Marlaska no se plantea reformar el sistema de fondos reservados que facilitó el espionaje a Bárcenas

El comisario de Policía Nacional, José Antonio Rodríguez, durante su declaración en el Congreso de los Diputados

Uno de los principales hallazgos de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Villarejo, el descontrol sobre los fondos reservados que existe pese a la Ley aprobada en 1995, no tendrá consecuencias en la gestión del Ministerio del Interior. Un alto cargo del actual departamento, José Antonio Rodríguez, ha confirmado esta tarde en el Congreso que el sistema cuya laxitud permitió a los responsables del espionaje a Bárcenas sufragar la operación “parapolicial” con fondos reservados no será reformado por el el titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska.

El comisario jubilado José Antonio Rodríguez es jefe del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad y hoy ha comparecido ante la comisión de investigación del espionaje a Bárcenas. A preguntas del portavoz del PP, Luis Santamaría, Rodríguez ha dicho: “Estamos trabajando en medidas de modernización, pero no hay nada decidido”. Cuando el diputado le ha insistido si se modificará el actual sistema, que deriva de una Ley orgánica, Rodríguez ha confirmado que no se hará .

Los fondos reservados se distribuyen según la orden firmada el 12 de septiembre de 1995 por el entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, y que desarrollaba a su vez de la Ley de Fondos Reservados aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados siete meses antes. El poder legislativo reaccionaba entonces a las revelaciones sobre los asesinatos de los GAL, una operación gestada y sufragada desde el Ministerio del Interior entre 1983 y 1989.

La Fiscalía Anticorrupción, en el escrito que solicitó la imputación del ministro del Interior Jorge Fernández, concluía que la documentación remitida a la Secretaría de Estado no se ajustaba a la normativa legal y que desde este órgano del Ministerio se libraban los fondos antes de comprobar la documentación remitida desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía. 

Luego se ha comprobado que en las partidas no siempre se incluye, por ejemplo, el nombre de la operación o el detalle del reparto del dinero en distintas funciones que se deben escribir en las casillas de los anexos de la citada instrucción de Belloch, unos criterios ya bastante laxos de por sí. A Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, no se le anotó en la casilla de colaboradores fijos, pese a estar dos años cobrando todos los meses 2.00 euros. 

Esta misma tarde, el antiguo secretario general de la Dirección Adjunta Operativa, comisario jubilado Felipe Lacasa, ha descrito como el jefe de la brigada política, Eugenio Pino, daba órdenes “verbales” para el reparto de los fondos a sus policías de confianza sin que el sistema fuera capaz de detectar una operación encubierta en ese proceder. 

Tras Lacasa ha llegado el turno de Rodríguez que, pese a comparecer a propuesta del PSOE, no ha contestado apenas a las preguntas formuladas por ese grupo amparándose en la Ley de Secretos Oficiales. Tras esta situación, PP y Vox han tenido la oportunidad de reprochar a Rodríguez su histórica vinculación al PSOE en sus turnos de preguntas. Grande-Marlaska acaba de reformar la estructura del Ministerio para que el cargo de jefe del Gabinete de Coordinación pase a ser una dirección general y que Rodríguez pudiera seguir al frente pese a su jubilación como funcionario. 

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