El Gobierno de Castilla-La Mancha creará el Registro de Población de la región, una base de datos administrativa para modernizar la interacción con la ciudadanía, a través de procedimientos administrativos electrónicos y comunicaciones basadas en medios digitales, tal y como se ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).

En este repositorio, elaborado a través de datos de los padrones municipales de localidades castellanomanchegas aparecerá el nombre, apellidos, domicilio, número de DNI o NIE. Por otra parte, también el número de teléfono y correo electrónico, en este caso solo si la ciudadanía lo facilita a través del espacio ciudadano.

Esta base de datos servirá para elaborar estadísticas oficiales, la comunicación entre la Administración y la ciudadanía de cara a procedimientos, trámites o gestiones, así como la evaluación de la calidad de los servicios prestados por los diferentes órganos de la Junta de Castilla-La Mancha.

Los usuarios de espacio ciudadano podrán acceder a través de esta plataforma a sus datos personales contenidos en el Registro de Población. Los datos de carácter personal del Registro de Población de Castilla-La Mancha son confidenciales y el acceso a los mismos se regirá por lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales.

Las diferentes solicitudes de uso de datos contenidos en el Registro de Población de Castilla-La Mancha se dirigirán al órgano de la Junta de Castilla-La Mancha con competencias en materia de estadística y deberán explicitar la finalidad para la que esa información se precisa.

El proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en Zaragoza ha desatado una fuerte contestación social. Organizaciones antirracistas, representantes sindicales y el movimiento vecinal coinciden en denunciar un bloqueo administrativo deliberado por parte del Ayuntamiento que está dificultando el acceso a derechos básicos y generando situaciones que califican de “inhumanas”.

El pronunciamiento conjunto del tejido asociativo y comunitario de la ciudad acusa directamente al consistorio de aplicar una estrategia de “obstaculización consciente” que vulnera derechos fundamentales. Según el documento, se está construyendo “un escenario de colapso” mediante la centralización de trámites y la limitación de recursos, lo que deriva en largas colas y saturación en la atención.

El comunicado del tejido asociativo va más allá y califica la situación como “racismo institucional”. Denuncia que se están bloqueando canales de acceso a documentación, infrautilizando recursos públicos y generando un trato desigual hacia las personas migrantes.

Para las organizaciones firmantes, la regularización “es una cuestión de justicia social que reconoce una realidad existente”, la de miles de personas que ya forman parte de la ciudad. Por ello, reclaman la descentralización inmediata de los trámites, el refuerzo de medios y una información clara y accesible.

Mientras tanto, las filas continúan y la presión social aumenta. Colectivos, profesionales y vecinos coinciden en una misma exigencia, que se permita a la administración funcionar con todos sus recursos para garantizar derechos, en lugar de restringirlos.

La plantilla municipal reclama poder trabajar

La crítica no procede únicamente de los colectivos sociales. Carmen Calvo, representante sindical en el Ayuntamiento, asegura que existe una red amplia de servicios sociales y juntas de distrito que no se está aprovechando.

Aunque desde esta semana se ha reactivado el funcionamiento de registros en los barrios, la decisión anunciada este miércoles por la consejera de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, de centralizar los certificados de vulnerabilidad en la Casa de las Culturas a partir del lunes, 27, tampoco ha sido bien recibida ya que, según Carmen Calvo, esta medida “resulta claramente insuficiente”, al haber solo cuatro trabajadoras sociales encargadas de atender toda la demanda de la ciudad.

Frente a ello, más de 50 profesionales de servicios sociales —de un total de alrededor de 100— han firmado un escrito para exigir que se les permita emitir estos informes. Argumentan que ya conocen a la población y podrían agilizar el proceso sin necesidad de duplicar valoraciones.

“El problema no es la falta de personal, sino que no se les deja trabajar”, resume Calvo, quien advierte de que la centralización está provocando un cuello de botella que puede alargar las colas hasta el final del plazo, fijado el 30 de junio.

Filas, esperas y dificultades de acceso

Desde la Plataforma RegularizaciónYa Zaragoza, Bertha Sánchez sostiene que la situación no responde a un problema técnico, sino a una decisión política deliberada. A su juicio, el Ayuntamiento estaría intentando proyectar una imagen de “proceso masivo” vinculada a discursos de la ultraderecha, cuando en realidad se trata de personas que ya viven y trabajan en la ciudad.

Las consecuencias, señala, son visibles a diario: largas filas durante horas, dificultades para acceder a documentación esencial y un colapso que podría evitarse utilizando todos los recursos municipales disponibles. “Se está impidiendo que las personas puedan iniciar trámites que son clave para acceder a derechos básicos”, denuncia.

Desde la Federación de Barrios de Zaragoza, su presidente Arturo Sancho ha expresado el apoyo del movimiento vecinal a las personas afectadas. Subraya que la situación era previsible desde hace meses y que este es el séptimo proceso de regularización en democracia sin precedentes similares. “No es una situación sobrevenida”, afirma. “Se sabía que iba a ocurrir y no se han puesto los medios necesarios”.

Sancho también destaca que el problema no se está reproduciendo en otras ciudades, lo que refuerza la idea de que se trata de una gestión local. En este contexto, pide que, si persisten las trabas, el Gobierno central amplíe el plazo de regularización para evitar que personas con derecho queden fuera del proceso.

Otro de los problemas detectados es la desinformación. Las organizaciones están realizando charlas para aclarar que no todas las personas necesitan el certificado de vulnerabilidad, uno de los documentos que más está colapsando el sistema.

Nueva orden: tramitación en la Casa de las Culturas con cita previa

La consejera de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha anunciado que la regularización de los inmigrantes se centralizará en la Casa de las Culturas, al ser un centro de referencia para estas personas, y con cita previa en el teléfono 900 700 107 en horario de atención al público de mañana y tarde y ha explicado durante su comparecencia en la Comisión de Políticas Sociales, que se han recopilado la información de los registros de entrada para sistematizar las citas y desde el lunes se elaborarán informes de vulnerabilidad “con garantías”. Este operativo contará con refuerzo de los servicios sociales municipales, pero Orós ha dejado claro que “el Ayuntamiento no va bloquear, ni a cargase los servicios sociales”.

“No puedo permitir --ha argumentado-- que dada la mejora en el cumplimiento de la ordenanza en los tiempos de cita se vayan por el sumidero y las ayudas de urgencia o cualquier servicio tenga que esperar semanas y semanas por este proceso caótico y chapucero y no se si con mala fe o falta de diligencia que ha originado en todas las ciudades de España, porque todos los ayuntamientos están en la misma situación y han denunciado lo mismo”.

También, la Policía Nacional, ha asegurado Orós, ha alertado del contenido del real decreto de regularización extraordinaria de personas inmigrantes porque ha generado “muchas situaciones en las que hay mafias que cobran entre 300 y 600 euros para dar una cita, la sección de Extranjería está en huelga indefinida y Correos, que es del mismo equipo que el Gobierno de España, dice que no tiene información y hasta CCOO ha dicho que es imposible hacerlo porque no hay información”.

A su parecer, el objetivo del real decreto “no es la regularización para que los que ya están aquí puedan trabajar” y además, ha avisado de que “hay un efecto llamada y algunos vienen desde Inglaterra, Francia, e Italia”.

Orós ha considerado que la finalidad de este real decreto es “reventar la convivencia, colapsar los servicios sociales y generar caos y frustración” para estimar que el Gobierno de España “se tendría que haber sentado con las comunidades autónomas”, además de incluir una memoria económica de la que carece el real decreto.

El Ayuntamiento de València ha puesto en conocimiento de la Fiscalía Provincial nuevos casos de posibles irregularidades en contratos de arrendamiento utilizados para la inscripción en el padrón municipal, dentro de un expediente ya abierto por hechos similares.

Los nuevos indicios se suman a una investigación iniciada tras la denuncia de un propietario que detectó el empadronamiento de personas desconocidas en su vivienda sin haber firmado contrato alguno.

Recientemente se han incorporado al expediente dos nuevas denuncias: por un lado una relativa a contratos de alquiler presuntamente irregulares ya denunciados ante la Agencia Tributaria y la Policía Nacional.

La segunda de las denuncias hace referencia al empadronamiento de hasta cinco individuos empadronados en un domicilio sin conocimiento de la persona propietaria, recibiendo incluso notificaciones oficiales dirigidas a terceros.

En ambos casos, las investigaciones municipales apuntan a la utilización de contratos de arrendamiento con posibles manipulaciones o falsificaciones.

El concejal responsable del servicio de Registro y Población, Juan Carlos Caballero ha explicado que las actuaciones “se iniciaron tras comprobar que varias altas en el padrón se habían realizado mediante contratos que presentaban un formato idéntico pero con firmas diferentes del supuesto propietario, lo que hizo sospechar  a los técnicos del servicio de padrón de su autenticidad”.

Además, se ha detectado un patrón repetido de uso de viviendas sin consentimiento de sus titulares para empadronamientos sucesivos de distintas personas.

Con estos hechos el Ayuntamiento, en cumplimiento de la normativa vigente, “ha remitido toda la documentación a la Fiscalía para que determine si los hechos pudieran ser constitutivos de delito y, en su caso, se inicien las diligencias correspondientes”, ha añadido

Caballero ha lamentado la gravedad de los hechos y defendido la firme actuación del Ayuntamiento ante “posibles prácticas fraudulentas que afectan directamente a la fiabilidad del padrón municipal y a los derechos de los propietarios, por lo que vamos a actuar con total contundencia”

Por último el concejal ha insistido en que “la colaboración con la Fiscalía y las fuerzas de seguridad es absoluta” y ha remarcado que “no se va a permitir que se utilicen mecanismos ilegales para acceder al padrón” y ha señalado que el consistorio “continuará revisando todos los expedientes sospechosos y reforzando los controles para evitar que estas situaciones se repitan”.

La Diputación de Zaragoza (DPZ) ha finalizado el proceso de modernización del padrón municipal en los 292 municipios de la provincia —excluida la capital—, una actuación que permitirá a los ayuntamientos intercambiar datos en tiempo real con el Instituto Nacional de Estadística (INE). El proyecto ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros, financiada íntegramente con fondos europeos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según ha señalado el presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, la actuación busca que los municipios dispongan de “un padrón actualizado y preparado para una gestión estadística moderna y eficaz”. El responsable provincial enmarca esta iniciativa en la estrategia de digitalización impulsada por la institución desde 2007.

Durante más de dos años, la DPZ ha trabajado con los ayuntamientos en la depuración y revisión de sus bases de datos. Entre otras actuaciones, se han corregido errores en los registros de personas, viviendas y hogares; se han eliminado duplicidades; y se han adaptado los datos a estándares nacionales y europeos, en coordinación con el catastro.

Además, se ha asignado a cada vivienda un identificador único que permite automatizar el intercambio de información con el INE mediante servicios web. El proyecto también ha incluido la creación de un sistema de gestión territorial y la formación del personal técnico municipal para mantener la calidad de los datos.

El nuevo modelo distingue entre la información relativa a las personas y la vinculada al territorio, lo que, según la institución, facilita la gestión y verificación de los registros.

Esta actuación se suma a otros proyectos recientes impulsados por la DPZ con financiación europea. En 2024, la institución implantó escritorios virtuales en 249 ayuntamientos con el objetivo de reforzar la ciberseguridad y adaptarse al Esquema Nacional de Seguridad. Ese mismo año, también se integró en la Carpeta Ciudadana del Gobierno de España para facilitar la tramitación electrónica a la ciudadanía.

Los empadronamientos irregulares a personas migrantes se han convertido en una actividad menos extraña de lo que parece en la ciudad de València. En apenas seis semanas la Policía Nacional ha detenido a 30 personas por falsificar y vender contratos para empadronamientos irregulares, cobrando entre 300 y 700 euros a personas en situación de vulnerabilidad para poder justificar un domicilio en el padrón; elDiario.es informó de un centenar de empadronamientos sospechosos en una residencia de estudiantes, a raíz de una denuncia interna en el Hospital Clínico, y el propio Ayuntamiento ha trasladado a Fiscalía un tercer caso.

El consistorio denunció ante el Ministerio Fiscal al menos tres empadronamientos irregulares en un domicilio de la ciudad, después de que un particular se personara en las oficinas del Padrón por haber recibido una notificación de un registro en su vivienda. El particular es un diputado del PP en las Corts Valencianes, que recibió un escrito de la oficina censal informándole de un alta en su dirección. El diputado, que prefiere que su nombre no trascienda, es natural de Castellón, pero emplea este piso que tiene desde hace dos décadas como su residencia en la ciudad por trabajo.

Según explica a elDiario.es, a principios de enero recibió el escrito del Ayuntamiento con un alta de una persona que desconocía, de origen indio, que la había solicitado en abril del año anterior solo con su pasaporte. “Fui al Ayuntamiento y lo comuniqué, primero pregunté cómo se podía hacer un empadronamiento y pedí la baja”. En la oficina, le explicaron que se había presentado un contrato de alquiler en el piso, incluso el recibo de haber pagado una mensualidad. “No tengo ningún contrato de arrendamiento. Alguien falsificó el contrato y la firma por la mensualidad”, explica el parlamentario, que apunta que nunca ha tenido el piso en alquiler.

El denunciante solicitó comprobar si se habían empadronado más personas en su domicilio, y el consistorio encontró a otras dos, entre octubre de 2024 y octubre de 2025, dos empadronamientos de cuatro y ocho meses de duración cada uno. El personal municipal comprobó que los contratos aportados tenían el mismo formato que el denunciado, pero la firma del propietario era diferente en cada uno. Tras la queja, el padrón abrió una investigación para recopilar la información y el Ayuntamiento acordó depositarla en Fiscalía, por si fuera constitutiva de delito.

Sobre el centenar de empadronamientos sospechosos en una residencia de estudiantes, el consistorio no ha confirmado ninguna actuación. La empresa manifestó que pediría la documentación sobre el padrón a las oficinas municipales.

El PSOE de Calahorra critica que “el Ayuntamiento estuvo más de un año sin tramitar bajas en el padrón municipal” a pesar de que la alcaldesa de la localidad, Mónica Arceiz, “haya pretendido lanzar una cortina de humo para proclamarse como la más racista del valle del Ebro, haciendo una limpia de bajas en el padrón municipal”.

“Lo que se ha olvidado de contar a la opinión pública, la alcaldesa de Calahorra, es que llevaba más de un año sin trasladar ninguna baja, mientras que otros Ayuntamientos, como los de Arnedo, Alfaro o Logroño lo hacen mensualmente”, afirman desde el PSOE.

Resulta “evidente” que si durante más de un año no trasladas ninguna baja del padrón, “se te van acumulando, y luego puede dar la sensación de que estás haciendo mucho trabajo de golpe”, indican.

Sin embargo, “lo único que hace la alcaldesa de Calahorra con esta conducta, es el ridículo más espantoso, formando parte de una competición en la que el único objetivo es parecer más racista que sus compañeros de Vox”.

Para el Partido Socialista “resulta patético escuchar a Arceiz, alardeando de haber limpiado bajas y dobles empadronamientos que ya no estaban en activo. No se puede hacer más el ridículo”.

Al mismo tiempo “produce estupor escuchar sus declaraciones, en las cuales no deja ningún lugar a dudas de que desconoce absolutamente la legislación. Algo que ha quedado acreditado de forma palmaria cuando ha afirmado que exigirá a cualquier extranjero que se quiera empadronar en Calahorra que lo haga con el NIE, cuando la ley dice que tiene que ser con el pasaporte”.

En cualquier caso, “las presuntas medidas anunciadas por la alcaldesa el pasado noviembre no habrían tenido ningún efecto. Según los datos aportados por la propia Arceiz, el número de extranjeros habría descendido desde noviembre en 18 personas”.

La presunta oscilación de extranjeros inscritos en el padrón ya se había producido para entonces. Así, tal y como ofreció en rueda de prensa el Ayuntamiento en enero de 2025, había 5036 extranjeros inscritos. En junio de 2025 esa cifra se habría disparado hasta los 6.798, descendiendo en noviembre a 5.284 personas, tan solo 18 más que las hoy anunciadas (5.266).

“Resulta todavía más grotesco que la alcaldesa se jacte ahora de haber dado de baja en el padrón a más de 1.500 personas cuando en noviembre reconocía desconocer a qué se debía la oscilación en el número de extranjeros en el padrón”, indican desde el PSOE.

Así las cosas, reflexionan los socialistas, la alcaldesa “presume de eficacia cuando tan solo se destapa su mala gestión. Parece además del todo incompatible presumir de haber dado de baja a 1.500 personas a las que se dieron de alta apenas unos meses antes bajo el mandato de la propia alcaldesa”.

Además, “mientras la alcaldesa se entretiene en esta competición racista, en alentar una persecución a los inmigrantes que traen riqueza a nuestra ciudad, el Centro de Formación Profesional continúa absolutamente abandonado y el Centro de Día cerrado a cal y canto, pese a llevar casi un año finalizado”.

Desde el Partido Socialista instan a la alcaldesa “que se baje de esta absurda competición por ser más racista que los de Vox, que cumpla la ley, y sobre todo, que no haga el ridículo, mientras sea alcaldesa de Calahorra”.

Si un madrileño quiere cambiar de domicilio en el empadronamiento de la capital, se encontrará este jueves que la primera cita disponible es para dentro de un mes. Eso con suerte, porque los turnos para este trámite están volando y desaparecen en pocos segundos según los ofrece el sistema.

El Ayuntamiento de Madrid reconoce los problemas y este jueves ha anunciado que se ha producido un aumento de las 7.000 citas semanales disponibles a las 11.000, gracias a un refuerzo de persona. Este incremento del 57% ha venido acompañado de otras medidas con las que el consistorio está intentando paliar una situación que ya se extiende varios meses.

Según la vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, el plan de refuerzo incluye también investigaciones contra el fraude, ya que se han llevado a cabo “algunas investigaciones por posibles fraudes que tenemos detectados” en diferentes puntos de Madrid.

Ahora, el Ayuntamiento exige que la cita sea solicitada por la persona que vaya a acudir luego a hacer la gestión. “Hemos detectado algunas prácticas irregulares”, dijo sin detallar cuáles la vicealcaldesa. Este periódico constató la existencia de venta de citas en Wallapop para otros trámites con alta demanda de otras administraciones.

Según la vicealcaldesa, la anunciada regularización de inmigrantes “tiene mucho que ver” con el repunte que está registrando el sistema, aunque los problemas de colapso a la hora de coger cita se arrastran desde meses antes de que el Gobierno de la nación acordara esta medida. La propia Inmaculada Sanz reconocía en una segunda pregunta que esta falta de citas “viene de más atrás”.

Entre las posibles causas de esta falta de citas, Sanz nombró las decenas de miles de reclamaciones por la nueva tasa de basuras, que ocuparon muchos turnos en las oficinas físicas municipales.

Logroño incrementa su población por cuarto año consecutivo hasta llegar a los 152.626 habitantes, 364 más que los registrados en el año anterior, y una edad media de 45,54 años. Son datos del Observatorio de la Ciudad referentes al año 2025, que esta mañana ha presentado la concejala delegada de Estadística, Laura Rivas.

A 31 de diciembre del pasado año se registraron en el padrón municipal 894 altas por nacimiento (922 el año anterior) y 1.382 bajas por defunciones (1.401 el año 2024), lo que supone un saldo vegetativo (diferencia entre nacimientos y fallecimientos) negativo de 488, tendencia descendente que se aprecia, en mayor o menor medida, desde 2015.

En este sentido, la tasa de natalidad de la ciudad (porcentaje de nacimientos por cada mil habitantes) se sitúa en el 5,85% (6,05% en 2024), mientras que la de mortalidad (porcentaje de defunciones por cada mil habitantes) es del 9,05% (9,2% el año anterior).

El 52,82% de la población son mujeres (80.623), mientras que el 47,18% son hombres (72.003). Respecto a los tramos de edad, 92.606 tienen entre 65 y 18 años; 36.063 tienen 65 o más; y 23.957 son menores de edad.

En cuanto a las personas centenarias, en Logroño residían al cierre del año pasado 95, de las que 77 eran mujeres y 18, hombres.

De los 152.626 de habitantes, 132.101 (86,55%) son de origen español (el 48% nacidos en Logroño, el 13% en otras localidades de La Rioja y el 20% en otras comunidades autónomas); mientras que 20.525 (13,45%) proceden de otros países. En ese sentido, Rumanía es el país de origen destacado, con 4394 personas, seguido de Colombia (3.562), Pakistán (2.018), Marruecos (1.459) y Venezuela (1.034).

Altas y bajas por cambios de residencia

Más allá de los nacimientos y las defunciones, en 2025 se produjeron en el padrón 3.947 altas de personas que cambiaron su residencia habitual a Logroño. Dentro de La Rioja, 287 altas procedían de Lardero; 265 de Villamediana de Iregua; y 106 de Calahorra. Fuera de la comunidad autónoma, los principales puntos de origen de nuevos empadronados han sido Madrid (367), Navarra (313), Álava (187) y Burgos (148).

Respecto a las bajas por traslado de domicilio, se formalizaron 3.232. Dentro de la región, el mayor número fueron con destino a Lardero (458), Villamediana de Iregua (339) y a Albelda de Iregua (155); mientras que fuera de la comunidad autónoma los destinos que recibieron más logroñeses fueron Madrid (282), Navarra (184), Álava (157) y Zaragoza (137).

Población por distritos y barrios

Logroño está dividido en cinco distritos: Norte, Centro, Este, Sur y Oeste. El Distrito Centro es el que cuenta con más residentes, 42.452 (frente a los 43.315 del año anterior), de los que 19.167 son hombres y 23.385 son mujeres; y el menos poblado es el Distrito Norte con 6.132 habitantes (6.149 el año anterior), de los que 2.990 hombres y 3.142 son mujeres.

Sobre el resto de los distritos, el Este cuenta con 37.981 habitantes (18.065 hombres y 19.916 mujeres); seguido del Distrito Sur, con 37.455 vecinos (18.124 varones y 19.331 mujeres); y el Distrito Oeste, con 27.413 habitantes, de los que 13.097 son hombres y 14.316 son mujeres.

Respecto a la distribución de la población barrios, la zona Centro-Oeste es la que cuenta con más vecinos (21.908), seguida de Madre de Dios-San José y el campus universitario (21.293) y la zona Centro-Este (18.363). En cuanto a los barrios con menos población, destaca El Cortijo, con 228 habitantes.

Finalmente, las calles que más habitantes registraron el año pasado fueron Duques de Nájera (3.222) y Huesca (3.176), seguidas de avenida de la Paz (2.973), avenida Pérez Galdós (2.545) y Alfonso VI (2.443).

Apellidos y nombres más comunes

El Observatorio de la Ciudad también hace referencia a los nombres y apellidos más comunes en Logroño. En este sentido, los nombres más comunes en 2025 han sido David (46), Javier (40) y Pablo (39) en hombres, mientras que María (60), Lucía (35) y Laura (29) lo han sido en mujeres. En el cómputo global del padrón, destacan Javier (1.387) y María (1.447).

Respecto a los apellidos, los más comunes en 2025 han sido Martínez (309), García (279) y Fernández (201); mientras que en el registro municipal total repiten Martínez (10.285) en primer lugar, García (8.836) en el segundo y Fernández (6.311) en el tercero.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), sacó adelante en diciembre el presupuesto municipal para este año gracias a un nuevo pacto con Vox, en el que se incluía la exigencia de un mayor control del empadronamiento de las personas migrantes. Los populares compraban así una de las grandes obsesiones de la formación de ultraderecha, por lo que el grupo municipal Podemos-IU ha reclamado ahora los detalles. La respuesta del gobierno local ha sido que pretende evitar así que “se cometan fraudes con los migrantes”.

Así lo ha vendido el portavoz del PP y también delegado de Hacienda, Juan Bueno, que ha argumentado que hay quien intenta “lucrarse” con este procedimiento administrativo, y para ello “defraudan y estafan a estas personas”. Por ello, postula que lo recogido en el pacto se traduce en un “sistema garantista”, para ofrecer “una información clara y dar un acompañamiento adecuado” a los migrantes y de esta manera “evitar el fraude”.

La cuestión se ha abordado en la comisión de control al gobierno local, y la explicación no ha convencido lo más mínimo al portavoz de Podemos-IU, Ismael Sánchez (IU), que considera “un disparate” la iniciativa municipal, al que ha acusado de querer usar el padrón “como instrumento de control migratorio”. “Esto es una barbaridad que está fuera de la ley”, ha subrayado.

“Da igual la situación administrativa de la persona”

El acuerdo rubricado es aséptico en la redacción de este punto, y se limita a recoger la “elaboración de un protocolo reforzado de comprobación de residencia de las solicitudes del padrón”, sin ninguna mención a la población migrante. Pero la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, sí dejó bien claro que el objetivo de la medida no es otro que “evitar que inmigrantes ilegales puedan empadronarse en la ciudad”.

Podemos-IU ha recordado que la ley estipula que para empadronarse sólo hay que acreditar la residencia en la ciudad, “da igual la situación administrativa de la persona, el padrón no está para eso”. Por eso Ismael Sánchez ha insistido en saber cómo se va a hacer, “si se le va a pedir a los funcionarios municipales saltarse la ley y que cometan un delito”, obligándoles a reclamar más requisitos de los necesarios. “No podemos ni discriminar ni excluir”, ha recordado, al tiempo que ha acusado al PP de convertir a Sevilla en un “laboratorio” de pruebas para afinar su relación con Vox.

Bueno, por su parte, ha considerado “patético” el planteamiento de la izquierda, a la que ha instado a “no poner en duda que cumplimos la ley”. “Este gobierno no va a estar nunca en contra de ninguna ley”, ha subrayado, además de reiterar el “fin garantista” de la nueva medida. “No está mal que de alguna forma se controle la situación por el bien de las propias personas”, que son “las más vulnerables”.

“Efecto de la radicalización”

Así que ha defendido que lo que se va a hacer es el “cumplimiento escrupuloso de la ley”, acusando a la izquierda de querer presentar la iniciativa como “efecto de la radicalización” del PP por su pacto con Vox. “No estamos en esa esquina, están ustedes”, ha reprochado el portavoz popular, que ha acusado a Podemos-IU de intentar poner así una cortina de humo “porque no soportan las políticas beneficiosas para la ciudad” que está desarrollando el gobierno de José Luis Sanz.

Ismael Sánchez, en cambio, ha apelado a que “hablamos de legalidad y derechos”, sentido en el que ha recordado que “no hay ninguna competencia local” que pueda aplicarse de manera adicional al empadronamiento. “Intentan condicionar e imponer procesos adicionales a las personas migrantes”, una cuestión que no considera un “debate abstracto” sino fundamental porque “se trata de que Sevilla cumple la ley y no se presta a políticas discriminatorias”.

Agentes de la Policía Nacional han detenido, en el marco de la Operación Diezmo, a ocho personas en Calatayud tras una investigación iniciada a raíz de una comunicación del Ayuntamiento de la localidad, que alertó sobre posibles irregularidades detectadas en el padrón municipal.

Personal municipal y secretaría había observado la existencia de inscripciones sospechosas en varios domicilios, en los que constaban empadronadas numerosas personas que, en realidad, no residían en ellos. Se comunicó a la alcaldía y ante estos indicios, se informó a la Policía Nacional, competente para comprobar e investigar posibles delitos e infracciones relacionadas con la normativa de extranjería.

Dicha investigación permitió constatar que determinados propietarios e inquilinos de varios inmuebles habrían facilitado el empadronamiento de ciudadanos extranjeros en situación irregular, pese a saber que no vivían ni habían residido nunca en esos domicilios. Este empadronamiento fraudulento se realizaba, presuntamente, a cambio de pagos en metálico (entre 150 y 250 euros por persona) o de otro tipo de beneficios.

El objetivo de los empadronados era acreditar una falsa residencia, imprescindible para iniciar trámites destinados a regularizar su situación administrativa. De manera paralela, los investigados obtenían ingresos mediante esta actividad que, además, favorecía la inmigración irregular en territorio nacional.

Durante el dispositivo, que se desarrolló entre el 14 y el 24 de octubre, se inspeccionaron 15 inmuebles de Calatayud en colaboración con la Policía Local y con personal del Ayuntamiento, verificando la residencia habitual de las personas inscritas.

Los agentes pudieron determinar que, de más de 350 personas empadronadas, únicamente una treintena residían realmente en los domicilios señalados. Como consecuencia, se han tramitado más de 350 bajas en el Padrón Municipal, evitando así un uso fraudulento del mismo.

En total se han detenido a cuatro personas como presuntos responsables de un delito de estancia irregular y a otros cuatro por un delito de favorecimiento de la inmigración irregular, quedando todos en libertad con cargos.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, ya que los agentes siguen analizando documentación y verificando inscripciones vinculadas a otros inmuebles.

La Policía Nacional destaca la estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Calatayud y con la Policía Local, cuya coordinación ha sido esencial para detectar el fraude, proteger el correcto funcionamiento de los servicios públicos y garantizar la legalidad en los procedimientos administrativos

Junts ha decidido no firmar el Pacto del Padrón de Catalunya, un compromiso presentado este miércoles en el Parlament de Catalunya y refrendado por más de 500 entidades, así como por el PSC, ERC, Comuns y la CUP, para garantizar el derecho al empadronamiento “sin ningún tipo de discriminación”.

Se trata de un documento mediante el cual los partidos firmantes se comprometen a cumplir lo establecido en la ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, que asegura que “toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que reside habitualmente”.

Pero Junts ha decidido no refrendar el pacto, igual que el PP y Aliança Catalana, porque “no aborda con profundidad cuestiones fundamentales para una gestión del padrón coherente con las herramientas y recursos que tiene el país ahora mismo”, ha dicho el partido en una carta que ha enviado a las entidades que han promovido el texto, firmada por Jordi Turull, secretario general, y Judith Toronjo, secretaria de organización.

Las entidades empezaron el proceso de negociación hace dos meses y medio durante el cual han intentado “buscar un consenso parlamentario amplio hasta el último momento”. Con Junts, concretamente, llevaron a cabo también reuniones bilaterales y estuvieron negociando hasta un día antes de la presentación del pacto. Pero finalmente no se llegó a buen puerto.

El texto consta de diversos puntos que, en esencia, recuerdan cuáles son las obligaciones de los municipios en base a la ley. Por ejemplo, la obligación de garantizarlo con independencia del tipo de vivienda o situación administrativa, el reconocimiento del padrón sin domicilio fijo (aquel que ampara a las personas sin hogar), que se respeten los plazos y que no se exijan la necesidad de presentar documentación que la ley no contempla como contratos de alquiler o compra, cédulas de habitabilidad o recibos de suministros (para demostrar que no se está ocupando).

Junts, a pesar de no querer firmar este pacto, asegura en la carta que no discute “ninguno de los derechos fundamentales” de la ley y que los aplica “cada día” desde sus ayuntamientos. Pero esta afirmación, en realidad, se contradice con la realidad de algunos de los municipios que gobierna.

Según una investigación de ECAS, en Figueres, Bordils, Flaçà (Girona), Igualada y Martorell (Barcelona) se “vulnera el derecho al padrón”, y se ponen impedimentos a personas migradas o en situación de ocupación para empadronarse. Son dos sólo algunos de los 37 municipios en los que las entidades han detectado que se “vulneran de manera flagrante los derechos básicos”, tal como han asegurado. “El padrón es una herramienta para conocer el estado de un municipio, no para sacar rédito político”, han añadido.

Por ejemplo, el edil de Figueres, Jordi Masquef, inició una campaña de inspección que acabó con más de 800 bajas en el padrón. También el alcalde de Vic, Albert Castells, y el de Martorell, Xavier Fonollosa, manifestaron su rechazo a empadronar lo que calificaron de “okupas”,

Martorell es, de hecho, uno de los municipios, junto a Lleida, del PSC, que la Red de Entidades por el Padrón han llevado a los tribunales por poner trabas al empadronamiento de vecinos.

De hecho, el padrón viene siendo un tema importante en la agenda de Junts desde hace meses -sobre todo desde que la formación xenófoba Aliança Catalana empezó a robar votos a los de Puigdemont. Ya el verano pasado diversos alcaldes de la formación salieron a lamentar que, para sus municipios, era un problema empadronar a “personas recién llegadas” o aquellos que residieran en pisos ocupados o en infraviviendas.

Por eso, esta primavera Junts propuso una modificación de la norma para que se vetara a las personas que no puedan acreditar poseer o tener alquilado un domicilio, un supuesto que va totalmente en contra del derecho básico reconocido en la ley y en varias sentencias.

El motivo esgrimido por Junts era el efecto llamada, que provoca “una concentración excesiva en determinados municipios”, tal como asegura Junts en la carta, en la que pide un “plan de redistribución territorial equilibrado”.

Pero, en realidad, lo que genera esas concentraciones, tal como alertan las entidades, son las ciudades que dificultan el registro, ya que eso provoca que haya gente que tenga que empadronarse en municipios más garantistas a pesar de que no residan en ellos para poder acceder a derechos básicos como la atención sanitaria o la escolarización.

La presión de Aliança Catalana

La deriva hacia la derecha de los alcaldes de Junts coincide con el aumento en la intención de voto a Sílvia Orriols quien, según las últimas encuestas, podría llegar a arrebatar hasta 4 puntos a Junts en los próximos comicios. Fue la alcaldesa de Ripoll quien volvió a poner el padrón en el centro del debate, cuando se negó a registrar a colectivos migrantes y personas en situación de ocupación.

Orriols se justificaba haciéndose eco de un rumor muy extendido en los ámbitos de extrema derecha según el cual en los últimos años el Gobierno habría cambiado los criterios para permitir el padrón en cuevas, chabolas o incluso caravanas.

Pero lo cierto es que, desde hace más de dos décadas, los municipios siempre han tenido la obligación de registrar en el padrón a todas las personas que vivan en el municipio, sin importar donde viven e incluso aunque no tengan techo.

La razón de esta obligación es que son los Ayuntamientos quienes deben proveer servicios básicos a las familias más precarias, tales como sanidad o educación o la intervención de los recursos sociales. Derechos de los que solo pueden disfrutar una vez estén recogidos como ciudadanos en el padrón.

Junts considera, sin embargo, que debe ser la Generalitat y no los municipios quienes ofrezcan estos servicios sociales básicos a las familias más precarias, a través de un “padrón social” que correría en paralelo al padrón normal que gestionan los municipios. De esta forma, se excluiría a las familias más necesitadas de los servicios que presentan los ayuntamientos.

Quien sí han firmado el pacto es el PSC, que gobierna más de la mitad de los municipios que las entidades han identificado que ponen trabas en el padrón. Al frente de consistorios como el de L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Tarragona o Terrassa, aglutinan también gran parte del grueso del 40% de la población catalana que vive en lugares en los que no se garantiza este derecho.

Según datos del Ayuntamiento de Madrid, la capital cuenta actualmente con 3.460.491 empadronados, la cifra más alta hasta la fecha en el siglo XXI, superando por primera vez los 3,4 millones. Además, en el último año, la ciudad incrementó su población en 120.560 habitantes, confirmando una tendencia en el aumento de la población en la capital que viene dándose desde el final de la pandemia.

Uno de los factores que hizo aumentar en mayor medida el número de habitantes de la capital fue su saldo migratorio. En total, llegaron procedentes de otros municipios más de 87.000 personas. Además, a lo largo de 2023 se produjeron más de 127.000 altas de extranjeros, cifra ligeramente inferior al año anterior, pero que sigue manteniendo a la ciudad de Madrid como destino residencial.

Ya sea por razones laborales o de estudios, muchas personas se ven obligadas a abandonar su ciudad natal e instalarse en la capital. Sea por la razón que sea, estos movimientos migratorios obligan a pasar por un trámite administrativo: el empadronamiento.

Empadronarse en el municipio de Madrid es un trámite obligatorio para todas las personas que residen en la ciudad de manera habitual. Este registro es fundamental para obtener acceso a diversos servicios públicos, así como para cumplir con las normativas fiscales y administrativas. En este artículo te explicamos los pasos a seguir y los documentos necesarios para llevar a cabo este trámite:

¿Por qué hay que empadronarse?

El Padrón es un registro administrativo en el que constan los habitantes de un municipio. La inscripción es obligatoria para todos los residentes en España y es fundamental para acceder a servicios como la sanidad, la educación o la participación en elecciones. Además, es un paso necesario para obtener ciertos documentos oficiales, como el DNI o el pasaporte.

Pueden darse múltiples situaciones por las que resulte necesario empadronarse, no solo es un trámite necesario para aquellas personas que vienen de otros lugares, también hay que informar de los cambios cuando el movimiento se produce de una vivienda a otra dentro de la misma ciudad. Existen varias situaciones que conllevan empadronarse:

Pasos a seguir para empadronarse y documentación necesaria

El empadronamiento solo se puede llevar a cabo de manera presencial, siempre con cita previa obligatoria. Para ello, se debe solicitar la cita a través de los siguientes canales:

Una vez obtenida la cita, es posible acudir a las Oficinas de Atención a la Ciudadanía-Línea Madrid para llevar a cabo el trámite de manera presencial. Para ello, será necesario presentar la documentación necesaria. Dependiendo de la situación, los documentos requeridos pueden variar, pero generalmente se deberá presentar lo siguiente:

El plazo máximo para resolver el empadronamiento es de tres meses a partir de la solicitud, según lo establecido en el artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Por ello, después de entregar toda la documentación necesaria de forma presencial, en un plazo de tres meses el Ayuntamiento deberá emitir una verificación de la inscripción. En cualquier caso, al finalizar el trámite, con la misma cita, se facilita un certificado de empadronamiento que sirve como justificante durante los primeros meses hasta que se formaliza la inscripción.

En el caso de los recién nacidos, tres meses después del nacimiento los padres o representantes legales pueden comprobar si el recién nacido está empadronado a través de la plataforma “Mi Carpeta” en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid. Por su parte, las personas extranjeras no comunitarias sin autorización de residencia permanente deberán renovar cada dos años la inscripción. En caso contrario se declarará la caducidad de la inscripción y la baja del padrón. Las personas con nacionalidad española no tendrán que renovar el empadronamiento.

¿Qué beneficios tiene empadronarse?

Una vez efectuado el empadronamiento, todos los ciudadanos madrileños pueden acceder a los servicios básicos de la ciudad como son la sanidad o la educación. Por ello, es recomendable solicitar de forma inmediata la tarjeta sanitaria de la Comunidad Madrid. Con ella, los residentes pueden acceder a la atención sanitaria pública, con la correspondiente asignación de un centro de salud y médico de cabecera. Puedes acceder a este trámite pinchando en este enlace.

El empadronamiento también es un requisito para la escolarización en centros educativos públicos y para solicitar plaza en escuelas infantiles municipales. Asimismo, permite acceder a programas de servicios sociales, actividades culturales, deportivas y otras iniciativas de carácter local.

Además, el empadronamiento es una pieza clave en muchos procedimientos administrativos. Por ejemplo, es obligatorio para solicitar o renovar el Documento Nacional de Identidad (DNI), el pasaporte o el carné de conducir. En el caso del DNI, es recomendable renovarlo una vez se haya efectuado para que la dirección indicada se mantenga actualizada. También es indispensable para tramitar ayudas económicas, becas, subsidios y otras prestaciones, tanto a nivel municipal como estatal, como es el caso del Ingreso Mínimo Vital.

A nivel legal, empadronarse otorga también derechos cívicos. Las personas empadronadas en Madrid pueden ejercer su derecho al voto en elecciones municipales y europeas, siempre que cumplan con los requisitos legales establecidos (en el caso de ciudadanos de la Unión Europea u otros países con acuerdos bilaterales). Además, la inscripción en el padrón permite participar en procesos de consulta o participación ciudadana organizados por el Ayuntamiento.

En el caso de personas extranjeras, el padrón adquiere un valor aún más significativo. Acreditar la residencia continuada en España a través del empadronamiento puede ser un elemento clave en la regularización de su situación administrativa, ya que actúa como prueba de arraigo en trámites de extranjería o solicitudes de residencia. Por último, figurar en el Padrón proporciona un justificante oficial del domicilio habitual, que puede ser necesario en múltiples situaciones: desde abrir una cuenta bancaria hasta recibir notificaciones oficiales, firmar contratos de alquiler o incluso como respaldo en procedimientos judiciales.

El pasado fin de semana Junts hizo suya una propuesta apadrinada por algunos de sus alcaldes para vetar del padrón municipal a los vecinos que no puedan acreditar poseer o tener alquilado un domicilio. Más allá de la dificultad de implantar esta medida, que choca con el derecho básico a empadronarse reconocido en la ley y varias sentencias, se trata del último paso en una derechización paulatina de Junts que, en los últimos años, ha estado liderada sobre todo desde sus líderes municipales.

La carrera por abrazar un discurso de mano dura, con el objetivo indisimulado de competir contra la formación xenófoba Aliança Catalana, ha pasado por diversas etapas. Poco después de las pasadas municipales, celebradas en mayo de 2023, la preocupación de los ediles de la antigua Convergència se centró en la multirreincidencia, es decir, en los hurtos o robos muy repetidos por un mismo autor.

Aquella preocupación, liderada sobre todo por algunos ediles de la comarca del Maresme, cristalizó en una propuesta de reforma del Código Penal contra los hurtos en el Congreso. Allí recibió el visto bueno previo tanto del PSOE como del PP, pero aún no se ha producido la votación que debe aprobar o descartar la medida.

Mientras tanto, para mediados de 2024, en Junts ya estaban centrados en otra cuestión que también es motivo de preocupación para los alcaldes (aunque no solo para ellos): la política migratoria. Junts y PSOE pactaron una delegación de competencias de esta materia a la Generalitat en marzo pasado.

Pese a que el poder municipal de Junts ha ido a la baja en la última legislatura, el ascendente de algunos de sus alcaldes en la línea ideológica de la formación ha dado un salto adelante. El patrón seguido comienza por una serie de alcaldes actuando o pronunciándose de forma aislada sobre una cuestión, normalmente ya apuntada por Sílvia Orriols, para que a continuación sea el conjunto del partido quien adopte una posición tan radical como los representantes municipales.

En el caso del supuesto fraude en los padrones municipales, entre los alcaldes que comenzaron a despuntar con este tema se encuentran el edil de Figueres, Jordi Masquef, que inició una campaña de inspección que acabó con más de 800 bajas en el padrón. También el alcalde de Vic, Albert Castells, y el de Martorell, Xavier Fonollosa, manifestaron su rechazo a empadronar lo que calificaron de “okupas”.

Martorell es, de hecho, uno de los municipios, junto a Lleida, del PSC, que la Red de Entidades por el Padrón han llevado a los tribunales por poner trabas al empadronamiento de vecinos.

Estos tres alcaldes han acabado siendo la avanzadilla en un tema, el empadronamiento, que el partido viste de “guerra contra los okupas”, pero que quien puso sobre la mesa de forma más clara fue la propia Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, asegurando que se negaba a empadronar a quien viva en infraviviendas.

La alcaldesa de Ripoll se hacía eco de un rumor muy extendido en los ámbitos de extrema derecha según el cual en los últimos años el Gobierno habría cambiado los criterios para permitir el padrón en cuevas, chabolas o incluso caravanas. Lo cierto es que, desde hace más de dos décadas, los municipios siempre han tenido la obligación de registrar en el padrón a todas las personas que vivan en el municipio, sin importar donde viven e incluso si tienen o no techo.

La razón de esta obligación es que son los Ayuntamientos quienes deben proveer servicios básicos a las familias más precarias, tales como sanidad o educación o la intervención de los recursos sociales. Derechos de los que solo pueden disfrutar una vez estén recogidos como ciudadanos en el padrón.

Junts considera, sin embargo, que debe ser la Generalitat y no los municipios quienes ofrezcan estos servicios sociales básicos a las familias más precarias, a través de un “padrón social” que correría en paralelo al padrón normal que gestionan los municipios. De esta forma, se excluiría a las familias más necesitadas de los servicios que presentan los ayuntamientos.

Una nueva hornada de alcaldes más radicales

La consolidación de Aliança Catalana ha supuesto una dura amenaza en el mapa de poder convergente, que teme quedar desdibujado especialmente en cabeceras de comarca y ciudades pequeñas de la Catalunya interior. La última encuesta del CEO de la Generalitat estimó que en unas elecciones al Parlament la formación de Silvia Orriols podría arrebatar hasta un cuarto de los votos de Junts, lo que en su traslación a las elecciones municipales podría suponer un desastre.

Ante estas señales de alarma, la apuesta de Junts pasa por promocionar una nueva hornada de alcaldes y candidatos, de una generación que deje atrás las viejas caras del mundo convergentes y que puedan articular discursos más alineados con la derecha.

Uno de los símbolos de este paulatino relevo es Agustí Arbós, el nuevo alcalde de Olot que ha sustituido al histórico Pep Berga, quien se había destacado por apostar por modelo de convivencia integrador en el municipio. No se espera eso, en cambio, de un Arbós que el pasado mes de marzo tomó la vara de alcalde, con 31 años, y prometiendo que sus prioridades serán la inseguridad, las ocupaciones y la multirreincidencia.

El Gobierno ha aprobado una regularización extraordinaria a la que podrán acogerse miles de personas sin papeles afectadas por la DANA. Hace unos meses, después de la tragedia, Oxfam Intermón calculó que entre 28.000 y 41.000 personas migrantes en situación irregular no iban a poder optar a distintas ayudas públicas. Ahora, el Gobierno va a regularizar la situación de unos 25.000 inmigrantes para que estas ayudas sí lleguen. Personas como Leydis, con la que hablamos en este episodio. 

Pero hay otras personas a las que esto no va a llegar a tiempo. Para nosotros fue imposible no acordarnos de Nilka y de Yolanda. Son dos mujeres colombianas con las que hablamos en este podcast y que trabajaban en Valencia cuidando de personas mayores, con las que convivían para encargarse de todo. Yolanda, cuando todo pasó, se fue a Colombia. 

Hacemos balance del alcance de esta medida y de lo que queda por hacer con la jefa de Desalambre en elDiario.es Gabriela Sánchez.

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Una persona puede ser empadronada en el banco de una plaza pública, en una chabola o debajo de un puente. Así lo marca la ley de 2020 a la que se ha querido acoger desde el pasado julio una pareja que vive en un local en Castilleja de la Cuesta, en el Aljarafe sevillano.

Diego, de 54 años, y María Filomena, de 62, acudieron al Ayuntamiento a ejercer un derecho que no puede tener más de tres meses de dilación, pero los plazos se han ido alargando y no ha sido hasta después de las fiestas navideñas cuando han conseguido su objetivo.

Para lograrlo tuvieron que contar con los servicios de un abogado, José Antonio Sires, del bufete Sires Abogados. Diego y Filomena pedían el derecho que les asiste para ser empadronados aunque no tengan inmuebles a su nombre ni contrato de alquiler. Con ayuda, pero lo han logrado.

Lo que dice la ley

La pareja se ha acogido a la Resolución de 17 de febrero de 2020 por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del padrón municipal, que recoge en su punto 3.3 que “el padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio”.

La normativa contempla que “las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etcétera e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón”. Por ello, aunque la pareja vive en un local ocupado, sin que nadie haya mostrado nada en contra de que vivan en su interior, tenían todo el derecho a ser empadronados e informados de los plazos en sus gestiones en todo el proceso.

Un burofax ha sido la clave

Tras no conseguir nada positivo, el pasado 30 de diciembre Sires Abogados enviaba un burofax al Ayuntamiento, avisando de que le daba siete días para cumplir la Ley con esta pareja antes de iniciar medidas legales.

En el burofax se indicaba lo siguiente: “Como ustedes bien deben saber, la negativa a la contestación a un ciudadano por un Ayuntamiento no puede erigirse en un criterio estandarizado que justifique la diferencia de trato entre los ciudadanos. El derecho a ser inscrito en el padrón actúa además como puerta de acceso al disfrute de otro conjunto de derechos fundamentales o bien su vulneración puede suponer la vulneración de otros derechos asociados, incluso constitucionales e incluso sometidos a la protección del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”.

“Por tanto, la obligación jurídica de la Administración municipal de empadronar al solicitante se conecta desde esta perspectiva con el mandato constitucional y estatutario de remover los obstáculos a la igualdad real y efectiva de las personas y la necesaria interpretación de la normativa del padrón de conformidad con el mismo (art. 163 de la CE; 5.1 y 5.3 de la LOPJ)”.

Una vez recibido este burofax, el Ayuntamiento procedió a cumplir con la ley, aunque con retraso, y la pareja ya está empadronada, cumpliendo así con un derecho que garantiza la Constitución.

José Antonio Sires ha felicitado a la pareja por haber conseguido su objetivo, a la vez que ha lamentado que hayan tenido que pasar “un verdadero calvario de gestiones” para, simplemente, “recibir un derecho que nadie les puede negar”.

Vox ha agitado durante toda la semana su discurso contra la “inmigración ilegal” en Ciudad Real en una doble vertiente. Primero a cuenta de la posibilidad de instalar un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) para personas migrantes en las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real, que no ha llegado a concretarse y que ha sido descartado por el Gobierno de España.

Después, y al hilo del debate generado, presentó una moción que pedía que el Ayuntamiento de Ciudad Real se pronunciase a favor de “solicitar el traslado y acogida de inmigrantes en situación ilegal fuera de España”

Este viernes se ha debatido en el Pleno municipal y ha sido rechazada, incluso con los votos en contra de su socio de Gobierno local, el Partido Popular.

Durante el Pleno Municipal el partido de extrema derecha, por boca del primer teniente de alcalde Ricardo Chamorro, ha tratado de colar una moción para rechazar lo que él califica de “invasión migratoria sin precedentes” y de “locura con tintes mafiosos”. Ha llegado a asegurar que eso está provocando “pánico” en Ciudad Real -en varias ocasiones ha salido a colación el aeropuerto- y hasta ha acusado a la empresa privada que gestiona la infraestructura de tratar de hacer “negocio con la inmigración ilegal”.

La posición del resto de grupos políticos ha sido unánime rechazando su propuesta, empezando por el propio alcalde del PP, Francisco Cañizares, quien al inicio del debate de este punto en el orden del día ya dejaba claro que la moción la presentaba “solo Vox”.

Ricardo Chamorro, que también es diputado por Ciudad Real en Congreso, ha acusado al PP de ser “cómplice” de lo que está ocurriendo y critica “las excusas buenistas de los dirigentes locales” cuando se habla de inmigración.

“Nuestro apoyo rotundo y agradecimiento a las ONG y asociaciones que trabajan con inmigrantes y personas vulnerables. Nuestro apoyo a Amnistía Internacional”, decía la portavoz de Ciudadanos Eva Masías que ha afeado a Vox que ofrezca “propuestas simples desde el populismo para atajar un problema tan complejo como la inmigración”.

Masías ironizaba sobre la intervención del edil de Vox. “Acusa al PP de ser cómplice… ¡Si usted gobierna con ellos!”, le recordaba para preguntar después si eso es ser “coherente”. Para la concejala de Ciudadanos la moción del partido de extrema derecha “nos sumerge en un relato de miedo y confrontación”, ofrece datos “sesgados” y además “es contraria a los principios de convivencia y derechos humanos en los que se basa nuestra democracia”.

Vox ha acusado en su moción a ONG y otras entidades de tener como “única preocupación” la de “cazar subvenciones” con la inmigración ilegal.

“Vierte acusaciones muy graves contra las ONG, habla de mafias en Ciudad Real… ¿Se refiere a Cruz Roja, a Cáritas…?”, le preguntaba la edil de Ciudadanos Eva Masías quien ha terminado calificando la moción de “disparate”.

El PSOE al alcalde del PP: “Rompan el pacto, pueden gobernar en solitario”

Las críticas también llegaban desde el Grupo Municipal Socialista. La portavoz Sara Martínez ha tachado el discurso de Vox de “reprobable” y ha asegurado que “ninguna persona es ilegal por mucho que se empeñe en construir discursos de odio, racistas y xenófobos”.

 Después se dirigía a Francisco Cañizares: “Que esta ciudad tenga que soportar estos discursos del primer teniente de alcalde es responsabilidad del alcalde del PP” y le ha instado a preguntarse sobre lo que está haciendo Vox con la Policía local de Ciudad Real.

Ninguna persona es ilegal por mucho que Vox se empeñe en construir discursos de odio, racistas y xenófobos

Sara Martínez — Portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Ciudad Real

Esta misma semana se ha sabido que el partido de ultraderecha optaba por eliminar la Unidad de Violencia de Género de la Policía local. El propio Ricardo Chamorro es el concejal de Seguridad Ciudadana.

“Deberían preguntarse qué está haciendo con la Policía local”, decía la edil socialista, quien ha afeado al PP que permita que “estas cuatro personas estén sentadas aquí como equipo de gobierno. Es un partido político que está haciendo registros en domicilios porque viven negros y a ustedes [ el PP] les da igual”.

Se refería a una iniciativa que anunció Vox el pasado mes de julio en la que se proponía que la Policía local pudieran hacer controles de identidad del padrón municipal para “verificar” si los empadronamientos son legales. Ya entonces el partido ultra reclamaba “mano dura” y acusaba a las asociaciones que trabajan con personas migrantes de “beneficiarse” del efecto llamada y de haberse convertido en “verdaderos 'chiringuitos' que utilizan a los inmigrantes para mantener sus macro estructuras, viviendo del desastre y la desesperanza de los países de origen de los inmigrantes”.

Vox dice que hay “fraude” en el padrón municipal y que en eso “colaboran todas las administraciones” y la edil socialista ha sido muy dura al afirmar que el PP con su postura está dando por buena la teoría de Vox, no solo en el sentido de que “los funcionarios cometen fraude”, en los procesos de empadronamiento, sino en que se “criminalice” a las organizaciones “con las que van después a hacerse votos para hablar de inclusión”.

En este punto desde el PSOE se ha pedido al alcalde del PP que “rompa” el pacto con Vox porque “pueden gobernar” en solitario y le ha ofrecido “colaboración”.

El PP critica el “discurso incendiario” de Vox, pero no desautoriza su gestión

El PP ha anunciado desde el inicio del debate que votaría en contra de la moción de Vox, pero sin desautorizar su gestión.

Guillermo Arroyo, concejal de Hacienda y Personal sostiene al hablar de inmigración que es necesario “un gran pacto de estado porque es un problema humanitario” pero también que es “un tema ámbito nacional” y que “ningún ayuntamiento de este país tiene competencias”. Después ha afirmado que “adentrarnos en debates ideológicos nos hace perder tiempo”.

Ha criticado al concejal de Vox acusándole de buscar “el foco mediático con un discurso incendiario” y, al mismo tiempo de “caer en las redes” de Pedro Sánchez. Después ha señalado el “desconocimiento” de Vox sobre la labor del Servicio de Atención al Migrante (SAMI) de Ciudad Real y sobre la que realizan de diferentes entidades que trabajan con estas personas. “En Ciudad Real no hay centros de ilegales y desconocemos que haya entidades que colaboren con mafias”.

Ha explicado que hay “pisos” gestionados por organizaciones como ACCEM, Movimiento por la Pazo Cruz Roja que “dependen” del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. “Es competencia nacional”, decía, como también lo es “la repatriación” de migrantes que ha pedido Vox.

Amnistía Internacional pide enfrentar los “discursos anti-inmigración”

Ante la moción presentada al Pleno del Ayuntamiento de Ciudad Real y una concentración convocada por Vox con el lema 'Billete de vuelta', Amnistía Internacional (AI) Castilla-La Mancha había pedido a través de una carta a los grupos municipales que “rechacen la moción y hagan frente a los discursos anti-inmigración y racistas de los representantes políticos”.

“Nos alarman las manifestaciones estigmatizadoras y criminalizadoras que pretenden deshumanizar a las personas migrantes y dejarlas en una situación de mayor vulnerabilidad frente a abusos y violaciones de derechos humanos”, ha declarado Alfonso Sánchez, presidente de AI en Castilla-La Mancha.

La entidad ha recordado que la Asamblea de Naciones Unidas alerta ante la creciente tendencia en las sociedades a la xenofobia y la hostilidad hacia los migrantes, mediante actos, manifestaciones y expresiones de racismo que fomentan los estereotipos negativos, y exhorta a los Estados a que respeten los derechos y dignidad inherente de las personas migrantes, formando a los funcionarios públicos para que sean tratadas con respeto, y de conformidad con sus obligaciones de respetar y hacer respetar el disfrute de sus derechos humanos.

Asimismo, el fiscal general del Estado, en su última memoria, alerta del incremento de diligencias abiertas por delitos de odio y advierte de que la excesiva crispación y polarización constituye un caldo de cultivo para la comisión de comportamientos intolerantes y a veces violentos, según ha indicado Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional ha pedido al resto de grupos municipales del Ayuntamiento de Ciudad Real el rechazo a la moción planteada por el Grupo Municipal Vox, así como que “hagan frente a los discursos que estigmatizan a las personas refugiadas y migrantes”. “De lo contrario se legitimará ante la sociedad un lenguaje que propaga el miedo y utiliza los prejuicios como arma”.

También varios colectivos como Ciudad Real Contra el Racismo, Asamblea de Ciudad Real con Palestina, Pacifistas Ciudad Real, CRAntifascista, Rebeldía Manchega y Las Mujeres de la Plaza del Pilar han mostrado su “más profunda repulsa ante la repugnante política de discriminación y racismo que el equipo de gobierno de Ciudad Real está perpetrando”.

Critican no solo la concentración convocada por Vox a las puertas del ayuntamiento “siguiendo la estela de la remigración de sus compadres de la Falange o Hacer Nación, con la excusa de protestar en rechazo a las especulaciones que apuntaban la realización de un centro de acogida de migrantes en las instalaciones del aeropuerto de Ciudad Real”, que finalmente ha quedado descartado.

“A pesar de que ya se ha comunicado que el uso del aeropuerto como CAED no va a suceder, la convocatoria sigue en pie, por lo que se demuestra que el único objetivo es, y ha sido siempre, fomentar el odio hacia las personas migrantes y sacar rédito político”, lamentaban estos colectivos.

“Sin ningún tipo de careta, el grupo político Vox, apoyado por el Partido Popular, ha decidido presentar mociones que, de aprobarse, eliminarían la Mesa Local de Apoyo al Refugiado, un órgano consultivo de índole municipal cuya función es velar por el respeto a los derechos humanos de las personas que huyen de conflictos bélicos”, denuncian para asegurar que esta medida sigue “la estela de xenofobia que han vertido los partidos del Gobierno local sobre las personas migrantes, siendo estas profundamente criminalizadas desde el inicio de la legislatura”.

Denuncian también que “los neofascistas de Vox pretenden desplegar su odio, atacando a las personas más vulnerables, como únicamente saben hacer desde su posición privilegiada. Esta clase trabajadora migrante acaba siendo explotada en el campo o en la ciudad, con peores condiciones laborales y abusos sistemáticos por parte de los ricachones que se llenan la boca hablando de España”.

El PCE de Ciudad Real ha exigido hoy al alcalde de Ciudad Real Francisco Cañizares el cese de sus responsabilidades en el equipo de gobierno del teniente de alcalde de Vox Ricardo Chamorro, “por impulsar actuaciones en contra de familias trabajadoras de la capital”.

La formación cree que el edil “ha iniciado una nueva campaña de desprestigio y de corte racista contra las familias trabajadoras de la capital al anunciar acciones de controles de viviendas donde pueden residir”, en alusión al anuncio de Chamorro días atrás en el que proponía que la Policía de Ciudad Real haga “controles de identidad” del padrón con el foco puesto en las personas migrantes además de reclamar “mano dura” para “erradicar los empadronamientos ilegales” que atribuye a este colectivo.

“Estas medidas esconden motivos racistas y discriminatorios que solo buscan dividir a la sociedad de Ciudad Real a la vez que poner en marcha bulos sobre los trabajadores inmigrantes vecinos de nuestra comunidad”, asegura el PCE.  

Este partido recuerda que “el cese de un concejal que comete estas irresponsabilidades es una competencia del alcalde” al que considera como “el responsable último de estas declaraciones y acciones, debiendo de tomar las medidas oportunas y dejar de legitimar ideas y propuestas racistas y contra los trabajadores de su ciudad”.

Vox ha propuesto que la Policía local de Ciudad Real realice inspecciones en los empadronamientos para verificar si son o no legales a través de “controles de identidad”, con el objetivo, dicen, de evitar “el efecto llamada” a la inmigración. Y no solo eso, el partido ultra también quiere crear un sistema de denuncia ciudadana anónima para detectar casos. La verificación tendría que llevarse a cabo visitando las viviendas de los empadronados 'inspeccionados', aunque para eso se requiere una autorización judicial previa.

El partido ultra reclama “mano dura” y además acusa a las asociaciones que trabajan con personas migrantes de “beneficiarse” de ese efecto llamada y de haberse convertido en “verdaderos 'chiringuitos' que utilizan a los inmigrantes para mantener sus macro estructuras, viviendo del desastre y la desesperanza de los países de origen de los inmigrantes”. Hay que recordar que entre esas organizaciones se encuentran, por ejemplo, Cruz Roja o Médicos del Mundo por citar solo algunas.

Ciudad Real Contra el Racismo condena la propuesta de Vox porque, dice, son “medidas que criminalizan a la población inmigrante” y tacha de “bochornoso” el anuncio que hacen “como responsables de la Seguridad Ciudadana y orden público en la capital”.

En Vox reconocen que “no hay datos concretos acerca de cuantas personas hay en Ciudad Real empadronadas de forma ilegal” y sostienen que el artículo 17.2 de la Ley de Bases de Régimen Local “faculta” a los ayuntamientos a implementar medidas en este sentido. En realidad lo único que dice este artículo es que “los ayuntamientos realizarán las actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus Padrones de modo que los datos contenidos en éstos concuerden con la realidad”. En ningún caso sugiere medida alguna que ponga en el foco a la población migrante.

“Se fomenta el discurso de odio contra personas migrantes y refugiadas”

Ciudad Real Contra el Racismo critica que Vox proponga “erradicar los empadronamientos ilegales en la ciudad” enfocando las medidas “exclusivamente en la población inmigrante, aludiendo a un inexistente efecto llamada, y en el que amenaza con la retirada de derechos sociales a personas migrantes y refugiadas, y de ayudas a las organizaciones que trabajan con ellas, tachándolas de chiringuitos”.

Esta asociación recuerda que aunque los ayuntamientos pueden dar de baja del padrón municipal a personas por inscripción indebida, “la administración pública en ningún caso puede únicamente inspeccionar el empadronamiento de personas extranjeras” y señala que “parece mentira que sean, precisamente, las personas responsables de la seguridad ciudadana y el orden público de nuestra ciudad las que, a diario, y con la colaboración de medios de comunicación afines, fomentan en público el discurso del odio contra las personas migrantes y refugiadas”.

La administración pública en ningún caso puede únicamente inspeccionar el empadronamiento de personas extranjeras

Ciudad Real contra el Racismo

Sobre la intención de Vox de que la Policía local realice “controles de identidad para comprobar la veracidad de la misma”, desde Ciudad Real Contra el Racismo recuerdan que la ECRI (Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia) pide prohibir “clara y expresamente” la identificación por perfil racial, es decir “el empleo por parte de la policía, sin justificación objetiva y razonable, de la raza, color, lengua, religión, nacionalidad u origen étnico o nacional en las actividades de control, vigilancia o investigación”.

Para este colectivo “es indignante que se inste de forma tan abierta y descarada a discriminar y despreciar a estas personas” y que además se haga con expresiones de “mano dura”, “control”, “legalidad” se escondan y difundan discursos racistas y de odio dignos de otros tiempos.

Es vergonzoso que se intente utilizar a la ciudadanía para denunciar anónimamente supuestos empadronamientos ilegales. ¿Ofrecerán recompensas a las personas blancas de bien de Ciudad Real que más denuncias hagan?

Ciudad Real Contra el Racismo

Por otro lado califican de “vergonzoso que se intente utilizar a la ciudadanía para denunciar anónimamente supuestos empadronamientos ilegales” y se pregunta si después “ofrecerán recompensas a las personas blancas de bien de Ciudad Real que más denuncias hagan?”.

“El propio teniente de alcalde, Ricardo Chamorro, señalaba días después que no hay constancia de que esta situación se esté produciendo en la ciudad”. ¿De verdad que vale todo?“, se pregunta también Ciudad Real Contra el Racismo.

El colectivo antirracista no descarta acciones legales

También insta a Vox a conocer los que considera “chiringuitos”, en alusión a las asociaciones que trabajan con personas migrantes. “Vayan cuando quieran a conocerlos, les enseñarán cómo se trabaja en ellos. Son bastantes en la capital, podrán enseñarles cómo llegan las personas migrantes y refugiadas a nuestra tierra, en qué situación viven, y, sobre todo, podrán conocer lo que cada una de estas personas busca en nuestra ciudad”. 

Desde el colectivo antirracista de Ciudad Real piden “basta” a este tipo de actitudes y hacen un llamamiento a la movilización social contra el racismo y los discursos de odio. También se ofrece como apoyo “a cualquier persona que se sienta amedrentada por este tipo mensajes o que sea víctimas de prácticas racistas, con el fin de acompañarla y asesorarla”.

Tampoco descartan acciones legales, amparadas en el Artículo 510 de nuestro Código Penal, en el que se “sanciona a quienes, públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente” el odio.

Una iniciativa que ha desautorizado el PP en otros puntos de España pero no en Ciudad Real

Vox está tratando de llevar la propuesta a todos los ayuntamientos de España donde tiene presencia en el Gobierno local. En Burgos, la alcaldesa del PP desautorizó hace unos días las órdenes de Vox para “inspeccionar” los pisos de migrantes sin control judicial para evitar fraudes del padrón. Cristina Ayala se desvinculó de la propuesta de su socio de gobierno. También en el Ayuntamiento madrileño de Fuenlabrada PP y PSOE votaron en contra de esta práctica.

Desde el Partido Popular en el Ayuntamiento de Ciudad Real no han desautorizado la propuesta de Vox a preguntas de elDiarioclm.es. La concejala de Servicios Sociales, Aurora Galisteo, se ha limitado a decir que “como no puede ser de otra manera, el Ayuntamiento De Ciudad Real aplica la legislación nacional en todo lo referido al padrón municipal de habitantes”.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista. “Nos preocupa”, reconoce Sara Martínez. “No es normal el acoso y la persecución a la población migrante. Pedimos al PP que no blanquee a Vox”. Este diario ha preguntado también la opinión de la edil de Ciudadanos Eva Masías que no se ha pronunciado sobre la propuesta.

Hace unos meses, Patricia hizo el trámite para empadronar a una amiga en su casa. El problema es que esa amiga no vivía con ella sino con sus hijos, en un piso realquilado. Al no figurar en el contrato, esta familia no se podía empadronar en su casa y Patricia decidió echarles un cable. “No es la primera vez que lo hago”, dice esta mujer, de origen guatemalteco, que asegura que ha hecho lo mismo por muchas otras amigas y compañeras que se encuentran en situaciones precarias.

Pero un día, a las pocas semanas de iniciar el trámite, la policía local se plantó en casa de Patricia. Venían a comprobar que su amiga realmente vivía allí. “Me asusté muchísimo”, asegura esta mujer. A pesar de que ella ya tiene los papeles en regla, dos de sus compañeras de piso, al igual que la amiga a la que empadronó, siguen en situación administrativa irregular.

Finalmente, no consiguieron empadronar a la amiga, y Patricia y sus compañeras de piso decidieron que aquella sería la última vez, al menos en un tiempo, harían algo así. Tal fue el susto que Patricia no ha dado su nombre real y tampoco ha querido especificar en qué municipio sucedió el incidente.

Situaciones como esta se viven en una veintena de municipios de Catalunya, en los que vive el 40,6% de la población, según un informe de ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social). En total, 3,2 millones de personas residen en lugares en los que empadronarse puede suponer un problema, a pesar de que la normativa dice que es un derecho y una obligación.

La Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local, asegura que “toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que reside habitualmente”. A pesar de ello, desde ECAS denuncian que, si bien los consistorios no deniegan explícitamente este derecho, sí “es frecuente que usen técnicas sibilinas para que ciertas personas no se acerquen a un Ayuntamiento a empadronarse”.

La presencia de la policía es una de estas técnicas. Y es que, aunque la ley reconoce que los Ayuntamientos pueden usar diversas herramientas para comprobar que la persona que reclama empadronarse realmente vive en ese domicilio, recurrir a los cuerpos de seguridad es una manera de “desincentivar”. Sobre todo a personas en situación administrativa irregular, a aquellas que viven en infraviviendas o las que están ocupando que, independientemente de su situación, tienen el derecho de empadronarse allí donde residen.

Otra de las maneras de dificultar el acceso al padrón es retrasar los plazos. En 10 municipios, como Barcelona, Lleida, L' Hopitalet o Sabadell, se ha detectado que el tiempo de resolución del proceso es superior a los tres meses, que es el máximo que contempla la ley. Y que, después de eso, no se aplica el silencio positivo, también contemplado en la norma.

Igualmente han reportado que en diversos municipios los criterios para empadronarse cambian aleatoriamente en función de quién solicite el trámite. Uno de los ejemplos más paradigmáticos sería Ripoll. Precisamente, la líder de Aliança Catalana y alcaldesa de Ripoll, Sílva Orriols, ha sido denunciada por delitos de odio contra colectivos migrantes por dificultar el empadronamiento de personas de origen árabe.

En otros, municipios como Lloret de Mar o Lleida se piden requisitos que exceden lo que requiere la ley, como pueden ser documentos como las facturas de agua o luz (que dejan fuera a personas que ocupan) o acreditar un mínimo de tiempo viviendo en el municipio.

También se ha reportado que, por ejemplo en Calafell, Tarragona o Terrassa se da la ironía de que, para que aquellas personas que no figuren en un contrato de alquiler o tengan una propiedad puedan empadronarse, necesitan un informe de Servicios Sociales. Pero, a la vez, sólo pueden pedir cita en Servicios Sociales aquellas personas que están empadronadas en el municipio.

Las personas sinhogar, las más vulnerables

Una de las vulneraciones más frecuentes y que se viene repitiendo desde hace más años es la imposibilidad de empadronarse en casos de vivienda inexistente o precaria. Es decir, que sólo se le reconoce este derecho a las personas que tienen un contrato de alquiler, hipoteca o propiedad y se deja fuera a aquellas que subarriendan, que viven en lugares sin cédula de habitabilidad, personas que ocupan, o sinhogar. Esto también contraviene la ley, que establece la figura alternativa del empadronamiento en “domicilio ficticio”, que permite registrarse en un equipamiento municipal, a pesar de no residir en él.

Barcelona es de los pocos municipios en los que se contempla y se garantiza esta figura. Por eso, centenares de personas del Área Metropolitana de Barcelona se han visto obligadas a empadronarse en Barcelona aunque vivan en otras ciudades. Esto también ha convertido a la capital catalana en un espacio más atractivo y seguro para las personas sinhogar, que no sólo encuentran más oportunidades laborales y ayuda en Barcelona, sino que también ven más fácilmente garantizado el padrón y, con él, el acceso a Servicios Sociales o la sanidad pública.

En muchos lugares se ponen trabas para acceder al padrón en domicilio ficticio. En la mayoría de municipios se requiere una cita previa que sólo se puede sacar online para iniciar el trámite. Luego, se pide la comprobación por parte de Servicios Sociales de que la persona realmente reside en ese municipio. Esto suele hacerse con una visita de Servicios Sociales al lugar en el que el solicitante haya asegurado que pernocta.

Todo ello son impedimentos indirectos para que las personas sinhogar puedan acceder al padrón. “Es un verdadero problema, porque el proceso puede durar más de tres meses y las personas sinhogar a veces deben desplazarse por seguridad, con lo que los trabajadores sociales en ocasiones no les encuentran y el proceso debe volver a empezar”, explica Beatriz Fernàndez, presidenta de la Fundació Arrels.

“Barcelona tenía una gestión ejemplar hasta hace pocos meses”, aseguran desde ECAS. Esta crítica viene porque, además de ser una de las pocas ciudades con el padrón ficticio, contaba también con la opción del padrón colectivo, que permitía a entidades sociales empadronar a personas vulnerables en sus sedes. Pero en mayo, el Ayuntamiento decidió prescindir de ella.

La decisión provocó protestas por parte de entidades, que aseguraron que se estaba dificultando el padrón a personas vulnerables, pero el consistorio aseguró que no había cambiado su protocolo. “Las entidades estaban colapsadas de correspondencia, así que estamos empadronando a los solicitantes en otros equipamientos públicos y, en el caso del sinhogarismo, en centros especializados”, afirman desde el Ayuntamiento.

El consistorio también asegura que están reforzando el personal y los recursos para poder atender a todos los solicitantes, pero las entidades siguen preocupadas, sobre todo porque hay mucha gente empadronada en sus sedes a las que no están seguras de poder localizar para comunicarles que tienen que volver a registrarse.

“El padrón es un derecho importantísimo para todo el mundo, pero para las personas sinhogar acceder a Servicios Sociales o al CAP puede ser vital”, apunta Fernàndez. Con todo, desde Arrels aseguran que Barcelona sigue siendo de los municipios que más y mejor garantiza el derecho a estar empadronado a las personas sinhogar.

A pesar de ello, este año y por primera vez, la capital catalana ha ingresado en la lista de municipios que dificultan el derecho al padrón. De momento, son pocas quejas las que se han reportado en Barcelona, pero desde ECAS ya alertan de un cambio de tendencia. Han detectado falta de información, procesos que se alargan más de tres meses y denegación del padrón a personas que viven en casas ocupadas.

Desde la entidad aseguran que el derecho al padrón en Catalunya ha empeorado respecto al año pasado, con nuevos municipios en la lista y más grandes que, como Barcelona, hacen que aumente el número de población potencialmente afectada. También han recogido un número mayor de casos de casos de personas cuyo intento de empadronarse derivó en informes policiales, expedientes de extranjería o de Servicios Sociales.

Ese fue, casi, el caso de la amiga de Patricia. Al no tener los papeles en regla, teme otra visita de la policía. Así que, de momento, no está empadronada, aunque la ley la ampare. “Te recuerdan cada día que no eres bienvenido y que tu sitio está en los márgenes”, asegura.

La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Flora Bellón, ha anunciado que el PSOE ha presentado una demanda judicial para que el vicealcalde y portavoz de Vox, David Moreno, rectifique lo que califica de “declaraciones difamatorias” referidas al padrón municipal de la localidad toledana.

David Moreno, que es también diputado regional del partido de la extrema derecha en las Cortes de Castilla-La Mancha vinculó a los socialistas con una “una trama organizada” que empadronó “a cientos de personas en situación irregular en diferentes domicilios y locales de Talavera”.

David Moreno aseguró que “estas actividades se llevaban realizando durante años, porque esta trama organizada trabajaba con la tranquilidad de que en el Ayuntamiento de Talavera, no les iban a poner ningún reparo a la hora de realizar los empadronamientos masivos, es decir, estas actividades delictivas y de fraude se realizaban porque anterior equipo de gobierno no hizo nada por paralizarlo”. Llegó a preguntarse por qué la entonces alcaldesa, la socialista, Tita García Élez, “consintió que se firmaran estos empadronamiento masivos y fraudulentos”.

La información en este sentido, que data del 28 de febrero de 2024, permanece colgada en la sección de noticias de la web del Ayuntamiento talaverano donde el PP gobierna gracias al apoyo de Vox.

Estas declaraciones de Vox se produjeron cuando el pasado febrero la Policía Nacional, en el marco de la operacion 'Aladín' desarticuló un grupo delictivo que se dedicaba al empadronamiento masivo y fraudulento de ciudadanos extranjeros en situación irregular en Talavera de la Reina, según informaba Toledodiario.es

Se detectaron dos domicilios y un local comercial con 289 personas empadronadas durante el último año. Los ocho detenidos, según la información policial, formaban una red que captaba inmigrantes en situación de necesidad y además de cobrarles por los empadronamientos, también los ofrecían altas en la Seguridad Social mediante contratos ficticios a cambio de una contraprestación económica.

La operación se había iniciado a mediados de 2023 cuando el Ayuntamiento de esta localidad toledana comunicó a la Policía Nacional sus sospechas sobre la veracidad de algunos empadronamientos que habían tramitado.

Hoy la edil socialista Flora Bellón ha recordado que Moreno hizo declaraciones diciendo no solo que esta operación se inició cuando PP y Vox, nada más llegar, dieron la voz de alarma a la Policía Nacional, sino que se realizaban porque el Ayuntamiento no hizo nada para pararlo, así como que el antiguo Gobierno (del PSOE) era conocedor de la situación, que lo consintió y no informó y que esto se hacía para incrementar las cifras de población en Talavera. Unas declaraciones que, ha explicado, fueron difundidas en muchos medios de comunicación, incluida la web y las redes sociales del Ayuntamiento.

Vamos a demostrar con informes oficiales que Moreno ha faltado a la verdad y ha difamado al anterior equipo de Gobierno

Flora Bellón — Concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Los socialistas han presentado una demanda de conciliación para invitar a David Moreno a que “de forma voluntaria” rectifique estas declaraciones, “pero si no lo hace vamos a seguir adelante en el Juzgado y vamos a demostrar con informes oficiales que Moreno ha faltado a la verdad y ha difamado al anterior equipo de Gobierno”.

Ha afirmado así que si Moreno no rectifica de forma voluntaria, será un juez quien le obligue a hacerlo, a la vez que ha informado que no se ha pedido ninguna compensación económica ya que “solo queremos que se diga la verdad”.

Critican que el alcalde del PP esté “callado”

Desde el Grupo Socialista también esperan que el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, diga algo sobre esta cuestión porque “está muy callado y le recuerdo que es su socio de Gobierno así que algo tendrá que decir José Julián Gregorio”, ya que “muchos dieron por válidas las declaraciones realizadas por Moreno”.

Finalmente, Bellón ha comentado que si David Moreno “quiere ganar votos, que sea por ser el que mejor gestiona, pero no por difamar” y le ha pedido que “deje de lado la política del fango, de los bulos y de la desinformación a la que nos tiene acostumbrados la ultraderecha”.