La Junta de Andalucía ha otorgado un préstamo al Ayuntamiento de Burguillos, en Sevilla, por un importe de algo más de 11,3 millones de euros “para atender parte de las obligaciones judiciales” y ayudar a este Consistorio “a hacer frente a la delicada situación económica que está atravesando”. De esta manera, podrá saldar lo que debe a un fondo buitre que compró la deuda municipal y amenazó con embargar los bienes al propio Consistorio.

Así lo ha anunciado la consejera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz de la Junta, Carolina España, este miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y en relación con la deuda que el gobierno local mantiene con el fondo KSAC Europe Investments. En este sentido, el Consistorio alcanzaba un acuerdo días atrás con este grupo de inversión en el marco del conflicto con el mismo y la reclamación de 27 millones de euros merced a una sentencia judicial.

De este modo, se reducía en algo más de nueve millones este adeudo, que prevé estar saldado tras este acercamiento de posturas. El acuerdo fue registrado en una sesión extraordinaria y urgente del pleno municipal este pasado 28 de septiembre, con el voto favorable unánime de los asistentes.

De 27 a 18 millones

En concreto, la deuda ascendía a 27.058.574,13 euros, mientras que el acuerdo alcanzado fija definitivamente la cantidad a satisfacer en 18 millones de euros.

De manera específica, del total pactado, 4,2 millones de euros han sido ya abonados por el Ayuntamiento; estaba previsto que 2,5 millones se pagaran antes del 30 de septiembre de 2026 y los 11,3 millones de euros restantes deberán abonarse antes del 27 de febrero de 2027.

Por otro lado, la consejera de Hacienda ha afirmado que en el Consejo de Gobierno ha estado sobre la mesa otro préstamo, en esta ocasión para las obras del estadio de la Cartuja que sean necesarias realizar de cara al Mundial de Fútbol 2030, sin que haya trascendido la cuantía del mismo.

La economía española del último lustro ha conseguido lo que hace una década parecía imposible: no solo se ha quitado el sambenito de ser el furgón de cola de la zona euro, sino que salió de la pandemia convertida en la locomotora de la Unión Europea y este año podría liderar por tercero consecutivo a las naciones avanzadas, por encima de Estados Unidos.

Allí existe la costumbre de acuñar la política económica de un determinado presidente con su apellido: a las Obamanomics le siguieron las Trumponomics, que han vuelto tras cuatro años de Bidenomics. Las Sancheznomics han sido una historia de éxito en términos macro: el producto interior bruto (PIB) crece robusto, el empleo no deja de romper récords, el paro está en mínimos desde el estallido de la burbuja y las rentas de las familias aumentan. Pero la crisis de la vivienda, que ha estallado como un volcán con la crueldad del desahucio y la muerte de Maricarmen, y una inflación que no termina de desaparecer son las caras más amargas del relato.

El balance de Sánchez, que ha contado con dos grandes pesos pesados al frente del Ministerio de Economía –Nadia Calviño, primero, y Carlos Cuerpo desde 2023–, es brillante y, de hecho, el Gobierno saca pecho de su gestión y de haberle dado la vuelta al mantra de que la izquierda es nociva para la economía. El crecimiento ha estado muy por delante del de las tradicionales grandes potencias del euro: Alemania apenas ha crecido desde la pandemia, con una economía estancada. Sus previsiones comienzan a ser más halagüeñas ahora, pero con avances aún por debajo del 2%. Desde la llegada de Sánchez, el PIB ha avanzado un 15,1%. Muy por encima de lo que sucedió en los mandatos de Mariano Rajoy (10,3%) y de José Luis Rodríguez Zapatero (7,1%), ambos marcados por la Gran Recesión.

Y lo ha hecho a pesar de que el COVID-19 provocó el mayor desplome desde la Guerra Civil. Por ponerlo en perspectiva, desde el peor momento de la pandemia (es decir, el segundo trimestre de 2020, en pleno confinamiento) hasta la actualidad, la economía ha crecido un 43,6%. Da una idea del duro recorrido que hogares y empresas han hecho frente desde hace seis años no solo para salir del hoyo, sino para recuperar la tendencia previa. 

Lo destacó el propio vicepresidente Cuerpo en una comparecencia reciente en el Congreso para hablar de los fondos europeos del Plan de Recuperación, una de las variables clave para explicar este éxito: “Han permitido que en 2025 la economía haya recuperado no sólo el nivel, sino la tendencia previa, es decir, el ritmo que teníamos y donde se esperaba que estuviéramos antes de la pandemia”, detalló el ‘número dos’ del Ejecutivo. 

Un mercado laboral en máximos

La fortaleza del mercado laboral, que ha ganado entre un 18% y un 19% de trabajadores (bien sea medido a través de la Encuesta de Población Activa o de los registros de afiliación a la Seguridad Social), la bajada del paro a mínimos desde 2008 a pesar del gran crecimiento que ha experimentado la población (6,3%) son otros de los factores que explican parte del éxito económico de los últimos años.

Para el economista Luis Gómez, el gran cambio de estos años no es solo el acelerón del PIB, sino que se ha dado inicio a “un proceso de cambio de modelo productivo hacia sectores y empleos de mayor valor añadido, el cual se ha generado, en esencia, gracias al positivo desempeño en materia de política energética y laboral”. 

Gómez, que es investigador y durante años fue asesor en la Oficina Económica de Moncloa, apunta que políticas como la subida del salario mínimo interprofesional en un 66% o la reforma laboral que estabilizó millones de empleos han obligado a buscar nuevas formas de competitividad en el tejido productivo, ganancias de eficiencia que también se explican por una política energética que ha hecho más atractiva a España en comparación con otros países. “Haber optado por la apuesta ambiciosa de no competir a la baja ha resultado efectivo, porque la reducción de costes energéticos ha seguido haciendo rentable la creación de empleo incluso a unos estándares como los que exige la reforma laboral”, subraya.

Natalia Arias, del gabinete económico del sindicato CCOO, apunta en la misma dirección: “Por primera vez en décadas ha habido una fase sostenible de crecimiento económico diversificado con fuerte creación de empleo, compatible con un incremento de la productividad laboral por hora”. A su juicio, la mejora en variables como la balanza comercial o el empleo arrojan que “no estamos ante un crecimiento insostenible como el de la burbuja”.

Ese fenómeno, promovido por José María Aznar y que el Gobierno de Zapatero falló a la hora de pinchar, supuso un crecimiento del PIB entre 1996 y 2004 del 34,5%, durante los dos primeros gobiernos populares. Entonces la población extranjera se disparó (un 376,3%), la inflación subió un 25% coincidiendo con la entrada en el euro, y el precio del metro cuadrado de vivienda creció un 76,3% en términos reales. Esto es, descontada la subida de precios.

Arias subraya que la transformación energética de los últimos años, impulsada por los fondos europeos, ha sido clave no solo para tener una electricidad “más barata que en el resto de Europa”, sino también para “tener una mayor independencia en nuestra economía respecto a las fuentes extranjeras de combustibles fósiles”.

El gran debe: la vivienda

Sin embargo, el gran debe de Sánchez es, precisamente, el que ha obligado a adelantar las elecciones y la razón por la cual los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO han convocado la primera huelga general en España desde 2012: la crisis de la vivienda. El Banco de España confirmó el viernes sus estimaciones de que el déficit de vivienda alcanzará el millón de unidades en 2028, ante una inversión residencial que se está comportando de manera más moderada de lo anticipado. El ministro de Transportes, Óscar Puente, reconocía en una entrevista en la Cadena SER que la sucesión de crisis desde 2020 impidió ver la gravedad de la crisis de habitabilidad hasta que ya ha sido muy tarde.

El precio del metro cuadrado ha subido un 48,3% durante los mandatos de Sánchez, frente a la caída del 6,7% que experimentó en los casi siete años de Mariano Rajoy en La Moncloa. El enorme stock de vivienda acumulada tras la burbuja, sumado a la grave situación económica, provocaron una depreciación notable del ladrillo. En el gráfico anterior se puede apreciar el acelerón de los precios no solo en la compraventa, sino también en el mercado del alquiler. Y a pesar de que el SMI ha tirado de los salarios más bajos, no ha sido suficiente para compensarlo.

“Se ha empezado muy tarde a abordar este problema y eso ha hecho que la situación sea peor de lo que podría haber sido”, aduce Arias, que recuerda que el incremento de los precios de la vivienda ha consumido las mejoras salariales: “Casi lo multiplica por cuatro”. “Esta fuerte subida, junto con el endurecimiento del acceso al crédito, ha expulsado a muchos trabajadores de la posibilidad de acceso a una vivienda en propiedad, y les ha desplazado hacia el alquiler. Un alquiler que es mayoritariamente de mercado privado, ya que España carece de un parque público de vivienda asequible”, señala.

A la situación del mercado de la vivienda se suma un nuevo episodio inflacionario, este provocado por la guerra en Irán y el encarecimiento de los precios de la energía. Con el recuerdo aún reciente del shock de los años 2022 y 2023, el mayor en medio siglo, los precios han vuelto a acelerar. Septiembre cerró con una subida del 4,9%, la mayor desde principios de 2023. Desde que arrancó su mandato, el IPC acumulado es un 26,5%. Lejos de las cifras de Rajoy (6,9%, con largos periodos de deflación), de Zapatero (19,9%) y ligeramente por encima del periodo de Aznar (25,2%), en pleno ‘boom’ inmobiliario y con la adopción del euro.

A pesar de todo ello, los datos muestran que la renta disponible per cápita de los hogares (es decir, todos sus ingresos una vez descontada la inflación y el aumento de la población) ha avanzado un 9% en el periodo. “No es cierto que este cuantitativamente intenso y cualitativamente diferencial crecimiento económico no se haya trasladado en una mejora de la situación de las familias”, dice Gómez, a la vista de estas cifras. “Incluso en los momentos en que los salarios reales han podido sufrir especialmente estos shocks de precios, las transferencias, prestaciones y modificaciones impositivas a través de la política fiscal y social han actuado de manera compensatoria”, subraya.

Del pleno empleo a las cuentas públicas

Entre los retos a futuro, Sánchez se marcó para esta legislatura el pleno empleo, consiguiendo rebajar la tasa de paro por debajo del 10%. Pero todavía hay margen de mejora. También en los salarios, recuerda Arias, con una estructura productiva que no solo genere más valor añadido, sino que también permita recortar la jornada. Para Gómez, los datos de pobreza infantil también preocupan y es “esencial” plantearse la creación de una prestación universal de crianza que permita atajarla.

Esto enlaza con otro reto: el margen fiscal. El Gobierno ha conseguido recuperar todo el espacio que se perdió para hacer frente a la pandemia. La deuda pública y el déficit se dispararon. Las reglas fiscales estuvieron suspendidas, pero vuelven a estar en vigor y eso limita mucho la capacidad de maniobra del Ministerio de Hacienda. El año pasado los números rojos se situaron en el 2,2% del PIB y el endeudamiento ya se ha colocado por debajo del 100%, pero todavía es superior a la que había cuando Sánchez aterrizó en La Moncloa.

“La legislatura deja un punto de partida relativamente cómodo en términos fiscales y el siguiente Gobierno contará, por tanto, con espacio fiscal para implementar sus prioridades políticas”, apunta la economista de CCOO. Pero todavía hay mucho margen de mejora, ya que “España sigue teniendo una brecha de ingresos y gastos con respecto a los estándares europeos”, recuerda Luis Gómez. “Su cierre permitiría atender con mayor intensidad numerosas necesidades sociales, especialmente la vivienda”. El mandato de Sánchez tiene muchas luces, pero arroja una sombra demasiado alargada. Con forma de casa.

Puedes consultar los principales indicadores económicos empleados en este reportaje en la tabla bajo estas líneas.

Una de las variables financieras que se hizo más famosa en la larga crisis iniciada en 2008 fue la llamada “prima de riesgo” española. Dicha variable se define como la diferencia entre el tipo de interés del bono español a 10 años y el del bono alemán a ese mismo plazo. Estando ambos países en el euro, con el mismo tipo de cambio, la misma política monetaria, los mismos tipos a corto, las mismas expectativas de inflación a largo plazo (el 2% fijado por el Banco Central Europeo, BCE) el diferente tipo de interés del bono a largo plazo se explicaría por la solvencia relativa de la deuda española frente a la alemana, e incluso reflejaría el riesgo a un posible impago, como casi ocurrió con el bono griego en 2010. El aumento de la prima de riesgo significa que empeora la confianza en nuestra política fiscal y nuestra solvencia, y viceversa cuando se reduce.

El hecho de que en la actualidad no se hable de la prima de riesgo es una buena señal, porque esta variable sólo interesaba a nivel mediático y político cuando se disparó durante la crisis. Los mercados, sin embargo, la observan a diario, y se toma buena nota de su evolución, pues de esos tipos de interés no sólo depende el coste de financiación de los estados, sino indirectamente también el de las empresas y, por tanto, acaban influyendo en las bolsas. En el Gráfico 1 presento los datos de las primas de riesgo de España, Francia e Italia, todas ellas tomando como referencia o benchmark el bono alemán. Tomo datos mensuales desde la creación del euro en enero de 1999.

La evolución temporal de las primas de riesgo está muy marcada por el pico asociado a la crisis de deuda de los países de la eurozona desde 2010 a 2013. Pero en el conjunto de estos 26 años se detectan otras regularidades interesantes, que resumo a continuación.

Evolución reciente

Desde 2016 y, especialmente desde la pandemia, el panorama ha cambiado radicalmente, tal y como recoge el Gráfico 2. La prima de riesgo española se despega de la italiana de forma estructural, y se sitúa en un nivel intermedio entre ésta y la francesa. Pero con una diferencia fundamental: la española presenta una tendencia decreciente, mientras que la italiana y la francesa oscilan alrededor de una media constante.

Con la pandemia y hasta 2022, las tres primas de riesgo vuelven a escalar, pero a niveles que no tienen nada que ver con lo ocurrido durante la crisis de 2008. Sin duda, la política seguida por el BCE, bien diferente a la de la crisis financiera, evitó que se disparasen estos spreads. La de Italia subió hasta los 220 pb, la española hasta los 120 y la francesa hasta los 60. Pero es desde 2022 cuando tiene lugar un nuevo cambio estructural que se mantiene hasta la actualidad. La prima de riesgo francesa presenta una tendencia creciente, frente a la decreciente de España e Italia. En 2024 la prima de riesgo francesa supera a la española por primera vez, aunque lo había hecho puntualmente en algunos meses de 2003-2006, pero nunca a los niveles actuales, de más de 50 pb. Ahora, pese a la crisis de Irán, España es el país con menor prima de riesgo entre los grandes países de la zona euro, mientras que Italia y Francia pugnan por evitar ser el peor. Además, la tendencia más reciente sigue siendo favorable a la española, decreciente o estable, mientras que las primas de riesgo italiana y francesa siguen al alza. Con todo, no hemos vuelto a los niveles previos a la crisis, en el caso español. El promedio de la prima de riesgo española en 2026 ha sido 46 pb, lejos de los 15 pb de antes de 2008, aunque muy por debajo de los niveles promedio actuales de Francia e Italia, 76 y 78 pb, respectivamente.

La mejora del rating soberano

Coherentemente con la evolución de las primas de riesgo, la calificación crediticia de la deuda española ha mejorado significativamente, sobre todo a partir de 2025, tal y como recoge la tabla a continuación, referida a las 3 principales agencias de calificación, Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch-IBCA.

Desde 2018, S&P ha mejorado la calificación de nuestra deuda 3 veces, desde BBB+ hasta A+, mientras que Moody’s y Fitch lo han hecho en dos escalones, desde Baa2 a A3 y desde BBB+ a A, respectivamente. Esto ayuda a consolidar los niveles actuales de la prima de riesgo o incluso a reducirlos, como está ocurriendo recientemente, lo cual significa un espaldarazo internacional a la deuda pública española.

Sin duda, una buena noticia para nuestra economía, que destaca frente a la italiana y francesa. Pero no hay que dormirse en los laureles. Queda recorrido a la baja y lo podemos conseguir si aprovechamos la oportunidad de reducir el déficit estructural con nuestro mayor crecimiento económico.

La Agencia Tributaria ha embargado las dietas municipales del concejal de Vox en el Ayuntamiento de Segovia, Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, para hacer frente a una deuda de 53.639,32 euros. El Ayuntamiento de Segovia ha ejecutado así la orden de Hacienda reteniendo los 1.122 euros correspondientes al cobro de las dietas por asistencia a plenos y otros órganos del consistorio del mes de julio.

En un decreto de Alcaldía, con fecha de 17 de agosto, al que ha tenido acceso elDiario.es Castilla y León se recoge que el Ayuntamiento da cumplimiento a una diligencia de embargo de créditos remitida por la Agencia Tributaria, Delegación Especial de Castilla y León, con fecha 19 de junio de 2026. El documento identifica a De Ceballos-Escalera como el deudor y establece que deben retenerse las cantidades que le correspondan del Ayuntamiento hasta cubrir el importe reclamado. En el escrito no se recoge otro tipo de acciones adicionales ni el origen de la deuda.

El documento contable incorporado al expediente fija su importe en 1.122 euros líquidos de las dietas del edil, cantidad que el Ayuntamiento tiene que retener y poner a disposición de la Agencia Tributaria mediante el correspondiente documento de pago. El decreto señala además que la deuda asciende a 53.639,32 euros, por lo que la cuantía de julio es solo una parte del importe reclamado por Hacienda.

El Ayuntamiento señala en el propio decreto que contra la resolución cabe recurso de reposición en el plazo de un mes desde su notificación. La interposición del recurso, según recoge el documento, no suspende por sí misma la ejecución del acto salvo que se solicite la suspensión en los términos previstos legalmente.

Este medio ha solicitado una valoración al Grupo Municipal de Vox en Segovia sobre el embargo de su concejal y sobre la situación que recoge el decreto de Alcaldía. La formación ha respondido que “no tenemos nada que decir sobre este tema”.

Unas dietas que salen del Ayuntamiento

El embargo de Hacienda se hace sobre el dinero que el concejal recibe del Ayuntamiento de Segovia por su participación en los órganos municipales. Es decir, el dinero retenido procede de las dietas que la Administración local abona a sus concejales por estas asistencias.

La declaración de bienes presentada por De Ceballos-Escalera y Gila al tomar posesión como concejal en 2023 permite poner esa situación en contexto. En ella aparecen, entre otros bienes, una vivienda en Madrid, con valor catastral de 282.865 euros; otra vivienda en Torrecaballeros, con valor catrastal 932.238; de una participación indivisa del 6,5% en una finca rústica de Ortigosa del Monte y una participación del 2% en tierras alrededor de Segovia.

La misma declaración recoge también un saldo de 200.000 euros en un depósito indisponible y 300 euros en una cuenta corriente, además de varios vehículos. La declaración de bienes también consignaba entonces un crédito hipotecario de unos 40.000 euros con Banco Santander y un crédito personal de aproximadamente 13.000 euros con La Caixa.

Cabe reseñar que no se puede saber, por sí solo, qué bienes han podido ser objeto de las actuaciones de la Agencia Tributaria, ni por qué Hacienda ha dirigido en este caso el embargo contra las cantidades que el concejal tenía pendientes de cobrar del Consistorio. El decreto municipal únicamente acredita la retención de las dietas.

Dos sociedades como administrador único

Los datos mercantiles señalan que De Ceballos-Escalera y Gila es administrador único de dos sociedades. Una de ellas es Casona de la Oveja Negra, S.L., constituida en 2020 y con domicilio social en Torrecaballeros. La sociedad tiene entre sus actividades el alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia, la organización de eventos y la gestión y administración de propiedad inmobiliaria. La otra es La Cabanillense, S.L., constituida en junio de 2026 y con un objeto social que incluye la compraventa, promoción, gestión, compra, venta y alquiler de inmuebles.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la condición de administrador no implica que pueda atribuirse automáticamente al concejal la condición de socio o un determinado porcentaje de participación en esas sociedades.

Del “ciruelo” al embargo de sus dietas

El embargo llega después de que De Ceballos-Escalera y Gila saltara a las noticias por una polémica intervención durante un pleno celebrado en febrero de 2025.

En aquella sesión, el concejal de Vox, marqués de la Floresta y vizconde de Ayala llegó a ofrecerse a enseñar su “ciruelo” para demostrar que no sentía envidia de la escultura del diablillo situada en la calle San Juan, una polémica que Vox había mantenido abierta durante meses. El edil terminó retirando sus palabras después de que el alcalde, José Mazarías, le pidiera que fuera “correcto” y calificara su intervención de “fuera de lugar”.

La intervención se produjo después de que el concejal de IU Ángel Galindo ironizara sobre las críticas de Vox a la escultura, que representa a un diablillo haciéndose un 'selfie' frente al Acueducto de Segovia. Galindo había aludido al “imponente ciruelo” del personaje y a la envidia como uno de los pecados capitales.

“¿Les pusieron una pistola en la cabeza para endeudarse?”, dijo el presidente Javier Milei ante la pregunta sobre la situación que aqueja a 20 millones de argentinos, casi la mitad de la población. El dato más dramático es que unos 5,8 millones de personas con deuda están en mora por más de 90 días y tasas de interés impagables, la mayoría con tarjetas bancarias, monederos electrónicos y préstamos personales.

La asfixia presupuestaria de las familias argentinas se traduce en números fríos que exponen la grieta entre el relato oficial y la cotidianeidad de la gente. Mientras los salarios reales se desploman y la fragilidad del mercado laboral se profundiza, la morosidad crediticia emerge como la cara más visible de la crisis.

Según datos del Banco Central (BCRA), la tasa de incumplimiento en los préstamos hipotecarios para hogares trepó en junio al 12,7% —cinco veces el promedio registrado desde la debacle financiera global de las subprime—. El panorama es aún más voraz en el sector fintech: en los monederos electrónicos y financieras no bancarias, el incumplimiento llega al 30%.

El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestra que las deudas que las familias no pueden pagar crecen de modo constante desde el último trimestre de 2024 y en mayo de este año alcanzaron datos alarmantes. La mora con los bancos pasó de 2,5% a 12,1 % de noviembre de 2024 a abril de 2026 y con los monederos electrónicos saltó de 7,3% a 29,6%.

Para pagar gastos esenciales

El director de CEPA, Hernán Letcher, señala a elDiario.es que la morosidad de al menos 90 días de casi 6 millones de deudores es el dato preocupante. “Tuvimos la pérdida del poder adquisitivo sobre todo por el salto en las tarifas y en el transporte, que llevó a muchas personas a tener que financiar gastos esenciales con tarjetas de crédito y billeteras virtuales (monederos electrónicos) –éstas ni siquiera te prestan por nivel de ingreso, sin control–. Cuando le preguntas a una persona que debe, no tiene un problema, tiene cinco: les debe a tres bancos y a dos monederos electrónicos. Y las altas tasas agravaron un problema cuyo origen es la falta de ingreso”.

Incluso desde la Fundación Pensar —el think tank del PRO, socio de Milei— admiten que las familias no se endeudan para financiar inversión ni bienes durables, sino para cubrir el consumo cotidiano de supervivencia.

Con bancos aplicando tasas de interés que cuadruplican la inflación interanual (ubicada en torno al 30%) y plataformas digitales que aprietan las clavijas con costos financieros que rozan el 750% anual mediante algoritmos opacos, el ahogo presupuestario se vuelve inviable.

“Acuerdo entre privados”

Frente al fenómeno, Milei insiste en que el endeudamiento familiar es un acuerdo “entre privados” donde el Estado no debe intervenir. No obstante, en los pasillos de la gestión real, la gravedad del cuadro forzó al Banco Nación, el banco público más grande del país, a lanzar algunas líneas de auxilio para deudores morosos.

Desde la oposición advierten que la morosidad es una consecuencia de los draconianos recortes del gasto público, la desregulación y los aumentos de tarifas de servicios públicos. A diferencia del Ejecutivo, gobiernos de varias provincias están desarrollando programas para ayudar a las familias a salir de las deudas.

Letcher agrega que el fenómeno reviste más aristas: “El endeudamiento deriva en hostigamiento, problemas de salud mental y préstamos cada vez más precarios, mientras el gobierno responsabiliza a los deudores y ofrece escasa ayuda”.

La abogada laboralista Tamara Bezares señala a elDiario.es los riesgos que surgen para la personas que recurren a préstamos, lo que se denomina la sobreexposición al crédito. “Las deudas son derivadas a varios estudios de cobranzas, no lo llevan adelante abogados, sino personas administrativas. No propician un trato digno como establece la ley de defensa del consumidor. Si bien cobrar es lícito, el límite es la dignidad humana, la salud física y mental: no te pueden llamar todo el tiempo para cobrar, ni los fines de semana, ni a familiares o compañeros de trabajo”.

Con las deudas crecen dramas personales, que afectan a los sectores más vulnerables, como los jubilados, cada véz más golpeados por la política económica de este gobierno. En agosto de 2026 la jubilación mínima es de 490.000 pesos (326 dólares). Actualmente, hay 1.345.954 jubilados endeudados con prestamistas no bancarios, según la Universidad Nacional de Avellaneda.

Las personas mayores junto a las mujeres trabajadoras del hogar son los grupos más afectados. “Donde está el grupo más débil, es donde hay más deuda y menos salidas”, señala Bezares. Y agrega :“Los prestamistas informales recurren a amenazas y métodos cuasi-delictivos. Por ejemplo, una señora que cobra la jubilación mínima que me llamó para asesorarse contó que les debía cien mil pesos (66 dólares) a 10 personas diferentes. Entraron a su casa y se llevaron su nevera”.

Jubilados y trabajadoras de hogar estarán representados este jueves en la marcha al Ministerio de Economía por el sobreendeudamiento familiar, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), empresarios pyme y endeudados autoconvocados. No se trata de un tema entre privados, se trata de un drama colectivo.

El Gobierno estudia modificar las devoluciones del ingreso mínimo vital (IMV) por los llamados “cobros indebidos”, uno de los aspectos más problemáticos de la renta mínima estatal contra la pobreza y que está investigando el Consejo de Europa a raíz de la denuncia de una ONG. Así lo ha anunciado el Ministerio de la Seguridad Social al Consejo Europeo de Derechos Sociales, en un escrito en el que sostiene que está “promoviendo una norma” que permita las condonaciones de deudas desde 2024.

“Se informa que por parte del ministerio se está promoviendo una norma que permita la condonación de deudas todavía no tratadas correspondiente a los cruces realizados en el año 2024 y 2025”, recoge de manera escueta el documento.

La respuesta del Ministerio liderado por Elma Saiz es fruto de la investigación abierta sobre el IMV por este organismo del Consejo de Europa a raíz de una reclamación presentada por la entidad ATD Cuarto Mundo. El colectivo contra la pobreza pidió a Europa que analizara la renta mínima española por lo que consideran que son varias vulneraciones de la Carta Social Europea.

Casi 320.000 expedientes de devolución

En especial, la ONG puso el foco en las devoluciones de la ayuda que la Seguridad Social reclama cada año a miles de hogares fruto de las revisiones anuales del ingreso mínimo vital, que se realizan a posteriori tras el cruce de datos con Hacienda de las declaraciones de la renta de los beneficiarios.

El Ministerio cifra en su escrito al Comité Europeo de Derechos Sociales en casi 320.000 los expedientes de devolución iniciados desde 2021.

“Desde la experiencia de los afectados, puede estar por debajo del número real, dado que los expedientes tienen cinco años para ser revisados”, consideran en ATD Cuarto Mundo. El IMV llega en la actualidad a 860.500 hogares, según los datos de junio.

La respuesta del Gobierno al organismo europeo no informa de cuánto dinero se ha reclamado en estos expedientes de devolución del IMV. Con datos hasta julio de 2024, la Seguridad Social había reclamado deudas por valor de 500 millones de euros, según informó al Defensor del Pueblo.

Las devoluciones son masivas por el propio funcionamiento del IMV. La ayuda se reconoce según la renta de los hogares del año anterior, la contrastada por la Agencia Tributaria, pero a posteriori se revisa esta cuantía según los ingresos reales del hogar en la siguiente declaración de la renta.

Se trata de un proceso que implica meses de retraso y que deriva en reconocimientos tardíos de atrasos de IMV (si este era inferior de lo debido) o en la exigencia de devolución de toda o parte de la ayuda ya recibida. La Seguridad Social adelantó en 2025 este proceso algunos meses, con una primera revisión provisional en mayo-junio y una segunda definitiva en octubre, para reducir las cuantías reclamadas a las familias.

Estas devoluciones son uno de los aspectos más criticados de la renta mínima estatal por los enormes problemas que generan a hogares ya muy vulnerables y, por tanto, sin capacidad de ahorro ni de afrontar estos pagos, como ha advertido el Defensor del Pueblo, la AIReF, el Tribunal de Cuentas y las ONG especializadas en la lucha contra la pobreza.

Las ONG lo ven positivo, pero insuficiente

Colectivos sociales que denuncian las devoluciones del IMV han recibido como una “buena noticia” que el Gobierno estudie una reforma legal para permitir las condonaciones de deuda, algo recomendado por el Defensor del Pueblo en varias ocasiones, pero insisten en que lo anunciado a Europa es insuficiente, sostienen en ATD Cuarto Mundo y 'Afectados por el IMV'.

“Ha sido una sorpresa y, por una parte, nos alegramos de que el Gobierno reconozca el problema y anuncie condonaciones. Pero por otro, no hay una norma aún, es solo una promesa. Además, estas condonaciones serían solo a futuro, no afectarían a pasado a los miles de hogares ya afectados”, explica Hontanares Arranz, activista de ATD Cuarto Mundo.

elDiario.es ha consultado al Ministerio de la Seguridad Social sobre en qué consistiría esta reforma legal y a quiénes afectaría, pero se ha limitado a responder que es una de las iniciativas que se están estudiando, entre otras muchas. A nivel regional, Catalunya aprobó un decreto para condonar deudas de su Renta Garantizada de Ciudadanía a finales de 2025 y Asturias anunció hace unos meses una reforma en este sentido.

“No podemos olvidar a quienes llevan años sufriendo las consecuencias de un sistema que ha generado reclamaciones de devolución, incertidumbre y graves dificultades económicas”, afirman en 'Afectados por el IMV'. En muchos casos, las devoluciones fueron incluso derivadas de reconocimientos de oficio de la ayuda por parte de la Seguridad Social.

“¿Es que hay perceptores de primera y perceptores de segunda? Miles de personas continúan soportando deudas generadas por el propio funcionamiento del sistema. Una solución justa debe alcanzar también a quienes llevan años soportando las consecuencias de estos errores administrativos”, sostienen en 'Afectados por el IMV'.

ATD Cuarto Mundo responderá al Comité Europeo de Derechos Sociales este mes, gracias a su derecho de réplica, e insiste en la necesidad de acabar con este modelo de devoluciones. “Esto es algo muy gordo, afecta a muchísimas personas. Juegan con que la gente vulnerable no tiene mucho eco, pero esto tiene tal dimensión que algo tienen que hacer. Si no, les va a pasar factura”, sostiene Arranz.

El PSOE de Canarias ha lamentado este jueves el voto en contra del Partido Popular en el Congreso de los Diputados a la tramitación de la propuesta de condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas. Una medida que, aún así, seguirá adelante gracias al apoyo mayoritario de la Cámara y que supondrá que el Estado pueda asumir 3.259 millones de euros de la quita correspondiente a Canarias.

La secretaria de Organización socialista, Nira Fierro, calificó este rechazo de los populares como “un voto contrario a los intereses de Canarias”, al recordar que el archipiélago será la comunidad autónoma más beneficiada por esta iniciativa, ya que vería reducida su deuda a la mitad, mientras que otras autonomías recibirían porcentajes de condonación significativamente inferiores.

Fierro se felicitó porque, a pesar del voto contrario del PP, sigue su trámite una medida que representa “una oportunidad para reforzar los servicios públicos”, al liberar recursos que podrían destinarse a ámbitos prioritarios como la sanidad, la educación, la vivienda o las políticas de dependencia.

Criticó que los seis diputados canarios del PP en el Congreso vuelvan a situarse “del lado de la estrategia marcada por Alberto Núñez Feijóo” en lugar de defender los intereses del Archipiélago. En este sentido, recordó que éetos también han votado en contra de otras medidas de especial relevancia para Canarias, como las ayudas a La Palma, la actualización del Salario Mínimo Interprofesional o la gratuidad del transporte público.

También destacó que la condonación de la deuda es posible gracias al crecimiento de la economía española y a la consolidación de las cuentas públicas, que han permitido reducir los niveles de endeudamiento y crear margen para adoptar medidas que benefician a las comunidades autónomas.“Para aprovechar esta oportunidad hay que priorizar los intereses de los canarios y canarias por encima de los cálculos electorales”, afirmó.

Nira Fierro puso el foco, además, en la “nueva división” en el voto de los socios principales del Gobierno de Canarias, ya que mientras que Coalición Canaria se posicionó este jueves junto a la mayoría del Congreso fue el Partido Popular quien, una vez más, se desentendió de sus responsabilidades de gobierno con los canarios y canarias, del mismo modo que lo hizo antes con la reforma de la Ley de Extranjería o el techo de gastos de los nuevos presupuestos generales.

Por tanto, el Proyecto de Ley orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas sigue su curso porque este jueves, en el Congreso de los Diputados, se rechazó, con los votos en contra de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos, Coalición Canaria y BNG a la enmienda a la totalidad que habría hecho decaer la propuesta. Una enmienda que fue apoyada solo por Vox, PP y UPN.

Vivir desahogado con deudas es también una cuestión de clase. La burguesía sabe que nosotros estamos ahí para servirles, ya sea como en la época feudal, o parasitando las arcas públicas sin complejos. Cada año nos enteramos de que mantenemos a una recua de sanguijuelas que, ellas o sus empresas, deben más de un millón de euros a Hacienda, como mínimo, y acaban cocinando en Masterchef, con programas en televisiones públicas o creando nuevas empresas con las que seguir cobrando dinero de todos mientras las antiguas se cierran con deudas millonarias y sin que genere ningún coste a la persona que gestionó la empresa ruinosa. La clase trabajadora es distinta, manejar deudas le genera vergüenza social, las clases populares antes se quedan sin comer que deber un euro, no pueden vivir en paz sabiendo que deben algo por nimio que sea. Sin embargo, los morosos de la burguesía viven con ese modus operandi en el que un préstamo tapa una deuda para seguir encadenando pufos. Deber es un patrimonio existencial de las clases burguesas parasitarias y los emprendedores sin vergüenza.

Benito Pérez Galdós en Misericordia explicó de manera detallada cómo funciona la moral de los morosos de Hacienda. Doña Paca, la protagonista, no era diferente a los que salen en la lista: una deudora estable, sistemática y crónica de la burguesía que no ve los préstamos y las deudas como un debe, sino como un modo de vivir. Para ella pedir dinero es una manera de tirar hacia adelante porque no tiene intención alguna de pagarlo sino de tapar el antiguo con el nuevo. La culpa no existe porque considera que alguien de su clase no debe, vive así porque lo merece. La mentalidad de Doña Paca es la de los morosos fiscales que aparecen en la lista de Hacienda. Consideran que es una afrenta a su reputación porque tienen la firma convicción de que no deben, que es suyo, que el dinero de todos está para servirles y mantener su nivel de vida. El nuevo títere de la reacción, que antes defendía los impuestos como el tenue socialdemócrata que era, y que responde al nombre de Soto Ivars lo decía estos días: “La lista de morosos es el panteón de los héroes”. Lo dice porque ahora la clase a la que sirve le obliga, pero ver a las mascotas expresarse es una manera de saber lo que piensan los que les pagan y que no suelen abrir la boca.

Como consejo fiscal, si quieres deber a Hacienda es mucho mejor que pases del millón de euros y no te quedes en la sanción por no haber domiciliado la cuota de autónomos o por no haber pagado una multa que no te ha sido notificada. Es muy posible que acabes antes embargado, sin poder contratar con la Administración, siendo un pobre hombre sin suerte que un moroso millonario. Porque todos estos que salen en la lista y deben más de un millón de euros siguen creando empresas, otras nuevas, limpias de polvo y paja, cerrando la otra para que tenga como único patrimonio la deuda y seguir funcionando viviendo con todos los lujos que alguien que paga cada céntimo jamás soñaría. Es frustrante asistir a los ejercicios de desvergüenza que debiendo por encima del millón de euros viven en casas que saldarían la deuda si fueran embargadas.

Se ha puesto de moda entre morosos y participantes de empresas con deudas millonarias con Hacienda compartir por redes sociales un justificante de estar al corriente de la Agencia Tributaria como si eso les exonerara de estar incluidos en la lista. Se puede deber esa pasta y conseguir uno de esos papelitos, o bien por querer confundir la persona física con la persona jurídica o bien por el hecho de que cuando llegas a un acuerdo con Hacienda para un plan de pagos fragmentando el pago de la deuda de manera inmediata se puede conseguir ese certificado sin que eso suponga que la deuda está pagada. Son diferentes maneras de engañar a los incautos que les siguen, pero no engañan a gente formada y con un mínimo intelecto y sobre todo que tiene una moral mucho más aseada.

Sonsoles Ónega llamó a la lista de morosos de hacienda en su programa: “La lista de la vergüenza”, con mucha ira y rabia, con demasiada inquina personal, entiendo y asumo que porque conoce a alguien cercano que está en esa lista y que considera que lo está de manera injusta, porque nadie que debe más de un millón de euros merece vergüenza. Son patriotas. Un autónomo que no puede afrontar el pago de una multa por pago con retraso sí, ese es un ladrón, pero quien debe un millón de euros es un pobre emprendedor tratado de manera injusta por el Estado insaciable. No soy capaz de entender qué tienes que hacer para acumular una deuda por encima de un millón de euros porque alguien con mi concepción de clase, en el momento en el que viera que una actividad de la que participo genera deuda acabaría finiquitada en los estadios iniciales antes de llegar a acumular un salario mínimo de deuda. No hay nadie que tenga su trabajo como patrimonio que pueda acumular esa cantidad de deuda sin ser un canalla, un delincuente, un desahogado o un burgués que cree que la deuda está para servir a sus caprichos.

La Agencia Tributaria publicó el pasado martes su célebre lista de morosos, en la que 5.843 personas acumulan una deuda de 15.432 millones de euros a cierre de 2025. Aunque las empresas isleñas han descendido ligeramente su deuda con Hacienda respecto al año 2025, 134 morosos canarios acumulan impagos de hasta 317,4 millones de euros. De ese total, la provincia de Las Palmas recoge casi 179 millones de euros que deben 79 personas, mientras que Santa Cruz de Tenerife agrupa a 54 deudores con 148,6 millones de euros.

Inversiones Las Teresitas (ITL) encabeza el listado de deudores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Canarias Ahora publicó este miércoles en exclusiva que, además de los 64,3 millones en deuda con Hacienda, la sociedad formada por los empresarios Ignacio González, ya fallecido, y Antonio Plasencia, que protagonizó uno de los mayores casos de corrupción en las islas, tiene un patrimonio negativo neto de 109,4 millones de euros. En esta misma provincia, Playa de Las Teresitas repite como año consecutivo con 6,2 millones de euros, al igual que la ya cesada empresa Islas Airways S.A, que se mantiene en la lista debido a una deuda acumulada que asciende exactamente a 788.312,26 euros. Además, este año se incorpora Habitats El Duque, con 11 millones de euros.

Las empresas de Las Palmas que siguen en la lista

En la provincia de Las Palmas, Nueva Energía 3000 vuelve a encabezar la lista de morosos con una deuda de 19,7 millones de euros, 300.000 euros menos que el año anterior. Le sigue la empresa Sands Beach, con una deuda que asciende a los 12,6 millones de euros. Hermanos Santan Cazorla, avalan su presencia en el listado con un impago de 10,6 millones de euros. Se mantiene Seguridad Integral Canaria (SIC), el grupo en liquidación históricamente vinculado al empresario Miguel Ángel Ramírez (presidente de UD Las Palmas) acumula una deuda de 6,2 millones de euros. El presidente del club de fútbol fue exonerado por la Justicia el 9 de diciembre de 2025 al no apreciar pruebas de que fuera el administrador real de la empresa. Beleyma, Pescenescal y Gonsua Inversiones, continúan como mayores deudores al superar los cuatro millones de euros. Beleyma, clave en el desarrollo inmobiliario de la capital grancanaria, debe cinco millones actualmente, mientras que Pescenescal debe 4,9 millones y Gonsua Inversiones 4,2 millones de euros.

Julitex entra por primera vez en la lista de morosos

Julitex entra como nueva figura en deuda con el Fisco por un impago de 9,3 millones de euros. Esta sociedad logró anular una ley del Gobierno de Canarias que protegia el barrio Los Hoteles, en Tenerife, al demostrar que la Administración incumplió los plazos legales, consiguiendo una sentencia del Tribunal Constitucional que impide a la Administración exceder los plazos administrativos en perjuicio de los ciudadanos.

Para qué sirve publicar la lista de morosos de Hacienda

La lista de morosos de la Agencia Tributaria no srive únicamente para señalar nombres conocidos ni para alimentar un escaparate de famosos o empresarios con deudas fiscales. Tiene como objetivo hacer públicos grandes incumplimientos tributarios y ejercer una presión reputacional sobre quienes mantienen deudas elevadas con Hacienda. Amparada en el artículo 95 bis de la Ley General Tributaria, incluye a personas físicas y jurídicas con más de 600.000 euros pendientes, siempre que esas deudas o sanciones sean firmes y no estén aplazadas ni suspendidas. No supone una condena por fraude fiscal, sino un mecanismo de transparencia que excepciona el carácter reservado de los datos tributarios cuando concurren los requisitos legales.

Sin embargo, aparecer en la lista no significa que Hacienda vaya a recuperar de forma inmediata esas cantidades. Una parte importante de la deuda corresponde a empresas en concurso de acreedores o a contribuyentes en situación de insolvencia, lo que dificulta el cobro. Por ello, la publicación tiene un efecto limitado si no existen bienes o patrimonio sobre los que actuar, ya que la recuperación del dinero sigue dependiendo de los procedimientos habituales de recaudación, como embargos, derivaciones de responsabilidad o procesos concursales.

La Comunidad de Propietarios de Río Vístula, 1, en Aldea Moret, ha denunciado la “contradicción” que supone que el Ayuntamiento de Cáceres, principal propietario del edificio, reclame el pago de la deuda del suministro de agua —e incluso advierta de un posible corte del servicio— mientras mantiene cuotas comunitarias impagadas desde 2020 en numerosas viviendas municipales.

El posible corte afectaría a más de 74 vecinos, entre ellos 21 menores y varias personas dependientes, independientemente de que estén o no al corriente de pago.

Según el Registro de la Propiedad, el Ayuntamiento posee 30 de las 48 viviendas del inmueble, lo que supone el 62% del edificio. La finca cuenta únicamente con dos contadores comunitarios, sin contadores individuales, y uno de ellos permanece averiado desde 2015, por lo que el consumo se factura mediante estimaciones. La Comunidad recuerda que esta situación ha dificultado durante años el mantenimiento del edificio y el pago de suministros esenciales.

Desde enero de 2026, la Junta de Propietarios ha acudido a todos los plenos municipales solicitando que el Ayuntamiento contribuya al pago de las cuotas comunitarias de sus viviendas, como exige la legislación a cualquier propietario. A ello se suma que los recibos del agua incluyen tasas municipales, como la de basura, que pasan a vía ejecutiva con recargos cuando no pueden abonarse, mientras la deuda del agua continúa creciendo.

La Comunidad advierte de que un eventual corte afectaría también a vecinos que pagan puntualmente sus cuotas y a familias que residen como arrendatarias en viviendas municipales, igualmente al corriente de pago. Reclama que el Ayuntamiento actúe no solo desde su posición institucional, sino como titular registral de la mayoría del edificio, cumpliendo las mismas obligaciones que el resto de propietarios.

La secretaria de la Comunidad, Cristina Escarmena, explica que “el Canal de Isabel II nos ha informado de que la instalación es insegura, lo que impide sustituir el contador averiado. Además, fue una sorpresa horrible comprobar que el compromiso adquirido por el Ayuntamiento en la Mesa del Agua de 2018 para evitar el corte del suministro no se había materializado y que la deuda acumulada supera ya los 126.000 euros”.

La Comunidad lamenta el estigma que está generando la difusión pública de la deuda, que “no refleja la realidad de muchas familias que cumplen con sus obligaciones”.

La junta de la Comunidad de Propietarios del edificio Río Vístula número 1 insiste en que no pretende eludir responsabilidades, sino que todos los propietarios, incluido el Ayuntamiento, participen activamente en la solución de un problema que se arrastra desde hace décadas.

Por su parte, el Consistorio ha informado a elDiario.es de que en el próximo pleno se aprobará la partida correspondiente a las cuotas adeudadas por las viviendas de titularidad municipal ubicadas en dicho bloque (20 según la versión oficial) —impagos acumulados desde 2020— y cuya cuantía fue remitida por la comunidad de vecinos el pasado 21 de abril. A partir de esa fecha se inició el expediente administrativo para proceder al abono y, una vez se produzca la aprobación plenaria, el pago será inmediato.

Ramón y Agustín Olivares Garrigos, dos hermanos y empresarios naturales de Campo de Criptana (Ciudad Real), son las personas físicas que más dinero deben a la Agencia Tributaria. En total, adeudan 36,8 millones de euros.

La decimotercera lista de morosos de Hacienda publicada este martes incluye un total de 5.853 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2025.

La deuda que acumulan los hermanos Olivares Garrigo con la Agencia Tributaria sube a un total de 36,83 millones de euros. Ramón ya aparecía en esta lista en 2022 y 2025, mientras que Agustín solo aparecía en el año 2022. En todos los casos, por el mismo importe adeudado.

Estos hermanos llegaron a tener hasta 13 empresas que estaban vinculadas con la construcción, el mercado inmobiliario, la caza y las fincas rústicas, según informa Newtral. No obstante, la mayoría de ellas ya no están activas.

Su empresa estrella fue Grupo Oligarry Construcción, fundada en 1992, compañía con la que construyeron numerosas viviendas y rehabilitaron edificios ilustres como el Palacio Infante Don Juan Manuel en Belmonte (Cuenca).

Con la crisis inmobiliaria de 2008, la empresa comenzó a perder músculo económico y entró en concurso de acreedores.

El diputado regional José Ángel Lacalzada ha alertado sobre “la nefasta gestión presupuestaria y financiera del Gobierno de La Rioja”. En concreto, el diputado ha señalado que La Rioja “cerró 2025 con un déficit público del 0,54% del PIB, lo que se traduce en 64 millones de euros”. Pero esto no es nuevo, según ha dicho Lacalzada, en lo que va de legislatura, La Rioja “ha cerrado todos los ejercicios con déficit, lo que deja un agujero fiscal acumulado de 128 millones de euros”.

Por otra parte, el diputado socialista ha recordado que el Banco de España ha publicado que la deuda de La Rioja “se sitúa en el primer trimestre de este año en 1.880 millones de euros, lo que supone un incremento de 201 millones de euros respecto al último trimestre del año pasado”. Es decir, La Rioja “ha aumentado su deuda pública en tres meses en más de 2,2 millones de euros al día, la comunidad donde más se ha incrementado la deuda”.

José Ángel Lacalzada ha asegurado que, con estas cifras, “es evidente que Alfonso Domínguez es el consejero de la deuda y el déficit”. Y, también, para el PSOE, “es evidente que el PP gestiona mal”. “Si lo comparamos con el mandato anterior, el del Partido Socialista, el déficit fue en los cuatro años de 10 millones de euros, y el aumento de la deuda pública de 24 millones de euros”, ha destacado, recordando que todo esto “gestionando una pandemia”. El diputado socialista ha afirmado que en 3 años el Gobierno del Partido Popular “ha dejado el triple de deuda y doce veces más de déficit que la etapa del PSOE”.

Lacalzada ha recordado, además, que el Gobierno de España “está entregando a La Rioja la mayor cantidad de recursos económicos de la historia del sistema de financiación autonómica”. En 2026, nuestra comunidad “va a recibir 1.462 millones de euros, 276 millones de euros más desde que gobierna Capellán”.

El diputado socialista ha dicho que el verdadero problema del Gobierno del PP “es la pérdida de recursos públicos por aplicar el populismo fiscal, ya que La Rioja va a dejar de ingresar más de 200 millones de euros durante estos cuatro años por la eliminación o bajada de impuestos a aquellos que menos lo necesitan”. Esta rebaja de impuestos “anticipa los recortes de los servicios públicos del futuro”, ha dicho Lacalzada.

Así las cosas, ahora mismo La Rioja “se encuentra entre las regiones que menos aportan a la buena marcha de la economía española”. También ha dicho Lacalzada, que La Rioja es “la última comunidad autónoma en reducción del desempleo el último año”. “Desde que Gobierna Capellán ha caído el número de autónomos mientras que en España aumenta, La Rioja está entre las comunidades con peor índice de producción industrial y cifra de negocios en la industria y caen las exportaciones”. “Y está a la cola de España en confianza empresarial este segundo trimestre de este año”, ha concluido el diputado socialista.

La sentencia del Tribunal Supremo que impone más de 24 años de cárcel a José Luis Ábalos no da por buenas todas las confesiones y acusaciones del empresario Víctor de Aldama. Los jueces rechazan que Carlos Moreno, alto cargo en Hacienda con María Jesús Montero, cobrara 25.000 euros de la trama a cambio de conseguir el aplazamiento de la deuda de una de sus empresas. El entonces jefe de gabinete de Montero derivó las reclamaciones del comisionista, pero la deuda siguió vigente y él no tenía ningún poder para influir sobre la situación de esa empresa. Además, recuerdan los jueces, no toda reunión en un despacho de un alto cargo implica un posible delito.

El foco judicial se puso sobre Carlos Moreno Medina en septiembre del año pasado cuando el juez Leopoldo Puente, de Tribunal Supremo, decidió partir el caso en dos e investigar aparte los amaños de obra y el papel de Santos Cerdán. Un auto en el que apuntó a Moreno y una reunión que habría mantenido con Víctor de Aldama que “tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas” del comisionista a cambio de 25.000 euros. La sospecha dio el salto a la política y el Partido Popular preguntó directamente por el tema a la entonces ministra de hacienda, María Jesús Montero, que fue contundente: “Jamás hizo nada parecido, nunca jamás. Pongo la mano en el fuego por Carlos Moreno”.

Las acusaciones, como tantas otras del caso durante esa fase final de la investigación en el Tribunal Supremo antes del juicio, venían de la confesión de Víctor de Aldama. La comparecencia de varias horas del empresario en la Audiencia Nacional con la que había conseguido su libertad después de mes y medio en prisión por el fraude masivo de IVA en el caso Hidrocarburos. Ese día, entre otras muchas afirmaciones, el empresario aseguró que pagó 25.000 euros a Moreno a través de Koldo García para que, previa consulta a la ministra, aplazara la deuda de una de sus empresas.

La sociedad que tenía la deuda problemática es Pilot Real Estate, que figura en la última versión actualizada de la lista de morosos de Hacienda con un déficit de 1,3 millones de euros. Según relató en fase de instrucción, Moreno accedió a hacer el favor con una salvedad que apuntaba todavía más arriba según Aldama: “Antes de hacer ningún movimiento él tiene que hablar con su jefa, que es la ministra Montero y que si ella autoriza hacen el movimiento. Se nos concede el aplazamiento”. Según esa primera versión, pocos meses después Koldo García le pidió “un detalle” con ese alto cargo, que se concretó en 25.000 euros para Moreno. “Quedamos a tomar un café y Koldo le entrega el sobre a Carlos Moreno”, zanjó entonces Aldama.

La afirmación de Aldama pasó el filtro de la fase de instrucción y llegó al juicio, donde Carlos Moreno compareció para dar su versión de los hechos: se limitó a derivar la petición de Aldama a otra persona y nunca recibió ninguna comisión. Conoció a Aldama a través de Koldo García por asuntos relativos al aeropuerto de Ciudad Real, a la compra de un edificio del Ministerio en Madrid y a la presentación de una aplicación israelí, pero nada relacionado con la deuda.

Víctor de Aldama, que compareció como imputado durante unas ocho horas ante la Sala de lo Penal, mantuvo su versión de los hechos e incluso amplió los detalles. “Yo me siento en tres ocasiones con la jefa de la Agencia Tributaria, con una orden clara de María Jesús Montero, trasladada por Carlos Moreno, en que se me tiene que ayudar con la deuda”. Y después de muchas gestiones, según Aldama, la deuda se aplazó y Koldo le pidió 25.000 euros para el alto cargo de Montero. “Citamos al señor Carlos Moreno en un bar que hay bajando del Ministerio de Hacienda a mano derecha, subiendo la callecita un poquito a mano derecha, un bar pequeño que hay ahí y le hago entrega de un sobre con dinero”, zanjó Aldama.

La Fiscalía Anticorrupción decidió no acusar por estos hechos, pero las acusaciones populares capitaneadas por el PP sí lo hicieron y el resultado ha sido un pasaje de la sentencia que rechaza las afirmaciones de Víctor de Aldama contra el departamento de María Jesús Montero. Carlos Moreno no tenía capacidad para aplazar esa deuda y no lo hizo: sigue vigente y tampoco hay pruebas de que se llevara un sobre con 25.000 euros a cambio. “No todo acto de aproximación para ser recibido en un despacho puede reputarse delictivo”, añade el Supremo.

Gestiones sin “fruto práctico”

Los jueces no dudan de que la reunión se celebró en junio de 2020 y tampoco de que Aldama pidió el aplazamiento de la deuda para Pilot Real State, una de las múltiples sociedades que administraba. El comisionista no tenía el aval necesario para conseguir la prórroga y estaba fallando en su objetivo de “intentar salvar la compañía”. Moreno, dice la sentencia, se limitó a trasladar la cuestión a otro alto cargo del Ministerio y el aplazamiento “no llegó a producirse”. Él, además, no tenía “competencias directas” sobre la cuestión.

“No ha quedado probado”, dice entonces el Supremo, nada de lo que dijo Aldama. “No tenemos ninguna constatación acreditativa, ni mediante prueba de carácter personal ni documental”, aseguran los jueces, de que Koldo pidiera 25.000 euros para Moreno y que ambos se lo dieran en un sobre en una cafetería. Además, y en contra de lo que dice Aldama, la deuda siguió viva y esa empresa sigue estando en la última versión actualizada de la lista de morosos. “Tales gestiones no tuvieron ningún fruto práctico, pues la citada mercantil figuró como morosa en la lista de diciembre de 2021”.

No todas las afirmaciones de Víctor de Aldama, por tanto, han sido validadas por el Tribunal Supremo, aunque los jueces lo mantengan en el territorio de los hechos sin probar y no acusen al empresario abiertamente de mentir. Las diligencias del Supremo y de la Audiencia Nacional han demostrado la habilidad de Víctor de Aldama para abrirse camino hasta todo tipo de despachos, y los jueces explican que eso no siempre es un delito para los que le recibían. “No es lo mismo conseguir una entrevista personal que una resolución”, dicen.

El Tribunal Supremo tira de archivo para ilustrar su argumento: el de la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. En 2008 la Sala de lo Penal, encabezada entonces por un recién llegado Manuel Marchena, recibió un aviso de un juzgado de Valdemoro: habían cazado a Casas hablando por teléfono con una abogada acusada de conspirar para matar a su propio marido. Una conversación en la que no hablaban del posible asesinato, sino del divorcio de la mujer, que años después fue efectivamente condenada. El Supremo rechazó imputar a María Emilia Casas porque esas conversaciones no constituían ningún delito: “No todo consejo emanado de una autoridad puede reputarse delictivo”, dijo el tribunal hace casi dos décadas.

El Supremo, con Marchena entre sus integrantes, recuerda estos argumentos para no considerar delictiva la reunión entre Carlos Moreno y Víctor de Aldama. “No todo acto de aproximación para ser recibido en su despacho por un funcionario público o autoridad puede reputarse delictivo. Solo aquel que compromete la imparcialidad, que menoscaba el deber de exclusividad o que provoca una interferencia entre los intereses privados y los de naturaleza pública, puede ser objeto de persecución penal”, recuerda el Tribunal Supremo para enterrar esta acusación con la que Víctor de Aldama quiso implicar en el caso a María Jesús Montero como conocedora de las gestiones.

El impago de las cuotas o de las derramas es una de las mayores causas de conflicto en las comunidades de propietarios. ¿Qué hacer cuando un vecino deja de cumplir con sus obligaciones económicas? Existen protocolos legales claros y herramientas que el resto de los propietarios pueden utilizar para recuperar ese dinero.

“Lo primero es intentar hablar con el propietario y comprobar si el impago es por un descuido”, recomienda Teresa Suárez Agrasar, administradora de fincas colegiada y presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, que asegura que en estos casos no suele haber problema y se soluciona con rapidez.

El conflicto real, según Suárez, aparece con el “moroso habitual” o aquel que decide no pagar por no estar de acuerdo con lo aprobado por mayoría. En estos casos, la comunidad debe formalizar la reclamación: “La comunidad tiene que aprobar en junta la liquidación de las cuotas pendientes y reflejarlo en acta, facultando al presidente o administrador, para reclamar por las vías que contempla el derecho”. 

Una vez aprobada la liquidación, la herramienta legal más eficaz es el procedimiento monitorio, que, apunta la administradora de fincas, “permite reclamar cuotas impagadas de forma relativamente rápida”, o dependiendo de la cuantía, también puede derivar en un juicio verbal.

Además de las cuotas o derramas pendientes, la comunidad también puede exigir el pago de intereses y gastos derivados del propio proceso judicial. “Si el propietario sigue sin pagar, el juzgado puede llegar a embargar bienes”, advierte Suárez sobre la firmeza de la ley en este aspecto. 

Es conveniente recordar que el impago no solo puede llegar a ser un problema judicial, sino que también tiene repercusión en la convivencia y conlleva restricciones en la vida comunitaria. “La primera consecuencia es la pérdida del derecho a voto en las juntas mientras se tengan deudas pendientes con la comunidad”, recuerda la administradora. “Tampoco podrá vender su vivienda si no acredita previamente el pago de su deuda”, señala la experta, que aclara que la comunidad, por su parte, “no puede privar del uso de los servicios comunitarios a nadie”.

“Un error muy habitual en estos casos es esperar demasiado antes de actuar. A veces, por evitar conflictos, se deja pasar el tiempo y la deuda se hace mucho más difícil de recuperar”, detecta Suárez, que añade que cuando la gestión no es profesional también es frecuente que se comentan errores en las notificaciones o pasos legales que pueden invalidar la reclamación posterior. 

Para evitar también que estos procesos se lleven al terreno personal, provoquen conflictos mayores y se resuelvan con rapidez, la administradora aconseja externalizar la gestión. “Contar con un administrador de fincas colegiado es fundamental para manejar estas situaciones con objetividad y evitar enfrentamientos innecesarios entre propietarios”, defiende Suárez.

El Grupo Socialista en la Diputación de Toledo, gobernada por PP y Vox, no ha apoyado el crédito de dos millones de euros planteado por la institución provincial para la adquisición de la antigua Escuela de Enfermería de la capital castellanomanchega. Afirma que su coste final no está “claramente definido” y que además es un proyecto del alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez (PP).

El Gobierno de la Diputación de Toledo lleva este viernes a pleno una modificación presupuestaria, mediante crédito extraordinario, superior a los dos millones de euros, destinada a la adquisición del edificio de la antigua Escuela de Enfermería de la ciudad.

Este trámite constituye el primer paso para el desarrollo de un proyecto que permitirá la futura puesta en marcha de una nueva residencia universitaria. La iniciativa “nace con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda de plazas de alojamiento por parte de estudiantes de los municipios de la provincia”.

Los socialistas consideran que esta decisión no solo carece de planificación, sino que además supone “endeudar” al conjunto de la provincia para asumir un proyecto que, tal y como subrayan, “no corresponde a las prioridades de la institución provincial”.

Concretamente, la portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Toledo, Tita García Élez, precisa que la Diputación va a endeudar “no solo a la ciudad de Toledo, sino a todos y cada uno de los municipios de la provincia”, al asumir un préstamo a diez años para financiar esta operación.

“No es de recibo que la Diputación venga a sufragar los gastos y las peticiones de un programa electoral del Ayuntamiento de Toledo”, ha añadido. Y añade que la institución provincial tiene que estar “para ayudar a los municipios más pequeños y atender situaciones sobrevenidas” y “no asumir compromisos políticos de otras administraciones”.

El propio alcalde de Toledo impulsó este proyecto

García Élez ha desmontado el argumento del Gobierno provincial de que se trata de una necesidad de interés provincial, recordando que fue el propio alcalde de Toledo quien impulsó este proyecto mucho antes de los informes que ahora se utilizan para justificar la operación.

En este sentido, ha subrayado que ya en 2025 el regidor manifestó públicamente su interés por la Escuela de Enfermería e inició contactos para su adquisición. Incluso en junio de 2023, dos días después de tomar posesión como alcalde, Carlos Velázquez ya preguntó sobre este inmueble para asumirlo como un proyecto local, lo que evidencia que no estamos ante una demanda sobrevenida de la Diputación.

Según ha explicado la portavoz del PSOE, el Ayuntamiento de Toledo fue quien inició los trámites administrativos, los informes técnicos y las gestiones con la Tesorería de la Seguridad Social en relación con este inmueble, lo que refuerza el carácter estrictamente municipal del proyecto.

“¿En qué momento pasa a ser un proyecto provincial? En el momento en el que el alcalde de Toledo anuncia que será la Diputación quien lo compre”, ha cuestionado, poniendo en duda la coherencia del planteamiento del Gobierno provincial.

Asimismo, la portavoz socialista ha alertado de que la Diputación de Toledo va a adquirir un edificio que presenta “cargas vigentes” hasta el año 2029, con espacios actualmente ocupados por servicios administrativos, lo que “limita su disponibilidad y condiciona cualquier actuación futura”. A su juicio, esta circunstancia incrementa la incertidumbre sobre el uso real del inmueble y sobre el coste total de la operación, que podría verse incrementado con nuevas inversiones no contempladas inicialmente.

En este contexto, García Élez ha criticado que se priorice al Ayuntamiento de Toledo, “con una solvencia económica acreditada de cerca de 27 millones de euros de remanente”, frente a otros municipios de la provincia que sí dependen directamente del apoyo de la Diputación para poder afrontar inversiones básicas. Así, ha advertido de que esta decisión rompe el principio de equilibrio territorial que debe guiar la acción de la institución provincial.

La Diputación no puede convertirse en la herramienta para ejecutar el programa electoral de un ayuntamiento concreto

La portavoz del Grupo Socialista ha advertido, además, de que esta operación no es un hecho aislado, sino que responde “a una dinámica que se viene repitiendo en los últimos tiempos”. En este sentido, ha recordado que ya son varios los inmuebles propiedad de la Diputación que han sido puestos a disposición o gestionados por el Ayuntamiento de Toledo, lo que, a su juicio, refleja una tendencia preocupante en la gestión del patrimonio provincial.

“Se está intentando vestir como un proyecto provincial lo que en realidad es una iniciativa del alcalde de Toledo”, ha afirmado García Élez, insistiendo en que la Diputación no puede convertirse en “la herramienta para ejecutar el programa electoral de un ayuntamiento concreto”. Una línea de actuación que, según ha advertido, desvirtúa el papel de la institución y perjudica al conjunto de la provincia.

Por todo ello, el Grupo Socialista ha exigido al Gobierno provincial que aclare “con total transparencia” el coste real de la operación, su impacto económico a medio y largo plazo y los criterios que justifican destinar recursos de toda la provincia a un proyecto que, a su juicio, “responde a intereses estrictamente municipales y no a una planificación estratégica provincial”.

La morosidad es un problema frecuente en las comunidades de propietarios y suele ir acompañada de muchas dudas sobre los derechos de quienes no están al corriente de sus pagos, más allá de su obligación de pagar. ¿Podría ser nombrado presidente de la comunidad un propietario que no paga las cuotas? “La Ley de Propiedad Horizontal no priva del derecho a ejercer como presidente a un propietario moroso. Ahora bien, no es aconsejable nombrarlo para el cargo”, aclara Patricia Briones, abogada y secretaria técnica del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. “Si se le quiere reclamar judicialmente el pago de las cantidades adeudadas, esta persona no podría actuar como parte demandante y demandada a la vez”, explica.

El artículo nueve de la Ley de Propiedad Horizontal, que recoge las obligaciones de los propietarios incluye que el propietario moroso sigue obligado a contribuir al pago de los gastos generales conforme a su cuota de participación, salvo exención estatutaria o un acuerdo de junta adoptado por unanimidad.

Qué hacer con la deuda del propietario moroso

“La condonación o fraccionamiento de la deuda requiere acuerdo de la junta de propietarios y podrá ser aprobada por mayoría simple al considerarse un acto de mera administración”, informa Briones. En el caso de querer reclamar la deuda, explica la experta, la comunidad debe llevar a cabo un proceso monitorio antes de acudir a la vía judicial.

“Desde el 3 de abril, antes de acudir a la vía judicial, deberá darse cumplimiento al MASC, adoptando el acuerdo de liquidación de la deuda y notificando este acuerdo al deudor”, comenta la abogada. “Se trata de evitar la vía judicial mediante un proceso de negociación como puede ser la mediación, conciliación o intermediación de abogados”.

“La comunidad, además, puede adoptar medidas disuasorias como intereses superiores al legal o la privación temporal del uso de servicios no esenciales para la habitabilidad de la vivienda como la piscina o el gimnasio”, añade Briones, que advierte de que no se puede privar al propietario de elementos o instalaciones esenciales para la habitabilidad de su vivienda como el ascensor o la calefacción.

¿Puede votar un propietario que debe sus cuotas a la comunidad?

En cuanto a los derechos del propietario moroso en las juntas de comunidad, la abogada confirma que “puede asistir a las juntas únicamente con voz, pero será privado de su derecho de voto si al inicio de la junta no está al corriente de pago, salvo que haya impugnado la deuda o consignado judicial o notoriamente el importe adeudado”. 

En cuanto a la mejor manera de gestionar la morosidad, la experta asegura que “dependerá de la predisposición del deudor y la voluntad de la comunidad de facilitar el pago, por ejemplo, mediante la concesión de plazos”.

El Consejo de Ministros ha dado el primer paso para imponer límites a los intereses abusivos de los préstamos al consumo que escapan a la legislación a la que se someten las entidades financieras y bancarias tradicionales. El Gobierno someterá a consulta pública un anteproyecto de ley que regula esos créditos al consumo, entre los que se encuentran los micro-créditos, las tarjetas revolving o los préstamos rápidos en plataformas digitales, con el que pretende dar cumplimiento a la directiva europea en esa materia y poner coto a los abusos de las condiciones de ese tipo de productos, que en ocasiones se disparan e incluso llegan a triplicar su TAE. Es al consumo privado a lo que el Gobierno atribuye en buena medida el crecimiento de la economía que espera a partir de ahora.

La nueva normativa, que tras la consulta pública pasará de nuevo por el Consejo de Ministros antes de la tramitación parlamentaria, impondrá límites a los tipos de interés con el objeto de prevenir el sobreendeudamiento y otorgar seguridad jurídica a todos los operadores así como proteger a los consumidores, según el Gobierno. El crédito al consumo supone un 7% del crédito al sector privado residente y un 15% del crédito a hogares, una cifra que ha crecido siete puntos respecto a hace diez años. La cifra alcanzó los 114.673 millones en noviembre de 2025, con un crecimiento interanual del 10,5%. En el caso de los microcréditos, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado que la incidencia en términos de stock es baja, pero que “afecta a un millón de operaciones particularmente importante en aquellos hogares de menor renta”.

La pretensión de la nueva ley es establecer un un régimen general de limitación de costes, de tal forma que la TAE no supere un determinado nivel de tipo de interés máximo, según explica el Ministerio de Economía. “El límite general se fijará a partir del tipo de interés medio del crédito al consumo al que se le añade un margen que se establece por tramos de importe del crédito en el desarrollo reglamentario”, señala en una nota de prensa. Para importes iguales o inferiores a 1.500 euros, se tratará de 15 puntos porcentuales. Para importes superiores a 1.500 e inferiores a 6.000 euros, 10 puntos porcentuales. Para importes superiores a 6.000 euros, con plazo de vencimiento inferior a 8 años, 8 puntos porcentuales. Para importes superiores a 6.000 euros, con plazo de vencimiento superior a 8 años, 6 puntos porcentuales.

La normativa se desarrollará con un real decreto que establecerá esos tramos. Hasta entonces, se establecerá un “límite máximo transitorio, del 22%, aplicable a las nuevas operaciones formalizadas tras su entrada en vigor”. “Este límite será aplicable también a la liquidación de las operaciones de tarjetas revolving existentes”, explica la nota en referencia a las tarjetas que establecen unas cuotas fijas o porcentajes del saldo pendiente que van sumando intereses.

También se pondrá coto a los créditos de alto coste, que se caracterizan por ser de bajo importe, tener plazos de reembolso reducidos y tipos elevados. “La regulación propuesta transforma este mercado al establecer un periodo mínimo de reembolso de estos créditos (al menos 3 cuotas mensuales) y reducir el coste total soportado por el consumidor, que se limita a un tipo de interés mensual del 4% y una comisión máxima del 5% sujeta a un máximo de 30 euros. Además, el coste máximo de estos créditos no podrá ser superior al de un crédito a doce meses por el mismo importe bajo el régimen general”, explica Economía.

El ministerio ejemplifica la nueva ley con un ejemplo. Si un microcrédito de 300 euros y un plazo de 30 días le supone hoy al consumidor un coste promedio de 103 euros, tendrá un coste máximo de 40 euros con esa normativa y tendrá que ser reembolsado en un mínimo de tres meses. Si el consumidor decide reembolsar a los 30 días, el coste será de 20 euros. “Es un ejemplo indicativo de las mejoras de protección paraelcliente o los consumidores financieros”, ha dicho Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

También se impondrán reglas a los prestamistas, que tendrán que “proporcionar una información específica y reforzada con una antelación mínima de 24 horas que permita tomar una decisión plenamente informada”. Igualmente, se regula la publicidad de este tipo de productos al prohibir que se destaque “la facilidad o rapidez con la que se puede obtener un crédito de alto coste sobre el resto de sus características esenciales, tales como tipología y coste total del crédito”.

En ese sentido, habrá más exigencias respecto a la transparencia al obligar a que los elementos esenciales de la información precontractual queden destacados en una página. Se creará la figura de servicios de asesoramiento de deudas consistente en la prestación de servicios de asesoramiento financiero, asistencia jurídica o psicológica y social para deudores en dificultades.

Además, se refuerzan los mecanismos de supervisión y control de est tipo de préstamos, que sólopondrán conceder entidades financieras registradas y supervisadas por el Banco de España. “Con el objeto de aumentar la concurrencia y dar entrada a los operadores no regulados hasta la fecha, se crean dos nuevas figuras: los Establecimientos Financieros de Crédito de Ámbito Limitado (EFCAL) y los prestamistas de alto coste autorizados”, expone el ministerio.

“Para reforzar la evaluación de solvencia y prevenir el sobreendeudamiento de los consumidores, se exige la consulta obligatoria del prestamista al historial crediticio del cliente y se prevé que la consulta a bases de datos sea obligatoria atendiendo a la tipología de créditos o importe contratado. Para el caso de créditos de alto coste, se prevé que dicha consulta sea obligatoria. Mientras, las empresas que vendan otros productos o servicios y quieran ofrecer financiación (concesionarios, grandes almacenes de muebles o electrodomésticos...) lo tendrán que hacer como préstamos sin intereses”, agrega. Los contratos de crédito concedidos por operadores que no cuenten con la debida autorización serán nulos.

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Logroño ha concedido una exoneración de 249.380 euros a un vecino de la ciudad que, durante más de una década, cargó con deudas ajenas, desempleo y una pérdida progresiva de estabilidad económica.

La resolución, dictada en Logroño, a 28 de noviembre de 2025, supone el final de una etapa marcada por la incertidumbre y el inicio de un nuevo camino libre de presiones financieras imposibles de afrontar.

El procedimiento ha sido gestionado por la Asociación Ayuda al Endeudamiento, bajo la dirección del letrado José Domínguez, permitiendo al afectado recuperar su estabilidad y comenzar una nueva etapa libre de cargas financieras imposibles de asumir.

Las deudas estaban vinculadas a préstamos personales vencidos con Caixabank (81.396 euro), Kutxabank (49.896 euro) y Caja Rural de Navarra (118.088 euro).

Lejos de responder a compras superfluas, representaban compromisos asumidos en un momento en el que la estabilidad laboral y familiar era muy distinta.

Tras perder su empleo, él y su pareja recurrieron a diferentes formas de financiación para cubrir necesidades básicas y sostener la unidad familiar.

Cuando las dificultades laborales se prolongaron, los créditos se convirtieron en el único recurso disponible para pagar los anteriores. Sin embargo, su situación tenía un origen más profundo, marcado por la crisis financiera de 2008.

“Cuando todo parecía estable, avalé un préstamo como un gesto de confianza. Nunca pensé que ese acto, que parecía inocuo, acabaría condicionando mi vida durante tantos años”, explica.

Cuando llegó la crisis, el empleo en su entorno desapareció de golpe y las obligaciones que había avalado pasaron a recaer sobre él. Las decisiones que había tomado bajo unas expectativas de estabilidad dejaron de tener sentido en una realidad completamente distinta.

La situación familiar también se transformó. Cambios laborales, mudanzas y ajustes forzados alteraron su forma de vivir y planificar.

“No fue solo una crisis económica; fue una ruptura vital. Tuvimos que rehacer todo desde cero. Hoy sé que la estabilidad es frágil y que lo que uno cree sólido puede cambiar de un día para otro”, reflexiona.

Su historia ilustra cómo las obligaciones financieras están profundamente ligadas al contexto en el que nacen. Los préstamos, que en su momento parecían razonables, dejaron de serlo cuando el empleo desapareció y el horizonte vital se estrechó.

Cuando las expectativas que daban sentido a esas decisiones se desvanecieron, la carga económica se volvió imposible de sostener.

Ante una deuda que ya no guardaba relación con sus posibilidades reales, decidió acudir a la Asociación Ayuda al Endeudamiento, entidad que estudió su caso y asumió la tramitación del procedimiento.

El equipo jurídico, liderado por el letrado José Domínguez, defendió ante el juzgado que la situación del deudor había cambiado de forma irreversible y que las obligaciones contraídas en otro momento ya no reflejaban su capacidad actual.

“Las personas no se endeudan por imprudencia, sino porque las expectativas sobre las que toman decisiones pueden derrumbarse por acontecimientos inesperados -un despido, una crisis, una enfermedad-”, explica Domínguez.

“La Ley de Segunda Oportunidad permite restablecer un equilibrio justo entre lo que alguien puede realmente afrontar y aquello que, en su día, asumió bajo un escenario completamente distinto”.

Gracias a la resolución, este vecino de Logroño puede ahora reorganizar su vida sin la amenaza constante de perderlo todo. Ha vuelto a establecerse, ha recuperado tranquilidad emocional y puede proyectar el futuro sin una losa económica imposible de levantar.

Desde la Asociación Ayuda al Endeudamiento recuerdan que este mecanismo legal es esencial para quienes han visto cómo su realidad vital se transformaba hasta hacer inasumibles las decisiones del pasado. Casos como este muestran que, incluso tras años de incertidumbre, siempre existe una salida para volver a empezar.

El Ayuntamiento de Comillas llevará al próximo Pleno la amortización total de su deuda municipal, cercana a los 850.000 euros, a través de un modificado presupuestario financiado con cargo al remanente de tesorería. El Consistorio ha subrayado que esta decisión permitirá cerrar el ejercicio con deuda cero, “reforzando la solvencia municipal y la capacidad para abordar futuros proyectos con mayor autonomía financiera”.

Además, confía en poder utilizar el próximo año los 1,2 millones de euros de remanente de tesorería aún disponibles, algo que dependerá de las reglas de gasto que establezcan las Cortes nacionales, ha indicado en nota de prensa.

El expediente que se elevará a Pleno contempla la cancelación anticipada de dos créditos. En primer lugar, se amortizará el préstamo solicitado en 2024 destinado a la adquisición de un terreno previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ubicado en la localidad de Ruiseñada.

Con este crédito también se pretendía hacer frente a posibles gastos derivados del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), aunque finalmente no ha sido necesario recurrir a estos fondos adicionales, ya que todas las obras vinculadas al proyecto se están licitando dentro del presupuesto inicialmente previsto.

El segundo crédito que se amortizará, de unos 44.000 euros, corresponde a la última anualidad del préstamo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), solicitado en 2017 para la mejora del alumbrado público.

En este sentido, la alcaldesa, María Teresa Noceda, ha resaltado que la amortización total será posible gracias al “uso responsable” de los recursos municipales, que ha permitido disponer de un remanente de tesorería “sólido y suficiente” para asumir esta operación sin comprometer los servicios públicos ni las inversiones previstas.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Julián Rozas, ha destacado que llevar la deuda a cero es un “hito importante” que permitirá avanzar hacia un modelo de planificación financiera “más estable”, reducir cargas futuras y centrar todos los recursos municipales en “lo verdaderamente importante: la búsqueda de nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de los comillanos”.

La propuesta será debatida en la sesión plenaria prevista para este viernes, a la que también irán otros temas como la aprobación del contrato para la urbanización del Frente Marítimo de Comillas, el de construcción de un aparcamiento en Calle Regato Callejo y un convenio urbanístico.

El Juzgado de lo Mercantil de A Coruña ha concedido la exoneración total del pasivo insatisfecho a un trabajador autónomo y a su esposa, según informa el despacho Oulego Abogados y Consultores, que los representó. Lo hace, informa y recoge el fallo, liberándolos así de una deuda superior a 125.000 euros. “Gracias a esta resolución, el afectado, un trabajador autónomo al final de su vida laboral, podrá acceder a su pensión de jubilación sin riesgo de embargos”, señala el despacho de abogados.

El matrimonio acudió al mecanismo de Segunda Oportunidad ante la imposibilidad de hacer frente a los préstamos, avales, créditos y deudas con distintas administraciones acumulados durante la actividad profesional del autónomo.

Tras la liquidación ordenada de sus bienes y sin oposición de los acreedores, la administración concursal solicitó la conclusión del concurso y la concesión de la exoneración, que finalmente fue acordada en su totalidad. El auto declara expresamente que “la exoneración alcanza a la totalidad de las deudas insatisfechas, salvo las categorías no exonerables del artículo 489 TRLC”, remarca el despacho.