El 60 aniversario de Òmnium Cultural, celebrado en Elna (Francia) ha logrado reunir a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de expresos independentistas y cargos que viven en Bruselas junto a Anna Gabriel, residente en Suiza desde finales de 2017. En un acto cargado de simbolismo -era la primera vez que casi todos los integrantes del Govern de 2017 se reunían- el presidente de la entidad, Jordi Cuixart, ha hecho un llamamiento a la unidad independentista. “Lo volveremos a hacer. Lo haremos juntos y lo haremos mejor”, ha reivindicado.

El acto ha reunido a los expresos junto a los “exiliados” y el resto de los integrantes del Govern de 2017. A pesar de que no estaba previsto, la exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha asistido por sorpresa al acontecimiento. Cuixart ha reivindicado la entidad como “eslabón” y “punto de encuentro” del independentismo y ha destacado que el reencuentro entre prisión y “exilio” es una “victoria”.

Al final del acto, Cuixart ha gritado uno a uno los nombres de los diferentes exmiembros del Govern catalán, que se han hecho una fotografía de familia encima del escenario. En el evento han participado unas 170 personas entre políticos, sociedad civil y entidades de ambos lados de la frontera.

El líder de Òmnium ha empezado su discurso recordando que un 16 –en aquel caso, de octubre de 2017- él y Jordi Sànchez entraron en la prisión de Soto del Real. “Nos parecía que todo estaba perdido pero no era así. Era el inicio del reencuentro que hoy hacemos aquí”, ha señalado. Cuixart ha asegurado que el acto de este viernes no solo buscaba conmemorar el cumpleaños de la entidad sino que también querían que fuera un acto de encuentro “con todos los represaliados y los exiliados”. “No desfalleceremos hasta que puedan volver a casa”, ha afirmado.

Cuixart ha dicho también que, a pesar de la represión “feroz” del “Estado español”, el independentismo “puede vencer” y solo depende de ellos. Según Cuixart, el acto de este viernes “confirma que el fortalecimiento del sentimiento de pertenencia colectiva es el que tiene que permitir legitimar las decisiones que tome el pueblo de Catalunya”. “No renunciamos a construir el imaginario colectivo”, ha añadido.

“Desde Òmnium queremos reafirmarnos en el compromiso con la lengua, la cultura, la defensa de los derechos fundamentales y en la construcción de la República catalana”, ha proseguido. “No nos dejéis solos”, ha remarcado. Con todo, Cuixart ha avisado que continuarán siendo “exigentes” con los políticos y las instituciones, a pesar de que lo harán con “lealtad” y “generosidad”.

Al final de su intervención, Cuixart ha recordado cómo se sintió cuando entró en la prisión aquel 16 de octubre de 2017. Ha dicho que estaba más asustado que Jordi Sànchez pero “convencido” que “no había suficientes prisiones para parar tanta dignidad”. “Y no me equivocaba”, ha remachado.

Al acto han acudido casi todos los presos indultados: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Josep Rull, Carme Forcadell y Jordi Sánchez. También los políticos residentes en el extranjero: Carles Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y la sorpresa de la jornada, Anna Gabriel, que después de más de tres años en Suiza ha vuelto a pisar la Catalunya Norte. También han acudido los exconsellers Carles Mundó y Meritxell Borràs. El evento se ha cerrado con la fotografía de familia encima el escenario en una imagen de unión entre “prisión y exilio” y el himno de Catalunya.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes los indultos a los nueve líderes independentistas que siguen presos por el procés. Antes de su salida de la cárcel son necesarios una serie de trámites que podrían demorar la excarcelación unas horas o días. La vuelta a la libertad de los condenados por el 1-O podría pillarles ya fuera de la cárcel, habida cuenta de que la mayoría de ellos estarán de permiso a partir de este miércoles por la tarde, coincidiendo con el puente de Sant Joan, festivo en Catalunya. Es posible pues que no haya fotografía conjunta de los indultados saliendo de prisión con el perdón bajo el brazo.

Los trámites burocráticos empiezan tras la aprobación en el Consejo de Ministros de los indultos en forma de reales decretos, que deberán ser firmados por el rey y publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE) previsiblemente ya este miércoles. Una vez publicados los indultos en el BOE, es el turno del Tribunal Supremo. La ley que regula los indultos, de 1870, establece que “la aplicación de la gracia habrá de encomendarse indispensablemente al tribunal sentenciador”, esto es, la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.

En el caso del procés se publicarán nueve reales decretos, uno por cada uno de los condenados que tienen penas por cumplir: el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Dolors Bassa, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. La responsabilidad criminal de los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, condenados por desobediencia, ya está extinguida.

En su resolución, que se espera que sea prácticamente inmediata tras la publicación en el BOE,  la Sala encabezada por el magistrado Manuel Marchena hará una nueva liquidación de la condena —es decir, fijará la fecha de la extinción definitiva de las diferentes penas impuestas a cada uno de los condenados— y comunicará a los juzgados de vigilancia penitenciaria la puesta en libertad de los presos, que a su vez se lo remitirán a las cárceles de Lledoners, Wad-Ras y Puig de les Basses.

Si están de permiso por Sant Joan –algunos solo pasarán fuera la noche de la verbena, pero otros han pedido más días–, los presos tendrán que volver a la cárcel a rubricar su libertad y a recoger sus enseres personales. Si siguen dentro de prisión, la dirección del centro, tras recibir la comunicación del Supremo, hará firmar la excarcelación a cada preso. La consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, ha visitado este lunes por la tarde a los presos de Lledoners y ha contactado con los familiares de Bassa y Forcadell para explicar de primera mano los trámites a los presos.

En caso de que los indultos se concreten estando de permiso, algunos de los presos se ahorrarán una fotografía incómoda, la de su salida de la cárcel gracias a una medida de gracia del Gobierno que no pidieron. De hecho, salvo Jordi Cuixart, todos dieron la callada por respuesta cuando el Supremo les preguntó su posición al respecto hace unas semanas. La apuesta oficial del independentismo sigue siendo una amnistía de difícil encaje legal e inviabilidad parlamentaria en el Congreso.

En medios jurídicos cercanos a los presos y a la Generalitat se confía en una plasmación rápida del indulto y que ya puedan celebrar la verbena de Sant Joan en libertad, pero ante todo se impone la cautela. “En teoría debería ir rápido, pero la experiencia con el Supremo nos dice que todo puede salir al revés de lo esperado”, resume una fuente. El escenario de que el Supremo duerma por unos días el trámite de liquidación de la condena para postergar la excarcelación no se descarta, aunque las citadas fuentes recuerdan que iría en contra del derecho fundamental a la libertad.

La Sala de lo Penal, que se opuso a los indultos por la falta de “arrepentimiento” de los independentistas en su informe preceptivo pero no vinculante, no tiene más opción en este momento que acatar la decisión del Ejecutivo, afirman fuentes del Alto Tribunal. Ese informe del Supremo sí cierra la puerta a un indulto total —que supone la remisión de todas las penas no cumplidas—, pues la ley establece que esta modalidad sólo se otorgará en caso de existir un informe favorable del tribunal sentenciador. Sí existe la posibilidad de un indulto parcial, que supone el perdón de alguna o algunas de las penas impuestas, o de parte de todas todavía no cumplidas. La legislación establece que se considera también indulto parcial la conmutación de la pena o penas impuestas en otras menos graves.

Con los presos del procés el Gobierno optará por perdonar la pena de prisión y mantener vigente la inhabilitación para ejercer cargos públicos a la que fueron condenados. De hecho, lo más frecuente es que los indultos condonen toda la pena de prisión pendiente de cumplir y es lo que previsiblemente ocurrirá en esta ocasión. No obstante, también existe la posibilidad de perdonar sólo parte de la condena y dejarla por debajo de los dos años, un umbral que abre la puerta a la suspensión aunque la excarcelación no sería inmediata y en ese caso el tribunal sentenciador tendría la última palabra. Posible, aunque improbable, también es que el Gobierno perdone el delito de sedición pero no el de malversación, lo que dejaría en manos del Supremo el cálculo de la condena de los cuatro exconsellers condenados por este delito (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull).

Los recursos de la derecha no frenan los indultos

PP, Vox y Ciudadanos ya han anunciado que recurrirán la decisión de indultar a los presos independentistas. Tendrán que hacerlo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, pues al tratarse de un acuerdo del Consejo de Ministros este es el órgano al que corresponde el control jurisdiccional. En todo caso, al ser el indulto un “acto político”, el Alto Tribunal no puede hacer una revisión jurisdiccional de la decisión de indultar, sino que se tiene que limitar a comprobar si la tramitación —los llamados “elementos reglados”— se ha hecho de forma correcta. 

Los hipotéticos recursos no frenan la ejecución de los indultos, explican fuentes del Supremo. La única vía que tendrían los recurrentes para evitar la excarcelación de los presos sería solicitarlo a través de unas medidas cautelarísimas que obligarían a la Sala a resolver en 48 horas y sin escuchar a la otra parte —en este caso, la Administración— si paraliza o no su ejecución hasta su decisión sobre el fondo del recurso. Las fuentes jurídicas consultadas ven muy improbable esa paralización teniendo en cuenta que se trata de una medida de libertad y que incluso el Supremo ha puesto en duda en el pasado la legitimidad de los partidos políticos para recurrir esta medida de gracia. 

Tras el trámite del Supremo, también estaría abierta la vía del Constitucional. En principio, podrían presentar recurso de amparo alegando una posible vulneración de la tutela judicial efectiva tanto los partidos políticos, en caso de que la Sala Tercera rechazara su pretensión de anular los indultos; como el Gobierno o las organizaciones que han solicitado la medida de gracia, si estos fueron cancelados. No obstante, fuentes del tribunal de garantías sostienen que se trata de un futurible y que habría que ver primero con detalle qué hace el Supremo y también quién presenta los recursos. Para la interposición del recurso de amparo es preciso haber agotado antes la vía judicial previa, así como haber invocado en esta, tan pronto como sea posible, la vulneración del derecho fundamental que pretende hacerse valer ante el Tribunal Constitucional.

En España no hay presos políticos. Lo que hay son políticos presos. Cada vez que se reabre la discusión sobre los independentistas catalanes en prisión, no tarda en salir a escena un ministro, un diputado, un tertuliano o tu cuñado, y repite el mismo juego de palabras: “En España no hay presos políticos, lo que hay son políticos presos”. ¿Eh, lo pillas? Preso político, político preso. Guiño, guiño, codazo, codazo.

Supongo que habrá quien duerma más tranquilo al saber que Junqueras, Cuixart, Sánchez, Forn, Turull, Forcadell, Rull, Bassa y Romeva, que llevan más de tres años en la cárcel, no son presos políticos, en el sentido en que usamos el término para referirnos a activistas perseguidos por sus ideas políticas en regímenes autoritarios; sino que solo son políticos presos. Ah, bueno, me quedo mucho más tranquilo sabiendo que en las cárceles hay políticos presos igual que hay camioneros presos, fontaneros presos o raperos presos.

No, espera, que tampoco hay raperos presos en España. Siguiendo la misma lógica del primer párrafo, deberíamos deshacer y rehacer el juego de palabras para concluir que en España no hay raperos presos, sino presos que rapean, que no es lo mismo. ¿Eh, lo pillas? En España nadie va a la cárcel por rapear, sino por cometer delitos tipificados en el Código Penal. Que luego al delincuente le guste rapear, o tuitear, o montar un referéndum de independencia, allá cada uno con sus gustos, seguirá siendo un preso que rapea, un preso que tuitea, o un político preso.

Lo siguiente que te explicará el ministro, el diputado, el tertuliano o tu cuñado, es que en España no hay presos políticos ni está perseguida la libertad de expresión, porque España es una democracia donde funciona la separación de poderes: a los políticos, raperos o tuiteros los juzgan y condenan tribunales, aplicando leyes elaboradas por el Parlamento, y acordes con la Constitución. Es verdad que ese es el mismo argumento que utiliza Turquía, Rusia o cualquier seudodemocracia para justificar la persecución de disidentes: estos siempre son juzgados y condenados por tribunales, aplicando leyes elaboradas por sus parlamentos, y acordes a sus constituciones. Así que como argumento en sí mismo no es gran cosa, tiene que ir acompañado de algo más.

Ese algo más se llama democracia. No vale con decir muchas veces en la rueda de prensa del Consejo de Ministros o en un editorial de periódico que somos una “democracia plena”, “nadie puede dudar de la calidad de la democracia española”, “tenemos plena normalidad democrática”, o “en España no hay Navalnis”. Tampoco vale repetir mil veces el retruécano de que no hay presos políticos sino políticos presos. Que los nueve dirigentes independentistas lleven más de tres años en prisión y privados de sus derechos políticos es un problema de calidad democrática por mucho que no sean estrictamente presos políticos. Que otro rapero sea condenado a cárcel por sus letras o sus tuits es un problema de calidad democrática por muy tipificado que esté el delito y muy constitucional que sea su condena.

La calidad de una democracia se ve en su separación de poderes y en que no encarcele a sus disidentes arbitrariamente, por supuesto; pero la calidad de una democracia está también en los artículos de su Código Penal -si protegen más a la corona, la bandera o los sentimientos religiosos que a la libertad de expresión-, en su independencia judicial –real o dudosa- y en su legislación, constitución incluida. O en su capacidad o incapacidad para resolver por medios políticos un conflicto político, en vez de cerrarlo en falso por la vía policial, judicial y penitenciaria.

Una “democracia plena” no permitiría la entrada en prisión de Pablo Hasel, sin esperar próximas reformas legislativas que ya no invalidarán su condena. Una “democracia plena” abordaría políticamente el problema catalán mediante amnistía, diálogo y, sí, democracia.

Los nueve presos del procés no han sido el único objeto del informe contrario a su indulto que ha presentado la Fiscalía del Tribunal Supremo. Los fiscales mandan varias advertencias al Gobierno, encargado en última instancia de su concesión. Además de duros adjetivos contra un eventual indulto por la falta de “arrepentimiento” de los presos, los representantes del Ministerio Público señalan que la medida de gracia no está prevista para “satisfacer intereses políticos coyunturales”, en una de las referencias a las alianzas parlamentarias con los independentistas del Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos.

A nadie podía sorprender la posición contraria al indulto de los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno. Los cuatro representantes de la Fiscalía mantienen la misma contundencia contra los dirigentes del procés una vez condenados que al inicio del caso, cuando en el Gobierno estaba el PP de Mariano Rajoy. De hecho, los fiscales siguen considerando tres años después que el procés fue una rebelión y que atentó con violencia contra el orden constitucional, una tesis que el Supremo ya descartó al definir el proceso soberanista como un engaño y un delito contra el orden público como es la sedición en vez de la rebelión reclamada por el Ministerio Público.

No tan previsible era que los fiscales realizaran, además de las obligadas consideraciones jurídicas alrededor del indulto, un análisis de la coyuntura política que, en su opinión, envuelve la tramitación de los indultos. El informe fiscal supone una enmienda a la totalidad a las dos vías que estudia el Gobierno de coalición para acelerar la salida de prisión de los presos y la solución política al conflicto: el indulto y la reforma del delito de sedición.

“El carácter discrecional del indulto no legitima la arbitrariedad, ni la desviación de poder, ni el alejamiento de la legalidad”, zanjan los fiscales, para a continuación recordar al Gobierno, que tiene la última palabra sobre los indultos, que la exclusión de la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos consagrada en el artículo 9 de la Constitución “también rige” para la aplicación de la medida de gracia.

Por si quedaba alguna duda de su posición, los fiscales alertan de que el indulto no puede convertirse en “moneda de cambio política en el campo del acopio de apoyos parlamentarios” solo dos semanas después de que el Gobierno amarrara el apoyo a los presupuestos de ERC, partido de Oriol Junqueras.

Añaden los fiscales que el indulto no puede fundamentarse en la “necesidad de restaurar la convivencia frente a lo que se denomina un conflicto político”, pues se trata de una medida “excepcional”. Tras repasar la numerosa jurisprudencia que prohíbe los “indultos generales”, los fiscales indican que considerar el indulto como una solución al conflicto entre la Generalitat y el Gobierno “descansa única y exclusivamente en razones de conveniencia política y no en motivos particulares de carácter excepcional que lo justifiquen”.

“No se trata de una medida prevista para satisfacer intereses políticos coyunturales y que de manera arbitraria pueda concederse con carácter general ante la mera discrepancia con el tenor de la sentencia o la pura conveniencia de una situación política global”, apostillan los fiscales.

No se ahorran los fiscales calificativos graves para criticar un eventual indulto. A su juicio, la extinción parcial o total de las penas por sedición y malversación “equivaldría a banalizar una grave sedición que afectó a la democracia y a la unidad del Estado” y sería “propia de épocas totalitarias ya superadas y no acordes con los mecanismos de defensa de los valores constitucionales encarnados en las ideas de justicia, igualdad y responsabilidad de los gobernantes y dirigentes públicos”.

Tampoco desaprovechan la ocasión los fiscales para rechazar el principal motivo del Gobierno para reformar el delito de sedición. El Ejecutivo pretende con los cambios homologar este delito con otros códigos penales como el alemán, francés, italiano o portugués, pues la sedición en Europa se castiga con penas más bajas que en España y tiene como requisito la violencia.

Los fiscales consideran “incorrecto” el argumento de que el derecho comparado castiga con menor pena que el Código Penal español la sedición, comparación que tildan de “interesada”, “imposible” y “desafortunada”. A través de una extensa cita de códigos penales europeos, los fiscales señalan que la sedición en España equivale al delito de rebelión en legislaciones como la alemana, mientras que la rebelión española se equipara a los delitos de alta traición en Alemania, Suecia o Francia.

“El derecho europeo contempla tipos penales en los que se acomoda sin dificultad la alteración del orden público a través de alzamientos públicos y tumultuarios [la sedición] ejercitados por la fuerza o fuera de las vías legales desde el Gobierno de una comunidad autónoma”, concluyen los fiscales.

Los fiscales no esconden que su intención es que los presos del procés pasen más tiempo en prisión hasta que no se arrepientan o reconozcan el delito. Consideran “una necesidad ineludible” el cumplimiento “efectivo” de las penas de 9 a 13 años de cárcel a las que fueron condenados los dirigentes soberanistas. La permanencia de los presos entre rejas “no puede ni debe admitir atajos para burlar” la sentencia del Supremo, remachan los fiscales, que también muestran seguir anclados en sus tesis descartadas sobre la rebelión al afirmar que el Govern “redujo” a los Mossos d'Esquadra a un “elemento inoperativo” el 1-O, algo que descartó totalmente la Audiencia Nacional.

El próximo paso, el informe del Tribunal Supremo

Con la posición de la Fiscalía en contra del indulto y la favorable de las cárceles catalanas, el tribunal del juicio del procés, presidido por el magistrado Manuel Marchena, ya tiene los mimbres para elaborar su informe sobre la medida de gracia, que tampoco será vinculante para el Gobierno. Será el último trámite antes de que el Ejecutivo tome una decisión sobre el indulto, que no llegará hasta después de las elecciones catalanas de febrero.

En sus recientes resoluciones por las que tumbó el tercer grado de los líderes del procés el tribunal presidido por Marchena se guardó de hacer cualquier referencia directa o indirecta a los indultos. Pero si en algo viene insistiendo el Supremo es en su negativa a que su sentencia sea “permanentemente reinterpretada” por terceros y en que los presos tienen que pasar más tiempo entre rejas antes de cualquier flexibilización de su estancia en prisión.

Solo un 5% de los indultos en la última década se ha concedido con el criterio en contra de la Fiscalía y del tribunal sentenciador. Los plazos para saber si será así en el caso de los presos del procés se van acortando. La siguiente parada es la mesa de Manuel Marchena.

Francesc Jufresa (Barcelona, 1953) es un curtido penalista que ha estado en los estrados de los grandes procesos judiciales de la democracia, como los GAL, Filesa, KIO o Gran Tibidabo. Sin ser independentista y ante los “déficits tremendos” de la sentencia del procés del Tribunal Supremo de la que este miércoles se cumplirá el primer aniversario, este letrado presentó la primera petición de indulto a los presos del procés que el Ministerio de Justicia ya ha empezado a tramitar.

¿Qué motivos le llevaron a realizar una petición de indulto a los presos del 1-O?

Decidí hacer la petición porque como penalista que ha vivido muchos procesos judiciales y legislativos seguí con mucha atención la causa del procés en el Tribunal Supremo y a medida que avanzaba el caso consideré que había cada vez más déficits de garantías y derechos de los acusados. Unos déficits tremendos, si se me permite. No entendí muchas cosas de la causa del procés.

¿Por ejemplo?

No entendí que se mantuviera a los investigados en prisión provisional hasta el juicio cuando fueron los únicos del procedimiento que sí habían comparecido todas y cada una de las veces que habían sido citados. No entendí que el juez Llarena rechazara la entrega del señor Puigdemont porque los jueces alemanes habían decidido que solo fuera por malversación.

No entendí que el presidente de la Sala II del Tribunal Supremo, el señor Marchena, de permanente actualidad, quisiera presidir el juicio y no se abstuviera pese a los mensajes del senador Cosidó. La propia doctrina del Tribunal Supremo defiende que un magistrado no solo tiene que ser honrado, que no dudo que el señor Marchena lo sea ni lo he puesto jamás en duda, sino parecerlo. Y lo que parece del episodio del mensaje de Cosidó sobre controlar la Sala II 'desde atrás' y la renuncia de Marchena como presidente del Poder Judicial lleva a que Marchena no pudiera presidir el juicio.

Si de la instrucción no entendió todo esto, imagino que la sentencia tampoco le gustó.

En la petición hago una argumentación crítica de la sentencia que me lleva a pedir el indulto por razones legales, constitucionales y de proporcionalidad de las penas que establece el Código Penal. Pero es que desde que el señor Llarena renunció a la entrega del señor Puigdemont la causa está viciada y en puridad del derecho penal e internacional nunca se hubiera podido seguir por otro delito que no fuera la malversación de fondos públicos. En el derecho comunitario que regula la entrega de una persona no está prevista la renuncia a una extradición como hizo el juez Llarena. Por contra, sí está previsto que cuando se entrega a una persona solo se la puede juzgar por el delito por el que se la entrega. Esto les afecta a todos, y es una de las principales fisuras del caso. Y además tampoco existe la sedición.

¿Se lo consultó a los presos o a su entorno?

No, porque sé que los presos no se sienten culpables de nada y que ellos no quieren pedir el indulto en su nombre. Pero yo me llamo Francesc Jufresa y tengo perfecto derecho a pedirlo y lo hice por razones de conciencia política y jurídica. Tenía que quedar clarísimo que el indulto lo pedía yo sin mandato de los presos, porque si no les estaba haciendo partícipes a ellos. Pensé que podía hacer algo útil para el país y los presos injustamente privados de libertad desde hace casi tres años.

Resultaría por lo menos curioso que los presos del procés recibieran un indulto solicitado por un letrado no independentista.

Yo no soy independentista pero soy muy catalanista, lo he sido toda mi vida y lo soy tanto como los presos. Creo que en general el juicio y en especial la situación de prisión de los dirigentes molesta mucho a todos los catalanes, no solo al sector de la población de Catalunya que es independentista. Y tengo experiencia y capacidad de análisis suficiente para ver que la causa judicial del procés se ha hecho muy mal y es injusta. El indulto es la manera más rápida y útil para solucionar lo más grave, que son los casi tres años que estos hombres y mujeres llevan privados de libertad. Tres años en la cárcel son muchos años, y se lo dice un penalista.

¿Cómo explica que el Supremo esté tardando tanto en decidir sobre el futuro penitenciario de los presos del procés cuando con las salidas laborales de Forcadell apenas tardó dos semanas en anularlas?

Porque yo creo que el Tribunal Supremo, con todos los respetos, está actuando de una forma muy difícilmente comprensible. Tampoco entiendo que el Supremo se pusiera a hacer advertencias sobre la posible comisión de hechos delictivos a la autoridad penitenciaria catalana durante el estado de alarma mientras actuaba dentro de sus competencias. Si a los magistrados no les gusta el estado autonómico pues lo siento mucho, porque está dentro de la Constitución, y el tema penitenciario en Catalunya es competencia exclusiva de la Generalitat.

Con solo anunciar la tramitación de los indultos, ya han llovido críticas al Gobierno por permitir una supuesta impunidad de los presos.

Quien dice esto dice una perfecta barbaridad. El indulto es una medida de gracia prevista en nuestro ordenamiento y que además está muy bien porque sirve como válvula de escape a un determinado mal funcionamiento de la administración de justicia. El indulto no es impunidad, es una forma de reparar una injusticia a través de un medio legal perfectamente establecido. Los presos del procés no solo no quedarán impunes de lo que hicieron o dejaron de hacer sino que ya llevan casi tres años de cárcel que, insisto, es mucho tiempo.

Podría llegar a darse una paradoja: los condenados por el Supremo en libertad con el indulto pero que sus subalternos, como los investigados por el 1-O del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, tengan que entrar en prisión tras su juicio.

Pues esto es verdad. Si a estas personas las condenan, que ya veremos si es así, igual que ya veremos si condenarán al señor Trapero y a los otros tres acusados en la Audiencia Nacional, tendrían todos individualmente abierta la vía del indulto. Si el Gobierno es coherente también debería indultarles.

Desde el lado independentista, incluso algunos de los presos, se rechaza el indulto y se reclama la amnistía.

La amnistía es imposible y es una vía muerta. En la Constitución del 1978 se prohibió la amnistía al vetarse los indultos generales. Reclamar la amnistía es confirmar que quieres acabar con la Constitución y lo que la Constitución supone. Y esto, la verdad, es un mal asunto.

Los presos dicen confiar más en la Justicia europea. ¿Cree que ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tendrán éxito?

Me temo que es un exceso de confianza por parte de los presos. La Justicia europea es un poco un Guadiana: a veces da la razón pero otras no. Las cosas políticas es mejor resolverlas políticamente. Por eso creo que en este tema horroroso de los presos catalanes el indulto es la vía más ágil para resolver este conflicto. Esperar a que Europa resuelva este problema es, como se dice popularmente, 'largo me lo fiáis'.

En paralelo al indulto se ha planteado la reforma del delito de sedición para que los presos del 1-O salgan de prisión.

La reforma de la sedición debe hacerse desde hace tiempo porque tanto la rebelión como la sedición tienen unos redactados decimonónicos que parten de una realidad social de la época de los pronunciamientos. Ambos delitos deben modernizarse para adaptarse a la realidad política y social actual. Lo que pasa es que reformar la sedición para rebajar la pena de manera que les vaya bien a los presos del procés es muy complicado, ya veremos cómo lo hacen. Tampoco se puede reformar el delito para que la sedición sea tan barata penalmente que se haga un efecto llamada.

Hay un debate doctrinal sobre reformar el delito de sedición o directamente derogarlo. ¿Usted qué opina?

Yo creo que sí tiene que existir el delito, a lo mejor incluso cambiándole el nombre de sedición, que suena a las épocas del general Espartero, pero sí debe haber diques de contención penal contra los ataques a la paz social o a la Constitución.

¿Dar un indulto no puede echar más leña al fuego en un contexto en el que las relaciones entre el poder Ejecutivo y el Judicial no pasan por su mejor momento?

Pues creo que no porque la vía del indulto ha existido siempre y se ha utilizado siempre sin que haya supuesto ningún desequilibrio en el juego de poderes constitucionales. Pueden ponerse 27.000 ejemplos. Además, aprovechando la pregunta me gustaría decir que la Sala II del Tribunal Supremo está siendo demasiado protagonista de la vida política en estos momentos. La Sala II tendría que ser el máximo órgano judicial de la justicia penal y punto. Lo que no puede ser es que en la Sala II del Tribunal Supremo hayan confluido el tema del rey emérito, el procés, y ahora el vicepresidente del Gobierno [Pablo Iglesias]. Que todos los temas políticos estén en la Sala II le da al señor Marchena un poder ilimitado. A lo mejor por esto el señor Marchena no tuvo inconveniente en renunciar a la presidencia del Poder Judicial y prefirió mantenerse en la Sala II. ¡Si a día de hoy manda más el señor Marchena que el señor Lesmes!

¿La Justicia vive su peor momento de credibilidad por la batalla abierta entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sigue haciendo nombramientos pese a tener el mandato caducado, y el Gobierno?

Es desolador que en una cuestión de Estado como es la Justicia tengamos este desaguisado, desde las oficinas judiciales hasta el Consejo. Se tendría que cambiar la regulación del Consejo para que no se pueda producir lo que pasa ahora. El Consejo está actuando como si tuviera plenas funciones cuando tendrían que ser limitadas porque hace dos años que tiene el mandato caducado.

Y luego tenemos en España pendiente desde hace años una reforma integral y profundísima de la Justicia. La Justicia no es que se haya quedado en el siglo XX, es que en muchos aspectos sigue en el XIX. La formación de los jueces no garantiza en absoluto un conocimiento crítico del derecho y la aptitud para juzgar a los demás, garantiza un 'memorión' y recitar muy bien los temas. Las oficinas judiciales no funcionan. Y tampoco puede ser esta inamovilidad de los jueces. Los jueces tienen que tener la garantía de que si lo hacen bien seguirán en la carrera hasta jubilarse, pero tienen que estar controlados y que todo el trabajo de un juzgado sea revisado periódicamente.

“Todo el apoyo a las movilizaciones y a las marchas masivas y pacíficas. Ninguna violencia nos representa”. Entre las nueve y media y las diez de la mañana de este miércoles, las cuentas de Twitter de todos los políticos independentistas presos han publicado un tuit de rechazo a los actos violentos.

El mensaje ha sido compartido unánimamente por todos los políticos presos: el líder de ERC, Oriol Junqueras, los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Joaquin Forn y Josep Rull, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, así como por el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmium Cultural, Jordi Cuixart. No ha sido el caso de las cuentas de los exconsellers que permanecían en libertad, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs.

Todos los tuits, con las mismas palabras textuales, han ido acompañados de una imagen de movilización independentista.

Alrededor de la misma hora en la que empezaban a publicarse estos mensajes de rechazo hacia los actos violentos, también se ha sumado a esta condena el cabeza de lista por ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, en una entrevista concedida a la Cadena Ser. ;“Los que regalan imágenes de violencia no nos representan”, ha subrayado.

Por su parte, el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha destacado a través de su cuenta de Twitter la importancia de las movilizaciones sin violencia y ha pedido “no caer en provocaciones”.

Coincidiendo con el segundo aniversario del ingreso a prisión del exlíder de la ANC Jordi Sànchez y del presidente de Òmium Cultural, Jordi Cuixart, Puigdemont ha señalado que “de haber alentado a la violencia hoy estarían condenados igual, pero nadie en la Europa real se molestaría en defenderlos”.“¿Entendéis por qué es muy importante no caer en provocaciones?”, ha añadido en el hilo de la red social.

“Movilicémonos y desbordémolos en aquello en lo que son débiles, no en aquello que son fuertes. Son débiles en democracia y derechos humanos, y fuertes en violencia. Por eso las marchas de hoy son una propuesta ingeniosa que les desborda. Como las urnas. Como el tsunami democrático”, ha escrito en un tercer mensaje.

La mañana de esta segunda jornada de protestas, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, reclamaba al independentismo que condenara la violencia. En las movilizaciones del martes, los servicios de Emergencia atendieron a 125 personas. Por la noche, el Gobierno en funciones elevaba a “violencia generalizada” las protestas en Catalunya.

La Mesa del Congreso analiza este miércoles un informe que analiza los efectos de la suspensión de los diputados Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Turull y Josep Rull. El texto, a cuyo contenido ha tenido acceso eldiario.es, propone que la mayoría de la cámara se contabilice sobre 350, aún cuando cuatro de estos parlamentarios no puedan ejercer sus funciones ni participar en las votaciones. De cara a la sesión de investidura, Pedro Sánchez necesitará 176 votos favorables si quiere salir elegido en la primera votación.

Según el texto elaborado por la secretaría general del Congreso, “debe entenderse que los diputados suspendidos mantienen la condición de miembros de la Cámara y, en consecuencia deben computar a efectos de su composición fijada en 350 desde el día de su constitución, no afectando así al número de votos requerido para alcanzar la mayoría absoluta (176)”.

La suspensión de los diputados sí tendrá efecto en la investidura, si esta se produce en segunda votación. En este caso, Sánchez solo necesitaría más votos favorables que en contra. La no asistencia a ese debate de los cuatro políticos en prisión contaría como cuatro abstenciones ante la candidatura del candidato socialista.

El informe también concluye que los diputados en prisión no percibirán sueldo alguno por su condición de parlamentarios “mientras la suspensión se mantenga”, siempre y cuando la Mesa adopte esa decisión. Este bloqueo al salario ya fue solicitado por formaciones como Ciudadanos y Vox, y se refiere al periodo que va desde las elecciones generales hasta el 21 de abril, momento en el que fueron suspendido.

Con motivo de su participación en la sesión de constitución de Las Cortes, el Congreso ya comunicó a los cuatro líderes independentistas que no se les proveería de los teléfonos móviles y los Ipads que la cámara entrega a cada diputado electo al inicio de cada legislatura. El argumento empleado para justificar esa decisión se basó en que su situación de presos les convertía en incompatibles con el uso de dispositivos de comunicación que “con toda seguridad” les serían incautados en el momento de su reingreso en prisión, según aseguran fuentes parlamentarias.

El Congreso ha paralizado la publicación de las biografías de los diputados, que a estas alturas de la legislatura ya deberían estar disponibles en su página web. La causa es el contenido de las reseñas que sobre sí mismos han enviado los cuatro diputados suspendidos y en las que se definen como “presos políticos” e introducen referencias a su situación procesal, según aseguran a eldiario.es fuentes parlamentarias.

eldiario.es ha tenido acceso a la biografía enviada por Oriol Junqueras al Congreso para su publicación en la web oficial de la institución. En ella se lee: “Actualmente en prisión preventiva por motivos políticos”.

Como consecuencia de la paralización en la publicación d ebiografías, el único dato público que hasta la fecha se puede consultar sobre los parlamentarios es la fecha de su nacimiento y el número de legislaturas en las que han sido miembros de la Cámara Baja.

Los portavoces oficiales del Congreso evitan relacionar el bloqueo de la publicación con las reseñas que han enviado Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull. Según un portavoz oficial, “los servicios de la Cámara están trabajando en la publicación de las biografías y esperamos que en los próximos días estén publicadas”.

Los cuatro diputados en prisión fueron suspendidos hace algo más de una semana pero siguen siendo miembros de la Cámara. La suspensión es una medida de carácter cautelar que, en caso de ser retirada, les volvería a conceder la plenitud de sus derechos como electos. La página web del Congreso mantiene activos los perfiles de los cuatro líderes independentistas, al igual que los del resto de parlamentarios elegidos el pasado 28-A.

La publicación de biografías de los diputados pretende ofrecer elementos de transparencia y datos que ofrezcan la mayor información posible sobre los parlamentarios electos. El reglamento del Congreso obliga a los parlamentarios a ofrecer estos datos, además de cubrir un documento en el que declaran los bienes que poseen y las actividades que realizan y pretenden compatibilizar con sus funciones parlamentarias. Hasta la fecha no había ningún mecanismo para comprobar o corregir la veracidad de los elementos que se incorporan en esos textos; el Congreso se limitaba a copiarlos y subirlos a su web.

Los servicios de la Cámara se enfrentan ahora a la incógnita de qué hacer con unas biografías que incorporan alegatos políticos y referencias a un juicio en marcha. A los diputados presos se les ha prohibido por el momento ejercer sus funciones políticas y ostentar la representación de sus partidos en la ronda de contactos que el rey iniciará en los próximos días. La siguiente prohibición podría afectar a la interpretación de su propia autobiografía.

El miércoles 8 de mayo, el que fuera Letrado Mayor del Parlament de Catalunya, Antoni Bayona, publicó en Agenda Pública un artículo con el título: “La inmunidad parlamentaria irrumpe en el juicio del ”caso procés“, en el que, tras analizar detenidamente la legislación aplicable, llegaba a la conclusión de que ”los representantes electos el pasado 28 de abril afectados por el juicio del “caso procés” gozan de inmunidad desde el momento de su proclamación como electos, lo que obligaría a suspender el juicio contra ellos mientras las cámaras no resolvieran el suplicatorio que, necesariamente, debiera pedir el Tribunal Supremo para continuar el procedimiento“. En el último párrafo del artículo advertía de que, gustara o no gustara, eso es lo que se desprende de la Ley: ”La Justicia española debería andar con pies de plomo para evitar errores en una cuestión tan delicada como esta. El Estado de Derecho no puede permitirse ninguno más como el que nos ha obsequiado recientemente la Junta Electoral Central“, en clara referencia a la exclusión de Puigdemont de la lista a las elecciones al Parlamento Europeo.

El Tribunal Supremo, como sin duda el lector sabe, no tomó en consideración la advertencia de Antoni Bayona y el 14 de mayo dictó un Auto, en el que no consideró que la elección de cuatro procesados como diputados y uno como senador le obligaba a poner fin a la medida de prisión provisional, dirigir a continuación el suplicatorio a las cámaras y suspender el juicio hasta tanto éstas se hubieran pronunciado.

Parecería que el Tribunal Supremo tenía claro qué es lo que tenía que hacer y que no tenía duda de que su decisión se ajustaba a Derecho. Los términos en que se expresa en el Auto son muy rotundos.

Sin embargo, no era así. El Tribunal Supremo tenía, como mínimo dudas, de que pudiera hacer lo que estaba haciendo y de que no tuviera razón el Letrado Mayor del Parlament. Y por eso, tras argumentar el Auto de la forma en que lo hace, no extrae la conclusión de suspender a los cinco parlamentarios en el ejercicio de la función para la que han sido elegidos, sino que escurre el bulto y desplaza la responsabilidad a la Mesa del Congreso y del Senado.

Tengo dudas de que pueda hacer lo que estoy haciendo, pero no tomo la decisión de suspender a los parlamentarios, con lo cual la decisión que adopto no es sustantiva, sino meramente procesal y no puede ser recurrida. Podrá ser alegada, una vez finalizado el proceso y cuando ya se haya dictado sentencia, en el eventual recurso que se presente contra ella. Pero, para entonces, habrá pasado mucho tiempo. Mientras tanto, transfiero la responsabilidad de tomar la decisión de suspender a las Mesas de las Cámaras, con lo que les impongo a ellas la obligación de actuar de una manera que no estoy seguro que sea constitucionalmente aceptable. Argumento de una manera, pero me arrugo a la hora de extraer la conclusión de la argumentación.

La cobardía del Tribunal Supremo es inaudita. Escurrir el bulto, en lugar de dar la cara, es lo peor que puede hacer un órgano que quiera ser respetado. Cuando uno no se respeta a sí mismo, es difícil que lo respeten los demás. Y eso es, justamente, lo que ha hecho el Tribunal Supremo con su Auto del 14 de mayo y con la simultánea traslación de su responsabilidad a las Mesas del Congreso y del Senado. Si, en opinión del Tribunal Supremo, los parlamentarios tienen que ser suspendidos, es él el que tiene que tomar la decisión. Esa no es una decisión política, sino jurisdiccional. No puede transferir su responsabilidad a nadie. También así se atenta contra la división de poderes.

La decisión que ha adoptado el Tribunal Supremo no es una decisión jurisdiccional, sino una decisión política y una decisión que encaja como un guante en la estrategia que están poniendo en marcha Ciudadanos como punta de lanza, pero con el concurso inmediato de PP y Vox. Con el argumento de no interferir en la política parlamentaria, lo acaba haciendo en grado superlativo. Es una manera de contribuir a tensionar todavía más la ya de por sí tensionada vida parlamentaria en este comienzo de la legislatura. ¿Se entiende por qué el senador Cosidó escribió su tristemente famoso WhatsApp?

En la próxima semana, si Oriol Junqueras es proclamado candidato electo el domingo 26, quedará al descubierto la artera manera de proceder del Tribunal Supremo. ¿Se atreverá a dirigirse a la Mesa del Parlamento Europeo para que suspenda al euro parlamentario Junqueras en el ejercicio de la función para la que ha sido elegido? Las mesas de las Cámaras harían bien en ser prudentes y no precipitarse.

La Fiscalía informará esta semana en contra de que los exconsellers encarcelados puedan asistir a la comisión de investigación que analizará la aplicación del artículo 155. La cámara autonómica, con los votos de Junts per Catalunya, ERC y Catalunya en Comú, decidió en diciembre incluir en su listado de citados a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn y Dolors Bassa.

Tras configurar la lista de comparecientes, el presidente de la cámara autonómica, Roger Torrent, solicitó formalmente al Supremo el permiso para que los políticos presos pudieran asistir a las sesiones de las comisión. El trámite requiere un informe previo de Fiscalía que se negará a facilitar esas comparecencias.

Las comparecencias solicitadas podrían celebrarse a través de videoconferencia desde prisión, pero incluso esa posibilidad será negada por el ministerio fiscal. En una carta remitida al Supremo el pasado 27 de diciembre, Torrent pide que los políticos presos comparezcan ante la citada comisión, el próximo 22 de enero. La fecha elegida por el parlamento catalán coincide en el tiempo con el momento en el que está previsto de su inicio el juicio del procés (entre finales de enero y principios de febrero).

Fuentes de la fiscalía del Supremo aseguran que las comparecencias de los políticos presos en la comisión de investigación sobre el 155 podría “interferir” en el desarrollo del juicio que en unas semanas empezará a aclarar responsabilidades y penas en la causa del procés. Según las mismas fuentes, “el objeto y los hechos sometidos a investigación parlamentaria coinciden sustancialmente con aquellos que son objeto del proceso penal”. Siguiendo con ese razonamiento, fuentes de la fiscalía del TS aseguran que “las declaraciones que se solicitan se refieren a acusados no juzgados, por lo que sus derechos procesales podrían resultar afectados por la práctica de diligencias fuera de las garantías procesales de un juicio”.

La presencia de presos en parlamentos para comparecer ante comisiones de investigación no supone una novedad. El número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, asistió el pasado 13 de noviembre al Congreso de los Diputados para responder a las preguntas de los miembros de la comisión que investiga la supuesta financiación irregular del Partido Popular. Álvaro Pérez, otro de los condenados por el caso Gürtel, hizo lo propio en febrero del año pasado.

La participación de los condenados por Gürtel en la comisión del Congreso se produjo después de haberse celebrado el juicio. Esa no es la situación de los políticos catalanes, que están en prisión preventiva y a la espera de un juicio cuyo inicio se considera inminente.

El Supremo se ha mostrado inflexible con la concesión de permisos puntuales para que los presos del procés puedan abandonar la prisión de manera puntual. El último caso se produjo cuando el exconseller Josep Rull obtuvo un permiso urgente para visitar a su hijo hospitalizado. El permiso, concedido por el juez de guardia, será investigado por si hubiera concurrido alguna irregularidad en su concesión.

El Constitucional no abrirá las puertas de la prisión para Jordi Sánchez y deniega su petición de ser excarcelado. El líder independentista basó su solicitud en una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del pasado mes de noviembre. En esa sentencia, el tribunal europeo solicitaba a Turquía la excarcelación del líder kurdo Selahattin Demirtas, al considerar que su encarcelamiento pretendía “perseguir el pluralismo político”.

La defensa de Sànchez quiso utilizar la causa del líder kurdo como una “circunstancia sobrevenida” que podría alterar la práctica habitual del TC de no suspender las resoluciones de la Audiencia Nacional.

El Constitucional responde, sin embargo, que la sentencia alegada por Sánchez hace referencia a “un procedimiento en el que ni el Estado español ni el recurrente en amparo han sido parte”, por lo que consideran que no genera influencia jurídica sobre el proceso en curso.

Según el TC, “La sentencia Selahattin c. Turquía no actúa de forma directa sobre nuestro sistema de protección de los derechos fundamentales, exigiendo una proyección automática de la ejecución de la misma”. De ahí -asegura el TC- que “no se trata de una circunstancia sobrevenida que pueda provocar un efecto automático en los procedimientos judiciales internos”.

Sànchez lleva en prisión desde octubre de 2017. Este viernes ha comunicado que abandonaba la huelga de hambre, al igual que han hecho Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull.

Nuevo conflicto con Bélgica. Si hace un mes y medio, las partes intentaron acotarlo al ámbito regional, esta vez ha saltado al campo de los Estados. En octubre pasado, el Gobierno español retiró el estatus diplomático del delegado flamenco en España, André Hebbelinck, en represalia por las críticas del presidente del Parlamento flamenco, Jan Peumans (de Nueva Alianza Flamenca), al sistema español.

Ahora el asunto ha escalado en cuanto a jerarquía de los actores. El ministro de Defensa belga, Sander Loones, también del nacionalista Nueva Alianza Flamenca –partido que sostiene al liberal George Michel– tuiteó el pasado 1 de diciembre sobre la huelga de hambre de los políticos independentistas presos: “Encerrados por más de un año. Sin ser juzgados. El juez español ni siquiera se ocupa de su demanda. Para evitar que el Tribunal de Derechos Humanos pueda pronunciarse. Ahora se ven obligados a hacer huelga de hambre. Ningún demócrata puede guardar silencio sobre esto”.

El pasado sábado emprendieron la huelga de hambre el líder de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, y el exconseller Jordi Turull. El lunes se sumaron también los exconsellers Josep Rull y Joaquim Forn.

“Ha hecho unas declaraciones inaceptables que seguramente recibirán una respuesta por nuestra parte”, ha sentenciado el ministro de Defensa, Josep Borrell, a su llegada a una reunión de ministros de miembros de la OTAN en Bruselas.

Cuando en octubre España retiró el estatus diplomático al delegado de la región de Flandes en Madrid, André Hebbelinck, Borrell convocó entonces al embajador belga en Madrid, Marc Calcoen, para trasladarle personalmente el malestar de España por esas declaraciones.

Fue la tercera vez en menos de un mes que el embajador belga fue convocado por el Ministerio de Exteriores español como protesta por las palabras de Peumans, que había considerado “inadmisible” que los líderes independentistas catalanes sigan en prisión y sostuvo que “encerrar a políticos es un acto de violencia”. Peumans también había afirmado que el Gobierno español es “incapaz de cumplir las condiciones para formar parte de una Europa democrática”.

Un grupo de independentistas catalanes ha irrumpido este lunes en una conferencia que ofrecía el exministro de Rajoy José Manuel García Margallo en Reus, Tarragona, provocando su suspensión durante unos minutos. Según informa La Sexta Noticias, los protestantes pedían 'libertad' para los líderes independentistas encarcelados.

La interrupción se produjo al inicio de la charla, que se celebraba en el Círcol de Reus y llevaba como título 'España en el mundo'. Margallo no ha hecho ninguna valoración al respecto en ningún momento del evento.

No obstante, algunos de los asistentes a la conferencia del exministro mostraron su rechazo a este protesta, con gritos a favor de la unidad de España y sacando a relucir algunas banderas rojigualdas.

Esta tensión también se habría visto a las puertas del recinto, informa Diari de TarragonaDiari de Tarragona, donde han coincidido dos manifestaciones –a favor y en contra– por la presencia de Margallo en la ciudad catalana.

El viernes se conocen los escritos de la Fiscalía sobre los políticos independentistas presos. Unos escritos sobre los que, en palabras de algunos dirigentes independentistas, dependerá el futuro de los presupuestos de Pedro Sánchez. El líder del PDeCAT y expresident, Carles Puigdemont, ha afirmado en Bruselas: “El viernes veremos si el Estado español rectifica su inmenso error”. ¿Dependerá de eso su apoyo a los presupuestos? Silencio. 

Puigdemont no ha querido a contestar al apoyo o no al proyecto de presupuestos pactado por el Gobierno y Unidos Podemos, y tampoco a qué espera de la Fiscalía: “El viernes veremos, no he hablado con nadie de la Fiscalía, hay que esperar a su decisión”. 

El líder del PDeCAT ha participado este miércoles por la tarde en Bruselas en la presentación de Més operació urnes (Columna), de los periodistas Laia Vicens y Xevi Tedó, celebrada en la delegación de la Generalitat ante la UE. 

Durante la presentación de la obra, Puigdemont ha recordado la primera vez que vio la urna que se utilizó el 1-O: “Cuando miro la urna, recuerdo cómo fue la primera vez que la vi. Hay muchas cosas que aún no se han explicado. Fue un modelo determinado, una protourna, y la vi en el maletero de un coche de una persona que me enseñó diversos modelos”. 

Puigdemont ha reconocido que “la historia no está completa, y no puede ser por muchos motivos: no se puede hacer historia mientras está en curso, no se ha acabado, hay muchos capítulos que se están escribiendo. Hay mucho ruido y ganas de colonizar lo que va a pasar. Tener prisa no es un buen consejo para escribir la historia.  Algunos han pretendido hacer crónicas canónicas sin hablar con los que teníamos algo que decir, como yo mismo”.

El libro, según Puigdemont, “explica a cómo nos queríamos organizar como república, de una sociedad de súbditos a una cooperativa de ciudadanos. La Operación urna explica cómo una cooperativa de ciudadanos empoderada se organiza para que sea un éxito. Es la historia de por qué nos propusimos entonces una república independiente y no hace 40 años, que no había independentistas en el Parlament. Estamos viviendo un empoderamiento ciudadano  de gente que quiere vivir y organizarse en democracia de forma diferente. Con el gobierno sólo no podríamos haber puesto las urnas ni haber creado la conspiración ciudadana de protegerlas”. 

“La historia demanda paciencia”, ha afirmado Puigdemont: “No se ha acabado la historia, y q través de este objeto material barato [la urna] podemos sublimar una sociedad que aspira a la libertad”. 

El líder del PDeCAT ha reconocido que se encuentran “en una situación inédita, que no ha pasado en ningún país que ha buscado la independencia. Hemos decidido un camino no violento, que tiene dificultades obvias, y los líderes tienen la presión de la prisión o el exilio. Las circunstancias son duras y difícil.  Yo no puedo hablar por teléfono con Jordi Sánchez, por ejemplo. no hay internet en las prisiones y para intercambiar mensajes, análisis y decisiones que se han que tomar, es difícil hacerlo por carta. A veces nos superan los hechos, hay un problema de ritmos. Pedimos un poco de comprensión. Aparentamos el aspecto más normal, pero tenemos los problemas que tenemos porque la situación es muy complicada. El vicepresidente Junqueras lleva un año en prisión sin juicio. Es muy duro”. 

El expresident, así, se ha reafirmado: “Nuestro propósito es el mismo, y encontraremos la fórmula de avanzar colectivamente. El camino es irrenunciable, no hay otro, tenemos confianza y esperanza”.

En cuanto al 1-O, del que se acaba de cumplir un año, Puigdemont ha afirmado que “es la operación de represión más importante en toda Europa en  un solo día. No ha pasado jamás. 40 años de la transición, pensábamos que la reacción no sería esa, que 30 años en la UE habrían ayudado a estándares europeos en la resolución de conflictos. Y lo que está pasando no es europeo ni democrático. En aquellos días, ¿cómo dices que sabes que habrá urnas para dar confianza a la gente si con ello pones en riesgo toda la operación? Dijimos que lo haríamos de forma pacífica y no violenta, para preservar la convivencia y el pacifismo. Lo dijimos, con esta clave. ¿Qué es lo que ha generado más credibilidad? Esa palabra. Porque la historia no ha terminado. Otros no aguantarán el paso del tiempo”.

¿Algún país reconocerá a Catalunya? “Es más sujeto político de hecho que hace un año, es más reconocida políticamente. Aguanta un titular en China. Y eso es condición para que sea sujeto de derecho. Nosotros no pedimos que ningún país nos reconociera, hubo conversaciones, pero había que trabajarlo para que ese reconocimiento llegara después del conocimiento. ¿Es hoy más fácil? También. ¿Hay algún compromiso? No. Y es difícil pensar que a la primera demanda haya una respuesta positiva”.  

El Gobierno de Pedro Sánchez necesita sumar el voto de los partidos nacionalistas e independentistas catalanes para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2019, pero no está dispuesto a iniciar una negociación que incluya la situación actual de los políticos presos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reconocido este lunes en Sevilla que si hace un año le cuentan que un pacto presupuestario iba a estar condicionado por el encarcelamiento de un grupo de políticos, no se lo hubiese creído. “Tampoco me lo creo ahora”, ha añadido, para dejar claro que no contempla ese escenario bajo ningún concepto.

Montero reconoce que se han iniciado ya “contactos y reuniones discretas” desde su Ministerio para negociar las próximas cuentas públicas de 2019, pero ha lanzado una advertencia clara al Govern catalán y a los líderes del PDeCat y de ERC, cuyos votos son necesarios en el Congreso. “He trasladado meridianamente claro a todas las formaciones del Govern que cuando hablemos del interés general, será sobre cuentas públicas, de ninguna cosa más. Si alguien quiere poner sobre la mesa otra reclamación, se la tendrá que llevar de vuelta. Los comentarios del Govern sobre los políticos presos son de cara a la galería, porque aquí no se va a alterar la separación obligatoria de poderes del Estado”, subraya la ministra.

La ministra de Hacienda también ha rechazado de plano que el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, esté actuando como un interlocutor del Gobierno con los líderes nacionalistas. Iglesias se reunió la semana pasada en la cárcel con Oriol Junqueras, dirigente de ERC, también ha contactado en el extranjero con el ex president Carles Puigdemont, y con el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu.

Son tres partidos nacionalistas con representación en el Congreso que tienen en su mano la aprobación de los Presupuestos Generales que el PSOE ha pactado ya con Unidos Podemos. “La negociación corresponde a Hacienda. Y este Gobierno no delega la negociación de los Presupuestos”, ha remarcado Montero, tras recordar que el propio Iglesias “ya ha dicho que no es ningún enviado del Ejecutivo”. “El Gobierno no es responsable de lo que hace Pablo Iglesias como tampoco lo es de que Pablo Casado se vaya a Bruselas a hablar mal de España”, avisa.

Montero descarta cualquier “trato diferenciado” o “privilegio fiscal” para Catalunya. “Ante el desafío soberanista”, dice, la propuesta del presidente Pedro Sánchez pasa por un referéndum para obtener más autogobierno, “pero eso en ningún caso puede suponer más privilegios o una quiebra de la igualdad de oportunidades de los territorios”.

A izquierda y derecha

La ministra de Hacienda ha negociado y aprobado los tres últimos presupuestos andaluces con Ciudadanos, socio preferente del Gobierno de Susana Díaz en este mandato, y ahora ha firmado un preacuerdo con Unidos Podemos sobre las cuentas generales del Estado. Esa dualidad, según la ministra, se debe a la “amplia base social” de los socialistas, que le permite “orientar las propuestas políticas del entorno”. “Siempre es difícil pactar un Presupuesto con formaciones diferentes, pero el PSOE siempre ha sabido pactar a la derecha y a la izquierda”, sostiene.

Un ejemplo de esa dualidad es el impuesto de sucesiones y donaciones. Montero tuvo que rebajar esa tasa en Andalucía -como exigencia de Ciudadanos-, pero siempre mantuvo que era un impuesto que gravaba más a las rentas altas, y que era obligación del Gobierno central “eliminarlo o armonizarlo” para evitar el dumping fiscal (o competencia desleal) entre comunidades (se trata de una tasa cedida a las regiones). Ahora, como ministra, no contempla deshacerse de este impuesto en los próximos Presupuestos, pero admite que la competencia desleal existe. “Sin duda, las comunidades con recursos y rentas más altas hacen dumping fiscal” y rebajan una tasa que a las regiones más pobres les supone mayor ingreso que a ellas. “Hay una obligación de armonizar este impuesto, imponiendo unos mínimos y unos máximos que eviten el dumping fiscal. Hay que abordar este problema y ponerle corrección”, asegura.

La ministra no siente que ahora forme parte de un Gobierno más de izquierdas que cuando era consejera de Hacienda en el gabinete de Díaz. Cuando se lo ha han preguntado, durante un desayuno informativo organizado por el grupo Joly, ha sido tajante: “No. Yo he aprendido a hacer políticas de izquierda en Andalucía”. Montero está satisfecha con su borrador de Presupuestos Generales, asegura que “recoge el programa del PSOE, aunque no todo el programa está volcado” en estas cuentas.

Para cerrar el coloquio le han preguntado cómo percibe el peso específico de Andalucía en el contexto político y económico de Madrid. “¿La verdad? La verdad es que aún la presencia de Andalucía en el conjunto del Estado es muy inferior a lo que le corresponde”, ha reconocido, instando a empresarios, sindicatos y otros agentes sociales presentes a afianzar el peso andaluz en el conjunto del país. “Echo de menos la presencia de más andaluces en sectores de representación política, social y económica en Madrid”, sentenció.

“No hay conflicto diplomático entre el gobierno federal belga y España”. Así ha limitado el primer ministro belga, George Michel, el problema del Gobierno español con la región belga de Flandes. 

El Gobierno español ha retirado el estatus diplomático del delegado flamenco en España, André Hebbelinck, en represalia por las críticas del presidente del Parlamento flamenco, Jan Peumans, al sistema español, y el ministro-presidente de Flandes ha afirmado que es una decisión inédita en las relaciones de los países de la UE y tratará de que Madrid dé marcha atrás.

“Es muy simple”, ha dicho Michel: “Hay autonomía [en Bélgica] para las entidades, para las regiones, en el plano internacional. Es responsabilidad de Flandes gestionar su relación con España y es responsabilidad de España, según los tratados internacionales, definir de qué manera organiza su relación diplomática,  incluyendo las entidades regionales”. 

¿Cree que es una reacción excesiva de España? “No tengo comentarios ni de uno ni de otros. Es responsabilidad del Gobierno flamenco. Respeto su autonomía y las responsabilidades según los tratados internacionales”.

El exconseller de Empresa de la Generalitat de Catalunya ha afirmado que los presos soberanistas, entre los cuales están algunos de sus excompañeros del Govern de Carles Puigdemont, no son “presos políticos”, aunque apunta que están “injustamente encarcelados”.

“Son políticos presos”, ha asegurado. “En mi opinión están injustamente encarcelados pero no son presos políticos. Están acusados de haber incumplido la leyes. España no es Turquía”, ha dicho en una entrevista a El Diario Vasco.

Vila, que abandonó su cargo en el Govern un día antes de la declaración unilateral de Independencia, el día 26 de octubre, explica en la entrevista que “nunca” ha llevado el lazo amarillo en solidaridad con los presos independentistas. “Respeto a los que lo llevan. Lo valoro”, ha manifestado. Sin embargo, añade que no se olvida de que “para muchos el lazo es una muestra de afecto, pero para otros es un símbolo agresivo porque supone aceptar que hay presos políticos en España”.

El exconseller, crítico con la gestión del procés que hizo Puigdemont tras el referéndum, ha explicado que a partir de ese día “el soberanismo se quedó sin hoja de ruta”, y cuenta que lleva desde el día de la DUI sin hablar con el expresident, afincado en Bélgica.

Por otra parte, Vila ha considerado de forma positiva la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de organizar un referéndum sobre el autogobierno en Catalunya.

“Entre el autogobierno y la autodeterminacion, hay una grieta por la que podemos pasar muchos soberanistas y solucionaremos el problema”, apunta. “Si puedes organizar un referéndum por la mejora del autogobierno y la mayoría de los catalanes te lo aprueba has matado el perro y la rabia”, afirma.

El diputado de ERC en el Congreso Joan Tardá se ha preguntado cómo podrá volver a mirarles a la cara, y le ha tachado de “insolidario”. “Cuesta creer que alguien que ha sido miembro del Govern pueda llegar a ser tan insolidario con sus compañeros y compañeras”, ha afirmado en su cuenta de Twitter.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ultima ya el escrito de acusación provisional que tendrá que presentar ante la Sala de Lo Penal de este órgano una vez se abra juicio contra los miembros del exGovern de Carles Puigdemont procesados por su implicación en el 'procés', y mantiene en este documento el delito de rebelión por el que optó en la querella que dio inicio a este procedimiento.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio Público que señalan que el cambio en la cúpula de la Fiscalía General, con la llegada de María José Segarra, no ha conllevado nuevas instrucciones para los cuatro fiscales adscritos al caso. Así, las mismas fuentes señalan que Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno previsiblemente mantendrán en su informe que la instrucción realizada por Llarena ha venido a confirmar los extremos incluidos en la querella presentada el pasado 30 de octubre por el ya fallecido José Manuel Maza.

En dicha querella se acusaba indiciariamente a un total de 20 personas -exmiembros del Govern encabezados por Carles Puigdemont y de la Mesa del Parlamento de Cataluña- de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos por hechos que engloban todo el denominado 'procés' que concluyó con la declaración unilateral de independencia (DUI) y que se remontan a noviembre de 2015.

El escrito que prepara la Fiscalía no se dirigirá contra todos ellos, tras la huida del propio Puigdemont, cinco de sus exconsejeros y las mandatarias de ERC y la CUP Marta Rovira y Anna Gabriel, que de regresar a España serán juzgados en otro procedimiento diferente.

Lo que sí parece claro es que se mantendrá la acusación de rebelión para los exmandatarios en prisión que han sido procesados por este delito por el instructor de la causa, Pablo Llarena, entre los que se encuentra el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.

Rebelión y sedición

El artículo 472 del Código Penal reconoce como sujetos del delito de rebelión a aquellas personas que se alcen “violenta y públicamente” para declarar la independencia de una parte del territorio nacional, para suspender o modificar la Constitución, o para despojar de sus facultades al Rey, entre otros supuestos, y el delito se castiga con entre 15 y 25 años de prisión..

Esta obligatoriedad de ver violencia en la acción de los procesados es la que ha motivado que desde algunos ámbitos jurídicos se haya planteado la dificultad de que pueda condenarse por este delito en concreto.

Sin embargo, en todos los escritos presentados por la Fiscalía a lo largo de la instrucción de la causa esta violencia nunca se ha puesto en entredicho, y por el contrario el Ministerio Público la ha venido señalando de forma reiterada en la actuación y responsabilidad de los procesados en dos fechas concretas: el 20 de septiembre de 2017, con ocasión de las manifestaciones frente a la Consejería de Economía, y por hechos relacionados con el 1 de octubre, cuando se celebró el referéndum independentista ilegal.

En todo caso, en el auto en el que confirmaba los procesamientos el propio instructor Llarena apuntaba también a la posibilidad de que los hechos puedan ser calificados como conspiración para la rebelión, reafirmándose en que concurre el requisito de la violencia para imputar este delito. También indicaba que en el “caso hipotético” de que no se pudiera acreditar que esa violencia iba dirigida a conseguir la independencia de Cataluña se podría atribuir a los procesados el delito de sedición.

La sedición se atribuye a aquellas personas que se alcen “pública y tumultuariamente” para impedir “por la fuerza o fuera de las vías legales” la aplicación de las leyes o el ejercicio de las funciones a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público. El Código Penal prevé entre 10 y 15 años de prisión y la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo a las personas “constituidas en autoridad” que hayan “inducido, sostenido o dirigido” la sedición.

Los tres candidatos a la presidencia de la Generalitat del único partido que, tras las elecciones del 21 de diciembre del año pasado, estaba en condiciones de ocuparla, están en el exilio o en prisión. Y además, acusados de un delito de rebelión, cuya prescripción, para el que se encuentra en el exilio, se producirá dentro de veinte años y con la posibilidad, para los que ahora mismo se encuentran en situación de prisión provisional, de ser condenados a una pena privativa de libertad de hasta treinta años.

Este es el dato más importante para entender lo que está ocurriendo políticamente en Catalunya y, de rebote, en España. ¿Qué cabe esperar de personas, de ideología nacionalista, cuyo horizonte personal son decenios de exilio o de cárcel? ¿Qué incentivos pueden tener para que se pueda hacer una vida normal en Catalunya o en España? Para ellos, la normalización política, de Catalunya y de España, supone quedar confinados en la situación en que se encuentran. Únicamente creando una situación insoportable, pueden tener alguna esperanza de acabar encontrando una salida.

Y a eso se están dedicando. Y tienen bazas importantes para hacer avanzar su plan. Tanto dentro del nacionalismo como fuera, en la relación del nacionalismo catalán con los demás partidos de Catalunya y del Estado.

Dentro del nacionalismo se encuentran en una posición inexpugnable. Es imposible oponerse a quien está en el exilio o quienes están en la cárcel, acusados de un delito que no han cometido. Esto no lo piensan solamente los nacionalistas catalanes, sino que lo pensamos muchos más ciudadanos no solamente de Catalunya, sino del resto del Estado y de la Unión Europea. Pero para los nacionalistas catalanes supone estar sometidos a una suerte de mandato imperativo, que no gusta a un porcentaje considerable, pero frente al cual no se puede articular un mandato alternativo. En la situación en que se encuentra Catalunya, la política nacionalista se dirigirá desde el exilio y la cárcel. Y quien no esté de acuerdo, se tiene que apartar, como ha hecho Marta Pascal. La han acompañado un 35% de los militantes del PDeCAT, que no son pocos, pero en una protesta puramente testimonial.

Una vez conseguida una posición que es mucho más que hegemónica dentro del PDeCAT, viene el asalto a ERC, al que no le va a ser fácil resistir el ataque. La operación de acoso y derribo a Marta Pascal no es nada para la operación que se avecina contra ERC. El President del Parlament está siendo ya el primer destinatario de la embestida. ¿Qué, si no, fue la reunión de la Mesa del Parlament de la semana pasada? O te pliegas a lo que te exigimos, o no puedes ejercer de President y tienes que mantener el Parlament cerrado. ¿Cuánto tiempo puede Torrent mantenerse como President con el Parlament cerrado? Mi impresión es que dentro de ERC no tienen preparada una estrategia de defensa. No saben cómo parar la avalancha que se les va a venir encima. Y esto no ha hecho nada más que empezar. Carles Puigdemont es, dentro del nacionalismo, el único que tiene diseñada una estrategia para enfrentarse al Estado.

Una vez que Carles Puigdemont haya conseguido imponerse en el conjunto del nacionalismo catalán, la estrategia de desestabilizar el sistema político español será el siguiente paso. Y con los votos de los que dispone en el Congreso de los Diputados lo puede conseguir. La continuidad de la legislatura está en manos de Puigdemont. Tendría que producirse una rebelión contra su liderazgo por parte de los diputados del PDeCAT para que no fuera así. Es algo que posiblemente le agradaría a varios de ellos, pero a lo que no se va a atrever ninguno. Carles Puigdemont no va a permitir que los diputados del PDeCAT vuelvan a tener la autonomía que han tenido en la moción de censura que ha hecho presidente a Pedro Sánchez.

La decisión de perseguir por el delito de rebelión a Carles Puigdemont y demás dirigentes nacionalistas catalanes, de la que ha presumido Mariano Rajoy en su discurso de despedida de su partido y de la política en el pasado Congreso Extraordinario del PP, ha sido una decisión ruinosa, que puede acabar llevándonos a una situación de desgobierno generalizado. Porque el nacionalismo catalán no tiene la fuerza suficiente para conseguir la independencia de Catalunya, pero sí para hacernos la vida imposible a todos los españoles, catalanes incluidos.

En esas estamos.