La ruta del dinero público desaparece en un ángulo muerto del Estado. Es allí donde se confinan los fondos reservados, el dinero de los contribuyentes que escapa a cualquier fiscalización por el interés superior de la seguridad. El caso Kitchen permitió descubrir que en el año 2013, un total de 57.943,43 euros de esas partidas no estuvieron destinadas a combatir el terrorismo o el crimen organizado. Se utilizaron para sufragar una operación parapolicial contra la acción de la Justicia, concretamente para sabotear la investigación de la financiación irregular del partido en el Gobierno, el Partido Popular.

A partir de este lunes se sientan en el banquillo de los acusados dos políticos y ocho policías —a un noveno es imposible juzgarle por motivos de salud—. Uno de los delitos que se les atribuye es la malversación de fondos públicos, el dinero de los gastos reservados.

A esa cantidad habría que sumar otra cifra incalculable: lo que costó que 70 policías nacionales (8 inspectores jefes, dos subinspectores, ocho oficiales y 52 policías) del Área Especial de Seguimientos se dedicaran durante cuatro meses a perseguir a la familia Bárcenas en lugar de vigilar a sospechosos de terrorismo, función que tenían asignada.

La investigación de los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa, auxiliados por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, abrió en Kitchen una rendija desde la que observar otra falla del sistema. Los fiscales Anticorrupción solicitaron la desclasificación de la orden que regula los fondos reservados desde 1995, tomaron declaración a los gestores de ese dinero público y concluyeron que había “disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados”. En la operación Kitchen ese descontrol “habría permitido la utilización ilícita de los fondos reservados, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales”.

La normativa que rige en la actualidad fue aprobada en 1995 con la intención de que no se volviera a repetir el desvío de fondos reservados para algo tan grave como el terrorismo de Estado de los GAL. Aquella novedosa legislación lleva posibilitando durante más de 40 años lo que pretendía erradicar: el manejo de los fondos reservados de manera discrecional por mandos policiales, sin apenas control ni justificación. Se hizo una Ley que siguió facilitando la trampa.

En 2021 ya habían aflorado las irregularidades en Kitchen y pasado tres años desde la caída del Gobierno que albergó esas prácticas. A la comisión del Congreso acudió a declarar el entonces responsable de los fondos reservados en el Ministerio del Interior, José Antonio Rodríguez, director en ese momento del Gabinete de Estudios y Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad. El alto cargo socialista, número tres en la práctica del departamento que dirige Grande-Marlaska, admitió que la normativa sobre los fondos reservados no había cambiado y que tampoco estaba previsto que eso ocurriera en el futuro. 

El sumario de la Operación Kitchen desveló que solo la Policía disfrutaba mensualmente de 250.000 euros y que estos son repartidos al arbitrio de una sola persona, el director adjunto operativo. Durante los hechos investigados esa persona era Eugenio Pino, el comisario al que el Partido Popular entregó el mando operativo de la Policía. Considerado el artífice de la brigada política que actuó entre 2012 y 2016, Pino se sienta desde este lunes en el banquillo de Kitchen para enfrentarse a una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

El hombre de los maletines

La Fiscalía Anticorrupción fijó su interés en una figura que atesoraba más secretos de los que la denominación del cargo o su nula relevancia pública podían anticipar. Es Miguel Ángel Bayo, funcionario facultativo, no policía, que entonces llevaba 32 años destinado en la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo. Las respuestas de Bayo a 46 minutos de preguntas del fiscal Ignacio Stampa desvelaron en abril de 2019 cómo se pudo financiar, bajo una apariencia de legalidad, el espionaje al ex tesorero del PP. 

Miguel Ángel Bayo Herranz quiso rebajar su trabajo con los fondos reservados como el de mero “cajero pagador”. Pero dos meses antes, elDiario.es había desvelado la propuesta secreta que el DAO Pino había hecho para que a Miguel Ángel Bayo se le concediera una medalla pensionada. Bayo era, según ensalzaba el DAO, el “encargado de la gestión y control de todo lo relativo a los fondos o gastos reservados del Cuerpo Nacional de Policía, a nivel nacional, teniendo la información que maneja en este ámbito carácter secreto, de acuerdo a la normativa de secretos oficiales”.

Según esa normativa, Bayo se dirigía a la Secretaría de Estado de Seguridad con una carpeta que incluía los gastos del mes anterior, recogía la cantidad estipulada por el director operativo y se la llevaba en un maletín. Después atendía a las distintas unidades facultadas para solicitar fondos reservados, que acudían a él con una autorización verbal de Pino y firmaban un recibo. 

Ante el juez y los fiscales, el facultativo habló de “una cosa mecánica, de buena fe”. “Pero no estamos hablando de un banco, ni de una empresa mercantil. Estamos hablando de la Policía”, le interrumpió el fiscal Stampa. 

El facultativo Bayo describió en su declaración cómo se aplica en la actualidad la orden firmada el 12 de septiembre de 1995 por el entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. Esta orden desarrollaba la Ley de Fondos Reservados aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados siete meses antes. Fue el modo en el que el poder legislativo reaccionó a las revelaciones sobre los asesinatos de los GAL, una operación gestada y sufragada desde el Ministerio del Interior entre 1983 y 1989.

Miguel Ángel Bayo Herranz, el hombre de los maletines, al que sus superiores concedieron dos pistolas del Cuerpo, declarará como testigo en el juicio. Se jubiló poco después de declarar en la instrucción del caso Kitchen.

Pérez de los Cobos: solo “control contable”

Otro testimonio relevante durante el juicio será el del interlocutor de Bayo en la Secretaría de Estado de Seguridad de la época, Diego Pérez de los Cobos. El coronel retirado de la Guardia Civil dijo en su declaración que la normativa le atribuía un papel de “control contable” de los fondos reservados. Su trabajo consistía, según explicó, en confirmar que la suma de los gastos en operaciones se correspondía “hasta el último céntimo” con el total justificado a través de la firma de los directores adjuntos operativos y los responsables de las comisarías generales de Policía y jefaturas de Guardia Civil. Cualquier otra comprobación adicional estaba supeditada a que no hubiera concordancia en las cifras, algo que no ocurrió durante los siete años que estuvo en el cargo. El “control efectivo” de para qué se utilizan los gastos reservados está acotado “a los responsables de las unidades”, añadió el coronel ante el juez.  

Los fiscales Stampa y Serrano habían conseguido que el Consejo de Ministros accediera a desclasificar la instrucción de los fondos reservados. La Fiscalía Anticorrupción concluyó que la documentación remitida a la Secretaría de Estado no se ajustaba a la normativa legal y que desde este órgano del Ministerio se libraban los fondos antes de comprobar la documentación remitida desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.

La versión de Pérez de los Cobos fue que “en la Secretaría de Estado se conocían los datos que el DAO de cada Cuerpo acreditaba con su firma, que se estaba gastando ese dinero de fondos reservados en esas operaciones que ellos habían denominado de la forma que quisieran”. Y hasta ahí el control que establece la normativa vigente.

Junto a la firma del jefe del Gabinete de Estudios y Coordinación debe ir la del secretario de Estado de Seguridad, entonces Francisco Martínez. Como el ministro Jorge Fernández y los policías Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo, Martínez se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por la Fiscalía, que le atribuye la responsabilidad sobre ese dinero.

Pérez de los Cobos aludió repetidamente a la “orden comunicada” sobre el uso de fondos reservados de 1995. Esa “orden comunicada” establece que en el justificante que entrega cada Cuerpo en Interior aparezca un apartado para operaciones y, dentro de este, el dinero destinado a colaboradores de las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, en Interior no ha aparecido ninguna ficha sobre la Operación Kitchen u otra que se pueda identificar con el espionaje al tesorero del PP. Por otra parte, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía del Gobierno actual entregó al juez del caso 121 apuntes sobre pagos al chófer y gastos relacionados con su colaboración que encontró en sus archivos. Para su remisión a la Audiencia Nacional, el instructor tuvo que solicitar previamente al Consejo de Ministros que retirara a esos documentos la clasificación de secretos. 

Fuentes conocedoras de la operativa con los gastos clasificados aseguran que en las partidas no siempre se incluye el nombre de la operación o el detalle del reparto del dinero en distintas funciones que se deben escribir en las casillas de los anexos de la citada instrucción de Belloch, unos criterios ya bastante laxos de por sí.

El Gordo: “No se sabe si cobra el conductor o el primo de Rosalía”

El comisario Enrique García Castaño era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), una de las estructuras que más fondos reservados manejaba. No se sentará en el banquillo porque es el acusado aquejado de las graves secuelas de un accidente cardiovascular. En su declaración como investigado ante el juez Manuel García-Castellón, en el mismo sumario de la operación Kitchen, García Castaño aseguró: “Hay mucho dinero de los fondos reservados que no se sabe para quién es. ¡Hasta códigos se ponen! (…) ¿Cómo voy a poner que estoy pagando a un jefe de inteligencia?”.

El juez García-Castellón solicitó al Ministerio del Interior toda la documentación que pudiera guardarse de una operación denominada Kitchen o similares. Nada similar se encontró. En el domicilio de Villarejo habían aparecido “Gastos colaborador Sergio JRE, en referencia al chófer de los Bárcenas reclutado como confidente (53.000 euros en total durante dos años)”.

Los gastos para el conductor salieron de los fondos reservados de Interior destinados a la Dirección Adjunta Operativa. Andrés Gómez Gordo, el policía que dejó de ser asesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha para controlar al chófer, reconoció al juez que los 2.000 euros limpios al mes durante dos años o los 700 de la pistola que le entregaron salió del dinero bajo secreto de la DAO. Contra Gómez Gordo pesa también la acusación más grave de Anticorrupción, por la que la Fiscalía le pide 15 años de cárcel. 

Otro de los acusados en el caso Kitchen, José Ángel Fuentes Gago, en apariencia una suerte de jefe de gabinete de Pino, también recogió en mano el dinero. Fuentes Gago lo hizo para un viaje al extranjero dentro de otra operación, según declaró el ex secretario general de la DAO Felipe Lacasa al juez. Fuentes Gago encabezó la delegación que viajó a Nueva York en 2016 para intentar recabar un testimonio contra Podemos de un exministro de Hugo Chávez. En la grabación de aquel encuentro se oye a Fuentes Gago decir que acude “con un mandato” de Mariano Rajoy, por entonces presidente del Gobierno. 

Las fuentes consultadas por elDiario.es aseguran que en el reparto de fondos reservados para la Policía el peso de la DAO creció entre 2012 y 2016 exponencialmente frente a otras unidades que tendrían más justificado el pago a confidentes, como la antiterrorista o la policía judicial, encargada esta última del narcotráfico o la corrupción.

“La Comisaría General de Policía Judicial recibe 70.000 euros al mes. Cómo va a saber el secretario de Estado si es para una operación en el Pozo del Tío Raimundo (un barrio de Madrid) o una operación en Canarias. Eso al secretario de Estado le da igual”, declaró García Castaño, ex jefe de una de las unidades que más fondos reservados manejaba, la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). “El secretario de Estado no sabe si cobra el conductor o el primo de Rosalía [Iglesias, la mujer de Bárcenas] (…) Es lo normal, es que funciona así”, añadió. La Fiscalía sospecha que García Castaño se quedó con parte de los fondos reservados, que recibía al margen de cualquier justificación por su unidad.

Diez años después de que estallara el caso de presunto acoso del empresario Javier López Madrid a la doctora Elisa Pinto vuelve a irrumpir la corrupción policial que evidenció cómo el poder económico parasita las instituciones. El yerno de Villar Mir utilizó a mandos policiales para amedrentar a la dermatóloga, luego consiguió que la cúpula de la Policía orientara la investigación a su favor y ahora, una década después, está acusado de recurrir a un comisario retirado para que el juicio que empieza en febrero nunca llegue a celebrarse. López Madrid se sentará en el banquillo junto al policía que más se implicó en esas tareas, el comisario Villarejo. 

elDiario.es reveló este viernes que el comisario jubilado Jaime Barrado, encargado de investigar en sus inicios el caso de presunto acoso, coacciones y agresión a la doctora Pinto, ha denunciado ante la Guardia Civil que Javier López Madrid ha intentado comprarle. En esta ocasión, el empresario ha recurrido a otro comisario jubilado, el ex jefe de la unidad anticorrupción de la Policía Fernando Moré, para hacerle llegar la oferta a Barrado, quien ha entregado al instituto armado conversaciones de WhatsApp, audios de un encuentro y de una llamada telefónica.

El caso del contencioso entre el empresario y la dermatóloga tenía todos los ingredientes para despertar el morbo: dos miembros de la clase privilegiada madrileña habían tenido una relación que había acabado con la comisión de delitos de uno contra el otro. Primero, denunció la doctora. Luego, López Madrid. Una década después, él se enfrenta, junto a Villarejo, a una petición de la Fiscalía de 13 años y dos meses de cárcel. La causa contra la mujer fue archivada en 2022.

El hecho que convirtió el caso en un retrato insólito de corrupción endémica fue consecuencia, como tantas veces, de un hallazgo casual. El empresario había encargado a unos profesionales limpiar su teléfono móvil antes de entregárselo a la titular del juzgado donde Elisa Pinto era la acusada. Pero el sistema utilizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil arrojó información que no habían podido hacer desaparecer. Unos mensajes que delataban la “relación estrecha” entre López Madrid y un grupo de relevantes comisarios ajenos al caso de acoso, tal y como escribió la UCO en su informe del 7 de mayo de 2015.

Comisario 'Nino' Conde: la alfombra roja para López Madrid

El primer movimiento registrado de estas maniobras policiales se produjo el 17 de marzo de 2014, cuando Javier López Madrid acudió a dependencias policiales a denunciar las amenazas telefónicas que aseguraba venía sufriendo desde octubre del año anterior. ¿En una comisaría? No exactamente. Fue en la Jefatura Superior de Policía, concretamente ante el Grupo V de Homicidios de la Policía. 

No todo el mundo puede acceder directamente a los equipos de investigación de la Policía para denunciar un hecho. Pero López Madrid apareció allí, en compañía de Javier Sánchez-Junco, abogado, ex fiscal Anticorrupción y un nombre que saltó a las informaciones por defender a Juan Carlos I. Hace años que Sánchez-Junco renunció a representar a López Madrid en la causa de la doctora Pinto y en las que tiene abiertas en la Audiencia Nacional.

Por el momento, cuatro sumarios judiciales recogen indicios del trato de favor que ha recibido López Madrid de la Policía, a la espera de que el Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid decida abrir una investigación a partir del atestado que la Guardia Civil le ha remitido en los últimos días con la denuncia del comisario Barrado. Uno de esos sumarios es la causa que la jueza Concepción Jerez archivó en 2022 y en la que la doctora Pinto era la sospechosa de las llamadas y la situación de acoso. 

En el episodio de la Jefatura Superior adquiere protagonismo la figura de José Luis ‘Nino’ Conde, jefe entonces de la Policía Judicial de todo Madrid. El comisario, ahora jubilado, aseguró en 2019 a elDiario.es que fue la presencia de Sánchez-Junco lo que le hizo atender al empresario personalmente, aunque la jueza explica que López Madrid ya había hablado por teléfono con el mando policial antes de personarse en Jefatura. La magistrada Concepción Jerez recuperaba la declaración en sede judicial que prestó después el comisario Conde ante ella para reprochar que era “carente de credibilidad”.

“No explica [Conde] las razones lógicas por las cuales se le tomó declaración en dependencias del Grupo V de Homicidios, ni tampoco aclara por qué existían sospechas sobre Elisa Pinto, sobre todo teniendo en cuenta que inicialmente el denunciante no manifestó que existieran las mismas”. Se refiere la jueza a que López Madrid enmarcó en aquel momento las amenazas en el contexto de su relevante situación de empresario, sin mencionar a la mujer. Conde escapó de cualquier acusación judicial en su contra. 

'El Gordo', máximo experto antiterrorista, con el empresario

Antes y después de aquella visita a Jefatura, López Madrid habló por teléfono con Conde y con otro relevante miembro de la Policía, el comisario Enrique García Castaño, imputado en varias piezas del caso Villarejo, incluida Kitchen, pero que no ha sido juzgado por las graves secuelas que padece de un accidente vascular. García Castaño, conocido como ‘El Gordo’, fue casi cuatro décadas jefe de la unidad de captación de fuentes, escuchas y vigilancias de la Policía, un fontanero cuyo rastro en la Policía alcanza tintes de leyenda. 

García Castaño aseguró a este periódico hace seis años que López Madrid llegó hasta él a través del jefe de seguridad de la empresa de Villar Mir, también policía, y que él le derivó a una unidad especializada por la vinculación personal que el denunciante tenía con el entonces heredero al trono de España. 

Esa relación entre López Madrid y Felipe VI quedaría de manifiesto dos años después de la denuncia y gracias al mismo volcado del teléfono que reveló sus relaciones con los comisarios. La Guardia Civil logró también recuperar unos mensajes en los que los reyes de España arropaban a López Madrid y cuyo contenido desveló elDiario.es. Los mensajes se produjeron tras la publicación de los gastos del empresario con una tarjeta black de Caja Madrid. 

Después de que los policías de Conde se hicieran cargo del caso, López Madrid siguió llamando al comisario antiterrorista García Castaño. El 30 de enero de 2015 habló con él quince minutos, antes de que el responsable de la empresa del volcado de su teléfono le avisara de que ya tenía el terminal listo para ir al juzgado, tal y como consta en la causa. Esa empresa colabora habitualmente con unidades especializadas de la Policía, según han confirmado a este medio responsables de las mismas. 

Villarejo, a sueldo de López Madrid

Ninguno de estos policías ha sido imputado por delito alguno. Quien sí va a ser juzgado junto a López Madrid es el comisario Villarejo. Ambos se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional, a partir del 12 de enero, dentro de la macrocausa contra el comisario, en una pieza que juzga la contratación por parte del empresario de un funcionario de la Policía en activo. En febrero, otro tribunal, un Juzgado de lo Penal de Madrid entrará al fondo del caso de acoso. Es ahí donde Villarejo y López Madrid se enfrentan a más de 13 años de cárcel. 

Javier López Madrid llegó hasta el comisario Villarejo a través del presidente de Société Générale en España y Portugal, Donato González, cuyas oficinas están en Torre Picasso, donde el policía tenía la sede de sus empresas “de inteligencia”. López Madrid y Donato González compartían también amistad con Francisco Granados, el ex secretario general del PP madrileño procesado por corrupción.

La instrucción determinó que el 14 de abril de 2014, mientras la doctora se bajaba de su coche y en presencia de su hijo de diez años, Villarejo le dijo: “López Madrid quiere que cierres la boca”. Al tiempo, el policía clavaba a la mujer un punzón en el costado.

La Dirección de la Policía, al rescate de Villarejo (y de López Madrid)

La cúpula policial de aquellos años en los que arrancó el caso es la misma que organizó una brigada política contra la oposición. Al frente de ella estaba Eugenio Pino, quien excusó en dos ocasiones de la rueda de reconocimiento a Villarejo alegando que estaba de viaje en el extranjero. Cuando estaba pendiente de acudir a la tercera, la Policía presentó unos nuevos informes que exculpaban a López Madrid y, en consecuencia, a Villarejo, del acoso, las amenazas y las agresiones a la mujer. 

El caso daba así un giro inesperado. Era la época de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior y Villarejo, como ha quedado acreditado después, atesoraba innumerables secretos de los excesos cometidos en el departamento. Consecuencia de esos informes, la causa contra López Madrid y Villarejo fue archivada provisionalmente, pese a que la mujer ya denunciaba por entonces la existencia de “un montaje policial”.

Pero lo que sirvió a la jueza Belén Sánchez para cerrar el caso contra empresario y policía no convencía a los jueces de la Sección 15 de la Audiencia de Madrid. Ya en mayo de 2017, los magistrados pusieron en duda los informes policiales, ordenaron reabrir la causa y que la jueza Sánchez practicara de una vez la rueda de reconocimiento a Villarejo. Con la brigada política fuera de juego por las jubilaciones y el relevo en el Ministerio del Interior, aquella decisión resultaría catastrófica para Villarejo, que fue reconocido por la doctora y resultó imputado.

Alberto Carba: “Javier, este partido lo vamos a ganar”

Poco antes de que se reabriera la causa ocurrió algo que a la postre iba a tener una importancia determinante en demostrar el montaje policial contra la doctora. El 21 de abril de 2017, López Madrid fue detenido por la Guardia Civil en el marco de la operación Lezo, un caso de corrupción que abarcaba la presunta financiación irregular del PP madrileño. Los agentes de la UCO le incautaron el teléfono. De nuevo, el dispositivo del empresario iba a deparar una importante sorpresa de la que, otra vez, la Guardia Civil iba a informar al juez. El policía que había dirigido la investigación en contra de la doctora intercambiaba mensajes con López Madrid, pese a estar imputado por acoso, en los que el inspector actuaba con complicidad y servilismo.

“Buenos días, Javier. Solo quería transmitirte que el informe que queríamos es muy bueno para nuestra investigación. Paciencia en este último cuarto que este partido lo vamos a ganar”, decía uno de esos mensajes, tal y como publicó elDiario.es. El comisario en cuestión, entonces inspector jefe, es Alberto Carba.

La jueza Jerez dijo sobre la investigación de Alberto Carba: “Los contactos [de López Madrid con varios comisarios] ponen en duda los informes realizados por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, de la Dirección General de la Policía”. La entonces unidad de Carba “no realizó ningún informe sobre dichos contactos, ni sobre las relaciones con el comisario Villarejo (…) resultando incompleta su investigación”, añade. Su trabajo concluyó que la dermatóloga fingió el acoso, que fue ella quién asedió a López Madrid, y que para ello utilizó a su hijo de 10 años. Lo contrario de la verdad judicial, según la cual la mujer ha sido exonerada y López Madrid debe sentarse en el banquillo.

La carrera de Alberto Carba se estancó en la comisaría del Distrito Centro de Madrid, por otra parte la más grande de España. Desde allí dirigió la investigación contra el bailaor Rafael Amargo, que resultó absuelto después de ser objeto de un gran dispositivo contra el narcotráfico. También detuvo a Nacho Cano por unos delitos contra los trabajadores extranjeros que quedaron en nada. El pasado mayo, Carba se convirtió en el jefe de la Brigada de Policía Judicial en Madrid, el relevante puesto que ostentaba en 2014 Nino Conde, el policía que extendió la alfombra roja a López Madrid en su primera visita a dependencias policiales. 

Fernando Moré: un “dinerillo” para la jubilación

El comisario que ha elegido López Madrid en 2025 para el encargo del soborno, Fernando Moré, no es un policía cualquiera. Estuvo destinado como jefe del aeropuerto de Barajas y en 2017, ya con Juan Ignacio Zoido al frente del Ministerio del Interior, fue elegido para dirigir la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Moré siguió en el cargo con Fernando Grande-Marlaska hasta su jubilación, en 2022. 

Moré prometió a Jaime Barrado —el comisario que se atrevió a situar a Villarejo en el caso de la doctora Pinto— 200 o 300.000 euros si convencía a la doctora y a su abogada que retiraran las acusaciones contra López Madrid. Luego bajó la oferta a 20.000. Y siempre dijo que lo hacía por indicación de López Madrid, según las grabaciones desveladas por elDiario.es. Consultado por este medio asegura que realiza trabajos de consultoría de seguridad desde que se jubiló y que pensó en ganar “un dinerillo” con el contrato que podría firmar con López Madrid si se ganaba su favor.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que instruye el 'caso Villarejo', ha acordado archivar la causa para el que fuera comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño debido al ictus que sufrió en mayo de 2022.

Así lo señalan fuentes jurídicas y así queda reflejado en un auto de la pieza separada 'Kitchen', en la que el magistrado atiende la petición formulada en marzo por la defensa del comisario y además de archivar la causa para él requiere a su representación legal que aporte en el mes de junio los informes médicos correspondientes “a fin de que puedan ser examinados nuevamente por el médico forense” de la Audiencia Nacional.

Fue el pasado 23 de marzo cuando el abogado del comisario solicitó nuevamente el archivo provisional “por causa médica e incapacidad mental sobrevenida, y como consecuencia su inimputabilidad”.

García Castaño, investigado por 'Kitchen' y por el 'caso Villarejo'

Además de en 'Kitchen', donde se investiga el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, García Castaño constaba como investigado en la pieza principal del 'caso Villarejo' –caso Tándem– donde se investiga al grupo empresarial del comisario José Manuel Villarejo (CENYT) como organización criminal y delitos de blanqueo de dinero; en la denominada 'pieza BBVA', y en el proyecto 'King', relativo a unos trabajos en Guinea Ecuatorial.

El ex jefe de la UCAO ya ha sido procesado por la pieza 21, sobre el supuesto espionaje encargado por Repsol y Caixabank contra el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero; y 'Marbella', por las indagaciones contra un empresario marbellí.

Cabe recordar que también estaba siendo juzgado por las piezas 'Iron' y 'Land', referidas respectivamente a supuestos trabajos de espionaje contra un despacho de abogados y contra particulares en el marco de una disputa familiar por la herencia del dueño de la urbanización de lujo La Finca (Madrid).

Sin embargo, el 24 de mayo de 2022 el tribunal que dirigía este primer juicio por 'Tándem' acordó suspenderlo para García Castaño, debido a su estado de salud, después de que un médico forense de la Audiencia Nacional emitiera un informe que acreditaba su gravedad actual y explicara que hasta dentro de seis meses no podría determinar las consecuencias definitivas del ictus.

Ahora, fuentes jurídicas señalan que la decisión adoptada en 'Kitchen' de archivar provisionalmente con una revisión del estado del comisario en junio será trasladada al resto de piezas dado que deviene de una resolución de 11 de mayo de la pieza de situación personal. En el auto se indica además que el Ministerio Fiscal, mediante informe de 27 de abril, interesaba el archivo de la causa respecto a García Castaño.

“Archivar la causa hasta que el procesado recobre la salud”

En los razonamientos jurídicos, el juez recuerda que el artículo 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) dispone que si la demencia sobreviniera después de cometido el delito “se mandará archivar la causa (...) hasta que el procesado recobre la salud”.

Cita, al hilo, jurisprudencia del Tribunal Supremo aplicada por la Audiencia Provincial de Murcia en un auto reciente que reza que “del informe forense (...) se infiere que la enfermedad degenerativa que padece el acusado le priva de la capacidad necesaria para ser enjuiciado”. Y añade párrafos de una sentencia del alto tribunal de 2010 que indica que “la celebración de un juicio contra quien no entiende ni puede defenderse supone el quebranto de los derechos más elementales que conforman un juicio justo”.

Tras exponer esto, el juez indica que se debe atender al informe médico forense de 13 de febrero de 2023 en el que se explica que García Castaño sufre “afectación cognitiva por las alteraciones mnésicas, la expresión verbal y los déficits neurosensoriales”.

“Los déficits motores le impiden la deambulación y tareas de destreza motora fina y gruesa. Todos los déficits que presenta, le hacen ser una persona no autónoma, dependiente para la realización de las actividades de la vida diaria”, añade ese informe.

Y suma a esto que a pesar de la rehabilitación a la que ha sido sometido el comisario (logopeda, fisioterapia, terapia ocupacional) y teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que sufriera ese ictus, “la evolución de su enfermedad no experimentará grandes avances positivos”.

“Demencia sobrevenida”

Por todo esto, el magistrado entiende que si fuera sometido a un juicio oral “no sería posible afirmar que el proceso fuese justo en su contra” porque “su derecho de defensa se encontraría sensiblemente mermado”.

Apunta a esto que el accidente cerebrovascular le ha ocasionado unas secuelas que han perdurado en el tiempo, como se constata con la simple evidencia de que dicho evento sucedió hace más de un año -el 2 de mayo de 2022- “y el sujeto no se encuentra plenamente restablecido”.

El magistrado agrega a esto que la previsión del médico forense es que dicha dolencia “no experimentará mejorías relevantes”, y añade que este pronóstico es determinante para estimar la petición de la defensa.

Así, García Castellón resuelve que “a la vista del estado de demencia sobrevenida de Enrique García Castaño, se acuerda el archivo de la causa respecto a su persona”. Y concluye que se ha de requerir a su defensa para que en junio aporte a la causa los informes médicos correspondientes, a fin de que puedan ser examinados nuevamente por el médico forense.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha propuesto juzgar al comisario jubilado José Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo y a tres mandos policiales —Enrique García Castaño, Constancio Riaño y Antonio Bonilla—, así como a otras dos personas, por la investigación realizada sobre el empresario marbellí Felipe Gómez Zotano, informa Europa Press.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha puesto fin a las pesquisas sobre la pieza separada 8 de la macrocausa Tándem, conocida como la pieza 'Marbella', donde investigaba el encargo que Marzena Katarzina habría realizado a Villarejo en 2015 sobre Gómez Zotano con el objetivo de trazar una estrategia legal que le permitiera recuperar un dinero que reclamaba al empresario por una disputa inmobiliaria.

El magistrado cree que existen indicios para juzgar a Villarejo, a Redondo y al abogado David Macías González por un delito de cohecho pasivo; a Katarzina, por cohecho activo; y a García Castaño, Riaño, Bonilla y Redondo, por descubrimiento y revelación de secretos. Al mismo tiempo, el instructor ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa respecto al que fuera director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino, los policías Juan José Díaz Álvarez y José María Serrano Ydígoras, así como para Juan Carlos Escribano. 

En el caso del que fuera jefe de la Policía con el Gobierno de Mariano Rajoy, el juez no ha apreciado “ningún acto delictivo en su conducta”. “De las diligencias practicadas, no se extrae ni su participación ni su conocimiento de los hechos investigados”, ha manifestado. En cuanto a Escribano, ha limitado su implicación en los mismos a que fue la persona que recomendó a Katarzina que acudiese a Villarejo para resolver su controversia contractual con el empresario, pero “no llevó a cabo ningún acto adicional”, por lo que entiende que su participación fue “accesoria”.

La disputa inmobiliaria 

El trasfondo del asunto es una transacción inmobiliaria ocurrida en 2008 que tiene a Gómez Zotano y Katarzina como protagonistas. La mujer le habría entregado 700.000 euros para comprar un chalet en la localidad malagueña bajo ciertas condiciones. Pero el negocio no se materializó. Según ella, porque el empresario la estafó, y, según él, porque ésta no cumplió las condiciones pactadas para completar la operación de compraventa.

De acuerdo con el auto firmado por García-Castellón, Katarzina contactó con el bufete Stuart&MCkenzie de Villarejo en el verano de 2015 para iniciar una estrategia conjunta de tipo civil y penal frente a Gómez Zotano con el objeto de recuperar el dinero. Para ello, el Grupo Cenyt, propiedad de Villarejo, elaboró un informe sobre el empresario donde se examinaba su persona, su entorno familiar, su trayectoria profesional, su patrimonio, sus sociedades y su situación financiera, y se apuntaban indicios de fraude fiscal y blanqueo de capitales en su actuación. Este dossier, rubricado a fecha 7 de septiembre de 2015 por Redondo, fue utilizado posteriormente en las acciones judiciales emprendidas por Katarzina contra Gómez Zotano.

Bases de datos restringidas 

Para la confección del informe, señala el escrito judicial, se acudió a bases de datos y a registros que no son accesibles al público, gracias a la intervención de los responsables policiales investigados. En esa época, Villarejo era comisario en activo y no había ninguna investigación policial que justificase la solicitud de datos de Gómez Zotano, de ahí los delitos de cohecho que observa el magistrado.

En concreto, García-Castellón ha detallado que para elaborar el informe se accedió a la base de datos del DNI y, una vez obtenido el documento identificativo del empresario, se usó para entrar en la base de datos del Órgano Centralizado (OCP) de Prevención del Blanqueo de Capitales del Consejo General del Notariado. Para adentrarse en la primera, se usó la clave personal de Díaz Álvarez, entonces inspector jefe de la Comisaría General de Información (CGI), y, para consultar el OCP, se empleó la de Serrano Ydígoras, también inspector jefe en la misma comisaría, a pesar de que en ese momento ambos estaban de vacaciones.

El juez concluye que, aunque se accedió con sus claves personales, lo hicieron otras personas por órdenes de García-Castaño, entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que las habría dado “de modo informal”, “sin seguir ningún protocolo al efecto”, en base a una petición previa de Villarejo. Y ello, razona el instructor, porque “existía la práctica, por motivos funcionales y de operatividad interna de la unidad, de que las claves de acceso personales fuesen conocidas y utilizadas por varios funcionarios policiales”. Incluso aunque hubieran sido ellos, ha argumentado, lo habrían hecho cumpliendo órdenes de sus superiores y sin saber para qué se requerían esos datos. Por ello, ha archivado la causa para ambos.

Una vez obtenidos los datos personales de Gómez Zotano, continúa el relato judicial, Riaño —otro inspector jefe de la CGI—, siguiendo las instrucciones del jefe de la UCAO, se los envió por correo electrónico a Bonilla, que en ese momento estaba en situación de segunda actividad en la Policía Nacional trabajando para Cenyt. Este último, le remitió toda la información a Redondo en otro 'email'.

Descarta la extorsión 

García-Castellón descarta el delito de extorsión, que también investigaba en esta pieza separada, al no apreciar ningún acto de violencia ni de intimidación sobre el empresario para que realizase u omitiese un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero. También deja fuera de este procedimiento los hechos ocurridos con anterioridad a 2015, cuando se ha acreditado que Katarzina contactó con Villarejo, porque no se ha logrado probar, a nivel indiciario, que guarden relación con el mismo.

Se trata de los robos que Gómez Zotano denuncia que sufrió en su casa y en un hotel y despacho de su propiedad en 2013 y 2014, y del supuesto acceso no consentido a varios terminales de telecomunicación del empresario. Gómez Zotano, conforme recoge el auto, aduce que no sería posible vincular ninguno de estos sucesos a 'Tándem' porque las pesquisas policiales sobre los mismos habrían sido “deficientes” debido a una “trama policial” que tendría, precisamente, ese propósito.

El comisario Enrique García Castaño ha dicho en el Congreso que su compañero José Manuel Villarejo entró a participar en la operación de espionaje a Bárcenas por orden del ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y su segundo, Francisco Martínez. “Por supuesto que el secretario de Estado y el ministro conocían la operación”, ha dicho el comisario, antiguo jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO).

Según ha avanzado su comparecencia ante la comisión de Kitchen, García Castaño ha ampliado la nómina de políticos que conocían el operativo hasta llegar al presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Tanto él como el comisario Villarejo mantenían informado al director adjunto operativo Eugenio Pino y que éste, por “disciplina”, debió informar al director de la Policía Ignacio Cosidó, que no está imputado.

Fuera de Interior, el comisario Andrés Gómez Gordo, que trabajaba al principio de la operación en excedencia para María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, también informaba a la secretaria general del PP, según ha dicho García Castaño. Rajoy, ha añadido, era puesto al corriente por Villarejo a través de terceras personas, mencionando al presidente de 'La Razón' y consejero de Atresmedia, Mauricio Casals. “Yo no lo puedo demostrar. Es una suposición de comentarios”, ha dicho sobre el contacto por terceros de Villarejo con Rajoy, si bien ha añadido que esos comentarios no solo se los escuchó a Villarejo sino también “a otras personas”. “Villarejo siempre ha actuado con cobertura política”, ha afirmado.  

García Castaño ha hablado ante la comisión de investigación de Kitchen de una “Operación Bárcenas” porque, según él, nunca hubo una operación Kitchen, simplemente una orden del director adjunto operativo, Eugenio Pino, para recuperar el dinero escondido por el tesorero. Sobre esto ha dicho que informaba semanalmente al entonces jefe de la UDEF, el comisario hoy jubilado Manuel Vázquez; al DAO Pino y en ocasiones al secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez. Estos dos últimos están imputados en la pieza 7 del caso Villarejo, no así el comisario Vázquez. Fernández Díaz también permanece como investigado.

“Así se trabaja en la Policía”

El comisario Enrique García Castaño ha participado durante cuarenta años en las operaciones más delicadas de la Policía. Esta tarde, en la sede de la soberanía popular, ha confesado que en ocasiones no respetó la legalidad y que siempre lo hizo para “salvar vidas”. Así, ha explicado cómo llegó a los terroristas del 11-M en Leganés con “rastreo de móvil” sin orden judicial y que con eso evitó que volaran un centro comercial.

También ha confirmado sus declaraciones en sede judicial sobre el volcado de tres teléfonos móviles de Luis Bárcenas que le facilitó su chófer y que actuó sin orden judicial porque “una oportunidad como esa no se puede perder: así se trabaja en la Policía”.

El portavoz socialista, Felipe Sicilia, le ha preguntado con qué orden judicial actuó y García Castaño, hoy jubilado, ha contestado: “Se llama oportunidad. Si una persona te dice que tiene unos dispositivos electrónicos y que al día siguiente te los puede dejar media hora… esa inmediatez esa oportunidad no se puede perder, es como se trabaja en la Policía”.

Ante la incredulidad del portavoz socialista, García Castaño, hoy jubilado, ha matizado que eran terminales sin batería, en desuso, y que su obligación era comprobar qué había en ellos. Según ha declarado ante el juez del caos Kitchen, sus subordinados copiaron en una cafetería el contenido de esos terminales en unos pocos minutos y se los devolvieron al chófer que tenían infiltrado en la familia. 

García Castaño también ha confesado, como hizo en el juzgado, que entró sin autorización judicial, “engañando a una señora de la limpieza”, en un estudio de Rosalía Iglesias y que allí, en contra de lo que dicen otros implicados en grabaciones, no había nada. En este sentido ha negado la existencia de un pendrive con grabaciones de Bárcenas a Rajoy y Arenas.

Cuando los portavoces de los grupos le han preguntado por las actuaciones de su trayectoria sin control judicial, el veterano comisario ha reiterado que lo hizo para salvar vidas, en operaciones antiterroristas, y que cualquier servicio de Información hace lo propio. Cuando ha sido Rafael Mayoral, de Podemos, quien ha mostrado su perplejidad ante tales confesiones, el comisario jubilado le ha dicho: “¿Sabe cuántas vidas he salvado por actuar de esa forma inmediata? Confíe en la Policía, señor Mayoral”.

García Castaño ha explicado que su unidad, la UCAO, era a la que recurrían otras estructuras policiales cuando se atascaban sus investigaciones. “Recurrían a nosotros porque somos buena gente, trabajamos bien o hacemos cosas que no debemos”, ha dicho para incredulidad de los diputados, que reiteradamente le han agradecido que fuera tan explícito en sus declaraciones.

El comisario también ha admitido que fue a poner los micrófonos en la reunión entre Fernández Díaz y director de Antifrau Daniel de Alfonso en la que ambos confiesan los métodos de la Operación Catalunya. García Castaño dice que le llamó el director adjunto operativo para evitar que el ministro fuera grabado por su invitado sin tener otro audio con el que poder defenderse. Ha descrito que acudió con uno de sus técnicos, colocaron el micro, se fueron “a tomar una caña” y regresaron cuando les avisaron de Interior de que la reunión había acabado para retirar el sistema de grabación y volcar en un dispositivo el audio que le entregaron al comisario Pino.

La repulsa que provoca la trayectoria policial de Billy el Niño no parece calar en un sector del Cuerpo al que perteneció y que sigue invitándole a celebraciones oficiales y tratándole como a un “compañero” más. El último ejemplo es el inspector jefe Constancio Riaño, mando de la Comisaría General de Información (CGI) hasta hace tres años, quien ha confesado ante el juez del caso Villarejo que suministró a Billy el Niño datos de los titulares de matrículas y de líneas de teléfono bajo cuerda porque, según él, su “amigo” Antonio González Pacheco se sentía amenazado.

Constancio Riaño Prieto compareció en la Audiencia Nacional el pasado 23 de septiembre para declarar como imputado en el marco de dos piezas del caso Villarejo. Está jubilado desde noviembre de 2016 y la última década en activo fue jefe de Relaciones Institucionales de la CGI, la sección que se dedica a facilitar a otras unidades los datos de ciudadanos que obran en poder de las distintas administraciones o del sector privado.

El inspector jefe Riaño insiste en dos ocasiones durante su declaración en que “no hay ninguna sentencia por torturas” contra Billy el Niño, el argumento legal que ha contribuido a mantener intacto el medallero del presunto torturador pese a los anuncios del Gobierno socialista de que le iba a retirar esas condecoraciones. 

“A todas las personas he intentado ayudar yo en mi vida como policía. Y un señor al que le califican de no sé qué, y que todavía no hay ninguna sentencia, le estaban aterrorizando, le estaban amargando la vida, y tiene una hija con cáncer ahora”, responde Riaño sobre Billy el Niño a preguntas del abogado de Enrique García Castaño, superior suyo en la CGI y también investigado. Según publico El Mundo, Billy el Niño utilizó ese material en beneficio de una empresa de seguridad que posee desde 1997, Spas Consultores, que presentó cuentas por última vez en 2016, el año de la jubilación del inspector jefe Constancio Riaño. 

El letrado pregunta a Riaño por qué González Pacheco, también jubilado, no denunció esas amenazas si era, como dice, “vigilado constantemente, seguido constantemente”. “Está demasiado desprestigiado por los medios de comunicación. Necesitaba un amigo”, contesta el investigado. “Está enfermo por eso”, añade.

Ante la sorpresa del abogado por el trato de favor, Constancio Riaño insiste en su confesión sobre las ayudas a Billy el Niño: “Por supuesto que sí, por supuesto que sí, tengo la obligación de ayudar a todos los ciudadanos de mi país”. En todo caso, el inspector jefe se escuda en que los datos de matrícula que entregó a González Pacheco se pueden conseguir en Tráfico pagando “dos euros y medio”. 

En cuanto a las titularidades de los teléfonos, el policía no ahonda. “(Billy el Niño decía:) He tenido estas cinco llamadas, igual, a ver si son de un enemigo mío y me quiere matar”, dice Riaño recreando las supuestas palabras de su amigo. Fuentes del caso reconocen que podrían deducir testimonio para que un juzgado ordinario investigara las afirmaciones de Riaño, pero creen que las generalidades en que incurrió abocarían al archivo esa denuncia. 

Como su inmediato superior, Enrique García Castaño, y varios de sus compañeros, Riaño está acusado de facilitar datos reservados a la organización criminal que presuntamente dirigía José Manuel Villarejo a cambio de dinero o prebendas. Riaño Prieto alega que solo cumplía órdenes de García Castaño, pese a que hay correos electrónicos incorporados a la causa que demuestran su relación directa con Antonio Bonilla, expolicía y presunto miembro de la banda de Villarejo. 

La Brigada Antiatracos que liberó a Quini

El inspector jefe Riaño es, como su amigo González Pacheco, un voluntarioso 'runner'. Así queda de manifiesto en las clasificaciones de las carreras que se pueden consultar en Internet. Aunque Constancio Riaño ingresó en la Policía en los años setenta, década de apogeo de Billy el Niño, el inspector jefe jubilado asegura que conoce a González Pacheco de la afición de ambos por correr. 

Riaño pertenece a la generación de mandos policiales que se han jubilado en el último lustro y que ingresaron en la Policía en los estertores del franquismo. A diferencia de otros imputados en el caso Villarejo, no estuvo destinado en la lucha antiterrorista hasta el último tramo de su carrera. Riaño integró los Omega, el polémico grupo Antiatracos de Barcelona en la década de los setenta que es conocido por sus métodos expeditivos, éxitos policiales y sospechas de corrupción, en una ciudad donde se podían llegar a producir una decena de asaltos con armas de fuego al día, según relatan policías de la época. 

Un grupo de aquellos Omega, dirigidos por Francisco Álvarez y que integró Constancio Riaño, fue el que liberó de su secuestro a la estrella del FC Barcelona Enrique Castro, 'Quini'. Paco Álvarez acabaría años después condenado por terrorismo de Estado en los GAL. Aún hoy sigue dedicado al sector de la investigación privada. Constancio Riaño, por su parte, pasó de la Brigada Antiatracos a jefe de seguridad de La Caixa en Barcelona, donde permaneció dos décadas. Al salir de la entidad activó la puerta giratoria que se prodiga entre mandos de la Policía para regresar al Cuerpo como jefe de Relaciones Institucionales de la UCAO de García Castaño. 

En el marco del caso Villarejo, Riaño Prieto asegura que siempre cumplió órdenes del Gordo, incluso cuando las solicitudes de información se producían de un modo informal, escritas en un 'post it'. Alega que pensaba que estaba trabajando “por España” pese a que recabó y trasladó datos, entre otros, de un bufete de abogados de Madrid, enfrentado a otro y que había requerido los servicios de Villarejo. García Castaño asegura que Riaño actuaba por libre y que tenía una intensa relación con Antonio Bonilla, el socio de Villarejo.

Un simple cotejo de los fondos públicos que gestionó un funcionario ya jubilado con los movimientos de sus cuentas bancarias durante doce años puede derivar en la tormenta perfecta con epicentro en el ángulo muerto de la democracia. El motivo es quién es el funcionario y a qué se dedicaba. El juez del caso Villarejo ha solicitado al Gobierno que desclasifique las cantidades que recibió entre 2005 y 2017 el comisario Enrique García Castaño, jefe de la unidad dedicada a seguir, escuchar y pagar a quien fuera útil para las investigaciones más relevantes contra el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción. Y también para los intereses del gobierno de turno.

La Unidad de Asuntos Internos (UAI) considera que el policía tuvo ingresos por casi 600.000 euros que no puede justificar con su sueldo de comisario. La defensa de García Castaño, El Gordo según le conocen en la Policía, alega que ese dinero es la cantidad total que entró y salió de una misma cuenta durante 11 años y siete meses, con ingresos no superiores a los 3.500 euros al mes, y que la cuenta nunca acumuló tal cantidad.

García Castaño está imputado en varias piezas por haber vendido presuntamente al comisario Villarejo datos confidenciales que obtenía por su cargo en las entrañas de la seguridad del Estado, ya procedieran de la Agencia Tributaria, los bancos o las compañías telefónicas. Los delitos que se le atribuyen son organización criminal, cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales.

Los fiscales Anticorrupción han propuesto que se desclasifiquen los fondos reservados manejados por García Castaño desde 2005 por ser la fecha a la que se remonta su trato con Villarejo, al menos en los audios del archivo secreto de este último a los que han podido acceder. Son 12 años de sobres con billetes procedentes de la Secretaría de Estado de Seguridad hasta su destitución en febrero de 2017, fecha en la que dejó la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), que había dirigido desde 1994.

En su exposición razonada para el Consejo de Ministros, el juez Manuel García Castellón solo habla de “cuentas”, esto es, de las partidas que recibió el policía. Pero añade en su solicitud que se le exima de guardar silencio sobre las materias reservadas a las que aluden esas partidas. Tanto a él como a otros policías que declaren en la causa, ya sea como testigos o investigados. Fuentes jurídicas aseguran a eldiario.es que se permitirá a García Castaño dar explicaciones sobre las operaciones que requerían de esos fondos reservados. Su entorno asegura que no ahorrará en detalles porque “tiene que defenderse”.

García Castaño solo dejó la UCAO entre el 9 de junio de 2005 y el 31 de octubre de 2006, destituido por el primer comisario general de Información de la anterior etapa socialista, Telesforo Rubio. Eso significa que la información que requiere el juez abarca casi las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero y las de Mariano Rajoy.

Ahí se incluyen íntegros los cuatro años de funcionamiento de la brigada política en el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, las de la guerra sucia contra el independentismo catalán y Podemos. García Castaño ya ha intentado aludir a las investigaciones prospectivas, sin control judicial, de la Operación Catalunya, pero juez y fiscales le han interrumpido al considerar que no era objeto de los hechos que se investigan.

La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, ha calificado a García Castaño como “uno de los principales expertos españoles en materia de terrorismo yihadista y de ETA”. El comentario se produjo como consecuencia de la publicación de una comida en homenaje a Villarejo a la que la entonces fiscal de la Audiencia Nacional acudió y en la que también participó García Castaño.

Sin embargo, El Gordo no solo trabajaba para la Comisaría General de Información. Los dos centenares de agentes de la UCAO ponían balizas, colocaban micrófonos, grababan en vídeo y hacían seguimientos a cualquier objetivo relevante. Y también agasajaban, con cargo a los fondos reservados, a aquel del que querían obtener información. El Gordo no dirigía ninguna investigación, pero estaba en todas las importantes.

El Área Especial de Seguimiento (AES) integrada en la UCAO es la responsable de los seguimientos a la familia de Luis Bárcenas cuando éste entró en prisión en el verano de 2013. El propio García Castaño ha reconocido haber entrado sin orden judicial en un piso de la familia con la llave que le había proporcionado el chófer de la familia, quien recibía 2.000 euros mensuales de los fondos reservados. De sus progresos en el espionaje a Bárcenas informaba directamente a Francisco Martínez, número dos de Fernández Díaz, según ha declarado.

El comisario se ha esforzado en intentar convencer al juez y los fiscales de que aquella operación se montó con el único interés de descubrir el dinero oculto de Bárcenas y sus testaferros. Sus resultados, sin embargo, nunca llegaron al juez del caso. El magistrado Manuel García Castellón sospecha que se trató de una operación destinada a beneficiar a “dirigentes del Partido Popular”, por la implicación negativa para ellos que tenía la información que ocultaba Bárcenas. La participación de García Castaño en la Operación Kitchen puede servir de ejemplo del conocimiento que el comisario tiene de todas las maniobras extrajudiciales realizadas por la Policía en las últimas tres décadas.

El juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, acaba de elevar una exposición razonada al Consejo de Ministros para que levante el secreto sobre todos los fondos reservados recibidos por el comisario Enrique García Castaño, uno de los principales investigados en la causa, entre 2005 y 2017.

El mando policial, ya jubilado, ha intentado en varias ocasiones aludir a la Operación Catalunya durante sus últimas declaraciones ante el juez, siendo interrumpido por no ser objeto de los hechos que se investigan hasta ahora en el caso Villarejo u Operación Tándem. La Operación Catalunya consistió en la investigación prospectiva y sin control judicial de políticos soberanistas para la elaboración de informes que no llegaban al juzgado y eran publicados por determinados medios de comunicación.

García Castaño, conocido en la Policía como El Gordo, ha presentado varios escritos solicitando lo que ahora acuerda el juez con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción para, dice, poder defenderse. Recientemente, el Gordo declaró durante más de tres horas en el marco de la pieza sobre el espionaje a Bárcenas con fondos reservado.

Según fuentes jurídicas, García Castaño, destituido en febrero de 2017 de la Comisaría General de Información, admitió haber participado en la Operación Kitchen y haber entrado sin autorización judicial en un piso de los Bárcenas. También habló de su trato directo con el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y su participación en la Operación Kitchen.

García Castellón solicita que se desclasifiquen “las cuentas con cargo a los fondos reservados estuviere asignada a la Comisaría General de Información o la Unidad Central de Apoyo Operativo (la UCAO que dirigía El Gordo) que se hubieran entregado al investigado Enrique García Castaño desde el año 2005 hasta la fecha de su cese en la Comisaría General de Información (en 2017)”.

El juez también pide al Gobierno que desclasifique la “instrucción o normativa del Ministerio del Interior que regule el control de los fondos reservados dictada en el año 1995 y que se encontraría igualmente vigente y que se encontraría directamente relacionada con la gestión de aquella por aquel comisario de policía”.

García Castaño dirigió la UCAO durante más de dos décadas y está vinculado a los encargos “sensibles” de varios gobiernos. Su unidad era la encargada de los seguimientos, aparatos de escucha y captación de fuentes y confidentes, tanto para la lucha antiterrorista como para cualquier otra modalidad de crimen especializado, como la corrupción.

En el auto que acompaña a la exposición razonada, el juez explica que García Castaño y cualquier policía que sea citado como testigo o investigado pueda referirse a la materia que se desclasifique sin incurrir en revelación de secretos.

El comisario jubilado Enrique García Castaño, imputado por vender presuntamente información a José Manuel Villarejo, ha señalado este miércoles ante el juez del caso a Eugenio Pino, el director adjunto operativo de la Policía entre 2012 y 2016. Según fuentes jurídicas, García Castaño ha negado haber facilitado información bancaria o telefónica para los dosieres que luego vendía Villarejo a precios estratosféricos y que el resto de datos siempre se los dio con orden expresa del comisario Pino. 

Es más, según ha declarado García Castaño, él consultaba al jefe Pino cada vez que tenía dudas sobre la legalidad de las peticiones de Villarejo. García Castaño, conocido en la Policía como El Gordo, era jefe de la unidad de vigilancias, escuchas y captación de fuentes, y Villarejo actuaba como una especie de liberado en la Dirección Adjunta Operativa, el máximo órgano policial, por debajo de la Dirección General de Ignacio Cosidó. Enrique García Castaño ha añadido que nunca formuló por escrito estas dudas a su jefe. 

La Fiscalía Anticorrupción cree que García Castaño atesora un patrimonio de 600.000 euros imposible de justificar con su sueldo de funcionario y él defiende el origen legal del mismo. El Gordo, a quien defiende el que a Pino, el de Baltasar Garzón, ha solicitado que se desclasifique información secreta sobre fondos reservados, para poder responder sobre su patrimonio personal.

Por este motivo, su declaración correspondiente a la pieza principal, prevista para hoy, ha sido suspendida a la espera de lo que decida el Gobierno de la petición que va a cursar el juez. García Castaño también ha negado que los datos entregados de forma ilegal desde el BBVA fueran solicitados por él. 

La afirmación acerca de Pino se ha producido en el marco de las piezas Iron y Land, dos informes del comisario Villarejo acerca de una disputa entre dos despachos de abogados y de una herencia de la familia dueña de la urbanización La Finca. 

García Castaño declaró en el día de ayer en el marco de la Operación Kitchen, la pieza secreta que investiga el espionaje a Bárcenas. El Gordo insistió en la legalidad de la operación para descubrir los testaferros y el dinero oculto del extesorero del PP, aunque ni el juez del caso ni la Policía Judicial a sus órdenes supieron nunca de esas pesquisas, según han confirmado varios testigos al magistrado instructor. 

El comisario declaró ayer que la información que fue obteniendo, junto a Villarejo y otros implicados, fue derivada a los responsables del Ministerio del Interior, citando al director general de la Policía en ese momento, Ignacio Cosidó, y al inmediato superior de éste, Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad. 

El espionaje policial a Luis Bárcenas para favorecer al Partido Popular, entonces en el Gobierno, ha llevado a los investigadores hasta el corazón de la brigada política que funcionó en el Ministerio del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Después de que fuera imputado su máximo responsable, el comisario Eugenio Pino, ha llegado el turno de sus dos lugartenientes, los inspectores jefe José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, así como del que fuera jefe de la Unidad de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas. El juez del caso Villarejo ha decidido citar a los tres mandos en calidad de investigados en la pieza secreta de la Operación Kitchen, según han revelado a eldiario.es fuentes del caso.

Las citaciones de Martín-Blas, Fuentes Gago y Díaz Sevillano se han acordado después de las declaraciones como investigados del propio Pino, el comisario Villarejo, Enrique García Castaño y el policía asesor de María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo. Todos ellos como protagonistas del espionaje a Luis Bárcenas a través del pago de fondos reservados al que fuera chófer de la familia, Sergio Ríos Esgueva, también imputado.

La consecuencia de la decisión del juez Manuel García Castellón supone que toda la primera línea de la policía política que actuó en el Ministerio del Interior entre 2012 y 2016 ya está siendo investigada en el caso Villarejo. En la cúspide, el comisario Pino, el policía que el PP eligió para dirigir la Policía cuando Rajoy llegó a Moncloa. Eugenio Pino era, como el nuevo investigado Martín-Blas, un policía de la confianza de Génova.

Ambos habían colaborado con el Partido Popular en materia de Interior cuando los conservadores estaban en la oposición. Al llegar al poder, uno llegó a lo más alto y al otro, Martín-Blas, se le asignó Asuntos Internos, la unidad dedicada a investigar a otros policías y cuya opacidad decidió a Pino a convertirla en una pieza clave de la policía política y, en especial, de la Operación Catalunya. Sus agentes trabajaron sobre el terreno en las investigaciones prospectivas a líderes del procés y sus entornos personales, según desveló eldiario.es en noviembre de 2014.

Asimismo, Asuntos Internos albergó una nueva Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) dedicada supuestamente a reabrir investigaciones de la Policía que no habían llegado a buen puerto. Con esa excusa, el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz repasó la investigación policial del 11-M, una década después de los atentados y con sentencia firme del Tribunal Supremo; o el caso Faisán, que igualmente afectaba a la época del PSOE en el Gobierno. Contra Podemos, la brigada política fabricó el informe PISA.

Los investigadores del caso Villarejo sospechan que, como otros encargos “parapoliciales”, Asuntos Internos pudo participar en la Operación Kitchen. Martín-Blas defiende que él nunca ha trabajado junto a Villarejo. El enfrentamiento entre ambos comisarios acabó con Martín-Blas cesado.

En autos recientes, el juez García Castellón incluye la siguiente afirmación en relación con la Operación Kitchen: “Dirigentes del Partido Popular se habrían servido a su vez de miembros del Cuerpo Nacional de Policía para conseguir objetivos particulares de dicho partido político o de cargos del mismo a través de la comisión de hechos delictivos con abuso de funciones”. Por encima de Pino en Interior solo estaban Ignacio Cosidó, director general de la Policía; Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad; y el ministro Fernández Díaz. Como parlamentarios, a día de hoy los tres están aforados ante el Tribunal Supremo.

El juez tomará declaración como testigo este jueves al inspector jefe Manuel Morocho, el principal investigador del caso Gürtel y la caja B del PP a las órdenes de la Audiencia Nacional. García Castellón quiere preguntar al policía si los resultados de la de la Operación Kitchen fueron puestos en su conocimiento, como responsable policial de la investigación en el juzgado.

Los comisarios imputados defienden que el espionaje a Bárcenas tenía por fin descubrir sus testaferros y dinero escondido y que, en parte, lo consiguieron. Fuentes policiales confirman a eldiario.es que el instructor policial de las diligencias, el policía Morocho, nunca participó en la Operación Kitchen ni fue informado de nada referente con la misma. Junto a Morocho declara hoy el excomisario general de Información, Enrique Barón, quien tampoco habría sido informado del uso de funcionarios de su estructura para el espionaje al extesorero.

Fuentes Gago, una coartada para Villarejo

También en un destacado lugar de las maniobras policiales, pero sin unidad que mandar, estuvo José Angel Fuentes Gago. Este inspector jefe hizo las veces de jefe de gabinete en la Dirección Adjunta Operativa de Eugenio Pino durante la mayor parte del mandato del comisario.

Bonifacio Díaz Sevillano, antiguo agregado de Interior en Andorra y quien ya trabajaba en la brigada política, sustituyó a Fuentes Gago cuando éste fue premiado con un destino en el extranjero. Ambos aparentaron actuar como jefes de gabinete de Pino. Su papel en la trama de la policía política tuvo que ser, sin embargo, desvelado por informaciones periodísticas que iban dibujando la verdadera silueta de ambos policías.

El Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz se vio obligado a abrir sendas investigaciones internas cuando El País publicó el patrimonio millonario del comisario Villarejo y otros dos medios de comunicación reprodujeron un extracto de la conversación mantenida entre el policía e Ignacio González, a cuenta del origen del lujoso ático de éste último. El elegido para dirigir esas pesquisas sobre Villarejo fue Fuentes Gago, a pesar de que trabajaba junto a Villarejo en la Dirección Adjunta Operativa y de que era un policía de menor rango que el investigado. En ambas , Fuentes Gago concluyó que no había irregularidad alguna en la actuación de Villarejo.

José Ángel Fuentes Gago guardaba en su teléfono móvil el pantallazo de la falsa cuenta de Xavier Trias en un banco suizo. El exdirector de la Oficina Antifrau de Catalunya Daniel de Alfonso confesó ante la comisión de investigación del Congreso que el inspector jefe le mostró esa información en su terminal telefónico. De Alfonso es el protagonista, con Jorge Fernández Díaz, de las grabaciones en el despacho del ministro, en las que este describe buena parte del funcionamiento de la Operación Catalunya. En esas grabaciones, tanto Fernández Díaz como De Alfonso reconocen a Fuentes Gago como muñidor del encuentro entre ambos. Ante el Congreso, Fuentes Gago dijo no haber pertenecido a ninguna brigada política.

La información por la falsa cuenta de Trias fue portada de El Mundo y su origen está en la Policía, según ha admitido públicamente el director adjunto operativo de la época y artífice de la brigada política, Eugenio Pino. A día de hoy no ha trascendido cuánto dinero de los fondos reservados se utilizó para comprar esa información falsa, ni qué policías se desplazaron a un país extranjero a obtenerla, como fuentes policiales aseguran que ocurrió.

Por su parte, Díaz Sevillano se sentará en el banquillo junto a Pino por intentar introducir información robada en la investigación que se sigue a los Pujol en la Audiencia Nacional. Por eso y por mentir al juez José de la Mata cuando abrió una pieza separada para investigar la maniobra. El juez ha dictado auto de pase a procedimieno abreviado por los delitos de revelación de secretos, fraude procesal y falso testimonio. La acusación particular les pide más de dos años de cárcel.

El club de los 'diezmileuristas'

Díaz Sevillano, Fuentes Gago y otro policía compartían un despacho en la calle Rafael Calvo de Madrid, sede de la Dirección General de la Policía, que mandos policiales describen como la auténtica sede de la policía política. Durante su declaración en la Audiencia Nacional por el pendrive de los Pujol, Díaz Sevillano le dijo al juez que allí guardaban un disco duro externo con las informaciones que les llegaban y que lo destruyeron por orden de Pino.

Condecorados en ese periodo con una medalla pensionada, esta no fue la única recompensa para ambos inspectores jefes. Los dos fueron destinados a embajadas españolas con remuneraciones estratosféricas, convirtiéndose así en miembros del club de diezmileuristas que el comisario Pino creó con sus máximos colaboradores. Fuentes Gago marchó a La Haya como agregado de Interior con una remuneración de 10.000 euros brutos mensuales. Cuando llegó, su mujer, también policía, llevaba meses en otro destino de la Policía española en esa misma ciudad, con un sueldo muy parecido. El destino de su esposa también lo había decidido Eugenio Pino.

Díaz Sevillano, por su parte, fue agraciado con la embajada española en México. Su sueldo bruto, más de 11.000 euros mensuales. El actual equipo de Interior cesó a ambos en una de sus primeras medidas tras el cambio de Gobierno y ahora ocupan destinos burocráticos en el Cuerpo Nacional de Policía.

Policías que participan en una operación extrajudicial. Policías que manejan el dinero de los fondos reservados. Policías que trabajan con un fines distintos a la persecución de delitos. Con estos tres paneles, tan próximos a formar la silueta de una guerra sucia, trabaja la Audiencia Nacional en la investigación del espionaje a Luis Bárcenas, el extesorero del PP que un mes después de entrar en la cárcel reveló la financiación irregular de la formación desde su nacimiento.

Estas tres prácticas policiales habían aflorado hasta ahora en los ataques que la oposición sufrió entre 2012 y 2016, la primera legislatura de Mariano Rajoy. Pero las últimas revelaciones acerca de la Operación Kitchen demuestran que las prácticas de un grupo de agentes en la cúspide del organigrama de la Policía también se dirigieron a proteger al partido del Gobierno.

Tres mandos policiales, entre ellos el máximo responsable operativo del cuerpo, están investigados por malversación, prevaricación, cohecho, robo y allanamiento de morada. Estas imputaciones se traducen en que son sospechosos de haber organizado un plan para obtener cualquier información o documento en poder de Bárcenas o su entorno que pudiera perjudicar al Partido Popular o, como aseguró el comisario Villarejo el viernes en la Audiencia Nacional, directamente al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Villarejo le dijo al juez que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le encargó recuperar la información “comprometedora” de Rajoy y que eso era un objetivo prioritario.

Para hacerlo utilizaron los fondos reservados del Ministerio del Interior, con los que habrían pagado al chófer de la familia y, aquí radica la última novedad, presuntamente a un delincuente común que se disfrazó de cura y, armado con una pistola, asaltó la casa de la familia del extesorero. Por eso los fiscales Anticorrupción incluyeron el delito de allanamiento en su solicitud de imputación de esos tres mandos y el chófer. El juez Manuel García-Castellón preguntó por la maniobra del falso cura en las declaraciones que tomó la pasada semana, pero los policías investigados negaron tener conocimiento de aquello.

Esta imputación es la segunda de Eugenio Pino, jefe operativo de la Policía en aquella época. La otra está vinculada a la Operación Catalunya, la gran misión de la brigada política que él puso en marcha en el seno de la Dirección Adjunta Operativa. El hoy comisario jubilado se enfrenta a una petición de más de dos años de cárcel por haber intentado introducir de forma irregular información robada en la causa contra los Pujol.

Jefe de los antidisturbios con Aznar, Eugenio Pino hizo de la escalada soberanista en Catalunya el objetivo a combatir por un cuerpo que desempeña funciones de policía judicial, al que trascienden por ley los trabajos de inteligencia. El disfraz fue la persecución de la corrupción que cercaba a dirigentes de la derecha nacionalista catalana. Pero todo se quedó en investigaciones prospectivas, sin control judicial, que culminaban en informes sin firma ni sello. Estos, en lugar de ser enviados al juzgado, acababan en las portadas, digitales o en papel, de medios afines en Madrid.

Después de Catalunya, Podemos

El devenir de la primera legislatura de Rajoy puso el foco en Podemos, el partido entonces en auge de la izquierda. De nuevo, un supuesto informe policial comenzaba a circular por algunas redacciones hasta que un medio digital se decidió a publicarlo, a lo que siguió una cascada inmediata de informaciones en el mismo sentido. Como había ocurrido con los informes apócrifos de la Operación Catalunya, el momento no fue casual. Si los primeros aparecían coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista, el informe contra Podemos irrumpió al arrancar las negociaciones sobre la posible investidura de Pedro Sánchez en enero de 2016.

El autor o autores se atrevieron a llamarlo Informe P.I.S.A (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). Otra vez sin firma ni sello, el documento suponía un hito en el trabajo de inteligencia, pero por el bochorno que provocó en los expertos. El Centro Nacional de Inteligencia, habituado a guardar silencio sobre cualquier cuestión, se desvinculó rotundamente del mismo en respuesta a los periodistas que todavía dudaban de la procedencia del informe.

Aquella maniobra todavía depararía algún otro hecho sin precedentes. El Ministerio del Interior reconoció que el papel salía de la Dirección Adjunta Operativa y que se había entregado a la UDEF, la unidad de Policía Judicial que, entre otros fenómenos delictivos, combate la corrupción. El problema surgió al tener que entregar aquel material a un tribunal y que éste lo valorara. La solución estuvo en Manos Limpias, el pseudosindicato ultraderechista dedicado a poner querellas que, como ha demostrado una investigación judicial, era un instrumento de extorsión. La organización recibió el informe por alguna vía y lo incorporó a una querella contra Iglesias y Errejón.

El Tribunal Supremo despreció el contenido del documento que atribuía a Podemos, a través de conjeturas, una financiación procedente de Irán. Antes de hacerlo, elespanol.com desveló que comisario jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, se había ofrecido a jueces del Tribunal Supremo para aclararles cualquier duda que les presentara el papel.

Revisión del 11-M diez años después

Cuando parecía que “rojos” y separatistas completaban la nómina de objetivos de la brigada política, Pino habló en una entrevista a El Mundo en febrero de 2017. En ella reconocía la existencia de otro informe, éste para aclarar “algunas cosas” del 11-M diez años despúes del mayor atentado de la historia de España, que precedió en tres días a la victoria del PSOE en las elecciones de 2004 y bajo cuyo Gobierno se desarrolló el grueso de la investigación policial.

El DAO había ordenado la creación de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) en el seno de Asuntos Internos con el supuesto fin de estudiar fallos de la Policía en investigaciones pasadas. La opacidad con la que trabaja Asuntos Internos fue aprovechada por Pino para encargos que nada tenían que ver con la investigación de delitos cometidos por policías, como la llamada con posterioridad Operación Catalunya.

El 11-M había servido a un sector del PP para lanzar acusaciones infundadas sobre implicaciones y objetivos distintos a los que aparecen en las sentencias judiciales. Pero la del 11-M no fue la única investigación que hurgó en la época socialista. El Faisán, el chivatazo a una red de extorsión de ETA en pleno proceso de paz de 2006, también fue objeto de informe por la BARC. Solo dos policías habían sido condenados, sin que pudiera demostrarse que algún responsable político del ministerio en aquella época hubiera participado en el soplo.

Los supuestos resultados de Kitchen se evaporaron

A diferencia de éstas, en la operación para obtener de los Bárcenas información comprometedora para el PP no participó Asuntos Internos. Coincidió, sin embargo, en que Kitchen se desarrolló a espaldas de un juez, en este caso el que investigaba la caja B del PP. Ni el magistrado Pablo Ruz, ni los policías de la UDEF que trabajaban a sus órdenes directas participaron o fueron informados del resultado de la Operación Kitchen, confirman fuentes del caso.

Dadas las evidencias, ¿cómo han justificado el operativo sus responsables? El pasado viernes, el comisario Enrique García Castaño dijo al juez que había que recuperar el dinero oculto de Bárcenas y descubrir quiénes eran sus testaferros. Según adelantó eldiario.es, el comisario incluso señaló a uno de ellos, Javier Sánchez-Lázaro, un exsenador del PP, amigo de Bárcenas, al que nunca se llamó a declarar ni aparece en ningún informe. La explicación está en que los supuestos descubrimientos de la denominada Operación Kitchen nunca fueron puestos a disposición de la investigación judicial por la caja B del PP. El comisario Villarejo también declaró que la Kitchen era un operativo oficial contra la corrupción.

“La Operación Kitchen no existe. No existe”, repitió ante las cámaras el jueves Eugenio Pino, el máximo responsable de la denominada brigada política. Lo hizo al abandonar la Audiencia Nacional, después de que se pospusiera su declaración como imputado por la sobrecarga de trabajo que soporta el Juzgado del caso Villarejo. Y lo dijo a pesar de que en los registros al comisario que da nombre a la causa se encontraron recibís de los pagos de los fondos reservados al chófer de los Bárcenas, al testimonio judicial del topo y otros implicados en la maniobra y a la documentación que el Ministerio del Interior actual ha enviado a la Audiencia Nacional.

A la espera de la declaración de Pino mañana martes, la afirmación del exDAO a las puertas del tribunal podría abundar en la tesis de García Castaño, con el que comparte bufete de abogados, el del exjuez Baltasar Garzón: el nombre de Kitchen fue un invento de Villarejo (por el aspecto de cocinero que tenía el chófer) y todo lo que aflora es el rastro de una operación policial para perseguir los graves delitos de Bárcenas. Villarejo no habló en su declaración de testaferros ni dinero oculto: atribuyó al director general de la Policía de entonces, Ignacio Cosidó, la orden de recuperar información “comprometedora” porque afectaba al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Por encima de Eugenio Pino, el policía en la cúspide del organigrama policial, solo estaban Cosidó; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. La Audiencia Nacional no podría investigarlos porque los tres son parlamentarios y están aforados ante el Tribunal Supremo. Cosidó y Fernández Díaz han sido elegidos por el actual presidente del PP, Pablo Casado, para integrar su ejecutiva.

El exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino ha visto cómo su declaración como investigado en la Audiencia Nacional por el espionaje a Luis Bárcenas se posponía por problemas de agenda del Juzgado Central de Instrucción número 6. A su salida, y a preguntas de los periodistas, Pino se limitó a decir: “La Operación Kitchen no existe”.

El comisario Eugenio Pino dirigió la Policía entre 2012 y 2016 por decisión del Gobierno del Partido Popular. Por encima de él solo estaban el director general, Ignacio Cosidó; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; y el ministro, Jorge Fernández Díaz. En la actualidad, estos tres políticos están aforados ante el Tribunal Supremo.

Desde su puesto al frente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), Eugenio Pino creó una estructura dedicada supuestamente a labores de inteligencia y que realizó las investigaciones prospectivas contra políticos independentistas o el informe sobre la falsa financiación ilegal de Podemos.

A las órdenes directas de Pino trabajó durante aquellos años el comisario José Manuel Villarejo, principal investigado de la Operación Tándem. Una pieza separada de esta causa, la número 7, indaga en el espionaje a Bárcenas y su familia en 2013 con fondos reservados, otra supuesta actuación de la brigada política, la denominada Operación Kitchen.

El Consejo de Ministros ha acordado desclasificar información relacionada con la operación de espionaje a Bárcenas en las últimas semanas y, según Europa Press, va a hacer lo propio con nuevo material en su reunión de mañana viernes. El destino de esa información será el juzgado que investiga el caso Villarejo y también el que se encarga de la caja B del PP.

Villarejo también estaba citado hoy como imputado. El comisario, trasladado desde la prisión de Estremera, ha sido el último en pasar a disposición ante el juez del caso Tándem.

Otro de los imputados en esta pieza 7, Enrique García Castaño, ha prestado esta mañana declaración ante el juez durante más de dos horas. García Castaño era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) y habría participado en la captación y monitorización del chófer de Bárcenas, el topo que introdujo la brigada política para obtener información comprometedora de la financiación del PP.

El chófer, Sergio Ríos Esgueva, y otro comisario, el antiguo asesor de Cospedal Andrés Gómez Gordo, han prestado también declaración esta semana. Ríos Esgueva explicó al juez su participación en la Operación Kitchen y Gómez Gordo solo admitió haber puesto al chófer, al que conocía de antes, en contacto con Villarejo.

La grabación de una discusión mantenida por teléfono en 2005 entre los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño, ambos poderosos mandos policiales en la época y actualmente imputados por graves delitos, pone de manifiesto las precauciones que tomaban en sus comunicaciones con el objetivo de no ser descubiertos. En uno de los informes incorporados al sumario de la Operación Tándem, Asuntos Internos mantiene que esta prevención evidencia que el agente era consciente de la “ilicitud de sus negocios”. 

En el audio, al que ha tenido acceso eldiario.es, García Castaño reprocha de manera acalorada a Villarejo que le hubiera enviado una información a su cuenta oficial de correo electrónico. “¡No me mandes correos electrónicos! ¡No me seas gilipollas, tronco!”, le espeta. “¡Que tiene rastreador, coño!”, añade antes de decirle que no sea “pardillo” y que, si a él le ordenaran investigarle, lo pillaría “en tres minutos”. “Es que no entiendo cómo llevas toda tu puta vida y no te han pillao nunca”, insiste minutos después. 

Villarejo, por su parte, se defiende diciendo que se ha comunicado desde una dirección que no tiene “nada que ver” con él y que sólo era una información que había salido publicada en la agencia Europa Press dos semanas antes. “Es que le das demasiada importancia”, le dice en otro momento.  

La discusión tuvo lugar el 17 de octubre de 2005. Entonces, Villarejo estaba destinado en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, donde ejercía como una suerte de liberado al servicio de la cúpula del Cuerpo. García Castaño, por su parte, era jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), enmarcada en la estructura antiterrorista de la Policía, y encargada de colocar los sistemas de escucha y rastreo y de captar fuentes de información y de pagarlas, entre otros cometidos. Este último dirigió la UCAO entre 1994 y 2017, con una interrupción de un año en 2005 por la destitución que ordenó el comisario general Telesforo Rubio.

La grabación está incorporada a la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra García Castaño por revelación de secretos, cohecho, blanqueo y pertenencia a organización criminal, y que el juez Diego de Egea separó del caso en el que Villarejo es el principal imputado. Este último permanece recluido en la cárcel madrileña de Estremera desde noviembre del año pasado acusado de liderar una organización criminal con la que se enriqueció mientras era policía en activo, utilizando las ventajas de su condición de funcionario público (placa, pistola...). 

En otra parte de la conversación, que tiene una duración de cinco minutos, García Castaño insta a Villarejo a tener cuidado con los teléfonos móviles, a los que también se refiere como “canutos”. “¡Joder con el puto teléfono, los putos teléfonos móviles, joder, hostias! ¡Hazme caso, joder!”, grita. Y añade: “¡Es que me ponéis de los nervios, joder! Porque no sois profesionales, ¡cojones! (...) Hay que trabajar como un profesional, tronco, porque no se puede trabajar como un pardillo”. 

Villarejo procura quitarle importancia al incidente. Le dice que no se preocupe, que es una “chorrada”. Pero García Castaño no parece estar muy convencido de ello. E insiste en que este tipo de cosas son “malas” para el “trabajo operativo”. “Es que no entiendo cómo llevas toda tu puta vida y no te han pillao nunca. ¡Yo no lo entiendo, macho!”, añade. “Será porque no soy tan malo como tú crees”, intenta entonces zanjar Villarejo. A continuación, ambos quedan para verse el día siguiente y “matizar” todas las cosas.   

Según la Fiscalía Anticorrupción, ambos forman parte de un “clan policial mafioso” en el que Villarejo, acusado de montar una estructura paralela desde la que ofrecía todo tipo de servicios a la élite empresarial (informes para desacreditar a adversarios, extorsiones, chantajes...), actuaba como líder. García Castaño, por su parte, está acusado de suministrarle información confidencial y reservada para que éste elaborara los documentos que luego Villarejo vendía a precios desorbitados. 

El juez del caso Villarejo, Diego de Egea, garantizó al comisario Enrique García Castaño que no ordenaría su detención un mes y medio antes de que ésta se produjera por orden de la Fiscalía, sin el aval del instructor de la causa. “El magistrado-juez me ha comunicado que no existe intención por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de ordenar detención alguna”, manifestó ante notario el propio García Castaño ese 28 de mayo, según el acta a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Fuentes de la Audiencia Nacional han confirmado este extremo y han explicado que en el Juzgado no constaban indicios de peso en ese momento contra García Castaño, una versión que niega la Fiscalía Anticorrupción. El comisario está acusado en la actualidad de organización criminal, blanqueo de capitales, revelación de secretos y cohecho. Los fiscales creen que utilizaba su puesto de mando antiterrorista para obtener información confidencial que luego vendía a Villarejo y que acababa en los informes que éste elaboraba para la élite empresarial del país a cambio de elevadas sumas de dinero.

El comisario García Castaño se presentó el 28 de mayo en la Audiencia Nacional para ofrecerse a declarar como testigo en el caso Tándem, nombre de la Operación que mantiene a Villarejo en prisión. Alegó que “unos periodistas” le habían informado de la investigación en su contra. El comisario pidió ver al juez y éste le recibió y le atendió “muy diligentemente”, según plasmó el policía en el acta notarial.

García Castaño iba a acompañado de dos abogados del despacho que le defiende y que dirige Baltasar Garzón, con quien el comisario colaboró intensamente en operaciones antiterroristas antes de que fuera expulsado de la carrera judicial. Durante el encuentro, García Castaño obtuvo la garantía de que no iba a ser detenido por parte del juez De Egea. En el momento en el que el magistrado hizo esa afirmación, la causa estaba bajo secreto de sumario y en ella habían aparecido ya varias indicios que apuntaban directamente al comisario.

El primero de esos indicios surgió en marzo, en la investigación de la pieza principal del caso Tándem. Son dos coches de alta gama que conducían la actual mujer de García Castaño y su hija y que habían sido adquiridos por Cenyt, una de las empresas del conglomerado que dirige el comisario Villarejo. 

La causa tiene varias piezas separadas, bautizadas con el nombre de los dosieres que Villarejo ponía a los trabajos que realizaba para distintos clientes. En abril, el rastro de El Gordo, como se conoce a García Castaño en ámbitos policiales, había surgido en la pieza denominada Iron, sobre la intervención de Villarejo en la guerra entre dos bufetes de abogados, afirman fuentes del caso. Un documento con el título “gestiones BIG” muestra nombres de socios del despacho espiado, Balder Ip Law, con sus teléfonos, lo que hace pensar a los investigadores que El Gordo había conseguido la titularidad de esos teléfonos para Villarejo. 

En mayo, antes de la visita al juez, aparece en la investigación de la pieza Land otra referencia a Big. En esta pieza se investiga la contratación de los servicios del comisario Villarejo por parte los dueños de la urbanización de lujo La Finca, en relación con una disputa por una herencia de la familia Cereceda. De este documento se desprende que Big ha ido más allá y ha conseguido el tráfico de llamadas de algunos espiados. Al tiempo, se encuentra una presunta gestión de Big o El Gordo para conseguir el modelo 347 del principal objetivo del informe Iron obtenido de forma irregular de la Agencia Tributaria.  

El juez consideró que esos indicios no eran lo suficientemente contundentes como para que le impidieran garantizar a García Castaño que él no iba a ordenar su detención. De Egea pensaba que un comisario principal del Cuerpo Nacional de Policía nunca iba a dejar de comparecer si se le citaba como testigo, según explican las citadas fuentes de la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a este comisario principal un papel esencial en el “clan mafioso” que lideraba presuntamente el comisario Villarejo y que, a través de ambos, habría echado raíces en lo más alto de la “jerarquía” policial y en las “altas instancias” de la seguridad del Estado.

El Gordo ha sido durante dos décadas jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), enmarcada en la estructura antiterrorista de la Policía, pero que no solo trabaja para ella. La UCAO controla los instrumentos de vigilancias y escuchas y capta información de fuentes para la lucha contra la ETA, el yihadismo y también contra la corrupción o el narcotráfico. La UCAO y El Gordo no dirigían ninguna investigación, pero estaban en todas las importantes.

Asuntos Internos se encontró la casa “limpia”

Los tentáculos de Villarejo y García Castaño en la Policía obligaron a blindar la investigación desde el principio. La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Asuntos Internos lograron detener a Villarejo el 3 de diciembre sin que éste recibiera antes un chivatazo. Ahí radica el éxito por el material incautado al hoy comisario jubilado, casi 40 terabytes de grabaciones realizadas durante décadas. Con García Castaño no hubo tanta suerte. Cuando Asuntos Internos irrumpió en su casa el 11 de julio, el domicilio del comisario estaba “limpio”. Allí no se encontró una sola evidencia, describen fuentes del caso.

De hecho, el día que fue a visitar al juez, seis semanas antes de su arresto por orden de Anticorrupción, el Gordo ya sabía por qué se le investigaba, la presunta venta de investigación confidencial a Villarejo. Así queda de manifiesto en el escrito que lee al juez De Egea el 28 de mayo. “Entre las competencias propias que desarrollé como comisario jefe de la UCAO, en múltiples casos y siempre con conocimiento de mis superiores, suministré datos referidos a investigaciones siempre que me fue solicitada por las autoridades policiales, a través de las estructuras de la Comisaría General de Información, mediante sus cauces oficiales, circunstancia que puedo acreditar”, anticipa el comisario en el escrito. Este documento, al igual que el acta notarial, está incorporado al sumario de la causa que se sigue contra García Castaño.

En el siguiente punto del escrito se insiste en la legalidad de ese tráfico de datos y se cuida de incluir entre sus destinatarios a la la Fiscalía, el organismo que sostiene la causa contra él. “Toda la información del trabajo de las operaciones siempre ha sido entregada a las autoridades pertinentes y a los mandos correspondientes, entre ellos a la propia Fiscalía Anticorrupción”, se lee.

En este mismo escrito, El Gordo asegura que se dirigió al jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía en cuanto conoció, en noviembre de 2017, que Villarejo había sido detenido. Le informó, afirma, de que los dos vehículos que conducían su actual mujer y su hija fueron adquiridos por las empresas del comisario Villarejo para que no hubiera rastro de su verdadera titularidad por motivos de seguridad. También para ahorrar en impuestos.  

Pero el juez del caso y el jefe de la unidad policial investigadora, la blindada Asuntos Internos, no fueron las únicas instancias a las que acudió García Castaño semanas antes de su arresto. Según indica el acta notarial, y confirman en la Audiencia Nacional, fue el propio magistrado De Egea quien recondujo al comisario a la Fiscalía Anticorrupción, porque “sería recomendable” que se pusiera a disposición de los fiscales del caso.

Y a la sede de Anticorrupción acudió ese mismo día. “Los dos fiscales me han comunicado que se han visto sorprendidos de mi propósito, ya que la causa está secreta y que han quedado suficientemente informados de mi intención y predisposición”, narró ante notario García Castaño. El 11 de julio, durante el registro de su domicilio, el comisario trasladó su extrañeza por el hecho de ser detenido sin consentimiento del juez. Los fiscales le explicaron que no lo necesitaban. La defensa del comisario ha presentado varios escritos en los que solicita que se declare nulo el arresto. En los mismos aluden a la afirmación realizada por el juez en su despacho el 28 de mayo.

Los indicios que aprecia el magistrado contra García Castaño son tan endebles que decidió no formar pieza separada del caso Tándem y abrir unas diligencias nuevas que envió a reparto. La Audiencia Nacional se las devolvió por antecedentes, de tal forma que la causa contra el Gordo se instruye aparte y sus recursos son resueltos por una sección distintas de la Audiencia Nacional.

Archivado el caso del tercer comisario

Este martes, el juez De Egea rechazó reabrir la investigación contra el tercer comisario detenido en la Operación Tándem, Carlos Salamanca. Su archivo se produjo con la oposición de la Fiscalía Anticorrupción, que ha recurrido ante la Sala de lo Penal. Antes de que ésta se pronuncie, los fiscales presentaron nuevos indicios aparecidos en las grabaciones incautadas a Villarejo y que demostrarían la participación de Salamanca en sus negocios.

El juez alega, entre otras causas, que las acusaciones de Anticorrupción contra Salamanca se hacen “sin tener cuenta el conjunto de la conversación, así como el contexto en el que las mismas se llevaron a cabo”. Añade que son “estas conversaciones telefónicas los únicos elementos de imputación que han sido presentados por el Ministerio Fiscal hasta el presente momento procesal, sin que quedar ratificados por ningún otro indicio objetivo de criminalidad”.

Juan Carlos I fue proclamado rey de España en 1975, el año en que la Policía asignó su primer destino relevante a José Manuel Villarejo, la lucha contra ETA en Euskadi.  Cuarenta y dos años después el decadente final del todopoderoso comisario, encarcelado como cabecilla de una trama de corrupción, amenaza con arrastrar al monarca y arruinar lo que queda de la leyenda que acompañó durante casi medio siglo al rey de España. Los audios con los que el comisario jubilado intenta sacudirse las graves acusaciones en su contra han arrasado la imagen del rey emérito, aquella visión idílica del jefe del Estado ha quedado hecha añicos por la gravedad de las conductas que describe en esas grabaciones su presunta amante Corinna Zu Sayn Wittgenstein.

¿Qué hacía un policía adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía entrevistándose con la amiga del rey en Londres con un importante empresario como testigo en la cita? La respuesta, o la falta de ella, resultan esclarecedoras. Villarejo se definía a sí mismo como “agente encubierto”, un cajón de sastre que le ha servido durante cuarenta años para justificar su presencia en escenarios y situaciones que desbordan la misión que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reserva a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. Una situación que toleraron, cuando no fomentaron, todos los gobiernos de la democracia: desde UCD al PP pasando por el PSOE. A todos les resultaron útiles esos servicios de policías acostumbrados a vivir en el límite de la ley e incluso a salirse por fuera de ella ya fuese para misiones antiterroristas o cualquier otra misión de Estado que se les encomendase.  

Ocurrió recientemente con la Operación Cataluña, cuya legalidad siguió defendiendo Villarejo en sede judicial, a pesar de que la búsqueda prospectiva del delito en que consistía, la falta de control judicial y su intencionalidad política también sobrepasaban todos los cometidos de la Policía.

Tanto las maniobras contra el proceso soberanista como el viaje a Londres para entrevistarse con la comisionista amiga del rey se producen en el periodo de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior y del comisario Eugenio Pino al frente de esa Dirección Operativa, una de las etapas más oscuras del Cuerpo, según coinciden mandos de una y otra época. En esas alcantarillas del Estado se movía Villarejo con tres DNI distintos y otras tantas identidades falsas facilitadas por la Secretaría de Estado de Seguridad.

Esa libertad de movimientos que él defiende abarca gran parte de la carrera del comisario más famoso de España y sólo acabó tras su jubilación hace dos años. Villarejo estuvo fuera de la Policía entre 1983 y 1993, año de su regreso con el socialista José Luis Corcuera en el Ministerio del Interior. También con el PSOE en el Gobierno, el comisario recibió el encargo de investigar el ático de Ignacio González, uno de los dirigentes más poderosos del PP en Madrid y rival político de los socialistas en aquel momento.

Es el mismo Villarejo que sigue imputado por agredir a una doctora en Madrid, presuntamente por orden del empresario Javier López Madrid, el amigo o antiguo amigo del actual jefe del Estado, hijo de Juan Carlos I. Felipe VI y la reina Letizia trasladaron su apoyo a López Madrid en pleno escándalo de las tarjetas ‘black’ con unos mensajes cuyo contenido desveló en marzo de 2016 eldiario.es. Habían pasado cuatro años desde que su padre pidiera perdón a los españoles por romperse la cadera en una cacería de lujo en Botswana, junto a Corinna Zu Sayn Wittgenstein, mientras la crisis económica devoraba a buena parte de sus súbditos.

Operación Tándem, el golpe definitivo

Villarejo es también el cupable de que un país entero asista ahora perplejo a un  espectáculo nunca visto. Programas en prime time y tertulias de radio que durante décadas cantaron las bondades de la monarquía y presentaron al Rey Juan Carlos como una figura intocable garante de la democracia y la unidad de los españoles, hablan ahora sin tapujos de sus amantes, de sus cuentas en Suiza y de los mismos testaferros que sirvieron a la red Gürtel para esconder el dinero de sus millonarios botines. 

Todo eso sucede porque el futuro del comisario Villarejo se torció definitivamente el 3 de noviembre del pasado año, cuando fue detenido por Asuntos Internos acusado de organización criminal, blanqueo de capitales y cohecho.

No era la primera investigación desde que, en poco tiempo y después de años en el anonimato, distintos casos lo han colocado continuamente bajo el foco. Las pesquisas a raíz del caso del Pequeño Nicolas, que lideró su antiguo compañero de la policía política y hoy enemigo, el comisario Marcelino Martín Blas, fueron rechazadas por Fiscalía y jueces por inconsistentes. Pero esta vez la Audiencia Nacional asumió las tesis de Anticorrupción y la Unidad de Asuntos Internos y ordenó detener y encarcelar provisionalmente a Villarejo como pieza principal de la llamada Operación Tándem.

El grueso de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción continúa secreta ocho meses después. De lo conocido hasta ahora se desprende que los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa comenzaron a tirar del hilo que proporcionó un empresario para desmontar toda la trama liderada por el comisario, una organización dedicada a vender a un alto precio dossieres para desacreditar a rivales empresariales, políticos o para torpedear procesos judiciales o blanquear dinero.

Escuchas y fondos reservados

La investigación apunta que esa organización criminal estuvo liderada por Villarejo también durante su periodo en activo. En ella desempeñaron distintos papeles otros dos comisarios, según la investigación, Carlos Salamanca y Enrique García Castaño, conocido éste último en ambientes policiales como El Gordo. Ambos fueron jefes de una de las unidades más sensibles de la Policía, la Central de Apoyo Operativo (UCAO), encargada de los seguimientos y escuchas en materia antiterrorista, de la captación de fuentes, del manejo de fondos reservados, el lugar donde recaían los “encargos especiales” de los distintos gobiernos, el eufemismo habitual para las misiones sin control judicial.

Como en el caso de Villarejo, los dos comisarios entraron en la Policía en plena Transición. García Castaño dos años después que el anterior, en 1975; Salamanca, en 1979. La carrera en la Policía de los tres, ahora manchada por la Operación Tándem, ha corrido paralela al reinado del monarca. A su manera, todos han disfrutado del beneplácito político y mediático o al menos de su silencio. La lacra de tantos años de terrorismo, el intento de golpe de Estado, y las supuestas necesidades de una democracia incipiente contribuyeron a que algunas instituciones quedaran fuera del control del Parlamento, de los medios de comunicación y a veces también de la Justicia. 

Juan Carlos I fue el símbolo del sistema político construido tras la dictadura. Los comisarios recibieron cuarenta años de cobertura a una forma de actuar por el bien superior que implicaba el combate del terrorismo y más recientemente la gravedad del desafío soberanista catalán.

La prensa no fue ajena a todo ello y ahí está el papel que desempeñaron algunos medios de comunicación en la Operación Cataluña, con la publicación de informes “de inteligencia”, apócrifos, construidos para ser difundidos cuando convenía y no para entregarlos a un juez.

La relación con los jueces: “Baltasar es amigo”

De aquella era de los grandes despliegues humanos y de medios para combatir el azote de ETA procede la estrecha relación entre los comisarios y jueces de la Audiencia Nacional. “No te preocupes, Baltasar es amigo”, le dijo García Castaño al comisario condenado por el caso Faisán en un pinchazo telefónico. El mismo Baltasar Garzón que a través de su despacho de abogados se ha hecho cargo ahora de la defensa de García Castaño, como lo hace desde noviembre de la de Carlos Salamanca. El juez defendió los servicios al Estado de Villarejo en el programa de Jordi Évole dedicado al comisario.

El abogado considerado mano derecha de Villarejo, Rafael Redondo, quien permanece junto a él en la cárcel de Estremera, es socio de un forense de los juzgados de Plaza de Castilla que hace una década montó una escuela jurídica por la que pasaron, cobrando, una larga lista de magistrados de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y en la que tuvo una participación de promoción activa el fiscal general del Estado José Manuel Maza, fallecido el pasado invierno. 

Los indicios reunidos por Anticorrupción señalan que los tres mandos detenidos en la Operación Tándem habrían compaginado su trabajo de funcionarios con la práctica del delito, sirviéndose precisamente de su impunidad para enriquecerse. Su historia se cruza ahora con la del rey Juan Carlos I, a quien la archifamosa Corinna  presenta ahora en esas cintas como un comisionista y un defraudador fiscal. “Yo estaba delante cuando pedía dinero para Nóos. No distingue lo legal de lo ilegal”, aparece diciendo su presunta amante en las grabaciones realizadas por Villarejo.

Ninguno de los protagonistas ha desmentido lo que se dice en esas cintas. Zu Sayn Wittgenstein ha emitido un comunicado para lamentar que se haya montado una campaña de desprestigio contra ella. Y la defensa de Villarejo ha confirmado, a través de otra nota de prensa, que las grabaciones difundidas son parte del archivo secreto del comisario, incautado en los registros de la Operación Tándem, que ya ha originado otras piezas separadas y detenciones contra clientes del negocio de Villarejo. En la nota del letrado Ernesto Díaz Bastien se sugiere que la Policía podría haber filtrado las grabaciones.

Desde el Ministerio del Interior y la Fiscalía Anticorrupción guardan silencio a la pregunta de si esos audios han sido localizados ya entre el abundante material requisado al comisario y si son objeto de alguna investigación. Sobre las publicaciones en los medios, una fuente de las pesquisas se limita a señalar: “Villarejo no nos va a marcar los tiempos”. El Gobierno de Pedro Sánchez respondió este viernes a través de su portavoz Isabel Celaá que las grabaciones “afortunadamente no afectan a Felipe VI” y subrayó tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo ni las considera.

En el sumario que ha permitido airear todo el escándalo figura también el comisario Carlos Salamanca que llevaba muchos años fuera de la lucha antiterrorista cuando fue detenido en noviembre. Antes de su último destino al mando de una unidad central contra la inmigración irregular fue el jefe policial del aeropuerto de Barajas. Allí habría protagonizado distintas corruptelas a cambio de dádivas de ciudadanos guineanos a los que facilitaba la entrada en España, según los investigadores.

El policía conducía dos Porsche que los investigadores creen recibió a cambio del trabajo para los guineanos. Fue detenido en su despacho de la Comisaría General de Extranjería por un grupo de agentes de Asuntos Internos que encabezó para la ocasión el comisario jefe de la Unidad, quien tuvo que lidiar con la oposicion inicial del entonces jefe de Extranjería, Juan Carlos Ortiz, a que el arresto se produjera en sus dependencias.

La investigación a García Castaño continúa secreta, pero desde la Audiencia Nacional se comunicó el viernes que está acusado de cobrar por facilitar datos protegidos de personas para los dossieres que elaboraba Villarejo. Su pareja y su hija están también imputadas. Ambas conducían sendos BMW a nombre de empresas de Villarejo, según fuentes jurídicas. También un hijo de Salamanca figura como investigado. La detención de García Castaño representó un choque entre el juez Diego de Egea y los fiscales del caso. El primero no acordó el arresto, que se hizo a instancias de la Fiscalía. Después, el Ministerio Público solicitó prisión incondicional y el magistrado decretó la libertad con medidas cautelares. 

“Encargos que nadie se atrevía a hacer”

En el centro de todo está el comisario Villarejo quien asegura que su fortuna procede de la recalificación de unos terrenos familiares en Córdoba y del trabajo que realizó en la década que se mantuvo en excedencia fuera de la Policía, entre 1983 y 1993. Precisamente, defiende que regresó al Cuerpo porque el Estado necesitaba una estructura empresarial ajena para dar cobertura a determinadas operaciones. También asegura que nunca ha cobrado de fondos públicos por su utilización. Desde el entorno de los policías defienden sus éxitos policiales: “Hacían lo que les encargaban y lo que nadie se atrevía a hacer”.

El comisario jubilado afirma en un texto, publicado por elespanol.com, que también la visita a Corinna constituía una misión de Estado. Que viajó a Londres a ganarse la confianza de la amiga del Rey por encargo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que quería averiguar el nivel de amenaza para el Estado y la Corona que era la comisionista alemana. La carta habría sido redactada por el comisario para ser entregada al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero como siempre acabó en los periódicos.

El CNI guarda en este asunto el silencio oficial de costumbre. Un silencio que solo rompió cuando Villarejo, en una de sus “notas informativas”, acusó a la Inteligencia española de negociar con Jordi Pujol para que éste no revelara las supuestas cuentas del rey en Suiza. El Mundo publicó esa nota en enero de 2017, once meses antes de la detención de Villarejo. Un portavoz del servicio secreto español hizo entonces un comentario sin precedentes al mismo periódico: “Cuando el CNI recibe un órdago, dice quiero”.

La Fiscalía Anticorrupción investiga al comisario Enrique García Castaño y a otro policía, Antonio Bonilla, por proporcionar información a José Manuel Villarejo para sus investigaciones a cambio de dinero. Ambos fueron detenidos este miércoles en el marco de la Operación Tándem que instruye el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea.

Según fuentes judiciales, Anticorrupción ordenó la detención de García Castaño y Bonilla acusados de delitos de revelación de secretos y cohecho impropio. Los dos pasarán a disposición judicial este viernes junto con la pareja y la hija de García Castaño, que han sido citadas como imputadas.

La investigación apunta a que García Castaño y Bonilla se sirvieron de los mecanismos del Estado para proporcionar documentación y secretos a Villarejo sobre las personas a las que estaba investigando el excomisario. Presumiblemente lo hacían a cambio de dinero.

La organización de Villarejo realizaba informes para desacreditar a rivales empresariales, entre otras funciones, por las que hombres de negocios y otros profesionales pagaban elevadas sumas de dinero. La mujer de Villarejo declaró la semana pasada ante el juez por el Proyecto Iron, un trabajo de investigación de Villarejo por el que pagó a un funcionario de Hacienda para conseguir información.

Esta hipótesis de la información a cambio de dinero se ha reforzado porque los agentes han encontrados dos vehículos marca BMW que usaban la hija y la pareja de García Castaño, pero que estaban a nombre de una de las sociedades de Villarejo, que posee un importante entramado empresarial. Villarejo continúa en prisión desde el pasado mes de noviembre a pesar de sus reiterados intentos por salir.

El juez ha abierto diligencias por estos hechos dentro del caso Tándem y autorizó registros en los domicilios de la pareja y la hija de García Castaño, y en el de Bonilla.

García Castaño, conocido en ambientes policiales como El Gordo, ha desarrollado el grueso de su carrera en labores antiterroristas, principalmente como jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), destinada a la captación de fuentes y a los métodos de grabación y seguimiento. Con independencia de esta función, en la Policía es conocida la dedicación de García Castaño a los encargos “especiales” de gobiernos de distintos signo durante la democracia.

La detención la efectuaron agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía en una investigación que lidera la Fiscalía Anticorrupción. Estos dos policías detenidos el miércoles se suman a Villarejo y al comisario Carlos Salamanca, ahora en libertad provisional, ambos arrestados en el inicio de la operación. Salamanca fue detenido en su despacho de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Ambos están acusados de liderar una organización criminal y blanqueo de capitales, entre otros delitos.

El histórico comisario del Cuerpo Nacional de Policía Enrique García Castaño ha sido detenido este miércoles en Madrid en el marco de la Operación Tándem, por la que lleva en prisión desde noviembre el comisario jubilado José Manuel Villarejo, han informado a eldiario.es fuentes próximas a la investigación. 

García Castaño, conocido en ambientes policiales como El Gordo, ha desarrollado el grueso de su carrera en labores antiterroristas, principalmente como jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), destinada a la captación de fuentes y a los métodos de grabación y seguimiento. Con independencia de esta función, en la Policía es conocida la dedicación de García Castaño a los encargos “especiales” de gobiernos de distintos signo durante la democracia. 

La detención ha sido efectuada por agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía en una investigación que lidera la Fiscalía Anticorrupción. Junto a García Castaño ha sido detenido otro policía de rango inferior, añaden las fuentes consultadas. 

Estos dos policías detenidos hoy se suman a Villarejo y al comisario Carlos Salamanca, ahora en libertad provisional, ambos arrestados en el inicio de la operación. Salamanca fue detenido en su despacho de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Ambos están acusados de liderar una organización criminal y blanqueo de capitales, entre otros delitos. 

Alusiones a Villarejo y la princesa Corinna

En febrero de 2017, García Castaño fue destituido de su puesto antiterrorista y enviado a un destino de castigo, al frente de la zona sur de Madrid, días después de que publico.es le grabara a escondidas y publicara sus comentarios despectivos sobre un superior. En el audio, García Castaño aludía a que el comisario Villarejo se preparaba para sacar a la luz información sobre cuentas en el extranjero del rey emérito en el caso de que los procesos judiciales contra él avanzaran. 

Para entonces, García Castaño ya se había visto salpicado por el asunto de la grabación a Ignacio González en una cafetería de Madrid. El comisario acompañó a Villarejo durante el encuentro en el que se habló de la investigación judicial del ático del expresidente madrileño. 

Precisamente este miércoles, elespanol.com y okdiario.com publican una conversación de Villarejo con la princesa Corinna Zu-Wittgenstein y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga en la que la aristócrata habla del dinero que Juan Carlos I esconde fuera de España. 

Hace dos meses, el anterior secretario de Estado de Seguridad envió a García Castaño al Consejo Asesor de la Policía, un órgano que suele estar destinado a antiguos miembros de la Junta de Gobierno, a la que el detenido este miércoles nunca perteneció. A los pocos días, García Castaño recibió la baja por enfermedad. En esa situación laboral se encontraba en el momento del arresto, informan fuentes policiales. 

Villarejo, Salamanca y García Castaño han mantenido una amistad con vaivenes durante décadas. Los tres tienen en común haber ingresado en la Policía en los estertores del franquismo o primeros años de la democracia, haber estado destinados en la lucha antiterrorista y participar en operaciones secretas, en el manejo de fondos reservados y en la captación de fuentes de información en todo tipo de ambientes. García Castaño arrancó su carrera en la Policía, aún veinteañero, en el grupo contra la “involución”, conocedor como era de los ambientes ultras.

La sospecha de los investigadores de la Operación Tándem es que los comisarios detenidos utilizaron su condición de policías para ganar dinero con operaciones ajenas a su trabajo de funcionarios. La organización de Villarejo realizaba informes para desacreditar a rivales empresariales, entre otras funciones, por las que hombres de negocios y otros profesionales pagaban elevadas sumas de dinero. 

Operación Veritas, choque de Villarejo y García Castaño

La relación documentada entre Villarejo y García Castaño se remonta a 1995 y comienza con un enfrentamiento total. A su regreso a la Policía después de una décadas de excedencia, Villarejo participó en la Operación Veritas, que situaba al policía Enrique García Castaño en el centro de una red de corrupción policial y crimen organizado con la que se vinculaba también a Baltasar Garzón, objeto de una de las notas informativas en la que se desacreditaba al juez. Esa nota es la que se conoció después como informe Veritas. 

Como consecuencia de aquello, Villarejo fue desterrado de su puesto como “agente encubierto”, según lo describe él mismo, a otro en la Jefatura Superior de Madrid. El penúltimo destino de García Castaño antes de ser detenido hoy, 22 años después.