Vivir desahogado con deudas es también una cuestión de clase. La burguesía sabe que nosotros estamos ahí para servirles, ya sea como en la época feudal, o parasitando las arcas públicas sin complejos. Cada año nos enteramos de que mantenemos a una recua de sanguijuelas que, ellas o sus empresas, deben más de un millón de euros a Hacienda, como mínimo, y acaban cocinando en Masterchef, con programas en televisiones públicas o creando nuevas empresas con las que seguir cobrando dinero de todos mientras las antiguas se cierran con deudas millonarias y sin que genere ningún coste a la persona que gestionó la empresa ruinosa. La clase trabajadora es distinta, manejar deudas le genera vergüenza social, las clases populares antes se quedan sin comer que deber un euro, no pueden vivir en paz sabiendo que deben algo por nimio que sea. Sin embargo, los morosos de la burguesía viven con ese modus operandi en el que un préstamo tapa una deuda para seguir encadenando pufos. Deber es un patrimonio existencial de las clases burguesas parasitarias y los emprendedores sin vergüenza.

Benito Pérez Galdós en Misericordia explicó de manera detallada cómo funciona la moral de los morosos de Hacienda. Doña Paca, la protagonista, no era diferente a los que salen en la lista: una deudora estable, sistemática y crónica de la burguesía que no ve los préstamos y las deudas como un debe, sino como un modo de vivir. Para ella pedir dinero es una manera de tirar hacia adelante porque no tiene intención alguna de pagarlo sino de tapar el antiguo con el nuevo. La culpa no existe porque considera que alguien de su clase no debe, vive así porque lo merece. La mentalidad de Doña Paca es la de los morosos fiscales que aparecen en la lista de Hacienda. Consideran que es una afrenta a su reputación porque tienen la firma convicción de que no deben, que es suyo, que el dinero de todos está para servirles y mantener su nivel de vida. El nuevo títere de la reacción, que antes defendía los impuestos como el tenue socialdemócrata que era, y que responde al nombre de Soto Ivars lo decía estos días: “La lista de morosos es el panteón de los héroes”. Lo dice porque ahora la clase a la que sirve le obliga, pero ver a las mascotas expresarse es una manera de saber lo que piensan los que les pagan y que no suelen abrir la boca.

Como consejo fiscal, si quieres deber a Hacienda es mucho mejor que pases del millón de euros y no te quedes en la sanción por no haber domiciliado la cuota de autónomos o por no haber pagado una multa que no te ha sido notificada. Es muy posible que acabes antes embargado, sin poder contratar con la Administración, siendo un pobre hombre sin suerte que un moroso millonario. Porque todos estos que salen en la lista y deben más de un millón de euros siguen creando empresas, otras nuevas, limpias de polvo y paja, cerrando la otra para que tenga como único patrimonio la deuda y seguir funcionando viviendo con todos los lujos que alguien que paga cada céntimo jamás soñaría. Es frustrante asistir a los ejercicios de desvergüenza que debiendo por encima del millón de euros viven en casas que saldarían la deuda si fueran embargadas.

Se ha puesto de moda entre morosos y participantes de empresas con deudas millonarias con Hacienda compartir por redes sociales un justificante de estar al corriente de la Agencia Tributaria como si eso les exonerara de estar incluidos en la lista. Se puede deber esa pasta y conseguir uno de esos papelitos, o bien por querer confundir la persona física con la persona jurídica o bien por el hecho de que cuando llegas a un acuerdo con Hacienda para un plan de pagos fragmentando el pago de la deuda de manera inmediata se puede conseguir ese certificado sin que eso suponga que la deuda está pagada. Son diferentes maneras de engañar a los incautos que les siguen, pero no engañan a gente formada y con un mínimo intelecto y sobre todo que tiene una moral mucho más aseada.

Sonsoles Ónega llamó a la lista de morosos de hacienda en su programa: “La lista de la vergüenza”, con mucha ira y rabia, con demasiada inquina personal, entiendo y asumo que porque conoce a alguien cercano que está en esa lista y que considera que lo está de manera injusta, porque nadie que debe más de un millón de euros merece vergüenza. Son patriotas. Un autónomo que no puede afrontar el pago de una multa por pago con retraso sí, ese es un ladrón, pero quien debe un millón de euros es un pobre emprendedor tratado de manera injusta por el Estado insaciable. No soy capaz de entender qué tienes que hacer para acumular una deuda por encima de un millón de euros porque alguien con mi concepción de clase, en el momento en el que viera que una actividad de la que participo genera deuda acabaría finiquitada en los estadios iniciales antes de llegar a acumular un salario mínimo de deuda. No hay nadie que tenga su trabajo como patrimonio que pueda acumular esa cantidad de deuda sin ser un canalla, un delincuente, un desahogado o un burgués que cree que la deuda está para servir a sus caprichos.

La Agencia Tributaria publicó el pasado martes su célebre lista de morosos, en la que 5.843 personas acumulan una deuda de 15.432 millones de euros a cierre de 2025. Aunque las empresas isleñas han descendido ligeramente su deuda con Hacienda respecto al año 2025, 134 morosos canarios acumulan impagos de hasta 317,4 millones de euros. De ese total, la provincia de Las Palmas recoge casi 179 millones de euros que deben 79 personas, mientras que Santa Cruz de Tenerife agrupa a 54 deudores con 148,6 millones de euros.

Inversiones Las Teresitas (ITL) encabeza el listado de deudores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Canarias Ahora publicó este miércoles en exclusiva que, además de los 64,3 millones en deuda con Hacienda, la sociedad formada por los empresarios Ignacio González, ya fallecido, y Antonio Plasencia, que protagonizó uno de los mayores casos de corrupción en las islas, tiene un patrimonio negativo neto de 109,4 millones de euros. En esta misma provincia, Playa de Las Teresitas repite como año consecutivo con 6,2 millones de euros, al igual que la ya cesada empresa Islas Airways S.A, que se mantiene en la lista debido a una deuda acumulada que asciende exactamente a 788.312,26 euros. Además, este año se incorpora Habitats El Duque, con 11 millones de euros.

Las empresas de Las Palmas que siguen en la lista

En la provincia de Las Palmas, Nueva Energía 3000 vuelve a encabezar la lista de morosos con una deuda de 19,7 millones de euros, 300.000 euros menos que el año anterior. Le sigue la empresa Sands Beach, con una deuda que asciende a los 12,6 millones de euros. Hermanos Santan Cazorla, avalan su presencia en el listado con un impago de 10,6 millones de euros. Se mantiene Seguridad Integral Canaria (SIC), el grupo en liquidación históricamente vinculado al empresario Miguel Ángel Ramírez (presidente de UD Las Palmas) acumula una deuda de 6,2 millones de euros. El presidente del club de fútbol fue exonerado por la Justicia el 9 de diciembre de 2025 al no apreciar pruebas de que fuera el administrador real de la empresa. Beleyma, Pescenescal y Gonsua Inversiones, continúan como mayores deudores al superar los cuatro millones de euros. Beleyma, clave en el desarrollo inmobiliario de la capital grancanaria, debe cinco millones actualmente, mientras que Pescenescal debe 4,9 millones y Gonsua Inversiones 4,2 millones de euros.

Julitex entra por primera vez en la lista de morosos

Julitex entra como nueva figura en deuda con el Fisco por un impago de 9,3 millones de euros. Esta sociedad logró anular una ley del Gobierno de Canarias que protegia el barrio Los Hoteles, en Tenerife, al demostrar que la Administración incumplió los plazos legales, consiguiendo una sentencia del Tribunal Constitucional que impide a la Administración exceder los plazos administrativos en perjuicio de los ciudadanos.

Para qué sirve publicar la lista de morosos de Hacienda

La lista de morosos de la Agencia Tributaria no srive únicamente para señalar nombres conocidos ni para alimentar un escaparate de famosos o empresarios con deudas fiscales. Tiene como objetivo hacer públicos grandes incumplimientos tributarios y ejercer una presión reputacional sobre quienes mantienen deudas elevadas con Hacienda. Amparada en el artículo 95 bis de la Ley General Tributaria, incluye a personas físicas y jurídicas con más de 600.000 euros pendientes, siempre que esas deudas o sanciones sean firmes y no estén aplazadas ni suspendidas. No supone una condena por fraude fiscal, sino un mecanismo de transparencia que excepciona el carácter reservado de los datos tributarios cuando concurren los requisitos legales.

Sin embargo, aparecer en la lista no significa que Hacienda vaya a recuperar de forma inmediata esas cantidades. Una parte importante de la deuda corresponde a empresas en concurso de acreedores o a contribuyentes en situación de insolvencia, lo que dificulta el cobro. Por ello, la publicación tiene un efecto limitado si no existen bienes o patrimonio sobre los que actuar, ya que la recuperación del dinero sigue dependiendo de los procedimientos habituales de recaudación, como embargos, derivaciones de responsabilidad o procesos concursales.

La Comunidad de Propietarios de Río Vístula, 1, en Aldea Moret, ha denunciado la “contradicción” que supone que el Ayuntamiento de Cáceres, principal propietario del edificio, reclame el pago de la deuda del suministro de agua —e incluso advierta de un posible corte del servicio— mientras mantiene cuotas comunitarias impagadas desde 2020 en numerosas viviendas municipales.

El posible corte afectaría a más de 74 vecinos, entre ellos 21 menores y varias personas dependientes, independientemente de que estén o no al corriente de pago.

Según el Registro de la Propiedad, el Ayuntamiento posee 30 de las 48 viviendas del inmueble, lo que supone el 62% del edificio. La finca cuenta únicamente con dos contadores comunitarios, sin contadores individuales, y uno de ellos permanece averiado desde 2015, por lo que el consumo se factura mediante estimaciones. La Comunidad recuerda que esta situación ha dificultado durante años el mantenimiento del edificio y el pago de suministros esenciales.

Desde enero de 2026, la Junta de Propietarios ha acudido a todos los plenos municipales solicitando que el Ayuntamiento contribuya al pago de las cuotas comunitarias de sus viviendas, como exige la legislación a cualquier propietario. A ello se suma que los recibos del agua incluyen tasas municipales, como la de basura, que pasan a vía ejecutiva con recargos cuando no pueden abonarse, mientras la deuda del agua continúa creciendo.

La Comunidad advierte de que un eventual corte afectaría también a vecinos que pagan puntualmente sus cuotas y a familias que residen como arrendatarias en viviendas municipales, igualmente al corriente de pago. Reclama que el Ayuntamiento actúe no solo desde su posición institucional, sino como titular registral de la mayoría del edificio, cumpliendo las mismas obligaciones que el resto de propietarios.

La secretaria de la Comunidad, Cristina Escarmena, explica que “el Canal de Isabel II nos ha informado de que la instalación es insegura, lo que impide sustituir el contador averiado. Además, fue una sorpresa horrible comprobar que el compromiso adquirido por el Ayuntamiento en la Mesa del Agua de 2018 para evitar el corte del suministro no se había materializado y que la deuda acumulada supera ya los 126.000 euros”.

La Comunidad lamenta el estigma que está generando la difusión pública de la deuda, que “no refleja la realidad de muchas familias que cumplen con sus obligaciones”.

La junta de la Comunidad de Propietarios del edificio Río Vístula número 1 insiste en que no pretende eludir responsabilidades, sino que todos los propietarios, incluido el Ayuntamiento, participen activamente en la solución de un problema que se arrastra desde hace décadas.

Por su parte, el Consistorio ha informado a elDiario.es de que en el próximo pleno se aprobará la partida correspondiente a las cuotas adeudadas por las viviendas de titularidad municipal ubicadas en dicho bloque (20 según la versión oficial) —impagos acumulados desde 2020— y cuya cuantía fue remitida por la comunidad de vecinos el pasado 21 de abril. A partir de esa fecha se inició el expediente administrativo para proceder al abono y, una vez se produzca la aprobación plenaria, el pago será inmediato.

Ramón y Agustín Olivares Garrigos, dos hermanos y empresarios naturales de Campo de Criptana (Ciudad Real), son las personas físicas que más dinero deben a la Agencia Tributaria. En total, adeudan 36,8 millones de euros.

La decimotercera lista de morosos de Hacienda publicada este martes incluye un total de 5.853 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2025.

La deuda que acumulan los hermanos Olivares Garrigo con la Agencia Tributaria sube a un total de 36,83 millones de euros. Ramón ya aparecía en esta lista en 2022 y 2025, mientras que Agustín solo aparecía en el año 2022. En todos los casos, por el mismo importe adeudado.

Estos hermanos llegaron a tener hasta 13 empresas que estaban vinculadas con la construcción, el mercado inmobiliario, la caza y las fincas rústicas, según informa Newtral. No obstante, la mayoría de ellas ya no están activas.

Su empresa estrella fue Grupo Oligarry Construcción, fundada en 1992, compañía con la que construyeron numerosas viviendas y rehabilitaron edificios ilustres como el Palacio Infante Don Juan Manuel en Belmonte (Cuenca).

Con la crisis inmobiliaria de 2008, la empresa comenzó a perder músculo económico y entró en concurso de acreedores.

El diputado regional José Ángel Lacalzada ha alertado sobre “la nefasta gestión presupuestaria y financiera del Gobierno de La Rioja”. En concreto, el diputado ha señalado que La Rioja “cerró 2025 con un déficit público del 0,54% del PIB, lo que se traduce en 64 millones de euros”. Pero esto no es nuevo, según ha dicho Lacalzada, en lo que va de legislatura, La Rioja “ha cerrado todos los ejercicios con déficit, lo que deja un agujero fiscal acumulado de 128 millones de euros”.

Por otra parte, el diputado socialista ha recordado que el Banco de España ha publicado que la deuda de La Rioja “se sitúa en el primer trimestre de este año en 1.880 millones de euros, lo que supone un incremento de 201 millones de euros respecto al último trimestre del año pasado”. Es decir, La Rioja “ha aumentado su deuda pública en tres meses en más de 2,2 millones de euros al día, la comunidad donde más se ha incrementado la deuda”.

José Ángel Lacalzada ha asegurado que, con estas cifras, “es evidente que Alfonso Domínguez es el consejero de la deuda y el déficit”. Y, también, para el PSOE, “es evidente que el PP gestiona mal”. “Si lo comparamos con el mandato anterior, el del Partido Socialista, el déficit fue en los cuatro años de 10 millones de euros, y el aumento de la deuda pública de 24 millones de euros”, ha destacado, recordando que todo esto “gestionando una pandemia”. El diputado socialista ha afirmado que en 3 años el Gobierno del Partido Popular “ha dejado el triple de deuda y doce veces más de déficit que la etapa del PSOE”.

Lacalzada ha recordado, además, que el Gobierno de España “está entregando a La Rioja la mayor cantidad de recursos económicos de la historia del sistema de financiación autonómica”. En 2026, nuestra comunidad “va a recibir 1.462 millones de euros, 276 millones de euros más desde que gobierna Capellán”.

El diputado socialista ha dicho que el verdadero problema del Gobierno del PP “es la pérdida de recursos públicos por aplicar el populismo fiscal, ya que La Rioja va a dejar de ingresar más de 200 millones de euros durante estos cuatro años por la eliminación o bajada de impuestos a aquellos que menos lo necesitan”. Esta rebaja de impuestos “anticipa los recortes de los servicios públicos del futuro”, ha dicho Lacalzada.

Así las cosas, ahora mismo La Rioja “se encuentra entre las regiones que menos aportan a la buena marcha de la economía española”. También ha dicho Lacalzada, que La Rioja es “la última comunidad autónoma en reducción del desempleo el último año”. “Desde que Gobierna Capellán ha caído el número de autónomos mientras que en España aumenta, La Rioja está entre las comunidades con peor índice de producción industrial y cifra de negocios en la industria y caen las exportaciones”. “Y está a la cola de España en confianza empresarial este segundo trimestre de este año”, ha concluido el diputado socialista.

La sentencia del Tribunal Supremo que impone más de 24 años de cárcel a José Luis Ábalos no da por buenas todas las confesiones y acusaciones del empresario Víctor de Aldama. Los jueces rechazan que Carlos Moreno, alto cargo en Hacienda con María Jesús Montero, cobrara 25.000 euros de la trama a cambio de conseguir el aplazamiento de la deuda de una de sus empresas. El entonces jefe de gabinete de Montero derivó las reclamaciones del comisionista, pero la deuda siguió vigente y él no tenía ningún poder para influir sobre la situación de esa empresa. Además, recuerdan los jueces, no toda reunión en un despacho de un alto cargo implica un posible delito.

El foco judicial se puso sobre Carlos Moreno Medina en septiembre del año pasado cuando el juez Leopoldo Puente, de Tribunal Supremo, decidió partir el caso en dos e investigar aparte los amaños de obra y el papel de Santos Cerdán. Un auto en el que apuntó a Moreno y una reunión que habría mantenido con Víctor de Aldama que “tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas” del comisionista a cambio de 25.000 euros. La sospecha dio el salto a la política y el Partido Popular preguntó directamente por el tema a la entonces ministra de hacienda, María Jesús Montero, que fue contundente: “Jamás hizo nada parecido, nunca jamás. Pongo la mano en el fuego por Carlos Moreno”.

Las acusaciones, como tantas otras del caso durante esa fase final de la investigación en el Tribunal Supremo antes del juicio, venían de la confesión de Víctor de Aldama. La comparecencia de varias horas del empresario en la Audiencia Nacional con la que había conseguido su libertad después de mes y medio en prisión por el fraude masivo de IVA en el caso Hidrocarburos. Ese día, entre otras muchas afirmaciones, el empresario aseguró que pagó 25.000 euros a Moreno a través de Koldo García para que, previa consulta a la ministra, aplazara la deuda de una de sus empresas.

La sociedad que tenía la deuda problemática es Pilot Real Estate, que figura en la última versión actualizada de la lista de morosos de Hacienda con un déficit de 1,3 millones de euros. Según relató en fase de instrucción, Moreno accedió a hacer el favor con una salvedad que apuntaba todavía más arriba según Aldama: “Antes de hacer ningún movimiento él tiene que hablar con su jefa, que es la ministra Montero y que si ella autoriza hacen el movimiento. Se nos concede el aplazamiento”. Según esa primera versión, pocos meses después Koldo García le pidió “un detalle” con ese alto cargo, que se concretó en 25.000 euros para Moreno. “Quedamos a tomar un café y Koldo le entrega el sobre a Carlos Moreno”, zanjó entonces Aldama.

La afirmación de Aldama pasó el filtro de la fase de instrucción y llegó al juicio, donde Carlos Moreno compareció para dar su versión de los hechos: se limitó a derivar la petición de Aldama a otra persona y nunca recibió ninguna comisión. Conoció a Aldama a través de Koldo García por asuntos relativos al aeropuerto de Ciudad Real, a la compra de un edificio del Ministerio en Madrid y a la presentación de una aplicación israelí, pero nada relacionado con la deuda.

Víctor de Aldama, que compareció como imputado durante unas ocho horas ante la Sala de lo Penal, mantuvo su versión de los hechos e incluso amplió los detalles. “Yo me siento en tres ocasiones con la jefa de la Agencia Tributaria, con una orden clara de María Jesús Montero, trasladada por Carlos Moreno, en que se me tiene que ayudar con la deuda”. Y después de muchas gestiones, según Aldama, la deuda se aplazó y Koldo le pidió 25.000 euros para el alto cargo de Montero. “Citamos al señor Carlos Moreno en un bar que hay bajando del Ministerio de Hacienda a mano derecha, subiendo la callecita un poquito a mano derecha, un bar pequeño que hay ahí y le hago entrega de un sobre con dinero”, zanjó Aldama.

La Fiscalía Anticorrupción decidió no acusar por estos hechos, pero las acusaciones populares capitaneadas por el PP sí lo hicieron y el resultado ha sido un pasaje de la sentencia que rechaza las afirmaciones de Víctor de Aldama contra el departamento de María Jesús Montero. Carlos Moreno no tenía capacidad para aplazar esa deuda y no lo hizo: sigue vigente y tampoco hay pruebas de que se llevara un sobre con 25.000 euros a cambio. “No todo acto de aproximación para ser recibido en un despacho puede reputarse delictivo”, añade el Supremo.

Gestiones sin “fruto práctico”

Los jueces no dudan de que la reunión se celebró en junio de 2020 y tampoco de que Aldama pidió el aplazamiento de la deuda para Pilot Real State, una de las múltiples sociedades que administraba. El comisionista no tenía el aval necesario para conseguir la prórroga y estaba fallando en su objetivo de “intentar salvar la compañía”. Moreno, dice la sentencia, se limitó a trasladar la cuestión a otro alto cargo del Ministerio y el aplazamiento “no llegó a producirse”. Él, además, no tenía “competencias directas” sobre la cuestión.

“No ha quedado probado”, dice entonces el Supremo, nada de lo que dijo Aldama. “No tenemos ninguna constatación acreditativa, ni mediante prueba de carácter personal ni documental”, aseguran los jueces, de que Koldo pidiera 25.000 euros para Moreno y que ambos se lo dieran en un sobre en una cafetería. Además, y en contra de lo que dice Aldama, la deuda siguió viva y esa empresa sigue estando en la última versión actualizada de la lista de morosos. “Tales gestiones no tuvieron ningún fruto práctico, pues la citada mercantil figuró como morosa en la lista de diciembre de 2021”.

No todas las afirmaciones de Víctor de Aldama, por tanto, han sido validadas por el Tribunal Supremo, aunque los jueces lo mantengan en el territorio de los hechos sin probar y no acusen al empresario abiertamente de mentir. Las diligencias del Supremo y de la Audiencia Nacional han demostrado la habilidad de Víctor de Aldama para abrirse camino hasta todo tipo de despachos, y los jueces explican que eso no siempre es un delito para los que le recibían. “No es lo mismo conseguir una entrevista personal que una resolución”, dicen.

El Tribunal Supremo tira de archivo para ilustrar su argumento: el de la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. En 2008 la Sala de lo Penal, encabezada entonces por un recién llegado Manuel Marchena, recibió un aviso de un juzgado de Valdemoro: habían cazado a Casas hablando por teléfono con una abogada acusada de conspirar para matar a su propio marido. Una conversación en la que no hablaban del posible asesinato, sino del divorcio de la mujer, que años después fue efectivamente condenada. El Supremo rechazó imputar a María Emilia Casas porque esas conversaciones no constituían ningún delito: “No todo consejo emanado de una autoridad puede reputarse delictivo”, dijo el tribunal hace casi dos décadas.

El Supremo, con Marchena entre sus integrantes, recuerda estos argumentos para no considerar delictiva la reunión entre Carlos Moreno y Víctor de Aldama. “No todo acto de aproximación para ser recibido en su despacho por un funcionario público o autoridad puede reputarse delictivo. Solo aquel que compromete la imparcialidad, que menoscaba el deber de exclusividad o que provoca una interferencia entre los intereses privados y los de naturaleza pública, puede ser objeto de persecución penal”, recuerda el Tribunal Supremo para enterrar esta acusación con la que Víctor de Aldama quiso implicar en el caso a María Jesús Montero como conocedora de las gestiones.

El impago de las cuotas o de las derramas es una de las mayores causas de conflicto en las comunidades de propietarios. ¿Qué hacer cuando un vecino deja de cumplir con sus obligaciones económicas? Existen protocolos legales claros y herramientas que el resto de los propietarios pueden utilizar para recuperar ese dinero.

“Lo primero es intentar hablar con el propietario y comprobar si el impago es por un descuido”, recomienda Teresa Suárez Agrasar, administradora de fincas colegiada y presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, que asegura que en estos casos no suele haber problema y se soluciona con rapidez.

El conflicto real, según Suárez, aparece con el “moroso habitual” o aquel que decide no pagar por no estar de acuerdo con lo aprobado por mayoría. En estos casos, la comunidad debe formalizar la reclamación: “La comunidad tiene que aprobar en junta la liquidación de las cuotas pendientes y reflejarlo en acta, facultando al presidente o administrador, para reclamar por las vías que contempla el derecho”. 

Una vez aprobada la liquidación, la herramienta legal más eficaz es el procedimiento monitorio, que, apunta la administradora de fincas, “permite reclamar cuotas impagadas de forma relativamente rápida”, o dependiendo de la cuantía, también puede derivar en un juicio verbal.

Además de las cuotas o derramas pendientes, la comunidad también puede exigir el pago de intereses y gastos derivados del propio proceso judicial. “Si el propietario sigue sin pagar, el juzgado puede llegar a embargar bienes”, advierte Suárez sobre la firmeza de la ley en este aspecto. 

Es conveniente recordar que el impago no solo puede llegar a ser un problema judicial, sino que también tiene repercusión en la convivencia y conlleva restricciones en la vida comunitaria. “La primera consecuencia es la pérdida del derecho a voto en las juntas mientras se tengan deudas pendientes con la comunidad”, recuerda la administradora. “Tampoco podrá vender su vivienda si no acredita previamente el pago de su deuda”, señala la experta, que aclara que la comunidad, por su parte, “no puede privar del uso de los servicios comunitarios a nadie”.

“Un error muy habitual en estos casos es esperar demasiado antes de actuar. A veces, por evitar conflictos, se deja pasar el tiempo y la deuda se hace mucho más difícil de recuperar”, detecta Suárez, que añade que cuando la gestión no es profesional también es frecuente que se comentan errores en las notificaciones o pasos legales que pueden invalidar la reclamación posterior. 

Para evitar también que estos procesos se lleven al terreno personal, provoquen conflictos mayores y se resuelvan con rapidez, la administradora aconseja externalizar la gestión. “Contar con un administrador de fincas colegiado es fundamental para manejar estas situaciones con objetividad y evitar enfrentamientos innecesarios entre propietarios”, defiende Suárez.

El Grupo Socialista en la Diputación de Toledo, gobernada por PP y Vox, no ha apoyado el crédito de dos millones de euros planteado por la institución provincial para la adquisición de la antigua Escuela de Enfermería de la capital castellanomanchega. Afirma que su coste final no está “claramente definido” y que además es un proyecto del alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez (PP).

El Gobierno de la Diputación de Toledo lleva este viernes a pleno una modificación presupuestaria, mediante crédito extraordinario, superior a los dos millones de euros, destinada a la adquisición del edificio de la antigua Escuela de Enfermería de la ciudad.

Este trámite constituye el primer paso para el desarrollo de un proyecto que permitirá la futura puesta en marcha de una nueva residencia universitaria. La iniciativa “nace con el objetivo de dar respuesta a la creciente demanda de plazas de alojamiento por parte de estudiantes de los municipios de la provincia”.

Los socialistas consideran que esta decisión no solo carece de planificación, sino que además supone “endeudar” al conjunto de la provincia para asumir un proyecto que, tal y como subrayan, “no corresponde a las prioridades de la institución provincial”.

Concretamente, la portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Toledo, Tita García Élez, precisa que la Diputación va a endeudar “no solo a la ciudad de Toledo, sino a todos y cada uno de los municipios de la provincia”, al asumir un préstamo a diez años para financiar esta operación.

“No es de recibo que la Diputación venga a sufragar los gastos y las peticiones de un programa electoral del Ayuntamiento de Toledo”, ha añadido. Y añade que la institución provincial tiene que estar “para ayudar a los municipios más pequeños y atender situaciones sobrevenidas” y “no asumir compromisos políticos de otras administraciones”.

El propio alcalde de Toledo impulsó este proyecto

García Élez ha desmontado el argumento del Gobierno provincial de que se trata de una necesidad de interés provincial, recordando que fue el propio alcalde de Toledo quien impulsó este proyecto mucho antes de los informes que ahora se utilizan para justificar la operación.

En este sentido, ha subrayado que ya en 2025 el regidor manifestó públicamente su interés por la Escuela de Enfermería e inició contactos para su adquisición. Incluso en junio de 2023, dos días después de tomar posesión como alcalde, Carlos Velázquez ya preguntó sobre este inmueble para asumirlo como un proyecto local, lo que evidencia que no estamos ante una demanda sobrevenida de la Diputación.

Según ha explicado la portavoz del PSOE, el Ayuntamiento de Toledo fue quien inició los trámites administrativos, los informes técnicos y las gestiones con la Tesorería de la Seguridad Social en relación con este inmueble, lo que refuerza el carácter estrictamente municipal del proyecto.

“¿En qué momento pasa a ser un proyecto provincial? En el momento en el que el alcalde de Toledo anuncia que será la Diputación quien lo compre”, ha cuestionado, poniendo en duda la coherencia del planteamiento del Gobierno provincial.

Asimismo, la portavoz socialista ha alertado de que la Diputación de Toledo va a adquirir un edificio que presenta “cargas vigentes” hasta el año 2029, con espacios actualmente ocupados por servicios administrativos, lo que “limita su disponibilidad y condiciona cualquier actuación futura”. A su juicio, esta circunstancia incrementa la incertidumbre sobre el uso real del inmueble y sobre el coste total de la operación, que podría verse incrementado con nuevas inversiones no contempladas inicialmente.

En este contexto, García Élez ha criticado que se priorice al Ayuntamiento de Toledo, “con una solvencia económica acreditada de cerca de 27 millones de euros de remanente”, frente a otros municipios de la provincia que sí dependen directamente del apoyo de la Diputación para poder afrontar inversiones básicas. Así, ha advertido de que esta decisión rompe el principio de equilibrio territorial que debe guiar la acción de la institución provincial.

La Diputación no puede convertirse en la herramienta para ejecutar el programa electoral de un ayuntamiento concreto

La portavoz del Grupo Socialista ha advertido, además, de que esta operación no es un hecho aislado, sino que responde “a una dinámica que se viene repitiendo en los últimos tiempos”. En este sentido, ha recordado que ya son varios los inmuebles propiedad de la Diputación que han sido puestos a disposición o gestionados por el Ayuntamiento de Toledo, lo que, a su juicio, refleja una tendencia preocupante en la gestión del patrimonio provincial.

“Se está intentando vestir como un proyecto provincial lo que en realidad es una iniciativa del alcalde de Toledo”, ha afirmado García Élez, insistiendo en que la Diputación no puede convertirse en “la herramienta para ejecutar el programa electoral de un ayuntamiento concreto”. Una línea de actuación que, según ha advertido, desvirtúa el papel de la institución y perjudica al conjunto de la provincia.

Por todo ello, el Grupo Socialista ha exigido al Gobierno provincial que aclare “con total transparencia” el coste real de la operación, su impacto económico a medio y largo plazo y los criterios que justifican destinar recursos de toda la provincia a un proyecto que, a su juicio, “responde a intereses estrictamente municipales y no a una planificación estratégica provincial”.

La morosidad es un problema frecuente en las comunidades de propietarios y suele ir acompañada de muchas dudas sobre los derechos de quienes no están al corriente de sus pagos, más allá de su obligación de pagar. ¿Podría ser nombrado presidente de la comunidad un propietario que no paga las cuotas? “La Ley de Propiedad Horizontal no priva del derecho a ejercer como presidente a un propietario moroso. Ahora bien, no es aconsejable nombrarlo para el cargo”, aclara Patricia Briones, abogada y secretaria técnica del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. “Si se le quiere reclamar judicialmente el pago de las cantidades adeudadas, esta persona no podría actuar como parte demandante y demandada a la vez”, explica.

El artículo nueve de la Ley de Propiedad Horizontal, que recoge las obligaciones de los propietarios incluye que el propietario moroso sigue obligado a contribuir al pago de los gastos generales conforme a su cuota de participación, salvo exención estatutaria o un acuerdo de junta adoptado por unanimidad.

Qué hacer con la deuda del propietario moroso

“La condonación o fraccionamiento de la deuda requiere acuerdo de la junta de propietarios y podrá ser aprobada por mayoría simple al considerarse un acto de mera administración”, informa Briones. En el caso de querer reclamar la deuda, explica la experta, la comunidad debe llevar a cabo un proceso monitorio antes de acudir a la vía judicial.

“Desde el 3 de abril, antes de acudir a la vía judicial, deberá darse cumplimiento al MASC, adoptando el acuerdo de liquidación de la deuda y notificando este acuerdo al deudor”, comenta la abogada. “Se trata de evitar la vía judicial mediante un proceso de negociación como puede ser la mediación, conciliación o intermediación de abogados”.

“La comunidad, además, puede adoptar medidas disuasorias como intereses superiores al legal o la privación temporal del uso de servicios no esenciales para la habitabilidad de la vivienda como la piscina o el gimnasio”, añade Briones, que advierte de que no se puede privar al propietario de elementos o instalaciones esenciales para la habitabilidad de su vivienda como el ascensor o la calefacción.

¿Puede votar un propietario que debe sus cuotas a la comunidad?

En cuanto a los derechos del propietario moroso en las juntas de comunidad, la abogada confirma que “puede asistir a las juntas únicamente con voz, pero será privado de su derecho de voto si al inicio de la junta no está al corriente de pago, salvo que haya impugnado la deuda o consignado judicial o notoriamente el importe adeudado”. 

En cuanto a la mejor manera de gestionar la morosidad, la experta asegura que “dependerá de la predisposición del deudor y la voluntad de la comunidad de facilitar el pago, por ejemplo, mediante la concesión de plazos”.

El Consejo de Ministros ha dado el primer paso para imponer límites a los intereses abusivos de los préstamos al consumo que escapan a la legislación a la que se someten las entidades financieras y bancarias tradicionales. El Gobierno someterá a consulta pública un anteproyecto de ley que regula esos créditos al consumo, entre los que se encuentran los micro-créditos, las tarjetas revolving o los préstamos rápidos en plataformas digitales, con el que pretende dar cumplimiento a la directiva europea en esa materia y poner coto a los abusos de las condiciones de ese tipo de productos, que en ocasiones se disparan e incluso llegan a triplicar su TAE. Es al consumo privado a lo que el Gobierno atribuye en buena medida el crecimiento de la economía que espera a partir de ahora.

La nueva normativa, que tras la consulta pública pasará de nuevo por el Consejo de Ministros antes de la tramitación parlamentaria, impondrá límites a los tipos de interés con el objeto de prevenir el sobreendeudamiento y otorgar seguridad jurídica a todos los operadores así como proteger a los consumidores, según el Gobierno. El crédito al consumo supone un 7% del crédito al sector privado residente y un 15% del crédito a hogares, una cifra que ha crecido siete puntos respecto a hace diez años. La cifra alcanzó los 114.673 millones en noviembre de 2025, con un crecimiento interanual del 10,5%. En el caso de los microcréditos, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha explicado que la incidencia en términos de stock es baja, pero que “afecta a un millón de operaciones particularmente importante en aquellos hogares de menor renta”.

La pretensión de la nueva ley es establecer un un régimen general de limitación de costes, de tal forma que la TAE no supere un determinado nivel de tipo de interés máximo, según explica el Ministerio de Economía. “El límite general se fijará a partir del tipo de interés medio del crédito al consumo al que se le añade un margen que se establece por tramos de importe del crédito en el desarrollo reglamentario”, señala en una nota de prensa. Para importes iguales o inferiores a 1.500 euros, se tratará de 15 puntos porcentuales. Para importes superiores a 1.500 e inferiores a 6.000 euros, 10 puntos porcentuales. Para importes superiores a 6.000 euros, con plazo de vencimiento inferior a 8 años, 8 puntos porcentuales. Para importes superiores a 6.000 euros, con plazo de vencimiento superior a 8 años, 6 puntos porcentuales.

La normativa se desarrollará con un real decreto que establecerá esos tramos. Hasta entonces, se establecerá un “límite máximo transitorio, del 22%, aplicable a las nuevas operaciones formalizadas tras su entrada en vigor”. “Este límite será aplicable también a la liquidación de las operaciones de tarjetas revolving existentes”, explica la nota en referencia a las tarjetas que establecen unas cuotas fijas o porcentajes del saldo pendiente que van sumando intereses.

También se pondrá coto a los créditos de alto coste, que se caracterizan por ser de bajo importe, tener plazos de reembolso reducidos y tipos elevados. “La regulación propuesta transforma este mercado al establecer un periodo mínimo de reembolso de estos créditos (al menos 3 cuotas mensuales) y reducir el coste total soportado por el consumidor, que se limita a un tipo de interés mensual del 4% y una comisión máxima del 5% sujeta a un máximo de 30 euros. Además, el coste máximo de estos créditos no podrá ser superior al de un crédito a doce meses por el mismo importe bajo el régimen general”, explica Economía.

El ministerio ejemplifica la nueva ley con un ejemplo. Si un microcrédito de 300 euros y un plazo de 30 días le supone hoy al consumidor un coste promedio de 103 euros, tendrá un coste máximo de 40 euros con esa normativa y tendrá que ser reembolsado en un mínimo de tres meses. Si el consumidor decide reembolsar a los 30 días, el coste será de 20 euros. “Es un ejemplo indicativo de las mejoras de protección paraelcliente o los consumidores financieros”, ha dicho Cuerpo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

También se impondrán reglas a los prestamistas, que tendrán que “proporcionar una información específica y reforzada con una antelación mínima de 24 horas que permita tomar una decisión plenamente informada”. Igualmente, se regula la publicidad de este tipo de productos al prohibir que se destaque “la facilidad o rapidez con la que se puede obtener un crédito de alto coste sobre el resto de sus características esenciales, tales como tipología y coste total del crédito”.

En ese sentido, habrá más exigencias respecto a la transparencia al obligar a que los elementos esenciales de la información precontractual queden destacados en una página. Se creará la figura de servicios de asesoramiento de deudas consistente en la prestación de servicios de asesoramiento financiero, asistencia jurídica o psicológica y social para deudores en dificultades.

Además, se refuerzan los mecanismos de supervisión y control de est tipo de préstamos, que sólopondrán conceder entidades financieras registradas y supervisadas por el Banco de España. “Con el objeto de aumentar la concurrencia y dar entrada a los operadores no regulados hasta la fecha, se crean dos nuevas figuras: los Establecimientos Financieros de Crédito de Ámbito Limitado (EFCAL) y los prestamistas de alto coste autorizados”, expone el ministerio.

“Para reforzar la evaluación de solvencia y prevenir el sobreendeudamiento de los consumidores, se exige la consulta obligatoria del prestamista al historial crediticio del cliente y se prevé que la consulta a bases de datos sea obligatoria atendiendo a la tipología de créditos o importe contratado. Para el caso de créditos de alto coste, se prevé que dicha consulta sea obligatoria. Mientras, las empresas que vendan otros productos o servicios y quieran ofrecer financiación (concesionarios, grandes almacenes de muebles o electrodomésticos...) lo tendrán que hacer como préstamos sin intereses”, agrega. Los contratos de crédito concedidos por operadores que no cuenten con la debida autorización serán nulos.

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Logroño ha concedido una exoneración de 249.380 euros a un vecino de la ciudad que, durante más de una década, cargó con deudas ajenas, desempleo y una pérdida progresiva de estabilidad económica.

La resolución, dictada en Logroño, a 28 de noviembre de 2025, supone el final de una etapa marcada por la incertidumbre y el inicio de un nuevo camino libre de presiones financieras imposibles de afrontar.

El procedimiento ha sido gestionado por la Asociación Ayuda al Endeudamiento, bajo la dirección del letrado José Domínguez, permitiendo al afectado recuperar su estabilidad y comenzar una nueva etapa libre de cargas financieras imposibles de asumir.

Las deudas estaban vinculadas a préstamos personales vencidos con Caixabank (81.396 euro), Kutxabank (49.896 euro) y Caja Rural de Navarra (118.088 euro).

Lejos de responder a compras superfluas, representaban compromisos asumidos en un momento en el que la estabilidad laboral y familiar era muy distinta.

Tras perder su empleo, él y su pareja recurrieron a diferentes formas de financiación para cubrir necesidades básicas y sostener la unidad familiar.

Cuando las dificultades laborales se prolongaron, los créditos se convirtieron en el único recurso disponible para pagar los anteriores. Sin embargo, su situación tenía un origen más profundo, marcado por la crisis financiera de 2008.

“Cuando todo parecía estable, avalé un préstamo como un gesto de confianza. Nunca pensé que ese acto, que parecía inocuo, acabaría condicionando mi vida durante tantos años”, explica.

Cuando llegó la crisis, el empleo en su entorno desapareció de golpe y las obligaciones que había avalado pasaron a recaer sobre él. Las decisiones que había tomado bajo unas expectativas de estabilidad dejaron de tener sentido en una realidad completamente distinta.

La situación familiar también se transformó. Cambios laborales, mudanzas y ajustes forzados alteraron su forma de vivir y planificar.

“No fue solo una crisis económica; fue una ruptura vital. Tuvimos que rehacer todo desde cero. Hoy sé que la estabilidad es frágil y que lo que uno cree sólido puede cambiar de un día para otro”, reflexiona.

Su historia ilustra cómo las obligaciones financieras están profundamente ligadas al contexto en el que nacen. Los préstamos, que en su momento parecían razonables, dejaron de serlo cuando el empleo desapareció y el horizonte vital se estrechó.

Cuando las expectativas que daban sentido a esas decisiones se desvanecieron, la carga económica se volvió imposible de sostener.

Ante una deuda que ya no guardaba relación con sus posibilidades reales, decidió acudir a la Asociación Ayuda al Endeudamiento, entidad que estudió su caso y asumió la tramitación del procedimiento.

El equipo jurídico, liderado por el letrado José Domínguez, defendió ante el juzgado que la situación del deudor había cambiado de forma irreversible y que las obligaciones contraídas en otro momento ya no reflejaban su capacidad actual.

“Las personas no se endeudan por imprudencia, sino porque las expectativas sobre las que toman decisiones pueden derrumbarse por acontecimientos inesperados -un despido, una crisis, una enfermedad-”, explica Domínguez.

“La Ley de Segunda Oportunidad permite restablecer un equilibrio justo entre lo que alguien puede realmente afrontar y aquello que, en su día, asumió bajo un escenario completamente distinto”.

Gracias a la resolución, este vecino de Logroño puede ahora reorganizar su vida sin la amenaza constante de perderlo todo. Ha vuelto a establecerse, ha recuperado tranquilidad emocional y puede proyectar el futuro sin una losa económica imposible de levantar.

Desde la Asociación Ayuda al Endeudamiento recuerdan que este mecanismo legal es esencial para quienes han visto cómo su realidad vital se transformaba hasta hacer inasumibles las decisiones del pasado. Casos como este muestran que, incluso tras años de incertidumbre, siempre existe una salida para volver a empezar.

El Ayuntamiento de Comillas llevará al próximo Pleno la amortización total de su deuda municipal, cercana a los 850.000 euros, a través de un modificado presupuestario financiado con cargo al remanente de tesorería. El Consistorio ha subrayado que esta decisión permitirá cerrar el ejercicio con deuda cero, “reforzando la solvencia municipal y la capacidad para abordar futuros proyectos con mayor autonomía financiera”.

Además, confía en poder utilizar el próximo año los 1,2 millones de euros de remanente de tesorería aún disponibles, algo que dependerá de las reglas de gasto que establezcan las Cortes nacionales, ha indicado en nota de prensa.

El expediente que se elevará a Pleno contempla la cancelación anticipada de dos créditos. En primer lugar, se amortizará el préstamo solicitado en 2024 destinado a la adquisición de un terreno previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ubicado en la localidad de Ruiseñada.

Con este crédito también se pretendía hacer frente a posibles gastos derivados del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), aunque finalmente no ha sido necesario recurrir a estos fondos adicionales, ya que todas las obras vinculadas al proyecto se están licitando dentro del presupuesto inicialmente previsto.

El segundo crédito que se amortizará, de unos 44.000 euros, corresponde a la última anualidad del préstamo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), solicitado en 2017 para la mejora del alumbrado público.

En este sentido, la alcaldesa, María Teresa Noceda, ha resaltado que la amortización total será posible gracias al “uso responsable” de los recursos municipales, que ha permitido disponer de un remanente de tesorería “sólido y suficiente” para asumir esta operación sin comprometer los servicios públicos ni las inversiones previstas.

Por su parte, el concejal de Hacienda, Julián Rozas, ha destacado que llevar la deuda a cero es un “hito importante” que permitirá avanzar hacia un modelo de planificación financiera “más estable”, reducir cargas futuras y centrar todos los recursos municipales en “lo verdaderamente importante: la búsqueda de nuevas oportunidades para mejorar la calidad de vida de los comillanos”.

La propuesta será debatida en la sesión plenaria prevista para este viernes, a la que también irán otros temas como la aprobación del contrato para la urbanización del Frente Marítimo de Comillas, el de construcción de un aparcamiento en Calle Regato Callejo y un convenio urbanístico.

El Juzgado de lo Mercantil de A Coruña ha concedido la exoneración total del pasivo insatisfecho a un trabajador autónomo y a su esposa, según informa el despacho Oulego Abogados y Consultores, que los representó. Lo hace, informa y recoge el fallo, liberándolos así de una deuda superior a 125.000 euros. “Gracias a esta resolución, el afectado, un trabajador autónomo al final de su vida laboral, podrá acceder a su pensión de jubilación sin riesgo de embargos”, señala el despacho de abogados.

El matrimonio acudió al mecanismo de Segunda Oportunidad ante la imposibilidad de hacer frente a los préstamos, avales, créditos y deudas con distintas administraciones acumulados durante la actividad profesional del autónomo.

Tras la liquidación ordenada de sus bienes y sin oposición de los acreedores, la administración concursal solicitó la conclusión del concurso y la concesión de la exoneración, que finalmente fue acordada en su totalidad. El auto declara expresamente que “la exoneración alcanza a la totalidad de las deudas insatisfechas, salvo las categorías no exonerables del artículo 489 TRLC”, remarca el despacho.

Uno de cada siete créditos que se piden se destinan a pagar estudios, básicamente la universidad y más concretamente los centros privados. La “eclosión” de estos campus por España, especialmente en la última década, está mutando el sistema de educación superior en el país, llevando a más familias a endeudarse, según Asufin (Asociación de Usuarios Financieros). La cifra, empujada por el bloqueo en la oferta pública, ha subido un 60% en cinco años.

La deriva del sistema ha sido relativamente rápida. El plan Bolonia consagró a principios de siglo la apuesta por los posgrados y la especialización, diferenciada de la formación básica universitaria, los grados. Las matriculaciones de los másteres se dispararon y las universidades públicas, escasamente financiadas, se vieron incapaces de satisfacer esa demanda. Pasó lo mismo con los grados. La juventud, consciente de que formarse en la universidad –también aplica a algunas FP– puede suponer hasta el doble de salario que no hacerlo y que en un mercado laboral competitivo como no lo ha sido nunca hay que diferenciarse del de al lado, aprieta, estudia, hace un máster, un posgrado, otro máster. Para algunas profesiones –abogado, profesor de Secundaria– son incluso obligatorios. Hay que hacerlos, da igual dónde. ¿La pública no me ofrece una plaza? Me voy a la privada. ¿Que no tengo dinero para pagar matrículas que pueden oscilar entre los 6.500 y los 10.000 euros año, con picos de 30.000 para carreras como Medicina? Se lo pido al banco.

¿El resultado? En el último cuarto de siglo se han abierto 27 universidades privadas y dentro de poco serán mayoría cuando hace no tanto, allá por 2004, la relación era 50-22. Desde este año, ya hay más gente cursando másteres en los centros privados que en los públicos. La facturación del sector ha pasado de 2.255 millones de euros en 2017 a 3.700 millones de euros en 2023, según el observatorio sectorial DBK Informa, una subida del 68%, y este año uno de cada siete préstamos que se piden a los bancos tienen los estudios como fin, según el VII Barómetro de Préstamos al Consumo de Asufin (Asociación de Usuarios Financieros).

“Esto ocurre no porque los estudiantes quieran ir a la privada, la primera opción sigue siendo la publica”, reflexionaba la ministra de Universidades, Diana Morant, cuando el Gobierno aprobó el endurecimiento de los requisitos para crear universidades con el que pretende acotar la el boom de centros privados. “Pero las universidades públicas no tienen suficiente oferta debido a la infrafinanciación de las comunidades autónomas. Esto hace que las notas de corte suban y se perciba la universidad pública como elitista. [Estamos] preocupados porque en un futuro vamos a volver a esa España en la que se estudia o no en función de la renta. El 14% de créditos que se suscriben ya es para financiar pagos universitarios”, ha señalado.

La tercera razón para pedir un crédito

En 2020 los préstamos que se pedían para sufragar estudios eran el 8,8%. Es una subida del 60%. Hoy, esta motivación ya es la tercera a la hora de solicitar un crédito, por detrás del consumo (comprarse un vehículo, etc.) y la necesidad de dinero con carácter general. “Hay reto muy grande en estos momentos porque los salarios no son muy elevados”, explica esta subida Antonio Gallardo, de Asufin. “Entonces, existe la convicción de que se puede mejorar profesionalmente con formaciones, la competencia es cada vez mayor y se dispara el interés de las universidades en ofrecer titulaciones, especialmente posgrados. Y muchas veces vienen paquetizados: te ofrecen la educación, pero también la financiación. Sobre todo las privadas”, elabora.

Según la información que maneja Asufin, las familias piden, con carácter general, dos tipos de créditos para estudiar. Por un lado están los préstamos a más corto plazo, de cuantía no muy elevada, que van más destinados sobre todo a sufragar matrículas y suelen estar entre los 6.000 y 10.000 euros, “a devolver en plazos muy cortos, 12-18 meses”, explica Gallardo. “Existe una segunda tipología, de mayor cuantía, suben hasta los 25.000 euros, y destinados a los posgrados. La característica principal frente al otro préstamo es que suelen ofrecer un periodo de carencia [un plazo de tiempo durante el que no hay que devolver el crédito] más elevado, hasta seis o doce meses porque se supone con tu empleabilidad futura los vas a satisfacer”.

Cada vez más familias se endeudan para financiar unos estudios que el estado no le ofrece, un poco en la línea del modelo de educación estadounidense, aunque a gran distancia tanto en su impacto como en las cifras. En la primera economía del mundo, los altos costos de las matrículas y la facilidad de acceso han llevado a que 43 millones de estudiantes le deban a los bancos 1.600 millones de dólares (1.360 millones de euros). Nada cercano a lo que se maneja aquí, pero cuando se baja al detalle se observa que cada estudiante se gasta entre 10.000 y 70.000 euros en pagar sus estudios universitarios, según el Pew Research Center. Estudiar Medicina en una universidad privada en España no cuesta menos que ese máximo.

Un tapón que empuja a lo privado

Como explicaba Morant, hace años que hay un tapón en la universidad pública. Con una financiación escasa por parte de las comunidades autónomas, la oferta pública está básicamente estancada en los últimos diez años: en España las universidades públicas presenciales ofrecieron 245.956 plazas en el curso 2023-24 (el último del que hay datos consolidados), una cifra que una década antes era básicamente la misma (había mil plazas más). Pero en este tiempo el número de universitarios ha subido un 21%. ¿Dónde han ido? Al único sitio que podían. Las universidades privadas han ganado un 129% de alumnado en este periodo, las públicas un 2%.

Pero, como decía la ministra, no es por elección. Ese cuarto de millón de plazas recibió un total de 475.500 preinscripciones. Dicho de otra manera, hay casi dos solicitudes por cada una y grados con medias de 11 aspirantes por plaza, como Medicina. En la Universidad Pública de Navarra o la de Cantabria han registrado este año casi 40 aspirantes por cada plaza ofrecida para esos estudios. En total hay 12 grados en toda España en los que 20 o más personas aspiran a cada plaza que se ofrece. Las notas de corte se disparan y quien quiere hacer un grado y no le vale otro solo tiene una opción, pagar, aunque tenga casi un 13 de nota sobre 14, como le ha pasado este mismo curso a María Fomina. En carreras como Odontología hay ya más gente cursándola en la privada que en la pública, a razón de 15.000 o 20.000 euros el curso.

De media, cada estudiante de educación superior que acude a un centro privado se gasta cada curso 6.358 euros, una estadística de la que la FP superior tira hacia abajo con precios sensiblemente más bajos que la universidad. Lo privado es caro, pero lo público tampoco es barato: quienes acuden al sistema público se gastan 1.533 euros anuales, siempre según la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación del Instituto Nacional de Estadística del curso 2023-2024, últimos datos disponibles. Esas mismas cifras eran de 664 euros en lo público y 4.656 euros en lo privado en 2019 –siempre de media y con el efecto FP–, lo que quiere decir que en los cinco años transcurridos el gasto en lo público se ha más que duplicado mientras en lo privado ha subido un 30%.

Mientras esto sucede se da una paradoja: por un lado, un acuerdo en 2020 provocó que las comunidades autónomas con los precios públicos más caros bajaran el coste de sus estudios (aunque sigue habiendo grandes diferencias entre regiones); por otro, muchas comunidades están implementando o extendiendo la gratuidad de las primeras matrículas. Pero el tapón con las plazas limita quién se puede beneficiar de estas medidas porque no caben todos, solo los que tienen mejores notas pueden aspirar a una plaza pública. Y rendir en el instituto y el bachillerato también es una cuestión de clase.

El interés del bono español a diez años ha cerrado este jueves al 3,087% y ha comprimido el diferencial respecto al bono alemán del mismo plazo hasta los 51,8 puntos, consolidando así su nivel más bajo desde finales de 2009.

Según los datos del mercado consultados por Europa Press, la prima de riesgo española acumula varias semanas a la baja, perforando niveles de cercanía al bono alemán inéditos desde 2009, gracias a la mejora de la calificación crediticia de España en las últimas semanas por parte de las agencias de 'rating'.

En concreto, las agencias Moody's y Fitch elevaron hasta 'A3' y 'A', respectivamente, la calificación de España a finales de septiembre, siguiendo así la estela de S&P Global Rating, quien había revisado previamente al alza la nota de solvencia de España desde 'A' a 'A+'. Estas modificaciones han coincidido en el tiempo con la mejora de las previsiones de crecimiento para España por parte de organizaciones internacionales.

Así, este pasado martes el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza sus expectativas de crecimiento para la economía española en 2025 y de cara al próximo año, con un ritmo de expansión previsto del 2,9% este año, cuatro décimas más de lo anticipado previamente, y del 2% en 2026, lo que implica una mejora de dos décimas respecto del último pronóstico de la institución con sede en Washington.

De este modo, a pesar de que las proyecciones de crecimiento del FMI suponen una desaceleración respecto del aumento del 3,5% del PIB en 2024, España se situará este año como la gran economía desarrollada con mejor desempeño a nivel mundial, mientras que el próximo curso sólo crecería una décima menos que Estados Unidos (2,1%) y casi el doble que la zona euro (1,1%).

La mejora de la previsión del FMI para 2025 supera incluso las expectativas del propio Gobierno español, que en septiembre revisó una décima al alza su pronóstico de crecimiento para este año, desde el 2,6% al 2,7%, mientras que mantuvo en el 2,2% la previsión para 2026 y en el 2,1% la correspondiente para cada uno de los dos años posteriores.

La evolución de la deuda en Europa

En esta coyuntura sobre la prima de riesgo nacional también ha tenido que ver la propia evolución de la deuda alemana, cuyo rendimiento ha cerrado esta jornada al 2,569%, aunque ha llegado a superar el 2,8% en algún momento del año al calor de los planes de gasto en infraestructuras y defensa del canciller Friedrich Merz.

Por otra parte, la inestabilidad política en Francia y las dudas del mercado en torno a su equilibrio presupuestario han propiciado que el interés de la deuda gala cotice en el 3,333%, con la prima respecto al 'bund' germano en los 76,4 puntos.

La combinación de facturas sin cobro revertido de la gran pandemia, la espiral inflacionista y las distorsiones económicas, comerciales y geopolíticas que han emergido en el orden global desde la invasión rusa de Ucrania le ha generado una dura indigestión a Francia. Desde luego, de mayor intensidad que la de alguno de sus aliados más próximos.

Cabe destacar que el Gobierno galo de Sébastian Lecornu ha superado este jueves las dos mociones de censura que amenazaban su continuidad, en sendas votaciones que han hecho evidente la importancia de la posición del Partido Socialista, que no sin polémica ha optado por conceder un mínimo tiempo al primer ministro tras su promesa de retrasar la puesta en marcha de la reforma de las pensiones.

La calidad emisora de Italia prácticamente igualaba en la jornada de este jueves a la del Estado francés, ya que el rendimiento de sus bonos a diez años ha cerrado en el 3,356%. Grecia ha concluido en el 3,208%, por debajo tanto de Italia como de Francia.

Un equipo internacional de investigadores ha reunido evidencias arqueológicas de Inglaterra, China y la cultura maya que desmontan uno de los relatos más repetidos en manuales de economía: que el dinero nació como una solución al trueque. El estudio, publicado en la revista científica Journal of Economic Issues y liderado por Robert M. Rosenswig, de la Universidad de Albany, demuestra que los primeros registros materiales asociados al dinero eran varillas de madera o hueso (los llamados tally sticks), empleadas para anotar deudas, impuestos y tributos, no para facilitar intercambios comerciales.

La explicación tradicional sostiene que el dinero surgió para resolver el problema de la “doble coincidencia de deseos”: la dificultad de encontrar a alguien que quisiera exactamente lo que uno ofrecía a cambio. Esa visión ha dominado la enseñanza de la economía durante décadas, reforzada por autores clásicos como Adam Smith y repetida en manuales de introducción. La nueva investigación, sin embargo, muestra que la realidad fue mucho más compleja y estuvo estrechamente ligada al poder político.

Qué eran los 'tally sticks'

Los tally sticks eran varillas en las que se practicaban muescas o inscripciones para llevar la cuenta de pagos y deudas. El estudio documenta ejemplos en tres civilizaciones muy diferentes. En todos los casos su función era contable: reflejaban tributos, préstamos o entregas de bienes, y en ningún caso eran simples instrumentos de trueque. Según los autores, esto demuestra que el dinero nació como una herramienta de registro y fiscalidad antes de convertirse en medio de cambio generalizado.

Ejemplos documentados: los casos de Inglaterra, China y la cultura Maya

En Inglaterra, los tally sticks se usaron durante siglos en el Exchequer real. Servían para registrar impuestos y deudas contraídas con la Corona, hasta el punto de que fragmentos de estas varillas circularon como títulos de crédito respaldados por el Estado. El trabajo cita el caso de un préstamo millonario concedido a Guillermo III que quedó registrado en una de estas piezas y nunca llegó a saldarse, ilustrando su papel como mecanismo de deuda pública.

En China, los investigadores documentan tallies de bambú empleados desde el siglo III a.C. por la administración imperial. Su función era controlar el movimiento de bienes como grano, seda o monedas, y fueron descritos incluso por Marco Polo en el siglo XIII. Estas varillas, custodiadas por funcionarios, se usaban para acreditar entregas y pagos en el marco del sistema tributario, lo que refuerza la idea de que eran instrumentos ligados al poder político más que a la economía de mercado.

El caso maya aporta una tercera pieza al puzzle. Se han hallado tally sticks de hueso en contextos que van del siglo VI al IX, vinculados tanto a escenas cortesanas como a rituales funerarios. Según el análisis, estos objetos estaban asociados al registro de tributos en especie, como alimentos o productos agrícolas, lo que los convierte en testigos directos de cómo se organizaban las relaciones de poder y las obligaciones fiscales en el mundo precolombino.

Eran sistemas de contabilidad

El hilo común entre estas tres culturas es claro: los tally sticks funcionaban como sistemas de contabilidad. Lejos de ser una evolución natural del trueque, el dinero aparece ligado al poder estatal y a la necesidad de registrar deudas y tributos. Para los autores, esto obliga a revisar la visión ortodoxa de la historia económica y a situar la fiscalidad y la autoridad política en el centro del origen del dinero.

Este estudio es el primero que compara hallazgos de tres regiones tan distintas para llegar a una conclusión conjunta. Sus resultados refuerzan la idea de que el dinero no nació de intercambios espontáneos entre particulares, sino como una construcción social e histórica vinculada a la administración de recursos y a la recaudación. Una aportación que abre nuevas vías de investigación sobre los orígenes de la economía y sobre el papel que las instituciones desempeñaron en su desarrollo.

El Gobierno de Aragón ha aprobado este viernes en Consejo de Gobierno un acuerdo por el que toma conocimiento de las alegaciones presentadas al Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común, actualmente en trámite de audiencia e información pública, que la vicepresidenta, Mar Vaquero, ha considerado “una falsa condonación”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Vaquero ha tildado el anteproyecto de ley de “arbitrario e injusto”, asegurando que “no resuelve la infrafinanciación de los servicios públicos” y es “una trampa” porque “los aragoneses acabarán debiendo más dinero del que deben hoy” al aumentar la deuda per capita en 253 euros, añadiendo que “teniendo en cuenta los cálculos del Ministerio de Hacienda, a Aragón le correspondería más importe de quita del calculado”, por lo que ha exigido “rigor”.

En el escrito de alegaciones, el Ejecutivo aragonés cree que “es necesario llevar a cabo un procedimiento para la actualización del sistema de financiación autonómica en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y culminar en un proceso de redistribución de la deuda, pero hoy por hoy este documento no soluciona los problemas de financiación de la Comunidad y responde a una exigencia política de ERC para formar gobierno con el PSOE y hace a Pedro Sánchez presidente, que no tiene interés en resolver la financiación autonómica, sino en cumplir las exigencias de sus socios independentistas”.

Además, “no se ha consensuado con las comunidades autónomas, no se ha contado con nosotros y no podemos asumirlo”, ha aseverado la vicepresidenta del Ejecutivo, apuntando que el AiREF ha dejado claro que los recursos liberados no se pueden destinar a los servicios públicos esenciales.

En el escrito, el Ejecutivo autonómico señala el anteproyecto de ley vulnera principios constitucionales como la igualdad, la solidaridad interterritorial, la estabilidad presupuestaria y la interdicción de la arbitrariedad.

El documento advierte de que la denominada condonación es en realidad una mera subrogación de deuda en favor del Estado, lo que en la práctica “redistribuye cargas entre territorios de forma desigual y perjudicial para Aragón”.

Para el Gobierno de Aragón, la metodología de reparto “distorsiona el espíritu de la norma, ya que premia a comunidades con mayor endeudamiento y penaliza a aquellas que han mantenido una gestión financiera más responsable”. Las alegaciones subrayan que “la propuesta genera un riesgo moral al desincentivar la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas”.

Por ello, solicita la suspensión de la tramitación del anteproyecto en tanto no se aborde de forma paralela y prioritaria una reforma del modelo de financiación que garantice recursos suficientes para la prestación de los servicios públicos fundamentales y una distribución justa y equilibrada entre territorios.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, pedirá al Estado que compense a Navarra por la condonación de la deuda a otras autonomías en la aportación que la comunidad foral realiza cada año al Estado merced al Convenio Económico.

Chivite ha anunciado que en “próximas fechas” el Ejecutivo foral mantendrá una nueva reunión con el Ministerio de Hacienda para negociar y “lograr una compensación económica en el pago de nuestra Aportación al Estado respecto a la cantidad que finalmente resulte en la condonación” de deuda a las comunidades de régimen común.

Chivite ha respondido en el pleno de la Cámara foral a una pregunta oral de Geroa Bai sobre la condonación de la deuda a las comunidades autónomas y ha afirmado que el Gobierno de Navarra mantiene “un diálogo constante” con el Gobierno de España para llegar a acuerdos “necesarios” para que medidas como la condonación de la deuda a las comunidades del régimen común no afecten “negativamente” a la comunidad foral. La presidenta ha señalado que desde Navarra se va a seguir trabajando en el marco de la negociación bilateral entre Administraciones

“En esa relación bilateral nuestra propuesta, la que vamos a llevar a ese marco de negociación bilateral, será una compensación económica en el pago de nuestra Aportación al Estado”. “Esto es defender de verdad nuestro autogobierno y no solo de boquilla”, ha dicho la presidenta navarra para afirmar que seguirán “trabajando en esa relación bilateral con el Gobierno de España, desde el respeto que tiene que ver con esas negociaciones y defendiendo siempre el mejor interés para Navarra”.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha esperado que “fructifiquen” las reuniones y que “en esa relación bilateral Navarra también salga beneficiada de esa condonación de la deuda”. “Llevamos seis meses hablando de esta situación porque son importantes los compromisos políticos, pero necesitamos hechos y realidades para poder avanzar”, ha dicho.

Rechazo a la condonación de deuda, a las derivaciones de menores migrantes, a la reducción de la jornada laboral, a la respuesta de Aena a Ryanair... Isabel Díaz Ayuso ha inaugurado el curso político en una posición de confrontación plena al Gobierno central. El miércoles 27 de agosto la presidenta de la Comunidad de Madrid dio el pistoletazo de salida a su agenda política tras las vacaciones de verano y presidió la primera reunión de Gobierno del curso, que estará marcado por el procesamiento judicial de su pareja, Alberto González Amador, imputado por fraude fiscal e investigado por corrupción en los negocios. Desde entonces, Ayuso ha endurecido su actitud de rechazo a toda iniciativa estatal y ha marcado el discurso del PP en materia migratoria, mimetizándose con las posturas xenófobas de la extrema derecha que relacionan inmigración con delincuencia.

Su primera gran intervención tuvo lugar este viernes, en un mitin orquestado por el PP de Madrid el mismo día de la apertura judicial en el Supremo a la que tanto Ayuso como el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, declinaron ir en protesta por la presencia del fiscal general del Estado y las declaraciones de Pedro Sánchez sobre el 'lawfare', aumentando el pulso al Gobierno. “Gracias por habernos elegido”, trasladó Ayuso a Feijóo al inicio de su discurso.

El primer anuncio del Gobierno regional en respuesta a una norma estatal se produjo hace dos semanas con la interposición de un recurso judicial ante el Tribunal Supremo en contra del decreto aprobado por el Consejo de Ministros que formalizó la obligación de las comunidades de acoger a menores migrantes procedentes de comunidades según sus necesidades. Tal y como explicó el consejero portavoz en una rueda de prensa, Ayuso considera que esta norma “vulnera las competencias autonómicas”, mientras reconoce también que los centros de acogida en la comunidad están “saturados” y pide al Gobierno central los medios necesarios para gestionarlos, obviando las competencias autonómicas en materia de protección de la infancia e inclusión social.

En este rechazo frontal a la acogida de niños y jóvenes que continúan hacinados en Canarias y Ceuta, el Ejecutivo madrileño carga contra la política migratoria de Sánchez, que tilda de “caótica”, y critica la exención de Catalunya y País Vasco para acoger a más menores migrantes según el nuevo decreto que considera que estas dos comunidades cumplieron con sus capacidades de acogida con anterioridad.

Se trata del tercer recurso judicial de la Comunidad de Madrid en este sentido, tras el que interpuso ante el mismo tribunal contra el decreto ley que estableció las normas para el desplazamiento de menores –admitido a trámite la semana pasada– y un primer recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de la ley de extranjería. La admisión a trámite del recurso contra el primer decreto, que celebraron el pasado miércoles en la reunión de Gobierno madrileño, es algo muy habitual.

A menos que se haya cometido algún importante error formal, estos recursos se admiten a trámite. Y dado que no han pedido medidas urgentes o cautelares, los tribunales no van a tardar menos de medio año en resolver. El último pronunciamiento del Supremo en este sentido se produjo en el conflicto judicial abierto por el Gobierno de Canarias para denunciar el desbordamiento de sus capacidades y la inacción del Gobierno central. Entonces el tribunal le dio 30 días al Gobierno para dotar de material y personal a las oficinas que tramitan las solicitudes de asilo de un millar de menores y proceder a su traslado otras regiones.

En medio de este periplo judicial, los motivos de Ayuso se han visto empañados por un discurso cada vez más xenófobo y cercano al de Vox, impulsado a partir de la detención el pasado domingo de un menor del centro de acogida de Hortaleza acusado de violar a una niña en un parque cercano. En un tuit esa misma noche, Ayuso se hizo eco de la noticia y acusó a Sánchez de “multiplicar” la llegada de migrantes “cada vez más agresivos” porque “llegan en peores condiciones”. El tono agresivo de declaraciones como esta desencadenaron este lunes un episodio de violencia y racismo en la localidad madrileña, dejando otros tres migrantes heridos por unos encapuchados.

Tras la elevación del tono de Vox, que convocó el martes una concentración frente al albergue para exigir su cierre, el Ejecutivo madrileño se limitó a justificarlo diciendo que es una “hipocresía” llamar racista a quien se concentra “para hablar de un problema”, en palabras del portavoz en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache. El propio Vox acusó a Ayuso de “copiar” sus mensajes en materia migratoria, como aseguró la portavoz ultra de la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino. Sin embargo, el Gobierno de Ayuso intensificó el pasado miércoles esta confrontación con el Gobierno central y solicitó la expulsión a su país de origen del detenido por violación y de otros 46 menores migrantes, a través de unos expedientes de regreso cuya decisión final pertenece a la Delegación del Gobierno en Madrid y a un informe de la Fiscalía.

El discurso del PP en materia de política exterior también lo ha liderado Ayuso, con unas palabras que pronunció el viernes en las que comparó las protestas contra el genocidio en Gaza, producidas la semana pasada en La Vuelta ciclista a su paso por Euskadi, con los atentados terroristas de los Juegos Olímpicos de Múnich del 72, que acabaron con la vida de once deportistas israelíes. Ayuso equiparó estas manifestaciones en contra de la ofensiva militar en la Franja de Gaza con otros episodios antisemitas en los años 40 y 50 en los que se persiguió al pueblo judío. Esta muestra de complicidad de Ayuso con el argumentario israelí que relega toda protesta a un acto antisemita rompe el silencio del PP ante el genocidio y la ausencia de condena ante los más de 64.000 muertos desde octubre de 2023, un tercio de ellos mujeres y niños.

Contra el perdón de la deuda autonómica

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la condonación parcial de la deuda a las comunidades autónomas por un importe de 83.252 millones de euros, con la garantía de una quita mínima del 19 % para todas las regiones. Se trata de un compromiso alcanzado entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez y, aunque es extensible a las comunidades autónomas, las comunidades del PP se oponen al considerarla una cesión al independentismo y un agravio que rompe la igualdad entre los españoles. La Comunidad de Madrid lideró esta oposición frontal, que ya explicitó rotundamente Feijóo el lunes, tras lo que el secretario general del partido, Miguel Tellado, marcó el camino a sus barones: “No podemos estar de acuerdo”.

La Comunidad de Madrid sería la cuarta comunidad más beneficiada por la condonación de la deuda que alcanzaría los 8.644 millones, detrás de Andalucía (18.791), Catalunya (17.104) y Comunitat Valenciana (11.210). La verdadera diferencia es que la administración que preside Isabel Díaz Ayuso no tiene deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), sino con bancos y otros acreedores, en total cerca de 37.000 millones de euros, un 12,1% de su PIB (Producto Interior Bruto). 16.000 millones son préstamos bancarios. “Siete de cada diez euros que se condonan, son en comunidades gobernadas por el PP”, explicó la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En cambio, Ayuso ha advertido a sus compañeros presidentes de mantener la “unidad” contra la medida, ante las dudas planteadas por algunos barones del PP, y ha asegurado que la medida forma parte del proceso de “fabricación de una nación paralegal” en Catalunya y una “república federal”, a pesar de que la catalana no sea la única comunidad beneficiada por la medida.

Así, ha acusado al Ejecutivo de intentar “buscar el enfrentamiento entre las comunidades gobernadas por el PP”, con una medida que, dice, permite que “todos los españoles” paguen al “independentismo para que siga cometiendo crímenes”. A pesar de rechazar la asunción estatal de grandes deudas autonómicas de gobiernos del PP, como Andalucía, Madrid o Comunitat Valenciana, el PP insiste en la negociación de un nuevo modelo de financiación basado en la “solidaridad”.

El portavoz parlamentario del PP de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ya dijo el miércoles que la región es “solvente” y “se financia en los mercados”, a pesar de los sucesivos recortes en los servicios públicos y las peticiones de recursos al Gobierno central para prevención y extinción de incendios o para la acogida de menores migrantes, ambas competencias autonómicas. Unas horas más tarde, el consejero portavoz, Miguel Ángel García Martín, aseguró que van a “llegar hasta el final” contra este perdón de la deuda, sin descartar la elevación a los tribunales: “Nos parece una barbaridad. Es un paso más hacia la ruptura de nuestro país”.

Así, el Gobierno de Ayuso anunció que presentará alegaciones en la Cámara regional y, un día después, el secretario general del partido en Madrid, Alfonso Serrano, dijo que también interpondrán mociones en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para pedir la retirada del anteproyecto. Lo trasladó el jueves durante la clausura de las Jornadas del Grupo Parlamentario Popular en Arganda del Rey, un acto en el que Díaz-Pache elevó el tono contra el jefe del Ejecutivo y respaldó los insultos dirigidos este verano a Pedro Sánchez que se han popularizado, a los que calificó como “hit del verano”: “Cuando alguien grita Pedro Sánchez, ya hay tres palabras que resuenan en todas nuestras cabezas”. Serrano también aprovechó su intervención en las jornadas para descalificar, esta vez el físico de Sánchez: “Espero que este verano hayáis descansado, yo os veo buena cara. En todo caso, si creéis que tenéis mala cara, mirad a Sánchez que siempre vais a salir ganando”.

Con el plantón de Feijóo, Ayuso y Almeida al rey, el PP convirtió la apertura de los tribunales en un acto contra el Gobierno y en una declaración de intenciones en este inicio de curso político cuyo parón ha estado marcado por reproches y críticas a la gestión estatal de la ola de incendios. Aun así, la Comunidad de Madrid estuvo representada este acto anual en el Supremo por el consejero de Presidencia y portavoz, Miguel Ángel García.

Ni la reducción de jornada, ni la gestión de Aena

MIentras tanto, la líder madrileña cargó también contra la reducción de la jornada laboral impulsada por el Ministerio de Trabajo, y contra la propuesta de avanzar hacia la jornada semanal de cuatro días. Ayuso asegura que “lo que pretenden” es generar un choque entre empresario y empleado para que este último diga “ya veré si trabajo o no trabajo”. A pesar de que la jornada en España está por encima de la media europea y los índices de productividad por debajo, insiste en que “los jóvenes quieren que se les diga la verdad y trabajar para poder prosperar”.

En cuanto a la relación de las empresas con el Gobierno, durante su intervención la líder popular madrileña hizo un guiño a Ryanair tras el paso de un avión por encima de la zona del mitin, debido al conflicto con Aena por el que la compañía aérea ha recortado el número de vuelos en algunos aeropuertos españoles. “Cuando caiga el turismo y las visitas internacionales a quién van a culpar?”, ha cuestionado, para añadir que el Gobierno “va al choque con las empresas”. Ryanair pedía a la gestora aeroportuaria una reducción de las tarifas para las compañías y un favorecimiento para que las operadoras operen en aeropuertos regionales, lo que Aena tomó como un chantaje. “Ryanair se burla de los políticos elegidos democráticamente y pide el cambio de leyes a su favor porque considera que la toma de decisiones de los gobiernos debe doblegarse a los intereses de las empresas”, aseguró en el último comunicado.

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común. Esta norma permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas, lo que beneficiará a todos los territorios al reducir su pasivo, liberará unos 6.700 millones de euros del pago de intereses que podrán destinar a reforzar el Estado del Bienestar y les permitirá ganar autonomía financiera al facilitar su salida a los mercados.

En el caso de La Rioja, la condonación de la deuda por parte del Estado alcanza los 448 millones de euros, lo que supone reducir la deuda de La Rioja casi a la mitad, con un descenso del 28% respecto al cierre registrado en 2023.

El Gobierno de La Rioja ha rechazado la condonación de deuda a las comunidades autónomas aprobada, que para La Rioja se cifra en 448 millones de euros, “por ser perjudicial, discriminatoria y negativa para los intereses de los riojanos”, según ha manifestado el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Domínguez, unos minutos antes de aprobarse en el Consejo de Ministros. Domínguez ha apelado a la fase de tramitación en las Cortes Generales para corregirla dado que es “discriminatoria”. No obstante, desde el Gobierno de La Rioja esperan ahora a recibir la documentación oportuna para hacer una valoración completa.

Domínguez ha dicho que no les trata “en igualdad con el resto de ciudadanos de otras comunidades autónomas y, particularmente, de los ciudadanos catalanes”. “Todavía estamos a tiempo en dos fases, en la fase de tramitación en el Consejo de Ministros y en la fase de tramitación en las Cortes Generales de que estas condiciones tan negativas que tiene la condonación para los riojanos sean solventadas”, ha dicho al pedir una propuesta “que sea, primero, negociada en foros multilaterales, segundo, que responda al principio de igualdad entre todos los españoles y tercero, que no perjudique a los riojanos”.

En la misa línea se había manifestado el presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, tras una ronda de encuentros con los portavoces parlamentarios en la que avanzó que el Ejecutivo no plantea una negativa frontal, “sino que la mutualización de la deuda que asume el Gobierno de España se realice en igualdad de condiciones para todos los españoles”. “Hay que ser reivindicativo y voy a exigir que no sean 448 millones de euros lo que se supone que corresponde a los riojanos, no voy a aceptar nunca que seamos tratados en condiciones de inferioridad al resto de territorios”, defendió.