En la semana en la que se ponía en duda el espíritu fundacional de la Unión Europea, en una crisis que ha podido truncar la trayectoria política de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, Europa ha despertado para dar un portazo con contundencia ante las decisiones de política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha puesto sobre la mesa abiertamente que antiguos aliados como EEUU ahora se dedican con la nueva Administración de Trump a tratar de debilitar y “dividir a Europa”, mientras se alzaban las voces en las capitales y Bruselas contrarias a la eliminación temporal de las sanciones contra la compra de petróleo ruso aprobadas por Estados Unidos.

En la Unión Europea empiezan a pesar demasiado las decisiones unilaterales de EEUU, que tienen efectos sobre la economía o las posiciones en política exterior relevantes de Europa, especialmente en lo que se refiere a Ucrania. La creciente frustración de Bruselas con Washington ha tenido como punto álgido esta semana la decisión de Trump de eliminar temporalmente las sanciones para comprar petróleo ruso en un intento por reducir el impacto en los precios del crudo que ha provocado sus bombardeos junto a Israel de Irán y la respuesta iraní expandiendo el conflicto a varios países de Oriente Medio.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha sido el primero este viernes en señalar a EEUU por levantar temporalmente las sanciones a la venta de petróleo ruso con el objetivo de tratar de reducir el precio del crudo que se ha disparado tras iniciar junto a Israel el conflicto en Irán. “La decisión unilateral de Estados Unidos de levantar las sanciones a las exportaciones de petróleo ruso es muy preocupante, ya que afecta a la seguridad europea”, ha comentado Costa en la red X.

“Aumentar la presión económica sobre Rusia es decisivo para que acepte una negociación seria por una paz justa y duradera. Debilitar las sanciones incrementa los recursos de Rusia para llevar a cabo la guerra de agresión contra Ucrania”, ha subrayado Costa. Esta semana, el presidente del Consejo Europeo también recriminó a EEUU sus acciones bélicas en Irán al subrayar que “la libertad y los derechos humanos no pueden conseguirse con bombas. Solo el derecho internacional los garantiza”, en su respuesta a la confusa posición de Von der Leyen sobre la política exterior de la UE.

Las capitales europeas no fueron avisadas por Washington del ataque a Irán y las consecuencias de la guerra empiezan a sufrirlas los ciudadanos europeos. Ya no son solo las críticas de España, Francia e Italia de considerar que la guerra emprendida por EEUU e Israel es ilegal.

Ahora, incluso los países que se habrían desentendido de la actuación de Trump con Irán se muestran críticos con las decisiones del presidente de EEUU. Si el canciller alemán, Friedrich Merz, llegó a decir que “no era el momento de dar lecciones a socios y aliados” sobre el derecho internacional, ahora Merz ha subrayado que el levantamiento de las sanciones a Rusia por parte de EEUU “es incorrecto. Actualmente, hay un problema de precios, pero no de suministro. Y en ese sentido, me gustaría saber qué otros factores llevaron al gobierno de Estados Unidos a tomar esta decisión”.

En teoría el G7, formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, habría acordado “la liberación de reservas estratégicas” de crudo para atajar el incremento de precios y no tocar las sanciones sobre Rusia. Pero Trump ha tomado por sorpresa la decisión de la suspensión temporal de las penalizaciones por comprar crudo ruso. Merz mostró su frustración por la decisión de la administración estadounidense y añadió: “Queremos asegurarnos de que Rusia no aproveche la guerra en Irán para debilitar a Ucrania. Tampoco permitiremos que Moscú ponga a prueba a la OTAN en su flanco oriental ni aquí en el norte”. El canciller alemán mostró también su temor a que Trump no cuenta con una estrategia para concluir el conflicto con Irán, dado los continuos cambios de estrategia y objetivos de la guerra.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, también mostró la frustración por el movimiento de Washington, ya “la posición del G7 y, obviamente, también la de Francia” era mantener las sanciones. “La situación no justifica que se levanten. Rusia cree que la guerra de Irán le dará una tregua. Se equivoca. En el G7 de hace dos días reafirmamos que el precio del petróleo no debe cambiar nuestra política de sanciones a Rusia”.

Fuentes de la Comisión Europea añaden que  la “línea de la UE es diferente a la de Washington: tenemos que aumentar la presión sobre Rusia a través de la flota fantasma y manteniendo el tope a los precios del crudo”. La Comisión advirtió de que Moscú no debería sacar ventaja del conflicto en el Golfo.

Rusia habría conseguido ingresos extra de hasta unos 1.900 millones de dólares (1.660 millones de euros) por el aumento de la demanda de crudo ruso por parte de India y China, según publica Financial Times. Según otros cálculos, la medida de Washington supondría liberar la demanda mundial de petróleo en un día con el levantamiento de las sanciones al carburante ruso transportado por mar. 

Europa, contra la hostilidad de Trump

Pero ha sido la jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, la que ha marcado la postura más crítica contra la política exterior de Estados Unidos en una entrevista en Financial Times. La jefa de la diplomacia europea ha puesto sobre la mesa abiertamente que unos antiguos aliados como EEUU utilizan tácticas usadas por “nuestros adversarios” contra Europa. “Estados Unidos ha sido muy claro en que quiere dividir a Europa. No les gusta la Unión Europea”, ha comentado.

La postura de Washington con las sanciones al petróleo ruso tira por tierra las cautelas de algunos países europeos de no criticar los bombardeos sobre Irán para que Trump mantenga cierto respaldo a Ucrania contra Rusia. “Algunas posturas europeas respecto a la guerra reflejan el deseo de no antagonizar con Donald Trump para influir en sus políticas sobre la guerra de Rusia en Ucrania. Sin embargo, poco indica que el acercamiento de Europa a Trump haya generado cambios duraderos o sostenibles en su posición sobre Ucrania, que parece reiteradamente volver a la idea de que Ucrania debe hacer concesiones que obtengan la aprobación de Rusia. Además, la relativización europea del derecho internacional en relación con Irán debilita cualquier postura basada en principios sobre la ilegalidad de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania”, argumenta Anthony Dworkin, analista del European Council on Foreign Relations.

Kallas afirmó que los 27 miembros de la UE tienen posiciones diferentes sobre cómo manejar la relación con Estados Unidos. Solo hay que ver el ridículo que hizo el canciller alemán, Friedrich Merz en el despacho oval cuando Trump atacó delante de él al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o las diferentes posturas europeas frente a la ilegal guerra contra Irán. “Nuestra respuesta no debería ser ‘Oh, tratemos [con Trump] bilateralmente’, sino... ‘juntos tratemos con ellos’... no les gusta que estemos juntos porque nos convertimos en un poder igual que ellos cuando nos unimos”, recalcó Kallas.

“Necesitamos comprar a Estados Unidos porque no tenemos los activos, las posibilidades ni las capacidades que necesitamos. Al mismo tiempo, también debemos invertir en nuestra propia industria de defensa… para no poner todos los huevos en la misma cesta”, ha argumentado Kallas para tratar de explicar el doble juego de abogar por la soberanía defensiva y a la vez comprar armamento a EEUU para Ucrania.

“Estamos teniendo una relación muy complicada. Si lees la estrategia de seguridad nacional y la estrategia de defensa nacional [de EEUU], creo que no debería haber ninguna ilusión”, afirma Kallas. En estos documentos, EEUU celebra “con gran optimismo” la “creciente influencia de los partidos patrióticos europeos”, que abogan por la desaparición de la UE, y se señala que el “declive económico” de Europa “se ve eclipsado por la perspectiva real y más cruda de la desaparición de la civilización”. Además, Trump trata de dedicar menos recursos a la defensa de Europa, lo que ha provocado movimientos en la UE para crear su propio ejército y tener su propia capacidad disuasoria nuclear a través de Francia.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha hecho este martes una enmienda a la totalidad a la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que en su discurso ante los embajadores de los 27 países de la UE señaló “que ya no podemos confiar en el sistema basado en reglas como la única forma de defender nuestros intereses ni asumir que sus normas nos protegerán de las complejas amenazas a las que nos enfrentamos”. Costa ha reivindicado en el mismo foro con los equipos consulares de los países miembros que “debemos llevar a cabo una política exterior multidimensional, participando activamente con la comunidad internacional para defender los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional. Es de nuestro interés garantizar que el mundo siga basado en reglas y en la cooperación. Es de nuestro interés evitar una mayor fragmentación del mundo”.

El discurso de Costa, que preside el Consejo Europeo, la máxima institución política de la Unión Europea, compuesta por los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 países miembros, es una llamada de atención clara a los planteamientos de Von der Leyen.

“Este mundo multipolar requiere soluciones multilaterales, no esferas de influencia, donde la política de poder sustituye al derecho internacional. Conocemos la nueva realidad: una realidad en la que Rusia viola la paz, China perturba el comercio y Estados Unidos cuestiona el orden internacional basado en reglas”, ha comentado Costa.

Ante la reflexión que solicitaba Von der Leyen —“hay que reflexionar sobre si nuestra doctrina, nuestras instituciones y nuestra toma de decisiones, todas concebidas en un mundo de posguerra caracterizado por la estabilidad y el multilateralismo, han logrado seguir el ritmo de los cambios que nos rodean”—, el presidente del Consejo Europeo asegura que la UE “debe defender el orden internacional basado en reglas. Debemos mantener los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, tal como se recogen en nuestros Tratados. Las violaciones del derecho internacional no deben aceptarse —ya sea en Ucrania, Groenlandia, América Latina, África, en Gaza o en Oriente Medio. Las violaciones de los derechos humanos tampoco deben tolerarse —ya sea en Irán, en Sudán o en Afganistán”.

Pero Costa ha ido mucho más allá, evidenciando que la estrategia de Von der Leyen de defender la confusa política exterior de Alemania como si fuera la que tuviera que seguir toda la UE es un error grave. Costa ha destacado que “la guerra en Oriente Medio es motivo de máxima preocupación. Irán es responsable de las causas profundas de esta situación. Pero el unilateralismo nunca puede ser el camino a seguir. Los ataques de Irán y de sus aliados, como Hezbollah, contra sus vecinos —incluido Chipre, un Estado miembro de la Unión Europea— deben cesar. La rápida respuesta de Grecia, Francia, Italia y España, enviando fuerzas militares para proteger a Chipre, es un poderoso ejemplo de autonomía europea y solidaridad firme”.

La mención de Costa a España, Francia e Italia no es baladí, ya que son tres países que se han posicionado contra los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán, han marcado claramente una postura contra esta guerra y han señalado su ilegalidad.

“Los derechos humanos no pueden lograrse con bombas”

Además, el presidente del Consejo Europeo ha enfatizado que los bombardeos de EEUU e Israel no van a traer una solución para el pueblo iraní y solo benefician a Rusia, al que se le está permitiendo que pueda vender petróleo otra vez, saltando las sanciones impuestas por su invasión a Ucrania. “la Unión Europea está al lado del pueblo iraní, que sufre desde hace mucho tiempo. Apoyamos su derecho a vivir en paz y a decidir su propio futuro. Creemos que sus derechos humanos y libertades deben ser plenamente respetados. Pero la libertad y los derechos humanos no pueden conseguirse con bombas. Solo el derecho internacional los garantiza. Proteger a los civiles, asegurar la seguridad nuclear y respetar el derecho internacional es crucial. Debemos evitar una mayor escalada. Ese camino amenaza al Oriente Medio, a Europa y más allá. Las consecuencias son graves, incluso en el ámbito económico, como lo demuestra el bloqueo del estrecho de Ormuz. Hasta ahora, solo hay un ganador en esta guerra: Rusia”, ha argumentado Costa.

El presidente del Consejo Europeo también ha ensalzado el papel de Naciones Unidas, en un momento en el que el presidente de EEUU, Donald Trump, no para de atacar y tratar de desestabilizar y eliminar el multilateralismo. “Debemos reforzar la cooperación multilateral. Seguiremos siendo un firme apoyo de las Naciones Unidas y de las reformas impulsadas por el Secretario General António Guterres, en particular la iniciativa de reforma UN80. Las Naciones Unidas deben reformarse, pero no pueden ser reemplazadas. Deben seguir siendo la piedra angular del sistema multilateral: el único foro con legitimidad universal y con la capacidad de sostener una cooperación multilateral eficaz”, ha destacado Costa.

Frente a las inexistentes críticas a la política exterior de Estados Unidos por parte de Von der Leyen, Costa ha recordado que “la respuesta firme y eficaz de la Unión Europea ante las amenazas de Estados Unidos contra Groenlandia sirve como ejemplo de cómo nuestra unidad fortalece nuestra posición global. Reconozco que a veces puede ser un desafío alcanzar una posición unida y oportuna”.

El presidente del Consejo Europeo ha tenido incluso palabras de elogio para Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia de la UE, que fue ignorada y marginada por Von der Leyen, y a la que Costa le otorga el papel para que fue designada, la voz en el exterior de la UE: También me gustaría felicitarte, querida Kaja Kallas, por tu estrecha cooperación con el Consejo Europeo, junto con la Comisión Europea, en la promoción de los intereses de la Unión Europea en todo el mundo. Es fundamental que la Unión Europea hable con una sola voz para defender sus valores y sus intereses“.

El tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur acaba de quedar paralizado en el Parlamento Europeo, tras más de veinte años de negociaciones y una aprobación muy difícil entre los Estados miembros. El episodio ha llamado la atención porque la votación no ha seguido las líneas ideológicas habituales: la mayoría de populares y socialdemócratas se han opuesto a frenar el acuerdo, mientras que casi toda la izquierda y también la extrema derecha han votado a favor de la paralización. A primera vista, la escena resulta confusa. ¿Cómo es posible que fuerzas políticas tan distintas coincidan en el rechazo? ¿Y por qué los grandes partidos europeos lo defienden con tanto empeño? 

Para entenderlo conviene empezar por situar el acuerdo. Firmado en 2019, el tratado UE-Mercosur es el mayor acuerdo comercial jamás alcanzado por la Unión Europea, tanto por población afectada como por volumen de comercio y reducción de aranceles. Forma parte de la familia de los acuerdos de libre comercio: pactos que buscan eliminar barreras al intercambio comercial y exponer a la competencia internacional sectores que hasta ahora estaban relativamente protegidos. Y todo ello en un momento especialmente delicado, en el que Estados Unidos ha girado hacia el proteccionismo y el uso explícito del poder económico. 

El problema es que un acuerdo de este tipo no puede evaluarse con un simple “a favor” o “en contra”, y mucho menos afirmar que tal conclusión se deriva de una valoración aséptica e incuestionable. Un acuerdo de libre comercio tiene efectos distintos según el sector, el país y el grupo social, por lo que no puede existir una valoración que sea compartida por todos. Dicho de otro modo: cualquier acuerdo de libre comercio genera ganadores y perdedores, lo que explica tanto la división política como la intensidad del debate. 

El enfoque económico: quién gana y quién pierde 

Desde el punto de vista económico, los acuerdos de libre comercio se basan en una idea sencilla: al abrir los mercados, las empresas más competitivas ganan terreno, los productos se abaratan y, en conjunto, la economía crece. Aunque haya pérdidas en otras empresas, estas serían compensadas de sobra por las ganancias. Esta lógica se apoya en una tradición teórica asociada al principio de la “ventaja comparativa”, formulado a comienzos del siglo XIX por David Ricardo. Según este planteamiento, todos los países salen ganando si cada uno se especializa en aquello que produce con menor coste relativo y compra fuera lo que produce peor.

Desde el principio ese razonamiento fue abrazado tanto a izquierda (el movimiento cobdenita fue importante en el siglo XIX) como a derecha, y se convirtió en dominante en Occidente especialmente desde la década de los ochenta del siglo pasado —bajo la hegemonía de Estados Unidos—. Existen muchas críticas a este planteamiento que procede desarrollar aquí, pero incluso si aceptamos que el resultado agregado de un acuerdo de libre comercio puede ser positivo, el proceso de ajuste no es neutro: algunas actividades crecen y otras desaparecen; algunos territorios prosperan y otros se vacían; algunos trabajadores se benefician y otros pierden su empleo. Y ese ajuste es mucho más duro cuando los países que comercian entre sí son muy distintos. 

Eso es precisamente lo que ocurre entre la Unión Europea y Mercosur. Europa exporta relativamente más bienes industriales: vehículos, maquinaria, productos químicos. En España, por ejemplo, más del 10% de las exportaciones son de vehículos terminados y de sus componentes. En cambio, países como Brasil o Argentina concentran una parte muy elevada de sus exportaciones en productos agrarios: soja, carne, azúcar, maíz o aves de corral. Solo la soja supone más del 13% de las exportaciones de Brasil, y el azúcar el 4%. Para hacerse una idea del contraste, el principal producto agrario de exportación español —el porcino—representa alrededor del 1% del total. 

Esta diferencia es clave. La lógica del libre comercio empuja a reforzar las especializaciones existentes, como sugiere el modelo convencional de Hecksher-Ohlin que se estudia en las facultades y como también denuncian economistas críticos de tradiciones como la marxista o la estructuralista. Incluso los autores neomercantilistas (en los que se inspira Trump, por cierto) estarían de acuerdo en este punto, ya que los ideólogos de la industrialización estadounidense o alemana del siglo XIX defendían medidas proteccionistas con carácter temporal: eran partidarios de que, una vez alcanzada la industrialización, se liberalizaran los mercados.

El acuerdo UE-Mercosur tendería, por tanto, a consolidar a Europa como exportadora industrial y a Mercosur como exportador agrario. Los modelos económicos que han simulado los efectos del acuerdo apuntan justamente en esa dirección. En Mercosur, los sectores agrarios serían los principales ganadores, mientras que los industriales saldrían perdiendo. En la UE, ocurriría lo contrario. Sobre el saldo neto —si el acuerdo aumenta o no el PIB y el empleo— hay más debate: muchos estudios predicen ganancias modestas para Europa, mientras otros cuestionan que existan siquiera pequeños beneficios en el corto plazo. Y eso tiene una explicación en los tiempos de aplicación del acuerdo.

Los países de Mercosur son plenamente conscientes de este dilema, razón por la cual han logrado incorporar en el texto final del acuerdo medidas importantes para mitigar el coste sobre sus industrias. De hecho, se prevé que el 85% de los productos europeos estén expuestos al libre comercio desde el primer día, pero en el caso de los países del Mercosur ese porcentaje será solo del 6%. Esto significa que los costes en Europa serán inmediatos, pero los beneficios serán de medio y largo plazo. De particular importancia es lo que sucede en el sector del automóvil, que preocupa al capital industrial brasileño porque es menos competitivo. Por esa razón, actualmente tiene aranceles del 35% en automóviles terminados y 18% en partes de automóviles, y estos irán retirándose gradualmente y sólo serán eliminados del todo transcurridos 18 años. De ese modo Brasil gana tiempo también para reconvertir su industria automovilística y desarrollar la del vehículo eléctrico, aspecto que de conseguirse pondría también en duda las ganancias europeas en ese plazo más distendido.

Política y alianzas sociales 

Así, los impactos sobre el capital agrario, capital industrial, capital financiero y sobre los trabajadores de cada uno de los sectores (además en su doble condición de trabajadores y consumidores) será diferente. Por otra parte, no todos los grupos sociales tienen la misma influencia sobre la política del gobierno. Por eso, aunque los grandes partidos europeos se apoyan en los modelos macroeconómicos que sugieren beneficios agregados para defender el tratado, la oposición no es irracional ni ideológica en abstracto: responde a intereses materiales muy concretos y a una visión diferente del comercio internacional. 

A finales de los ochenta el economista Ronald Rogowski desarrolló una teoría según la cual era posible predecir el tipo de alianzas políticas que tendrían lugar ante un escenario de acuerdo de libre comercio. Por ejemplo, en los países abundantes en capital (como España) tanto el capital como el trabajo se alinearían a favor del libre comercio, mientras que el sector agrario apoyaría el proteccionismo. Por el contrario, en los países abundantes en tierra (como Brasil o Argentina), los intereses agrarios serían defensores del libre comercio mientras que el trabajo se alinearía con el proteccionismo, quedando el capital dependiendo de su integración por sectores. Este modelo predice bastante bien lo que sucede en la mayoría de los casos, y ayuda a entender por qué el rechazo al acuerdo no sigue el eje clásico izquierda-derecha.

En Europa, el sector agrario —especialmente fuerte y bien organizado en países como Francia— ve el tratado como una amenaza directa. De ahí que haya gobiernos que hayan acabado alineándose con los agricultores para oponerse al acuerdo; el coste de no hacerlo podría ser inasumible desde el punto de vista electoral: pocos gobiernos son capaces de sobrevivir a una huelga continuada de tractores. En España, la extrema derecha también se ha lanzado a defender los intereses del sector agrario —porque construye su relato a partir de la caricatura que combina tradicionalismo y “mundo rural” frente a la izquierda-woke—. De hecho, esta presión por parte de la extrema derecha ha obligado a reaccionar a Díaz Ayuso, que se ha desmarcado del débil apoyo del PP nacional al acuerdo. En Mercosur, la situación es prácticamente inversa: los grandes intereses agrarios presionan a favor del acuerdo, mientras que sindicatos y sectores industriales lo miran con recelo. 

El enfoque geopolítico: autonomía o ilusión 

Más allá de la economía, el tratado tiene una clara dimensión geopolítica. En un contexto de creciente rivalidad entre grandes potencias y de enorme debilidad del vínculo transatlántico, la UE busca reforzar relaciones con América Latina —un continente disputado tanto por Estados Unidos como por China—. Desde este punto de vista, el acuerdo con Mercosur aparece correctamente como una oportunidad estratégica para una reubicación de la Unión Europea en la división internacional del trabajo. Algunos analistas de izquierdas le otorgan a este enfoque incluso más peso que al económico, lo que conduce a que defiendan su aprobación y despliegue inmediato.

Sin embargo, esta lectura enfrenta también límites notables. Por un lado, Argentina está hoy gobernada por un presidente alineado con Donald Trump, mientras que el futuro político de Brasil es incierto (Lula ganó por un estrecho margen en la última ocasión). Por otro lado, Brasil está desde hace años desplegando una estrategia comercial claramente orientada a su autonomía económica, lo que en gran medida le acerca a China (que absorbe ya cerca del 30% de sus exportaciones frente a un 10% destinado a Estados Unidos). No hay garantía de que el acuerdo refuerce la autonomía estratégica europea o que asegure un alineamiento político duradero. 

Esto último tiene una concreción en la política referida a los llamados minerales críticos y a otros recursos naturales. La Unión Europea ha logrado incorporar en el acuerdo ciertas previsiones que facilitan la compra de estos recursos (por ejemplo, prohibiendo aranceles o restricciones a la exportación). Hay que tener presente que Brasil es el primer país del mundo en la extracción y procesamiento de niobio (por encima del 90% en cuota global), el segundo en extracción de tántalo y hierro, o en fabricación de acero, y el tercero en extracción de vermiculita, talco, magnesita, grafito y refinamiento de aluminio. Argentina no es tan destacado, pero es el cuarto país del mundo en la explotación de litio, tan fundamental para las baterías de los vehículos eléctricos. 

Para la UE el abastecimiento de estos recursos es fundamental, ya que la interrupción de estos suministros pondría en serios problemas a las industrias y economías fuertemente dependientes de ellos. Sin embargo, la capacidad de inversión y financiación de las empresas chinas sigue siendo muy superior, de modo que las cadenas de valor seguirán lejos del control del capital europeo. Un aspecto fundamental que necesita la UE es política industrial, pero hacerlo en serio implicaría hablar de planificación, financiación y gestión pública.

Esta fotografía avala que la Unión Europea es actualmente más un miembro de la periferia internacional que del centro. La relación con el resto del mundo debería construirse a partir de esa premisa. Pero surge la pregunta de si la Unión Europea está preparada para mantener relaciones de igualdad con el Sur Global. 

El enfoque ecológico: el gran punto ciego 

Desde su firma en 2019, el acuerdo ha tenido que ser revisado y ampliado a causa de las críticas procedentes de países europeos que demandaban más atención a la cuestión ecológica y climática. Por ejemplo, se ha añadido una mención explícita al cumplimiento de los Acuerdos de París de 2015. Sin embargo, en el texto final estas nuevas disposiciones son débiles, carecen de mecanismos de control y sanción efectivos y no alteran la lógica de fondo que colisiona con los principios de la sostenibilidad. 

La mayoría de los modelos predicen unos incrementos moderados de las emisiones de dióxido de carbono, fundamentalmente debido a las ganancias de eficiencia que se esperan por la especialización. Sin embargo, los modelos no incorporan las emisiones provocadas por el transporte, que en este caso es un coste muy importante. Además, la especialización agraria de Mercosur supondría previsiblemente una expansión de la frontera agrícola, con riesgos evidentes de deforestación (algunos estudios hablan de un rango de 50.000 - 170.000 hectáreas). Estos cambios en el uso de la tierra no sólo implican pérdida de biodiversidad y otros impactos ecológicos, sino que afectan a la emisión de gases de efecto invernadero. La UE lleva años intentando asegurar que sus importaciones no procedan de zonas deforestadas, pero el acuerdo con Mercosur no puede garantizarlo de forma creíble. 

A esto se suma una cuestión cada vez más relevante: la seguridad alimentaria. En un contexto de crisis climática, energética y geopolítica, reforzar la dependencia de importaciones agrarias lejanas resulta, como mínimo, discutible. Desde una perspectiva ecosocial, externalizar la producción de alimentos básicos hacia cadenas globales intensivas en combustibles fósiles y vulnerables a tensiones políticas es una estrategia arriesgada. 

Conclusiones

La Unión Europea tiene que encontrar su lugar en el mundo, pero difícilmente lo hará firmando acuerdos diseñados para una realidad que ya no existe. Antes de negociar con el Sur Global, necesita resolver sus propias fragilidades: cohesión interna, finanzas comunes (comenzando con eurobonos) y una política industrial que planifique la transición ecológica en serio. Solo entonces podrá construir relaciones comerciales que no reproduzcan las asimetrías del pasado, ni hacia dentro ni hacia fuera.

“Que veinte años no es nada” apuntaba el tango 'Volver' de Carlos Gardel. Aunque en el caso del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) han tenido que pasar 26 años de negociaciones para que finalmente tenga lugar su firma este 17 de enero en Asunción, capital de Paraguay. A pesar de la euforia de los mandatarios europeos y latinoamericanos por la ratificación del tratado, aún puede ser torpedeado en el Parlamento Europeo, dónde países como Francia o los agricultores europeos y las asociaciones ecologistas están echando el resto para tratar de tumbar su aprobación, que se votará el próximo miércoles en la Eurocámara.

En el acto de la firma han participado los presidentes de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y del Consejo Europeo, António Costa, además de los principales mandatarios de Paraguay, Santiago Peña; de Uruguay, Yamandú Orsi; y Argentina, Javier Milei. También estuvieron presentes los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y Bolivia, Rodrigo Paz. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, no estuvo presente en este acto, y le sustituyó el ministro brasileño de Exteriores, Mauro Vieira.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha puesto como ejemplo al poeta paraguayo Augusto Roa Bastos como ejemplo de “personas que cruzaron el océano, amaron nuestros dos continentes y los hicieron más fuertes. Los lazos entre Mercosur y Europa son profundos. Compartimos cultura, valores y un camino similar de integración regional. Hoy, hemos construido con una asociación que refleja la verdadera amplitud y profundidad de nuestras relaciones. Estamos convirtiendo nuestra amistad en una mayor fortaleza, tanto para Mercosur como para Europa”.

Ante la situación de inestabilidad e incertidumbre creada por las políticas exterior y comercial de Donald Trump, Bruselas quiere mandar “un fuerte mensaje geopolítico, demostrando el compromiso compartido de la UE y Mercosur con el multilateralismo y el orden internacional basado en reglas. En un momento de incertidumbre global y creciente fragmentación, este acuerdo subraya el valor de la cooperación, el diálogo y las asociaciones internacionales. El acuerdo presenta oportunidades significativas para el beneficio mutuo a través del fortalecimiento de la cooperación económica, geopolítica, de sostenibilidad y de seguridad”.

El presidente de Paraguay ha calificado el acuerdo como “histórico, largamente esperados por nuestros pueblos”, gracias que ha “triunfado el lenguaje común”. “Es una jornada que marca un hito al unir dos de las regiones y mercados más importantes del mundo, Europa y Sudamérica. Bienvenidos sean entonces a esta cuna de la integración para presenciar un hecho sin dudas histórico la firma de un acuerdo que demuestra que el camino del diálogo, la cooperación y la fraternidad es el único camino”, ha recalcado. Peña ha tenido unas palabras de especial reconocimiento para el presidente Lula, que no estaba en el acto, y para la presidenta de la Comisión Europea por sus papeles en la consecución del tratado.

Von der Leyen, ha resaltado: “Hoy, dos regiones afines abren un nuevo capítulo de oportunidades para más de 700 millones de ciudadanos. Esta asociación beneficia a ambas partes, tanto económica como diplomática y geopolíticamente. Nuestras empresas verán crecer sus exportaciones, aumentarán su crecimiento y los empleos. Nos apoyaremos mutuamente en nuestras transiciones ecológicas y digital. Nuestra señal al resto del mundo es clara: la UE y Mercosur están eligiendo la cooperación sobre la competencia y la asociación sobre la polarización”.

La Comisión Europea asegura que el Tratado comercial “creará una de las zonas comerciales más grandes del mundo” y “ofrecerá nuevas oportunidades comerciales” con un crecimiento “del 39% de las exportaciones anuales a Mercosur, con un valor de aproximadamente 49.000 millones de euros. Aquí tienes las claves del tratado comercial.

Milei aplaude a Trump y a Meloni

Solo se salió de los discursos sobre el acuerdo, el presidente de Argentina, que fuera de todo protocolo, ha señalado: “Valoramos la decisión y la determinación demostradas por el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, y por todo su gobierno en las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del narcoterrorista dictador Nicolás Maduro”. También alabó a la presidenta de Italia, “a quién tengo el gusto de llamar mi amiga Giorgia Meloni. Su compromiso y apoyo fueron determinantes para que este acuerdo pueda concretarse”.

Durante el evento de firma del acuerdo comercial, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha concretado el chantaje anunciado a los países europeos que se oponen a la anexión de Groenlandia, territorio dependiente de Dinamarca, país miembro de la OTAN. Trump ha anunciado la imposición de nuevos aranceles a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia por defender a Groenlandia de sus obsesiones expansionistas.

Precisamente, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha destacado en su discurso en Asunción que “este acuerdo es una apuesta decidida por la apertura, el intercambio y la cooperación, frente al aislacionismo, el unilateralismo y al uso del comercio como arma geopolítica. Por eso, puede que este acuerdo llegue tarde, pero llega en el momento más oportuno”.

El presidente argentino también ha hecho un llamamiento para que el acuerdo comercial no sufra cambios en su camino parlamentario en cada bloque. “Quiero insistir con algo es fundamental que en la etapa de implementación se preserve el espíritu de lo negociado, la incorporación de mecanismos que restrinjan ese acceso, como cuotas salvaguardas o medidas de efecto equivalente, reducirá significativamente el impacto económico del acuerdo y atentará contra el objetivo esencial del mismo. Tenemos que velar en nuestros parlamentos porque esto no ocurra”, ha destacado.

A la espera de la votación en el Parlamento Europeo

Es un acuerdo comercial que lleva arrastrando años de polémicas y confrontaciones. De hecho, todavía hay una última oportunidad para sus detractores en el Parlamento Europeo, que votará en el pleno del próximo miércoles su aprobación. Tanto las organizaciones agrarias europeas como las asociaciones ecologistas o países como Francia están tratado de conseguir una mayoría entre los eurodiputados para intentar frenar su puesta en marcha. Todo ello, pese a las salvaguardias y las concesiones que ha hecho Bruselas para que los países de la UE respalden por mayoría el acuerdo comercial.

“Este acuerdo ha estado en proceso durante 25 años. Muchas manos han trabajado incansablemente. Ha sobrevivido a cambios de gobierno y a muchas reuniones. Y todos sabemos que se necesitó un último empujón, hasta el último momento, para reunirnos aquí. Estamos creando la mayor zona de libre comercio del mundo, un mercado que representa casi el 20% del PIB global. Ofreciendo oportunidades inimaginables para nuestros 700 millones de ciudadanos”, ha destacado Von der Leyen.

Lo que se ha firmado este sábado en la capital paraguaya entre la UE y Mercosur es un pacto de Asociación conocido con las siglas EMPA (EU-Mercosur Partnership Agreement), que buscar fortalecer la cooperación en áreas que van desde el desarrollo sostenible, la acción por el clima a la lucha contra el terrorismo o el mantenimiento de la paz y la gestión de políticas migratorias. Dentro de este gran acuerdo está el Acuerdo de Comercio Interino.

Tras esta ratificación, la EMPA tiene que ser aprobado por todos los Estados miembros de la UE. Al mismo tiempo, el Acuerdo de Comercio Interino seguirá un proceso de ratificación exclusivo de la UE: la necesaria aprobación del Parlamento Europeo y la adopción por parte del Consejo, tras lo cual entrará en vigor.

Planas: “No hay razones para oponerse al acuerdo”

En España, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido el acuerdo comercial como una “oportunidad histórica” para los productores españoles. Planas ha restado fundamento a las reticencias expresadas por parte del sector agrario y a las movilizaciones registradas contra el pacto.

“Hemos establecido que los productos de Mercosur, como los provenientes de cualquier país tercero, tienen que cumplir necesariamente todas las condiciones de Seguridad alimentaria de la UE; hemos establecido unos contingentes para los productos más sensibles que no exceden el 1% o el 2% del consumo de la UE. También hemos establecido unas cláusulas de salvaguardia extraordinarias”, ha explicado el ministro, para posteriormente argumentar que, aunque comprende las preocupaciones, “objetivamente no hay razones para oponerse al acuerdo”.

Planas ha señalado especialmente las cláusulas de salvaguardia del acuerdo, que ha calificado de “absolutamente extraordinarias”. El ministro ha insistido en que estas medidas no tienen precedentes en otros tratados comerciales y permiten actuar “de forma inmediata” ante desviaciones de apenas un 5% en volúmenes o precios, a petición de un solo Estado miembro.

El ministro ha anunciado que se reunirá la semana que viene con las organizaciones agrarias, cooperativas y comunidades autónomas para hablar de la Política Agraria Común (PAC). Planas ha subrayado el rechazo del Gobierno a la propuesta inicial de la Comisión Europea.

La Unión Europea responde a Donald Trump. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha afirmado este lunes que la UE no va a aceptar ninguna “amenaza de interferencia en la vida política europea”, después de que Estados Unidos haya publicado su nueva estrategia de seguridad, en la que critica duramente la política migratoria de los países de la Unión. “Veo a mucha gente intentando hacer de menos a Europa. ¿Por qué? Porque la UE es fuerte. Y estamos trabajando para fortalecerla aún más”, ha dicho este lunes.

“Si somos aliados, debemos actuar como aliados, y los aliados no amenazan con interferir en la vida política interna de sus aliados, la respetan; no podemos aceptar esta amenaza de interferencia en la vida política de Europa”, ha subrayado el presidente del Consejo en la conferencia anual del Instituto Jacques Delors, en París.

En la nueva estrategia de seguridad estadounidense, publicada el pasado viernes, el gobierno de Trump hablaba sobre el posible “fin de la civilización europea” en las próximas dos décadas debido a “las políticas migratorias, la censura de la libertad de expresión, el desplome de las tasas de natalidad y la pérdida de identidades nacionales y de confianza en sí mismos”. Trump tiene como objetivo alimentar y apoyar a los partidos “patrióticos” de Europa, como él los llama, en referencia a todas las formaciones de ultraderecha y euroescépticas.

El documento, según recoge la agencia EFE, pone en duda la capacidad de los países europeos para continuar como “aliados fiables” si no poseen economías y ejércitos “lo suficientemente fuertes”, además de que critica sus barreras burocráticas “asfixiantes”.

Costa ha admitido “diferencias” en la relación entre Estados Unidos y Europa, y ha reconocido que “las alianzas forjadas tras la Segunda Guerra Mundial han cambiado”, porque que Bruselas y Washington ya “no comparten la misma visión del orden internacional”.

“Nosotros seguimos siendo defensores del multilateralismo, creemos en un orden basado en reglas, creemos en la ciencia, en la libertad científica y no ignoramos desafíos globales como el cambio climático. Estados Unidos ya no cree en el multilateralismo ni en un orden basado en reglas, y afirman que el cambio climático es una mentira. Tenemos diferencias en nuestra visión del mundo”, ha dicho el portugués.

Costa opina que “es natural” que europeos y estadounidenses “no compartan” las mismas opiniones sobre ciertos asuntos, pero considera que “la interferencia en la vida política europea” es inaceptable para el bloque comunitario. Aun así, valora positivamente que la estrategia estadounidense “siga refiriéndose a Europa como aliado” y subraya que Estados Unidos sigue siendo un aliado “importante” y un “socio económico esencial” para Europa.

En cuanto a la seguridad y defensa, el presidente del Consejo defiende que “en 2027, los europeos deben asumir el liderazgo de la OTAN”, ahora en manos de Estados Unidos, porque “si queremos ser fuertes en el escenario internacional, debemos ser fuertes internamente”. Ha reivindicado la posición de la Unión Europea en el escenario internacional e incidió en que “el mundo no solo está compuesto por EEUU y China”, sino que es “multipolar y diverso”, en referencia a países de África, América Latina y el Caribe, y Asia.

“No vamos a existir en el escenario internacional sin poder comercial. Tenemos que interactuar con todos los países, a lo largo y ancho del mundo. Si no lo hacemos, nos quedaremos solos”, ha concluido.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha denunciado un ataque “deliberado” de Rusia contra la delegación de la Unión Europea en la capital ucraniana, que ha sufrido daños, mientras que al menos 23 civiles, entre ellos un niño de dos años, han muerto en Kiev como resultado de los impactos de cientos de misiles y drones rusos durante la noche.

Casi 24 horas después del ataque, los trabajos de rescate seguían en curso. Según los datos ofrecidos por el jefe de la administración militar en Kiev, Tymur Tkachenko, al menos 23 personas murieron en la capital ucraniana por los ataques rusos, tal y como recoge Reuters.

“La UE no será intimidada. La agresión rusa sólo refuerza nuestra resolución por estar del lado de Ucrania y su gente”, ha afirmado Costa en la red social X, en la que ha compartido una imagen de los daños causados en la delegación europea por el ataque ruso. Costa también ha mostrado su solidaridad con las víctimas ucranianas y con el personal de la delegación europea.

También en sus redes sociales, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado que todo el personal de la delegación está a salvo y ha instado al Kremlin a detener sus ataques indiscriminados y a participar en las negociaciones para una paz justa y duradera.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha informado en X de que los ataques rusos causaron al menos 17 muertos, incluidos cuatro niños. “Un asesinato horrible y deliberado de civiles”, ha denunciado.

Las labores de rescate continúan y el saldo de víctimas ha ido aumentando desde primera hora de la mañana. Entre los muertos hay cuatro menores, de entre 2 y 17 años, según el jefe de la administración militar de la ciudad de Kiev, Timur Tkachenko. Pasadas las 18.00 horas, el alcalde de la capital, Vitali Klitschko, confirmaba que el número de fallecidos ascendía a 19, una cifra que luego ha seguido subiendo.

Según la agencia de noticias Associated Press, es uno de los mayores ataques aéreos rusos contra Kiev. La Fuerza Aérea ucraniana ha informado de que Rusia lanzó un total de 598 drones y 31 misiles –entre ellos, misiles de crucero Kh-101, misiles balísticos Iskander-M y misiles cuasi-balísticos Kinzhal– contra territorio ucraniano.

“Los rusos no optan por poner fin a la guerra, sino por nuevos ataques. Durante la noche, en Kiev, decenas de edificios resultaron dañados: viviendas, oficinas y empresas civiles. Entre ellos, el edificio donde se encuentra la Delegación de la Unión Europea en Ucrania”, ha lamentado Zelenski.

Los ataques de esta noche dañaron edificios de viviendas en varios distritos de la capital, además de un centro comercial y una guardería, así como en las oficinas del periódico Ukrainska Pravda, según la Agencia EFE.

En una publicación anterior, el mandatario ha afirmado que “Rusia elige los [misiles] balísticos en vez de la mesa de negociación. Elige seguir matando en lugar de poner fin a la guerra”.

También ha pedido al mundo que “responda con firmeza”. “Rusia debe detener esta guerra que inició y continúa. Debido al incumplimiento del alto el fuego y a los constantes intentos rusos de evadir las negociaciones, se necesitan nuevas sanciones severas. Solo esto puede funcionar”, ha escrito Zelenski.

“Los rusos solo entienden de fuerza y presión. Por cada ataque, Moscú debe sufrir las consecuencias”, ha remachado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado el ataque ruso, que se trata de “una nueva violación flagrante del derecho internacional”: “Cada agresión de Rusia en esta guerra injusta es un nuevo golpe contra la paz”. “Toda mi solidaridad con el personal de la Delegación de la UE en Kyiv, las víctimas y el pueblo ucraniano”, ha añadido en su perfil de X.

También en el Ejecutivo español, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha condenado el ataque: “Una noche más, Rusia responde a los esfuerzos de paz con ataques contra infraestructuras civiles y sedes diplomáticas en Ucrania”.

La alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, también ha denunciado el ataque y ha afirmado que “muestra una decisión deliberada de intensificar la tensión y burlarse de los esfuerzos de paz”. “Rusia debe detener las matanzas y negociar”, ha dicho Kallas.

Por su parte, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschkó, ha dicho en declaraciones citadas por la agencia Ukrinform que aproximadamente 50 personas han sido heridas, de las que 40 han sido hospitalizadas para recibir tratamiento.

Por otro lado, el ministro del Interior, Igor Klimenko, ha advertido de que hay informaciones sobre siete desaparecidos en un bloque de apartamentos en el distrito de Darnitski, por lo que el número de muertos podría ascender.

Kiev no fue el único blanco de los ataques rusos de la noche del miércoles al jueves. En la región central de Vínitsia, las autoridades informaron de un impacto contra unas instalaciones energéticas, el cual dejó temporalmente sin luz a 60.000 usuarios en 29 localidades.

Mientras, el Ministerio de Defensa ruso ha dicho que interceptó más de un centenar de drones ucranianos durante la noche, principalmente en el suroeste del país.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, donará los 150.000 euros de un premio que le ha otorgado la UNESCO por su promoción de la paz a la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR). La decisión se produce en un momento en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en cuestión la actividad de algunas de esas agencias y suspendió la aportación de fondos.

Ante ese desafío, el montante donado por Costa es absolutamente insuficiente, pero tiene un enorme valor simbólico por parte del presidente del Consejo Europeo, que ha recibido el premio este jueves, aunque fue galardonado con el mismo en octubre de 2024, antes de tomar posesión de su puesto como representante de los 27.

Costa ha elegido a Acnur “por su labor para garantizar la vida, la dignidad, la seguridad y los derechos fundamentales de millones de desplazados y refugiados en todo el mundo”. “La misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados es garantizar, en nombre de la comunidad internacional, la protección de los más vulnerables entre los vulnerables. Aquellos que se ven obligados a marcharse a causa de la guerra, las violaciones de los derechos humanos o las catástrofes naturales. Aquellos que han perdido la protección de su Estado, o que son víctimas de persecución por parte de su patria”, ha recordado en el discurso.

ACNUR se vio obligada a llevar a cabo recortes en sus actividades después de que la Administración de Donald Trump decidiera suspender los fondos a algunas organizaciones internacionales. De esa agencia depende la asistencia vital de 122 millones de personas forzosamente desplazadas de sus hogares en 136 países. Según un portavoz del Consejo Europeo, la organización les ha trasladado que destinará ese dinero a programas de educación en Sudán.

En su discurso, Costa ha reconocido que el premio llega en un momento en el que el mundo enfrenta una “triple crisis” y ha hecho un alegato en favor del multilateralismo cuando está en riesgo. “Creo en el multilateralismo. Creo en la solidaridad. Creo que todos los niños tienen derecho a un planeta habitable. A un medio ambiente preservado y protegido. A un futuro en paz y libertad. A expresarse libremente. A la educación universal como base de nuestro entendimiento mutuo. A un mundo libre de conflictos, guerras y agresiones”, ha defendido.

Y a los conflictos que recorren el mundo se ha referido desde Sudán hasta el Congo. “La gran amenaza para la paz reside en la imposición de identidades divididas sobre la identidad universal de los seres humanos. Es inaceptable que las fronteras se redibujen por la fuerza de las armas, como en Ucrania. Necesitamos una paz justa y duradera en Ucrania”, ha señalado.

“Es inaceptable que se violen los derechos humanos a diario, como en Gaza. Debemos poner fin a este desastre humanitario y trabajar para aplicar la solución de dos Estados para Oriente Medio”, ha dicho dando por hecho que se vulneran los derechos humanos y, por tanto, se viola el acuerdo de asociación de la UE e Israel, cuya revisión se va a poner en marcha porque lo han pedido una mayoría de países europeos, aunque no dan los números para suspenderlo, aunque sea de forma parcial.

Costa es una de las voces más firmes contra los desmanes de Benjamin Netanyahu en Gaza, aunque mantiene un perfil bajo por su posición como representante de los 27, que tienen profundas divisiones sobre el conflicto en Oriente Medio por la equidistancia de muchos países, como Alemania o Austria, hacia Israel.

La Unión Europea eleva el reconocimiento diplomático de Palestina. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, incluyó a la representante de Palestina, Amal Jadou, en la ceremonia de entrega de las credenciales de los nuevos embajadores ante la UE que se celebró en Bruselas este martes, a pocos metros de la sala en la que una mayoría de ministros de Exteriores emplazaba a la Comisión Europea a iniciar los trámites para revisar el acuerdo comercial con Israel.

La presencia de Amal Jadou en el acto con otra decena de diplomáticos es novedosa ya que históricamente el delegado de Palestina ante la UE entregaba su documentación al jefe de protocolo del Servicio de Acción Exterior sin ningún tipo de ceremonial más allá del proceso administrativo. Es decir, Palestina, al no ser reconocido como un estado por buena parte de los estados miembros (sólo lo hacen once de 27), quedaba relegado también en el plano diplomático.

En esta ocasión, Jadou participó en el acto de máximo nivel, con presencia de Costa y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Ella entregó su denominada “carta de misión” mientras que los embajadores de Andorra, Sao Tomé-et-Principe, Egipto, Guayana, Etiopía, Cuba, Lesotho, Australia, Papua Nueva Guinea, Panamá y Colombia presentaron sus cartas de credenciales.

La decisión de Costa tiene un importante valor simbólico y político en un momento en el que la UE se estaba quedando sin una voz fuerte para denunciar los desmanes de Israel en Gaza. De hecho, el socialista portugués tuvo que negociar con Von der Leyen la inclusión de la delegada Palestina. Pese a su perfil institucional, como representante de los 27, Costa elevó el tono contra la masacre en Gaza antes mientras que la alemana ha arrastrado los pies todo este tiempo representando el doble rasero hacia Israel.

“Israel debe parar ya”, dijo el presidente del Consejo Europeo en una rueda de prensa en Londres el lunes, cuando Europa empezaba a elevar el tono contra Benjamin Netanyahu por el asedio total a la Franja de Gaza. En esa misma comparecencia, Von der Leyen evitó mencionar a Israel, aunque dijo que la situación es “inaceptable”: “El bloqueo debe levantarse ya. La ayuda humanitaria nunca debe ser politizada”. Después apeló a un alto el fuego y la liberación de los rehenes así como a la “única solución” viable la de los dos estados.

Ahora Von der Leyen tendrá que encargar un informe sobre la vulneración de los derechos humanos en Gaza, que es el primer paso de la revisión del acuerdo comercial que han pedido 17 estados miembros. Se trata igualmente de una decisión simbólica y no se espera la ruptura, ni siquiera parcial, con Israel, que requeriría de una mayoría cualificada en el Consejo de la UE, donde están representados los estados miembros, que ahora mismo no existe.

Bruselas está trabajando en una cumbre de la Unión Europea y China. Así lo confirmó este jueves el portavoz de Comercio, Olof Gill. La intención es que los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, Ursula von der Leyen y António Costa, viajen a Pekín la segunda quincena de julio para reunirse con Xi Jinping.

Los planes se producen al mismo tiempo que ha habido una rebaja del tono de Bruselas hacia China coincidiendo con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca tras años de compleja relación con el que la UE define como un  “socio, competidor y rival sistémico”. En la Comisión Europea atribuyen a cuestiones “logísticas” que la cumbre se celebre en Pekín, a pesar de que la última tuvo lugar allí y ahora tocaría en Bruselas.

En su discurso en el elitista Foro de Davos, Von der Leyen ya manifestó esa distensión hacia el gigante asiático. “Creo que debemos colaborar constructivamente con China para encontrar soluciones que redunden en nuestro interés mutuo”, afirmó la alemana, que apuntó a que se aprovecharía el 50º aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos bloques, “para entablar y profundizar” las relaciones e incluso “para ampliar los vínculos comerciales y de inversión”. “Ha llegado el momento de mantener una relación más equilibrada con China, en un espíritu de equidad y reciprocidad”, agregó.

Esas palabras llegaron tras dos años de escalada de la tensión con el gigante asiático en buena medida por su alineamiento con Vladímir Putin en la guerra de Ucrania y el daño comercial provocado por los subsidios de Pekín a las industrias en China.

En un viaje a China, invitada por Emmanuel Macron en abril de 2023, Von der Leyen aprovechó para quejarse ante Xi Jinping de los “desequilibrios” comerciales y para pedirle que usara su “influencia” para poner fin a la invasión de Ucrania. En aquel momento la UE estaba intentando reducir desvincularse de China al poner en marcha una serie de propuestas legislativas para reducir su dependencia en sectores estratégicos como las materias primas. Después llegó la investigación por competencia desleal en los vehículos eléctricos y la imposición de aranceles extraordinarios de hasta el 35%.

En esa nueva etapa que se ha abierto y que coincide con la guerra comercial desatada por Trump, Bruselas y Pekín están estudiando precisamente establecer precios mínimos a los vehículos eléctricos que se fabrican en China en vez de los aranceles que entraron en vigor en octubre de 2024. La posibilidad de introducir precios mínimos a los vehículos eléctricos procedentes de China no es nueva. Ya durante las negociaciones infructuosas antes de la imposición de aranceles planeó y en Bruselas eran partidarios de esa solución. Según el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, los precios mínimos tendrían la misma efectividad que los aranceles.

La UE está intentando diversificar lo máximo posible sus relaciones con otras potencias como parte de la estrategia ante la guerra comercial de Trump. “Nos centraremos como un rayo láser en el 87% del comercio mundial que va más allá de EEUU, lo que supone enormes oportunidades”, dijo este lunes Von der Leyen.

En ese 87% se incluye a China, un país al que la UE se ha visto obligada a mirar ante el nuevo escenario. Von der Leyen habló precisamente el martes con el primer ministro, Li Qiang, con motivo del 50º aniversario de las relaciones diplomáticas. Pero la llamada coincidió con la escalada de la guerra comercial. “Ambos líderes discutieron la creación de un mecanismo para hacer un seguimiento de la posible desviación del comercio y garantizar que se aborda debidamente cualquier novedad”, señaló el gobierno comunitario en un comunicado. Una de las preocupaciones de la UE ante la escalada de la guerra comercial entre Pekín y Washington es que los productos chinos inunden el mercado comunitario al no encontrar demanda en EEUU por la subida de precios.

Pedro Sánchez es uno de los líderes que ha encabezado esa nueva relación con el gigante asiático con su tercera visita en tres años. Hay muchos intereses en juego y España pretende ampliar un mercado en el que tiene un importante déficit comercial. “España es un país profundamente europeísta que ve a China como socio de la Unión Europea”, ha dicho ante Xi Jinping.

Bruselas, no obstante, hace equilibrios para no enfadar a Trump por esa relación con China, con quien mantiene la espiral arancelaria tras haber pausado los aranceles para un buen número de países, entre ellos la UE. Mientras tanto, a Pekín le interesa ese acercamiento al Viejo Continente y, aún más, ante el incremento de la tensión con Washington.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, lanzaron este jueves un mensaje conjunto al próximo presidente estadounidense, Donald Trump, en el que afirman que el bloque comunitario “siempre protegerá a sus ciudadanos y la integridad de sus democracias y libertades” tras las amenazas expansionistas del presidente electo de EEUU contra territorios como Groenlandia.

En un mensaje coordinado que publicaron ambos mandatarios a la vez en sus redes sociales, la alemana y el portugués destacan que Washington es “uno de los socios más cercanos” del club y mostraron su compromiso con “reforzar la unión transatlántica” y tener una relación “positiva” con el nuevo ejecutivo.

“Para la UE es esencial proteger y fortalecer nuestros valores democráticos fundamentales, hacer que nuestra economía sea más competitiva y sostenible, ampliar nuestra red global de asociaciones e invertir más en nuestra seguridad”, escribieron.

“La UE siempre protegerá a nuestros ciudadanos y la integridad de nuestras democracias y libertades”, añadieron, antes de mostrar su confianza en que mantendrán una “relación positiva” con la nueva administración estadounidense liderada por Trump que esté “basada en nuestros valores comunes e intereses compartidos”. “En un mundo difícil, Europa y Estados Unidos son más fuertes juntos”, subrayaron.

La publicación de este mensaje coordinado por parte de Von der Leyen y Costa coincide con la controversia que ha provocado el interés del nuevo inquilino de la Casa Blanca por adquirir Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca, sin descartar para ello la coerción económica, incluso militar.

“Se debe respetar la soberanía de los Estados”, declaró hoy a EFE la portavoz de Exteriores comunitaria, Anitta Hipper, que recordó que Dinamarca, un Estado miembro de la UE, y los Estados Unidos han sido “fuertes aliados durante décadas”. “Confiamos en que esto continuará”, subrayó.

En cuanto a la UE, Hipper manifestó que “trabajará en pos de una agenda transatlántica sólida con la próxima administración estadounidense”.

“La cooperación y el liderazgo compartido entre la UE y los EEUU son fundamentales para abordar los desafíos globales, incluida la amenaza que plantean Rusia, Corea del Norte e Irán”, dijo.

La portavoz señaló que Estados Unidos es el principal socio estratégico de la UE en la promoción de la paz y la estabilidad en todo el mundo y que los Veintisiete esperan que “esta sólida cooperación continúe”.

En esta misma línea se pronunciaron también tanto el canciller alemán, Olaf Scholz, como el Gobierno francés, que incluso calificó las pretensiones de Trump sobre la isla de Groenlandia como “una forma de imperialismo”, en palabras de un portavoz del Elíseo.

La última semana también ha estado dominada por el comportamiento del multimillonario Elon Musk, propietario de la red social X (antes Twitter) y aliado de Trump, en favor de candidatos de extrema derecha en la UE y en Reino Unido.

Este comportamiento ha provocado reacciones como la de presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien cargó contra el hecho de que la “internacional ultraderechista” liderada “por el hombre más rico del planeta”, en alusión Musk, ataque a las instituciones, azuze el odio y llame a apoyar en Alemania a los herederos del nazismo.

También el primer ministro en funciones de Bélgica, Alexander De Croo, pidió este jueves que la Comisión Europea intervenga ante el uso de las redes sociales por “hombres ricos y poderosos” para desestabilizar las democracias de la Unión Europea.

El nuevo presidente del Consejo Europeo, António Costa, comenzó este domingo su mandato con un viaje a Kiev para mostrar el apoyo “inquebrantable” de la Unión Europea a Ucrania, junto a la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y la comisaria europea para la Ampliación, Marta Kos. “Desde el primer día de la guerra, la UE ha estado del lado de Ucrania. Desde el primer día de nuestro mandato, reafirmamos nuestro apoyo inquebrantable al pueblo ucraniano”, dijo Costa en un mensaje en redes sociales al llegar a Kiev, donde se declaró “orgulloso” de estar junto a Kallas y Kos.

También Kallas consideró un “privilegio” estar en Kiev junto a Costa y Kos en su primera visita a la capital ucraniana como nueva jefa de la diplomacia europea.

“Mi mensaje es claro: la Unión Europea quiere que Ucrania gane esta guerra. Haremos lo que sea necesario para lograrlo”, afirmó la ex primera ministra estonia en otro mensaje en redes sociales.

El mensaje que los tres llevan a las autoridades de Kiev es “poderoso: Ucrania, puedes contar con el apoyo firme e inquebrantable de Europa en tu camino hacia la libertad, la paz y un futuro plenamente europeo”, añadió Kos, para quien es un “honor” iniciar su nueva misión en la capital ucraniana.

Esta visita de alto valor simbólico se produce el mismo día que comienza oficialmente el mandato de Costa como nuevo presidente del Consejo Europeo y se estrena también la nueva Comisión Europea del segundo mandato de Ursula von der Leyen.

“Todos anhelamos la paz. Especialmente el atribulado y heroico pueblo ucraniano. Pero la paz no puede significar la paz de un cementerio. La paz no puede significar capitulación. La paz no debe recompensar al agresor. La paz en Ucrania debe ser justa, duradera y basada en el derecho internacional”, dijo Costa en la ceremonia de traspaso de poderes con su antecesor, Charles Michel, el viernes pasado en Bruselas.

El socialdemócrata luso señaló entonces que “esta guerra se desarrolla en suelo europeo, pero están en juego los principios universales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas: el derecho de los pueblos a la autodeterminación, el derecho de las naciones a elegir su propio futuro y el respeto por la integridad territorial y las fronteras estatales”.

Por eso, dijo, “debemos escribir un nuevo capítulo de la Unión Europea como proyecto de paz. Volviéndonos más fuertes, más eficientes, más resilientes y más autónomos en materia de seguridad y defensa. Trabajando siempre por una sólida asociación transatlántica”.

Para Costa, la ampliación a los Balcanes Occidentales y a los países vecinos del Este, como Ucrania, es “una poderosa herramienta para la paz, la seguridad y la prosperidad, y un imperativo geopolítico”.

“Tanto la Unión Europea como los países candidatos deben trabajar más duro y más rápido, sin plazos artificiales, pero también sin obstáculos indebidos”, consideró el portugués.

Durante su audiencia en la Eurocámara el pasado 12 de noviembre, Kallas apuntó a las guerras en Ucrania y Oriente Medio como “prioridades urgentes” para su próximos cinco años al frente de la diplomacia europea y advirtió de las amenazas que suponen Rusia, China, Corea del Norte e Irán.

Al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no le han gustado los nuevos tapones de las botellas de plástico de un solo uso. Lo ha dejado patente en el Foro La Toja, que él mismo dirige desde que dejó el Gobierno, y ante una audiencia de altura: el expresidente Felipe González y el ex primer ministro portugués, António Costa, que acaba de ser propuesto como nuevo Presidente del Consejo Europeo por parte del grupo socialdemócrata.

En una intervención que provocó las risas de su antiguo homólogo portugués o los gestos de aprobación de su antecesor socialista, Rajoy dejó patente su disgusto frente a los nuevos tapones de plástico, ahora adheridos a las botellas, cuando criticaba que en la UE hay “demasiada regulación”.

“Hace un mes estaba con una botellita de estas y veía que no podía... no había manera de quitar esto. Empecé a beber... me puse hecho un circo... y dije: Oye, ¿pero estas botellas son todas...? Y ahora son todas así. Bueno, esta es una regulación de la Unión Europea. Yo creo que... dificulta mucho las cosas”, explicaba Rajoy ante las risas de parte del público asistente al Foro, que ha inaugurado el rey Felipe VI.

La normativa europea parte de una directiva aprobada en 2019 por el Parlamento Europeo y que entró en vigor en julio de este año y obliga a las comercializadoras a llevar el tapón adherido al envase en las botellas de plástico. La norma busca así reducir el uso de plástico evitando que estos tapones se pierdan y hacer más fácil su reciclaje. Precisamente España es uno de los países pioneros en este nuevo formato y, desde el año 2022, algunas marcas comenzaron a comercializar botellas de un solo uso con el tapón adherido.

Fumata blanca para el reparto poder de la UE tras las elecciones europeas de pasado 9 de junio. Los líderes europeos han avalado el acuerdo alcanzado por los negociadores populares, socialistas y liberales para los nuevos altos cargos (denominados top jobs en el argot comunitario), pero sin el apoyo de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Ursula von der Leyen aspira a un segundo mandato al frente de la Comisión Europea –para lo que aún le queda lograr el aval del Parlamento Europeo–, el exprimer ministro portugués, el socialista António Costa, presidirá el Consejo Europeo; y la primera ministra estonia, Kaja Kallas, sucederá a Josep Borrell al frente de la diplomacia europea.

La designación de Von der Leyen ha salido adelante con la abstención de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que tiene así margen de negociación para la composición de la futura Comisión Europea, en la que aspira a tener una cartera relevante e incluso con rango de vicepresidencia. Meloni gobierna, además, con Forza Italia, que forma parte del Partido Popular Europeo de Von der Leyen. El húngaro Viktor Orbán, sin embargo, ha votado en contra. En el caso de Costa y Kallas, Meloni se ha opuesto mientras que Orbán se ha abstenido en la designación de la estonia y ha avalado al portugués, con quien tiene buena relación. Los líderes de los restantes 25 estados miembros han secundado el paquete completo. La presidencia de la Eurocámara se la dividirán populares y socialistas. La popular maltesa Roberta Metsola asumirá la primera parte.

El acuerdo comenzó a cocinarse entre populares, socialistas y liberales hace un par de semanas al margen de los representantes de la extrema derecha y, cuando tuvieron la primera toma de contacto en una cena informal en Bruselas, hicieron explícito el aislamiento a la también a Meloni. La primera ministra italiana dejó claro su malestar entonces y en el Parlamento de su país la víspera de viajar de nuevo a Bruselas, a donde llegó con cara de pocos amigos este jueves.

“La propuesta formulada por el Partido Popular, los socialistas y los liberales para las nuevas cumbres europeas es errónea en el método y en el fondo. Decidí no apoyarlo por respeto a los ciudadanos y a las indicaciones que vinieron de esos ciudadanos durante las elecciones”, ha afirmado Meloni en la red social X (antes Twitter) tras la reunión del Consejo Europeo. Sin embargo, en declaraciones a los periodistas no ha descartado que los Fratelli d'Italia acaben votando a favor de Von der Leyen en el Parlamento Europeo.

El cortejo del PP europeo a Meloni

Meloni ha sido la gran protagonista de la cita, a la que la mayoría de líderes miraban y mimaban especialmente los jefes de Gobierno del Partido Popular Europeo a los que no cogió el teléfono cuando la llamaron para informarle del acuerdo que alcanzaron con socialistas y liberales para los altos cargos. “Nunca ha sido nuestra intención excluir u ofender a nadie”, se disculpó el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, que fue uno de los negociadores. “Personalmente siento un gran respeto por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Estoy seguro de que abordaremos todas estas cuestiones y preocupaciones en los debates que mantendremos”, señaló a su llegada a la reunión.

El mismo tono usó el primer ministro polaco, Donald Tusk: “Nadie defiende a Meloni e Italia más de lo que yo lo hago”. A pesar de que Tusk ha sido un firme defensor de desbancar del poder de su país a los ultranacionalistas de Ley y Justicia, que son de la misma familia política europea que Meloni, dejó claro que el aislamiento no operaba en este caso. Tusk se justificó en que el acuerdo previo que alcanzó con los socialistas Olaf Scholz y Pedro Sánchez y los liberales Emmanuel Macron y Mark Rutte sólo pretendía allanar la negociación de este jueves. “La única intención y razón de esta posición es facilitar el proceso. No hay Europa sin Italia y no hay decisión sin la primera ministra Meloni, es obvio”, expresó.

Menos conciliadores fueron en privado los socialistas, que recordaban que el acuerdo ya contaba con el respaldo necesario (al menos el 55% de los países que representen al 65% de la población europea) incluso sin Hungría, Italia y Eslovaquia, que jugó a la ambigüedad hasta el final, mientras que República Checa –también gobernada por los ultraconservadores– anunció su apoyo. El canciller alemán, Olaf Scholz, fue más diplomático: “Los 27 estados miembros deciden en el Consejo Europeo. Hemos llegado a un acuerdo político al respecto entre estas tres familias de partidos. Esta es solo una posición. Lo debatiremos con detenimiento y equidad. Los 27 son igualmente importantes; eso es importante para mí. Pero hemos facilitado el proceso de toma de decisiones”. Sánchez no ha participado en el encuentro por el fallecimiento de su suegro y ha delegado el voto en Alemania.

Y el holandés Mark Rutte, que llegaba flamante con su nuevo cargo de secretario general de la OTAN, recordaba que el acuerdo era de tres familias políticas. “Tenemos una coalición de tres partidos que pueden trabajar juntos. Para los cinco próximos años necesitamos estabilidad política y ser capaces de avanzar rápido. En el Parlamento Europeo hay tres grupos dispuestos a trabajar juntos. Así es cómo funciona la democracia. La democracia no solo va de bloquear, sino de trabajar de forma conjunta”, remataba el primer ministro belga, Alexander de Croo, también liberal.

Costa ya tiene el camino expedito para ser el próximo presidente del Consejo Europeo, ya que es un puesto que designan directamente los jefes de gobierno. Sin embargo, Von der Leyen tiene ahora que remangarse para conseguir el apoyo de la Eurocámara. En principio cuenta con el respaldo de los tres partidos que han alcanzado el acuerdo, pero no se puede dar por sentado que actúen como bloques homogéneos y monolíticos. En 2019 varias delegaciones se descolgaron y, a pesar de que tenía un margen de unos 60 escaños, salió adelante sólo por nueve votos.

Von der Leyen mantiene la ambigüedad sobre sus apoyos

Ante esa coyuntura, Von der Leyen tendió la mano en la campaña electoral a Meloni con el objetivo de contar con el respaldo de los Fratelli d'Italia en el Parlamento Europeo. Esa maniobra puso en alerta a los socialistas y los liberales, que han emplazado a la aspirante a la reelección a que mire a los verdes, que se han ofrecido a entrar en la ecuación siempre y cuando no se frene la agenda medioambiental. Esa negociación comienza ahora, en paralelo con la decisión de Von der Leyen de configurar su nuevo gobierno, para lo que tiene que encajar a los comisarios que le propongan los gobiernos europeos y Meloni aspira a una cartera relevante (económica, como la que ha ocupado esta legislatura con el socialista Paolo Gentiloni) e incluso con rango de vicepresidencia. Una vez que el puzle esté encajado y los comisarios se hayan sometido al examen del Parlamento Europeo, se ratificará la composición de la Comisión Europea en su conjunto.

Von der Leyen, que ha cultivado la relación con Meloni en los últimos años, ha asegurado que será importante “trabajar bien en el Consejo Europeo con la primera ministra, con Italia, como con los demás estados miembros”. No obstante, ha mantenido la ambigüedad sobre las alianzas que pretende buscar más allá de la base de populares, socialistas y liberales para asegurarse la mayoría suficiente en el Parlamento Europeo. Sus aliados presionan para que intente sumar a los verdes para mantener alejada a la extrema derecha.

Pero la alemana no descarta buscar el respaldo de los Fratelli d'Italia de Meloni. “Trabajaré con todo el Parlamento Europeo”, ha afirmado antes de recordar la coletilla de que deben ser “proeuropeos, pro-Ucrania y pro estado de derecho”, un traje en el que puede caber esa formación.  

También Kallas se ha referido al paso que le queda por dar aún ante en la Eurocámara y ha citado entre sus objetivos “trabajar por la unidad europea, proteger los intereses y valores europeos”. “Como presidente del Consejo Europeo desde el 1 de diciembre, promoveré la unidad de los 27 estados miembros y me centraré en la puesta en marcha de la agenda estratégica”, ha expresado por videoconferencia Costa.

Acuerdo para el nuevo reparto del poder de la UE. Los negociadores de las tres familias políticas implicadas (populares, socialistas y liberales) han cerrado un principio de acuerdo para que Ursula von der Leyen siga al frente de la Comisión Europea y el exprimer ministro portugués, António Costa, presida el Consejo Europeo. La primera ministra estonia, Kaja Kallas, sucederá a Josep Borrell al frente de la diplomacia como alta representante de la UE y la presidencia del Parlamento Europeo se dividirá, como siempre, entre populares y socialistas a lo largo de la legislatura.

Ese es el acuerdo que han alcanzado en una reunión telemática este martes los primeros ministros de Grecia y Polonia por el PPE, Kyriákos Mitsotákis y Donald Tusk, respectivamente; Pedro Sánchez y el alemán Olaf Scholz, como representantes de los socialistas; y Emmanuel Macron y Mark Rutte, de los liberales. Esa cita ha servido para cerrar los detalles sobre los futuros altos cargos de la UE que los líderes de los 27 tendrán que ratificar por mayoría cualificada (al menos un 55% de los países y que representen el 65% de la población europea) en el Consejo Europeo que se celebra en Bruselas el jueves y el viernes.

Las conversaciones comenzaron el pasado lunes en una cena informal que acabó sin acuerdo por la exigencia del Partido Popular Europeo de dividir el mandato del Consejo Europeo que, en principio, tiene una duración de dos años y medio prorrogable otros dos años y medio. Fuentes socialistas aseguran que el acuerdo alcanzado “respeta la tradición de prolongar a todo el mandato la presidencia del Consejo” hasta los cinco años. “Como ha sido siempre”, precisan. Sin embargo, desde el PPE dicen que su interpretación es “distinta” y se remiten al reglamento del Consejo, que establece un mandato de dos años y medio.

Los socialistas se plantaron la semana pasada ante la posibilidad de que el PPE pretendiera hacerse con la presidencia del Consejo Europeo la segunda parte de la legislatura. El argumento de los populares es que van a estar infrarrepresentados en ese momento (en el que aspiran a tener más gobiernos que ahora y señalan Alemania y España, en el hipotético caso de que un adelanto electoral les diera la posibilidad de gobernar) al tener sólo la presidencia de la Comisión Europea dado que la Eurocámara tradicionalmente se divide.

En esta ocasión, la popular maltesa Roberta Metsola seguirá al frente del Parlamento Europeo dos años y medio y después el puesto corresponderá a los socialistas, previsiblemente italianos, que son la delegación más grande (con 21 eurodiputados) y han cedido la presidencia del grupo a la española Iratxe García, que representa a la segunda fuerza con 20 escaños.

El acuerdo para los altos cargos de la UE se ha cerrado sin la participación de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que el pasado lunes dejó entrever su malestar por la negociación a tres bandas de la que quedó al margen. El único cargo que tiene que ratificar la Eurocámara es el de la presidencia de la Comisión Europea y, en principio, le salen los números para llegar a la mayoría fijada en 361 votos con populares (189), socialistas (136) y liberales de Renew (74).

No obstante, hace cinco años Von der Leyen tuvo que sudar la camiseta para lograr el apoyo de la Eurocámara y salió adelante sólo por nueve votos sobre el resultado requerido, a pesar de que tenía un margen de 44. Hubo fugas en las delegaciones de los tres grupos que conforman la mayoría. Por eso Von der Leyen ha hecho guiños a algunas formaciones de la extrema derecha, como los Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni para que la apoyen. El grupo de los Reformistas y Conservadores (ECR) se ha afianzado como tercera fuerza parlamentaria desbancando a los liberales de Renew, que se hundieron en las elecciones europeas.

Meloni ha quedado fuera del reparto del poder, pero Italia presionará para tener un buen puesto (una vicepresidencia ) en el futuro Colegio de Comisarios. Son los países los que tienen que hacer las propuestas para el gobierno comunitario y le corresponderá a Von der Leyen como presidenta hacer el encaje de las piezas. No obstante, los comisarios tienen que pasar también el examen de la Eurocámara. En la anterior legislatura, los eurodiputados tumbaron las propuestas iniciales de Viktor Orbán y Emmanuel Macron.

El Partido Popular Europeo ha llegado a la negociación del nuevo reparto del poder de la UE con una posición de fuerza. Los populares, que tienen ahora más jefes de Gobierno sentados en la mesa de los líderes y que han tenido una victoria electoral más abultada que hace cinco años, han reclamado medio mandato de la presidencia del Consejo Europeo, es decir, colocar a uno de los suyos durante dos años y medio. A eso habría que sumar la presidencia de la Comisión Europea, que se da por hecho que volverá a ostentar Ursula von der Leyen, y al menos la mitad de la Eurocámara, que correspondería en primer término a Roberta Metsola. La primera cita de los líderes de los 27 ha terminado sin acuerdo y se volverán a reunir la próxima semana con vistas a designar los futuros altos cargos (denominados top jobs en el argot comunitario).

El PPE ha sorprendido poniendo sobre la mesa la reclamación de ostentar dos años y medio la presidencia del Consejo Europeo dado que públicamente sólo había planteado la de la Comisión Europea para Von der Leyen y a Metsola, para la Eurocámara. Se da la circunstancia de que el mandato de la presidencia del Consejo Europeo, un puesto que tiene entre sus labores forjar consensos de los líderes de los 27, tiene una duración de dos años y medio que luego se tiene que renovar. Hasta ahora ha sido una cuestión de trámite y no se ha cambiado todos han cumplido cinco años. La propuesta del Partido Popular Europeo es que uno de sus dirigentes se haga con las riendas dos años y medio.

'No' de los socialistas a repartir el Consejo Europeo

Pero en el esbozo de la negociación ese puesto iba a recaer en los socialistas, que quieren que ese puesto sea para el exprimer ministro de Portugal, António Costa, que cayó por un caso de corrupción del que posteriormente su involucración personal fue un error judicial.

Además de exigir más poder con la presidencia rotatoria del Consejo Europeo, los populares han llegado a la reunión informal de los líderes de los 27 poniendo en cuestión a Costa. El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha dicho que necesita “clarificar el contexto legal” que le afecta. El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, también ha mostrado dudas sobre esa figura al criticar sus posiciones en temas como la migración.

“Como buena estrategia de negociación, todo el mundo tiene que subir el precio, quizás nosotros también lo hemos hecho”, señalan fuentes de la delegación española. Las cartas se han puesto sobre la mesa en una primera reunión de Pedro Sánchez y Olaf Scholz, que son los negociadores de la familia socialdemócrata, con Tusk y el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, que representan al PPE. Después se han producido sendos encuentros con los liberales, representados por el francés Emmanuel Macron y el holandés Mark Rutte. A continuación han entrado en la sala en la que se sientan los líderes de los 27 para “socializar” la conversación y, posteriormente, se han reunido a tres bandas antes de la cena de todos los jefes de gobierno.

Los socialistas insisten en dejar fuera a la extrema derecha

Los socialistas han rechazado la propuesta que ha hecho el Partido Popular Europeo. “Si a nosotros nos dan dos años y medio de presidencia de la Comisión Europea…”, ironizan esas fuentes sobre una pirueta que es imposible porque los populares quieren a Von der Leyen todo el mandato. “Nosotros tendremos que ver lo que queremos a cambio”, apuntan esas fuentes: “Encontrar una solución bajo presiones absurdas que lleve a un sindiós durante años no tiene sentido”.

Lo que sí se supone que se repartirá, como ha sucedido otras veces, incluida la legislatura que ahora termina, es la presidencia del Parlamento Europeo. La maltesa popular Roberta Metsola aspira a ser la presidenta al menos la primera parte del mandato y los socialdemócratas reclaman la segunda parte, “como es tradición”.

Los socialdemócratas también quieren que la negociación se limite a los cuatro altos cargos estrictamente europeos que quedan vacantes ante la intención de los conservadores de que el equilibrio pueda ser distinto si se tienen en cuenta cargos como la presidencia del Banco Europeo de Inversiones que preside desde enero Nadia Calviño o la secretaría general de la OTAN, cuyo relevo está en marcha y lo roza con las punta de los dedos el liberal Mark Rutte. La respuesta de los socialistas es que entonces también habría que tener en cuenta instituciones como el Banco Central Europeo que lidera Christine Lagarde.

“La realidad es que las tres familias se tienen que poner de acuerdo”, señalan esas fuentes sobre el pacto entre socialdemócratas, populares y liberales que rige en la UE: “Los números no salen si no están las tres a bordo”. El nombre que suena para los liberales es el de la primera ministra estonia, Kaja Kallas, como sucesora de Josep Borrell al frente de la diplomacia europea.

Negociaciones a tres bandas sin Meloni

“No hay acuerdo esta noche”, ha afirmado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, al filo de la medianoche. No obstante, ha reconocido que no es una “sorpresa” y que no estaba previsto que la reunión acabar este lunes con la decisión tomada. Lo que ha enfatizado Michel es que lo importante es que hubiera un “intercambio de ideas” y que “todo el mundo pueda escuchar a todo el mundo”.

No obstante, en el meollo de las negociaciones han estado los jefes de gobierno designados por las tres familias políticas que conforman la mayoría (populares, socialistas y liberales) mientras que los demás han quedado al margen, especialmente la ultraderechista Giorgia Meloni, que lidera la tercera economía de la UE y que aspiraba a tener un rol predominante en estas negociaciones. La líder de los Reformistas y Conservadores (ECR) se ha mantenido en silencio esta noche.

Quien se ha revuelto contra las negociaciones ha sido el húngaro Viktor Orbán, que tras la cita ha cargado contra el PPE por “asociarse con socialistas y liberales” en vez de “escuchar a los votantes” que han “fortalecido a la derecha” mientras “la izquierda y los liberales han perdido terreno”. “¡No cederemos ante esto! Uniremos las fuerzas de la derecha europea y lucharemos contra los burócratas pro-inmigración y pro-guerra”, ha expresado en la red social X (antes Twitter) dando por hecho que las tres familias se repartirán de nuevo el poder de la UE.

“Sería importante que esto se decidiera de forma rápida y expeditiva, porque vivimos tiempos difíciles y es importante saber qué depara el futuro a Europa”, ha dicho a su llegada el canciller alemán, Olaf Scholz, que ha avertido de que “no debe haber apoyo en el Parlamento a la presidencia de la Comisión basado en partidos populistas y de extrema derecha”.

La sensación, en todo caso, es que las las negociaciones van en la buena dirección. “Hay unos claros ”front runners“, pero no ha sido posible cerrar el acuerdo. Hay que seguir negociando, todavía hay tiempo”, señalan en la delegación española. “No estamos en 2019 cuando esto fue una gran tómbola. Las cosas están mucho más claras”, ha dicho Rutte al acabar el encuentro con sus homólogos. El holandés también ha hecho referencia a la necesidad de involucrar a otros jefes de Gobierno que no forman parte de ninguna de las familias que constituyen la mayoría, aunque no ha citado a nadie en concreto. Los altos cargos requieren de mayoría cualificada (al menos un 55% de los países y que representen el 65% de la población europea).

Tras la primera toma de contacto, los líderes volverán a reunirse el jueves y el viernes de la próxima semana, cuando se espera que se materialice el acuerdo. Luego el Parlamento Europeo tendrá que nombrar su presidencia (y catorce vicepresidencias) y ratificar la propuesta para la Comisión Europea. Ya en otoño se eligen los comisarios a partir de las propuestas de los gobiernos y el organigrama que establece el presidente, y todos ellos tienen que pasar el examen de la Eurocámara.

Los líderes de la UE celebran este lunes su primera cena para preparar la nueva etapa de la UE. Los jefes de Gobierno de los 27 arrancan la negociación del reparto del poder tras las elecciones europeas y, en principio, tienen hasta final de mes para cerrar los detalles de quiénes serán los nuevos altos cargos (denominados top jobs en el argot comunitario). Acostumbrados a liarse con las conversaciones y que se prolonguen durante horas hasta la madrugada (e incluso a posponerse varios días, como ocurrió en 2019), en esta ocasión todo parece más ordenado que hace cinco años, pero nada puede darse por hecho en un club que acoge a 27 estados con distintos intereses.

Ursula von der Leyen parte como favorita para repetir como presidenta de la Comisión Europea. El Partido Popular Europeo ha enfatizado esta semana su legitimidad para que sea propuesta tras mejorar sus resultados en las elecciones, aunque el modelo de los 'spitzenkandidaten' (candidatos a nivel europeo de los partidos) no es vinculante, es decir, que los líderes podrían proponer a cualquiera, como ocurrió con la propia Von der Leyen en la anterior legislatura.

Una vez los líderes hagan su designación, que tiene que ser aceptada por mayoría cualificada (al menos un 55% de los países y que representen el 65% de la población europea), debe ser ratificada por la mayoría absoluta del Parlamento Europeo. Von der Leyen se ha granjeado la sintonía de los jefes de Gobierno durante su mandato y aspira a ratificar esa confianza. Por el momento, sólo el ultraderechista húngaro Viktor Orbán ha anunciado su rechazo explícito.

Donde los números pueden estar más justos es en la Eurocámara. La propuesta que llegue del Consejo tiene que conseguir 361 votos a favor. Las fuerzas que componen la tradicional mayoría (populares, socialistas y liberales) suman 402 votos, pero los grupos no funcionan en Bruselas con la misma disciplina de voto a la que acostumbran los parlamentos nacionales y, además, la votación es secreta. En 2019, Von der Leyen tenía a priori el respaldo de 444 eurodiputados y salió adelante con 383 votos (sólo nueve por encima de los que necesitaba entonces dado que había 750 escaños por la presencia de Reino Unido). Y eso que entonces el partido Ley y Justicia, que gobernaba en Polonia, aseguró que votó a favor.

Ahora la gran pugna está en quién respalda a Von der Leyen. Socialistas y liberales se oponen a un acuerdo que incluya a la extrema derecha, que es la tentación que tienen en el PP europeo, especialmente con Giorgia Meloni. Pero si la primera ministra italiana entra en el consenso de los líderes, será difícil que los Fratelli d'Italia lo rechacen en la Eurocámara. Los verdes se han ofrecido a incorporarse a la mayoría si Von der Leyen mantiene la apuesta por la política medioambiental y han elevado la presión respecto a la posibilidad de que ECR (el grupo que lidera Meloni) forme parte de la ecuación. “El Grupo de los Verdes/ALE quiere ver un acuerdo que garantice una mayoría estable que sea fiable, democrática y proeuropea, sin la extrema derecha, como el ECR”, señala la copresidenta, Terry Reintke.

Que la votación sea secreta puede allanar el camino precisamente para que salga adelante dado que no está claro quién vota qué, aunque también los eurodiputados de la mayoría pueden desmarcarse si Meloni está en el acuerdo previo. Ahí radica la dificultad del proceso. Una vez sorteado, no obstante, en el día a día de la Eurocámara el PPE tendrá la tentación de mirar a su derecha, mientras que los socialistas y liberales rechazan esa opción. Los socialistas han apuntado claramente a la necesidad de involucrar a los verdes.

El otro alto cargo que se reparte es la presidencia del Consejo Europeo, que se encarga fundamentalmente de construir los consensos y acuerdos de los líderes de los 27. La tradición no escrita es que el nombre sale de la propia sala en la que se sientan los jefes de Gobierno, es decir, que el presidente del Consejo Europeo sea uno de los suyos. En esta ocasión, los socialistas reclaman que ese puesto sea para ellos después de que esta legislatura se lo llevara el liberal belga Charles Michel.

Equilibrio ideológico, territorial y de género

Pedro Sánchez y el canciller alemán, Olaf Scholz, son los encargados de negociar en nombre de los socialistas. La apuesta es que el exprimer ministro António Costa sea el nuevo presidente del Consejo Europeo. Su abrupta salida del Gobierno luso, por un caso de corrupción que inicialmente le salpicó aparentemente por fallos judiciales, se sintió en las instituciones europeas, donde tenía mucho predicamento.

Los líderes también tendrán que decidir sobre la presidencia del Parlamento Europeo. Lo que se da por hecho es que la maltesa del PPE Roberta Metsola seguirá al frente. En la anterior legislatura se dividió en dos el mandatos entre socialistas (que lo ostentaron con David Sassoli en la primera parte) y populares.

El otro gran puesto que se reparte es el del alto representante, que funciona como una suerte de jefe de la diplomacia europea, aunque la política exterior corresponde a los estados miembros y cualquier paso requiere de la unanimidad de los 27. El nombre que suena con más fuerza para suceder a Josep Borrell es el de la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, que pertenece a la familia liberal. Kallas se ha convertido en una suerte de 'dama de hierro' frente a Vladímir Putin, que la ha colocado en busca y captura.

Kallas ha sido una de las principales defensoras de Ucrania en el seno de la UE, como en términos generales han hecho los países bálticos y fronterizos con Rusia, que viven con más vehemencia la amenaza. Sus declaraciones sobre el conflicto –llegó a decir que “para evitar una Tercera Guerra Mundial, Rusia debe perder” en Ucrania– generan algunas preocupaciones respecto a una futura posición como jefa de la diplomacia, pero al menos inicia la carrera como 'front runner'.

Alexander de Croo, que ha perdido todas las posibilidades de seguir tras el batacazo en las elecciones de Bélgica, es otro de los dirigentes que sobrevuela para ese reparto de poder; pero rompería hasta cierto punto el equilibrio que deben buscar entre color político, género y territorial (no habría nadie del este y las caras visibles de la UE serían nuevamente de la parte occidental o central de Europa).

Rumanía bloquea el relevo de la OTAN

En la reivindicación del equilibrio territorial sitúan muchos el paso del presidente de Rumanía Klaus Iohannis para competir por la secretaría general de la OTAN. Ese relevo se ha acabado entremezclando con el reparto de los cargos de la UE por los constantes retrasos en la salida del actual jefe de los aliados, el noruego Jens Stoltenberg, que ha ido ampliando su mandato primero por el estallido de la guerra en Ucrania y luego por la falta de consenso en torno a un posible sucesor.

Pero la candidatura de Klaus Iohannis se produjo precisamente cuando el camino se estaba disipando ya para el todavía primer ministro de Holanda, Mark Rutte, a quien fueron apoyando los grandes países. Ahora mismo tiene el respaldo de 29 de los 32 países que conforman la alianza atlántica. Entre los que no se han decantado por Rutte están la propia Rumanía que ha lanzado a su candidato, Hungría, que le apoya mientras siga en la carrera, y Eslovaquia, que no se ha pronunciado.

“Es Johanis el que tiene que tomar la decisión”, apuntan fuentes aliadas, que cuestionan la maniobra y que confían en que Viktor Orbán avale a Rutte, pese a sus discrepancias, cuando el rumano dé un paso al lado, y Robert Fico haga lo propio. Hasta entonces, hay que esperar y los aliados quieren llegar a la cumbre del 75º aniversario en Washington con el relevo cerrado para dar una imagen de unidad y enviárselo también a Putin, según indican esas fuentes.

Un supuesto caso de corrupción que salpica a personas próximas al líder. Portadas de periódicos, monográficos informativos, tertulias en las que no se habla de otra cosa y la oposición subiendo los decibelios del ruido político hasta el punto de deslegitimar el Gobierno. ¿Y después?

El esquema que se ha vivido estos días en España en relación con Pedro Sánchez y su esposa no es nuevo. No todos los casos son iguales, pero las campañas de deslegitimación de las derechas cuando no gobiernan vienen de lejos, y no conocen fronteras. Ha pasado recientemente en Portugal, donde los socialistas han perdido el Gobierno después de que António Costa dimitiera a causa de un supuesto caso de corrupción que ha quedado en nada.

Es verdad que si en lugar de vivir en Portugal, se vive en otros lugares, el líder puede acabar injustamente en la cárcel, como Lula da Silva, o destituida, como Dilma Rousseff; o en el exilio, como el boliviano Evo Morales –cuando le dieron un golpe de Estado–, o el ecuatoriano Rafael Correa, donde el Gobierno ahora ha cometido un asalto insólito a la embajada de México en Quito para llevarse al ex vicepresidente Jorge Lasso.

Pero también puede ocurrir que se manifiesten cada día en la puerta de la casa de los rivales de izquierdas con vuvuzelas, como les ha pasado a Pablo Iglesias e Irene Montero –además de los múltiples casos construidos mediáticamente y judicialmente que quedaron en nada, como el de Neurona, la niñera. la supuesta financiación extranjera irregular, el informe PISA, y la causa contra Vicky Rossell, entre otros–.

La espiral de deshumanización y deslegitimación del adversario político puede llevar incluso al intento de asesinato que sufrió Cristina Kirchner, por ejemplo, o al asalto del Capitolio en 2020, o de los tres poderes en Brasilia, en 2023.

Sánchez se ha apartado unos días para reflexionar sobre su futuro. El detonante es la apertura de diligencias de un juez de Madrid contra la esposa de Sánchez por una denuncia fundamentada en recortes de prensa con noticias falsas. Independientemente de que el acoso personal contra Sánchez y su esposa venga de lejos, lo cierto es que se plantea dejar el cargo a raíz de una causa judicial con las patas muy cortas.

Y por una causa judicial con las patas muy cortas, Portugal pasó de un gobierno socialista a un gobierno conservador, en un parlamento con récord de diputados de la extrema derecha y los partidos de izquierdas en mínimos –PS, Bloco y PCP–.

Pero, ¿qué pasó con el caso judicial que hizo caer al Gobierno socialista de Portugal?

La llamada operación Influencer causó un terremoto político en Portugal. Y cinco meses después de que el caso saliera a la luz, no hay ningún detenido entre los acusados, a los que solo se les aplica la medida menos grave de un plazo de identidad y residencia, ya que el Tribunal de Apelación de Lisboa ha considerado que no hay pruebas que apoyen la idea de que hubo “cualquier tipo de delito”.

¿Qué decidieron los jueces?

El Tribunal de Apelación dictó sentencia hace diez días en el marco del recurso presentado por dos acusados y por la Fiscalía contra las medidas cautelares aplicadas en esta operación judicial. Tras un largo periodo de interrogatorios en noviembre, el juez instructor dictaminó que no había pruebas suficientes para mantener en prisión preventiva a ninguno de los acusados. La Fiscalía impugnó la decisión y presentó un recurso, pero finalmente fue derrotada una vez más por ser incapaz de aportar pruebas suficientes para demostrar que había delito en los hechos supuestamente cometidos.

¿Cómo justifican los jueces la decisión?

En uno extenso escrito de más de 300 páginas, los magistrados consideran que la Fiscalía hizo “juicios especulativos” y que no había “ningún indicio” de favoritismo indebido hacia el proyecto de construcción de un centro de datos en la ciudad portuaria de Sines, siendo estas acusaciones “vagas” y “genéricas”. Se critica a la Fiscalía por crear una idea basada en escuchas telefónicas que “no muestran nada”.

Los jueces también se preguntan por qué la Fiscalía, para apoyar su tesis, decidió adjuntar al expediente más de 1.000 páginas de artículos de periódicos y revistas sobre el caso, algo que “no sirve de nada”, ya que “no constituyen prueba de los hechos que se pretenden demostrar”.

¿Qué estaba en cuestión?

El 7 de noviembre, Portugal se despertó con una serie de registros en oficinas, ministerios y la residencia oficial del primer ministro. La Fiscalía creía que el Gobierno había favorecido a la empresa Startcampus, que quería construir un centro de datos en Sines, en el suroeste del país. En la mañana de los registros, un comunicado de la Fiscalía enviado a los periodistas detallaba que “también se ha descubierto que los sospechosos han invocado el nombre y la autoridad del primer ministro para desbloquear procedimientos”, en un intento de indicar que António Costa estaba implicado en la supuesta trama de favoritismo. Costa no llegó a ser imputado, pero dimitió ese mismo día.

¿Deja esta decisión a António Costa libre de culpa?

António Costa no era uno de los acusados ni el objetivo directo del juicio, y el tribunal demuestra que no hay pruebas de la implicación del ex primer ministro en este proceso.

¿Cuál es el futuro de António Costa?

El Presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, ha afirmado recientemente que “la existencia de un portugués como presidente del Consejo Europeo está más cerca”, en clara referencia a las ambiciones europeas de António Costa.

Lo único que se sabe a ciencia cierta es que Costa volverá, de momento, a su papel de comentarista en el nuevo canal de televisión News Now.

La llamada operación Influencer causó un terremoto político en Portugal, provocando la dimisión del entonces primer ministro António Costa en noviembre del año pasado y precipitando la celebración de elecciones anticipadas, que acabaron aupando a la derecha al poder. Cinco meses después de que el caso saliera a la luz, no hay ningún detenido entre los acusados, a los que solo se les aplica la medida menos grave de un plazo de identidad y residencia, ya que el Tribunal de Apelación de Lisboa ha considerado esta semana que no hay pruebas que apoyen la idea de que hubo “cualquier tipo de delito”.

Estas son algunas claves para entender lo sucedido y lo que puede pasar ahora:

¿Qué han decido los jueces?

El Tribunal de Apelación dictó sentencia el pasado miércoles en el marco del recurso presentado por dos acusados y por la Fiscalía contra las medidas cautelares aplicadas en esta operación judicial. Tras un largo periodo de interrogatorios en noviembre, el juez instructor dictaminó que no había pruebas suficientes para mantener en prisión preventiva a ninguno de los acusados. La Fiscalía impugnó la decisión y presentó un recurso, pero finalmente fue derrotada una vez más por ser incapaz de aportar pruebas suficientes para demostrar que había delito en los hechos supuestamente cometidos.

¿Cómo justifican los jueces esta decisión?

En una extensa sentencia de más de 300 páginas, los magistrados consideran que la Fiscalía hizo “juicios especulativos” y que no había “ningún indicio” de favoritismo indebido hacia el proyecto de construcción de un centro de datos en la ciudad portuaria de Sines, siendo estas acusaciones “vagas” y “genéricas”. Se critica a la Fiscalía por crear una idea basada en escuchas telefónicas que “no muestran nada”.

El tribunal demuestra que había interés en “impulsar el proceso administrativo” de un proyecto, pero que el Gobierno pudo actuar así porque se trataba de una inversión de “potencial interés nacional”, en un país donde la burocracia se considera un obstáculo habitual. Y que las conversaciones entre empresarios y miembros del Gobierno “no constituyen en sí mismas nada ilícito o incluso irrazonable”.

Los jueces también se preguntan por qué la Fiscalía, para apoyar su tesis, decidió adjuntar al expediente más de 1.000 páginas de artículos de periódicos y revistas sobre el caso, algo que “no sirve de nada”, ya que “no constituyen prueba de los hechos que se pretenden demostrar”.

¿Qué estaba en cuestión?

El 7 de noviembre, Portugal se despertó con una serie de registros en oficinas, ministerios y la residencia oficial del primer ministro. La Fiscalía creía que el Gobierno había favorecido a la empresa Startcampus, que quería construir un centro de datos en Sines, en el suroeste del país. En la mañana de los registros, un comunicado de la Fiscalía enviado a los periodistas detallaba que “también se ha descubierto que los sospechosos han invocado el nombre y la autoridad del primer ministro para desbloquear procedimientos”, en un intento de indicar que António Costa estaba implicado en la supuesta trama de favoritismo. Costa no llegó a ser imputado, pero dimitió ese mismo día.

¿Deja esta decisión a António Costa libre de culpa?

António Costa no es uno de los acusados ni el objetivo directo del juicio que ahora se ha celebrado, y ahora el tribunal que analizó el caso demuestra que no hay pruebas de la implicación del ex primer ministro en este proceso, entre otras cosas porque “el único hecho concreto protagonizado por el primer ministro fue que asistió a un acto de presentación del proyecto, el 23 de abril de 2021”.

La Fiscalía trató de hacer creer que el amigo del primer ministro, Diogo Lacerda Machado, utilizó su amistad para favorecer los intereses de la empresa que quería instalar el centro de datos en Sines. Los jueces se preguntan si “una relación de amistad con un miembro del Gobierno, claramente asumida de forma pública y reiterada por ambos protagonistas, debe llevar a la conclusión inexorable de que hubo tráfico de influencias, o corrupción activa o pasiva, o prevaricación”.

¿Y ahora qué pasará con la operación Influencer?

Aunque la procuradora Lucília Gago no suele dar grandes explicaciones sobre las acciones judiciales en curso, amparándose en el secreto judicial, la Fiscalía solo ha dicho que continuará la investigación para encontrar más pruebas. No es posible determinar cuánto puede durar la fase de búsqueda de pruebas, pero el secretario general del Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, ya ha pedido que se extraigan consecuencias del caso que empujó al país hacia una “solución inestable” mientras había “mayoría absoluta”. El expresidente de la Asamblea de la República Augusto Santos Silva también ha pedido celeridad en el avance de esta investigación, criticando el retraso de la justicia.

¿Cuál es el futuro de António Costa?

El Presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, no quiso comentar directamente el caso judicial, pero este martes afirmó que “la existencia de un portugués como Presidente del Consejo Europeo está más cerca”, en clara referencia a las ambiciones europeas de António Costa. Con prisa por limpiar su imagen, Costa ha pedido repetidamente ser oído en este proceso, pero el ex primer ministro nunca ha sido llamado para contar su versión de los hechos. 

En suspenso a la espera de respuestas de la Justicia, lo único que se sabe es que Costa volverá, de momento, a su papel de comentarista en el nuevo canal de televisión News Now. En Portugal, este tipo de canal es muy popular –con News Now habrá siete canales de información, dos de los cuales están más orientados a los deportes– y sus programaciones están llenas de análisis político. Este nuevo canal de televisión se lanzará en las próximas semanas y pertenece al grupo Medialivre. El futbolista Cristiano Ronaldo es uno de los mayores accionistas.

El Tribunal de Apelación de Lisboa no ha apreciado indicios de tráfico de influencias en la 'Operación Influencer', el caso judicial que llevó a dimitir al ex primer ministro portugués António Costa, y ha rechazado el recurso presentado por la Fiscalía a las medidas cautelares aplicadas a los sospechosos.

Los hechos averiguados “no son, por sí solos, integradores de ningún tipo de delito”, lo que significa que no se han apreciado indicios del presunto crimen de tráfico de influencias, según un comunicado del Tribunal citado este miércoles por medios portugueses.

El Tribunal de Apelación rechazó el recurso presentado por la Fiscalía portuguesa y dio la razón a los dos principales sospechosos del caso, Vítor Escária -antiguo jefe de gabinete de Costa- y Diogo Lacerda Machado, empresario y amigo del ex primer ministro socialista.

En ese sentido, anuló las medidas preventivas aplicadas contra ambos, incluida una fianza de 150.000 euros y la prohibición de salir del país, al considerar que no hay ningún tipo de riesgo que las justifique.

Los jueces consideraron que “ninguno de los hechos adelantados se tradujeron en la comisión de delitos y no se superó el desarrollo de las funciones de cada uno de los intervinientes, ya que todos ellos actuaron en el ámbito de las mismas”.

La 'Operación Influencer' se dio a conocer en noviembre de 2023 y gira en torno a irregularidades en proyectos de litio y de hidrógeno y en la construcción de un centro de datos.

La Fiscalía informó entonces de que varios sospechosos hablaron de la implicación de Costa en el caso por “desbloquear procedimientos” y que dichas alegaciones serían analizadas en una investigación autónoma. Ese mismo día, Costa presentó su dimisión, aunque aseguró que no había cometido actos ilícitos.

Desde la renuncia del primer ministro, la fiscal general del país, Lucília Gago, y el órgano que lidera han sido objeto de críticas por no haber dado más explicaciones sobre la presunta implicación de Costa en esas irregularidades y no haber hecho públicas pruebas contra él.

A raíz de la dimisión de Costa se realizaron elecciones legislativas anticipadas en Portugal el pasado 10 de marzo, que se saldaron con la llegada al poder del nuevo Gobierno de centroderecha encabezado por Luís Montenegro (PSD).

A principios de este mes, tras ceder el testigo al nuevo Gobierno, Costa dijo a la prensa que, después de haber dejado el cargo, había solicitado a su abogado que hiciera una petición para ser escuchado ante la Justicia.

La toma de posesión del nuevo Gobierno conservador de Portugal aún estaba en marcha este martes cuando las redes sociales del Ejecutivo volvieron a la antigua imagen gráfica estrenada en tiempos del gabinete de derechas de Pedro Passos Coelho, marcado por el periodo de austeridad durante la crisis económica que afectó gravemente a Portugal.

La versión modernizada la imagen del Ejecutivo, puesta en marcha durante la etapa del socialista António Costa, tenía unos meses, pero ha sido la primera inversión simbólica del Gobierno de Luís Montenegro.

Estrenada en julio de 2023, la imagen gubernamental ahora relegada fue obra del reputado diseñador portugués Eduardo Aires. Consistía en un rectángulo verde, un círculo amarillo y un cuadrado rojo, recreando la bandera nacional de una forma más “inclusiva y laica”, según la definición del manual de normas gráficas.

El cambio no causó mucha polémica cuando se dio a conocer, y la imagen se utilizó ampliamente durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa y durante la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024.

Pero a finales de noviembre, tras la dimisión de Costa, Nuno Rogeiro, conocido analista internacional de noticias, lo calificó públicamente de “un desastre”. Eso bastó para agitar las redes sociales y a una serie de tertulianos de derechas que se opusieron públicamente a la nueva imagen, afirmando que el Gobierno se estaba deshaciendo “furtivamente” de los símbolos de la historia de Portugal.

“Atentado contra los símbolos nacionales”

La principal crítica fue la tendencia minimalista del logotipo y la ausencia de los símbolos históricos presentes en la bandera nacional, como el escudo, la esfera armilar o los castillos. El rediseño de la imagen –que incluyó la creación de un tipo de letra para uso exclusivo de organismos públicos– costó 74.000 euros.

Los críticos impulsaron una petición con 12.000 firmas, argumentando que el logotipo era un “atentado contra los símbolos nacionales” y que “cualquier niño podría hacer” la nueva imagen. Pronto se convirtió en tema de precampaña y Montenegro prometió que daría marcha atrás a la imagen gráfica del Gobierno.

Este miércoles, el ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, dio su primera rueda de prensa tras la primera reunión del Consejo de Ministros. De la reunión han salido tres prioridades: el cambio de la imagen gráfica del Gobierno, el compromiso de presentar el 10 de abril un programa de Gobierno “humilde y dialogante” y la apertura de conversaciones con los distintos partidos para encontrar soluciones en la lucha contra la corrupción.

En cuanto al cambio del logotipo, Leitão Amaro lo ha justificado diciendo que se ha vuelto “a una imagen que recupera símbolos esenciales de nuestra identidad, historia y cultura”, y que, con la vuelta de los castillos y el escudo, el logotipo “vuelve a tener símbolos con los que el pueblo portugués se identifica”. El coste de esta marcha atrás no está claro, ya que todos los materiales de comunicación del Gobierno que se modificaron hace ocho meses tendrán que volver a cambiarse.

El nuevo Ejecutivo también prometió el miércoles presentar en el plazo de dos meses una solución para la ubicación del nuevo aeropuerto de Lisboa –una discusión que dura ya más de 50 años en Portugal– y un plan de emergencia para recuperar el sector sanitario portugués, tras una serie de problemas de falta de recursos humanos en la sanidad pública.

Los primeros pasos del Gobierno de Montenegro

La semana pasada, Montenegro presentó un Gobierno formado por altas figuras del Partido Social Demócrata (PSD), eurodiputados con años de experiencia política en Bruselas y cinco independientes de la sociedad civil. Son 17 ministerios, de los cuales siete están ocupados por mujeres.

Tras su toma de posesión este martes, el Ejecutivo de Montenegro ya está operativo, pero todavía no ha asumido plenas funciones a la espera de que su programa sea sometido a votación en Asamblea de la República, donde la alianza electoral que encabezó líder de centroderecha tiene 80 escaños, lejos de los 116 para una mayoría absoluta, tras ganar por la mínima las elecciones del pasado 10 de marzo.

Se avecina, por tanto, una legislatura complicada para este gabinete, abocado a gobernar a golpe de decreto cuando sea posible, o a pactar con el Partido Socialista o la extrema derecha de Chega, con la que Montenegro ha reiterado que no va a negociar acuerdos.

En su discurso este martes, el político conservador lanzó un mensaje al líder socialista, Pedro Nuno Santos, instándole a decidir entre hacer “una oposición democrática o un bloqueo democrático”.