Los presos de ERC y Junts difieren de Cuixart y no responden al Supremo sobre su indulto

Forcadell saluda a Junqueras delante de la prisión de Wad-Ras

La callada por respuesta. Así han decido contestar al Tribunal Supremo los presos del procés de ERC y de Junts per Catalunya. El exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, así como los exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn y Josep Rull y el exlíder de la ANC y actual secretario general de Junts, Jordi Sànchez, han anunciado que no responderán a la petición que el tribunal del procés ha realizado a los condenados sobre su indulto.

Los presos de ERC y Junts toman así una posición distinta de la del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que este miércoles sí contestó al Supremo para indicar que su prioridad era la amnistía y no el indulto. Cuixart replicó al Supremo el mismo día que la Sala presidida por el magistrado Manuel Marchena requirió a las defensas de los doce condenados por el procés para que se posicionen sobre el indulto solicitado a su favor por parte de sindicatos como la UGT o particulares como el letrado Francesc Jufresa.

En un comunicado, ERC ha explicado que los cuatro condenados por sedición no darán respuesta al alto tribunal porque "la ley no lo prevé y porque no es de obligado cumplimiento". Los cuatro independentistas han acusado al Supremo de pedirles opinión sobre el indulto antes de emitir su informe "por cuestiones meramente políticas", ya que es un trámite que no se encuentra previsto en la ley. "La solución al conflicto político entre Catalunya y España debe ser colectiva y pasa por la amnistía", han agregado.

Según han informado fuentes de la defensa Sànchez, Rull y Turull, la decisión de renunciar a responder al Supremo la han tomado en una reunión mantenida en la tarde de este jueves en la cárcel de Lledoners con su abogado, Jordi Pina, y responde al hecho de que no se sienten interpelados por el Alto Tribunal.

La contestación era una cuestión más simbólica que material. Respondan o no al Supremo, los trámites para la decisión final respecto al indulto no se alteran: la ley del indulto no obliga a que el tribunal tenga que consultar al condenado sobre si acepta la medida de gracia, y si el Gobierno terminara concediéndoselo los presos tampoco podrían negarse a salir de prisión. Antes de la decisión final del Ejecutivo el tribunal del procés tendrá que emitir un informe preceptivo, pero no vinculante, sobre la medida de gracia.

El plazo que el Supremo ha dado a las defensas llega después de que el Tribunal Constitucional avalara por primera vez las condenas por sedición, si bien dos de sus magistrados discreparon y criticaron por "desproporcionadas" las altas penas de cárcel. En su voto particular, el magistrado Juan Antonio Xiol y la magistrado María Luisa Balaguer consideraron que el propio Supremo podía haber propuesto al Gobierno en su sentencia un indulto parcial y atemperar así las penas, habida cuenta de la "indeterminación" de la sedición en el Código Penal, la casi inexistente jurisprudencia contemporánea respecto a este delito y la afectación del delito sobre derechos fundamentales.

La tramitación de los indultos por parte del Gobierno empezó el pasado mes de septiembre, cuando el Ministerio de Justicia envió al Tribunal Supremo la petición realizada por el letrado Francesc Jufresa. Tal y como marca la ley del indulto, el tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, pidió a los centros penitenciarios en los que cumplen condena los presos y a la Fiscalía que informaran al respecto, trámite que cumplieron a finales de noviembre y principios de diciembre respectivamente. Mientras las cárceles expresaron el progreso favorable de los presos del procés ante el indulto, el Ministerio Público lo rechazó de plano, con la misma dureza que ha mostrado a lo largo de toda la causa.

No fue hasta el pasado 26 de enero cuando la Sala de lo Penal del Alto Tribunal solicitó su informe sobre a la Abogacía del Estado, perjudicada por el delito de malversación al que fueron condenados el exvicepresident Oriol Junqueras y los exconsellera Dolors Bassa, Raül Romeva y Jordi Turull. Antes de emitir su dictamen la Abogacía pidió al Supremo que reclamara un informe al Tribunal de Cuentas para certificar algo conocido públicamente desde el año pasado, esto es, que los presos depositaron una fianza de 4,1 millones de euros para afrontar su eventual condena ante ese órgano por los gastos del 1-O.

El Tribunal de Cuentas confirmó al Supremo el pasado 16 de marzo que la fianza estaba depositada. La Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, emitió el 30 de marzo su informe, en el que rechazó pronunciarse a favor o en contra del indulto alegando que de hacerlo se estaría "anticipando" a una decisión que corresponde al Gobierno. Completados los informes de las acusaciones, corresponde ahora al tribunal presidido por Manuel Marchena emitir su dictamen una vez se cierre el nuevo trámite con las defensas. Cuando el Supremo envíe al Gobierno su dictamen, el Ministerio de Justicia deberá elevar al Consejo de Ministros una propuesta sobre el indulto sobre los condenados, que llevan ya más de tres años en prisión.

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Publicado el
6 de mayo de 2021 - 15:36 h

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