El Gobierno da el primer paso para incluir los deepfakes en el catálogo de intromisiones contra el derecho al honor. El Consejo de Ministros aprobará este martes en primera vuelta el anteproyecto de ley del derecho al honor y a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen con el que pretende, entre otras cosas, poner coto a la manipulación de imágenes y voces que está ganando terreno gracias a la aplicación de la Inteligencia Artificial. La nueva norma, que tiene rango orgánico y, por tanto, requiere de la mayoría absoluta del Congreso para ser aprobada, considerará ilegítima la utilización o difusión de la imagen o la voz de una persona que haya sido creada, simulada o manipulada tecnológicamente para dotarla de apariencia extremadamente realista, aunque reconoce límites como la finalidad creativa, satírica, artística o de ficción. Los creadores tendrán que hacer público que el contenido se ha manipulado.

La normativa forma parte del Plan de Acción por la Democracia al que Pedro Sánchez se comprometió en 2024 y supone una ampliación respecto al proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que ya recogía la tipificación como delitos en el Código Penal los deepfakes (ultrafalsificaciones usando el rostro o cuerpo de una persona sin su consentimiento) de contenido sexual y el grooming, el engaño a una persona menor utilizando una identidad ficticia para asemejarse a su edad. Ahora se considerará una intromisión en el derecho al honor las manipulaciones con IA de todo tipo civil, según la ley que han elaborado los ministerios de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y de Juventud e Infancia que dirigen Félix Bolaños y Sira Rego, respectivamente.

El anteproyecto pretende también reforzar la figura del consentimiento en el uso y difusión de la propia imagen. El debate se ha intensificado con el auge de las redes sociales, ya que en la mayoría de las ocasiones las plataformas digitales se apropian de los contenidos de los usuarios para poderlos utilizar con distintas finalidades. “El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es irrenunciable, inalienable e imprescriptible. La renuncia a la protección prevista en esta ley será nula, sin perjuicio de los supuestos de autorización o consentimiento a que se refiere esta ley”, establece el artículo 2 de la ley.

Llevar a la ley la jurisprudencia de las redes sociales

La intención del Gobierno es que la cesión de contenidos, como imágenes en redes sociales, no suponga la libertad absoluta para los propietarios de las plataformas digitales, sino que quedará limitada al consentimiento para limitar los usos inapropiados o abusivos, explican fuentes gubernamentales. “La protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen quedará delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia”, recoge el texto.

“No se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando estuviere expresamente autorizada por Ley o cuando el titular del derecho hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso y la actuación no hubiera sobrepasado los límites del consentimiento prestado”, señala la normativa, que agrega que el consentimiento “será revocable en cualquier momento, pero habrán de indemnizarse en su caso, los daños y perjuicios causados, incluyendo en ellos las expectativas justificadas”.

El Gobierno pretende legislar la jurisprudencia de los tribunales. “Ahora los tribunales recogían que puedes prestar consentimiento para que se use tu imagen para una determinada finalidad. Eso solo habilita a quien tú autorices para eso, pero no más allá”, explica un conocedor de la normativa. Un ejemplo claro: si un usuario sube una imagen a Instagram, no la podría utilizar un medio de comunicación salvo que el usuario lo hubiera autorizado expresamente en las condiciones de uso. “Depende de lo que tú autorices a cada red social”, explica esa fuente.

Los menores solo podrán prestar consentimiento a partir de los 16 años, que es cuando se considera que se ha alcanzado la suficiente madurez. España es uno de los países que está presionando en el seno de la UE para fijar una edad mínima para el acceso de los menores a las redes sociales. Actualmente, la edad en España es de 14 años, pero el Gobierno propuso elevarla a los 16 y también ha impulsado un sistema de verificación para controlar el acceso a contenidos peligrosos, como el porno.

Con el fin de proteger el honor y la intimidad, el Gobierno plantea reforzar la protección de los contenidos que tienen finalidad comercial o publicitaria así como poner límites relacionados con el auge del género del true crime (las series y películas basadas en crímenes). Si el delincuente revela hechos relacionados con el crimen que producen daño a la víctima, se considerará una intromisión, aunque no haya recibido un beneficio económico. También se podrá prohibir en el testamento la utilización de la propia imagen o de la voz, originales o modificadas, simuladas o manipuladas para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.

Las indemnizaciones por intromisiones en el derecho al honor o la intimidad tendrán en cuenta el daño patrimonial y moral “atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión” en función de si vulnera uno o varios derechos fundamentales, la gravedad de las expresiones empleadas, los actos propios o exposición previa del afectado, la reincidencia del delincuente, el impacto en términos de audiencia que tenga, las repercusiones sociales que ocasione, la prolongación en el tiempo, el daño derivado o las circunstancias de la persona agraviada. “En todo caso, las indemnizaciones no podrán tener un carácter simbólico”, establece el texto, que obliga a publicar la sentencia en el Boletín Oficial del Estado en caso de que lo reclame el afectado.

Derecho de rectificación frente a influencers

El Consejo de Ministros también aprobará en segunda vuelta el proyecto de ley que regula el derecho a la rectificación, que otorga a cualquier persona concernida por una información la facultad de rectificar esa información con su versión de los hechos si los considera inexactos y que su difusión puede afectarle. Hasta ahora esa normativa se aplica a los medios de comunicación tradicionales y la nueva normativa ampliaría las obligaciones a los influencers.

Respecto a la primera vuelta en el Consejo de Ministros de esa normativa, se desplaza a los comunicadores la responsabilidad. El texto anterior obligaba a las plataformas, como YouTube o TikTok a habilitar canales para este tipo de reclamaciones. Ahora serán los propios influencers (aquellos que tengan más de 100.000 seguidores en una plataforma o más de 200.000 en el sumatorio de varias) los que deberán informar públicamente de cuáles son los canales para ejercer el derecho de rectificación frente a ellos.

Las plataformas digitales tendrán que publicar la rectificación “en lugar visible junto con la información original y, además, incluyendo a continuación de esta un aviso expreso de que se trata del ejercicio del derecho de rectificación”: “Igualmente, en la publicación de la información original se incluirá un aviso aclaratorio, en lugar visible, que ponga de manifiesto que dicha información ha sido rectificada por la persona afectada. Dicho aviso incorporará un enlace al texto de la rectificación. Cuando no fuera posible publicar la rectificación junto con la información original, o incluir el aviso o enlace a que se refieren los párrafos anteriores, se difundirá aquella de otra forma adecuada que permita su conocimiento con una audiencia y relevancia semejantes”.

En el caso de los medios digitales, “la rectificación deberá ser publicada mediante un nuevo enlace a la información original con relevancia semejante a aquella con la que se publicó o difundió la información que se rectifica. Asimismo, en este mismo supuesto, los medios de comunicación digitales publicarán en sus archivos digitales un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original ha sido rectificada por la persona afectada. Dicho aviso deberá aparecer en lugar visible junto con la información original e incorporará un enlace al texto de la rectificación”.

“Se simplifica y adapta el procedimiento judicial de rectificación para garantizar una mayor agilidad y adaptación a los entornos digitales”, explican fuentes gubernamentales. El afectado podrá enviar la solicitud de rectificación en un plazo de diez días desde la publicación de la información y el medio tendrá que publicarla “dentro de los tres días naturales siguientes al de su recepción, con relevancia semejante a aquella en que se publicó o difundió la información que se rectifica, sin comentarios ni apostillas”. Si no se produce ese procedimiento, el afectado podrá presentar una demanda ante los tribunales en un plazo de siete días y la ley establece un periodo de otros siete días para la celebración del juicio.

En el año 2022, la Agencia Española de Protección de Datos obligó a un abuelo a retirar las fotos de su nieto que había colgado en redes sociales, tras una reclamación de la madre del niño. Unos años antes, en 2020, un padre tuvo que retirar de sus redes sociales las fotos de su hija después de una demanda por parte de su expareja. Y aunque todavía no haya casos en España, en Estados Unidos ya son varios los casos de hijos e hijas de influencers que, al cumplir la mayoría de edad, han demandado a sus padres por haber expuesto su infancia a través de redes sociales. La justicia les está dando la razón.

Compartir fotos y vídeos de menores en redes sociales es una práctica habitual que se conoce como sharenting, un anglicismo compuesto de los términos share (compartir) y parenting (crianza). Es una práctica cuestionada por parte de los expertos, que apuntan a problemas de seguridad y de protección del derecho a la intimidad de la infancia. Esto puede generar conflictos dentro de las familias, en el caso de que algunos de los adultos responsables estén de acuerdo con compartir esas fotos y vídeos y otros no.

La abogada Carla Vall publicó hace unos días un vídeo en sus redes sociales explicando las implicaciones legales del sharenting. Vall asegura que el problema en estos casos es que “falta perspectiva de infancia entre padres y madres”. Para ella, este tipo de conflictos podrían evitarse: “La duda se resuelve respondiendo a la sencilla pregunta de: ‘¿Qué beneficio tiene esto para el menor?’ Si la respuesta es ninguno, debería solventarse con la no publicación de imágenes”, afirma.

Coincide con ella la divulgadora Natalia Díaz —también conocida como Medianoche—, que es activista contra el sharenting. “Mostrar la vida diaria de nuestros hijos en redes sociales no es necesario para ellos, tampoco es beneficioso ni educativo. Entonces ¿por qué exponerlos a riesgos innecesarios?”, se pregunta Díaz. Desde su punto de vista, “las redes sociales son un lugar peligroso para los menores”, de ahí que invite a respetar su “derecho a la intimidad”.

Legislación y jurisprudencia

Carla Vall recuerda que ya existe legislación para proteger a los menores en el entorno online, aunque no siempre se cumpla: “La LOPIVI, la Ley integral de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, sí prevé una serie de medidas de protección y sensibilización destinadas a proteger a los menores de edad. Pero el problema, más allá del sharenting, es cómo tratamos a los niños: si son cosas o sujetos de derechos que merecen ser respetados. Las familias necesitan entender que están haciendo algo que solamente reporta beneficios a los adultos y no a los niños”, explica.

Por su trabajo de divulgación en contra de la exposición de menores, Natalia Díaz está en contacto diario con familias que han reflexionado sobre este tema. De momento no le consta ninguna denuncia por parte de hijos e hijas a sus padres, pero sí entre otros miembros de la familia. “En España todavía no hay casos de denuncias de hijos a padres por sharenting, al contrario que en otros países como Estados Unidos, donde nos llevan años de ventaja. Sí hay casos de parejas que se han denunciado entre ellos para eliminar las fotos de los hijos de las redes, algunos de ellos en parejas de famosos que lo han contado”, expone Díaz. Argumenta que, en caso de que haya conflictos judiciales, “la justicia debería posicionarse siempre a favor de la víctima”: “Cualquier persona que haya sido expuesta durante su infancia en redes sociales debería poder aplicar el derecho al olvido y solicitar la eliminación de todas sus imágenes e información privada en Internet”, explica la experta.

La abogada Carla Vall, que también ha tenido contacto con familias en situaciones parecidas, cree que la solución pasa por explicar a la gente las implicaciones que el sharenting puede llegar a tener: “Hace falta más pedagogía y conciencia de lo que son las redes sociales, los riesgos que entraña subir fotos de niños y niñas desnudos en actividades rutinarias como hacer sus necesidades, bañarse, ir a la playa… Hay muchos padres y madres que piensan que son momentos graciosos, pero cuando ves centenares de fotos iguales juntas, te das cuenta que la mirada es otra muy distinta. También hay que concienciar a los familiares que, de forma privada, pueden recibir esas fotos y que tampoco deben colgarlas en redes o pasarlas a terceros”, explica Vall. Añade que la jurisprudencia se está posicionando a favor de los menores: “En caso de que no haya acuerdo entre padre y madre, lo que se hace es que no se puedan colgar estas fotografías. Es primordial que el interés superior del menor sea el centro del proceso”, concluye.

Los tribunales han vuelto a rechazar que Antonio Luis Baena Tocón, alférez jurídico que participó en el proceso franquista que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández, se pueda beneficiar del derecho al olvido. Después de que el Tribunal Supremo rechazara borrar su nombre de todos los buscadores, el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana ha cogido el testigo y ha zanjada un pleito histórico entre los descendientes de Baena Tocón y la Universidad de Alicante, descartando que un artículo de investigación que mencionaba su actividad en esos años dentro de los juicios franquistas deba desaparecer. “La ponderación nos lleva a dar prevalencia al trabajo de investigación histórica”, dicen los jueces valencianos.

Antonio Luis Baena Tocón era el secretario judicial que participó en el proceso contra el poeta Miguel Hernández en su Orihuela natal. El autor de 'El rayo que no cesa' fue detenido y encarcelado para que, poco después, un Juzgado Especial de Prensa franquista iniciara un procedimiento que terminó con su condena a muerte, falleciendo de tuberculosis en la prisión de Alicante en 1942. Desde hace años, los descendientes de Baena Tocón han puesto en marcha diversos procesos judiciales para que Google haga desaparecer enlaces e informaciones que explican su relación con la instrucción que desembocó en la sentencia de muerte.

El procedimiento principal quedó resuelto en firme hace unos meses por parte de la sala tercera del Tribunal Supremo. Los jueces de lo contencioso-administrativo entendieron que, en este caso, existía un “interés público incuestionable” y que, siendo posible que un fallecido se acoja a la protección de datos y al olvido digital a través de sus familiares, en este caso primaba el derecho a la información.

Uno de los primeros capítulos de este conflicto por el nombre de Baena Tocón no tuvo lugar en el Tribunal Supremo sino en la Universidad de Alicante. En torno al artículo “El caso Diego San José y el Juez Humorista”, del catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá, que daba detalles sobre el papel de este alférez jurídico en los procesos de censura franquista: “Realizaba durante la posguerra una labor esencial a las órdenes del juez instructor: el expurgo, vaciado y/o desaparición de los fondos de la prensa republicana depositados en la Hemeroteca Municipal de Madrid. Su objetivo era la búsqueda de 'delitos', que agravaba con comentarios cuyas consecuencias podían ser una condena a muerte”.

Un artículo que, durante un tiempo, fue objeto de censura. La Universidad de Alicante accedió en 2019 a una petición de la familia y borró el nombre de Baena Tocón del artículo, colgado en su web. El propio centro revocó su decisión y, desde entonces, el nombre aparece con un apunte cada vez que aparece: “Nombre citado por resolución del rector de la UA del 30-VII-2019”. La familia del alférez llevó el asunto a la Justicia y ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha avalado la negativa final de la universidad a “desindexar”, o dejar fuera del alcance de Google y los grandes buscadores, el artículo.

“Prevalencia al trabajo de investigación histórica”

La resolución del TSJ de la Comunidad Valenciana, a la que ha tenido acceso elDiario.es y que todavía puede ser recurrida ante el Supremo, avala los argumentos del juzgado alicantino que ya rechazó el primer recurso del descendiente de Baena Tocón. “El enlace estaría amparado por la libertad de información y de expresión, sin que proceda la supresión de los datos personales”, dice el tribunal.

A pesar de “algunas inexactitudes que no afectan a la esencia” del artículo, se trata de “un trabajo de investigación histórica realizado por un profesor, interpretando las fuentes, expresado con su particular visión subjetiva, en ejercicio de su libertad de información y expresión”.

Los jueces entienden que el enlace al artículo de la Universidad de Alicante debe mantenerse activo y al alcance de cualquier persona que busque su contenido en plataformas como Google: “La ponderación nos lleva a dar prevalencia al trabajo de investigación histórica, de interés o relevancia pública”, dicen.

La sentencia cita en diversas ocasiones el dictamen del Tribunal Supremo, que a principios de este año ya estableció que Antonio Luis Baena Tocón no tenía derecho a olvido en todo lo que tenía que ver con su participación en el proceso franquista que condenó a muerte a Miguel Hernández. Estimar lo que pedían en su demanda, dijeron los jueces del alto tribunal, llevaría a generar “una historia selectiva y sesgada a voluntad de los familiares o herederos del difunto”.

Hablar de Miguel Hernández es hablar de literatura pero es también hablar de futuro. Porque su caso se ha convertido, en pleno siglo XXI, en un ejemplo perfecto de los debates sobre la libertad de información en Internet. El Tribunal Supremo acaba de rechazar una petición de los descendientes de Antonio Luis Baena Tocón, un secretario del Juzgado de Prensa donde es condenado Miguel Hernández. Una petición para que en Internet desaparezca toda la información en la que se cuente la responsabilidad histórica que tuvo Baena Tocón en la sentencia a muerte de Miguel Hernández. 

Conocemos la historia de la muerte de Miguel Hernández con el catedrático de Literatura Española en la Universidad de Alicante Juan Antonio Ríos Carratalá. Con el periodista de elDiario.es especializado en información de tribunales, Alberto Pozas, indagamos en la sentencia del Supremo que avala la veracidad e importancia histórica del proceso judicial del franquismo contra Miguel Hernández.

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La Audiencia Nacional ha negado el derecho al olvido de Diego Yllanes, el asesino de la joven Nagore Laffage en los Sanfermines de 2008. Los jueces han rechazado el recurso del asesino, en el que solicitaba que Google retirara varias noticias relacionadas con el crimen que perpetró hace ahora más de 15 años, acabando con la vida de la joven de una brutal paliza después de que ella se negara a mantener relaciones sexuales con él. El asesino, que puso en marcha esta reclamación después de cumplir su condena de 12 años de prisión, se quejaba de que era presentado como un delincuente sexual a pesar de no haber sido condenado por ese delito sino por homicidio.

José Diego Yllanes Vizcay tenía 27 años cuando, en julio de 2008, coincidió con Nagore Laffage, que tenía 20 años en ese momento, en los Sanfermines de Pamplona. Según declaró probado la Justicia en firme, la víctima interpretó “erróneamente” el contacto físico “apasionado” del agresor y le amenazó con “destruir su carrera y denunciarle”, a lo que el homicida contestó acabando con su vida de una paliza.

El tratamiento judicial de estos hechos fue objeto de denuncia tanto en vía judicial como por parte de la familia de la víctima. Las acusaciones, encabezadas por la madre de la joven, siempre solicitaron que su condena fuera mayor y por un delito de asesinato, no de homicidio. También denunciaron que nunca se trató como un caso de violencia sexual aunque la reacción violenta de Yllanes tuvo como origen la negativa de la joven a mantener relaciones sexuales con él, lo que los tribunales calificaron como una interpretación errónea de la víctima. Un crimen y un tratamiento legal que volvió al debate público durante el juicio de 'la Manada' de Pamplona.

Yllanes fue condenado en firme a 12 años y medio de presidio, trascendiendo a finales de 2017 que una consulta de psicología le había dado trabajo como médico. Fue poco después de cumplir su condena por homicidio cuando emprendió una batalla legal para intentar que no quedara rastro en internet de determinadas noticias que hacían alusión al crimen que perpetró, pidiendo a Google que aplicara el derecho al olvido y bloqueara el acceso a varios artículos que le vinculaban con los delitos sexuales.

Tanto el buscador como la Agencia Española de Protección de Datos rechazaron sus pretensiones y ahora ha sido la Audiencia Nacional la que le ha negado ese derecho al olvido digital. Su caso, dicen los jueces, “sigue siendo objeto de atención de los medios de comunicación”, sobre todo tras el juicio y las distintas sentencias del caso de 'la Manada' de Pamplona. “Hecho que causan una particular repugnancia en la sociedad”.

Asociarle con delitos sexuales, añade la Audiencia Nacional, no es una información “manifiestamente inexacta”. Que esas noticias prevalezcan, dice la sentencia, sigue siendo “necesario” para preservar la información de la población sobre el caso.

No hay derecho al olvido para el proceso franquista que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández. El Tribunal Supremo ha rechazado el último recurso del descendiente de un alférez jurídico que participó en el juicio al artista oriolano y que pretendía que el nombre de su padre dejara de aparecer en Google vinculado al proceso franquista. Los jueces reconocen que una persona fallecida tiene derecho a la protección de datos y al olvido digital, pero que en este caso prima el derecho a la información sobre un asunto de “un interés público incuestionable”.

El autor de 'El rayo que no cesa' fue detenido y encarcelado en su Orihuela natal antes de que un Juzgado Especial de Prensa franquista iniciara un procedimiento que terminó con la condena a muerte del poeta, que falleció de tuberculosis en la prisión de Alicante en 1942. Antonio Luis Baena Tocón era el secretario judicial que participó en el proceso y desde hace años su hijo pleitea sin éxito para que Google haga desaparecer enlaces e informaciones que explican su relación con la instrucción que desembocó en la sentencia de muerte.

La Audiencia Nacional dio la razón a Google y rechazó que el derecho al olvido digital fuera aplicable al caso de Baena Tocón. Esas informaciones, dijo el primer tribunal que estudió la reclamación, “revisten un interés público incuestionable” y “una indudable relevancia pública habida cuenta la repercusión e interés de dicho procedimiento” contra una de las figuras literarias más relevantes de la historia de España.

El hijo de Baena Tocón recurrió en casación ante la sala tercera del Tribunal Supremo, que decidió admitir a trámite sus alegaciones al considerar que podían servir para ampliar o matizar su doctrina sobre el derecho al olvido en internet. Al margen de esta pelea por el derecho al olvido, recientemente ha promovido un pleito contra más de un centenar de personas y medios de comunicación que hace unas semanas colapsó las instalaciones judiciales de Cádiz con la celebración de las primeras vistas.

El Supremo, en una sentencia adelantada esta mañana por la cadena SER, reconoce que la protección de datos se puede extender a los fallecidos y reconocerles el mismo derecho al olvido que asiste a las personas vivas, y que se puede reclamar por parte de “familiares y herederos”. Pero en este caso entienden los jueces que “debe primar el derecho a la libertad de información, expresión e investigación histórica frente al derecho al olvido”.

Una “historia selectiva y sesgada”

En este caso las informaciones que cuestionaba el descendiente de Baena Tocón tenían “un interés público incuestionable al versar sobre la intervención del padre del recurrente, como secretario judicial del Juzgado Especial de Prensa que instruyó la causa penal contra el poeta Miguel Hernández”. También que la información formaba parte de “una investigación histórica y científica, contenida en publicaciones de la Universidad” y el paso del tiempo no había hecho decaer “el interés que suscita todo lo que rodea a la muerte del famoso poeta”.

Las posibles inexactitudes de algunas referencias de estas investigaciones e informaciones sobre el alférez jurídico, añade el Supremo, “no afectaban a la esencia de lo informado ni a la exactitud del conjunto de la información tratada”. Acoger las pretensiones de su descendiente, añaden los jueces, “nos llevaría al absurdo de que las personas fallecidas tendrían no solo una mayor protección que las personas vivas, sino una protección automática y absoluta”. Eso, añade la sentencia, llevaría a generar “una historia selectiva y sesgada a voluntad de los familiares o herederos del difunto”.

A raíz de este caso, tal y como explicó elDiario.es, el Supremo matiza su propia jurisprudencia sobre el derecho al olvido: es un derecho que, en el caso de las personas fallecidas, está reconocido en la normativa española, pero eso no impide “la necesidad de ponderar la protección de datos del difunto con otros derechos y libertades en conflicto a la luz de nuestras normas y de la jurisprudencia existente”. En este caso, la relevancia pública de este alférez jurídico que participó en el proceso que condenó a muerte a Miguel Hernández.

El Tribunal Supremo tiene previsto perfilar su jurisprudencia sobre el derecho al olvido digital. El objetivo es establecer qué consecuencias tiene en un proceso de derecho al olvido el hecho de que sea iniciado no por el afectado, sino por un familiar cuando este haya fallecido. El caso que servirá a los jueces para ampliar su doctrina sobre este asunto es el de un descendiente de un alférez que participó en el proceso franquista de condena a muerte de Miguel Hernández, que desde hace años pleitea sin éxito contra la administración para que su padre deje de aparecer en Google como secretario del Juzgado Militar que firmó la sentencia del poeta de Orihuela.

Antonio Luis Baena Tocón era secretario judicial del Juzgado Especial de Prensa franquista que instruyó el procedimiento contra el poeta. Un procedimiento que terminó con la condena a muerte de Hernández, que falleció de tuberculosis en la prisión de Alicante en 1942. Décadas después su hijo reclamó a Google que hiciera desaparecer una serie de enlaces e informaciones en distintos medios de comunicación que explicaban la relación que Baena Tocón había tenido con la instrucción que había desembocado en la sentencia de muerte.

La Audiencia Nacional, tal y como adelantó este periódico el año pasado, rechazó las pretensiones del descendiente de este funcionario de la administración franquista, ya fallecido. Los jueces de lo contencioso-administrativo destacaron, en primer lugar, que las informaciones que pretendía retirar “revisten un interés público incuestionable” y una “indudable relevancia pública” por afectar a una de las figuras más relevantes de la poesía española del siglo pasado. Ese interés público de la información, dijo también la sentencia, no había decaído por el paso del tiempo, “siendo prueba de ello su repercusión en los medios de comunicación” cuando se interpuso la demanda en 2019.

El caso ha llegado ahora a la sala tercera del Tribunal Supremo, que a principios de febrero admitió a trámite el recurso del descendiente de Baena Tocón y dejó el caso en manos de su sección tercera, explicando qué interés tenía el asunto a nivel jurisprudencial: no simplemente el fondo del caso sino determinar qué incidencia tiene que un familiar haga este tipo de reclamaciones en nombre de un fallecido y qué consecuencias tiene en un caso en el que, como este, la información es veraz y de interés público. En este caso, la petición la hace el hijo de Antonio Luis Baena Tocón en nombre de su padre. El objetivo, dice el Supremo, es “aclarar la incidencia que tienen las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, así como sus herederos en la labor de ponderación entre el derecho al olvido y el derecho a la información”.

En su auto de admisión, el Supremo explica que ya han dictado varias sentencias relevantes sobre el derecho al olvido digital. Por ejemplo cuando en 2019 confirmó el derecho al olvido de una persona que se había visto afectada por informaciones inexactas por un enfrentamiento entre cazadores y agentes del SEPRONA en Galicia. También cuando un año después le dio la razón a Google en un pleito iniciado por un empresario que quería desvincular su nombre de varias noticias sobre un caso de espionaje empresarial que, finalmente, fue archivado por la Justicia tras el perdón de los supuestamente afectados.

Pero también explica que merece la pena examinar el caso de Baena Tocón y el proceso contra Miguel Hernández porque puede ayudar a limar un fleco de la jurisprudencia sobre el derecho al olvido que todavía está por aclarar: qué pasa si el que reclama es un familiar y el afectado por esas informaciones ya está muerto. “Procede admitir el presente recurso de casación por considerar necesario un pronunciamiento de este Tribunal que aborde la cuestión desde la perspectiva de las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión”, dice el auto de admisión firmado por José Manuel Bandrés.

Los datos de personas fallecidas

Las resoluciones de este caso, consultadas por elDiario.es, reflejan lo que dice la normativa tanto española como europea. A nivel comunitario, por ejemplo, el reglamento del Parlamento Europeo relativo al tratamiento de datos personales establece que los datos personales de personas fallecidas quedan fuera de la norma: eso es competencia de cada Estado miembro. Y el Código Civil español establece en su artículo 32 que “la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas”.

Pero hay otras normas, como la Ley de Datos Personales de 2018, que invitan al matiz según los jueces. Este texto establece en uno de sus artículos que los herederos de un fallecido se pueden dirigir para pedir acceso a la “rectificación o supresión” de sus datos.

En el caso de Miguel Hernández y el funcionario que participó en la instrucción de la administración franquista que derivó en su sentencia de muerte, la Audiencia Nacional entendió que un familiar tiene derecho a solicitar la rectificación de datos de un fallecido. “En definitiva, los herederos y otras personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho están facultados para ejercitar el derecho de supresión (derecho al olvido)”, dijo la primera sentencia del caso.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció este jueves que una persona tiene derecho a saber a quién se han comunicado sus datos personales para poder reclamar una rectificación de los mismos, el derecho al olvido o recurrir por los posibles daños sufridos.

Los jueces respondieron así a la pregunta que planteó el Tribunal Supremo de Austria respecto a si el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea obliga al responsable del tratamiento de los datos personales a informar al afectado sobre que uso ha hecho de su información.

Durante el juicio en Austria, la empresa nacional de correos informó al ciudadano afectado que había transmitido sus datos personales a anunciantes del sector de la venta por correspondencia y del comercio físico, a empresas informáticas, a editores de directorios y asociaciones como organizaciones caritativas y ONGs o partidos políticos.

En su sentencia dictada hoy, el TJUE dijo que “en el supuesto de que esos datos hayan sido o vayan a ser comunicados a destinatarios, el responsable del tratamiento está obligado a facilitar al interesado, cuando lo solicite, la identidad de esos destinatarios”.

Y en caso de que sea posible identificar a los destinatarios de los datos personales o que el responsable de su tratamiento “demuestre que la solicitud es manifiestamente infundada o excesiva”, podrá indicarse “únicamente” las categorías de los mismos.

Según el tribunal con sede en Luxemburgo, el derecho a saber a quién se han transmitido los datos “es necesario para permitirle ejercer otros derechos reconocidos por el reglamento” como el de rectificación, el derecho al olvido, a la limitación del tratamiento, el de oposición al tratamiento y el derecho a recurrir por los daños sufridos. 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha multado a Google con 10 millones de euros por dos infracciones “muy graves” de la normativa de privacidad, ha informado el regulador este miércoles. Las dos están relacionadas con el “Proyecto Lumen”, que funciona como una base de datos de las peticiones que los ciudadanos hacen a Google para que retire información de su buscador, como mediante herramientas como el derecho al olvido.

El Proyecto Lumen es una iniciativa de investigación de la Universidad de Harvard. “Recogemos y analizamos las solicitudes de retirada de material de la web. Nuestros objetivos son facilitar la investigación sobre los diferentes tipos de quejas y solicitudes de retirada -tanto legítimas como cuestionables- que se envían a los editores de Internet, los motores de búsqueda y los proveedores de servicios, y proporcionar la mayor transparencia posible sobre la ”ecología“ de estos avisos, en términos de quién los envía y por qué, y con qué efecto”, explica su web.

Google ha estado compartiendo información con el Proyecto Lumen como los motivos que alegan los ciudadanos españoles para pedir una retirada de datos personales de sus servicios, su identificación, su correo electrónico y la URL sobre la que se produce la reclamación, expone la AEPD. “Supone en la práctica frustrar la finalidad del ejercicio del derecho de supresión”, sanciona el regulador español de privacidad, que señala que la multinacional tampoco cuenta con legitimación para hacer esta cesión de datos personales a terceros.

En este sentido, la resolución afirma que Google fuerza al usuario que hace una reclamación para retirar sus datos personales a adherirse al Proyecto Lumen, lo que además supone un envío de información a EEUU. Esto se produce, continúa la Agencia, con un sistema de formularios con opciones prefijadas que “puede provocar que el ciudadano termine marcando una opción que se adapte a los motivos que considera apropiados a su interés, pero que le aparta de su intención originaria, que puede estar claramente vinculada a la protección de sus datos personales, desconociendo que estas opciones le sitúan en un régimen normativo distinto”.

La resolución de la Agencia recoge que este sistema es un equivalente a “dejar a criterio de Google LLC la decisión sobre cuándo aplica y cuándo no el RGPD, y esto supondría aceptar que esta entidad pueda eludir la aplicación de la normativa de protección de datos personales y, más concretamente para este caso, aceptar que el derecho de supresión de datos personales quede condicionado por el sistema de eliminación de contenidos diseñado por la entidad responsable”.

Además de la multa económica, la AEPD ha ordenado a Google que adecúe el trasvase de datos personales al Proyecto Lumen a las leyes de protección de datos de la UE. También deberá pedir a la Universidad de Harvard que elimine todos los datos personales a los que haya tenido acceso mediante el trasvase que el organismo español ha sancionado como irregular.

Google reevalúa su colaboración con Lumen

Contactada por elDiario.es, Google anuncia que está revisando la resolución de la AEPD y seguirá “interactuando” con los reguladores para “reevaluar” sus prácticas de privacidad. No obstante, declara que debe asegurar que las solicitudes de retirada de datos personales de sus servicios no se conviertan en un mecanismo opaco para eliminar información de la red, y recuerda que Lumen es proyecto de investigación académica.

“Llevamos mucho tiempo comprometidos con la transparencia en la gestión de las solicitudes de retirada de contenidos que recibimos. Como otras muchas compañías de internet, hemos colaborado con Lumen (un proyecto académico del Berkman Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard) para ayudar a los investigadores y al público en general a entender mejor las solicitudes de retirada de contenido en línea”, explica una portavoz de Google a este medio.

“Siempre tratamos de encontrar un equilibrio entre el derecho a la privacidad y nuestra necesidad de ser transparentes y rendir cuentas sobre nuestro papel en la moderación de contenidos en línea. Ya hemos empezado a reevaluar y rediseñar nuestras prácticas de intercambio de datos con Lumen a la luz de las consideraciones de la AEPD”, concluyen las mismas fuentes.

Google permitirá a los usuarios pedir la retirada de sus resultados de búsqueda de las webs que hayan publicado sus datos de contacto sin su consentimiento, como el número de teléfono, su dirección física o el email. La compañía amplía así sus políticas para ocultar páginas por este tipo de invasión de la privacidad, que hasta ahora solo cubrían la publicación de imágenes de documentos de identidad (como el DNI o el carnet de conducir) o datos financieros.

“La disponibilidad de la información de contacto personal en línea puede ser aterradora, y puede utilizarse de forma perjudicial, incluso para un contacto directo no deseado o para causar daños físicos”, justifica Michelle Chang, jefa de políticas de búsqueda de Google, que revela que la compañía lleva tiempo recibiendo peticiones de usuarios para desindexar este tipo de datos y ha decidido habilitar la posibilidad de hacerlo.

Esta es la lista de información susceptible de ser retirada de los resultados de Google, en la que incluye aquella “que pueda suponer un riesgo importante de robo de identidad, fraude financiero, contacto directo dañino u otro tipo de daños específicos”:

Se podrá llevar a cabo la solicitud desde este formulario. Eso sí, la multinacional no atenderá todas las peticiones por sistema. “Cuando recibamos solicitudes de eliminación, evaluaremos todo el contenido de la página web para asegurarnos de que no estamos limitando la disponibilidad de otra información que sea ampliamente útil, por ejemplo en los artículos periodísticos”, adelanta Chang.

“También evaluaremos si el contenido aparece como parte de un registro público en webs del gobierno o de fuentes oficiales. En esos casos, no haremos eliminaciones”, continúa. Este tipo de análisis es muy similar a los que la ley obliga a la compañía a realizar con las solicitudes de derecho al olvido, un proceso criticado por algunos juristas por el hecho de que sea una empresa privada y no un juez quien evalúe el interés público de una determinada página web.

Desindexar no es eliminar

En cualquier caso, Google recuerda que sacar una web de sus resultados de búsqueda no implica que la página web se elimine o borre por completo, al igual que ocurre también con el derecho al olvido. Esto puede reducir enormemente su visibilidad, pero no impide que sea accesible por otras vías, como si el enlace se comparte en redes sociales.

Además, incluso aunque la compañía decida estimar la solicitud del usuario, esto no implicará que retire por completo las webs denunciadas de sus resultados. Una de las medidas que puede tomar es desindexarlas solo cuando se busque el nombre de la persona afectada.

Google confía en que el cambio de políticas ayude también a combatir “el doxxing, es decir, la práctica que consiste en compartir la información de contacto de alguien de forma malintencionada”. Se trata de una acción que se utiliza cada vez más a menudo como ciberataque y que puede tener diversos objetivos, como extorsionar a una persona para que cumpla las exigencias del atacante.

El doxxing también es un ataque habitual entre ciberdelincuentes. Recientemente una ofensiva de este tipo expuso en la red toda la información de contacto del supuesto líder de una de las bandas de cibercriminales más activa de la actualidad, un adolescente residente en el Reino Unido. Fue detenido horas después.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Alicante ha declarado ajustada a derecho la negativa de la Universidad de Alicante (UA) a eliminar de sus buscadores de búsqueda en Internet el nombre del secretario del juzgado que instruyó el procedimiento sumarísimo contra el poeta oriolano Miguel Hernández, Antonio Luis Baena Tocón

La sentencia, que puede ser recurrida en apelación, desestima la demanda por el llamado “derecho al olvido” que había presentado el hijo del aludido contra la resolución dictada el 29 de julio de 2019 por el rector de la institución académica.

El recurrente solicitaba que el repositorio digital de la UA no redirigiera a los internautas al artículo titulado ‘El Caso Diego San José y el Juez Humorista’ -escrito por un profesor universitario y que analiza el papel del Juzgado Especial de Prensa entre los años 1939 y 1943- al introducir los datos personales de su progenitor.

El magistrado entiende que debe prevalecer “la libertad científica del investigador en un trabajo de investigación histórica, frente a la protección de los datos personales, cuando la información que contiene tiene relevancia o interés público”.

“Conocer el nombre de las personas que ejercieron autoridad y funciones públicas, como es el caso del juez y el secretario judicial, además de estar íntimamente relacionado con la finalidad misma del trabajo de investigación, resulta de interés público”, concluye el juez.

La Comisión Europea está investigando quién ha suplantado la identidad de su departamento legal para amenazar a medios de comunicación con objetivo de que despubliquen determinados artículos de sus páginas web, según han confirmado a elDiario.es fuentes comunitarias. La investigación se produce días después de que un informe forense publicado por la ONG sueca Qurium apuntara como presunta autora de la operación a la empresa española Eliminalia, especializada en “borrar” de Internet información incómoda para sus clientes. Eliminalia ha sido acusada en el pasado por periodistas españoles y latinoamericanos de emplear tácticas al margen de la ley para llevar a cabo sus objetivos, mientras que el Oxford Internet Institute la considera parte la “industria privada de la desinformación”.

Qurium, especializada en derechos digitales y seguridad en Internet, ofrece servicios de hospedaje y seguridad digital a periodistas y activistas procedentes de países que no respetan la libertad de información. Su informe sobre las supuestas actividades de Eliminalia se desencadenó a raíz de que dos de las páginas web que aloja en sus servidores recibieran sendas peticiones para que borraran de inmediato artículos sobre casos de corrupción en Angola que citan a importantes empresarios africanos. Las reclamaciones estaban firmadas por un tal “Raúl Soto” y se enviaron desde una dirección de correo .eu, como la que utilizan los organismos oficiales de la UE.

En su mail, Soto se identificaba como miembro del departamento legal de la Comisión Europea. Acusaba a las dos páginas de haber infringido las leyes comunitarias de privacidad por no haber recibido el consentimiento de los empresarios para citar sus datos personales. “El sitio web cometió una infracción no autorizada por las normas de protección de datos personales de la UE, que también se aplican a los medios de comunicación de Internet”, asegura el supuesto representante de Bruselas en su comunicación.

El remitente del correo también intenta asegurarse de que la extorsión quede en secreto. “Esta es una solicitud confidencial, difundir su contenido puede ser castigado como delito civil y penas de prisión”, amenaza. “Este correo electrónico y los archivos adjuntos pueden contener información confidencial. Si usted no era el destinatario, por favor, notifique a la persona se lo envió y elimine inmediatamente el mensaje y los archivos adjuntos sin copiarlos ni divulgarlos”, añade.

Fuentes de Bruselas avanzan que el CERT-EU (siglas en inglés de Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas) está implicado en la investigación del incidente. La operación sigue el patrón de un phishing clásico como el que los cibercriminales usan para robar datos personales o bancarios de usuarios corrientes, con la diferencia de que en este caso lo que pretende es intimidar a los autores de una información periodística para que la retiren de Internet. “La Comisión está al tanto de este caso de suplantación de identidad. Nuestros servicios de seguridad informática están colaborando estrechamente con el CERT-EU para evaluar el caso y tomarán rápidamente las medidas necesarias”, avanzan las fuentes comunitarias consultadas.

Eliminalia niega estar detrás de los hechos. “La información publicada es 100% falsa y nuestro equipo legal ha procedido a iniciar acciones legales por delitos contra el honor (injurias y calumnias) contra los medios que lo han publicado, así como contra las personas que se han dedicado a repetir dicha información en las redes, en un claro afán difamatorio sin haber procedido a la más mínima verificación y obligación de contrastar las informaciones”, asegura una portavoz a este medio.

“Somos una empresa con un equipo legal en diferentes países, conocedores de las leyes y nos regimos por las normativas nacionales e internacionales vigentes en todos ellos, para defender los intereses de privacidad de nuestros clientes, lo que nada tiene que ver con la soberana tontería publicada, en la que se nos imputa un grave delito inexistente, lo que evidentemente no podemos permitir”, añaden desde la empresa. 

Sin embargo, desde Qurium aportan pruebas que vinculan a Eliminalia con los correos electrónicos que suplantan a los funcionarios de la Comisión Europea. Mediante los metadatos del email la ONG pudo rastrear que este se envió desde una dirección IP de Ucrania utilizando un servidor en Francia. “Tras analizar la dirección IP ucraniana, rápidamente comprobamos que Eliminalia estaba detrás de la trampa. Los servicios estaban mal configurados y mostraban los nombres 'ELIMINALIA KIEV' Y 'ELIMINALIA BCN'”, recoge su informe. El cuartel general de Eliminalia se encuentra en Barcelona. La compañía señala que su segunda oficina se encuentra en Kiev, la capital de Ucrania.

Acusaciones de denuncia falsa y manipulación electoral

Eliminalia se publicita ante sus potenciales clientes como un servicio para ejercer el derecho al olvido. Pero una visita a su página web basta para comprobar que algo no encaja entre lo que ofrece y su capacidad legal: “Cuando contrata nuestros servicios, rastreamos en toda la red cualquier información, artículo o comentario que aparezca en la misma sobre usted o su empresa, así localizamos todas las informaciones, positivas o negativas. También puede facilitarnos la información concreta que desea que sea eliminada, y nosotros nos encargaremos de borrar dicha información de internet”. El problema es que el derecho al olvido no cubre el borrado o eliminación completa de una publicación, sino solo su desindexación por parte de los buscadores (principalmente Google). La información no desaparece, sino que deja de mostrarse asociada a determinadas búsquedas, como el nombre del implicado.

¿Cómo consigue entonces Eliminalia llevar a cabo sus objetivos? Según han denunciado profesionales de la información durante años, la empresa se basa en tácticas como denunciar a los medios de comunicación por violación de copyright. Eva Belmonte, codirectora de Civio, explicó en 2019 cómo una representante de la empresa trató de conseguirlo con una edición de El BOE nuestro de cada día que mencionaba datos que Eliminalia quería hacer desaparecer de Internet. Medios latinoamericanos han denunciado haber sufrido prácticas parecidas.

El informe de Qurium también analiza estas prácticas. Expone que el presunto modus operandi de la empresa es crear páginas web que simulan ser medios de comunicación, redactar contenidos que copian fragmentos de los artículos que Eliminalia ha puesto en su punto de mira, falsificar su fecha de publicación para que sea anterior al original y denunciar por plagio. La ONG publica una lista con “300 periódicos falsos que clonan sitios web existentes con el fin de desindexar el contenido de los motores de búsqueda y realizar todo tipo de campañas”, avisa. Entre esas webs fake se encuentran “noticias-telecinco.com”, “informacion-libre.com”, o “lavozdemadridcapital.com”.

Todas esas páginas fueron registradas por World Intelligence LTD, una compañía registrada a nombre de Diego Giménez Sánchez, también conocido como Dídac Sánchez, presidente de Eliminalia. Prácticas como esta fueron las que provocaron que el Oxford Internet Institute citara a su empresa como uno de los miembros de la industria global de la desinformación, en concreto por llevar a cabo campañas de “propaganda computacional” para influir en las elecciones de Ecuador y República Dominicana.

Esta denuncia por interferencia electoral llegó tras una investigación de la colombiana FM Radio, quien se puso en contacto con la empresa buscando contratar esos servicios de intoxicación. “Lo que nosotros hacemos es redes sociales y la redacción de contenidos periodísticos, de tal manera que todo esto se pueda estar distribuyendo en medios digitales locales, controlados gran parte por nosotros, para que cuando un usuario ve el nombre del candidato, pues tenga mayor opción de votar ese candidato por una serie de contenidos que nosotros lanzamos, que esto, pues poco a poco quieras o no, va limpiando la mentalidad del votante”, aseguraron desde Eliminalia a los periodistas que fingieron estar interesados en contratar sus servicios.

Pero el currículum de Dídac Sánchez va incluso más allá. En 2015 El Confidencial glosó en dos amplios reportajes los pies de barro de su entramado de empresas, así como su extraña relación con José María Hill Prados, un empresario condenado por abusar sexualmente de él cuando era menor de edad y al que luego Sánchez trató de exculpar. “Dídac Sánchez no sólo no ha roto la relación con José María Hill Prados, el hombre que abusó sexualmente de él cuando tenía doce años, sino que numerosos indicios, corroborados por testimonios de empleados y extrabajadores, apuntan a que Hill Prados oficia como maestro de ceremonias en Balmes 243, en Barcelona, la sede donde se arremolinan las empresas que supuestamente administra Dídac Sánchez”, señalaba en uno de ellos el citado medio.

El Tribunal Supremo ha desestimado la petición de un empresario inmobiliario de la Costa del Sol que pretendía que Google dejara de mostrar algunas críticas desfavorables sobre él basándose en el derecho al olvido. Estas están publicadas en dos páginas especializadas en recoger valoraciones de consumidores sobre negocios y servicios que el empresario quería hacer desaparecer de los resultados de búsqueda asociados a su nombre, que es el mismo que el de su inmobiliaria.

El fallo recalca que existe un “interés público” por parte de los ciudadanos a “conocer otras opiniones sobre la calidad con la que se prestan determinados servicios” y rechaza todos los argumentos del empresario, que interpuso un recurso contra otra sentencia en el mismo sentido de la Audiencia Nacional defendiendo que estas opiniones negativas violan su derecho al honor y que no son informativamente relevantes al no ser él un personaje público. Además, sostenía en su recurso que eran infundadas y obsoletas.

La sala de lo contencioso-administrativo del Supremo recuerda que aunque “es cierto” que este empresario “no tiene intervención en la vida pública”, también lo es que “el núcleo de las críticas y quejas se ciñen y se centran en la actuación del recurrente en la dirección de una empresa de servicios”. Por tanto, aprecia que debe primar “el interés de los consumidores y usuarios en conocer y acceder a publicaciones que contienen valoraciones y opiniones sobre profesionales a través del motor de búsqueda de Google”.

Las páginas objetivo de la acción del empresario, especializado en el mercado británico de compra de viviendas en la Costa del Sol, eran Ripoff Report y Complaints Board. Ante la negativa de la multinacional estadounidense a dejar de mostrarlas entre sus resultados de búsqueda, el empresario solicitó a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que la obligara a hacerlo. El organismo estimó su petición y emitió una resolución contra Google en 2017, que el buscador recurrió en los tribunales.

Al igual que la Audiencia Nacional, el Supremo ha dado la razón a la multinacional. Para desestimar el argumento de la falsedad de las opiniones esgrimido en el recurso, el Tribunal destaca las dos páginas aludidas son foros que recogen valoraciones de los consumidores escritas por ellos mismos. “Las manifestaciones de los usuarios han de considerarse opiniones subjetivas que se enmarcan en la libertad de expresión y en esa medida, no opera ni incidir la veracidad del contenido”, explican los jueces.

La cuestión de la veracidad sí juega un papel fundamental cuando los enlaces recurridos provienen de medios de comunicación. Los contenidos periodísticos son uno de los objetivos más habituales de los casos de derecho al olvido que llegan a las altas instancias judiciales, al contrario que las reclamaciones contra publicaciones en redes sociales y páginas de directorios. En todos los casos es Google el encargado de recibir la solicitud inicial y valorar si la estima, una decisión que los ciudadanos pueden recurrir ante la AEPD.

Para concluir, el Supremo desestima también la tesis de que los comentarios han quedado obsoletos. Pese a que el primero de los recurridos por el empresario data de 2010, el Tribunal destaca que en los años 2014 y 2015 se repitieron críticas en el mismo sentido por parte de usuarios diferentes, e incluso en 2017, después de que el empresario inmobiliario comenzara el litigio judicial para hacerlos desaparecer. “No cabe considerar que el interés público de la información difundida se haya extinguido o se haya diluido por el paso del tiempo pues sigue siendo relevante y de interés en la formación de una opinión publica informada”, esgrime el fallo.

En este momento hay personas intentando borrar comentarios, imágenes y otros contenidos con información sobre ellas subidos a las redes sociales por terceros. No necesitan acordar la retirada con el usuario que los publicó, puesto que desde diciembre de 2018 la ley española da la posibilidad de hacerlo contactando directamente con la empresa que gestiona la red social. eldiario.es ha intentado durante semanas recabar información sobre cuántos contenidos se han eliminado con este mecanismo desde su aprobación, qué motivos se han alegado para ello, quién lo solicitó o quién los publicó en primer lugar. La opacidad de Facebook (propietaria de otras redes sociales masivas como Instagram o WhatsApp) y Twitter lo ha impedido.

El nuevo típex digital recibe el nombre de “Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes” y entró en vigor el 6 de diciembre del pasado año. Permite “suprimir” datos personales “inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos” (o que hayan derivado a ello a consecuencia del paso del tiempo) publicados por otras personas. Va un paso más allá que el derecho al olvido original, que puede ejercerse para que los buscadores no muestren entre sus resultados determinados contenidos cuando se busca el nombre de una persona. Ese proceso se conoce como “desindexar”, pero no supone la eliminación completa de ese contenido. La información sigue accesible en su web original y se puede encontrar en una búsqueda más exhaustiva.

El nuevo derecho al olvido sí cruza esa frontera. La ley deja fuera de su radio de acción “los datos que hubiesen sido facilitados por personas físicas en el ejercicio de actividades personales o domésticas”, pero tanto Facebook como Twitter se niegan a dar información sobre qué tipo de contenidos se están retirando de sus redes. Ambas compañías refieren que son datos que no consideran hacer públicos. Ante las preguntas de este medio, Facebook envió una línea redactada en inglés, en la que “como contexto y no para atribuir o entrecomillar”, asegura que cumple a rajatabla la legislación europea. Twitter también impide acceder a esos datos, aunque una portavoz recuerda que la compañía está comprometida con la privacidad.

Pese al portazo de Facebook y Twitter, hay un rastro que permite seguir el rastro de las solicitudes para borrar información de las redes. Según datos facilitados por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a eldiario.es, durante este 2019 han llegado a los despachos del organismo 182 reclamaciones por derecho al olvido, de las que ya se han resuelto 120. Aunque la mayoría han sido contra Google en virtud del derecho al olvido original, también hay contra contra Twitter, Facebook, Instagram y las redes sociales “de mayor uso entre la población”, explican fuentes del organismo.

Esas 182 reclamaciones por derecho al olvido que la AEPD contabilizaba hasta mediados de diciembre (y que con el 2019 aún sin cerrar, ya suponen un 16% más que 2018, cuando llegaron 156) no incluyen todas las ocasiones en las que un usuario intenta retirar un contenido, sino solo en las que los Google, Facebook, Twitter, etc. se negaron a atender su petición y el ciudadano optó por llevar el caso ante la AEPD. Ponerlo en manos de la Agencia tampoco es obligatorio en caso de querer reclamar ante ante la justicia, aunque sí lo convierte en gratuito: en caso que este organismo administrativo dé la razón al interesado, será la AEPD la que asume los costes del proceso judicial. “La Agencia estima de media el 55% de las tutelas de derechos que le plantean los ciudadanos (ante la negativa o la no respuesta del responsable del tratamiento)”, detallan las mismas fuentes.

El derecho al olvido ha suscitado algunos debates entre especialistas, debido a su impacto en la libertad de acceso a la información del resto de la población. La opacidad de las redes sociales impide conocer otras cuestiones relevantes, como qué motivos han esgrimido en los casos en los que se han negado a borrar contenidos. La ley les encomienda evaluar cada solicitud en función de “la naturaleza e interés público de la información” que el ciudadano quiere suprimir, así como su adecuación a “los fines” para los que se publicó en un principio.

En la sombra queda también si, en caso de aceptar la petición, están comunicándolo a las cuentas que publicaron los contenidos en primer lugar. En el caso del derecho al olvido original, la AEPD prohibió a Google informar a los propietarios de las páginas de cuándo desindexa sus publicaciones.

Un derecho con cara B

El derecho al olvido fue reconocido originalmente por el Tribunal de Justicia de la UE en 2014. Fue gracias a la reclamación de un abogado gallego, Mario Costeja, que pleiteó durante cinco años contra Google hasta que la máxima instancia judicial europea le dio la razón. Su caso es el paradigma del derecho al olvido: una antigua multa no pagada cuya notificación fue publicada en un boletín oficial, que Google seguía mostrando entre los primeros resultados de búsqueda asociados a su nombre años después de haberla saldado, afectando a su imagen profesional.

La extensión del derecho al olvido a las redes sociales otorga la capacidad de impedir que estos servicios muestren indefinidamente una información que la persona considera desactualizada o que da una imagen de ella que, a su juicio, no se corresponde con la realidad. De hecho, la ley española incluye una protección reforzada para los casos en los que esos datos fueran publicados antes de que su protagonista cumpliera los 18 años, puesto que obliga a la red social a “proceder sin dilación a su supresión por su simple solicitud”, sin que deba demostrarse que han quedado desactualizados con el paso del tiempo o que son “inexactos”.

Sin embargo, los cinco años de aplicación del derecho al olvido evidencian que no siempre que se ejerce contra información tan inocente como boletines administrativos antiguos que se empeñan en aparecer en la primera página de Google o fotos antiguas que se vuelven más y más inoportunas cada año que pasa. También se está utilizando para hacer desaparecer de Google y de las hemerotecas de los periódicos noticias totalmente veraces que informan de la comisión de delitos de narcotráfico o que detallan investigaciones de importantes tramas de corrupción, como la Gürtel.

El gran número de peticiones para hacer desaparecer urls que se elevan cada día contra Google forzaron al buscador a publicar periódicamente un informe de transparencia que permitiera llevar cierto control de lo que queda oculto del principal escaparate de información del mundo actual. Según sus datos, desde 2014 se ha solicitado la retirada de su base de datos de casi 3,5 millones de direcciones web, de las que ha terminado ocultando para siempre casi 873.000. El 10% de ellas eran de páginas web españolas.

Otro de los hechos que conllevó la creación del derecho al olvido que revela el informe de Google es la creación de una industria basada en la modificación del pasado: según los datos del buscador, un 1% de los reclamantes son responsables de hasta el 20% de las urls retiradas hasta el momento.

El tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado este martes sobre los límites entre la privacidad y la libertad de expresión, arbitrando en la disputa entre Google y el regulador de la protección de datos francés sobre hasta donde el motor de búsqueda debe llegar en las peticiones de borrado de enlaces a información personal.

El tribunal debía decidir si el borrado debe ser total, a escala planetaria, o sólo en Europea, y si puede negarse alegando que se trata de información de interés público: el caso ilustra el poder regulatorio de la UE, marcando estándares que las empresas están obligadas a cumplir.

Así, Google no está obligado a retirar los enlaces en todas las versiones de su motor de búsqueda, pero deberá retirarlos en las versiones que correspondan al conjunto de los Estados miembros y adoptar medidas que impidan o dificulten a los internautas acceder, desde uno de los Estados miembros, a los enlaces controvertidos que figuren en las versiones de ese motor fuera de la Unión.

De esta manera, el Tribunal concluye que el gestor de un motor de búsqueda que estime una solicitud de retirada de enlaces presentada por el interesado, a raíz de un requerimiento de una autoridad de control o judicial de un Estado miembro, no está obligado, con arreglo al Derecho de la UE, a proceder a dicha retirada en todas las versiones de su motor.

No obstante, el Derecho de la UE, entiende el tribunal, obliga al gestor de un motor de búsqueda a retirar los enlaces en las versiones de su motor que correspondan al conjunto de los Estados miembros y a adoptar medidas suficientemente eficaces para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales del interesado.

Así pues, según el tribunal, la retirada de enlaces deberá acompañarse, en caso necesario, de medidas que impidan de manera efectiva o, al menos, dificulten seriamente el acceso a los enlaces objeto de la solicitud de retirada por parte de los internautas que efectúen una búsqueda a partir del nombre del interesado desde uno de los Estados miembros, a través de la lista de resultados obtenida tras esa búsqueda efectuada desde una versión de ese motor de fuera de la Unión.

El órgano jurisdiccional nacional deberá comprobar que las medidas adoptadas por Google Inc. cumplen estos requisitos.

De esta manera, la justicia europea viene a dar la razón a Google, al que la Comisión Nacional de Informática y Libertades francesa impuso una sanción de 100 000 euros: cuando Google estimó una solicitud de retirada de enlaces, se negó a proceder a tal retirada en todas las extensiones de nombre de dominio de su motor de búsqueda.

La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de derecho al olvido de Tito José Pajares, el que fuera dueño de la discoteca madrileña Gabana y citado en el sumario de la trama Gürtel por su relación con personas investigadas y condenadas como miembros de la red criminal. Pajares pretendía que la búsqueda de su nombre en Google se desconectara de las informaciones periodísticas que describían esa relación, así como de las que reflejaban su imputación por un presunto delito de apropiación indebida o administración desleal tras una denuncia del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB).

Distintos medios de comunicación reflejaron la vinculación del empresario con varios condenados e investigados de la trama, revelada por estos mismos. “Tito Pajares es una persona muy conocida que tiene relaciones políticas con, o sea, bueno, personales, ¿no? Con... De todo el mundo es sabido, por la prensa, que tenía relaciones con Alberto Agag, Alberto López Viejo... Vamos, que es un señor muy relacionado... Dentro de lo que es el propio partido”, declaró Isabél Jordán, ex administradora de empresas del Grupo Correa, condenada a 14 años y 10 meses de cárcel.

Su discoteca, ya cerrada, es señalada en el sumario como punto de encuentro de los miembros de las Nuevas Generaciones del PP, capitaneadas entonces por Alejandro Agag. En Gabana celebró en 2002 su despedida de soltero junto a Ana Aznar.  

Tito Pajares dejó de ser administrador único de Velazquez 2000, la empresa detrás de Gabana, en 2004, después de que se produjeran los hechos referidos en la sentencia de la Audiencia Nacional sobre derecho al olvido. Tito José Pajares ha preferido no hacer ninguna declaración antes de la publicación de este artículo tras ser contactado por eldiario.es.

Es esta actividad profesional la que hace de Pajares un personaje informativamente relevante, sentencian los magistrados. Las noticias que le citan se refieren a “la actividad profesional del reclamante en su faceta de empresario, con una relevancia profesional en relación con asuntos de penales de muy notoria relevancia social, existiendo un interés legítimo de los internautas en tener acceso a dichas publicaciones”, zanja la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia.

Aunque el procedimiento penal tras ser denunciado por el FROB fue sobreseído en 2015, Pajares inició el trámite para impedir que las noticias que informan sobre su relación con Gürtel se vincularan a su nombre apenas siete meses después de la sentencia contra la trama, que terminó en condena contra 29 de los 37 acusados.

Google denegó su petición en un primer momento, una decisión que Pajares impugnó ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Este organismo independiente estimó parcialmente su reclamación y ordenó a Google por vía administrativa que desindexara las noticias sobre el empresario, argumentando que este había aportado “autos judiciales que demuestran su no imputación en determinados procedimientos y el sobreseimiento y archivo en otros”.

El buscador apeló la resolución de la AEPD ante la Audiencia Nacional, que ahora le da la razón. Además del interés público de las noticias, los magistrados recalcan el poco tiempo transcurrido desde que finalizara el proceso penal contra la red criminal hasta que Pajares solicitó ser desvinculado de las noticias sobre ella. Un factor que tiene “gran relevancia” en casos como este, recuerda el fallo, “resultando significativo que la Agencia Española de Protección de Datos omita toda referencia a dicha circunstancia temporal”.

Sobre la denuncia del Frob, la Sala subraya que “la libertad de información no viene condicionada por el resultado de los procesos penales”. “Y debemos añadir que siguen apareciendo noticias que relacionan al codemandado con implicados en las citadas causas, y en otras”, asevera. 

La AEPD ha informado a eldiario.es de que no recurrirá esta sentencia de la Audiencia Nacional.

“Un pasado a la medida” 

En su argumentación, los magistrados indican que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha resuelto que el derecho al olvido “no ampara que cada uno construya un pasado a su medida, obligando a los editores de páginas web o a los gestores de los motores de búsqueda a eliminar el tratamiento de sus datos personales cuando se asocian a hechos que no se consideran positivos”, como tampoco da derecho a “controlar el discurso sobre sí mismos, eliminando de Internet las informaciones negativas, posicionando a su antojo los resultados de las búsquedas en Internet, de modo que los más favorables ocupen las primeras posiciones”.

Pese a su relevancia, las leyes apenas han detallado las fronteras del derecho al olvido. Desde su creación en 2014 a través de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Google ha recibido casi 80.000 solicitudes para desindexar páginas web de sus resultados de búsqueda, según sus estadísticas oficiales. Corresponde aproximadamente a un 10% de las reclamaciones que recibe en toda Europa. De media, desconecta un 38% de las páginas web de las que se quejan los reclamantes españoles.

Si Google no estima una reclamación, es posible solicitar a la AEPD que tutele los derechos de los ciudadanos ante los tribunales. Desde la Agencia exponen a eldiario.es que “los casos que llegan ante la Audiencia Nacional por el derecho al olvido son un número muy reducido, y siempre son casos significativos por diferentes cuestiones”.

La Agencia estima de media el 55% de las tutelas de derechos que le plantean los ciudadanos (ante la negativa o la no respuesta del responsable del tratamiento). En 2018, la Agencia recibió 156 reclamaciones de tutela sobre derecho al olvido, de las que 96 eran contra Google. De ellas, la Agencia estimó 32 y, de esas 32, Google recurrió dos ante la Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional ha anulado la multa de 150.000 euros que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso a Google en 2016 por informar a los medios de comunicación cada vez que desindexaba uno de sus resultados tras una reclamación por derecho al olvido. La AEPD señaló que esta práctica atentaba contra la privacidad de los reclamantes, pero la Audiencia considera que la multa fue injusta puesto que las normas sobre el derecho al olvido no estaban lo suficientemente detalladas. A día de hoy siguen sin estarlo: la mayoría de su funcionamiento ha sido definido por sentencias, no por las leyes, pese a ser un derecho clave para la sociedad digital.

Han pasado cinco años desde que el Tribunal de Justicia de la UE creara el derecho al olvido a partir de un pleito contra Google iniciado por un abogado español. Su caso era el más obvio sobre los que hoy se puede ejercer este derecho: una sanción publicada en una página institucional que los caprichosos (y opacos) algoritmos del buscador se empeñaban en asociar a su nombre en los resultados de búsqueda, perjudicando su imagen.

Pero la frontera del derecho al olvido está mucho más lejos y se solapa con libertares fundamentales. En la actualidad se puede ejercer contra noticias perfectamente veraces publicadas en medios de comunicación, pero que el paso del tiempo ha hecho perder relevancia informativa. La capacidad para hacer que una información desaparezca de Google por un interés individual ha hecho que numerosos expertos carguen contra él puesto que ese interés individual se impone al derecho de información del resto de la ciudadanía.

Parte de la polémica es que esa peliaguda frontera no se ha definido mediante una negociación política, sino por tribunales a partir de casos concretos. Las leyes han incluido el derecho al olvido, pero no han entrado en detalles sobre su aplicación. Es el caso tanto del Reglamento General de Protección de Datos europeo (RGPD) como de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales española. “Está redactado de manera muy vaga”, denuncian los juristas expertos en la materia.

“Lo están perfilando los tribunales, y eso al final puede generar desigualdad entre si el afectado es un medio o ciudadano español o italiano, porque cada tribunal puede pensar de forma diferente. Aunque el reconocimiento del derecho es el mismo en toda la UE, su aplicación práctica no lo es”, explica Samuel Parra, abogado especialista en protección de datos.

El caso de las noticias de los medios de comunicación desindexadas es uno de los más enrevesados. En conversación con eldiario.es Parra explica que es posible que se produzca “una vulneración de la normativa de protección de datos cuando Google informa al editor de que un enlace ha sido desindexado por el ejercicio de este derecho”, ya que en ocasiones (como cuando la noticia tenga un solo protagonista, por ejemplo), “se podrá deducir quién es el interesado”.

“Creo que el fondo del asunto debería resolverse, pero las formas no fueron las adecuadas”, puntualiza el letrado, que además señala que “no debería quedar en manos de la AEPD, y no solo por ser un órgano administrativo, sino porque si hemos creado un marco de protección único para toda la UE, esta decisión es de suficiente importante como para que el criterio sea el mismo en toda la UE”.

El papel de las agencias de protección de datos en el proceso de perfilado del derecho al olvido es otro de los puntos de fricción, puesto que nos organismos técnicos, no políticos. La AEPD ha solicitado a la Abogacía del Estado que interponga un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia de la Audiencia Nacional. No obstante, esta última Sala no entró al fondo de la cuestión (si Google debe avisar o no a los medios cuando desindexa sus contenidos), sino que solo ha censurado que la AEPD utilizara una multa como método de explicar cómo debe aplicarse el derecho al olvido.

Una portavoz de Google ha explicado a eldiario.es que la multinacional está analizando la sentencia y no ha decidido si volverá a notificar las desindexaciones a los medios de comunicación o no.

“La sentencia no es útil en cuanto al fondo del asunto, dado que no entra en materia”, confirma Joan Barata, experto internacional en materia de libertad de expresión y regulación de medios y miembro del Centro para Internet y la Sociedad de la Universidad de Standford. En cambio, explica que la competencia de la AEPD para resolver “es lo previsto en la normativa europea de protección de datos”.

“Con sus pros y sus contras, creo que el modelo de autoridad de protección de datos es mejor que obligar al ciudadano a acudir a un tribunal cada vez que tenga un problema relacionado con el uso de sus datos personales. Por otra parte, estas autoridades pueden jugar un papel de control activo y elaboración de reglamentos y circulares que un juez no podría llevar a cabo”, explica este experto.

Un derecho para quien lo pueda pagar 

El hecho de que el olvido se esté definiendo a golpe de sentencia en vez de mediante leyes no solo puede crear puede crear perjuicios comparativos entre los ciudadanos de la Unión por las diferencias de criterio entre sus tribunales. También abre una discriminación económica: pleitear contra Google hasta las últimas consecuencias no es barato.

“El negocio ya está montado para aquellos personajes que se puedan permitir el lujo de tener una batería de abogados eliminando datos para construir un pasado a medida”, explicó el director jurídico de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, Carlos Sánchez Almeida. “No cualquiera se puede permitir el lujo de llegar hasta el Constitucional. Porque evidentemente cualquier medio de comunicación va a defender con uñas y dientes su hemeroteca y no va a claudicar ante la primera petición de desindexar un contenido”.

Almeida se refería a la última sentencia del Alto Tribunal sobre el olvido, que estimó el derecho de dos ciudadanos de clase alta de Barcelona a que su nombre dejara de asociarse a la noticia sobre su detención acusados por un delito de narcotráfico en los años ochenta, tanto en Google como (en lo que supuso una ampliación del derecho) en el propio buscador interno del medio de comunicación que publicó la información. “Si las libertades informáticas pueden definirse como derecho fundamental, también lo es, porque se integra entre ellas, el derecho al olvido”, argumentaron los magistrados.

La Audiencia Nacional ha anulado la multa de 150.000 que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) impuso a Google en septiembre de 2016 por notificar a los medios de comunicación que iba a proceder a desindexar un enlace informativo por una reclamación de derecho al olvido. La Agencia consideró que el buscador estaba cometiendo una infracción “grave” de la Ley de Protección de Datos cada vez que desvelaba quién y por qué había solicitado que un determinado contenido desapareciera de sus resultados de búsqueda.

El problema, resumen los jueces, es que el derecho al olvido (que da opción a impedir que un enlace aparezca en Google, no a eliminarlo completamente de Internet) aún estaba perfilándose en 2016 tras haber sido reconocido por el Tribunal de Justicia de la UE en 2014. Al existir “dudas” sobre cómo debía ser su aplicación la multa estuvo fuera de lugar y no debió utilizarse este medio para desarrollar cómo debe funcionar el derecho al olvido, explica la Audiencia: “Son múltiples las razones y argumentos que se pueden oponer a esta forma de actuar por parte de la AEPD”.

“Considera la Sala que dicho procedimiento sancionador, que culmina con la imposición de una importante sanción económica, no puede ser el medio idóneo para fijar criterios interpretativos sobre una cuestión tan novedosa y compleja, habida cuenta las dificultades y dudas que la propia AEPD admite”, cita textualmente la sentencia.

La Audiencia Nacional hace referencia a varias resoluciones del Tribunal Constitucional que explican por qué no se deben utilizar las multas para detallar cómo aplicar una determinada ley o norma. La sentencia todavía no es firme ya que la AEPD puede presentar un recurso de casación ante el Supremo.

No obstante, la sentencia de la Audiencia Nacional no entra en el fondo de la cuestión (si Google debe avisar a los medios o no) y solo critica que la AEPD empleara un procedimiento sancionador para desarrollar los detalles sobre cómo debían aplicar los buscadores el derecho al olvido.

La aplicación del derecho al olvido a las noticias

El derecho al olvido tiene una aplicación para hacer que Google desindexe determinadas páginas institucionales o gubernamentales que quedan fuera de contexto y desactualizadas con el tiempo. Ejemplo de ello son las notificaciones de multas que se publican en el BOE por no haber podido ser entregadas al interesado. Debido a la relevancia online de la publicación oficial, una sanción puede quedar asociada a la búsqueda del nombre de una persona durante décadas, a pesar de haber sido pagada en tiempo y forma.

Éste fue el motivo que llevó a un abogado español a pleitear contra Google hasta llegar al TJUE, que reconoció su derecho a reclamar al buscador que desindexara ese contenido. La sentencia abrió la veda para que cualquier ciudadano elevara la misma petición para enlaces que considerara perjudiciales para su persona. Comenzó entonces una lluvia de reclamaciones contra informaciones publicadas por medios de comunicación, lo que provocó que muchos expertos cargaran contra la indefinición del derecho al olvido y su injerencia en la libertad de información.

“Estamos ante una colisión de dos derechos fundamentales: el derecho constitucional a emitir y recibir información veraz –que asiste tanto a la prensa, como a Google y a cualquier ciudadano- y el derecho a la protección de datos personales, y por tanto a la privacidad y a la intimidad”, expuso Virginia Pérez-Alonso, presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), cuando se conoció la multa de la AEPD a Google.

“El hecho de que Google facilite estos reportes a los medios sin revelar datos personales de los solicitantes redunda en un mejor ejercicio de la libertad de información. Porque sólo así se pueden prevenir abusos en el uso del derecho al olvido y velar por que ninguna información de interés general acabe desapareciendo del espectro público”, defendió.

La justicia hace a Google cada vez más responsable de contenido que incluye su buscador. El derecho al olvido da una nueva vuelta de tuerca con la última sentencia del Tribunal Supremo, que establece que la compañía tiene el deber de retirar el contenido que con el paso del tiempo se demuestre “sustancialmente inexacto” aunque la web que realmente lo contiene no lo actualice o corrija.

El más alto órgano de Justicia en España sienta así un precedente, al hilo de una noticia publicada por El País en 2010 relacionada con un jefe forestal de la Xunta de Galicia que fue sancionado por cazar de forma furtiva junto a dos personas más.

“La persona afectada por una supuesta lesión del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen está legitimada para fundamentar válidamente una acción de reclamación ante la entidad proveedora de los servicios de motor de búsqueda en Internet o ante la Agencia Española de Protección de Datos cuando los resultados del motor de búsqueda ofrezcan datos sustancialmente erróneos o inexactos que supongan una desvalorización de la imagen reputacional que se revele injustificada por contradecir los pronunciamientos formulados en una resolución judicial firme”, explican los magistrados en la sentencia a la que ha tenido acceso eldiario.es.

El Tribunal Supremo continúa explicando en la sentencia que “debe garantizarse la protección del derecho al olvido digital [...] en aquellos supuestos en que la información que es objeto de difusión, y cuya localización se obtiene a través de motores de búsqueda en Internet contenga datos inexactos que afectan en lo sustancial a la esencia de la noticia”. El mismo tribunal ya reconoció en diciembre que era evidente “el interés público de la noticia [...] habida cuenta la condición de funcionario del denunciante y el puesto que desempeñaba como jefe forestal”.

El objetivo del cazador no era rectificar, sino desindexar

Apenas un mes después, el alto tribunal desestima el recurso de casación interpuesto por Google a principios del 2018 contra la sentencia de la Audiencia Nacional un año antes y da la razón al individuo. En 2017, este órgano reconoció el derecho al olvido del cazador, que llevó sus quejas ante la Justicia al considerar que la información de El País era inexacta. Los hechos ocurrieron en 2007 y el diario publicó la información tres años después, fecha en la cual el cazador comenzó a interponer recursos.

En 2012, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) absolvió al ciudadano por un error de procedimiento al habérsele notificado la sanción administrativa fuera de plazo. Además, el TSJG no hizo referencia a la supuesta caza furtiva, sino a “una falta grave” tras “unos incidentes”, varias “amenazas” contra los agentes forestales que organizaban “una cuadrilla previamente autorizada a ejercer la caza” en la que esta persona participó.

En 2014 el técnico forestal intentó que Google ocultara la noticia de El País en sus resultados de búsqueda, además de otros tantos resultados similares al buscar su nombre. Al no lograrlo acudió a la Agencia de Protección de Datos (AEPD), que le dio la razón e instó a la multinacional norteamericana a retirar los enlaces. Google llevó el caso ante la Justicia y pleiteó hasta que en 2017 la Audiencia Nacional falló en su contra y estimó que la protección de datos del técnico forestal debía imponerse a la libertad de información.

La noticia publicada por El País fue superada por el paso del tiempo, pero los hechos narrados en 2010 eran veraces. Google, incluso, instó al cazador a ponerse en contacto con el diario para que fuera este el que rectificase la información: “Los reproches y las acciones legales pertinentes en relación con el derecho al honor del denunciante debían ejercitarse ante el medio de comunicación que publicó la noticia”.

Pero el objetivo del cazador no era que el diario rectificase la información, sino que su nombre desapareciese de Internet para la posteridad, cosa que finalmente ha conseguido. “El derecho al olvido no ampara que cada uno construya un pasado a su medida”, consideró Google entonces. De momento, el buscador tendrá que desindexar la información tras la orden del Tribunal Supremo.

Los jueces siguen trazando el alcance del derecho al olvido a golpe de sentencia y, con ello, la frontera entre la posibilidad de decidir qué datos sobre uno mismo se puede encontrar en Internet y la libertad de información del resto de la sociedad. Este jueves, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha recomendado a la sala que no obligue a los buscadores a extender las desindexaciones de contenidos derivadas del derecho al olvido fuera de Europa. 

Los posicionamientos del abogado general no son vinculantes para el Tribunal, pero los fallos suelen seguir sus recomendaciones en una mayoría de procesos. En esta ocasión, el letrado recomienda no convertir el derecho al olvido en universal. Por lo tanto, aunque un motor de búsqueda aceptara desindexar un contenido por no ser informativamente relevante o haber quedado anticuado (o los tribunales le obliguen a hacerlo), este no tendría desaparecer de las búsquedas realizadas en todo el mundo por defecto, sino que solo quedaría oculto en el territorio de la Unión.

El informe del abogado derivada de una petición de la Comisión Nacional de Informática y Libertades francesa a Google para que saque un contenido de los resultados de búsqueda en todo el mundo, algo que la multinacional americana se niega a aceptar. La posición del letrado pide dar la razón a Google en este caso, pero aclara que esto no sería extensible a todas las reclamaciones por derecho al olvido. Es decir, el ámbito de la desindexación (mundial o europeo) tendría que ser delimitado en cada caso.

“En el supuesto de que pudiese procederse a una desreferenciación a escala mundial, se correría el riesgo de impedir acceder a la información a personas de terceros países y de que, recíprocamente, terceros Estados impidiesen acceder a la información a las personas de los Estados de la Unión”, alerta el abogado.

En cambio, subraya que una vez que el derecho al olvido sobre un contenido sea firme, los buscadores deberán ocultarlo para todas las direcciones IP de la UE con todas las herramientas a su disposición, incluido el “bloqueo geográfico”, e independientemente del nombre de dominio empleado en la búsqueda (.es, .com, .org, etc.). 

Si el TJUE sigue finalmente la senda indicada por el abogado general, provocaría que los contenidos desindexados siguieran siendo accesibles desde Europa con el uso de herramientas digitales que camuflan la ubicación del usuario.

Alcance en territorio, alcance en contenidos 

El olvido es un derecho que sigue delimitándose alcance territorial, pero también en contenidos. Este 2019 el Tribunal Supremo español deberá decidir si Google debe retirar de los resultados de búsqueda contenidos informativos inexactos, incluso si el motivo por el que han perdido precisión es simplemente el paso del tiempo, tras ser absolutamente veraces en el momento de su publicación.

En 2018, el Tribunal Constitucional hizo otra ampliación del derecho al olvido para extenderlo a las hemerotecas digitales de los medios de comunicación. Es decir, el olvido se puede reclamar no solo ante Google y los motores de búsqueda generalistas, sino también a los buscadores internos de las publicaciones para evitar que referencien algunas noticias al introducir, por ejemplo, nombres propios de una persona.