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Interior encarga a un subordinado de Villarejo la investigación sobre el comisario

Las normas asignan estas pesquisas a las unidades de Régimen Disciplinario o Asuntos Internos; esta última, la gran enemiga de Villarejo

Investigador e investigado trabajan en la Dirección Adjunta Operativa, la estructura policial que actúa contra el soberanismo catalán

Cosidó dijo que la investigación por el audio se abrió "de inmediato": en realidad, medió un día tras la portada con el patrimonio del comisario

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El director de la Policía, Ignacio Cosidó, y el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz.

La investigación interna al comisario José Manuel Villarejo por la grabación y filtración de su entrevista con Ignacio González ha sido encomendada a un subordinado del propio policía, José Ángel Fuentes Gago. La Dirección del Cuerpo de Policía ha designado oficialmente para desarrollar la información reservada a un inspector jefe de la propia Dirección Adjunta Operativa (DAO), donde Villarejo ocupa un puesto de jefe de Brigada. Tanto el comisario Villarejo como el citado inspector jefe, Fuentes Gago, son policías de la absoluta confianza de Eugenio Pino, el número dos del cuerpo y máximo responsable de la operativa policial contra el proceso soberanista en Cataluña.

De acuerdo a la normativa de la propia Policía debería ser Asuntos Internos la unidad encargada de investigar los hechos, toda vez que el objeto de las pesquisas, la supuesta filtración de información policial, podría ser constitutiva de un delito. En el caso de considerar los hechos una posible falta disciplinaria sin indicios de delito, sería la Unidad de Régimen Disciplinario la encargada de asumir la dirección de las pesquisas, y siempre bajo el mando de un policía con la misma o superior categoría profesional que el comisario Villarejo.

En una decisión sin precedentes, la Dirección de la Policía ha optado por que la investigación al comisario Villarejo sea desarrollada por un agente elegido a dedo que presta servicio en el mismo departamento del investigado y que, además, está por debajo en el escalafón.

El 27 de noviembre de 2011, siete días después de que el PP ganara las elecciones generales, el comisario Villarejo y un mando de la lucha antiterrorista se reunieron con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en una cafetería próxima a la sede del Gobierno madrileño. Villarejo escribió en una nota interna que el político le había pedido tapar la investigación del origen de su lujoso ático en Estepona (Málaga). González asegura que el comisario intentó chantajearle.

Hace unos días, un extracto de esa conversación fue publicado en varios medios. El ministro de Interior ha reconocido que su departamento no guarda el contenido de esa grabación, que desconocía, y que no ha sido puesta a disposición del juzgado que investiga el origen del ático de González.

La publicación de una parte de la charla no provocó reacción alguna en la cúpula del ministerio. Solo al día siguiente, cuando El País ya había publicado que el comisario Villarejo acumula 12 sociedades por valor de 16 millones de euros, Interior anunció una investigación sobre posibles incompatibilidades del funcionario. Tuvieron que pasar otras 24 horas para que el director de la Policía,  Ignacio Cosidó, explicara que la Policía también había abierto una investigación con objeto de aclarar el asunto de la grabación. Según Cosidó, lo hizo “de inmediato”, tras tener constancia de la publicación de un extracto.

Pero Ignacio Cosidó no dijo la verdad. Al menos si por “inmediato” se entiende en las horas siguientes. Fue un día después, y con la portada de El País encima de la mesa, cuando el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago recibió por escrito la orden de emprender una investigación reservada sobre las circunstancias que rodearon la grabación y su filtración a El Mundo y la cadena Ser. La cúpula policial había decidido que un estrecho colaborador del jefe de Villarejo iba a investigar la posible irregularidad, si no delito, cometida por un superior.

El artículo 197 del Código Penal tipifica como delito el hecho de utilizar “artificios técnicos de escucha” para “descubrir los secretos o vulnerar la intimidad del otro sin su consentimiento”. Si este tipo de grabaciones son realizadas por un funcionario público, la condena es de dos a cuatro años de cárcel. De otro lado, la orden interna 28/2013 desarrolla la “estructura orgánica y funciones” de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía. En ella se especifica que Asuntos Internos investigará las conductas policiales con indicios de delito, así como aquellas “contrarias a la ética profesional” de los miembros del cuerpo.

Estrategia: no enfadar al comisario que tanto sabe

Pero poner a Asuntos Internos a investigar a Villarejo –que ingresó en la Policía en 1973 y se presenta como “agente encubierto”– destaparía la caja de los truenos. Esa unidad y su todavía jefe, Marcelino Martín Blas-Aranda, son los enemigos declarados de Villarejo en una guerra recrudecida a cuenta del ‘pequeño Nicolás’ y en la que todo apunta a que ha perdido el primero. A pesar de que Martín Blas-Aranda es un fiel colaborador del PP desde los tiempos de la oposición, el enfrentamiento con Villarejo lo ha enviado a su casa, oficialmente de vacaciones, aunque en el cuerpo se da por hecha su destitución. De hecho, la Dirección de la Policía ya ha ofrecido el puesto de jefe de Asuntos Internos a otros comisarios.

Y enfadar a Villarejo con una investigación de Asuntos Internos no parece interesar a los responsables políticos del ministerio.  Al frente de esa estrategia de apaciguar al comisario está el propio ministro, Jorge Fernández Díaz, dedicado a ensalzar en los últimos días la trayectoria de Villarejo mientras se publica que hace grabaciones a políticos y no las entrega al juez y que tiene un patrimonio millonario. No en vano,  Villarejo fue condecorado hace un año por sus investigaciones sobre políticos catalanes implicados en el proceso soberanista. Además, a través de una web que controla, Villarejo ha amagado en los últimos días con destapar asuntos turbios que afectarían al CNI y al rey Juan Carlos. En la Policía se cree que Villarejo ha acumulado una cantidad ingente de grabaciones e informaciones de políticos y otros muchos estamentos a lo largo de sus 40 años de actividad policial.

Eso explicaría que la opción para abrir una supuesta investigación a Villarejo haya sido Fuentes Gago, hombre ubicado en la esfera de la cúpula política de la Policía. El inspector jefe fue presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP), al que pertenece la mayoría de la cúpula policial, hasta mediados de 2013. Destinado en Santander, realiza su labor en Madrid, reclamado por el número dos de la Policía, Eugenio Pino. Desde entonces, y al igual que Villarejo, Fuentes Gago ha sido condecorado con una Medalla Roja al Mérito Policial, que está pensionada.

La Dirección Adjunta Operativa (DAO), que tiene al frente a Pino y en sus filas a investigador e investigado, ha sido convertida por la cúpula policial que eligió el PP en una estructura sin precedentes en el cuerpo, y ha usurpado funciones a otras unidades sí destinadas a la investigación, sin que consten en organigrama alguno. Allí se aloja el grupo que se ha dedicado desde finales de 2012, casi en exclusiva, a rastrear posibles casos de corrupción de políticos favorables a la independencia de Cataluña. Las pesquisas sobre supuestas cuentas en el extranjero de responsables de CiU, desmentidas posteriormente por los países donde supuestamente habían sido abiertas, han acabado en los medios de comunicación coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista.

El comisario José Manuel Villarejo está destinado en la DAO desde enero de 2011, cuando todavía gobernaba el PSOE. Fue el número dos de la Policía en tiempos de los socialistas, el fallecido Miguel Ángel Fernández-Chico, quien encargó a Villarejo, ajeno a la UDEF, implicarse en la investigación del origen del ático a Ignacio González. Y ha sido el número dos de la Policía en tiempos del PP, Eugenio Pino, quien le impuso una medalla pensionada hace un año por su implicación en las investigaciones a políticos catalanes.

Pino no escondió al principio de la legislatura su intención de hacer de la DAO un aparato de inteligencia al estilo del CNI, pero no lo logró por el conflicto de competencias con la Comisaría General de Información, la poderosa estructura antiterrorista de la Policía. Una vez que perdió públicamente aquella batalla, relatan fuentes conocedoras del proceso, optó por continuar con su proyecto de forma encubierta.

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