València dio de baja a más de 7.000 personas extranjeras del padrón por irregularidades o no renovar el trámite

Las irregularidades en el empadronamiento se están convirtiendo en una constante en las grandes ciudades. Y las administraciones locales han comenzado a vigilar estos procedimientos ante el aumento de fraudes. El Ayuntamiento de València trasladó este lunes a Fiscalía nuevas sospechas de empadronamientos irregulares en domicilios, que se habían efectuado sin el conocimiento del propietario, apenas unos meses después de que se detuviera a una veintena de personas por estafar y revender contratos falsos de alquiler para inscribirse en el padrón. El trámite, un requisito para acceder a derechos y prestaciones sociales, se está convirtiendo en un nicho para quienes se aprovechan de la vulnerabilidad. Y alrededor, orbitan los discursos xenófobos.

En la penúltima sesión de control en las Corts, el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, señaló que el Ejecutivo aumentará el control sobre los empadronamientos irregulares a través de la coordinación con los ayuntamientos. Fue en respuesta a una intervención de Vox sobre migración, en la que el dirigente popular habló de una estrategia conjunta entre administraciones y señaló que los ayuntamientos han visto superada su capacidad de control sobre el censo, aunque existen procedimientos de oficio para dar de baja los padrones incorrectos y los que no se actualizan periódicamente.

Solo en 2025, el Ayuntamiento de València dio de baja a más de 7.000 personas extranjeras del padrón municipal a través de tres resoluciones. Se trata de migrantes comunitarios y extracomunitarios, con y sin permiso de residencia, que no habían renovado el trámite -los ciudadanos extracomunitarios deben hacerlo cada dos años y los europeos cada cinco- o en los que se habían detectado empadronamientos “indebidos”.

Las inscripciones que el INE tipifica como “indebidas” pueden ser consecuencia de un expediente de baja de oficio -cuando el empadronamiento se suspende por no residir en el domicilio de quien solicita la baja-, de inscripciones duplicadas detectadas por el propio Ayuntamiento o por corrección material de errores para la supresión de la inscripción. Fueron 2.236 por estas causas, según figura la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. Todas estas bajas contaron con un informe favorable del Consejo de Empadronamiento.

El resto de bajas se produjeron por no renovación, siguiendo las instrucciones del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local. El Ayuntamiento, según consta en la resolución, emitió varios avisos a los ciudadanos que deben renovar los trámites, como recomienda el INE. Pasado el plazo legal, el consistorio declara la caducidad de la inscripción de quienes no renuevan sus datos. A través de esta vía se ha dado de baja a 2.462 ciudadanos no comunitarias o sin permiso de residencia y a 2.699 que, teniendo tarjeta de residencia de régimen comunitario o autorización de residencia de larga duración, no han confirmado su residencia.