La única cita electoral fijada en el calendario a día de hoy son las municipales del 23 de mayo de 2027, que coincidirían con una decena de autonómicas. Con esa fecha en el calendario, los municipios echan cuentas sobre posibles cambios en el padrón que podrían hacerles ganar en concejales con respecto a los comicios de 2023 o, por el contrario, perder representación en sus plenos.

Los cambios más significativos son los que supone una diferencia de cuatro ediles, de 10.001 a 20.000 habitantes; de 20.001 a 50.000; y de 50.001 a 100.000. En el primer caso, hay un municipio en Andalucía, cuatro en el segundo y ninguno en el tercero. Por debajo en número de habitantes, los tramos establecidos suponen ganar o perder dos concejales, cifra nada desdeñable tampoco y que ya se ha registrado en otra docena de localidades de la comunidad autónoma.

De este modo, pese a que todos manejan cifras provisionales, lo único oficial que permite ya establecer diferencias con respecto a las elecciones municipales de 2023, son los datos publicados en diciembre 2025, y constatan casi una veintena de cambios: siete municipios que han ganado en población y pasarían de tramo, y once que han perdido habitantes y retrocederían. Porque la otra factura de la despoblación es el coste en concejales.

En el contexto de regularización de migrantes que está llevando a cabo el Gobierno de España se llegó a insinuar desde el PP que el proceso serviría para engordar artificialmente el censo, si bien la derecha tuvo que reconocer que no es cierto que los beneficiarios ganen automáticamente el derecho a voto. En las elecciones municipales pueden votar en España, además los originarios de otros países de la UE, aquellos procedentes de naciones con las que exista un acuerdo reciprocidad y reúnan los requisitos fijados, como un tipo mínimo de residencia legal, que no les daría tiempo a cumplir, es decir, Noruega, Ecuador, Nueva Zelanda, Colombia, Chile, Perú, Paraguay, Islandia, Bolivia, Cabo Verde, República de Corea, Reino Unido y Trinidad y Tobago.

Los que más crecen

Sevilla es la única capital donde ya calculan un cambio. Fuentes municipales aseguran, con datos provisionales, que ganaría dos concejales, tras volver a superar los 700.000, dato que el INE deberá ratificar en los próximos meses. Sin salir de la provincia de Sevilla, y en este caso sí con datos oficiales, Villanueva del Río y Minas tenía 4.939 habitantes en 2023, o sea, en el tramo de 2.001 a 5.000 y, por tanto, con 11 concejales. En 2025 suma ya 5.073 habitantes, por lo que pasaría a tener 13.

Pero los saltos más importantes se han dado, también con datos definitivos, en otras provincias. En Almería, Vera ha superado el tramo de 20.000 habitantes y elegiría cuatro concejales más. Lo mismo ocurriría con Chipiona, en Cádiz. Esto casa con una tendencia de despegue en la costa, frente al freno en el interior y en la sierra. Igualmente, en Granada, también ha superado los 20.000 residentes La Zubia, coincidiendo con la tendencia de incremento de población en el área metropolitana.

El salto de cuatro concejales suele producir una mayor fragmentación del pleno y origina en ocasiones más dificultad para alcanzar mayoría absoluta, con lo que crece el valor de los partidos pequeños.  Luis Mario Aparcero, alcalde de Chipiona, explica que “ya era evidente que todos los años” estaban “evolucionando en número de habitantes”. Superar los 20.000 supone “más subvenciones y ayudas de los ministerios y otros organismos, incrementa la participación en impuestos estatales, lleva a implementar el servicio de bomberos, el de ayuda a domicilio…”, explica. Porque además de derechos, hay más obligaciones. “Cuatro escaños más es una mayor representación política, somos ya una ciudad y se necesita más personal”, continúa.

El regidor comenta en este sentido que sube la población fija de Chipiona, no sólo la que tiene su casa de veraneo. “Ya hicimos una campaña específica porque cuanta más gente se empadrone, mejor. Sobre todo, porque muchos no lo hacen, ya sea porque creen que deben cambiar de médicos, porque sólo tienen aquí una segunda residencia… Pero nosotros seguimos acogiendo a todos los que quieran ser chipioneros”, sentencia.

En cuanto a la barrera de los 10.000, otra también que supone una diferencia de cuatro concejales, se ha superado oficialmente, por el momento, en Pizarra, en el Valle del Guadalhorce y a unos 30 minutos de Málaga.

Por el contrario, hay preocupación, aunque relativa, en Cabra, Córdoba, donde con los mismos datos oficiales, se ha bajado de los 20.000, cifra que superaba en las últimas elecciones municipales. Desde el Ayuntamiento de Cabra aseguran que están pendientes de los dos centenares de reclamaciones sobre el padrón que han presentado en la Diputación de Córdoba, porque la cifra por debajo de los 20.000 no se corresponde con la realidad del municipio. “Pese a que la natalidad ha caído, es cierto que hay movimiento en la oficina del padrón y la gente viene a inscribirse, por lo que ha tenido que producirse algún error y estamos seguros de que, una vez resueltas esas reclamaciones, por pocas que sean a nuestro favor, superaremos los 20.000 habitantes”, apuntan fuentes municipales. En este sentido, remarcan que a 1 de enero de 2027 estarán por encima de los 20.000 y “salvarán esos cuatro concejales” que no se pueden “permitir perder porque no se corresponde con la realidad de Cabra”.

Cambios en municipios pequeños

La despoblación amenaza también con pasar factura en número de concejales a pequeños municipios, e implica que se puedan cambiar mayorías por muy pocos votos, aumenta volatilidad electoral y ganan peso las candidaturas locales o independientes. En Almería, se daría esa situación, si no cambian las cifras, en Bédar, que ha bajado de 1.000 vecinos, y Velefique y Benizalón, por debajo de los 250, y son dos ediles menos en cada caso. En Cádiz, Grazalema ha bajado de los 2.000 vecinos, según la última actualización, y en Córdoba, Torrecampo se ha situado por debajo de los 1.000, o sea, también dos concejales menos. En la provincia de Granada, Montejícar y Villanueva Mesía son los que bajan de 2.000. En Jaén, Quesada baja de los 5.000 y pasaría de 13 a 11 concejales, y Sorihuela del Guadalimar están en el límite, con 1.000: o recupera un habitante por lo menos o pierde dos capitulares. En Málaga, Alpandeire baja de 250 habitantes.

Hay también saldos positivos en algunos pueblos pequeños: Beas de Granada e Ítrabo superan los 1.000 y pasarían de cinco a siete ediles en cada caso. En cambio, en Huelva no hay ningún cambio significativo por el momento, pese a que se muestra una tendencia de costa dinámica y sierra e interior con pérdida de concejales que podría variar el mapa en los próximos meses.

Cabe recordar que en cada padrón constan los vecinos del municipio. Su formación, mantenimiento, revisión y custodia corresponde a las administraciones locales, que remiten las variaciones mensuales, y el INE lleva a cabo las comprobaciones necesarias con el fin de subsanar posibles errores y duplicidades.

El Ayuntamiento de València tiene un gran atasco en el padrón, una falta de recursos que está afectando a la población más vulnerable. El sistema de empadronamientos especial registra un retraso notable en la tramitación de los expedientes, con casi 6.000 solicitudes en cola, incluso una de ellas desde el año 2024. Solo entre los meses de enero y mayo de 2026, el consistorio ha recibido 4.816 peticiones, frente a las 5.800 de todo 2025. En paralelo, el consistorio ha dado de baja a más de 7.000 personas extranjeras por irregularidades en el censo o no cumplir los trámites, tal como informó elDiario.es.

Según los datos trasladados por Compromís, que proceden de una respuesta del Ayuntamiento, el municipio ha recibido más de 15.000 solicitudes de empadronamiento especial en tres años. Este sistema engloba el censo de vivienda precaria, personas que residen en vivienda sin autorización, sin poder justificar la residencia con contrato de alquiler, personas sin hogar o personas sin domicilio fijo.

La coalición denuncia un bloqueo en este sistema, que resulta clave para acceder a prestaciones básicas: “Detrás de cada expediente encallado hay una persona que no puede pedir hora al médico, matricular a su hija en un colegio o solicitar una ayuda”, señala la concejala Lucía Beamud. De las 15.774 solicitudes de empadronamiento especiales realizados desde el año 2024, solo 2.296 han acabado en una inscripción efectiva al padrón, mientras el resto ha sido archivadas (3.145), desestimadas (4.516) o sin respuesta (5.817).

La edil de Compromís denuncia que el padrón se ha convertido en “un muro” desde que gobiernan PP y Vox en la ciudad: “Esto no es un retraso, es una puerta cerrada en la nariz”. La concejala de la oposición aprecia intencionalidad política y “racismo institucional”: “Cuando un trámite que tendría que ser automático se convierte en una carrera de obstáculos para las personas migrantes y sin hogar, ya no hablamos de mala gestión. Hablamos de racismo institucional. Catalá ha decidido quién cuenta y quien no cuenta en esta ciudad”, apunta.

El consistorio explica en un comunicado que “entre esos expedientes hay procedimientos pendientes de subsanación por parte de la persona interesada, informes municipales de comprobación de residencia, trámites de audiencia y otras actuaciones necesarias para poder resolver. Así lo recoge expresamente la respuesta municipal”.

Asegura que no es cierto que los expedientes desestimados sean empadronamientos “bloqueados”: “Las desestimaciones se fundamentan en la falta de residencia habitual informada por los correspondientes servicios municipales, mientras que entre los expedientes archivados se encuentran procedimientos finalizados por falta de subsanación o desistimiento”.

Castilla y León ganó 3.383 habitantes en el segundo trimestre del 2026 respecto al primero, un 0,14 de incremento que deja en 2.427.156 los residentes en la comunidad a 1 de julio de este año, debido al empuje de la población extranjera, que aumentó en un 1,9 por ciento en esos tres meses, según la Estadística Continua de Población publicada este jueves por el INE.

La población española residente en Castilla y León se redujo ligeramente en el segundo trimestre respecto al anterior, un 0,05 por ciento, con 2.192.341 empadronados, 967 menos que a 1 de abril; mientras que la extranjera pasó de 230.465 a 234.815, con un total de 4.350 residentes más en la comunidad y ese repunte del 1,9 por ciento.

En el conjunto nacional, la población residente en España aumentó en 104.178 personas durante el segundo trimestre del año y se situó en 49.801.559 habitantes a 1 de julio de 2026 debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. En términos anuales, el crecimiento poblacional estimado fue de 444.205 personas.

Castilla y León ha ganado 18.427 censados en un año con 21.044 residentes extranjeros más

En cuanto a Castilla y León, la comunidad ha ganado 18.427 residentes en el último año, respecto al 1 de julio del 2025, cuando su padrón era de 2.408.729 vecinos, con un repunte del 0,76 por ciento.

También en la comparativa entre el padrón del segundo trimestre del 2026 y el del 2025 el aumento de los residentes en Castilla y León va de la mano de la población extranjera, que pasó de 213.771 a esos 234.815, que suponen 21.044 residentes más, con un repunte del 9,8 por ciento. En cuanto a los residentes españoles en la comunidad, bajaron de 2.194.958 a 2.192.341 en el último año, 2.617 menos, el 0,12 por ciento de descenso.

El séptimo menor aumento autonómico

Todas las comunidades ganaron población en ese segundo trimestre respecto al primero, y Castilla y León anotó el séptimo menor incremento autonómico.

La Comunidad valenciana (0,43%), Illes Balears (0,36%), Principado de Asturias (0,29%) y Murcia (0,29%) experimentaron los mayores aumentos de población.

Por debajo de la media nacional del 0,21 por ciento crecieron Cantabria (0,20%) Comunidad de Madrid (0,18%) Galicia (0,17%) Castilla y León (0,14%) Melilla (0,13%) Comunidad Foral de Navarra (0,12%) País Vasco (0,12%) Andalucía (0,10%) Ceuta (0,09%), La Rioja (0,09%) Extremadura (0,05%) y Canarias (0,03%).

Soria y Zamora pierden población en el segundo trimestre

En cuanto a los datos por provincias, Soria y Zamora perdieron población en ese segundo trimestre del 2026.

En el caso de Soria pasó de 90.670 a 90.559 residentes, con caídas tanto en los residentes españoles como en los extranjeros; mientras que en Zamora, que pasó de 165.530 a 165.510, el aumento de los censados extranjeros no compensó la caída de los españoles.

Segovia y Valladolid ganan también residentes españoles

En todas las provincias la mejora de la población en ese segundo trimestre vino de la mano de la población extranjera, salvo en Segovia y Valladolid que también anotaron ascensos en los residentes españoles.

Segovia llegó al 1 de julio con 161.261 residentes, frente a los 160.893 del trimestre anterior, y los españoles pasaron de 135.967 a 136.044.

Y en la misma línea, en Valladolid, que pasó de 535.482 residentes a 536.425 en ese trimestre, los empadronados nacionales sumaron 489.099, 121 más que en el trimestre anterior.

En el resto de provincias bajó la población española aunque aumentó la extranjera: Ávila cerró el segundo trimestre con 162.743 empadronados, 200 más que en entre enero y marzo; Burgos llegó a los 367.864 residentes, 780 más; León a los 450.910, 619 más que en el primer trimestre; Palencia a los 160.620, 263 residentes más; y Salamanca a los 331.264, 341 más.

Un día después de que conocerse que la Guardia Civil está investigando presuntas irregularidades en el padrón de Villarrobledo, desde el PSOE de Castilla-La Mancha han pedido a Paco Núñez, presidente regional PP, que pida la dimisión del alcalde de esta localidad albaceteña.

Según confirmó el instituto armado a elDiario.es Castilla-La Mancha, se están analizando posibles inscripciones de ciudadanos extranjeros realizadas a través del ayuntamiento “fuera del riguroso cumplimiento de los requisitos”.

La investigación sigue actualmente “en curso” y trata de dilucidar si la inscripción de personas en el padrón municipal cumplió o no con los requisitos legales y, entre otras cuestiones, se estudia la documentación que ha sido aportada por el ayuntamiento a requerimiento de la Guardia Civil, sin que se hayan dado más detalles sobre este caso, ni sobre la existencia o no de una denuncia.

Ante esta situación, el secretario regional de Formación de los socialistas, Sergio García-Navas, ha reclamado a Paco Núñez la dimisión del alcalde, el 'popular' Valentín Bueno, “ante la ausencia de explicaciones” por su parte.

“Es un pueblo por ponernos en contexto, que lleva perdiendo población de forma continua y, de repente, entre el año 2025 y 2026 aumenta su padrón en 1.000 habitantes. Y es eso precisamente lo que está investigando la Guardia Civil”, ha añadido García-Navas.

Más de la mitad habitantes de Catalunya, un 62,8%, viven en municipios que incumplen la normativa y ponen algún tipo de trabas para tramitar el padrón. Así lo muestra un sondeo realizado por ECAS a más de medio centenar de entidades que se dedican a acompañar a personas con problemas para acceder al este derecho recogido en la ley española.

El resultado de la encuesta apunta a que 40 municipios, el 66% de los que estas asociaciones tienen presencia, dificultan de alguna manera la incorporación en el censo de parte de su ciudadanía. El problema es “estructural”, tal como alertan las entidades, y no entiende ni de zonas geográficas ni de partidos políticos.

De hecho, la mayoría de municipios que dificultan este trámite (34,4%) están gobernados por el PSC, seguidos por Junts (26,2%). Pero los partidos situados más a la izquierda y que se han posicionado activamente en contra de las trabas al padrón tampoco están libres de culpa. En esta lista se encuentra también a ERC (18%), los Comuns (4,9%) y la CUP (3,28%).

Esta heterogeneidad en los colores políticos demuestra que los impedimentos al padrón “no tienen detrás una razón sólo ideológica”, tal como apunta Helena Costas, miembro de Ksnet, entidad que ha realizado el sondeo. Es más, todas las formaciones mencionadas, a excepción de Junts, firmaron el pasado diciembre el Pacto Nacional por el padrón. A pesar de eso, el sondeo alerta que el 30% de los encuestados asegura haber notado un empeoramiento en la situación después de las elecciones de 2023.

En la lista de municipios que se saltan la norma figuran las 10 ciudades más pobladas de Catalunya. “No se trata de casos aislados ni de una problemática de ciudades pequeñas”, apunta Carlos Macías, presidente de ECAS, que añade que los datos dibujan “un modelo de administración que no respeta la legalidad ni la calidad democrática”.

En este sentido, las entidades recuerdan que el padrón “no crea ni otorga derechos, simplemente es una herramienta administrativa” que está recogida en una ley orgánica idéntica para todos los municipios. “No es una prestación, un privilegio ni una política social, es una obligación de los municipios para tener claro quién vive allí y poder gobernar en consecuencia”, ha añadido Kautar Loukani, portavoz del área de padrón de ECAS.

A pesar de que la normativa es clara y establece que cualquier persona que viva en un municipio debe ser empadronada, la encuesta ha encontrado una gran variedad de casuísticas. En casi la mitad de los casos no se empadrona a todo el mundo que lo solicita, aunque cumpla con las condiciones.

Por ejemplo, en un 11,3% de los municipios se exige un tiempo mínimo de residencia para acceder al padrón, cosa que la ley no contempla. Y en un tercio se supera el máximo de tres meses para resolver el trámite y no se salda con silencio positivo. Otra de las cuestiones que alertan las entidades es que en muchos casos las verificaciones técnicas las realiza la policía municipal, cosa que “genera miedo” en aquellas personas con hijos a cargo, en situación administrativa irregular o en infraviviendas.

Además, lamentan que se suele demandar una prueba de residencia que “difícil de conseguir”. Cabe recordar que la ley especifica que no es necesario contar con un contrato de alquiler o de propiedad, aunque en diversos municipios es condición sine qua non.

Esto deja en un limbo a aquellas personas que están ocupando o también a las que realquilan habitaciones, una situación en la que están cerca de 400.000 personas sólo en el Área Metropolitana de Barcelona. Esto lleva a que el 30% de casos no se empadronen de ninguna manera; el 19% lo hagan en otros pisos que no son en los que residen habitualmente y el 23% optan por la medida del padrón sin domicilio fijo.

Se trata de una modalidad reconocida en la ley que dicta que una persona puede registrarse en lugares que no figuren como vivienda; es decir, en barracas, campamentos, sedes de entidades o equipamientos municipales. Pero esta es una posibilidad reconocida por muy pocos ayuntamientos. De hecho, el informe muestra que ninguno de los consistorios sobre los que hay datos realiza este trámite de manera ágil y que casi la mitad de ellos directamente no contemplan esta opción.

“Muchos municipios añaden condiciones a la normativa estatal, cosa que, si se traduce en dificultar el empadronamiento, es ilegal”, alerta Costas, que sostiene que estas trabas vienen a añadir más vulnerabilidad a las personas “más necesitadas”. En esta línea, apuntan a que la situación afecta más a aquellas personas que ya están en una exclusión residencial severa y lleva a problemas a la hora de acceder a servicios públicos como la escolarización de menores o la atención por parte de Servicios Sociales.

“Cuando alguien no se empadrona, desaparece del radar de la administración. Pero esa persona sigue existiendo”, apunta Loukani. Los colectivos más afectados por la vulneración del derecho al padrón son las personas migradas (77,4), seguida de aquellas que están en situación administrativa irregular (68,8%), los que ocupan o realquilan (64,5%) y las personas sin hogar (45,2%).

Uno de los datos más alarmantes para ECAS es que casi la mitad de entidades encuestadas asegura que el trato de los usuarios que se encuentran en estas casuísticas es diferente dependiendo de si van solos o acompañados por algún referente o voluntario. “Esto demuestra, no sólo que saben que lo que hacen no es legal, sino que un trámite que debería ser sencillo y asequible se convierte en una discriminación que resta autonomía a la ciudadanía”, apunta Loukani.

“No pedimos que se cambie la ley, sino que se aplique la que ya tenemos. En un momento en que aumentan los discursos de odio, es esencial exigir a nuestras administraciones que velen por la democracia y por la total garantía de los derechos”, zanja Carlos Macías, director general de ECAS.

Mientras la Comunidad de Madrid endurece los requisitos para acceder al abono transporte y exige acreditar la residencia mediante el empadronamiento, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha, sin anuncio público previo, una nueva modalidad para llevar a cabo este trámite de forma telemática. La medida llega después de meses de quejas por la falta de citas presenciales y podría aliviar la presión sobre un servicio que el propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, reconoce que acumula retrasos.

La coincidencia temporal resulta especialmente significativa. Desde el próximo 15 de junio, los usuarios que quieran obtener por primera vez la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP) deberán acreditar que residen en un municipio de la Comunidad de Madrid o en alguno de los integrados en las zonas tarifarias E1 y E2, una condición que, en la práctica, sitúa el certificado de empadronamiento en el centro del debate.

La nueva exigencia ha reavivado un problema que lleva meses afectando a numerosos ciudadanos: conseguir una cita para empadronarse en Madrid. Durante buena parte del último año, encontrar un hueco disponible en la web municipal se ha convertido en una tarea complicada. Muchos usuarios denunciaban tener que revisar constantemente el portal de citas sin éxito o aceptar turnos en distritos alejados de su domicilio y en horarios difíciles de compatibilizar con la jornada laboral.

Sin embargo, esta situación ha cambiado por sorpresa. Desde finales de mayo, el Ayuntamiento permite tramitar por internet tanto las nuevas altas en el padrón municipal como los cambios de domicilio dentro de la ciudad, una posibilidad que hasta ahora obligaba a acudir presencialmente a las oficinas municipales.

La novedad figura ya en la guía oficial de empadronamiento online del Consistorio. Según el documento, los ciudadanos pueden darse de alta en una dirección del municipio “tanto si se encuentran de baja como si nunca han estado empadronados en Madrid”. Asimismo, quienes ya figuren en el padrón pueden comunicar un cambio de domicilio dentro del término municipal sin necesidad de acudir a una oficina.

La plataforma también contempla los casos de personas procedentes de otros municipios españoles, que deberán indicar su localidad de origen, así como de quienes lleguen desde el extranjero, que deberán informar de su país de procedencia y del consulado correspondiente. En lo que respecta a la documentación requerida es prácticamente la misma que en el procedimiento presencial, aunque ahora puede aportarse de forma telemática mediante documentos adjuntos a través de la sede electrónica municipal.

Según datos municipales, en lo que va de 2026, se han resuelto ya 53.067 trámites, de los que 17.715 corresponden a altas de personas procedentes de fuera de Madrid y 1.274 a cambios de domicilio dentro de la capital. Desde el Ayuntamiento indican que solo queda por implementar el trámite online de las altas por nacimiento, cuya habilitación está prevista “en los próximos días”.

La implantación de esta modalidad online no ha tenido ningún tipo de difusión pública. De hecho, las declaraciones de José Luis Martínez-Almeida de este lunes sugieren que ni siquiera el propio alcalde de la capital ha tenido conocimiento de ello. Almeida ha admitido que existe “un retraso” en la tramitación de empadronamientos y asegura que el Ayuntamiento está estudiando “diversos sistemas” para agilizar la atención.

“Estamos tratando de agilizar porque somos conscientes de que efectivamente hay un retraso en el tema de las citas de empadronamiento”, ha señalado el regidor desde el Palacio de Cibeles. Preguntado por el posible impacto de la nueva exigencia de empadronamiento para acceder al abono transporte, Almeida ha asegurado que el Ayuntamiento no considera que la medida vaya a provocar un incremento significativo de solicitudes.

No obstante, la existencia de un procedimiento íntegramente telemático podría reducir precisamente la presión sobre un sistema de citas que se ha visto desbordado durante meses y facilitar el acceso a un trámite que resulta imprescindible no solo para obtener determinados descuentos en el transporte público, sino también para acceder a servicios sanitarios, escolarización, ayudas sociales y numerosos procedimientos administrativos.

La puesta en marcha de esta vía digital coincide además con un momento en el que el empadronamiento adquiere una relevancia especial para miles de estudiantes, trabajadores y nuevos residentes que necesitan acreditar su residencia en la región para beneficiarse de las bonificaciones del transporte público madrileño. El cambio ha pasado casi desapercibido, pero podría convertirse en una de las herramientas más eficaces para descongestionar uno de los trámites que más quejas venía generando entre los madrileños.

“¡Padrón por derecho!”, ese el grito al unísono de 33 colectivos sociales de todo el territorio español que denuncian la discriminación institucional que hay en el proceso de empadronamiento por parte de los ayuntamientos. Un rechazo que sufren los colectivos más vulnerables, ya sean personas migrantes en situación irregular, sin hogar o familias expulsadas por el mercado inmobiliario. El trámite es esencial para el acceso a la sanidad, a la escolarización, la apertura de una cuenta bancaria o para lograr la regularización. Desoyendo la ley, las barreras de las corporaciones locales dificultan el reconocimiento de estos derechos y provoca, entre otras cosas, la estafa por parte de mafias que se aprovechan de aquellos que, sin recursos, buscan una salida desesperada al desamparo.

Sevilla fue el lugar escogido este viernes por la Coordinadora Estatal Padrón por Derecho para criticar la actuación de las corporaciones que impiden la correcta aplicación de la ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuyo artículo 15 establece que “toda persona que viva en territorio español está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente”. Vivir, es decir, que exista y se desarrolle en el país, sin que esté el individuo condicionado por su situación administrativa, laboral o habitacional. Es más, toda esta movilización la contemplan como urgente a causa de la propia acción del Gobierno de España que, tanto para la regularización extraordianria como para la aprobación de la universalización de la sanidad, no requirió el certificado de empadronamiento, “se reconoce indirectamente que hay un problema, es decir, el bloqueo existe”, apuntaron.

Mazagón, la localidad onubense, será el enclave elegido para organizar el primer encuentro de la plataforma que tiene dos años de vida y presentó un informe el pasado mes de febrero. Este fin de semana convergerán en la provincia, símbolo de la precarización que enfrentan los trabajadores del fruto rojo. “Hoy hacemos frente a una realidad invisible pero devastadora: hay multitud de administraciones locales que ponen barreras arbitrarias contra los vecinos y las vecinas migrantes o contra las personas en situación de exclusión residencial”, defendió Pepa Suárez, portavoz de la Asociación Multicultural de Mazagón, “a aquellas personas que recogen las fresas en los campos de Huelva a 45 grados, que cuidan a nuestros mayores y limpian nuestras casas, que viven y consumen en nuestras ciudades pagando impuestos indirectos”. “Exigimos soluciones”, determinó.

“El mercado se aprovecha de la desesperación”

Abdoulaye Sanogo, presidente de la Asociación de Malienses de Mazagón, habló en nombre de los miles de trabajadores que viven en los asentamientos y sufren el racismo institucional: “Estamos en el corazón de la producción de los frutos rojos. Una tierra que da riqueza, pero que tiene una realidad muy dura donde los ayuntamientos no empadronan y los chicos lo pasan mal”. Ante la falta de agua, luz o de saneamiento en los poblados, criticó la “vergüenza” que significa para el conjunto del país permitir una desatención de tales magnitudes. “El padrón no es un regalo de los alcaldes, es una obligación legal”, subrayó, “los chicos no tienen más remedio que comprar el empadronamiento y ya no preguntan dónde pueden hacerlo, sino cuánto les cuesta o a quién tienen que ir, por lo que se provoca que haya un mercado que se aproveche de la desesperación de la gente”.

Hay anuncios que piden 300 euros e, incluso, 3.000 euros. Intermediaciones hechas por mafias que, como explicó Serigne Mbayé, del Sindicato de Manteros, utilizan pisos en los que hay hasta 15 personas registradas. “No hay ninguna falsedad en este proceso, porque viven aquí, pero no tienen otro remedio que pagar por eso”, detalló, siendo condición necesaria para recibir cartas, lograr prestaciones, simplemente, vivir. En cualquier caso, hizo hincapié en que el uso de “falsedad” era incorrecto, contraponiéndose a la guerra cultural que propaga la ultraderecha, desde donde se ha puesto en duda la veracidad del sistema. En este punto, Patricia Fernández, parte de la Coordinadora de Barrios en Madrid, mostró que “la mayor parte de las sanciones se producen con familias que falsean su empadronamiento para acceder a colegios privados y concertados o personas que mantienen su residencia en territorios insulares para conseguir beneficios en las subvenciones al transporte”, como ocurre con el 75% de Canarias y Baleares.

Frente a la prioridad nacional de Vox, la coordinadora estatal aboga por que los ayuntamientos cumplan la ley que proporciona a la ciudadanía la red de cuidados que garantiza el pleno desarrollo de su existencia. Sin embargo, la puerta está abierta a nuevos enfrentamientos, ya que los acuerdos de PP y Vox en Aragón y Extremadura contemplan la creación de un servicio de verificación del empadronamiento con base a las falsas premisas de que la inmigración dinamita los servicios públicos. Un requisito que podría llegar pronto a Andalucía, donde Juanma Moreno sopesa si vale la pena aliarse a los de Manuel Gavira o gobernar en solitario tras las elecciones del 17 de mayo. “Hablar de padrón es hablar de dignidad, de existencia, de democracia. Cuando una persona no puede empadronarse, no solo se le niega un trámite administrativo, se le niega la posibilidad de existir plenamente dentro del sistema de derechos”, resaltó Soledad Paola Lucero, portavoz del Foro Gallego de Migraciones.

Los casos de Huelva y Almería: “Mi vida son mis papeles”

Pero, fuera del embate político, la portavoz de la Asociación Multicultural de Mazagón no hace distinciones: “Da igual que esté PP o PSOE, en el caso de Huelva hacen exactamente lo mismo”. Pone encima de la mesa el mapa: “Entre Palos de la Frontera, Lucena del Puerto y Moguer hay cientos de trabajadores de la fresa... Y solamente hay tres personas empadronadas”, denunció. La provincia onubense parece que no es la única que se desoye el mandato legal, sostuvo María Millán, parte de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en Almería, quien señaló la doble vara de medir que utilizan las administraciones locales. “En este maremágnum de vulneración de derechos e injusticia social, la realidad del padrón cobra una importancia radical, ya sea en Huelva, Almería o cualquier otro lugar, la gente repite 'mi vida son mis papeles'”, compartió.

“Nos encontramos con que el padrón es denegado por el hecho de vivir en una infravivienda y muchos de los ayuntamientos que conocemos, como El Ejido, Roquetas de Mar o Mijas, le piden a la gente un contrato de alquiler o un permiso por parte de los propietarios para residir allí, rozando al extremo de que tengan que venir de la mano”, denunció, “los ayuntamientos inventan condiciones ad hoc en ese ejercicio de racismo institucional”. Además, aseguró que en El Ejido se está pidiendo el empadronamiento para realizar los informes de vulnerabilidad, cuando el primero no es un supuesto para adscribirse a la regularización extraordinaria mientras que el segundo sí.

Sevilla tampoco se queda atrás. El pacto municipal entre PP y Vox que necesitó el alcalde José Luis Sanz (PP) para sacar adelante los presupuestos dejó por escrito que habría un mayor control del empadronamiento de las personas migrantes. El gobierno local justificaba que con ello se pretendía evitar que “se comentan fraudes con los migrantes” cuando la oposición tachó de “disparate” la medida, pese a que la portavoz de la ultraderecha había afirmado con contundencia que el objetivo era “evitar que inmigrantes ilegales puedan empadronarse en la ciudad”.

“El deterioro de los servicios públicos”

En busca de soluciones, la Coordinadora Estatal hace una serie de recomendaciones a las personas que se encuentran con estos obstáculos en los ayuntamientos, a los que exigen más transparencia publicitando su normativa interna, y solo reciben respuestas verbales que luego serán insuficientes en un procedimiento legal. “Si una persona va a empadronarse y no se hace, se le debe dictar una resolución en la que conste por escrito si se inadmite su solicitud para que la pueda recurrir, o bien se requiera que aporte más documentación, para verificar luego si es legal o no y si estamos ante una situación de discriminación”, ejemplificó Fernández.

“Queremos saber a quién se deniega el empadronamiento, a quién se le exige que venga acompañada por su casero, si solo se hace con las personas migrantes y racializadas o también a las personas blancas y del norte global, y exigimos que se cumplan con la ley y las sentencias que, como en Madrid, obligaban a empadronar en colectivos sociales”, aseveró. Al fin y al cabo, la ley es clara en su articulado y el continuo incumplimiento, como mantienen desde la plataforma, provoca la ausencia de un padrón acorde al número de personas que conviven en un municipio.

Un hecho que, finalmente, perjudica a los usuarios del sistema, como señaló Fernández: “Los ayuntamientos no quieren ver que tenemos mayores niveles de hacinamiento en los barrios que en la España del tardofranquismo y que, por lo tanto, tienen una obligación de proporcionar vivienda pública”. Así, apuntó a que la incongruencia de los datos en el padrón “provoca un deterioro de los servicios públicos, provoca que las personas no puedan acceder a ellos y, quienes lo hacen, lo hagan en peores condiciones que provoca un efecto de expulsión hacia el negocio privado, ya sean clínicas, colegios...”, alertó, “no es un fallo inocuo del sistema, son las políticas diseñadas para el capital”, zanjó.

El Gobierno de Castilla-La Mancha creará el Registro de Población de la región, una base de datos administrativa para modernizar la interacción con la ciudadanía, a través de procedimientos administrativos electrónicos y comunicaciones basadas en medios digitales, tal y como se ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

En este repositorio, elaborado a través de datos de los padrones municipales de localidades castellanomanchegas aparecerá el nombre, apellidos, domicilio, número de DNI o NIE. Por otra parte, también el número de teléfono y correo electrónico, en este caso solo si la ciudadanía lo facilita a través del espacio ciudadano.

Esta base de datos servirá para elaborar estadísticas oficiales, la comunicación entre la Administración y la ciudadanía de cara a procedimientos, trámites o gestiones, así como la evaluación de la calidad de los servicios prestados por los diferentes órganos de la Junta de Castilla-La Mancha.

Los usuarios de espacio ciudadano podrán acceder a través de esta plataforma a sus datos personales contenidos en el Registro de Población. Los datos de carácter personal del Registro de Población de Castilla-La Mancha son confidenciales y el acceso a los mismos se regirá por lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales.

Las diferentes solicitudes de uso de datos contenidos en el Registro de Población de Castilla-La Mancha se dirigirán al órgano de la Junta de Castilla-La Mancha con competencias en materia de estadística y deberán explicitar la finalidad para la que esa información se precisa.

El proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en Zaragoza ha desatado una fuerte contestación social. Organizaciones antirracistas, representantes sindicales y el movimiento vecinal coinciden en denunciar un bloqueo administrativo deliberado por parte del Ayuntamiento que está dificultando el acceso a derechos básicos y generando situaciones que califican de “inhumanas”.

El pronunciamiento conjunto del tejido asociativo y comunitario de la ciudad acusa directamente al consistorio de aplicar una estrategia de “obstaculización consciente” que vulnera derechos fundamentales. Según el documento, se está construyendo “un escenario de colapso” mediante la centralización de trámites y la limitación de recursos, lo que deriva en largas colas y saturación en la atención.

El comunicado del tejido asociativo va más allá y califica la situación como “racismo institucional”. Denuncia que se están bloqueando canales de acceso a documentación, infrautilizando recursos públicos y generando un trato desigual hacia las personas migrantes.

Para las organizaciones firmantes, la regularización “es una cuestión de justicia social que reconoce una realidad existente”, la de miles de personas que ya forman parte de la ciudad. Por ello, reclaman la descentralización inmediata de los trámites, el refuerzo de medios y una información clara y accesible.

Mientras tanto, las filas continúan y la presión social aumenta. Colectivos, profesionales y vecinos coinciden en una misma exigencia, que se permita a la administración funcionar con todos sus recursos para garantizar derechos, en lugar de restringirlos.

La plantilla municipal reclama poder trabajar

La crítica no procede únicamente de los colectivos sociales. Carmen Calvo, representante sindical en el Ayuntamiento, asegura que existe una red amplia de servicios sociales y juntas de distrito que no se está aprovechando.

Aunque desde esta semana se ha reactivado el funcionamiento de registros en los barrios, la decisión anunciada este miércoles por la consejera de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, de centralizar los certificados de vulnerabilidad en la Casa de las Culturas a partir del lunes, 27, tampoco ha sido bien recibida ya que, según Carmen Calvo, esta medida “resulta claramente insuficiente”, al haber solo cuatro trabajadoras sociales encargadas de atender toda la demanda de la ciudad.

Frente a ello, más de 50 profesionales de servicios sociales —de un total de alrededor de 100— han firmado un escrito para exigir que se les permita emitir estos informes. Argumentan que ya conocen a la población y podrían agilizar el proceso sin necesidad de duplicar valoraciones.

“El problema no es la falta de personal, sino que no se les deja trabajar”, resume Calvo, quien advierte de que la centralización está provocando un cuello de botella que puede alargar las colas hasta el final del plazo, fijado el 30 de junio.

Filas, esperas y dificultades de acceso

Desde la Plataforma RegularizaciónYa Zaragoza, Bertha Sánchez sostiene que la situación no responde a un problema técnico, sino a una decisión política deliberada. A su juicio, el Ayuntamiento estaría intentando proyectar una imagen de “proceso masivo” vinculada a discursos de la ultraderecha, cuando en realidad se trata de personas que ya viven y trabajan en la ciudad.

Las consecuencias, señala, son visibles a diario: largas filas durante horas, dificultades para acceder a documentación esencial y un colapso que podría evitarse utilizando todos los recursos municipales disponibles. “Se está impidiendo que las personas puedan iniciar trámites que son clave para acceder a derechos básicos”, denuncia.

Desde la Federación de Barrios de Zaragoza, su presidente Arturo Sancho ha expresado el apoyo del movimiento vecinal a las personas afectadas. Subraya que la situación era previsible desde hace meses y que este es el séptimo proceso de regularización en democracia sin precedentes similares. “No es una situación sobrevenida”, afirma. “Se sabía que iba a ocurrir y no se han puesto los medios necesarios”.

Sancho también destaca que el problema no se está reproduciendo en otras ciudades, lo que refuerza la idea de que se trata de una gestión local. En este contexto, pide que, si persisten las trabas, el Gobierno central amplíe el plazo de regularización para evitar que personas con derecho queden fuera del proceso.

Otro de los problemas detectados es la desinformación. Las organizaciones están realizando charlas para aclarar que no todas las personas necesitan el certificado de vulnerabilidad, uno de los documentos que más está colapsando el sistema.

Nueva orden: tramitación en la Casa de las Culturas con cita previa

La consejera de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha anunciado que la regularización de los inmigrantes se centralizará en la Casa de las Culturas, al ser un centro de referencia para estas personas, y con cita previa en el teléfono 900 700 107 en horario de atención al público de mañana y tarde y ha explicado durante su comparecencia en la Comisión de Políticas Sociales, que se han recopilado la información de los registros de entrada para sistematizar las citas y desde el lunes se elaborarán informes de vulnerabilidad “con garantías”. Este operativo contará con refuerzo de los servicios sociales municipales, pero Orós ha dejado claro que “el Ayuntamiento no va bloquear, ni a cargase los servicios sociales”.

“No puedo permitir --ha argumentado-- que dada la mejora en el cumplimiento de la ordenanza en los tiempos de cita se vayan por el sumidero y las ayudas de urgencia o cualquier servicio tenga que esperar semanas y semanas por este proceso caótico y chapucero y no se si con mala fe o falta de diligencia que ha originado en todas las ciudades de España, porque todos los ayuntamientos están en la misma situación y han denunciado lo mismo”.

También, la Policía Nacional, ha asegurado Orós, ha alertado del contenido del real decreto de regularización extraordinaria de personas inmigrantes porque ha generado “muchas situaciones en las que hay mafias que cobran entre 300 y 600 euros para dar una cita, la sección de Extranjería está en huelga indefinida y Correos, que es del mismo equipo que el Gobierno de España, dice que no tiene información y hasta CCOO ha dicho que es imposible hacerlo porque no hay información”.

A su parecer, el objetivo del real decreto “no es la regularización para que los que ya están aquí puedan trabajar” y además, ha avisado de que “hay un efecto llamada y algunos vienen desde Inglaterra, Francia, e Italia”.

Orós ha considerado que la finalidad de este real decreto es “reventar la convivencia, colapsar los servicios sociales y generar caos y frustración” para estimar que el Gobierno de España “se tendría que haber sentado con las comunidades autónomas”, además de incluir una memoria económica de la que carece el real decreto.

El Ayuntamiento de València ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial nuevos casos de posibles irregularidades en contratos de arrendamiento utilizados para la inscripción en el padrón municipal, dentro de un expediente ya abierto por hechos similares.

Los nuevos indicios se suman a una investigación iniciada tras la denuncia de un propietario que detectó el empadronamiento de personas desconocidas en su vivienda sin haber firmado contrato alguno.

Recientemente se han incorporado al expediente dos nuevas denuncias: por un lado una relativa a contratos de alquiler presuntamente irregulares ya denunciados ante la Agencia Tributaria y la Policía Nacional.

La segunda de las denuncias hace referencia al empadronamiento de hasta cinco individuos empadronados en un domicilio sin conocimiento de la persona propietaria, recibiendo incluso notificaciones oficiales dirigidas a terceros.

En ambos casos, las investigaciones municipales apuntan a la utilización de contratos de arrendamiento con posibles manipulaciones o falsificaciones.

El concejal responsable del servicio de Registro y Población, Juan Carlos Caballero ha explicado que las actuaciones “se iniciaron tras comprobar que varias altas en el padrón se habían realizado mediante contratos que presentaban un formato idéntico pero con firmas diferentes del supuesto propietario, lo que hizo sospechar  a los técnicos del servicio de padrón de su autenticidad”.

Además, se ha detectado un patrón repetido de uso de viviendas sin consentimiento de sus titulares para empadronamientos sucesivos de distintas personas.

Con estos hechos el Ayuntamiento, en cumplimiento de la normativa vigente, “ha remitido toda la documentación a la Fiscalía para que determine si los hechos pudieran ser constitutivos de delito y, en su caso, se inicien las diligencias correspondientes”, ha añadido

Caballero ha lamentado la gravedad de los hechos y defendido la firme actuación del Ayuntamiento ante “posibles prácticas fraudulentas que afectan directamente a la fiabilidad del padrón municipal y a los derechos de los propietarios, por lo que vamos a actuar con total contundencia”

Por último el concejal ha insistido en que “la colaboración con la Fiscalía y las fuerzas de seguridad es absoluta” y ha remarcado que “no se va a permitir que se utilicen mecanismos ilegales para acceder al padrón” y ha señalado que el consistorio “continuará revisando todos los expedientes sospechosos y reforzando los controles para evitar que estas situaciones se repitan”.

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha finalizado el proceso de modernización del padrón municipal en los 292 municipios de la provincia —excluida la capital—, una actuación que permitirá a los ayuntamientos intercambiar datos en tiempo real con el Instituto Nacional de Estadística (INE). El proyecto ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros, financiada íntegramente con fondos europeos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según ha señalado el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, la actuación busca que los municipios dispongan de “un padrón actualizado y preparado para una gestión estadística moderna y eficaz”. El responsable provincial enmarca esta iniciativa en la estrategia de digitalización impulsada por la institución desde 2007.

Durante más de dos años, la DPZ ha trabajado con los ayuntamientos en la depuración y revisión de sus bases de datos. Entre otras actuaciones, se han corregido errores en los registros de personas, viviendas y hogares; se han eliminado duplicidades; y se han adaptado los datos a estándares nacionales y europeos, en coordinación con el catastro.

Además, se ha asignado a cada vivienda un identificador único que permite automatizar el intercambio de información con el INE mediante servicios web. El proyecto también ha incluido la creación de un sistema de gestión territorial y la formación del personal técnico municipal para mantener la calidad de los datos.

El nuevo modelo distingue entre la información relativa a las personas y la vinculada al territorio, lo que, según la institución, facilita la gestión y verificación de los registros.

Esta actuación se suma a otros proyectos recientes impulsados por la DPZ con financiación europea. En 2024, la institución implantó escritorios virtuales en 249 ayuntamientos con el objetivo de reforzar la ciberseguridad y adaptarse al Esquema Nacional de Seguridad. Ese mismo año, también se integró en la Carpeta Ciudadana del Gobierno de España para facilitar la tramitación electrónica a la ciudadanía.

Los empadronamientos irregulares a personas migrantes se han convertido en una actividad menos extraña de lo que parece en la ciudad de València. En apenas seis semanas la Policía Nacional ha detenido a 30 personas por falsificar y vender contratos para empadronamientos irregulares, cobrando entre 300 y 700 euros a personas en situación de vulnerabilidad para poder justificar un domicilio en el padrón; elDiario.es informó de un centenar de empadronamientos sospechosos en una residencia de estudiantes, a raíz de una denuncia interna en el Hospital Clínico, y el propio Ayuntamiento ha trasladado a Fiscalía un tercer caso.

El consistorio denunció ante el Ministerio Fiscal al menos tres empadronamientos irregulares en un domicilio de la ciudad, después de que un particular se personara en las oficinas del Padrón por haber recibido una notificación de un registro en su vivienda. El particular es un diputado del PP en las Corts Valencianes, que recibió un escrito de la oficina censal informándole de un alta en su dirección. El diputado, que prefiere que su nombre no trascienda, es natural de Castellón, pero emplea este piso que tiene desde hace dos décadas como su residencia en la ciudad por trabajo.

Según explica a elDiario.es, a principios de enero recibió el escrito del Ayuntamiento con un alta de una persona que desconocía, de origen indio, que la había solicitado en abril del año anterior solo con su pasaporte. “Fui al Ayuntamiento y lo comuniqué, primero pregunté cómo se podía hacer un empadronamiento y pedí la baja”. En la oficina, le explicaron que se había presentado un contrato de alquiler en el piso, incluso el recibo de haber pagado una mensualidad. “No tengo ningún contrato de arrendamiento. Alguien falsificó el contrato y la firma por la mensualidad”, explica el parlamentario, que apunta que nunca ha tenido el piso en alquiler.

El denunciante solicitó comprobar si se habían empadronado más personas en su domicilio, y el consistorio encontró a otras dos, entre octubre de 2024 y octubre de 2025, dos empadronamientos de cuatro y ocho meses de duración cada uno. El personal municipal comprobó que los contratos aportados tenían el mismo formato que el denunciado, pero la firma del propietario era diferente en cada uno. Tras la queja, el padrón abrió una investigación para recopilar la información y el Ayuntamiento acordó depositarla en Fiscalía, por si fuera constitutiva de delito.

Sobre el centenar de empadronamientos sospechosos en una residencia de estudiantes, el consistorio no ha confirmado ninguna actuación. La empresa manifestó que pediría la documentación sobre el padrón a las oficinas municipales.

El PSOE de Calahorra critica que “el Ayuntamiento estuvo más de un año sin tramitar bajas en el padrón municipal” a pesar de que la alcaldesa de la localidad, Mónica Arceiz, “haya pretendido lanzar una cortina de humo para proclamarse como la más racista del valle del Ebro, haciendo una limpia de bajas en el padrón municipal”.

“Lo que se ha olvidado de contar a la opinión pública, la alcaldesa de Calahorra, es que llevaba más de un año sin trasladar ninguna baja, mientras que otros Ayuntamientos, como los de Arnedo, Alfaro o Logroño lo hacen mensualmente”, afirman desde el PSOE.

Resulta “evidente” que si durante más de un año no trasladas ninguna baja del padrón, “se te van acumulando, y luego puede dar la sensación de que estás haciendo mucho trabajo de golpe”, indican.

Sin embargo, “lo único que hace la alcaldesa de Calahorra con esta conducta, es el ridículo más espantoso, formando parte de una competición en la que el único objetivo es parecer más racista que sus compañeros de Vox”.

Para el Partido Socialista “resulta patético escuchar a Arceiz, alardeando de haber limpiado bajas y dobles empadronamientos que ya no estaban en activo. No se puede hacer más el ridículo”.

Al mismo tiempo “produce estupor escuchar sus declaraciones, en las cuales no deja ningún lugar a dudas de que desconoce absolutamente la legislación. Algo que ha quedado acreditado de forma palmaria cuando ha afirmado que exigirá a cualquier extranjero que se quiera empadronar en Calahorra que lo haga con el NIE, cuando la ley dice que tiene que ser con el pasaporte”.

En cualquier caso, “las presuntas medidas anunciadas por la alcaldesa el pasado noviembre no habrían tenido ningún efecto. Según los datos aportados por la propia Arceiz, el número de extranjeros habría descendido desde noviembre en 18 personas”.

La presunta oscilación de extranjeros inscritos en el padrón ya se había producido para entonces. Así, tal y como ofreció en rueda de prensa el Ayuntamiento en enero de 2025, había 5036 extranjeros inscritos. En junio de 2025 esa cifra se habría disparado hasta los 6.798, descendiendo en noviembre a 5.284 personas, tan solo 18 más que las hoy anunciadas (5.266).

“Resulta todavía más grotesco que la alcaldesa se jacte ahora de haber dado de baja en el padrón a más de 1.500 personas cuando en noviembre reconocía desconocer a qué se debía la oscilación en el número de extranjeros en el padrón”, indican desde el PSOE.

Así las cosas, reflexionan los socialistas, la alcaldesa “presume de eficacia cuando tan solo se destapa su mala gestión. Parece además del todo incompatible presumir de haber dado de baja a 1.500 personas a las que se dieron de alta apenas unos meses antes bajo el mandato de la propia alcaldesa”.

Además, “mientras la alcaldesa se entretiene en esta competición racista, en alentar una persecución a los inmigrantes que traen riqueza a nuestra ciudad, el Centro de Formación Profesional continúa absolutamente abandonado y el Centro de Día cerrado a cal y canto, pese a llevar casi un año finalizado”.

Desde el Partido Socialista instan a la alcaldesa “que se baje de esta absurda competición por ser más racista que los de Vox, que cumpla la ley, y sobre todo, que no haga el ridículo, mientras sea alcaldesa de Calahorra”.

Si un madrileño quiere cambiar de domicilio en el empadronamiento de la capital, se encontrará este jueves que la primera cita disponible es para dentro de un mes. Eso con suerte, porque los turnos para este trámite están volando y desaparecen en pocos segundos según los ofrece el sistema.

El Ayuntamiento de Madrid reconoce los problemas y este jueves ha anunciado que se ha producido un aumento de las 7.000 citas semanales disponibles a las 11.000, gracias a un refuerzo de persona. Este incremento del 57% ha venido acompañado de otras medidas con las que el consistorio está intentando paliar una situación que ya se extiende varios meses.

Según la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, el plan de refuerzo incluye también investigaciones contra el fraude, ya que se han llevado a cabo “algunas investigaciones por posibles fraudes que tenemos detectados” en diferentes puntos de Madrid.

Ahora, el Ayuntamiento exige que la cita sea solicitada por la persona que vaya a acudir luego a hacer la gestión. “Hemos detectado algunas prácticas irregulares”, dijo sin detallar cuáles la vicealcaldesa. Este periódico constató la existencia de venta de citas en Wallapop para otros trámites con alta demanda de otras administraciones.

Según la vicealcaldesa, la anunciada regularización de inmigrantes “tiene mucho que ver” con el repunte que está registrando el sistema, aunque los problemas de colapso a la hora de coger cita se arrastran desde meses antes de que el Gobierno de la nación acordara esta medida. La propia Inmaculada Sanz reconocía en una segunda pregunta que esta falta de citas “viene de más atrás”.

Entre las posibles causas de esta falta de citas, Sanz nombró las decenas de miles de reclamaciones por la nueva tasa de basuras, que ocuparon muchos turnos en las oficinas físicas municipales.

Logroño incrementa su población por cuarto año consecutivo hasta llegar a los 152.626 habitantes, 364 más que los registrados en el año anterior, y una edad media de 45,54 años. Son datos del Observatorio de la Ciudad referentes al año 2025, que esta mañana ha presentado la concejala delegada de Estadística, Laura Rivas.

A 31 de diciembre del pasado año se registraron en el padrón municipal 894 altas por nacimiento (922 el año anterior) y 1.382 bajas por defunciones (1.401 el año 2024), lo que supone un saldo vegetativo (diferencia entre nacimientos y fallecimientos) negativo de 488, tendencia descendente que se aprecia, en mayor o menor medida, desde 2015.

En este sentido, la tasa de natalidad de la ciudad (porcentaje de nacimientos por cada mil habitantes) se sitúa en el 5,85% (6,05% en 2024), mientras que la de mortalidad (porcentaje de defunciones por cada mil habitantes) es del 9,05% (9,2% el año anterior).

El 52,82% de la población son mujeres (80.623), mientras que el 47,18% son hombres (72.003). Respecto a los tramos de edad, 92.606 tienen entre 65 y 18 años; 36.063 tienen 65 o más; y 23.957 son menores de edad.

En cuanto a las personas centenarias, en Logroño residían al cierre del año pasado 95, de las que 77 eran mujeres y 18, hombres.

De los 152.626 de habitantes, 132.101 (86,55%) son de origen español (el 48% nacidos en Logroño, el 13% en otras localidades de La Rioja y el 20% en otras comunidades autónomas); mientras que 20.525 (13,45%) proceden de otros países. En ese sentido, Rumanía es el país de origen destacado, con 4394 personas, seguido de Colombia (3.562), Pakistán (2.018), Marruecos (1.459) y Venezuela (1.034).

Altas y bajas por cambios de residencia

Más allá de los nacimientos y las defunciones, en 2025 se produjeron en el padrón 3.947 altas de personas que cambiaron su residencia habitual a Logroño. Dentro de La Rioja, 287 altas procedían de Lardero; 265 de Villamediana de Iregua; y 106 de Calahorra. Fuera de la comunidad autónoma, los principales puntos de origen de nuevos empadronados han sido Madrid (367), Navarra (313), Álava (187) y Burgos (148).

Respecto a las bajas por traslado de domicilio, se formalizaron 3.232. Dentro de la región, el mayor número fueron con destino a Lardero (458), Villamediana de Iregua (339) y a Albelda de Iregua (155); mientras que fuera de la comunidad autónoma los destinos que recibieron más logroñeses fueron Madrid (282), Navarra (184), Álava (157) y Zaragoza (137).

Población por distritos y barrios

Logroño está dividido en cinco distritos: Norte, Centro, Este, Sur y Oeste. El Distrito Centro es el que cuenta con más residentes, 42.452 (frente a los 43.315 del año anterior), de los que 19.167 son hombres y 23.385 son mujeres; y el menos poblado es el Distrito Norte con 6.132 habitantes (6.149 el año anterior), de los que 2.990 hombres y 3.142 son mujeres.

Sobre el resto de los distritos, el Este cuenta con 37.981 habitantes (18.065 hombres y 19.916 mujeres); seguido del Distrito Sur, con 37.455 vecinos (18.124 varones y 19.331 mujeres); y el Distrito Oeste, con 27.413 habitantes, de los que 13.097 son hombres y 14.316 son mujeres.

Respecto a la distribución de la población barrios, la zona Centro-Oeste es la que cuenta con más vecinos (21.908), seguida de Madre de Dios-San José y el campus universitario (21.293) y la zona Centro-Este (18.363). En cuanto a los barrios con menos población, destaca El Cortijo, con 228 habitantes.

Finalmente, las calles que más habitantes registraron el año pasado fueron Duques de Nájera (3.222) y Huesca (3.176), seguidas de avenida de la Paz (2.973), avenida Pérez Galdós (2.545) y Alfonso VI (2.443).

Apellidos y nombres más comunes

El Observatorio de la Ciudad también hace referencia a los nombres y apellidos más comunes en Logroño. En este sentido, los nombres más comunes en 2025 han sido David (46), Javier (40) y Pablo (39) en hombres, mientras que María (60), Lucía (35) y Laura (29) lo han sido en mujeres. En el cómputo global del padrón, destacan Javier (1.387) y María (1.447).

Respecto a los apellidos, los más comunes en 2025 han sido Martínez (309), García (279) y Fernández (201); mientras que en el registro municipal total repiten Martínez (10.285) en primer lugar, García (8.836) en el segundo y Fernández (6.311) en el tercero.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), sacó adelante en diciembre el presupuesto municipal para este año gracias a un nuevo pacto con Vox, en el que se incluía la exigencia de un mayor control del empadronamiento de las personas migrantes. Los populares compraban así una de las grandes obsesiones de la formación de ultraderecha, por lo que el grupo municipal Podemos-IU ha reclamado ahora los detalles. La respuesta del gobierno local ha sido que pretende evitar así que “se cometan fraudes con los migrantes”.

Así lo ha vendido el portavoz del PP y también delegado de Hacienda, Juan Bueno, que ha argumentado que hay quien intenta “lucrarse” con este procedimiento administrativo, y para ello “defraudan y estafan a estas personas”. Por ello, postula que lo recogido en el pacto se traduce en un “sistema garantista”, para ofrecer “una información clara y dar un acompañamiento adecuado” a los migrantes y de esta manera “evitar el fraude”.

La cuestión se ha abordado en la comisión de control al gobierno local, y la explicación no ha convencido lo más mínimo al portavoz de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), que considera “un disparate” la iniciativa municipal, al que ha acusado de querer usar el padrón “como instrumento de control migratorio”. “Esto es una barbaridad que está fuera de la ley”, ha subrayado.

“Da igual la situación administrativa de la persona”

El acuerdo rubricado es aséptico en la redacción de este punto, y se limita a recoger la “elaboración de un protocolo reforzado de comprobación de residencia de las solicitudes del padrón”, sin ninguna mención a la población migrante. Pero la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, sí dejó bien claro que el objetivo de la medida no es otro que “evitar que inmigrantes ilegales puedan empadronarse en la ciudad”.

Podemos-IU ha recordado que la ley estipula que para empadronarse sólo hay que acreditar la residencia en la ciudad, “da igual la situación administrativa de la persona, el padrón no está para eso”. Por eso Ismael Sánchez ha insistido en saber cómo se va a hacer, “si se le va a pedir a los funcionarios municipales saltarse la ley y que cometan un delito”, obligándoles a reclamar más requisitos de los necesarios. “No podemos ni discriminar ni excluir”, ha recordado, al tiempo que ha acusado al PP de convertir a Sevilla en un “laboratorio” de pruebas para afinar su relación con Vox.

Bueno, por su parte, ha considerado “patético” el planteamiento de la izquierda, a la que ha instado a “no poner en duda que cumplimos la ley”. “Este gobierno no va a estar nunca en contra de ninguna ley”, ha subrayado, además de reiterar el “fin garantista” de la nueva medida. “No está mal que de alguna forma se controle la situación por el bien de las propias personas”, que son “las más vulnerables”.

“Efecto de la radicalización”

Así que ha defendido que lo que se va a hacer es el “cumplimiento escrupuloso de la ley”, acusando a la izquierda de querer presentar la iniciativa como “efecto de la radicalización” del PP por su pacto con Vox. “No estamos en esa esquina, están ustedes”, ha reprochado el portavoz popular, que ha acusado a Podemos-IU de intentar poner así una cortina de humo “porque no soportan las políticas beneficiosas para la ciudad” que está desarrollando el gobierno de José Luis Sanz.

Ismael Sánchez, en cambio, ha apelado a que “hablamos de legalidad y derechos”, sentido en el que ha recordado que “no hay ninguna competencia local” que pueda aplicarse de manera adicional al empadronamiento. “Intentan condicionar e imponer procesos adicionales a las personas migrantes”, una cuestión que no considera un “debate abstracto” sino fundamental porque “se trata de que Sevilla cumple la ley y no se presta a políticas discriminatorias”.

Agentes de la Policía Nacional han detenido, en el marco de la Operación Diezmo, a ocho personas en Calatayud tras una investigación iniciada a raíz de una comunicación del Ayuntamiento de la localidad, que alertó sobre posibles irregularidades detectadas en el padrón municipal.

Personal municipal y secretaría había observado la existencia de inscripciones sospechosas en varios domicilios, en los que constaban empadronadas numerosas personas que, en realidad, no residían en ellos. Se comunicó a la alcaldía y ante estos indicios, se informó a la Policía Nacional, competente para comprobar e investigar posibles delitos e infracciones relacionadas con la normativa de extranjería.

Dicha investigación permitió constatar que determinados propietarios e inquilinos de varios inmuebles habrían facilitado el empadronamiento de ciudadanos extranjeros en situación irregular, pese a saber que no vivían ni habían residido nunca en esos domicilios. Este empadronamiento fraudulento se realizaba, presuntamente, a cambio de pagos en metálico (entre 150 y 250 euros por persona) o de otro tipo de beneficios.

El objetivo de los empadronados era acreditar una falsa residencia, imprescindible para iniciar trámites destinados a regularizar su situación administrativa. De manera paralela, los investigados obtenían ingresos mediante esta actividad que, además, favorecía la inmigración irregular en territorio nacional.

Durante el dispositivo, que se desarrolló entre el 14 y el 24 de octubre, se inspeccionaron 15 inmuebles de Calatayud en colaboración con la Policía Local y con personal del Ayuntamiento, verificando la residencia habitual de las personas inscritas.

Los agentes pudieron determinar que, de más de 350 personas empadronadas, únicamente una treintena residían realmente en los domicilios señalados. Como consecuencia, se han tramitado más de 350 bajas en el Padrón Municipal, evitando así un uso fraudulento del mismo.

En total se han detenido a cuatro personas como presuntos responsables de un delito de estancia irregular y a otros cuatro por un delito de favorecimiento de la inmigración irregular, quedando todos en libertad con cargos.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, ya que los agentes siguen analizando documentación y verificando inscripciones vinculadas a otros inmuebles.

La Policía Nacional destaca la estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Calatayud y con la Policía Local, cuya coordinación ha sido esencial para detectar el fraude, proteger el correcto funcionamiento de los servicios públicos y garantizar la legalidad en los procedimientos administrativos

Junts ha decidido no firmar el Pacto del Padrón de Catalunya, un compromiso presentado este miércoles en el Parlament de Catalunya y refrendado por más de 500 entidades, así como por el PSC, ERC, Comuns y la CUP, para garantizar el derecho al empadronamiento “sin ningún tipo de discriminación”.

Se trata de un documento mediante el cual los partidos firmantes se comprometen a cumplir lo establecido en la ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, que asegura que “toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que reside habitualmente”.

Pero Junts ha decidido no refrendar el pacto, igual que el PP y Aliança Catalana, porque “no aborda con profundidad cuestiones fundamentales para una gestión del padrón coherente con las herramientas y recursos que tiene el país ahora mismo”, ha dicho el partido en una carta que ha enviado a las entidades que han promovido el texto, firmada por Jordi Turull, secretario general, y Judith Toronjo, secretaria de organización.

Las entidades empezaron el proceso de negociación hace dos meses y medio durante el cual han intentado “buscar un consenso parlamentario amplio hasta el último momento”. Con Junts, concretamente, llevaron a cabo también reuniones bilaterales y estuvieron negociando hasta un día antes de la presentación del pacto. Pero finalmente no se llegó a buen puerto.

El texto consta de diversos puntos que, en esencia, recuerdan cuáles son las obligaciones de los municipios en base a la ley. Por ejemplo, la obligación de garantizarlo con independencia del tipo de vivienda o situación administrativa, el reconocimiento del padrón sin domicilio fijo (aquel que ampara a las personas sin hogar), que se respeten los plazos y que no se exijan la necesidad de presentar documentación que la ley no contempla como contratos de alquiler o compra, cédulas de habitabilidad o recibos de suministros (para demostrar que no se está ocupando).

Junts, a pesar de no querer firmar este pacto, asegura en la carta que no discute “ninguno de los derechos fundamentales” de la ley y que los aplica “cada día” desde sus ayuntamientos. Pero esta afirmación, en realidad, se contradice con la realidad de algunos de los municipios que gobierna.

Según una investigación de ECAS, en Figueres, Bordils, Flaçà (Girona), Igualada y Martorell (Barcelona) se “vulnera el derecho al padrón”, y se ponen impedimentos a personas migradas o en situación de ocupación para empadronarse. Son dos sólo algunos de los 37 municipios en los que las entidades han detectado que se “vulneran de manera flagrante los derechos básicos”, tal como han asegurado. “El padrón es una herramienta para conocer el estado de un municipio, no para sacar rédito político”, han añadido.

Por ejemplo, el edil de Figueres, Jordi Masquef, inició una campaña de inspección que acabó con más de 800 bajas en el padrón. También el alcalde de Vic, Albert Castells, y el de Martorell, Xavier Fonollosa, manifestaron su rechazo a empadronar lo que calificaron de “okupas”,

Martorell es, de hecho, uno de los municipios, junto a Lleida, del PSC, que la Red de Entidades por el Padrón han llevado a los tribunales por poner trabas al empadronamiento de vecinos.

De hecho, el padrón viene siendo un tema importante en la agenda de Junts desde hace meses -sobre todo desde que la formación xenófoba Aliança Catalana empezó a robar votos a los de Puigdemont. Ya el verano pasado diversos alcaldes de la formación salieron a lamentar que, para sus municipios, era un problema empadronar a “personas recién llegadas” o aquellos que residieran en pisos ocupados o en infraviviendas.

Por eso, esta primavera Junts propuso una modificación de la norma para que se vetara a las personas que no puedan acreditar poseer o tener alquilado un domicilio, un supuesto que va totalmente en contra del derecho básico reconocido en la ley y en varias sentencias.

El motivo esgrimido por Junts era el efecto llamada, que provoca “una concentración excesiva en determinados municipios”, tal como asegura Junts en la carta, en la que pide un “plan de redistribución territorial equilibrado”.

Pero, en realidad, lo que genera esas concentraciones, tal como alertan las entidades, son las ciudades que dificultan el registro, ya que eso provoca que haya gente que tenga que empadronarse en municipios más garantistas a pesar de que no residan en ellos para poder acceder a derechos básicos como la atención sanitaria o la escolarización.

La presión de Aliança Catalana

La deriva hacia la derecha de los alcaldes de Junts coincide con el aumento en la intención de voto a Sílvia Orriols quien, según las últimas encuestas, podría llegar a arrebatar hasta 4 puntos a Junts en los próximos comicios. Fue la alcaldesa de Ripoll quien volvió a poner el padrón en el centro del debate, cuando se negó a registrar a colectivos migrantes y personas en situación de ocupación.

Orriols se justificaba haciéndose eco de un rumor muy extendido en los ámbitos de extrema derecha según el cual en los últimos años el Gobierno habría cambiado los criterios para permitir el padrón en cuevas, chabolas o incluso caravanas.

Pero lo cierto es que, desde hace más de dos décadas, los municipios siempre han tenido la obligación de registrar en el padrón a todas las personas que vivan en el municipio, sin importar donde viven e incluso aunque no tengan techo.

La razón de esta obligación es que son los Ayuntamientos quienes deben proveer servicios básicos a las familias más precarias, tales como sanidad o educación o la intervención de los recursos sociales. Derechos de los que solo pueden disfrutar una vez estén recogidos como ciudadanos en el padrón.

Junts considera, sin embargo, que debe ser la Generalitat y no los municipios quienes ofrezcan estos servicios sociales básicos a las familias más precarias, a través de un “padrón social” que correría en paralelo al padrón normal que gestionan los municipios. De esta forma, se excluiría a las familias más necesitadas de los servicios que presentan los ayuntamientos.

Quien sí han firmado el pacto es el PSC, que gobierna más de la mitad de los municipios que las entidades han identificado que ponen trabas en el padrón. Al frente de consistorios como el de L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Tarragona o Terrassa, aglutinan también gran parte del grueso del 40% de la población catalana que vive en lugares en los que no se garantiza este derecho.

Según datos del Ayuntamiento de Madrid, la capital cuenta actualmente con 3.460.491 empadronados, la cifra más alta hasta la fecha en el siglo XXI, superando por primera vez los 3,4 millones. Además, en el último año, la ciudad incrementó su población en 120.560 habitantes, confirmando una tendencia en el aumento de la población en la capital que viene dándose desde el final de la pandemia.

Uno de los factores que hizo aumentar en mayor medida el número de habitantes de la capital fue su saldo migratorio. En total, llegaron procedentes de otros municipios más de 87.000 personas. Además, a lo largo de 2023 se produjeron más de 127.000 altas de extranjeros, cifra ligeramente inferior al año anterior, pero que sigue manteniendo a la ciudad de Madrid como destino residencial.

Ya sea por razones laborales o de estudios, muchas personas se ven obligadas a abandonar su ciudad natal e instalarse en la capital. Sea por la razón que sea, estos movimientos migratorios obligan a pasar por un trámite administrativo: el empadronamiento.

Empadronarse en el municipio de Madrid es un trámite obligatorio para todas las personas que residen en la ciudad de manera habitual. Este registro es fundamental para obtener acceso a diversos servicios públicos, así como para cumplir con las normativas fiscales y administrativas. En este artículo te explicamos los pasos a seguir y los documentos necesarios para llevar a cabo este trámite:

¿Por qué hay que empadronarse?

El Padrón es un registro administrativo en el que constan los habitantes de un municipio. La inscripción es obligatoria para todos los residentes en España y es fundamental para acceder a servicios como la sanidad, la educación o la participación en elecciones. Además, es un paso necesario para obtener ciertos documentos oficiales, como el DNI o el pasaporte.

Pueden darse múltiples situaciones por las que resulte necesario empadronarse, no solo es un trámite necesario para aquellas personas que vienen de otros lugares, también hay que informar de los cambios cuando el movimiento se produce de una vivienda a otra dentro de la misma ciudad. Existen varias situaciones que conllevan empadronarse:

Pasos a seguir para empadronarse y documentación necesaria

El empadronamiento solo se puede llevar a cabo de manera presencial, siempre con cita previa obligatoria. Para ello, se debe solicitar la cita a través de los siguientes canales:

Una vez obtenida la cita, es posible acudir a las Oficinas de Atención a la Ciudadanía-Línea Madrid para llevar a cabo el trámite de manera presencial. Para ello, será necesario presentar la documentación necesaria. Dependiendo de la situación, los documentos requeridos pueden variar, pero generalmente se deberá presentar lo siguiente:

El plazo máximo para resolver el empadronamiento es de tres meses a partir de la solicitud, según lo establecido en el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por ello, después de entregar toda la documentación necesaria de forma presencial, en un plazo de tres meses el Ayuntamiento deberá emitir una verificación de la inscripción. En cualquier caso, al finalizar el trámite, con la misma cita, se facilita un certificado de empadronamiento que sirve como justificante durante los primeros meses hasta que se formaliza la inscripción.

En el caso de los recién nacidos, tres meses después del nacimiento los padres o representantes legales pueden comprobar si el recién nacido está empadronado a través de la plataforma “Mi Carpeta” en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid. Por su parte, las personas extranjeras no comunitarias sin autorización de residencia permanente deberán renovar cada dos años la inscripción. En caso contrario se declarará la caducidad de la inscripción y la baja del padrón. Las personas con nacionalidad española no tendrán que renovar el empadronamiento.

¿Qué beneficios tiene empadronarse?

Una vez efectuado el empadronamiento, todos los ciudadanos madrileños pueden acceder a los servicios básicos de la ciudad como son la sanidad o la educación. Por ello, es recomendable solicitar de forma inmediata la tarjeta sanitaria de la Comunidad Madrid. Con ella, los residentes pueden acceder a la atención sanitaria pública, con la correspondiente asignación de un centro de salud y médico de cabecera. Puedes acceder a este trámite pinchando en este enlace.

El empadronamiento también es un requisito para la escolarización en centros educativos públicos y para solicitar plaza en escuelas infantiles municipales. Asimismo, permite acceder a programas de servicios sociales, actividades culturales, deportivas y otras iniciativas de carácter local.

Además, el empadronamiento es una pieza clave en muchos procedimientos administrativos. Por ejemplo, es obligatorio para solicitar o renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI), el pasaporte o el carné de conducir. En el caso del DNI, es recomendable renovarlo una vez se haya efectuado para que la dirección indicada se mantenga actualizada. También es indispensable para tramitar ayudas económicas, becas, subsidios y otras prestaciones, tanto a nivel municipal como estatal, como es el caso del Ingreso Mínimo Vital.

A nivel legal, empadronarse otorga también derechos cívicos. Las personas empadronadas en Madrid pueden ejercer su derecho al voto en elecciones municipales y europeas, siempre que cumplan con los requisitos legales establecidos (en el caso de ciudadanos de la Unión Europea u otros países con acuerdos bilaterales). Además, la inscripción en el padrón permite participar en procesos de consulta o participación ciudadana organizados por el Ayuntamiento.

En el caso de personas extranjeras, el padrón adquiere un valor aún más significativo. Acreditar la residencia continuada en España a través del empadronamiento puede ser un elemento clave en la regularización de su situación administrativa, ya que actúa como prueba de arraigo en trámites de extranjería o solicitudes de residencia. Por último, figurar en el Padrón proporciona un justificante oficial del domicilio habitual, que puede ser necesario en múltiples situaciones: desde abrir una cuenta bancaria hasta recibir notificaciones oficiales, firmar contratos de alquiler o incluso como respaldo en procedimientos judiciales.

El pasado fin de semana Junts hizo suya una propuesta apadrinada por algunos de sus alcaldes para vetar del padrón municipal a los vecinos que no puedan acreditar poseer o tener alquilado un domicilio. Más allá de la dificultad de implantar esta medida, que choca con el derecho básico a empadronarse reconocido en la ley y varias sentencias, se trata del último paso en una derechización paulatina de Junts que, en los últimos años, ha estado liderada sobre todo desde sus líderes municipales.

La carrera por abrazar un discurso de mano dura, con el objetivo indisimulado de competir contra la formación xenófoba Aliança Catalana, ha pasado por diversas etapas. Poco después de las pasadas municipales, celebradas en mayo de 2023, la preocupación de los ediles de la antigua Convergència se centró en la multirreincidencia, es decir, en los hurtos o robos muy repetidos por un mismo autor.

Aquella preocupación, liderada sobre todo por algunos ediles de la comarca del Maresme, cristalizó en una propuesta de reforma del Código Penal contra los hurtos en el Congreso. Allí recibió el visto bueno previo tanto del PSOE como del PP, pero aún no se ha producido la votación que debe aprobar o descartar la medida.

Mientras tanto, para mediados de 2024, en Junts ya estaban centrados en otra cuestión que también es motivo de preocupación para los alcaldes (aunque no solo para ellos): la política migratoria. Junts y PSOE pactaron una delegación de competencias de esta materia a la Generalitat en marzo pasado.

Pese a que el poder municipal de Junts ha ido a la baja en la última legislatura, el ascendente de algunos de sus alcaldes en la línea ideológica de la formación ha dado un salto adelante. El patrón seguido comienza por una serie de alcaldes actuando o pronunciándose de forma aislada sobre una cuestión, normalmente ya apuntada por Sílvia Orriols, para que a continuación sea el conjunto del partido quien adopte una posición tan radical como los representantes municipales.

En el caso del supuesto fraude en los padrones municipales, entre los alcaldes que comenzaron a despuntar con este tema se encuentran el edil de Figueres, Jordi Masquef, que inició una campaña de inspección que acabó con más de 800 bajas en el padrón. También el alcalde de Vic, Albert Castells, y el de Martorell, Xavier Fonollosa, manifestaron su rechazo a empadronar lo que calificaron de “okupas”.

Martorell es, de hecho, uno de los municipios, junto a Lleida, del PSC, que la Red de Entidades por el Padrón han llevado a los tribunales por poner trabas al empadronamiento de vecinos.

Estos tres alcaldes han acabado siendo la avanzadilla en un tema, el empadronamiento, que el partido viste de “guerra contra los okupas”, pero que quien puso sobre la mesa de forma más clara fue la propia Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, asegurando que se negaba a empadronar a quien viva en infraviviendas.

La alcaldesa de Ripoll se hacía eco de un rumor muy extendido en los ámbitos de extrema derecha según el cual en los últimos años el Gobierno habría cambiado los criterios para permitir el padrón en cuevas, chabolas o incluso caravanas. Lo cierto es que, desde hace más de dos décadas, los municipios siempre han tenido la obligación de registrar en el padrón a todas las personas que vivan en el municipio, sin importar donde viven e incluso si tienen o no techo.

La razón de esta obligación es que son los Ayuntamientos quienes deben proveer servicios básicos a las familias más precarias, tales como sanidad o educación o la intervención de los recursos sociales. Derechos de los que solo pueden disfrutar una vez estén recogidos como ciudadanos en el padrón.

Junts considera, sin embargo, que debe ser la Generalitat y no los municipios quienes ofrezcan estos servicios sociales básicos a las familias más precarias, a través de un “padrón social” que correría en paralelo al padrón normal que gestionan los municipios. De esta forma, se excluiría a las familias más necesitadas de los servicios que presentan los ayuntamientos.

Una nueva hornada de alcaldes más radicales

La consolidación de Aliança Catalana ha supuesto una dura amenaza en el mapa de poder convergente, que teme quedar desdibujado especialmente en cabeceras de comarca y ciudades pequeñas de la Catalunya interior. La última encuesta del CEO de la Generalitat estimó que en unas elecciones al Parlament la formación de Silvia Orriols podría arrebatar hasta un cuarto de los votos de Junts, lo que en su traslación a las elecciones municipales podría suponer un desastre.

Ante estas señales de alarma, la apuesta de Junts pasa por promocionar una nueva hornada de alcaldes y candidatos, de una generación que deje atrás las viejas caras del mundo convergentes y que puedan articular discursos más alineados con la derecha.

Uno de los símbolos de este paulatino relevo es Agustí Arbós, el nuevo alcalde de Olot que ha sustituido al histórico Pep Berga, quien se había destacado por apostar por modelo de convivencia integrador en el municipio. No se espera eso, en cambio, de un Arbós que el pasado mes de marzo tomó la vara de alcalde, con 31 años, y prometiendo que sus prioridades serán la inseguridad, las ocupaciones y la multirreincidencia.