocándose detrás de niños. “Hortaleza 1 - Intolerancia 0 Ahí os quedasteis sin pitada, esperando el momento que no llegó, se os quedó una carita que era para verla. Y ahora a ver si hacéis algo constructivo en vez de tanto insultar y faltar al respeto a las instituciones. Saludos”, publicó en contestación a La Unión Hortaleza.

Las asociaciones dicen “basta” ante un “ataque directo a la libertad”

“Ante estas palabras de coacción y amenaza, en un ambiente de tensión, la asociación decide subir al escenario y explicar lo que estaba ocurriendo. Mientras dábamos nuestras explicaciones al público sobre el escenario, los cuatro policías municipales se quedaron hasta que bajamos del escenario”, relatan desde La Unión de Hortaleza, que califica lo ocurrido como “una censura previa y preventiva” que supone “un ataque directo al derecho fundamental de libertad de expresión”. “Basta ya de coaccionar, imponer, multar, limitar, prohibir, censurar, excluir y eliminar la participación de las asociaciones”, apostilla esta entidad vecinal en alusión al concejal presidente del distrito, David Pérez, que llegó a Hortaleza en 2023 designado por el alcalde.

La Coordinadora de Entidades de Hortaleza, que agrupa a una treintena de colectivos del distrito, denuncia que en estos tres años David Pérez “ha prohibido fiestas y festivales de música organizados por el vecindario, ha eliminado el ciclo de conciertos de jazz más longevo de Madrid, ha impuesto una absurda Ley Seca de forma arbitraria en algunos festejos vecinales y ha desmantelado el centro municipal de participación ciudadana para dárselo a dedo a una entidad de fuera del distrito. También ha acabado con un proyecto vecinal de compostaje comunitario que era pionero en la ciudad de Madrid, ha reducido al mínimo las ayudas a entidades ciudadanas y ha expulsado a las asociaciones vecinales del recinto ferial de las fiestas del distrito”.

“Es evidente que su único propósito es ahogar a las asociaciones vecinales y acabar con sus actividades culturales y festivas. Por eso le llaman el concejal aguafiestas”, añaden. Las Fiestas de Primavera de Hortaleza comenzaron el 29 de mayo con un pregón polémico. La Coordinadora de Entidades convocó por tercer año consecutivo una “pitada popular” contra el concejal David Pérez por sus “constantes ataques” a la participación ciudadana. El edil del PP, sin embargo, evitó esta vez ser abucheado al eludir tomar la palabra durante el pregón, parapetándose detrás de unos niños y abandonando el escenario con antelación.

El centro comercial Gran Vía de Hortaleza invita a sus visitantes a vivir toda la emoción del fútbol con “Siente los colores”, una acción especial que combinará entretenimiento, premios y ambiente deportivo durante cuatro jornadas llenas de diversión. Del 11 al 14 de junio, los aficionados podrán poner a prueba su puntería en una actividad con realidad virtual inspirada en el deporte rey y demostrar sus habilidades en un reto pensado para todas las edades.

La iniciativa busca trasladar al centro comercial la pasión que despierta el fútbol, convirtiendo cada visita en una experiencia participativa y llena de emoción. Estará disponible jueves y viernes de 17.30 a 20.30 horas, y sábado y domingo de 12.00 a 15.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas.

Para participar, los visitantes deberán presentar un ticket de compra igual o superior a 20 euros de cualquiera de los establecimientos del centro comercial. Una vez inscritos, podrán unirse a la dinámica y probar suerte para ganar diferentes premios relacionados con el universo futbolístico.

Entre los regalos disponibles se encuentran bastones de animación para apoyar a la selección en los encuentros más esperados del verano y un total de 10 balones réplica del Mundial, un premio especialmente pensado para los amantes de este deporte.

Con esta propuesta, Gran Vía de Hortaleza continúa reforzando su compromiso con la organización de experiencias que complementan la oferta comercial y de ocio del centro, generando momentos de encuentro y diversión para sus visitantes. La acción se suma a la programación especial de actividades que el centro desarrolla a lo largo del año para acercar experiencias diferenciales a familias, jóvenes y aficionados al deporte.

Hortaleza ya calienta motores para sus Fiestas de la Primavera 2026, que se celebrarán del 29 de mayo al 7 de junio con una programación marcada por los conciertos, las actividades deportivas, las propuestas infantiles y la participación vecinal. Los festejos contarán con una agenda que volverá a tener como epicentro el parque Pinar del Rey y el auditorio Pilar García Peña, aunque habrá actividades repartidas por distintos espacios del distrito.

La música volverá a ocupar un lugar protagonista en las fiestas, con nombres consolidados del panorama nacional y espacio para bandas emergentes. El viernes 29 de mayo abrirán la programación festiva la Hermandad Grupo Rociero de Hortaleza, el pregón inaugural, que este año correrá a cargo del XV Hortaleza Rugby Club, coincidiendo con el 25º aniversario de la entidad, y el concierto de Burning. Los festejos continuarán el sábado 30 con la actuación de David Bustamante y tendrán uno de los momentos más esperados el sábado 6 de junio con el concierto de Funambulista. A ello se sumarán propuestas como el tributo a Extremoduro de la Orquesta Deltó y el homenaje a Nino Bravo a cargo de la Orquesta Siempre Nino, ampliando la oferta musical para distintas generaciones.

La programación también pondrá el foco en las bandas emergentes a través del Certamen Roberto Mira, una iniciativa ya consolidada en el distrito que este año contará con la participación de Talisker Band, Call Me Penguin, Lili Ritz, Altillo, La Jara y Riada. Los grupos seleccionados actuarán durante las fiestas y los ganadores recibirán premios económicos, reforzando así el impulso municipal al talento joven y a la escena musical local.

El carácter familiar y participativo volverá a ser otra de las señas de identidad de las fiestas. El calendario incluirá actividades infantiles como Dubbi Kids, el domingo 31 de mayo, o el espectáculo Canta y baila con BabyRadio & Ariel Lois, previsto para el 7 de junio. Además, habrá propuestas culturales, talleres, juegos, teatro infantil, actuaciones escolares y una intensa programación deportiva con torneos de fútbol, pádel, esgrima, rugby o zumba repartidos en diferentes instalaciones del distrito, en línea con la voluntad de descentralizar las actividades.

La implicación del tejido asociativo seguirá siendo uno de los pilares de las Fiestas de la Primavera. Entidades vecinales, deportivas y sociales participarán activamente en el recinto ferial y en la organización de actividades, junto a la presencia de los cuatro partidos políticos con representación municipal.

A continuación, puedes consultar el programa completo de las Fiestas de la Primavera 2026 en Hortaleza:

Viernes, 29 de mayo

Sábado, 30 de mayo

Domingo, 31 de mayo

Martes, 2 de junio

Miércoles, 3 de junio

Jueves, 4 de junio

Viernes, 5 de junio

Sábado, 6 de junio

Domingo, 7 de junio

Jueves, 11 de junio

El centro comercial Centro Comercial Gran Vía de Hortaleza acoge el jueves 28 y viernes 29 de mayo la recogida de dorsales de la XVI Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple, una cita que tendrá lugar el sábado 30 de mayo y que cada año reúne a cientos de personas para apoyar a quienes conviven con esta enfermedad.

La entrega tendrá lugar en La Casita, situada en la planta alta del centro comercial, en horario ininterrumpido de 10.00 a 21.00 horas durante los citados días. Allí podrán acudir los corredores inscritos antes de la celebración de la prueba.

La iniciativa está impulsada junto a Sanofi y la Fundación Esclerosis Múltiple Madrid, con el objetivo de dar visibilidad a los afectados por esta enfermedad y respaldar el trabajo de acompañamiento y apoyo que realiza la fundación.

Desde Gran Vía de Hortaleza destacan que esta colaboración forma parte de su apuesta por actividades solidarias y acciones vinculadas a la concienciación social en el distrito.

La Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple se ha convertido en una de las citas solidarias más reconocidas vinculadas al deporte popular en Madrid, combinando actividad física, sensibilización y participación ciudadana. Toda la información sobre la cita y las inscripciones puede consultarse en la web oficial de Corre por la Esclerosis Múltiple.

“Apartamentos de convivencia que están equidistantes de las dos fórmulas”. Así describe el concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, el formato de hospedaje flex living. Las dos fórmulas en cuestión son el alquiler tradicional y el temporal o turístico. Este reciente modelo habitacional e híbrido, con una notoria falta de regulación específica, ha sido apadrinado por el Gobierno liderado por José Luis Martínez-Almeida.

Lo ilustraba el propio Carabante en un controvertido post publicado en Instagram del que se extrae la declaración que abre esta pieza y donde el mismo edil ejercía de publicista de una promoción: “Se han ejecutado 583 apartamentos en dos parcelas que había vendido el Ayuntamiento de Madrid por 37 millones de euros. Los promotores han desarrollado esta instalación para dotar a Madrid de 583 apartamentos en los que se podrá disfrutar de distintas estancias. Están destinados no a la vivienda, pero tampoco a un uso turístico específico y por eso aquí se van a ofrecer desde estudios hasta apartamento de dos habitaciones dentro de esa extraordinaria oferta que tiene que ofrecer Madrid por seguir creciendo”. Hablaba de ofertar “vivienda para los madrileños, pero también alternativas a los turistas”.

Conviene puntualizar que flex living, modelo que apunta a ocupar 25.000 camas en la Comunidad de Madrid en 2028 y donde la mitad de ellas ya están en funcionamiento, no es un término ni urbanístico ni jurídico. El concepto agrupa modalidades de alojamiento sobre el papel de carácter temporal, pero con cierta vocación de permanencia, en espacios amueblados que ofrecen servicios incluidos como limpieza, internet, zonas comunes o coworking. Son, en resumidas cuentas, viviendas temporales de alquiler con prestaciones adicionales y precios generalmente elevados.

Como señala en declaraciones a Somos Madrid el portavoz del PSOE en la Comisión de Urbanismo, Antonio Giraldo, hasta la definición es flexible en lo que al flex living respecta: “Es algo parecido a vivir en un hotel todo incluido”, dice, pero avisa de que su uso como alquiler de temporada fraudulento está cada vez más extendido: “El alquiler de temporada tiene una razón de ser y existe por algo en concreto, pasar el verano en un apartamento de playa o trabajar seis meses en un sitio. Pero usarlo en algo difícilmente justificable para eludir la LAU [Ley de Arrendamientos Urbanos] es otra cosa. Cuesta ver este formato para un estudiante y más en trabajadores”.

Una notoria diferencia respecto a, por ejemplo, los colivings está en la obtención de permisos. El flex living opera principalmente bajo licencia hotelera o de hospedaje en suelo terciario destinado a oficinas, permitiendo alquileres de media estancia (de días a meses) sin las restricciones de la vivienda turística o la convencional. Cierto es que esta particularidad comienza a extenderse a otros modelos, dadas las facilidades de la nueva legislación de la Comunidad de Madrid para permitir el uso como vivienda de suelos terciarios.

Giraldo añade como divergencia adicional que las estancias en los colivings “suelen tener un carácter más a largo plazo, aunque también tengan que ver con nuevas formas de precariedad y en ellos pueda ocurrir igualmente lo de compartir cocina”. Son, en resumidas cuentas, “dos formas de exprimir al máximo el metro cuadrado, que puede ser un 33% más rentable que en el alquiler tradicional, en un contexto de presión inmobiliaria y mercado tensionado que lo convierte en un caramelo”. Desde su punto de vista, es esa rentabilidad lo que explica el auge del modelo y no tanto la demanda por ese tipo de alojamientos.

25.000 camas en Madrid para ser “alternativa estructural”

Flex living se trata así más bien de una forma sofisticada de referirse a lo que siempre se ha conocido como apartahotel. Los precios alcanzan cotas mucho más elevadas que las del alquiler tradicional, sin apenas seguridad para los inquilinos ni moderación de las cantidades que pagan largo plazo (en cambio, la LAU limita las subidas anuales al IPC o al 3% durante unos contratos que deben durar un mínimo de cinco años). Todo ello dificulta echar raíces en este tipo de hospedajes y emprender proyectos de vida. De hecho, suelen enfocarse a nómadas digitales o a expats.

Una apuesta en plena ebullición, como se desprende de las cifras difundidas desde la sede en Madrid de la compañía de servicios inmobiliarios JLL. Un informe de finales del año pasado estimaba en 19.089 la cantidad de camas flex living en España, un número que podría duplicarse hasta las 38.716 en solo dos años. El análisis expone que la Comunidad de Madrid concentra esa oferta, el 60% de las camas actuales y el 72% de las proyectadas. 11.375 están ya en el mercado y más de 14.000 en desarrollo, para un total de 25.375 plenamente operativas en 2028 (en Barcelona, segunda provincia en implantación, no llegan a las 7.000). La capital aglutina la inmensa mayoría dentro de la región.

Para JLL, son “la presión demográfica” y “la transformación del hogar” los principales factores que impulsan estos alquileres flexibles que en realidad no son viviendas aunque muchos de sus inquilinos las habiten como tales. Apostillan que ha dejado de ser “una solución dirigida exclusivamente a jóvenes profesionales o millennials” para convertirse en “una alternativa estructural dentro del mercado residencial español”.

Un modelo auspiciado por Cibeles que ya llega los barrios

Las compañías dedicadas al flex living han sabido tejer conexiones con la política institucional. Se mencionaba que Carabante, delegado de Urbanismo, ha llegado a publicitar una promoción que se edificará sobre terrenos cedidos por el Ayuntamiento en canales de comunicación municipales, lo cual fue contestado con dureza por otros usuarios (“¿ahora sois Booking?”, preguntaba irónicamente uno de los perfiles que respondieron al post). Su predecesor es directamente toda una cabeza visible del sector. Mariano Fuentes, que llegó al Consistorio de la mano de Ciudadanos, se incorporó en febrero a la Comisión de Urbanismo de la Asociación de Espacios Inmobiliarios Compartidos COWORD. Aterriza, según la propia entidad, para “impulsar el desarrollo normativo del flex living en España”.

Un desarrollo al cual el Gobierno de Almeida está contribuyendo más allá de notas de prensa o blanqueos publicitarios. Para muestra, escenarios como el paseo de la Ermita del Santo del distrito de Latina, donde un “agujero normativo” (en palabras de la oposición socialista) permite que una promotora haya vendido una de sus parcelas terciarias para que sean dedicadas a este tipo de viviendas de alquiler que escapan a la LAU. Todo ello después de que dichas parcelas multiplicaran su labor gracias a una recalificación del Ayuntamiento, que precedió al desmantelamiento del antiguo centro de ocio de la zona para edificar torres mediante un “pelotazo” en palabras de los vecinos que lo han llevado a la Justicia.

La implantación del flex living en las nuevas edificaciones estaba ya prevista inicialmente en el proyecto apoyado por el Consistorio, pero a los 530 pisos originales se le sumarán varios cientos más. Al planeamiento de las viviendas, aprobado en solitario por el PP municipal gracias a su mayoría absoluta, se le unirán otros 5.763 metros cuadrados (y 1.200 adicionales de uso dotacional privado) comprados por la empresa Dazia Capital para un proyecto de flex living. La misma empresa ha adquirido allí otra parcela residencial de 11.040 metros cuadrados. Ha pagado por ambas alrededor de 50 millones de euros.

Giraldo detalla lo ocurrido: “Había cinco parcelas destinadas a usos residenciales, dos más de carácter público y dos terciarias. Se aprueba con un estudio de movilidad planeado para 500 viviendas y que ya iba justito a nivel de movilidad o de refuerzo al transporte público. Pero además, si en esas parcelas terciarias se van a instalar flex living, va a estar viviendo más gente aunque sea con carácter temporal y eso añade presión de personas que van a ir entrando y saliendo del barrio cada día”. Así, se pregunta “dónde queda el planeamiento si de 500 viviendas se pasa a 750”.

Las repercusiones de esta práctica atienden así al precio de las viviendas, pero también a la falta de dotaciones y servicios que estas pueden traer aparejadas para los vecinos. Los flex living no son tenidos en cuenta a la hora de analizar las necesidades del barrio para colocar un nuevo centro de salud o educativo. Este es un punto especialmente importante dado que la alta densidad que la operación de la Ermita del Santo va a generar en la zona ha sido uno de los principales motivos de la oposición entre residentes. “No hay garantía de que existan los servicios y equipamientos que sí están vinculados a la construcción de viviendas”, concluyen desde el Grupo Municipal Socialista.

Cuando la noticia trascendió el pasado febrero, el PSOE de Madrid avisó de que este tipo de promociones no están reguladas como una categoría urbanística, ni a nivel municipal, ni en lo que compete al Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso. Si los socialistas hablan de ese “agujero normativo” es porque se permite construir pisos para alquileres de hasta un año, evitando la Ley de Arrendamientos Urbanos. Lo paradójico es que el modelo permite a las promotoras ofrecer habitáculos sin los mismos espacios y calidades mínimas que las normativas municipales les exigen a las viviendas, mientras que sus precios acaban siendo mucho más elevados que los del alquiler tradicional.

Estas consecuencias no preocupan al equipo de Almeida, que hablaba en la mencionada publicación oficial de Carabante de un “modelo de alquiler que puede ir desde unos días o semanas hasta varios meses, gracias a la flexibilidad y variedad de contratos que oferta”. Una visión que el PSOE no comparte, sobre todo en casos como el de la Ermita del Santo: “La flexibilidad del flex living beneficia sobre todo a los promotores privados”, apuntan, a la vez que convierte a “inquilinos en clientes” y les ofrece “habitaciones de hotel” en lugar de hogares. En ellos, rematan, es más difícil “iniciar proyectos de vida”.

Valdebebas: flex living a todo gas junto a la Fórmula 1

Las parcelas situadas en los alrededores del futuro circuito de la Fórmula 1 de Madrid también están siendo escenario de este tipo de operaciones, al coincidir la atracción de la cita automovilística como una zona en pleno desarrollo urbano como Valdebebas (situada entre los distritos de Barajas y Hortaleza). El último proyecto inmobiliario en abrir, el de los 583 apartamentos de Bext Valdebebas que recibieron licencia municipal el pasado verano, iba a ser comprado por un gigantesco fondo de inversión con idea de entrar en el negocio del flex living. Así lo reveló Expansión.

Encabeza la maniobra BGO (BentallGreenOak), un fondo con 89.000 millones de dólares en activos en todo el mundo y que ultima la compra del citado complejo inmobiliario a M&G-Stoneweg, otro gigante que estaba detrás de la empresa Effenberg SL. Con esta última firma se presentó a un concurso municipal para comprar unos terrenos propiedad del Ayuntamiento con una edificabilidad de casi 40.000 metros cuadrados, dividida en dos parcelas. La venta se cerró en 2022 por 37,2 millones de euros. Por entonces, la Fórmula 1 era todavía un proyecto deportivo y político que no se había hecho público, por lo que ahora los terrenos se han revalorizado sobremanera.

No ha trascendido el importe de la compra por parte de BGO, pero al impacto del circuito Madring hay que añadir que los precios de la vivienda en Valdebebas están en máximos históricos. Los crecimientos anuales superan el 13% y el precio medio los 5.500 euros por metro cuadrado, según datos de Idealista. Esta coyuntura elevaría a unos 220 millones la valoración de Bext. La operación será en todo caso muy rentable para los que venden, ya que consiguieron comprar la parcela pública ofertando solo el 0,1% más de lo que pedía por ella el Gobierno de Cibeles.

La reventa a BGO se produjo solo unos meses después de la citada visita a este espacio de Carabante, quien acudió a las instalaciones de Bext Valdebebas para sacar pecho por la política de ventas de parcelas públicas a cargo de su departamento. El objetivo, sostenía el Consistorio en una nota de prensa, es “reactivar solares sin uso y desarrollar actividades sociales, económicas y de vivienda”. El equipo municipal destacaba también las virtudes de esta zona de Madrid, próxima al aeropuerto de Barajas, a Ifema y “a un entorno natural privilegiado” como el parque forestal Felipe VI.

Todo un Botín para el sector inmobiliario

Próximos a los apartamentos de Bext y junto al terreno donde se construye la autoproclamada curva Monumental de Madring, se levantará otro proyecto de flex living todavía más grande, también sobre una parcela que vendió el Ayuntamiento de Madrid. Lo prepara la empresa Flexy Valdebebas Propco I, nombre actual de una propiedad que se adjudicó la compañía Global Filema. Fue la única en presentarse al concurso para la construcción de estas viviendas temporales, convocado en 2024.

El Ejecutivo de Almeida enajenó esta parcela por 41,45 millones de euros, cuando ya se conocía que los edificios estarían al lado de uno de los puntos más destacados del circuito automovilístico. Lo hizo junto a otra parcela aún más grande, situada también en Valdebebas (pero más lejos del circuito), que vendió por 75,45 millones de euros y sobre la que se edificarán otros 2.041 apartamentos de alquiler. La única oferta recibida se acercó muchísimo al precio de salida que propuso el equipo de Almeida. Como en el caso de Bext.

La compañía Stoneshield Souther Real Estate Holding es quien está detrás de Flexy Valdebebas propco I, que ya ha pedido sus primeras licencias para las obras. La entidad matriz tiene su sede en Luxemburgo y fue creada en enero de 2024. Es filial a su vez de Stoneshield Capital, un fondo de inversión fundado en 2018 por el empresario argentino Juan Pepa y por Felipe Morenés Botín. Este último es hijo de la actual presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín.

La flexibilidad también está en la regulación (o en su ausencia)

Estas operaciones se desarrollan con mucha mayor facilidad gracias a una modificación normativa. Las parcelas vendidas por el Ayuntamiento son de suelo terciario, que desde hace poco permiten el desarrollo de viviendas en alquiler con espacios compartidos para estancias cortas o medias. En la práctica, no se diferencian del suelo con destino residencial, pero este último es habitualmente más caro de comprar.

Los de Bext y Flexy Valdebebas son los proyectos inmobiliarios más grandes que se han aprovechado de estos cambios, pero no los únicos de una zona convertida en gran atractivo inmobiliario. Cuenta también con el Hotel 101, que se ha construido con un modelo de pequeños inversores que compraban habitaciones para que luego fueran explotadas por Double Dragon, la compañía filipina propietaria de las instalaciones.

Al principio, estas habitaciones eran vendidas a extranjeros con la promesa de obtener la golden visa para residir legalmente en España, pero el fin de este programa por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado que las últimas unidades se intenten comercializar gracias al reclamo de las carreras de coches.

Para Giraldo, “lo que falla es que no hay una regulación concreta, no como en Barcelona, donde de manera municipal se ha comenzado a legislar con cierta asimiliación al alquiler de temporada”. “Me consta que el Ministerio de Vivienda está trabajando en ello”, asegura, al tiempo que indica que “en Madrid lo han rechazado”. Admite, eso sí, que “determinados aspectos del fraude en el planeamiento urbanístico escapan al control de cualquier Ayuntamiento”, pero cree que el mayor problema es que “el de Madrid además lo promociona”. El concejal explica que “si no te parece mal el flex living en suelo terciario, al menos puedes regular que en él las condiciones sean las mismas que en el suelo residencial, pero eso tampoco sucede”. Concluye que “los promotores están alineados con el Consistorio y la Comunidad”.

'Colivings', residencias de pedigrí y otras minas de oro

La inoculación cual virus del flex living en el sector inmobiliario madrileño convive con la de otros modelos habitacionales alternativos que llevan años proliferando. El más conocido es el de los coliving, que escapan igualmente de la LAU y se rigen por la libertad de pactos bajo el Código Civil, aunque la normativa desarrollada es algo mayor.

La legislación principal sobre la materia en Madrid es la Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM), aprobada provisionalmente en julio de 2023 y que establece una diferenciación concreta respecto a los alquileres tradicionales. Esta regulación define el coliving como “residencia compartida” y exige un edificio exclusivo, con unidades privadas mínimas de 15 metros cuadrados por persona si es individual y diez por persona si es doble.

El sector desembarcó en el corazón de Malasaña, pleno centro de la ciudad, en 2024. La empresa Sharing Co_living, especializada en este tipo de proyectos, transformó un antiguo edificio de viviendas de la calle San Vicente Ferrer en el que residió la escritora Rosa Chacel en otro de habitaciones con espacios compartidos. Una decena de pisos donde vivían vecinos a largo plazo reconvertidos en 18 habitaciones individuales y baño, con espacios comunes como cocina, lavandería, comedor o salón en sus plantas superiores. Y una chimenea junto a un jardín vertical en el patio de manzanas. En el bajo resisten los azulejos de la característica Farmacia Juanse, que goza de protección patrimonial, pero el lugar lo ocupará otro tipo de negocio.

Aunque todavía no ha empezado a operar (pese a que ya permite solicitudes de reserva vía web), los impulsores del proyecto afirman que no quieren ser “una empresa de turismo”, sino “promover los viajes de empresa (...) por eso no hacemos estancias de una noche, una decisión con la que también hacemos una selección natural del cliente”.

También en el centro de Madrid, junto a plaza de España, un característico edificio de siete plantas que fue sede del Ministerio de Trabajo y albergó oficinas de Comisiones Obreras se reconvirtió en una residencia que pide 1.685 euros mensuales por habitación. El perfil objetivo son estudiantes, pero de alto standing. De la gestión se ocupa, gracias a una permuta por 99 años aceptada en este caso por el Gobierno central, el fondo de inversión Azora. Una compañía protagonista de varias informaciones en los últimos años por sentencias de los tribunales contra cláusulas abusivas en sus contratos de alquiler tradicional. En Vallecas, un fallo judicial histórico condenó a la empresa Nestar (dependiente de Azora) y declaró abusivas seis de las siete cláusulas introducidas en los contratos de varios vecinos.

Aunque un escenario especialmente sacudido por este tipo de fenómenos ha sido el distrito de Chamberí. Los colivings se han extendido a la par que el antiguo convento de San Francisco de Sales, dos edificios de oficinas en el entorno de Arapiles o las antiguas oficinas de El Corte Inglés se transformaban en campus urbanos de la mano de planes especiales auspiciados por el Ayuntamiento. Espacios con el que las instituciones privadas plantean una ciudad como experiencia, a raíz de la cual la zona se llena de habitaciones para estudiantes (con su correspondiente oferta de ocio en terrazas).

Las residencias de estudiantes son tendencia entre las inversiones inmobiliarias. La Universidad de Nebrija cuenta con dos residencias en el distrito, donde el coste de la habitación va de 1.500 a 1.800 euros. Pero los colivings son la última moda en Chamberí. En 2018, se renovó un edificio entero en la calle Andrés Mellado para ofrecer esta modalidad de alojamiento; en 2021 un grupo italiano hizo lo propio con un edificio de la misma época en el entorno de la plaza de Olavide (donde no es el único en su género) y se pueden encontrar en internet ofertas en las cercanas calles de Cea Bermudez o Santa Engracia. Ser estudiante y alojarte en un apartamento con una habitación en un edificio preparado para ello en la calle de Donoso Cortés, pensado para estudiantes extranjeros, cuesta como mínimo 2.000 euros, con la limpieza y el wifi incluidos. Puedes compartir habitación en el mismo edificio por algo menos de 900 euros, eso sí.

Según el informe Estado actual del mercado de residencias de estudiantes de Atlas, Madrid es la ciudad donde más caro es alojarse en una residencia, con un precio medio de 1.096 euros frente a una media de 757 para España. Villaviciosa de Odón, Pozuelo de Alarcón y Villanueva de la Cañada son los siguientes municipios en la lista, por delante de Barcelona. Mientras, el Consistorio se preocupa por generar “alternativas a los turistas” para que la urbe “pueda seguir creciendo”. Ojalá la ciudad y sus habitantes no se estampen contra el cielo.

Las bibliotecas fantasma en el subsuelo de la capital podrían volver a la vida. Al menos, algunas de ellas. Fuentes de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, impulsora del proyecto Bibliometro, aclaran en declaraciones a este periódico que “en el nuevo convenio se incluirán los módulos instalados en las estaciones de Metro de Carabanchel Alto, Chamartín, Mar de Cristal, Sierra de Guadalupe, Nuevos Ministerios, Puerta del Sur, Embajadores, Moncloa y Legazpi”.

Esto supone recuperar cuatro de los seis Bibliometros previamente administrados por el Consistorio y cerrados desde el pasado verano: Nuevos Ministerios, Embajadores, Moncloa y Legazpi. Desde la Consejería justifican a Somos Madrid la apuesta por estas paradas ya que “son las estaciones con más tránsito y en las que se efectuaban más préstamos”. Los de Canal y Aluche permanecerán fuera de servicio, sin que el departamento del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso aclare de momento qué ocurrirá con las infraestructuras. Por ejemplo, si se desmontarán para dejar más espacio libre en los vestíbulos.

Mención aparte merece Puerta de Arganda, cuyo Bibliometro ha permanecido operativo al ser de gestión autonómica, pero que ahora podría enfrentarse a su retirada del servicio. En la Consejería de Cultura lo dejan fuera del nuevo convenio en sus declaraciones a este medio, aunque apostillan que “hasta que esté listo se va a renovar el contrato”. Fuentes de la plantilla consultadas por este diario ya apuntaban la posibilidad de su futura clausura al ser el puesto “con menos demanda” de todos los desplegados hasta el momento, al tiempo que alertaban de la inquietud entre el personal ya que el convenio actual de los Bibliometros gestionados por el Gobierno regional caduca ese 30 de abril.

De la externalización al abandono

Instalados en 2005, los Bibliometros son pequeños recintos en los vestíbulos de doce estaciones de la red, cada uno con alrededor de 1.700 títulos. Un importante porcentaje de ellos son novedades, principal aliciente respecto al servicio tradicional de préstamos que lo ha convertido en un servicio muy valorado por viajeros habituales u ocasionales.

Sin embargo, el pasado julio cerraron sorpresivamente seis de los doce módulos, los gestionados por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Así lo acreditan personal de Bibliometro, la propia Consejería de Cultura autonómica o diversas publicaciones oficiales, aunque el área homóloga del Ejecutivo municipal sostiene que “depende de la Comunidad de Madrid y es una iniciativa suya”.

Una empleada contaba a este diario que “el Ayuntamiento lleva años desentendiéndose”: “Pasaron de los seis puestos y no sacaron el concurso para renovar las concesiones. Quienes trabajaban en ellos han sido despedidos o reubicados. Ya antes, no venía nadie se rompía el aire acondicionado, con el calor insoportable que se pasa aquí dentro en verano”, lamentaba para ilustrar esa dejadez. Cree que “el problema detrás de todo esto es que es un servicio subcontratado”. A diferencia de la mayoría del personal de bibliotecas, no se trata de plantilla funcionarial o laboral del Consistorio, sino que este externaliza la gestión a través de empresas que consiguen las adjudicaciones.

Relata que la empresa adjudicataria, Betansa, abonaba a su plantilla justamente el salario mínimo. Lo recoge una oferta laboral para Bibliometro publicada en agosto de 2021, con estas condiciones y requisitos: “Contrato obra y servicio, jornada de lunes a viernes de 13.00 a 20.00 (7 horas), salario SMI (13.300 brutos anuales por 12 pagas + Programa de ayudas de empresa). Estar en posesión de certificado de discapacidad en vigor”.

Inquietud en una plantilla con condiciones precarias

Apunta la bibliotecaria que en Normadat, compañía que ganó el concurso para los seis puestos dependientes del Gobierno autonómico y que hasta la adjudicación de 2022 se hacía cargo también de los municipales, “las condiciones económicas no son muchos mejores, pero sí están más pendientes de ofrecer un servicio con unos estándares de calidad y funciona bien”. Además, “los pliegos de la adjudicación en la Comunidad exigían un resumen de actividades a la empresa beneficiada, mientras que los del Ayuntamiento no, así que tenían un control mucho menor”. De este modo, aunque los seis Bibliometros de control autonómico también tienen una gestión externalizada, en ese caso no ha tenido unos resultados tan negativos (derivando incluso en el fin del servicio).

La trabajadora contaba a Somos Madrid la inquietud que estaba generando en la plantilla la proximidad del vencimiento de convenio sin que conocieran ninguna novedad. Si la Comunidad de Madrid no readjudica el contrato o asume la gestión, los puestos operativos se verían abocados al cierre y el equipo humano (“en torno a una decena de personas”) al despido.

De momento, parece que no será así y los Bibliometros seguirán operando de lunes a viernes entre las 13.00 y las 20.00. Lo harán con algunos módulos recuperados, pero sin regresar eso sí a los 20 años en los que han funcionado con doce puntos repartidos por una red subterránea cada vez mayor. El número de estaciones o de viajeros no deja de crecer, pero este servicio debe contentarse de momento con resistir.

Gloria, vecina de la calle Bravo Murillo de Madrid, acudía habitualmente al puesto de Bibliometro de la estación de Canal. Situada a tiro de piedra de su casa, era un punto de paso en cualquier desplazamiento por la ciudad. No tenía ni que desviarse para entregar o tomar prestado alguno de los 1.700 títulos de cada módulo con los que cultivar su afición a la lectura. Especialmente novedades recientes, una de las principales bazas de este servicio subterráneo frente a las bibliotecas tradicionales. Pero, desde hace meses, a Gloria le toca recorrer unos cuantos kilómetros para beneficiarse de esta posibilidad.

El de Canal es uno de los seis puestos de Bibliometro clausurados desde el pasado julio. Todavía permanece en su vestíbulo, como pasa en Legazpi, Nuevos Ministerios, Aluche, Embajadores y Moncloa. Pero todos ellos están fuera de servicio, completamente vacíos de fondos y sin personal. Pequeñas bibliotecas fantasmas bajo el suelo de Madrid. En la de Legazpi, donde todavía pueden verse sus entrañas desangeladas sin un solo libro en los estantes, varios carteles indican desde hace meses que la actividad iba a cesar “temporalmente” a partir del pasado 18 de julio. En la de Nuevos Ministerios, con una cobertura opaca que impide observar su interior actual, fue desde el día 20 del mismo mes.

Por contra, el servicio continúa en la otra mitad de puntos: Puerta de Arganda, Carabanchel Alto, Puerta del Sur, Chamartín, Mar de Cristal y Sierra de Guadalupe. El motivo de esta extraña dicotomía, según confirman fuentes de Bibliometro a Somos Madrid, está en la gestión compartida entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

Así, los puestos con la persiana echada operaban bajo el paraguas del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Además de esas fuentes, que prefieren preservar su anonimato, lo afirman desde la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina al atender una consulta ciudadana en el portal de atención a dudas sobre bibliotecas del Ministerio de Cultura: “Nos informan que, por un motivo de cambio en la gestión de los Bibliometros, algunos de ellos permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Eran dependientes del Ayuntamiento de Madrid”.

El propio Consistorio hizo gala de la participación conjunta en el proyecto en sus primeros compases. Dos años después de su aterrizaje en 2005, una nota de prensa desgranaba la inversión municipal: 508.497 euros solo hasta 2007, por 1,2 millones de aportación autonómica. El escrito recalca también la “titularidad” del Ayuntamiento sobre las seis estaciones citadas. La publicación adelantaba asimismo la creación del Consorcio de Bibliotecas Públicas de Madrid entre el Gobierno de la ciudad y el de la región, algo que nunca llegó a tomar forma.

Desde el área de Cultura del Ejecutivo municipal sostienen pese a todos estos elementos que “Bibliometro depende de la Comunidad de Madrid y es una iniciativa suya”. Argumentan en respuesta a las preguntas de este diario que “el Ayuntamiento colaboró a través de esos puestos [los cerrados] hasta mayo del año pasado, cuando dimos a conocer Tu biblioteca a un clic, un programa con el que se ofrecen libros a los viajeros de autobús, tras haberlo hecho con los de Metro”.

Las explicaciones del área que dirige Marta Rivera de la Cruz tampoco se ajustan con la exposición de los hechos por parte de la trabajadora que atiende a este medio desde el anonimato: “Los seis módulos cerrados los lleva el Ayuntamiento, que lleva años desentendiéndose. Pasaron de ellos y no sacaron el concurso para renovar las concesiones. Quienes trabajaban en ellos han sido despedidos o reubicados”.

Esta empleada incide en que “el problema detrás de todo esto es que es un servicio subcontratado”. A diferencia de la mayoría del personal de bibliotecas, no se trata de plantilla funcionarial o laboral del Consistorio, sino que este externaliza la gestión a través de empresas que consiguen las adjudicaciones. Un modelo aplicado tanto por la Comunidad como por el Ayuntamiento que, en este caso, ha mostrado antes su tendencia a degradar el servicio en los módulos de gestión municipal.

“No venía nadie se rompía el aire acondicionado, con el calor insoportable que se pasa aquí dentro en verano”, lamenta la trabajadora para ilustrar esa dejadez. Relata que la empresa adjudicataria, Betansa, abona a su plantilla justamente el salario mínimo. Da cuenta de ello una oferta laboral para Bibliometro publicada en agosto de 2021, con estas condiciones y requisitos: “Contrato obra y servicio, jornada de lunes a viernes de 13.00 a 20.00 (7 horas), salario SMI (13.300 brutos anuales por 12 pagas + Programa de ayudas de empresa). Estar en posesión de certificado de discapacidad en vigor”.

Señala la bibliotecaria que en Normadat, compañía que ganó el concurso para los seis puestos dependientes del Gobierno autonómico y que hasta la adjudicación de 2022 se hacía cargo también de los municipales, “las condiciones económicas no son muchos mejores, pero sí están más pendientes de ofrecer un servicio con unos estándares de calidad y funciona bien”. Apunta asimismo que “los pliegos de la adjudicación en la Comunidad exigían un resumen de actividades a la empresa beneficiada, mientras que los del Ayuntamiento no, así que tenían un control mucho menor”.

Betansa se hizo de esta manera con la administración de seis Bibliometros en 2022, un contrato de dos años prorrogable por otro más. Cuando llegó 2025, el equipo de Almeida optó por no sacar la licitación de nuevo a concurso, de ahí que las instalaciones sean ahora poco más que elementos que entorpecen el desplazamiento por seis transitados vestíbulos de Metro de Madrid.

En cuanto a los módulos que dependen del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, fuentes consultadas por este periódico avanzan que la adjudicación a Normadat vencerá inminentemente. Se trata en su caso de una adjudicación de dos años (con una financiación de 904.000 euros) renovables por otros dos, que se efectuó también en 2022. Por ello, deberán proceder de manera inminente a encontrar un nuevo adjudicatario o repetir con Normadat. De lo contrario, los puestos todavía operativos podrían correr la misma suerte que los dependientes de Cibeles.

Fuentes de la Consejería de Cultura consultadas por este medio apuntan hacia una renovación del servicio y a la recuperación de varios módulos clausurados, al tiempo que confirman las competencias previas del equipo de Almeida: “Ante la decisión del Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid inicia las conversaciones con Metro para hacerse cargo de algunos de los Bibliometros de gestión municipal”.

Pese a ello, la trabajadora que explica la situación del servicio lamenta que haya llegado a sobrevolar la sombra del desmantelamiento. No solo por sus efectos personales y profesionales, sino por el valor diferencial que los Bibliometros ofrecen a los vecinos y vecinas de Madrid: “Recibimos cuatro ejemplares de cada novela que sale como gran novedad. A cada biblioteca tradicional suele ir uno y encima los pueden reservar, así que casi no llegan a la estantería. Aquí eso no suele pasar”. Lanzamientos recientes de Arturo Pérez Reverte, Isabel Allende, Carme Chaparro o Fernando Aramburu pueden encontrarse con facilidad en sus estanterías. Esas mismas que permanecen vacías en Legazpi o invisibles en Nuevos Ministerios.

La coyuntura que afecta a los Bibliometros se une a la degradación en la otra gran apuesta literaria de la red, las Metrotecas. En ese caso se trata de pequeños cajetines situados en los andenes, donde los viajeros pueden tomar algún ejemplar al tiempo que dejan otro. Sin embargo, el comportamiento de algunos usuarios que no han seguido esta política de reposición y la falta de inversión para renovar el catálogo original de 1.400 fondos han derivado en que la mayoría de los estantes hayan quedado vacíos a lo largo de las 16 estaciones en las que se disponen.

“Desvestir un santo para vestir otro”. Es el sentir general de varios barrios al norte de Madrid, verbalizado con esas mismas palabras por dos representantes distintos de los vecinos afectados por un polémico plan de la Consejería de Transportes. De materializarse, supondría un hecho inédito en la historia de Metro: suprimir una conexión ya existente.

En concreto, la de la línea 1 de Pinar de Chamartín, estación inaugurada en 2007 que además forma parte de la 4 y la 1 de Metro Ligero. La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, revelaba el 10 de marzo sus planes para alargar la línea 1 hasta el futuro desarrollo de Madrid Nuevo Norte, el resultado de la controvertida Operación Chamartín. Según el estudio informativo al que tuvo acceso este periódico, la alternativa con mayor respaldo técnico para la administración autonómica, de entre las cinco planteadas, pasa por instalar tres nuevas estaciones desde Chamartín (donde también llegará la 4) hasta las cocheras de Fuencarral. Esto implicaría cercenar la llegada de la 1 a la citada Pinar de Chamartín y a Bambú. En esta última estación, la línea más antigua de la red sería sustituida por la 4.

Mientras numerosas zonas de Madrid se manifiestan para exigir la llegada del suburbano en las nuevas ampliaciones que la Comunidad de Madrid ejecuta o proyecta, los residentes afectados por esta amenaza se movilizan para conservar aquello que ya tienen. Que utilizan cada día, durante más de 20 años cuando llegue el momento en el que la supresión se efectúe. Debido a ello, han organizado una concentración junto a la estación por la que pelean, este jueves 26 de marzo a las 18.00. Por redes y distintos canales vecinales informan sobre los métodos para presentar alegaciones, cuyo período permanece abierto hasta el próximo 9 de abril.

Jesús Viacambre, presidente de la Asociación Vecinal Pinar de Chamartín, explica en conversación con Somos Madrid la enorme indignación que la noticia les ha despertado: “Es inaudito y una auténtica falta de ética. Van a perjudicar a 200.000 usuarios actuales para una dotación que servirá a 150.000 hipotéticos viajeros en 20 años”. Incluye en esos 200.000 perjudicados a los vecinos Bambú y de Pinar de Chamartín, cuyo nombre oficial como barrio es Costillares, en el distrito de Ciudad Lineal. Pero también a los miles de habitantes o trabajadores de las zonas a las que el Metro Ligero presta servicio y que, gracias a la conexión con la línea 1 en la estación afectada, disfrutan de un importante nodo de comunicación. Son nuevos desarrollos urbanos como Las Tablas o Sanchinarro, además de barrios tradicionales como Virgen del Cortijo, todos ellos con conexiones de transporte de por sí deficientes.

La presidenta de la Asociación Vecinal Sanchinarro, Amalia Campos, desgrana los efectos “devastadores” de la medida para este entorno situado en el distrito de Hortaleza: “La línea 1 va al centro de Madrid, así que no es un trasbordo más. En cuanto al tiempo, el efecto de que nos quiten la línea y haya que hacer un cambio más es tremendo”. Jesús apostilla que la línea 4, la que sí permanecería en Pinar y la que supliría a la 1 en Bambú, no conecta con el centro y con puntos neurálgicos como Sol o Atocha. Más bien, los rodea: “Son líneas complementarias, no alternativas”. Ese nuevo trasbordo para tomar la 1 deberán completarlo además en Chamartín, una estación de dimensiones mucho mayores y más laberínticas: “Ya está muy cargada y es incómoda. En cambio, en Pinar de Chamartín el trasbordo es sencillo y apenas son dos minutos”.

La vecina defiende que “la idea del transporte es unir, no desconectar ni recortar, que es lo que harían con nosotros si la modificación entra en vigor”. Cuestiona igualmente que la alternativa elegida haya sido la mejor valorada, así como la apuesta “a favor de personas futuras y en contra de quienes ya utilizamos el servicio”. Amalia denuncia especialmente el temor que le han hecho llegar “vecinos afectados por discapacidad”.

Los residentes de los entornos a los que incumbe el plan han trasladado a ambas asociaciones multitud de quejas, consultas y reclamaciones que estas ahora intentan encauzar. De hecho, además de presentar sus propias alegaciones, animan a que lo haga todo el mundo: “Si en una familia hay cuatro miembros, que presenten cuatro”. “Solo en Sanchinarro y Virgen del Cortijo somos unas 35-40.000 personas, a las que hay que sumar la población flotante de centros empresariales, educativos, sanitarios...”, apostilla Amalia.

El hartazgo en las zonas que atraviesa el Metro Ligero del norte es especialmente notorio, ante el descontento ya existente con este servicio: “Nos colaron un invento, porque es el tren de la bruja y tiene unas frecuencias o unos tiempos mucho mayores. Luego nos tocó el Bus Rapid, otro transporte deficitario. Da la sensación de que Sanchinarro solo les interesa para experimentar”.

Nos colaron un invento, porque Metro Ligero es el tren de la bruja y tiene unas frecuencias o unos tiempos mucho mayores. Luego nos tocó el Bus Rapid, otro transporte deficitario. Da la sensación de que Sanchinarro solo les interesa para experimentar

Amalia Campos — Presidenta de la Asociación Vecinal de Sanchinarro

De vuelta en Pinar de Chamartín, los ánimos andan igual de caldeados: “Está todo el mundo en pie de guerra”, asegura Jesús Viacambre, que anticipa “una demolición a nivel de votos” en la zona para las próximas elecciones si el Ejecutivo de Ayuso no recula: “Se están metiendo en un avispero gigante”. Lo ve como el resultado lógico si “fastidian la forma de vida a barrios enteros”. “Tenemos dos líneas de Metro y dos de autobús. Llevamos meses pidiendo más buses al Ayuntamiento y nos encontramos con que la Comunidad nos quita una de las de Metro”, lamenta.

Tanto Amalia como Jesús recalcan el respaldo recibido desde el Consistorio, por lo menos al nivel de las Juntas Municipales de Hortaleza y Ciudad Lineal, respectivamente (las áreas afectadas incumben asimismo a los distritos de Chamartín y Fuencarral-El Pardo). “David Pérez nos ha apoyado y va a escribir a la Consejería deTransportes”, dice Amalia. Un gesto significativo del controvertido edil, puesto que antes de recalar en Hortaleza fue consejero del ramo en el Gobierno de Ayuso.

La Consejería de Transportes dice que no hay decisión definitiva, pero defiende el rediseño

Desde dicha Consejería, en declaraciones a este diario, argumentan que la polémica alteración “forma parte de un conjunto de opciones actualmente en estudio y, por tanto, no supone en ningún caso una decisión definitiva”. Inciden en que el objetivo es “reforzar la red de Metro en su conjunto, adaptándola al desarrollo de Madrid Nuevo Norte”. Por ello, dicen, “ninguna actuación se plantea para perjudicar la movilidad de ningún barrio, sino para optimizar el funcionamiento de toda la red y garantizar mejores tiempos y alternativas de conexión”.

Respecto a la preocupación por la comunicación directa con el centro, señalan que el sistema de transporte público en Madrid “funciona de manera integrada, con múltiples opciones de enlace que permiten mantener una conectividad eficaz”. Sostienen que “el rediseño de la red busca precisamente mejorar esas conexiones en términos globales”.

Según el documento informativo sometido a información pública, la línea 1 modificará su trazado antes de entrar en Chamartín. Allí, aprovechará los andenes ya construidos previamente en su parte baja y que se encuentran actualmente sin uso. Será así aunque para hacerlo haya que reducir su ancho, pues no estaban pensados para los trenes de esta línea, más pequeños que los nuevos de la 10.

A partir de Chamartín se extenderá hacia el norte por el nuevo desarrollo con tres nuevas estaciones (bautizadas de momento como Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte) hasta alcanzar las cocheras al norte de Fuencarral, más allá de la actual estación de Cercanías. Es este uso de la línea 1, en lugar de abrir una nueva, lo que provocará que cambie su recorrido final: en lugar de llegar hasta Pinar de Chamartín, la Comunidad de Madrid extenderá la línea 4 hasta Chamartín, pasando también por Bambú a través del mismo túnel.

En el área de Transportes del equipo de Ayuso, que lidera Jorge Rodrigo, mantienen asimismo que “el período de alegaciones se ajusta a la normativa vigente y forma parte de un proceso participativo abierto, en el que se analizarán todas las aportaciones recibidas”. Presumen en Sol de su “compromiso de diálogo con los vecinos y de estudiar en detalle todas las propuestas antes de adoptar una decisión final”, ante “la importancia de este proyecto para los barrios afectados y para el conjunto de la ciudad”. Pese a las críticas, concluyen que el proceso “se está abordando con el máximo rigor técnico y voluntad de consenso”.

Un “rigor” que se enfrenta ahora a 50 páginas de alegaciones, contando solo las que ha presentado la Asociación Vecinal Pinar de Chamartín. “Queremos que todo el mundo presente la suya, aunque no estén tan trabajadas y pese a que sabemos que la Semana Santa en medio lo complica. Lo importante es que la Comunidad de Madrid se dé cuenta de que es una barbaridad”, expone Jesús.

Además del proceso burocrático, las agrupaciones vecinales se han movido en los despachos. Tanto la de Sanchinarro como la de Pinar de Chamartín mantuvieron una conversación con dos diputados del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Ignacio Catalá (hijo del exministro de Justicia Rafael Catalá) y Carlos González (que preside además el PP de Chamartín). “Cuando les informamos de nuestra oposición y de lo vehemente que es salieron muy sorprendidos. Pensaban que iba a afectar a cuatro gatos”, comenta Jesús. “Entendieron que genera malestar y un perjuicio real a los usuarios”, completa Amalia con cierto optimismo.

Pese a estos encuentros, no piensan dar un paso atrás hasta que la Comunidad de Madrid retire el plan. “Esperamos que el jueves venga mucha gente a la protesta”, dice la representante vecinal, que anuncia el lema: “La línea 1 se queda”. Pero lo más importante, puntualiza, no es la cifra de asistentes: “Lo principal es juntarnos y mostrar nuestra indignación para que todo el mundo se sume a las alegaciones”. Que, como cuenta Jesús, “los responsables de este despropósito se den cuenta de que los barrios estamos unidos e indignados”. Un malestar surgido de un pensamiento común en estas áreas al norte de la capital: “Empeorar la calidad de vida de vecinos para hipotéticos vecinos futuros no tiene sentido”.

La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid vuelve a estudiar una polémica en torno a David Pérez, el edil presidente de Hortaleza y la figura más polémica en el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Después de que el organismo rechazara varias denuncias en torno a posibles contrataciones irregulares en la Junta Municipal del distrito, este jueves el PSOE de la ciudad ha elevado otra por el veto de Pérez a un acto de la Asociación Vecinal La Expansión de San Lorenzo en el centro cultural Huerta de la Salud.

La portavoz socialista en Cibeles, Reyes Maroto, ha recordado al presentar el escrito que el exalcalde de Alcorcón rechazó la petición vecinal “bajo el criterio de neutralidad y, al mismo tiempo, autorizó un acto del PP”. Ambos hechos coincidieron además en el tiempo el pasado 12 de marzo, aunque finalmente el evento con la vicealcaldesa Inmaculada Sanz fue suspendido al estallar la controversia.

“Este doble rasero es inaceptable, un uso partidista de los recursos públicos, y por eso llevamos esta denuncia ante la Oficina del Fraude y la Corrupción por presunto abuso de poder o corrupción administrativa”, recalca Maroto. “El Ayuntamiento no se puede convertir en un cortijo para el equipo del alcalde”, subraya, al tiempo que lamenta cómo “Hortaleza parece el banco de pruebas de Almeida para ver hasta dónde se llega en silenciar a vecinos y vecinas de Madrid”.

Maroto, que ha presentado la denuncia flanqueada por el también edil socialista Jorge Donaire, ha exigido responsabilidades políticas y pide el cese o la dimisión del que fuera consejero de Transportes y Vivienda en el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. “El PSOE lleva al pleno de este jueves una moción de urgencia en este sentido, porque las asociaciones están indefensas por el uso partidista que hace el concejal presidente. No es un caso aislado. Es su manera de proceder y Almeida tiene que cesar a David Pérez”, concluye la líder del Grupo Municipal Socialista en la capital.

Un veto por “neutralidad” entre actos del PP con Sanz o Álvarez de Toledo

En el escrito presentado por los socialistas, apelan a la importancia que otorga a la participación vecinal en los asuntos públicos el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, inspirado a su vez por la Carta Europea de la Autonomía Local de 1985 y la Constitución Española. El mencionado reglamento contempla a su vez la posibilidad de ceder, puntual o temporalmente, espacios municipales a las entidades y colectivos ciudadanos inscritos en el Censo Municipal de Entidades y Colectivos Ciudadanos.

El PSOE contrapone el veto de Pérez, en el que se parapeta en argumentos como la “neutralidad” (término que cita hasta en 16 ocasiones) de los espacios públicos, al acto programado el pasado jueves o a otros que el Partido Popular de Hortaleza ha organizado en centros municipales. Así, el pasado 17 de diciembre tuvo lugar otro en el centro Huerta de la Salud con la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Cayetana Álvarez de Toledo. La denuncia apostilla igualmente que “la propia resolución cita la doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual la neutralidad no permite controles sobre el contenido del mensaje, salvo cuando se vulnere la legalidad”.

La prohibición del debate vecinal sobre la gestión de la Junta de Hortaleza se produce en un distrito en el que el pasado octubre se celebró un acto de corte negacionista y antivacunas en el Centro Cultural Sanchinarro, dotación pública de gestión privatizada. Y en un ambiente muy caldeado, que ha granjeado a Pérez el apodo de concejal aguafiestas: prohibió el tradicional Carnaval vecinal de Hortaleza por coincidir con la Cuaresma o festivales de gran trayectoria como el Luis Aragofest, alegando cuestiones burocráticas. También mermó la participación de asociaciones en diferentes festejos al limitar las casetas asignadas y las ayudas recibidas.

16 menciones a la palabra “neutralidad” en apenas cuatro folios. Es el principal argumento del concejal presidente del distrito de Hortaleza, David Pérez, para denegar la solicitud de la Asociación Vecinal La Expansión de San Lorenzo de cara a utilizar el centro cultural Huerta de la Salud. Todo ello, el mismo día en el que el espacio público del distrito acoge un acto del Partido Popular de Hortaleza con la presencia de la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz.

La Expansión de San Lorenzo pretendía organizar este viernes 13 de marzo un encuentro para “reflexionar sobre la gestión del actual equipo de gobierno de la Junta de Distrito tras superar el ecuador de la legislatura”. El objetivo es “analizar las actuaciones administrativas, así como los hechos más relevantes que han tenido lugar en este período”. Para ello, deseaban “contar con representantes de las asociaciones vecinales y con la participación de toda persona interesada en intervenir, para crear un debate abierto y plural, que acerque la política municipal a la ciudadanía”. En un escrito fechado este mismo jueves 12 de marzo, Pérez rechaza la petición con párrafos que apelan a que “la Constitución española ordena la neutralidad de los poderes públicos”.

“La Junta nos ha prohibido organizar el acto porque lo consideran partidista. Lo hacen el mismo día que ese centro cultural acoge un acto del Partido Popular. Es un escándalo lo que sucede en Madrid”, denuncian desde la agrupación vecinal perjudicada en un mensaje en Bluesky. Otras fuentes implicadas en la organización de la cita cancelada que atienden a Somos Madrid califican la decisión, así como el contraste con la actividad del PP, como “vergonzosa”.

La coincidencia temporal entre la denegación del permiso y el acto del PP ha soliviantado unos ánimos ya muy caldeados en el distrito, cuyo tejido vecinal lleva toda la legislatura enfrentado a Pérez, bautizado como el concejal aguafiestas. Acusan al edil y su equipo de actuación discrecional en la entrega de determinadas ayudas o la concesión de casetas en los festejos populares, a la vez que cuestionan las trabas burocráticas a eventos asentados en el barrio, como el Luis Aragofest.

Miguel Montejo, concejal de Más Madrid, se ha sumado a las críticas recordando que este 12 de marzo se han cumplido “50 años de la primera manifestación autorizada en Madrid tras la dictadura, precisamente en Hortaleza”. En ese aniversario, “David Pérez se despacha con su habitual violencia administrativa y clásica arbitrariedad al rechazar ceder un espacio cultural del distrito a una asociación vecinal para preservar la neutralidad política, al mismo tiempo que autoriza un acto del Partido Popular en el mismo sitio”. Cree que el exconsejero de Isabel Díaz Ayuso y exalcalde de Alcorcón es “la máquina del tiempo, a tiempo anterior a la libertad de expresión”.

Este periódico ha consultado sobre la polémica a fuentes del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, en particular la Junta Municipal de Hortaleza, sin recibir respuesta hasta el momento. Tampoco se pronuncian desde el grupo municipal del PP en el Consistorio, que organiza el acto de Sanz, aunque sin responsabilidad en la adjudicación de los espacios públicos (competencia de la Junta). Estos hechos suceden en un distrito en el que el pasado octubre se celebró un acto de corte negacionista y antivacunas en el Centro Cultural Sanchinarro, dotación pública de gestión privatizada.

La organización de Madring, nombre oficial del circuito que albergará en septiembre el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid, ha compartido las primeras imágenes oficiales (que no reales) del trazado. Todas ellas representan el estado futuro de las instalaciones una vez se celebran las carreras, con los monoplazas circulando por las distintas áreas del recorrido.

Una raṕida comprobación arroja que, de los cinco renders, dos han sido al menos retocadas con herramientas de inteligencia artificial y uno más (el que ilustra este artículo) ha sido directamente generado de la mano de la IA. Además, los propios responsables indican que se trata de imágenes “orientativas sujetas a cambios”.

Las recreaciones comparten un elemento común: la fuerte presencia de las banderas de España. Una de ellas, de gran tamaño, alcanza el cielo sobre el circuito en un mástil del que se presume una altura nada desdeñable. En total, una quincena de enseñas en solo cinco imágenes.

A ello hay que sumar el color rojigualdo del piano, ese borde elevado que sirve como límite de las pistas. Los colores habituales son el rojo y el blanco, pero en Madring serán customizados con una estética más cañí.

Las imágenes van acompañadas de una nota de prensa (remitida en inglés, reservando el españolismo solo a lo visual) que desgrana distintas zonas de Madring: la zona de gradas en césped en la foto que encabeza esta pieza, la recta principal coronada con el banderón, la curva de Hortaleza y su piano rojigualdo o las llamadas “enlazadas de Valdebebas” (un sector de gran dificultad técnica que requiere constantes ajustes de velocidad).

Aunque el tramo más llamativo es, quizá, la curva batutizada como La Monumental. Otro apelativo con resonancias tradicionales en una curva de 550 metros con una inclinación del 24%. Esta imagen refleja además gran parte de las gradas con una perspectiva aérea. La capacidad de Madring, según sus responsables, rondará los 45.000 espectadores.

El Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre de este 2026 en el entorno de Ifema y el barrio de Valdebebas, entre los distritos de Barajas y Hortaleza. La organización comparte estas imágenes a 188 días de su celebración y después de las dudas sobre el avance de las obras a tiempo vertidas por vecinos de la zona: “Está todo patas arriba”, trasladan.

Representantes del recinto reiteraran por contra su intención de cumplir con el plazo y entregar a tiempo el trazado para el Gran Premio de Fórmula 1, antes del próximo 31 de mayo. Esperemos que para entonces la provisión de banderas esté totalmente garantizada.

Nueva controversia de David Pérez, el bautizado como concejal aguafiestas en el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. Vecinos de la asociación vecinal La Unión denuncian que el presidente de la Junta Municipal de Hortaleza impide que celebren su tradición Carnaval el próximo 28 de febrero. El argumento del organismo municipal es que llega “fuera del calendario que Madrid ha elegido este año”, ya en Cuaresma.

En la denegación de la solicitud vecinal, que consideran “extermporánea e inoportuna”, la Junta de Hortaleza indica erróneamente que el Carnaval en Madrid arrancó el 6 de febrero y finalizó el 10, cuando las fechas oficiales fueron del 14 al 18. Para rechazar la petición, señalan además que “no concurre justificación de interés general a los efectos de su otorgamiento”, explican en la contestación a la asociación, a la que ha tenido acceso este periódico.

“Nuestro barrio no tiene derecho al Carnaval”, lamentan desde La Unión, que lleva organizando estos festejos tradicionales muchos años. Recuerdan igualmente que “la propia Junta permitió celebrar la Navidad en noviembre en el barrio de Valdebebas”, por lo que ven “solucionas distintas ante casos iguales”. Tachan la decisión de “arbitraria” y “un ataque directo a la cultura popular por parte de la Junta Municipal”.

En el capítulo de “incoherencias”, recuerdan que la entidad distrital celebró una cabalgata el 3 y otra el 4 de enero, “cuando todo el mundo sabe que los magos de Oriente viajan la noche del 5 de enero”. “Se vulnera nuestro derecho constitucional a participar y a crear cultura para y con el barrio. Huele a tiempos pasados: durante la dictadura de Franco las fiestas populares estaban prohibidas. ¡No permitiremos que nos devuelvan a esa oscuridad!”, avisan. Otras juntas de distrito como la de Usera colaboran en fiestas de Carnaval este sábado 28 de febrero en tres colegios públicos. La Junta de Fuencarral-El Pardo organiza un concierto de Carnaval este mismo viernes, 27 de febrero.

“No vamos a dejar que censuren nuestra alegría ni que impongan calendarios religiosos a una celebración del vecindario”, añaden. Claman “por un Carnaval libre, popular y de barrio”, por lo que han convocado una mani-fiesta-ción el propio sábado 28 de febrero a las 12.30 “para celebrar y decir bien alto que el carnaval en Hortaleza no se toca”.

En el acto de este sábado, que arrancará en el número 55 de la calle Santa Susana, sacarán su alegría reivindicativa a la calle con un desfile, baile, un concurso de disfraces, un mercadillo de segunda mano y una barra asociaciativa “unionera”.

Este periódico ha consultado fuentes del Ayuntamiento de Madrid para profundizar en los motivos de que la Junta de Hortaleza niegue la solicitud de celebrar su Carnaval a la asociación de vecinos. Su respuesta es que “la solicitud presentada no se ajusta a las condiciones exigidas por las ordenanzas en materia de ocupación del dominio público y desarrollo de actividades con posible carácter lucrativo, en particular en lo relativo a la instalación de barras y la venta de comida y bebida, que requieren autorización expresa y el cumplimiento de requisitos específicos que no concurren en este caso”.

Señalan asimismo que “la resolución tiene en cuenta los antecedentes existentes en ejercicios anteriores (2024 y 2025), en los que se detectaron incumplimientos de las condiciones autorizadas y actuaciones no amparadas por licencia municipal, un elemento legítimo de valoración administrativa a efectos de garantizar el correcto uso del espacio público, la seguridad y el respeto a la normativa vigente”.

Pérez ha acumulado polémicas desde su llegada a la Junta Municipal, al negar los permisos de festejos populares o festivales de música de dilatada trayectoria. Agrupaciones vecinales le han acusado de “discreción” al otorgar o negar ayudas y concesiones a asociaciones, mermando sus ingresos. Además, miembros y extrabajadores de la Junta han hablado de una “purga” en la plantilla y colocación de nuevos perfiles próximos al exconsejero en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

El Ayuntamiento de Madrid no indagará en las presuntas irregularidades de la Junta Municipal de Hortaleza, presidida por el polémico concejal David Pérez. Las informaciones publicadas por este periódico el pasado noviembre abordan la cuestionada adjudicación para organizar una cabalgata de Reyes a una empresa que no cumplía un requisito de la licitación, la ayuda concedida a una asociación que no respetó las bases de la convocatoria o la organización de actos en un auditorio después de que el lote de gestión de servicios en ese recinto quedara desierto. La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción no investigará ninguna de estas actuaciones, a tenor de la información y la documentación a la que ha tenido acceso Somos Madrid.

La entidad del Gobierno de Almeida solo entra a valorar la tercera de las cuestiones denunciadas por el abogado Javier Flores, ya que sobre las dos primeras manifiesta su falta de competencia. Pese a ello, fuentes del Ayuntamiento consideran que la Oficina Antifraude ve la gestión técnica “respaldada por la Intervención Municipal”. Desde el Ejecutivo de Cibeles hablan además de “titulares difamatorios” a partir de estas denuncias, así como de “una campaña de acoso personal que señaló al concejal de Hortaleza, David Pérez, como corrupto”. Según el Consistorio, “estos informes concluyen que la subvención fue legal y la cabalgata cumplió escrupulosamente la normativa”

“El Reglamento Orgánico de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción no configura a esta Oficina Municipal como un mecanismo de revisión sobre resoluciones adoptadas por los órganos que tienen competencia para dictarlas”, recoge el escrito en cuanto a la subvención de 3.100 euros a la Asociación de Vecinos Cárcavas San Antonio.

En una solicitud a las ayudas de la Junta Municipal de Hortaleza elevada el 18 de junio de 2024, esta entidad presentó un proyecto con un presupuesto de 12.000 euros. Apenas unas horas más tarde, dirigió una segunda solicitud en la que reducía la cantidad a 8.000 euros. En ambos casos, a tenor de las bases y de que no hubo más intentos de subsanación antes de que el plazo expirara, la propuesta debió ser rechazada al superar el límite de 6.000 euros por solicitud. Sin embargo, esto no sucedió y la agrupación recibió una aportación de 3.100 euros, la cifra a la que aspiraba y que es además la máxima financiación por entidad que las bases permitían. Otras agrupaciones que cumplían todos los requisitos no recibieron ni un euro “por falta de fondos”.

Sin competencias sobre la contratación en la cabalgata, pero recomendación de “una mayor igualdad”

El órgano de control rechaza igualmente analizar lo ocurrido en la cabalgata de Sanchinarro de 2024 con argumentos similares: “Esta Oficina Municipal no tiene competencia en materia de revisión de actos administrativos”. La Junta de Hortaleza se saltó los requisitos de su propia convocatoria para adjudicar un contrato por valor de 10.500 euros a la compañía Eventos Innovate Altea. El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), documento que establecía las bases, recogía en su cláusula 14 que las empresas beneficiarias debían cumplir, ya antes del inicio del proceso, un requisito indispensable: la inscripción o solicitud en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (Rolece). Sin embargo, la agraciada no figuraba en ese registro en el momento de presentar su candidatura, pese a señalar que sí en la presentación de su oferta. De acuerdo a la documentación consultada por este periódico, la situación dio pie a un voto discrepante de la interventora del distrito, Aránzazu Ruiz Muguruza, una de las integrantes de la mesa de contratación. Consideró que la información aportada no eximía a la empresa de incumplir las condiciones de los pliegos.

Pese a descartar las pesquisas debido a una cuestión competencial, en este tema la resolución expresa más duda sobre la rigurosidad del procedimiento: “En el caso que nos ocupa el PCAP si establecía dicha exigencia. Por otra parte, el modelo de pliegos declarados de general aplicación en el Ayuntamiento de Madrid contiene la cláusula 14 en los mismos términos recogidos en el PCAP del contrato. Asimismo, y sin perjuicio de que se valore por el órgano competente para la aprobación de pliegos que no procede la solicitud de inscripción en el Rolece como requisito previo en futuros expedientes, contribuiría a dotar de una mayor igualdad en la concurrencia publica que esta cuestión quedara claramente expresada en los pliegos”.

La tercera cuestión tiene que ver con la organización de conciertos u homenajes a los mejores estudiantes de Hortaleza en el auditorio Pilar García Peña. Aunque el lote para labores de asistencia que incluyen la seguridad o la técnica no tuvo concurrentes y el Ayuntamiento de Madrid tampoco cerró contratos menores, el espacio acogió un concierto, actuaciones de un coro infantil o premios a cientos de niños. El Gobierno de Almeida argumenta que una contratación paralela, en un lote separado, “cubre la prestación integral” de estos servicios. La resolución de la Oficina Antifraude respalda esta postura: “De la lectura de los informes emitidos, tanto por Coordinación de Distrito como por el responsable del Contrato, se infiere que no quedan acreditadas las irregularidades que se afirmaban en la denuncia”.

La Oficina respalda a la Coordinación del Distrito por la “presunción de veracidad”

Según dichos informes, remitidos en diciembre de 2025, los conciertos en el auditorio Pilar García Peña “estarían enmarcados en la previsión de 3 actividades en dicho espacio contempladas en el lote 1 [el que sí fue adjudicado]”. La Oficina recalca que esos documentos “están dotados de una presunción de acierto y veracidad por la cualificación técnica de quienes los emiten y solo cabe frente a ellos una prueba suficiente de que son manifiestamente erróneos, de que vulneran el ordenamiento jurídico vigente”. Pero el organismo que los emite, la Coordinación del Distrito, es uno de los más criticados por asociaciones vecinales que denuncian la “persecución”, la “discriminación” o la “asfixia económica y burocrática” por parte de Pérez, sobre todo después de la cancelación de eventos con raigambre en el barrio a pocos días de su celebración.

Ocupa la coordinación del distrito Miguel Ángel López del Pozo, figura con un papel clave en otra importante controversia en Hortaleza, en lo que algunos vecinos y extrabajadores han calificado como “purga” de trabajadores en la Junta de Hortaleza. La Coordinadora de Entidades de Hortaleza cree que López del Pozo ha promovido recolocaciones y hostigamiento a funcionarios “por motivos ideológicos”: “Es un político camuflado que ha generado un ambiente irrespirable en la Junta Municipal, como denuncia la plantilla”.

“Nada de lo que está haciendo David Pérez figuraba en el programa del Partido Popular y nuestras críticas son compartidas por muchos de sus votantes en el distrito, también por representantes del partido en Hortaleza”, aseguraba también la Coordinadora, que lamenta la actitud “cómplice y protectora” del alcalde de Madrid. Precisamente el regidor, José Luis Martínez-Almeida, animó a presentar denuncias administrativas cuando comenzaron a trascender estas informaciones. Fuentes consultadas por este medio indican que el primer edil era ya consciente de que la prescripción del plazo para presentar recursos por parte de posibles perjudicados en los casos de la cabalgata y la ayuda a la asociación dificultaban la iniciación de cualquier procedimiento sancionador.

Pocos concejales presidentes de distrito han dejado tanta huella como David Pérez, aunque no sea precisamente en sentido positivo. Sus diversas polémicas en aspectos como presuntas contrataciones irregulares, persecución de asociaciones vecinales críticas u hostigamiento a funcionarios de la Junta Municipal de Hortaleza ha copado titulares de la prensa local y han derivado ya en denuncias presentadas ante el Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida. Pero ahora estas controversias dan un nuevo salto y pasan de los medios al puro entretenimiento. No a una película ni a una serie, aunque hay tramas para ello, sino a un particular juego de mesa.

Con el nombre de Concejal Aguafiestas, utilizado por primera vez en Somos Madrid a tenor de las quejas vecinales por la cancelación de importantes festivales de música a horas de su celebración o las trabas para la participación de asociaciones en festejos populares, se trata de una idea desarrollada por Generación Hortaleza. Un club de juegos de mesa y ocio alternativo en el distrito que ha podido crecer, en gran medida, gracias a la colaboración o la cesión de espacios por parte de asociaciones y funcionarios ahora afectados por unas actuaciones del equipo de Pérez que consideran arbitrarias e injustificadas.

En un post publicado en Instagram, explican que Concejal Aguafiestas es “el mejor regalo para estas navidades”. “Vas a poder encontrar de todo, desde censuras de críticas hasta la prohibición de los festivales, pasando por multas a asociaciones y control de las fiestas”, cuentan. Cada uno de estos aspectos, ocho en total (también incluyen “concursos para beneficiar empresas”), tiene su correspondiente carta y puntuación.

Las tarjetas, con diseños tan sencillos como efectivos a la hora de ilustrar cada concepto, deben ser barajadas y luego repartidas “para que los contratos caigan del cielo”. La dinámica del juego requiere conseguir nueve cláusulas de un contrato mediante el intercambio de cartas sin turnos fijos. Cuando esto se consiga, el concejal adjudicará dicho contrato al poseedor de ellas y este será declarado ganador gracias a la mordida con la que se hará. Un dardo a las presuntas anomalías en la Junta Municipal de Hortaleza, presidida por el exalcalde de Alcorcón y exconsejero (primero de Vivienda y más tarde de Transportes) en el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

En una referencia a la cuestionada contratación de la última cabalgata de Reyes en Sanchinarro, el vídeo indica que puedes pedírselo “a tu Rey Mago favorito: Melchor, Gaspar o Baltasar”. Con este último recuerdan otra polémica del Ayuntamiento de Almeida, la del vocal vecino de Chamberí que protagonizó un muy comentado anuncio navideño con la cara pintada de negro.

Además de esa publicación en redes, un vídeo de YouTube desarrolla con más detalles el funcionamiento del juego y los motivos de su germen. Aunque la preventa de una tirada exclusiva acabó el pasado 28 de diciembre, el formulario de venta habilitado por sus impulsores todavía está abierto. El precio es de 15 euros (con pago mediante Bizum, transferencia bancaria o Paypal) y la recogida se efectúa en la tienda Somos Juegos, en el número 1 de la calle Liberación.

Los promotores de este fascinante concepto esperan disponer de las copias solicitadas antes del próximo Día de Reyes, aunque no pueden garantizarlo al tratarse de un proceso autogestionado (con las ventas esperan cubrir ventas y lograr unos mínimos beneficios). Todo sea por conseguir el regalo perfecto para cualquier hortalino: “El juego de mesa en el que tú también podrás conseguir contratos con la ayuda de un concejal al que no le gusta estar ahí y aprovecha para que sus amiguitos consigan dinero a costa de vender poco a poco un distrito”. Apostillan, eso sí, que “cualquier parecido con la realidad es totalmente intencional”.

Ha quedado como una foto icónica de la corrupción y el despilfarro de la primera década del milenio en España: Francisco Camps al volante de un Ferrari descapotable azul, junto a Rita Barberá de copiloto y Fernando Alonso y Felipe Massa saludando a la afición desde los asientos traseros. Expiraba el año 2009, ni siquiera era un gran premio de Fórmula 1. Ferrari celebraba su gran fiesta en València, donde comparecía por primera vez Alonso como flamante fichaje de la escudería italiana. La crisis financiera ya arreciaba con fuerza mientras una parte de la política hacía todo lo posible por no darse cuenta. Que la Comunitat acabaría arruinada y teniendo que pedir un crédito para pagar las nóminas de los funcionarios se sabría años después. En el momento de la foto del Ferrari, la Generalitat y el Ayuntamiento, con sus máximos responsables a bordo del descapotable, apuraban el fin de fiesta de la burbuja inmobiliaria. Tras la Ciudad de las Artes de Calatrava había de llegar la Fórmula 1. El president Francisco Camps prometió que no costaría “ni un euro a los valencianos”.

Aquellos discursos de Camps y Barberá en 2007 coinciden punto por punto con los que repiten 18 años después otra presidenta y otro alcalde, también del PP y como aquellos, guarnecidos por sus cómodas mayorías absolutas. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida inciden igualmente en los beneficios que otro circuito urbano llevará a su región cuando desembarquen todas esas escuderías en la capital. Pese a los anuncios de austeridad, igual que en la Comunitat Valenciana también Madrid ha empezado el desembolso millonario. Los primeros pasos del Gran Premio que organizará la capital a partir del año próximo siguen un guion que sufrieron en sus carnes los valencianos y que derivó en una ruina de 300 millones de euros.

Contratos secretos y cláusulas confidenciales con dinero público

En la Comunitat Valenciana el capo de la Fórmula 1 entonces, Berni Ecclestone, puso una condición para celebrar los grandes premios allí: la continuidad del PP en el poder. Lo dijo sin ningún rubor en el inicio de campaña de las municipales de 2007. La mañana después de la pegada de carteles y aunque la Junta Electoral había ordenado retirar el logo de la Generalitat del acto público para no interferir en los comicios, Ecclestone tomó la palabra y dijo: “Hace dos años conocí a Camps y me enamoré de él, y luego conocí a la alcaldesa y me enamoré de ella. Nadie podría hacer mejor este trabajo por la Fórmula 1. Conmigo no van los nombres de las grandes ciudades, creo en las personas. Creo en las personas y siento comunicarles que, aunque el contrato está perfecto, no se firmará hasta después de las elecciones”.

Pero para que el circo de la Fórmula 1 eche a rodar, no solo hacen falta amistades políticas, también dinero, mucho dinero. Y en la Comunitat Valenciana acabó poniéndolo a través de una sociedad pública que finalmente asumió todos los costes, incluida la absorción de la empresa privada que en principio se iba a encargar de todo, Valmor Sport SL, con accionistas amigos de la cúpula del PP regional como el expiloto Jorge Martínez “Aspar”, el empresario Fernando Roig y la entidad Bancaja. Todo en la operación estuvo rodeado de oscurantismo porque además los primeros contratos se firmaron entre Formula One Administration, que manejaba las licencias de las pruebas, y la empresa privada Valmor Sport SL, creada para la ocasión y sin experiencia en la organización de pruebas deportivas e incluían cláusulas de confidencialidad que impedían conocer los números. Ni siquiera la oposición política pudo revisar la documentación, declarada secreta. Pero las pérdidas las acabó asumiendo la Generalitat a través de la empresa pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva SAU. La oposición calculó que en los cuatro años que se celebraron otros tantos grandes premios se esfumaron más de 300 millones de dinero público. Pese a la opacidad que rodea a la Fórmula 1, acabaron aflorando algunos números: el canon que se pagó a Ecclestone empezó siendo de 19 millones en 2009 y subió hasta 27 millones en 2012.

La vuelta de la competición automovilística a Madrid 45 años después de la última carrera en El Jarama también está envuelta en esa misma opacidad. El circuito urbano bautizado como Madring discurrirá en el entorno de Ifema, consorcio público-privado que gestiona el principal centro de congresos de la capital, al que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento aportan un 62% de su financiación (la mitad cada administración), beneficios operativos al margen. Pese a reiterados requerimientos de los partidos de la oposición madrileña, de la prensa o de entidades vecinales, el acuerdo entre Ifema y las sociedades Formula One Marketing Limited y Formula One World Championship Limited (equivalentes actuales a Formula One Administration) no ha sido publicado y se desconocen sus pormenores.

El modelo de Ifema no solo camufla el origen parcialmente público de la financiación del Gran Premio, al no partir directamente de los Gobiernos de Ayuso y Almeida, sino que permite ejecutar las contrataciones con menos transparencia que si los procesos fueran desarrollados por el Ejecutivo municipal o el autonómico. Ifema tampoco ha compartido ni detallado, ante las solicitudes de este periódico, el estudio económico de la consultora Deloitte según el cual la cita deparará unos ingresos anuales “superiores a los 450 millones de euros” en la región, con un impacto en la creación de los puestos de trabajo estimado en “más de 8.200 empleos”. De la metodología empleada para estas estimaciones o las fuentes a partir de las que han llegado a prever tales cifras tampoco se conocen detalles.

El proyecto, que redefine el modelo de Ifema, ha supuesto ya un gasto de 136 millones de euros: 51 millones para erigir los nuevos pabellones; 83,2 millones para construir el circuito de Madring; un millón por los servicios jurídicos asociados a los contratos con la Fórmula 1 (gasto del que solo computa por el momento el primer ejercicio, pero que será anual) y otros 700.000 euros por el servicio de calidad de contraste para la ejecución de obras. Y el porcentaje de fondos públicos todavía podría aumentar, puesto que la Fundación Montemadrid (también conocida como Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid) aprobó en septiembre abandonar el accionariado de la entidad por su oposición a la Fórmula 1. Este organismo aportaba hasta un 7% de los fondos del consorcio. A ello hay que añadir la inversión directa del Gobierno de Ayuso en acciones promocionales. En 2023, para impulsar el anuncio de la llegada del Gran Premio a Madrid, la Comunidad de Madrid gastó 200.000 euros en el patrocinio de un acto de Red Bull en Madrid, con un circuito urbano en Cibeles. El Ejecutivo autonómico canceló una acción similar en la Puerta del Sol el pasado octubre, a la que iba a destinar otro patrocinio valorado en 120.000 euros.

Todo ello pese a la insistencia de Ayuso, Almeida y sus equipos por negar el uso de fondos públicos para espantar el fantasma pasado de Valencia. Alcalde y presidenta se excusan con declaraciones que remiten irremediablemente a las de Camps: “Si la Fórmula 1 la pagaba Ada Colau [en referencia al Gran Premio de Barcelona-Catalunya en Montmeló] es perfecto (...) pero si a los madrileños no les cuesta un euro de dinero público es fascista”, aseveró el alcalde de la capital en abril. Todo ello después de que la portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, le recordase los “300 millones” de agujero que dejó el circuito de València.

En Ifema ya han saltado las primeras señales de alarma. No solo por los dos años de pérdidas que, según fuentes municipales, el Gran Premio causará en la sociedad que gestiona el palacio de congresos y exposiciones (por la inversión en obras y la pérdida de nichos de negocio como la organización de festivales de música). Más notorio si cabe es que, según su balance de cuentas publicado el 31 de diciembre de 2024, el consorcio público-privado calcula un posible impacto negativo a sus cuentas que se puede elevar hasta 270 millones de euros si se produjera algún tipo de incumplimiento en el contrato firmado con la organización de las carreras. Según dicho informe, al final del periodo contratado (en el año 2036, pues el acuerdo es por diez años), la entidad garantiza que se producirían “resultados positivos”. Fuentes de Ifema preguntadas por este periódico sostienen que, de acuerdo a sus estimaciones actuales, “los ingresos derivados de la ejecución de este proyecto serán suficientes para soportar los compromisos económicos del mismo”. Semejantes previsiones también están en las hemerotecas valencianas.

Unos compromisos que aumentan mientras no se cierran inversores con los que mitigar el impacto financiero de la gestión del evento, más allá de las zonas VIP. “Es verdad que sacamos el contrato de gestión y debido básicamente a la cantidad de cláusulas adicionales que pusimos no hemos encontrado a la empresa que quiera inicialmente la transmisión de ese riesgo”, declaró la concejala delegada del área de Hacienda, Engracia Hidalgo. El único acuerdo cerrado hasta el momento es con la multinacional suiza Match Hospitality. Se encargará de diseñar, construir y comercializar las zonas reservadas en el paddock del Gran Premio entre 2026 y 2036 con una inversión total de 400 millones de euros. Como ya hace en otras carreras del calendario, se ocupará de generar los paquetes turísticos, organizar caterings o coordinar los accesos a estas zonas reservadas, entre otras funciones. Conviene apuntar que esta millonaria aportación no repercute en una compensación de otros gastos de Ifema, solo reduce sus gastos al no tener que invertir en las tareas mencionadas. Es lo que buscan para la construcción del circuito y otras muchas inversiones de calado por afrontar, por el momento sin éxito.

Declaración de interés público y planes especiales para agilizar las obras

Ambos gobiernos, tanto el de Camps en la Comunitat Valenciana como el de Madrid, han recurrido a maniobras administrativas para agilizar plazos. En el caso de la Generalitat, a través de la declaración de interés público del evento para acelerar los permisos y saltarse trámites para acelerar las obras. La aventura arrancó con el decreto 15/2008 aprobado el 8 de febrero de 2008 por el gobierno que presidía Francisco Camps y que regulaba las condiciones técnicas, jurídicas y administrativas del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 en la capital. Básicamente, suponía declarar de “interés general” todas las obras, proyectos, actividades e iniciativas de cualquiera naturaleza, ya fuesen públicas o privadas, a realizar con ocasión de la prueba deportiva, autorizar el procedimiento excepcional para las expropiaciones y la tramitación de urgencia de los órganos de contratación, así como eximir de la obligación de obtener permisos de actividad y licencias urbanísticas y la aplicación. En otras palabras, vía libre para expropiar, construir y adjudicar contratos sin pasar por los trámites ordinarios de la administración.

En Madrid, las obras echaron a rodar (talas mediante) con una ampliación de la superficie urbanizable de Ifema por valor de 51 millones de euros, amparada en un plan especial elaborado para la ocasión por el Ayuntamiento (con el concejal de Urbanismo y mano derecha de Almeida, Borja Carabante, como gran valedor). Aunque los trabajos incluyen un aparcamiento y tres pabellones en los que se instalarán talleres o los paddocks, Ifema no incluye este presupuesto en el dirigido específicamente al Gran Premio. El PSOE de Madrid considera “ilegal” esta actuación al desviar una vía pecuaria, la Vereda de los Leñeros, con ese plan especial. Creen que “no hay espacio suficiente” y que este hecho exigiría modificar el Plan General de Ordenación Urbana, un procedimiento imposible de completar en los meses que quedan para el Gran Premio.

Denuncias ante la Justicia de la oposición

También el PSOE, en este caso el valenciano, acabó presentando una extensa denuncia de centenares de páginas en la Fiscalía, donde se detallaban todo tipo de delitos contables de los socios privados de la Generalitat y se acusaba de prevaricación a los promotores políticos de la Fórmula 1, que finalmente acabó archivada. El escándalo llegó al punto de que el gabinete de Camps empujó a Canal Nou a firmar un contrato para retransmitir una carrera cuyos derechos tenía La Sexta y que llevó a la cadena autonómica a acabar pagando 16 millones de euros por su renuncia a dar el Gran Premio en directo.

En abril, Más Madrid llevó el polémico plan especial del equipo de Almeida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y elevó un recurso contencioso-administrativo. Las motivaciones del partido de Rita Maestre estaban centradas en las “graves deficiencias en el proceso de aprobación” del plan especial, así como en los “significativos impactos negativos” que tendrá sobre la ciudad. En particular, sobre los vecinos de los distritos más afectados por las obras o el funcionamiento del circuito, Barajas y Hortaleza. El juzgado rechazó las cautelares, aunque fue admitido a trámite y continúa su periplo legal. Además, la Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo del TSJM estudia desde mayo otro recurso interpuesto contra el plan especial por la Plataforma Ecología Madrileña y requirió al Gobierno municipal que remita el expediente administrativo del proyecto. A los argumentos de Más Madrid en su propio procedimiento, la Plataforma Ecologista añade que los trabajos de construcción en el entorno de Ifema “están destruyendo buena parte de los humedales existentes en la parcela norte, entre la calle de Francisco Umbral y la avenida de Alejandro de la Sota”.

El proceso de construcción de Madring tampoco ha estado exento de contratiempos. Importantes compañías que se presentaron a la licitación, como FCC, Ferrovial y Sacyr, se retiraron en etapas posteriores, algunas después de manifestar que los plazos temporales de ejecución de las obras estaban “muy ajustados” (aunque Ayuso sostiene ahora que van “más rápido de lo esperado”). Además, Más Madrid solicitó igualmente al TSJM la suspensión cautelar de las obras con otro recurso. Lo reclaman por el importante impacto sonoro asociado al proyecto y por considerar un fraude de ley que el Ayuntamiento de la capital haya tramitado como licencia temporal la de una infraestructura pensada para albergar al menos diez años de carreras, con algunos elementos permanentes aunque otros se desmonten durante varios meses. Un permiso de estas características reduce los requerimientos técnicos y permite agilizar trámites, aunque debe estar debidamente acreditado. De nuevo, el TSJM ha rechazado por el momento las medidas cautelares, pero el recurso de Más Madrid sigue su curso.

Viajes presidenciales a grandes premios de otros países

El pasado octubre, coincidiendo con su cumpleaños (que Ayuso ha pasado los dos últimos años en Estados Unidos), la presidenta viajó a Texas para asistir en persona al Gran Premio de las Américas. La dirigente madrileña estuvo en la zona de las escuderías, recibió unos guantes firmados por el piloto madrileño Carlos Sainz jr. (cuya figura de embajador de Madring remite a la de Fernando Alonso en València) y justificó el viaje institucional para “conocer de primera mano” cómo se organiza una prueba de estas características. Tuvo tiempo de conceder pequeñas entrevistas a medios deportivos, incluido Dazn, la cadena que cuenta con los derechos de retransmisión de las pruebas y a quien dejó unas declaraciones sobre el buen ritmo al que avanzan las obras para el circuito madrileño.

También se vio con el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali. Figura mucho más comedida que Ecclestone, sus elogios a las administraciones madrileñas han levantado menos ampollas, aunque han sido igual de firmes: “Estamos muy contentos con lo que Madrid está ofreciendo. Madrid llegó con una propuesta seria y es un buen lugar para ir”, aseguró Domenicali el pasado año, durante la presentación del Banco Santander como nuevo patrocinador la Fórmula 1. Un apoyo que compagina con buenas palabras también hacia el Gran Premio de Montmeló, cuya inclusión en el calendario está en entredicho a partir de 2027: “Estamos muy contentos con lo que siempre ha hecho Barcelona y lo que está haciendo de cara al futuro”.

La oposición ha pedido los gastos de las facturas de Ayuso y ha cuestionado la utilidad de esas visitas. También eso sucedió en la Comunitat Valenciana en tiempos de Camps, cuando el president cargó todo tipo de gastos suyos y de la expedición que lo acompañaba a los diferentes destinos vinculados a la Fórmula 1. Informes policiales recopilaron gastos de un vuelo a Londres con el único motivo de cenar con Ecclestone, y facturas de otros acompañantes en el mismo restaurante británico. En los expedientes constan media docena de viajes de ese tipo. Hay incluso facturas de hoteles a los que no se presentaron los huéspedes, como los 2.317 euros que se pagaron en 2011 por dos habitaciones durante dos noches en un hotel de lujo de Jérez que el president ordenó reservar para poder acudir al Gran Premio de Motociclismo y al que decidió no viajar a última hora. Las reservas, para él y su personal de confianza, las acabó pagando la empresa pública Circuito del Motor y Promoción Deportiva SAU.

El procesamiento de Camps acabó con la aventura de la F1

Los contratos para acoger nuevas pruebas no se renovaron porque la prórroga que Camps intentó firmar con el patrón del negocio y para entonces amigo suyo, Bernie Ecclestone, en julio de 2011 para organizar más grandes premios a partir del año siguiente fue considerado nulo por los servicios de Intervención de la Generalitat. Camps lo tramitó la víspera de ser procesado en la causa de los trajes, en la que finalmente salió absuelto. El Gobierno que lo sustituyó se negó a ratificar el contrato y los monoplazas ya no regresaron a Valencia.

Este historial, unido a la celeridad y las dudas del proceso, explica que ahora en Madrid surjan conflictos políticos, judiciales e internos dentro de Ifema. También una fuerte contestación vecinal, estructurada a través de la Plataforma Stop F1 Madrid. Las talas, el ruido, el “despilfarro de fondos públicos” o el “lucro directo de promotores privados gracias al precio desorbitado de las entradas” (de las que todavía quedaban 30.000 sin vender después de que Ayuso asegurara que se despacharon “en dos minutos”) provocan que cientos de residentes duden de que el Gran Premio genere beneficios en sus barrios. “Tal vez la Justicia sea lenta, pero estoy bastante seguro de que un campeonato mundial en mitad de un barrio residencial no tiene ningún sentido legal”, afirmaba en declaraciones a este diario Ricardo Ayala, abogado que colabora con la asociación vecinal. Un sinsentido que, para muchos, tiene un precedente evidente a poco más de 300 kilómetros.

Por donde un día circularon los bólidos de Alonso y Hamilton en otro megaevento que prometía llevar riqueza a toda la región, hoy se extiende un asentamiento interminable de chabolas que no para de crecer. Tampoco dejó de hacerlo la factura de aquella Fórmula 1 que no iba a costar ni un euro a los valencianos y que alcanzó más de 300 millones de euros y deudas que todavía se mantienen trece años después del último gran premio... La última, de 45 millones de euros que el Ayuntamiento de la capital tiene que pagar todavía a la Generalitat.

El proyecto Isla de Chamartín se erige al norte de Madrid como una de esas ideas megalomaníacas que extrañamente acaban ejecutándose. Seis mastodónticas torres levantadas a lo largo de la calle Dulce Chacón, algunas de uso residencial y otras destinadas principalmente a oficinas. Su imponente presencia toma un cariz más oscuro en el caso de la Torre Ámbar, que sufrió un aparatoso incendio (por suerte sin heridos) en la cubierta de las plantas superiores y el interior de algunas de ellas en agosto de 2020. Cinco años después, esta circunstancia vuelve a ser noticia: los paneles que recubren el bloque de 21 pisos le hicieron compartir presencia en una lista negra publicada en 2015. Una recopilación en la que están también el Hospital Santa Lucía de Cartagena, incendiado en noviembre, y el edificio del Campanar en València, donde el fuego y el humo dejaron 10 fallecidos en 2024.

Los 14 edificios catalogados por el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (dependiente del CSIC) están revestidos de paneles de aluminio rellenos de polietileno, una mezcla altamente inflamable, según documenta este organismo. El arquitecto José Carlos Salcedo, profesor en la Universidad de Extremadura, matiza eso sí el cariz del listado en declaraciones a Somos Madrid: “Tienen toda la pinta de ser ventas de la empresa Larson, que no es el único suministrador de paneles gofrados de aluminio-polietileno. Debe de haber otros suministradores (Alucobond, por ejemplo) con distintas marcas comerciales, o sea que habrá muchos más edificios con esta condición en España y en Madrid”.

El Instituto Eduardo Torroja desaconsejó utilizar estos paneles ya en 2008. La Torre Ámbar, con sus 12.000 metros cuadrados de superficie, terminó su construcción en 2009. El 29 de agosto de 2020, el fuego se cebó con las cuatro plantas superiores, incluido el ático. Los bomberos recibieron el primer aviso a las 6.48 de la mañana, aunque estimaciones posteriores determinaron que se originó en torno a las 6.15. “Se propaga rápidamente por fachada y hacia el interior de las viviendas a través del cerramiento exterior”, recoge en su web la European Fire Sprinkler Network, que aglutina diversas entidades del sector de la seguridad. Las llamas brotaron en el ático de la planta 21, con una barbacoa en el apartamento 21-F como principal causa. Vecinos del entorno indican a este diario que los ocupantes del edificio por aquel entonces, “usuarios de Airbnb” según uno de ellos, “montaron una fiesta en la que también fumaron cachimba”.

Una “negligencia”, un juicio y una supuesta fuga

Según el citado portal, los inquilinos de los pisos superiores fueron alertados por los vecinos y casi todos salieron del lugar antes de la llegada de los bomberos. La mayoría de residentes de las plantas inferiores se quedaron en sus viviendas, en algunos casos desconocedores de la situación y todavía durmiendo. Una hora después de haber comenzado el incendio, dos ocupantes de la planta 18 permanecían todavía en su apartamento. Llegaron a ver cómo las llamas entraban por una de las ventanas antes de abandonarlo. En las labores de extinción participaron más de 120 bomberos y 40 vehículos. Dos ocupantes del piso 21-F llegaron a ser procesados por causar el incendio, en una instrucción que cayó en manos del ahora mediático Juan Carlos Peinado en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Se les imputó un posible delito de incendio de bienes propios, castigado con penas que van de uno a cuatro años de cárcel.

Aunque la dirección del viento jugó en contra, la principal ventaja con respecto a otros casos (además de cuestiones técnicas analizadas a continuación) fue su origen en las plantas superiores. La extensión descendente suele ser mucho menor y más lenta que la ascendente. Esta condición, unida a la rápida actuación del cuerpo de bomberos, evitó la tragedia. Pero la imagen de las plantas superiores totalmente calcinadas se quedó en la retina de muchas personas.

Así lo cuenta Sole, vecina de la zona que registró con fotos y vídeos aquella insólita estampa: “Ardió como una pira en una hora y media. No fue a más porque dios no quiso”. Sole narra que algunos amigos que vivían en la torre “se han mudado a las de al lado porque esta quedó tocada: los sistemas de calefacción funcionan de aquella manera y hay elementos internos que suenan un montón”. Según dice, “un amigo del equipo de bomberos que vino a extinguir el incendio me trasladó que estuvieron a punto de perder el edificio”. Cuestiona además que “tardaron muchos en rehabilitarlo por temas de seguro, hubo vecinos que se tuvieron que buscar un alojamiento alternativo durante meses”.

Respecto a los habitantes del propio edificio, la mayoría de los consultados por este medio no vivían en él cuando ocurrió el suceso. Casi todos tienen contratos de alquiler temporal y proceden de países de América Latina. “Llevo unos meses. Me enteré cuando ya había llegado. Pero estoy muy tranquilo”, cuenta un residente procedente de Argentina mientras pasea a su perra. Otros cinco testimonios apuntan en una dirección similar, con arrendatarios que se mudaron hace como máximo un año. El joven argentino no tiene constancia de modificaciones en la estructura o el revestimiento después del fuego, pero el conserje sí confirma este punto a Somos Madrid: “Cambiaron los paneles”. Sole apostilla que “lo resetearon entero, estaba que se caía”.

Solo un propietario conversa con este periódico, aunque tampoco vivía en la torre hace cinco años. Lo hace en plena mudanza, ya que justamente acaba de alquilar su vivienda a otra persona. Explica que “muchos propietarios son empresas y hacen alquiler masivo; antiguamente había algún alquiler turístico, pero ahora es más temporal”. Es este hombre quien afirma que el incendio lo causaron clientes de Airbnb y la única declaración que muestra algo de preocupación todavía en la actualidad: “Me preocupa el tema de los materiales, pero más la negligencia de los usuarios”. Otro residente del barrio sostiene igualmente que “lo ocurrido fue una irresponsabilidad total de los inquilinos, que se quedaron dormidos de after”. No obstante, la versión de este vecino difiere y sostiene que estas personas se mudaron más tarde a otro edificio cercano. Sole asegura que los procesados “se dieron a la fuga”.

Una mujer que sale del portal ofrece el único relato personal sobre cómo se vivió la terrorífica jornada del 29 de agosto del 2020. No es eso sí directo, ya que se trata de la madre de una joven que reside en el bloque: “Lo vivimos con un poco de miedo, aunque en ese momento mi hija estaba fuera de vacaciones. Me llamaron y vine corriendo, por suerte ella vive en el 13 y hasta ahí no llegó la parte calcinada”. Recalca que hoy día su hija está “muy tranquila”.

Para atestiguar riesgo se han de producir una serie de cuestiones, no solo la mera existencia de estos paneles, que además son más ignífugos o menos en función de su fecha de fabricación

José Carlos Salcedo — Arquitecto y profesor en la Universidad de Extremadura

La cautela generalizada del barrio también se impone en la opinión experta de José Carlos Salcedo, que cuestiona no obstante la actuación del CSIC: “Lo primero que tendría que hacer es dar explicaciones sobre por qué otorgó Documento de Idoneidad Técnica (DIT) a este tipo de materiales”. Precisa luego que “para atestiguar riesgo se han de producir una serie de cuestiones, no solo la mera existencia de estos paneles, que además son más ignífugos o menos en función de su fecha de fabricación”.

“Entre los riesgos está también que exista cámara ventilada y sea continua o la existencia de viento fuerte en el exterior (lo hubo en los siniestros de València y de Cartagena). En la Isla de Chamartín en concreto, en las imágenes posincendio se observan los cogotes o salientes de los pisos de hormigón interrumpiendo el espesor de la cámara ventilada. Seguramente esta sea la causa de que el incendio quemara solo las plantas superiores. En definitiva, no es el mismo caso”, expone Salcedo.

“Si el material tiene el DIT otorgado por el Ministerio (que es lo que le pasa a los Larson), no se puede vetar que se pongan porque sería una decisión arbitraria. Es decir, ni los bomberos de Madrid, ni ninguna comunidad autónoma puede evitar que se coloquen si tienen (como efectivamente tenían) todos los papeles en regla. Los arquitectos directores de obra y los técnicos que controlan la ejecución material de las obras tampoco podían evitar su colocación si el cliente (promotor del edificio) los quiere y no hay norma urbanística que lo evite. Ahora sí se puede impedir su colocación, pero no hacia atrás en el tiempo, debido al elemental principio de seguridad jurídica”, desgrana el docente universitario. La tranquilidad de Dulce Chacón 17 tiene así también una base científica, según este arquitecto, más allá de la falta de arraigo de la comunidad. Como si al irse las cenizas casi se borrara también la memoria de lo que pasó hace un lustro.