La jueza ha decidido dar carpetazo a la denuncia de prevaricación y falsedad documental contra el Ayuntamiento de Mataró (Barcelona, 130.000 habitantes) por el proceso de selección de puestos de trabajo en el consistorio, denunciados en 2023 ante la Fiscalía por una antigua empleada municipal.

La exempleada denunció el caso inicialmente ante la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) que le concedió el estatus de persona protegida por ser denunciante de un presunto caso de corrupción.

La trabajadora, sin embargo, fue despedida del Ayuntamiento a pesar de tener ese estatus y a principios de 2024 la OAC incoó contra el Ayuntamiento, gobernado por el PSC, el primer expediente sancionador de su historia contra una administración por “represalias” a una denunciante, en un caso que desveló elDiario.es.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada del juzgado de instrucción 5 de Mataró considera que los hechos denunciados en la querella no tienen relevancia penal y ha decidido archivar el caso, en una decisión que es todavía recurrible. La querella afectaba a una decena de empleados y exempleados municipales.

Hay abierta, paralelamente, otra causa por presunto acoso laboral hacia esta antigua empleada pendiente de juicio así como el mencionado expediente sancionador de la OAC.

El Ayuntamiento de Mataró siempre defendió que el caso no era más que un conflicto laboral con la denunciante, una extrabajadora municipal que perdió su plaza en un proceso de estabilización de la plantilla tras varios años como interina. El Consistorio, de hecho, no figuraba en la querella —se dirigía hacia empleados municipales— pero decidió personarse en el caso. La denunciante no fue admitida como parte personada en el caso, en una decisión que está actualmente recurrida.

Antifrau identificó ocho “represalias” contra la empleada que denunció el caso, incluyendo el “vaciado de funciones”, el cambio de ubicación física de su puesto de trabajo o el hecho de no reconocer que durante 11 meses había trabajado a un nivel superior al de su plaza.

Más de un lustro de batalla legal

La persona protegida por Antifrau y el Ayuntamiento de Mataró han estado más de un lustro enfrascados en una batalla burocrática y administativa que ha incluido la presentación de una veintena de recursos administrativos, solicitudes de acceso a información pública y en materia de protección de datos. 

Según la denunciante, los problemas con el Ayuntamiento se iniciaron cuando en 2019 presentó una denuncia por presunto acoso laboral. El proceso fue desestimado y la resolución fue trasladada a una docena de empleados del departamento, que habían recogido firmas en contra de la denunciante. 

La Autoritat Catalana de Protecció de Dades consideró una “falta muy grave” que el Ayuntamiento de Mataró no hubiera garantizado la confidencialidad de sus datos en el transcurso del procedimiento por presunto acoso laboral.

Posteriormente presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que en 2021 incoó un expediente por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, si bien precisó que no se podía considerar acreditado que estos riesgos psicosociales estuvieran causalmente relacionados con los problemas de salud de la persona protegida, que desde 2018 causó diversas bajas laborales. 

La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) ha censurado que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), la empresa pública del metro y el servicio de autobús de la capital catalana, despidiera a su jefa de cumplimiento normativo tras investigar una denuncia por acoso laboral de una trabajadora contra directivos de la sociedad.

El informe de la OAC, al que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que el cese de la responsable de investigar las denuncias en TMB “poco después” de tramitar un expediente que afectaba a tres directivos “manda un mensaje peligroso” sobre la “efectividad de los canales internos de acuerdo con lo que prevé la ley [de protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción]”.

Consultadas por este diario, fuentes de TMB han indicado que las conclusiones de la OAC se basan “exclusivamente” en la versión de Macías. Si bien han admitido que el dictamen incorpora documentación que TMB envió a la OAC, desde la empresa han remarcado que no han sido consultados (por ejemplo, con entrevistas a los directivos) sobre los hechos a los que se hace referencia en el informe.

“TMB no ha podido decir nada sobre las suposiciones, conjeturas, inexactitudes y omisiones de hechos importantes que contiene este informe”, han agregado desde la empresa.

En su dictamen, Antifraude realiza un cronograma de los hechos: en febrero de 2024, la ex jefa de compliance empezó a investigar la denuncia por acoso de una trabajadora de TMB contra tres directivos. El expediente, que motivó un conflicto entre la ex directiva y otros miembros de la cúpula, se derivó a la Fiscalía en mayo de 2024. En agosto del mismo año, se crea un nuevo protocolo antiacoso de TMB. Un mes después, la ex jefa de compliance recibe una denuncia por acoso, se la aparta temporalmente de sus funciones y en octubre TMB la despide.

Antifraude también valora como “graves deficiencias en el funcionamiento” de TMB el hecho de que el expediente abierto a la ex jefa estuviera disponible para los 9.000 trabajadores de la plantilla de la empresa debido a una brecha de seguridad informática en 2025, desvelada por esta redacción. El fallo, sostiene la OAC, generó “un daño reputacional y profesional evidente” a la ex jefa de compliance.

El dictamen del ente autonómico de prevención de la corrupción, fechado en septiembre de 2025, forma parte del sumario de la causa judicial por acoso laboral abierta al consejero delegado de TMB, Xavier Flores, y a otros dos altos directivos de la empresa pública, a raíz de la denuncia de la ex jefa de compliance de TMB, despedida en 2024.

Denunciante y empresa mantienen versiones opuestas sobre los aspectos clave del caso. La magistrada tendrá que determinar si el despido de la ex jefa de compliance fue una represalia por su investigación de una denuncia por acoso a otra trabajadora, si TMB empleó como pretexto para echarla una denuncia “falsa” y si, además, creó un protocolo antiacoso ad hoc en contra de ella. Así lo cree la denunciante.

Desde que este diario destapó el caso, TMB ha negado “rotundamente” que se acosara a la ex jefa de compliance, ha defendido la inocencia de sus directivos y ha mantenido que en el despido se aplicó el protocolo antiacoso de la compañía, que determina que la investigación corre a cargo de una empresa externa y no del responsable de cumplimiento normativo de la empresa.

Ante la negativa de TMB de que el despido de la ex directiva fuera una venganza a sus investigaciones, Antifraude considera que la discrepancia entre empresa y ex empleada se tendrá que resolver en vía judicial.

La OAC ya advirtió a TMB antes de la formalización del cese de que cualquier decisión tenía que tener el “máximo rigor jurídico”, al tratarse de la persona encargada del buen gobierno en la sociedad, a lo que la empresa respondió que el despido se había tomado “en el marco de las potestades organizativas propias” y que no existía “ningún tipo de conflicto de interés”.

Con todo, tras analizar la petición de amparo como informante de corrupción (que le fue concedida) y la respuesta de TMB a varios requerimientos, la OAC tilda de “punto claro de inflexión” en el conflicto que terminó con el despido de la ex directiva el hecho de que empezara a tramitar el expediente por una denuncia de una trabajadora por acoso laboral contra tres miembros de la cúpula de TMB.

“Precipitación” en el protocolo

La OAC se detiene en analizar el procedimiento seguido por TMB para echar a la ex jefa de compliance, que en 20 años en la empresa no había recibido una denuncia hasta que investigó el caso de acoso a una trabajadora por parte de la cúpula. En pleno agosto de 2024, TMB aprobó la creación de una nueva comisión para supervisar los protocolos antiacoso. “Se observa cierta precipitación en la aprobación del protocolo”, constata Antifraude.

La nueva normativa interna contemplaba que las pesquisas las realizaran empresas externas y “trasladar la resolución” de los casos a la directora de recursos humanos, que mantenía un enfrentamiento con la ex jefa de compliance desde que esta investigara la denuncia por acoso laboral de una trabajadora. De hecho, la jefa de recursos humanos había cuestionado la medida de apoyo psicológico para la empleada que habían propuesto tanto la ex jefa de compliance como un despacho externo que evaluó el caso.

Apenas un mes después de la creación de la nueva comisión, el 13 de septiembre de 2024, cuando ya tenía protección de Antifraude como alertadora de corrupción, la mujer recibió dos correos electrónicos.

En el primero, una empresa externa a TMB le comunicaba que había recibido una denuncia por acoso. Pese a ello, no le entregaba copia de la denuncia y se limitaba a indicar que si acudía a testificar “voluntariamente” se le facilitarían los “cargos”. En el segundo, la jefa de recursos humanos de TMB le informaba que había “recibido comunicación” de la recién creada comisión de acoso laboral donde se la “instaba a tomar medidas cautelares” tras acordar la admisión de denuncia por acoso laboral contra ella. Resultado: se la suspendía de funciones.

Es más, Antifraude ha puesto de manifiesto que, pese a recibir el correo el 13 de septiembre, TMB no formalizó el contrato con la empresa externa que investigó la denuncia contra la ex jefa de compliance hasta 14 días después. Lo hizo a través de un contrato menor de 7.490 euros, un método que a Antifraude le resulta contradictorio con una “necesidad permanente” de la empresa, como es disponer de una asistencia externa, como determina el protocolo de antiacoso de TMB.

Antifraude advierte de que la medida cautelar contra la ex jefa de compliance “parece desproporcionada y no se motivó de forma adecuada”. La OAC resalta que TMB ha admitido que, en los últimos diez años, en ninguno de los ocho expedientes abiertos a trabajadores por toxicomanía o violencia no se adoptó una medida cautelar como la que se impuso a la ex directiva, que terminó despedida en octubre de 2024.

Por otro lado, la OAC se muestra crítica con el hecho de que el consejero delegado, Xavier Flores, comunicara a la ex jefa de compliance que la apartaba del cargo de responsable del sistema interno de información y que pasara a depender del jefe de la asesoría jurídica cuando estaba investigando una denuncia por acoso laboral contra otros directivos. TMB terminó enviando ese expediente a la Fiscalía, que archivó el caso, aunque la trabajadora lo ha denunciado en los juzgados.

“El hecho de comunicar un nuevo modelo de gobernanza mientras se estaba tramitando una denuncia supone, en sí mismo, una posible injerencia en la resolución final del expediente y se puede considerar una vulneración de la autonomía e independencia” del cargo de compliance, concluye Antifraude.

Además, ese modelo nuevo de gobernanza se decidió en contra de lo que habían asesorado despachos externos a TMB. “La gran mayoría de autoridades y estándares en la materia plantean dudas sobre la eficacia de poner como responsable del sistema interno de información al director de la asesoría jurídica”, rezaba uno de los dictámenes.

Además de conspirar contra el independentismo con el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) Daniel de Alfonso gestionó de forma indebida los salarios que se abonaban en la entidad (sobre todo el suyo). Así lo ha sentenciado el Tribunal de Cuentas, que ha condenado al juez (a día de hoy en activo) a devolver 82.341,27 euros.

El Tribunal de Cuentas ha dictado sentencia tras el juicio celebrado en el que la Fiscalía y la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) pidieron que De Alfonso, director de este órgano entre 2011 y 2016, devolviese más de 205.000 euros por supuestos cobros indebidos en salarios suyos y de cargos que dependían de él.

En la sentencia, el órgano de cuentas considera que el perjuicio causado fue de 138.240,88 euros, pero la responabilidad ha prescrito en parte de los años en los que se hicieron esos cobros irregulares, por lo que la cantidad que tendrá que devolver De Alfonso queda fijada en 82.341,28 euros.

La sentencia estima de forma parcial la demanda de la Oficina Antifraude, a la que se adhirió la Fiscalía, y determina que durante su etapa en esa entidad, y por orden suya, se pagaron injustificadamente determinadas retribuciones en concepto de trienios a las que no tenían derecho sus perceptores.

Se benefició sobre todo él (119.889,84 euros), pero en menor medida también otras dos personas que en aquellos momentos desempeñaban otros cargos en la Oficina (12.030,78 euros en el caso del responsable de Recursos Humanos y 6.320,26 euros en el de la directora adjunta).

Descontadas las cantidades que se consideran prescritas -las anteriores al 27 de marzo de 2013-, se imputa al exdirector una responsabilidad contable de 71.363 euros por el dinero que cobró él y de 10.978,27 euros por los trienios cobrados indebidamente por los otros empleados.

De Alfonso sigue ocupando a día de hoy una plaza en la carrera judicial. Tras el escándalo de sus conversaciones con Fernández Díaz, abandonó Barcelona y actualmente es el juez de vigilancia penitenciaria de Santander. Su sucesor en la OAC, además de la crisis de imagen en la oficina derivada de la charla entre el ministro y De Alfonso, se encontró con una herencia de mala gestión.

Con su escándalo, De Alfonso torpedeó dos pilares básicos de Antifraude –la rendición de cuentas al Parlament y la confidencialidad de actuaciones– al compartir el contenido de informes y presentándose ante Fernández Díaz como “un cabo de tu cuerpo nacional”.

Más de nueve años después de la crisis que provocó su salida de Antifraude, De Alfonso tendrá que reparar el daño causado a los fondos públicos de la OAC mediante el reintegro de las cantidades que indebidamente se pagaron a las personas mencionadas.

A juicio del órgano de cuentas, en el ejercicio sus funciones, De Alfonso dictó las resoluciones de reconocimiento de antigüedad y trienios y ordenó el pago de las nóminas incluyendo trienios realizados en destinos previos como si lo hubieran sido en la oficina.

La actuación de De Alfonso “se ubica, cuando menos, en el ámbito de la negligencia grave”, sentencia el Tribunal, pues no solo no extremó las precauciones, “sino que, más bien al contrario, ha omitido toda precaución, haciendo completa dejación de sus responsabilidades en materia de gestión económica en el jefe del Área de Administración, Recursos Humanos y Presupuesto de la Oficina, dejación que, lejos de eximirle de responsabilidad (...), constituye, en sí misma, una actuación gravemente negligente”.

“Al final es mejor dar la cara aunque te la partan”. A Oriol Camacho se le ha agotado la paciencia. Testigo de un caso que investiga varios delitos relacionados con la Federación Catalana de Fútbol (FCF), recibió como un mazazo la decisión de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) del pasado 30 de julio de retirarle la protección como alertador de corrupción.

En la resolución, firmada por el director de la OAC, Miguel Ángel Gimeno, se acuerda cerrar el expediente por el que se le otorgó la condición de persona informante o protegida (reconocida por la ley que intenta evitar posibles represalias a los alertadores de corrupción) al aducir que Antifraude “no puede llevar a cabo más actuaciones de protección” a Camacho. Consultada por elDiario.es, la OAC ha declinado comentar el caso por razones de confidencialidad.

“Me siento desamparado por la Oficina Antifraude”, denuncia Camacho, que, si bien reconoce que durante el tiempo en que ha contado con protección no ha tenido represalias laborales (estaba de baja), lamenta que la OAC “no ha hecho nada” ante el “acoso” de sus antiguos jefes en la Federación Catalana de Futbol.

El caso de Camacho pone de manifiesto la distancia que existe entre una normativa que desde 2023 brinda protección y apoyo a los denunciantes de corrupción (fruto de una directiva europea que España tardó más de cuatro años en trasponer) y el día a día de los alertadores. “Todos los alertadores que conozco estamos fatal de salud mental”, alerta este jurista.

Al miedo a terminar sin trabajo (a menudo los denunciados son los jefes) se le suman los problemas psicológicos derivados del estrés como los que sufre Camacho (tiene reconocida una incapacidad temporal como accidente laboral y está a la espera de si se prolonga o le obligan a volver a la FCF). “Si tengo que volver a trabajar allí, lo pasaré mal”, advierte Camacho.

Árbitro desde 1998, Camacho empezó a trabajar en la FCF hasta convertirse en su secretario general en 2020. La entidad, sin ánimo de lucro e históricamente un remanso de paz con una plantilla estable, entró en ebullición después de la pandemia, con conflictos laborales, elecciones anuladas y dos facciones de directivos enfrentadas. El mal ambiente y los rumores de chanchullos ascendieron a causa penal a inicios de 2024.

Los Mossos registraron en marzo la sede de la entidad por una supuesta falsificación en las actas de delegación de voto de varios clubes. La causa permanece abierta, con la instrucción a punto de terminarse y con la cúpula de la FCF investigada. Camacho es uno de los testigos clave del caso, y fue interrogado por los investigadores de Anticorrupción de la policía catalana el 5 de marzo 2024.

Apenas ocho días después, y tras la petición de Camacho a los Mossos, la OAC le otorgó la condición de persona “informante o denunciante protegida”, y requirió formalmente a la Federación Catalana de Fútbol que se abstuviera de llevar a cabo “represalias” contra el jurista. También informó de la condición de Camacho al juzgado de Sabadell (Barcelona) que lleva a cabo la investigación.

Dos meses después, la propia OAC deja sin efecto la protección a Camacho, que recurre y vuelve a obtenerla. El pasado 30 de julio, sin embargo, la OAC decide retirársela al considerar que ya no puede llevar a cabo “ninguna otra actuación concreta de protección”.

Según Antifraude, corresponde ahora al juzgado de instrucción de Sabadell que investiga el caso de la FCF (una causa que ya estaba abierta cuando la OAC otorgó la condición de persona protegida a Camacho), la adopción de medidas de protección “sin perjuicio de la asistencia” que le pueda prestar la OAC.

Pese a retirar la condición de persona protegida al jurista, la OAC “se ofrece” al juzgado para “toda la asistencia que puedan precisar” si la magistrada decide que Camacho precisa de protección. No consta que a día de hoy el juzgado haya decidido medidas para evitar represalias al denunciante.

“La resolución no comporta que el solicitante quede desprotegido ante posibles actos de represalia, sino que como hay procesos judiciales pendientes, se dan por finalizadas de forma provisional las actuaciones de la OAC y queda en manos de la Fiscalía y el juez competente la aplicación de medidas de apoyo”, resuelve Antifraude.

La OAC y Camacho coinciden en que el periodo de protección ha evitado una represalia en forma de despido, pero disienten en que las declaraciones públicas del presidente de la FCF, Joan Soteras, contra Camacho y el bloqueo del correo corporativo del jurista supongan una represalia al denunciante.

En su resolución, la OAC menciona una única reunión en persona con Camacho para tratar su caso. El denunciante también echa en falta más “empatía” por parte de la Oficina. “En este tiempo me hubiera venido bien una llamada para saber cómo estaba”, lamenta.

Camacho relata que en los últimos años en los que ostentó el cargo, la directiva encabezada por Soteras (uno de los investigados del caso) le aplicó un “vaciado de competencias” en asuntos económicos, de recursos humanos y de administración. El clima laboral, admite, estaba enrarecido tras un conflicto interno con un grupo de trabajadores que lo enfrentó a Soteras y empezó a realizar algunas grabaciones “por seguridad”.

“Me llegaron a pedir cosas ilegales, como que accediera al correo electrónico del anterior asesor jurídico”, afirma. El sufrimiento que narra Camacho pareció atenuarse cuando se lo contó todo a los Mossos d'Esquadra. “Me sentí liberado y escuchado por los mossos, que me trataron sin condescendencia aunque sabían que lo estaba pasando muy mal”, recuerda. “Y me avisaron de que si encontraban algo en mi contra lo pondrían igual en el atestado, como tiene que ser”, agrega. Más de un año después, Camacho sigue siendo testigo y Soteras imputado en el caso.

Desmantellat el Comité Ètic d’Antifrau. Així és com el PP i Vox van destituir Manuel Villoria Mendieta, juntament amb dos experts en la matèria, Marisa Cuerda i Antonio Penadés, que integraven aquest òrgan encarregat d’investigar les denúncies internes de l’agència. El comité funcionava com una mena de defensor del poble, amb l’objectiu d’evitar que els casos d’abusos i corrupció de l’entitat quedaren impunes. A més d’aquests tres membres, un treballador de l’agència, elegit directament pel personal, formava part d’aquest comité.

Ara, el Consell de Ministres ha nomenat Villoria nou president de l’Autoritat independent de protecció de l’informant, una mena d’organisme fiscalitzador encarregat de garantir la protecció dels que denuncien possibles actes de corrupció davant la justícia, així com de les persones que contribuïsquen a l’esclariment d’aquests fets o col·laboren en la lluita contra el frau. Una iniciativa que s’inclou dins del Pla d’Acció per la Democràcia, un ampli paquet, aprovat el setembre del 2024, i que recull mesures en matèria de transparència governamental, la protecció de la llibertat d’expressió o qui finança els mitjans de comunicació. 

En aquest sentit, l’ens actuarà amb total independència i rebrà les denúncies a través d’un canal segur, en farà la comprovació i, si escau, el remetrà a la Fiscalia. El denunciant estarà salvaguardat sota l’anonimat i “l’organisme oferirà mitjans de suport a les persones informants, com l’assessorament, l’assistència jurídica o el suport psicològic o financer”.

Qui és Villoria?

Manuel Villoria Mendieta és catedràtic de ciència política en la Universitat Rei Joan Carles de Madrid. Actualment, dirigeix l’Observatori en Bona Governança i és director del Màster d’Alta Direcció Pública de l’Institut Universitari Ortega y Gasset-UIMP i del Màster en Gestió de la Seguretat, Crisi i Emergències IUOG-URJC. També és doctor en ciència política i sociologia per la Universitat Complutense de Madrid, llicenciat en dret per aquesta mateixa universitat i en filologia per la Universitat de Barcelona.

Durant el seu pas per l’Administració pública, Villoria ha ocupat el càrrec de subdirector de personal en la Direcció General de Trànsit o secretari general tècnic d’Educació i Cultura a la Comunitat de Madrid, i ha sigut membre del consell rector de l’Agència Estatal d’Avaluació de Polítiques i Qualitat dels Serveis (AEVAL). En aquests moments, és membre del consell científic de l’organisme internacional CLAD, president del comité d’ètica del Comité Olímpic Espanyol (COE) i membre del comité d’ètica de l’Ajuntament de Bilbao, i vocal del consell assessor de l’Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de Madrid.

Amb més de 200 publicacions entre llibres i articles científics, el catedràtic ha escrit sobre la corrupció en el territori espanyol amb obres com Ética pública y corrupción: curso de ética administrativa, Dirección y gestión de recursos humanos en las administraciones públicas o La corrupción política

L’Agència Valenciana Antifrau té obertes desenes d’investigacions a ajuntaments, diputacions i la Generalitat per altres tants casos d’irregularitats en la gestió dels recursos públics. Entre aquests, destaca el que va obrir fa mesos sobre el Bo Comerç de la Diputació d’Alacant quan el president era Carlos Mazón i que ha esguitat el mateix president de la Cambra de Comerç d’Alacant, Carlos Baño. A més, indaga també en consistoris com el de Benidorm o va fer informes sobre l’alcalde d’Oriola que va estar sis anys sense acudir al seu lloc de treball. Totes aquestes investigacions podrien estar en perill per la gestió del nou director escollit pel PP i Vox, Eduardo Beut, i que va desmantellant l’entitat de lluita contra la corrupció. Així doncs, entre porgues del mateix director i abandons, més del 20% de la plantilla de l’Agència han deixat els seus llocs i han tornat a les seues places de funcionari davant la impossibilitat de continuar amb els treballs de recerca.

Fins i tot la cap de premsa de l’Agència ha sigut despatxada per Beut, que en aquests moments no té cap persona que puga respondre als requeriments dels mitjans de comunicació. En aquest sentit, elDiario.es s’ha posat en contacte amb el director d’Antifrau per a obtindre unes explicacions sobre l’eixida de fins a 10 treballadors de l’Agència Antifrau des de la seua arribada abans de l’estiu. A preguntes d’aquest mitjà, Beut no va contestar, encara que sí que va remetre a una trobada futura. “A veure si la setmana que ve ja puc convocar-vos a una reunió”, va contestar el director d’Antifrau a aquest mitjà. Aquesta reunió amb els periodistes havia de fer-se el mes de setembre, però va anar ajornant-se mentre Eduardo Beut ha anat desmantellant els contrapesos interns i buidant de contingut l’entitat. Beut no ha donat explicacions de cap dels seus canvis legislatius, que han posat fi a la bústia de denúncies i al Comité d’Ètica, entre altres modificacions que deixen l’Agència sense gairebé poder d’actuació.

L’Agència Antifrau també ha deixat d’oferir assistència judicial a la Fiscalia Anticorrupció, una funció molt valorada per la judicatura i els informes de la qual han sigut clau en els casos de corrupció que han afectat l’expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana (cas Erial) o la família de l’exalcaldessa de València Rita Barberá (cas Azud).

Segons la informació recaptada per elDiario.es, a més del cap d’Investigació Gustavo Segura i la lletrada Teresa Clemente, huit persones més han eixit de l’Agència Antifrau en els prop de sis mesos que hi està Beut com a director. Es tracta de la cap de premsa, que ha tornat a la seua plaça en un ajuntament, i la persona que gestionava la Biblioteca i el Centre de Documentació de l’Agència, una iniciativa única a Espanya on es desaven documents, llibres, tractats i documents jurídics sobre transparència i lluita contra la corrupció. Aquestes quatre persones han sigut destituïdes pel mateix Beut.

Per la pressió d’Eduardo Beut i aquests acomiadaments, han eixit també de l’Agència Antifrau en les últimes setmanes un lletrat, un investigador de l’equip de Gustavo Segura, un investigador de la Unitat de Pericials i secretari del Comité d’Ètica; un tècnic de prevenció i l’administradora de l’Agència, figura clau per tal com és la representació legal d’aquesta. L’Agència Antifrau té aprovada una plantilla màxima de 53 persones, però només s’havien cobert 47 llocs. Les places en aquesta entitat estan ocupades per personal funcionari que va demanar el trasllat des d’altres administracions.

El flamante director de la Agencia Antifraude, Eduardo Beut, todavía no ha hecho público su sueldo en la página de la entidad que tiene que fiscalizar a la administración. Tampoco a preguntas de elDiario.es ha querido desvelar cuáles serán sus emolumentos mensuales. Fuentes de la entidad explican que, “entre las vacaciones de verano y el inicio de curso”, ha sido imposible publicar el salario tal y como marca su propia legislación, pero que “están preparando la documentación para cumplir” en los próximos días o semanas.

Pese a esta opacidad inicial, lo que sí que ha podido saber este periódico es que Beut será el alto cargo de la Generalitat que más dinero cobre gracias a la ley específica de la Agencia Antifraude, hecha para acabar con la mayoría cualificada como requisito para su elección. Esta norma, no solo permitió a Beut ser elegido por la mayoría simple de PP y Vox, sino que levantó el tope de sueldo que fijó el presidente Carlos Mazón en los presupuestos de 2024 cuando todavía gobernaba junto a Vox. También eliminó que el sueldo del director de la Agencia Antifraude sea el de un director general del Gobierno valenciano, unos 67.000 euros brutos al año. Este fue el salario que percibió su antecesor Joan Llinares en los seis años que estuvo al frente de la entidad.

En la Ley de Presupuestos de 2024, PP y Vox incluyeron un artículo que fija que ningún alto cargo de la Generalitat puede ganar más del 15% del presidente de la Generalitat. Mazón, con la última subida del 2%, percibirá unos 80.000 euros brutos en 2024. Por tanto, nadie en el organigrama de su Gobierno y entidades de la Generalitat podrán percibir más de 92.000 euros. Esta medida se fijó para evitar que funcionarios que proceden de otras administraciones pierdan salario al llegar a la Generalitat, siempre que no se supere ese 15% más que el jefe del Consell. Una manera de hacer más atractiva la participación en la vida pública, pero que PP y Vox siempre habían criticado durante los años del Pacte del Botànic.

Pero gracias a la nueva ley de la Agencia Antifraude, Beut podrá superar ese tope. ¿Por qué? Beut es funcionario de la Agencia Tributaria, llegó a ser delegado especial, una de las administraciones con mayores sueldos de la administración. Por su años de servicio y el cargo, sin contar pluses de productividad, el sueldo de Beut en Hacienda podría rondar los 100.000 euros. Aplicando el articulo 26.1 de la Ley 3/2024 de la Generalitat de la Agencia Antifraude, las retribuciones de Beut “no podrán ser inferiores a las del puesto de trabajo que venía desempeñando en la administración de origen”. Es decir, su salario en la Agencia Tributaria y sin el tope de 92.000 euros marcado en los presupuestos de este año, pese a ser una ley aprobada en 2024 y cuando las cuentas anuales ya estaban en vigor.

Además, según un informe del letrado de la Comisión de Economía de las Corts Valencianes al que ha tenido acceso elDiario.es, corresponde a la Mesa del Parlamento adoptar un acuerdo determinando el salario del director de la Agencia Antifraude. Ese acuerdo que debería ser público tampoco se ha aprobado. Beut tendrá también que modificar el presupuesto de la Agencia para este año porque la entidad solo contempla en sus presupuestos para salario del director 71.543 euros. Muy lejos del salario que percibirá.

Ni 42 días, con el mes de agosto de por medio, ha tardado el nuevo director de la Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana, Eduardo Beut, en expulsar de la entidad a dos perfiles más que consolidados en la lucha contra la corrupción valenciana. Teresa Clemente, la ya exdirectora adjunta y funcionaria clave en la denuncia del caso Blasco, y Gustavo Segura, el también ya exdirector de investigación y exinterventor en Mislata, han sido destituidos este semana por Beut por “colaborar” con la Fiscalía Anticorrupción. Una verdadera declaración de intenciones de quien fue elegido en la Corts Valencianes solo con los votos de PP y Vox tras cambiar la ley de elección del presidente de mayoría cualificada a mayoría simple.

La llegada de Beut a la presidencia de la Agencia Antifraude no ha estado exenta de polémica. Primero, por su pasado afín al expresidente de la Generalitat con el PP, Eduardo Zaplana, y posteriormente por el dudoso prestigio de las entidades en defensa de la transparencia y la lucha contra la corrupción que avalaron su candidatura. Según fuentes conocedoras del funcionamiento de la agencia, desde su entrada en la entidad el pasado 23 de julio, Beut ha reclamado los expedientes periciales vinculados a los casos Erial, en el que el principal acusado es el exministro de Trabajo, y Azud, donde hay investigados miembros del PP de Valencia y el abogado José Luis Vera, excargo del PSPV en la Diputación de Valencia.

La Agencia Antifraude ha declinado ofrecer una versión oficial sobre las destituciones y la emplazan a un futuro encuentro con periodistas. Pero fuentes de la institución enmarcan la salida de Clemente y Segura, adelantada por Levante-EMV y Las Provincias, en una reestructuración legítima del nuevo director, que debe tener la posibilidad de que sus colaboradores más cercanos sean de su confianza. Las mismas fuentes explican que los despedidos no tienen todavía sustitutos por el momento y que ejercerán sus funciones la personas de la Agencia del segundo escalón.

La Agencia Antifraude, impulsada por las Corts Valencianes salidas del cambio de Gobierno en 2015, ha sido clave en algunos de los casos más graves de corrupción de la Comunitat Valenciana. Sus informes periciales en labores de asistencia a la Guardia Civil o la Fiscalía Anticorrupción han servido para apuntalar el caso Erial o para avanzar en el caso Azud. Gracias a un trabajo de la Agencia se pudieron demostrar las irregularidades en la adjudicación del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana y que han sentado en el banquillo a Zaplana. La entidad, además, ha tenido un perfil muy alto con colaboraciones con otras agencias antifraude y ha recibido varios premios por sus labores de investigación de la corrupción. Además, ha perseguido irregularidades de administraciones de todos los colores políticos, siendo utilizados sus informes por todas las formaciones para criticar al rival.

Los dos destituidos tienen un importante currículum en la lucha contra la corrupción y, en el caso de Teresa Clemente, un episodio vital que cambió la percepción de cómo los funcionarios deben actuar ante casos de corrupción. Clemente fue clave en el juicio del caso Blasco, ya que su testimonio fue fundamental para apuntalar la acusación al exconseller de Camps. La funcionaria ahora destituida formó parte de la Conselleria de Solidaridad donde se defraudaron unos seis millones de euros en fondos para la cooperación internacional y se plantó ante las presiones del exconseller y sus compinches. La mayoría de acusados en esta causa han pasado por prisión.

Es llamativo que el argumento de la salida de estos dos directivos de la Agencia sea por colaborar con la Fiscalía Anticorrupción, puesto que sus estatutos marcan claramente que es un órgano de apoyo y colaboración con la autoridad judicial y fiscal. Habrá que ver qué rumbo marca el nuevo director y qué imagen de seguridad quiere ofrecer a los posibles denunciantes de casos de corrupción. Estas destituciones no parecen la mejor carta de presentación para el funcionario que se quiera jugar el puesto por denunciar una irregularidad.

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) investigará el cobro de grandes salarios durante años por parte de dos de sus catedráticos de Economía, José García Montalvo y Teresa García-Milà, mientras trabajaban en la universidad con un régimen de funcionarios en dedicación exclusiva.

La decisión de la universidad llega después de que el lunes este periódico desvelara que ambos han estado cobrando remuneraciones de casi 300.000 euros anuales por participar en los consejos de administración de Abanca y Repsol respectivamente.

La información de elDiario.es explicaba que la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) había considerado una “irregularidad” la compaginación de ambas tareas y apuntaba “indicios de fraude o corrupción” en la actuación de estos catedráticos, un hecho compatible con “responsabilidades muy graves”.

Inicialmente la Pompeu Fabra aseguró que “debían valorar” si correspondía iniciar algún procedimiento ya que ambos habían regularizado su situación y habían pasado a un régimen de dedicación parcial. Fuentes del centro sostenían la semana pasada que para ellos el caso estaba ya cerrado. Apenas tres días después, sin embargo, la UPF ha decidido abrir este “procedimiento informativo”. Desde la universidad precisan que este procedimiento servirá para “esclarecer los hechos” y poder “determinar” si se debe abrir “algún otro tipo de procedimiento”.

Precisamente Antifrau, en una resolución a la que tuvo acceso esta redacción, preguntó a la Pompeu Fabra qué medidas pretendía tomar respecto a ambos docentes, ya que consideraba que los catedráticos habían podido cometer una infracción disciplinaria que podría dar lugar a la incoación de un expediente sancionador.

Los dos economistas explicaron que ellos preguntaron “de manera informal” si podían compatibilizar su régimen de dedicación completa con las tareas en sendos consejos de administración. Siempre según su relato, los dos contaron con la aprobación de la UPF aunque ninguno de ellos tramitó la solicitud por los cauces requeridos. Ni la universidad ni los catedráticos han precisado cuándo, a quién y de qué manera se pidieron esas autorizaciones.

La Oficina Antifrau también investiga los cobros que recibió el exrector de la universidad, Jaume Casals, que compaginó durante décadas su dedicación exclusiva a la universidad con la remuneración por dirigir una fundación privada, en una investigación que todavía sigue abierta.

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) investiga si el exrector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Jaume Casals, también ha estado cobrando complementos irregulares de una fundación sin pedir la compatibilidad a la universidad, tal y como requiere la normativa.

Según ha adelantado El País, Antifrau ha realizado consultas sobre la presunta incompatibilidad de percibir el sueldo de la universidad y a la vez los emolumentos correspondientes a la dirección del Institut d'Humanitats de Barcelona, un cargo que Casals ostenta desde hace tres décadas y por el que percibe unos 15.000 euros anuales.

La investigación de Antifrau se abrió a raíz de una denuncia presentada en septiembre. Se suma a la resolución emitida por el mismo organismo el pasado febrero, en la que señaló que los grandes sueldos que percibían dos prestigiosos catedráticos de la UPF en sendos consejos de administración de grandes empresas eran incompatibles con la dedicación a tiempo completo, según reveló el lunes elDiario.es.

Casals, que fue rector entre 2013 y 2021 y actualmente preside la Barcelona School of Management (centro adscrito a la Pompeu Fabra), ha explicado a El País que él no cree que ambas tareas fuesen incompatibles pero que aun así ha renunciado a la dirección de la mencionada fundación tras hablarlo con la UPF.

Contactada por este medio, la UPF ha confirmado que ha recibido un requerimiento por parte de la OAC sobre el caso y ha rechazado hacer más comentarios porque el procedimiento sigue abierto. Añaden que la universidad recomendó “de manera informal” a Casals que “valorase la posibilidad” de renunciar a la dirección de la fundación o solicitar la compatibilidad.

“A día de hoy la UPF no ha recibido ninguna solicitud de compatibilidad por parte de Jaume Casals en ningún momento de su vida laboral, por lo tanto no podemos afirmar que esta incompatibilidad exista ya que no se ha podido hacer el estudio pertinente al respecto”, remachan desde la universidad.

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento de Mataró (Barcelona, 130.000 habitantes) por haber presuntamente represaliado a una técnica del consistorio que denunció irregularidades en diversas contrataciones y tenía concedido el estatus de “persona alertadora protegida” por parte de esta oficina.

La resolución de la OAC, a la que ha tenido acceso elDiario.es, identifica distintos tipos de represalias sufridas por esta mujer, que llegó a perder su puesto de trabajo —tras la convocatoria de unas oposiciones a su plaza— a pesar de tener el mencionado estatus de protección. La Oficina, más allá del expediente sancionador, ha emplazado al Ayuntamiento de Mataró a estimar los recursos que esta trabajadora presentó contra las decisiones administrativas que le costaron el puesto de trabajo.

Es la primera ocasión en la que Antifrau plantea un expediente sancionador a una administración. Desde marzo de 2023, este organismo tiene la capacidad de imponer multas si considera que no se está protegiendo debidamente a una persona alertadora de infracciones en el sector público. En el caso de que el mencionado expediente acabe en una multa, podría llegar a los 300.000 euros para personas físicas y un millón de euros para personas jurídicas.

Las presuntas irregularidades en la contratación, que afectan a cuatro empleados, ya no están en manos de Antifrau —que apreció anomalías en el procedimiento, pero no tiene capacidad sancionadora en esta materia— sino que las investiga la Fiscalía de Mataró desde principios del pasado noviembre, sin que se haya hecho todavía ninguna actuación al respecto ni se haya requerido documentación.

El Ayuntamiento de Mataró, liderado por el PSC, no ha querido hacer ningún comentario y ha señalado que recientemente se ha creado una “comisión informativa especial sobre los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo” en la que participarán todos los grupos y se estudiarán los nombramientos impugnados por la denunciante. 

Por otro lado, se ha solicitado asistencia jurídica a la Diputación de Barcelona para valorar dentro del plazo legal si se deben estimar las recomendaciones de la OAC respecto a la persona protegida. “Máxima transparencia, colaboración total y asunción de responsabilidades si finalmente se detecta alguna irregularidad administrativa”, señala una fuente del consistorio. 

Ocho “represalias” identificadas

La resolución de Antifrau, que es firme aunque no tiene por que acabar con una sanción, enumera como “represalias” el “vaciado de funciones” a esta empleada interina por parte de una de las personas nombradas de fuera de la plantilla. El organismo también considera una represalia el cambio de departamento en el que trabajaba. Este último hecho fue llevado por la persona protegida a los tribunales, que consideraron que este cambio de adscripción era ajustado a derecho y no suponía ninguna vulneración de derechos fundamentales. Esta sentencia judicial está recurrida. 

Antifrau también enumera como “represalias” el cambio de la ubicación física de su puesto de trabajo, mandándola a un lugar en el que según la denunciante no había nadie de su departamento. Dentro de las represalias sufridas, Antifrau también señala que a esta trabajadora no le quisieron reconocer que durante 11 meses había trabajado a un nivel superior al de su plaza (un hecho que le beneficiaba para obtener su puesto en las oposiciones a su plaza que se convocaron) y acabó perdiendo su puesto de interina.

Este tipo de actuaciones están prohibidas expresamente por la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas, que considera represalias el cese o despido, los daños de carácter reputacional, las referencias negativas de una persona, la denegación de permisos, la denegación de formación y el trato desfavorable o injusto.

La pérdida del puesto de trabajo de la denunciante también es mencionada como una represalia por parte de Antifrau. La OAC llegó a requerir al Ayuntamiento de Mataró el pasado junio que suspendiera el proceso de su cese, pero el consistorio la acabó despidiendo alegando que no recibió el requerimiento a tiempo. Posteriormente aseguró en una comunicación a Antifrau que por “motivos que actualmente se desconocen” su petición de preservar el puesto de la persona protegida no llegó al Departamento de Recursos Humanos hasta un mes después, a mediados de julio.

Otra represalia que Antifrau considera probada es la contratación de una consultora externa que en principio tenía el objetivo de mediar entre la denunciante y el Ayuntamiento. Esta consultora, sin embargo, se “instrumentalizó” a favor del consistorio y en contra de la denunciante, según la OAC. 

La oficina señala que esta empresa remitió sin consentimiento de la denunciante tres informes al Ayuntamiento en los que se cuestionaba tanto sus patrones de conducta como su personalidad. El informe también contiene algunos correos internos, que la OAC considera “veraces”, en los que se apunta a que el consistorio quería utilizar los informes de esta consultoría para actuar contra la denunciante. 

“En breves tendremos el informe definitivo de la consultoría y procederemos tal y cómo habíamos decidido”, escribió en un correo en octubre de 2021 el director de Recursos Humanos a su jefa de departamento y otros empleados, según el informe.

El Colegio Oficial de Psicología de Catalunya ha incoado un expediente disciplinario contra esta consultoría por no haber informado debidamente a la persona protegida, por haber facilitado información suya al Ayuntamiento sin su consentimiento y por incorporar información relativa a esta persona en sus informes “sin haberla evaluado y sin especificar su rol como supervisor del caso”.

Un choque entre la empleada y el consistorio

La persona protegida por Antifrau y el Ayuntamiento de Mataró llevan más de un lustro enfrascados en una batalla burocrática y administativa que ha incluido la presentación de una veintena de recursos administrativos, solicitudes de acceso a información pública y en materia de protección de datos. 

Según la denunciante, que quiere mantener el anonimato, los problemas con el Ayuntamiento se iniciaron cuando en 2019 presentó una denuncia por presunto acoso laboral. El proceso fue desestimado y la resolución fue trasladada a una docena de empleados del departamento, que habían recogido firmas en contra de la denunciante. 

La Autoritat Catalana de Protecció de Dades consideró una “falta muy grave” que el Ayuntamiento de Mataró no hubiera garantizado la confidencialidad de sus datos en el transcurso del procedimiento por presunto acoso laboral.

Posteriormente presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que en 2021 incoó un expediente por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, si bien precisó que no se podía considerar acreditado que estos riesgos psicosociales estuvieran causalmente relacionados con los problemas de salud de la persona protegida, que desde 2018 causó diversas bajas laborales. 

La OAC, en su informe, también reprocha al Ayuntamiento de Mataró los “intentos de obstaculizar la presentación de comunicaciones” debido a las denegaciones de las peticiones de acceso a la información que hizo la denunciante, que acabó acudiendo a diversos organismos que velan por la transparencia y estimaron sus recursos en la mayoría de ocasiones. 

La reforma de la malversación pactada entre el PSOE y ERC acumula críticas tanto por el fondo como por la forma. Y no solo por parte de la derecha, sino también desde sectores progresistas. Uno de los más contundentes ha sido el director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), Miguel Ángel Gimeno, que ha arremetido contra los cambios en el Código Penal. “No es un buen mensaje contra la corrupción”, ha alertado.

Gimeno es un veterano magistrado progresista que ha logrado pasar página del escándalo en la OAC por la confabulación contra políticos soberanistas entre su antecesor, Daniel de Alfonso, y el exministro Jorge Fernández Díaz. En su etapa como magistrado y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) conoció de casos de corrupción, como el Mercurio que afectó al PSC o el del exalcalde convergente de Lloret de Mar (Girona) Xavier Crespo.

En la presentación del informe anual sobre la corrupción en Catalunya este miércoles, Gimeno ha considerado “una mala noticia evidente” la reforma del Código Penal, ya que, a su juicio, se tendrán que revisar muchas sentencias de casos condenados por malversación. “La reforma es una mala noticia”, ha sentenciado.

Para Gimeno, es necesario un debate “claro” y “con racionalidad” sobre la proporcionalidad de las penas de malversación. “El mensaje que se da es que hay categorías de malversación, pero ésto debe ser fruto de un debate que no se ha hecho”, ha criticado.

Los resultados del estudio anual de la OAC muestran que la corrupción está lejos de erradicarse en la comunidad.La amplia mayoría de catalanes (80,2% de los encuestados) cree que hay mucha o bastante corrupción, cuando hace dos años eran el 67%. Además el 82,6% cree que la corrupción es un problema muy grave o bastante grave, frente al 79,5% de hace dos años.

Gimeno ha valorado que los niveles de percepción de la corrupción “son inaceptables” y “un problema crónico”. Por ello, ha pedido una mayor implicación de las administraciones, mejorar la legislación, que el sector privado también se implique y que la ciudadanía sea menos permisiva, ya que se ha detectado una mayor tolerancia ante ciertos hechos corruptos.

Por otro lado, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha criticado la “apresurada” reforma del Código Penal, informa Elena Herrera. En un comunicado, la organización a la que pertenecía el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha cuestionado la “técnica legislativa utilizada” en las últimas y diversas modificaciones del Código Penal, que “priva” de los preceptivos informes del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal e “impide el debate público, prudente y sosegado”.

“Los informes de los superiores órganos consultores del estado no son un simple trámite, son un elemento fundamental para dotarles de una mayor técnica legislativa y advertir de las posibles consecuencias en su aplicación”, ha sostenido la UPF. Así, los fiscales progresistas han insistido en que las modificaciones del Código Penal “no pueden realizarse de manera apresurada” y deben hacerse “atendiendo el interés general de toda la ciudadanía y con los más elevados estándares de técnica legislativa”.

La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha trasladado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) los contratos por valor de 35 millones para mascarillas y material sanitario que el Govern catalán acordó con Basic Devices, una empresa fantasma sin actividad ni trabajadores.

Después de un estudio preliminar y de pedir aclaraciones tanto a la conselleria de Economía como a la de Salut, la OAC ha concluido su informe en el que aprecia “riesgo tributario” en esta operación, por la que el Govern llegó a avanzar 35 millones de euros en un momento en el que todas las administraciones buscaban desesperadamente material para proteger al personal sanitario. Según este organismo, el Govern avanzó este dinero sin ninguna cobertura legal que lo avalara.

Antifrau insta a las autoridades a “valorar y verificar el alcance, la repercusión y los efectos de la aplicación de la normativa tributaria y aduanera” de la operación. El organismo recuerda que la modificación del IVA del 23 de abril de 2020 (cuando se decidió aplicar el tipo cero en importaciones cuyos destinatarios fuesen entidades públicas y/o hospitales) no afectó inicialmente al acuerdo (ratificado un mes antes, a finales de marzo de 2020) pero buena parte del material llegó cuando esta modificación tributaria ya estaba en vigor.

En línea con lo que ya había señalado en su informe preliminar, la OAC considera que el Govern no ha aportado la información suficiente sobre los contactos preliminares con Basic Devices. “Estas carencias informativas iniciales desactivaron cualquier mecanismo de prevención, detección y solución de conflictos de interés o de lucha contra la corrupción”, afirma la OAC.

El pasado marzo elDiario.es reveló que Basic Devices era una compañía sin ningún tipo de actividad, sin empleados y que en el momento de cerrar el contrato con la Generalitat no había presentado debidamente sus cuentas en el registro mercantil. También demostró cómo una maraña de perfiles falsos sobre los supuestos administradores de esta sociedad apareció en los buscadores a mediados de 2021, dificultando encontrar quién había realmente detrás de esta empresa.

“Aquí no hay nadie, ya te lo aseguro”. Un vecino de Vilafranca del Penedès (Barcelona) advierte al visitante de que allí no encontrará lo que busca. Reina el silencio en la sede social de Basic Devices, una compañía que durante la pandemia obtuvo contratos de emergencia (sin concurso) por 35 millones de euros de la Generalitat para material sanitario. Los buzones del edificio confirman la sospecha: el único piso en el que no hay información sobre sus ocupantes es el que corresponde a esta empresa.

Sin empleados, sin actividad durante años y sin presentar debidamente las cuentas en el registro mercantil. Esta es la carta de presentación de una compañía con un capital social de 4.000 euros que obtuvo contratos públicos a dedo por 60 millones -finalmente quedaron en 35- cuando estalló la pandemia y que la Agencia Antifraude de Catalunya investiga tras calificar la compraventa de “temeraria”. 

Incluso la propia Generalitat sospechó de la empresa y llegó a presentar una denuncia ante los Mossos por estafa, que luego acabó retirando porque, según el relato del Govern, los administradores ofrecieron las suficientes garantías de que cumplirían con lo acordado. Eran los primeros días de la pandemia y todas las administraciones peleaban por conseguir material sanitario. 

El material acabó llegando y el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, compareció recientemente en comisión parlamentaria para dar explicaciones sobre este acuerdo. Las dudas sobre quién está detrás de la compañía o por qué acabó ganando ese contrato, sin embargo, no se han disipado. 

Al manto de misterio sobre la empresa se le suma otro elemento: durante la segunda mitad de 2021 aparecieron decenas de cuentas falsas y páginas web que ofrecen información ficticia sobre los administradores de esta sociedad. Muestran fotos de ellos que en realidad están creadas por ordenador y no corresponden a sus rostros. Describen a los responsables de la empresa, Roger Parellada y José María Parellada, como desarrolladores de videojuegos cuando en verdad no lo son. 

El resultado de esta cortina de contenido falsa es que, con una primera búsqueda, resulta casi imposible encontrar información real sobre los verdaderos administradores de Basic Devices. Las cuentas ficticias están mejor posicionadas que cualquier otro contenido en Google y las primeras páginas del buscador conducen siempre a la información incorrecta. 

Las cuentas son de todo tipo: Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, Vimeo, Pinterest, Reddit, varias páginas web… Todas sin contenido o con publicaciones generadas por ‘bots’. Incluso hay cuentas de Soundcloud o Ivoox con archivos de audio leídos por un software de voz. Todo con el objetivo, según diversos expertos consultados, de crear contenido para posicionarse en los buscadores. 

“Alguien quiso crear una personalidad online con la identidad de estas personas”, apunta Marcelino Madrigal, experto en redes y seguridad, que no se atreve a determinar un motivo concreto para la creación de estos perfiles. “Generar todo este contenido no es mucho esfuerzo, basta con coger un nombre, una imagen generada y desplegarlo”.

Una de las páginas web en principio atribuidas a Roger Parellada está registrada a nombre de Antonio González. Es un misterio quién ha creado el resto de cuentas y contenido en la red.

Una contratación bajo sospecha

Si bien la Oficina Antifraude de Catalunya ha descartado por ahora estar ante un caso de corrupción, este organismo investiga todavía una contratación que considera “temeraria” y que se realizó después de unos contactos preliminares “poco transparentes” con la empresa.

Los tumbos que dio el Govern a la hora de comprar material a esta compañía también contribuyeron a aumentar las sospechas. El 19 de marzo de 2020, pocos días después de la declaración del estado de alarma, el Institut Català de la Salut (ICS) contrató por más de 60 millones de euros el aprovisionamiento de material sanitario (mascarillas de diversos tipos, trajes protectores, respiradores…) con Basic Devices. Al día siguiente se le avanzaron a la compañía 35 millones de euros vía transferencia bancaria. 

Esa misma tarde saltaron las alarmas en el Departament de Economía, liderado en ese momento por el actual president de la Generalitat, Pere Aragonès. Las entidades bancarias alertaron al Govern de que la empresa a la que se habían avanzado 35 millones llevaba tiempo inactiva y nunca había realizado operaciones de valor similar. Tras una reunión al más alto nivel y casi a la hora de cenar, los responsables de este departamento presentaron una denuncia ante los Mossos por posible estafa.

El 22 de marzo los administradores de Basic Devices se reunieron con los responsables de Economía en la sede del departamento y aportaron documentación suficiente para disipar las sospechas. Al día siguiente se retiró la denuncia ante los Mossos. El 5 de mayo, el Govern desistió de uno de los contratos con la compañía y el acuerdo inicial de 60,5 millones se quedó en los 35 que ya se habían avanzado en marzo. El 5 de diciembre de ese año, el ICS certificó que se había recibido todo el material. 

Las conclusiones preliminares de Antifraude, que todavía no ha acabado su investigación y está a la espera de recibir más documentación tanto del ICS como del Departament de Economía, ponen en duda los protocolos que se siguieron durante esos días. 

En primer lugar, señala que no consta información sobre los contactos preliminares llevados a cabo con esta sociedad, un hecho poco habitual teniendo en cuenta que la administración catalana no había adjudicado nunca ningún contrato a Basic Devices. “No queda acreditado el origen de los contactos preliminares de los representantes de la empresa con el ICS”, señala este organismo.

Antifraude también considera que el 20 de marzo de 2020 la Generalitat no estaba habilitada para avanzar 35 millones de euros para ningún contrato, ni siquiera en un caso de emergencia como este, ya que hasta el 28 de marzo no entró en vigor la cobertura legal que lo amparaba. “Aún así, el abono de esa importante cantidad se llevó a cabo sin que se encuentre ninguna justificación documentada”, señala el organismo en un nota que remitió a los medios. 

“Era una operación de riesgo, pero debíamos asumirlo porque no nos podíamos quedar sin elementos de protección para nuestros profesionales”, se defendió Argimon en el Parlament, ante las dudas que presentaron diputados de distintas formaciones. “Es difícil hacerse cargo de cómo de crítica era la situación si no se estaba en primera línea”.

Este periódico ha remitido un cuestionario al Departament de Salut con diversas preguntas que no llegó a aclarar el conseller en su comparecencia: si fue la empresa quien se ofreció al ICS o la Generalitat que la contactó, si hubo algún intermediario y si la compañía aportó algún tipo de prueba de su solvencia antes de que se le avanzara el dinero. También ha preguntado por los perfiles falsos aparecidos en redes con el nombre de los administradores de Basic Devices. Desde la conselleria han preferido no hacer ningún comentario y se han remitido a la comparecencia del conseller. 

¿Quién hay detrás de Basic Devices?

Ni José María Parellada ni Roger Parellada son programadores informáticos, como aseguran las decenas de páginas web y perfiles en redes sociales creados recientemente. Ambos son empresarios y entre los dos participan o administran más de un centenar de sociedades. 

Según la información del registro mercantil, los negocios de los Parellada son de todo tipo, desde restaurantes a servicios de cátering, pasando por negocios inmobiliarios, peluquerías, servicios financieros e incluso de producción de productos farmacéuticos. Jose Maria Parellada también figura como secretario de una SICAV creada inicialmente por el exdelantero del Real Madrid Álvaro Negredo. Roger Parellada figura como consejero delegado de una empresa de gestión de activos en Singapur.

Algunas de las sociedades registradas a nombre de ellos sí que tienen o podrían tener una vinculación con la importación de productos sanitarios. Sin embargo, se utilizó una empresa sin trabajadores ni actividad para facturar una cantidad muy alta a la Generalitat -35 millones de euros- repartida en tres contratos: uno de 25,4 millones de euros, uno de 7,1 millones y otro de 2,4 millones.

La contratación de emergencia que se permitió a la administración catalana por la pandemia supuso la adjudicación de más de 6.700 contratos, por valor de 790 millones de euros, según los datos disponibles (entre marzo de 2020 y abril de 2021). El contrato con Basic Devices supuso el segundo más grande de la Generalitat adjudicado por esta vía durante la crisis de la Covid-19.

Ninguno de los dos administradores de Basic Devices se prodiga en internet y apenas hay información sobre estos dos empresarios, que son primos entre sí. La cantidad de información falsa sobre ellos tampoco facilita encontrar a qué se dedican realmente. Esta redacción ha intentado ponerse en contacto con ellos a través de algunas de sus empresas y no ha obtenido respuesta.

La única vinculación con el sector sanitario que se puede encontrar de uno de los administradores de Basic Devices se remonta a noviembre de 2016, cuando Roger Parellada participó en la entrega de un premio de 30.000 euros para investigación oncológica que otorgaba una fundación y una de sus empresas. El acto estuvo presidido por la entonces Directora Gerente del ICS, Candela Calle.

¿Por qué se utilizó una empresa fantasma para facturar uno de los mayores contratos de urgencia que firmó la Generalitat durante la pandemia? Ni el Departament de Salut ni los responsables de esta compañía han aclarado todavía el motivo. Un manto de misterio sigue rodeando a Basic Devices.

De las denuncias en los juzgados del denunciante compulsivo, el asesor del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València, Luis Salom, a los escritos a la Agencia Antifraude como elemento de desgaste del equipo de Gobierno municipal que conforman Compromís y el PSPV. Esta es la estrategia que viene llevando a cabo la oposición, también Ciudadanos, aunque en menor medida, de momento con muy poco éxito, puesto que ninguna de las denuncias, ya sea en los juzgados o en la Agencia, ha prosperado hasta ahora.

En el apartado judicial, además, la frenética actividad de Salom, con una quincena de denuncias interpuestas desde 2015, ha supuesto un coste hasta ahora para las arcas municipales de al menos 14.100 euros en concepto de abogados de los concejales de Compromís o PSPV demandados.

Tras el nulo recorrido de estos procedimientos, que además acaban suponiendo un gasto para las arcas públicas, las denuncias se han trasladado ahora a la Agencia Antifraude, con idéntico resultado hasta ahora. Ninguna ha terminado en la Fiscalía, el último paso que da el organismo si detecta situaciones irregulares.

En concreto, según han informado a elDiario.es fuentes municipales, desde 2017 la oposición ha presentado nada menos que 78 denuncias, de las que 68 están archivadas o en vías de archivo, es decir, el 85% de las presentadas. El resto se encuentran aún en tramitación, es decir, en intercambio de documentación entre la Agencia y el Ayuntamiento.

Así, 34 de los escritos han sido ya archivados de manera oficial y definitiva. Los casos más recientes son las denuncias sobre el concierto de Nicky Jam en La Marina, los contratos menores de la Cabalgata de Reyes de 2020, la adjudicación de una plaza de letrado municipal, el contrato de Els 40 València o una subvención a Escola Valenciana. También se han archivado denuncias por ayudas a ONG, contrataciones de emergencia por la COVID-19, denuncias por el estacionamiento de la ORA y contrataciones publicitarias o de personal.

Otras 32 están a falta de comunicación oficial de archivo. Es decir, el Ayuntamiento ya ha sido requerido por la Agencia Antifraude y, en el caso de que no se pida más documentación, se entiende que está el caso cerrado a falta de comunicación oficial.

Una denuncia sobre el uso de remanentes en la ciudad ha sido declarada como inadmitida por la Agencia Antifraude al entender que no era competente el caso.

Así pues, tan solo 10 están ahora mismo en trámite, es decir, los servicios municipales están recabando la información solicitada por Antifraude. Casos como la retirada de vehículos del depósito de la grúa, el contrato de asistencia para el mantenimiento de Fundación Deportiva Municipal, el BonicaFest, Fundación Activa València o convenio Visit València.

La última denuncia archivada

La última denuncia archivada oficialmente se notificó este jueves al Ayuntamiento y era relativa a supuestos pagos irregulares en el ámbito de las redes sociales de bibliotecas y teatros municipales.

También se acabó archivando tras recurrir el Ayuntamiento la relativa al cobro de complementos de ocho concejales con dedicación parcial. En este caso, se aceptaron parcialmente dos recomendaciones relativas a la emisión de informes jurídicos de la secretaria y sobre la fijación de antemano de las responsabilidades de los cargos.

“Somos un gobierno comprometido con la transparencia y estamos encantados de que nos fiscalice la oposición. Pero entendemos que para el buen ejercicio de la instituciones no se puede acribillar a una administración con denuncias sin fundamento que el único objetivo que tienen es entorpecer y retrasar el buen funcionamiento del Ayuntamiento. Además del importante coste que tiene para las arcas públicas, ya que los funcionarios invierten muchas horas en revisar los expedientes”, han afirmado desde el equipo de Gobierno.

Las mismas fuentes han añadido que “la estrategia de la oposición utilizando la Agencia Antifraude como altavoz mediático está fracasando, sus denuncias son puro marketing político y un arma de desgaste al gobierno”. 

Según han comentado, “este Gobierno realiza todos los procedimientos de acuerdo a la ley, está todo muy fiscalizado y por lo tanto las acusaciones son totalmente gratuitas, Antifraude nos da la razón una y otra vez”. En todo caso, “este gobierno atiende cada una de las recomendaciones de Antifraude cuando las hay, es decir, las implementa en pro de una mayor transparencia”. 

La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) investiga tres casos de vacunaciones irregulares de cargos públicos en la comunidad y ha pedido sanciones para ese tipo de infracciones, sea por la vía penal o administrativa, y pautas claras para los sanitarios encargados de administrar las dosis.

En rueda de prensa, el director de la Oficina Antifraude, Miguel Ángel Gimeno, ha advertido que saltarse la lista de prioridades en las vacunaciones “no puede quedar impune”, sino que debe investigarse y saldarse con una respuesta por parte de la administración, no con una “mera sanción social”, informa EFE.

En Catalunya las vacunaciones irregulares que han trascendido hasta ahora son las del alcalde y un concejal de Junts per Catalunya de Riudoms (Tarragona). No obstante, la conselleria de Salud ha desoído los protocolos del Ministerio de Sanidad y ha vacunado al personal no asistencial de los hospitales que no está en primera línea.

Según Gimeno, la Oficia investiga ya tres supuestos fraudes en las vacunaciones en Catalunya, “unipersonales y episódicos”, vinculados a cargos públicos -dos de los cuales podrían acabar unificándose en un solo expediente-, a raíz de unas diligencias abiertas de oficio y de denuncias presentadas ante la entidad.

Para el director de Antifraude, algunos casos de vacunaciones irregulares podrían ser “clarísimamente corrupción”, por lo que reclama extremar las medidas para prevenir ese tipo de fraudes, teniendo en cuenta que se trata de fármacos “adquiridos con recursos públicos y que se han de administrar bajo control y responsabilidad de las instituciones”.

En ese sentido, ha advertido que, mientras las prioridades para la vacunación establecidas por las autoridades están claras, faltan “pautas detalladas” de actuación dirigidas a los sanitarios responsables de administrar las dosis, quienes pueden “encontrarse con situaciones ante las que no saben cómo reaccionar”.

Con el fin de “proteger” a los sanitarios, ha defendido, la administración sanitaria debe determinar con concreción y “transparencia” las pautas de actuación y, por ejemplo, cuál debe ser el procedimiento en el caso de que sobre alguna dosis o de que una de las personas citadas para vacunarse no se presente.

Además, el director de la Oficina Antifraude ha reclamado sancionar los fraudes que se detecten en vacunaciones, por la vía penal o la administrativa, en función de los casos. En su opinión, sería la Fiscalía la que debería actuar, de oficio, en el caso de cargos públicos que hayan utilizado su influencia para vacunarse sin formar parte de los colectivos prioritarios, dado que ello podría constituir un delito de coacciones sobre el personal sanitario que se haya visto forzado a cometer esa irregularidad.

En los casos investigados que no encajen en ningún delito, según Gimeno, la Oficina Antifraude propondría una sanción por parte de la administración en la que trabaja el funcionario o cargo público involucrado. La sanción es “más difícil”, admite el director de Antifraude, en los casos de las personas que, sin ser cargos públicos, hayan aprovechando “una oportunidad de amistad” para saltarse las prioridades en vacunación.

Respecto a si se debe administrar la segunda dosis de la vacuna a personas que hayan recibido irregularmente la primera, Gimeno se ha mostrado partidario de que esa decisión responda a “criterios médicos” que determinen lo que es más beneficioso tanto para ese caso concreto como para la ciudadanía en general. “Nos parece bien seguir las instrucciones sanitarias”, ha agregado Miguel Ángel Gimeno, que recuerda que algunos expertos advierten que no administrar la segunda dosis de la vacuna puede dar pie a una mutación del virus que genere más riesgo para la ciudadanía.

“Nos lo tenemos que hacer mirar”. En estos términos se ha expresado el director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), Miguel Ángel Gimeno, para lamentar el exceso de la contratación de emergencia a grandes empresas por parte el Govern y ayuntamientos con excusa de la pandemia. Según Gimeno, la contratación de emergencia podía estar justificada en los primeros meses de emergencia sanitaria, pero pasados diez meses las administraciones deberían volver a los concursos públicos con criterios de libre concurrencia entre empresas.

“Se ha optado por la posición más fácil”, ha constatado Gimeno sobre los contratos de emergencia del Govern, que solo durante los dos primeros meses de la pandemia ascendieron a 65 millones de euros dedicados a camas de hospital, licencias informáticas o servicios veterinarios. Preguntado por el polémico contrato con Ferrovial para privatizar el servicio de rastreo de casos, Gimeno ha criticado que la multinacional no es “especialista” en materia sanitaria, sino que como en el caso de otros contratos de emergencia al ser una gran empresa tiene “más capacidad” para ganarlos por su conocimiento de la administración.

Gimeno ha recordado que Ferrovial no era especialista en el rastreo de contactos de COVID-19, tarea para la que se la contrató. “Se han limitado a gestionar formando a personas que no la tenían, pero sin una técnica especial sobre un tema determinado”, ha indicado, además de criticar que el Govern decidiera “suspender” el contrato con Ferrovial –que posteriormente volvió a estar en vigor. Para Gimeno la suspensión del contrato “choca con la necesidad imperiosa” de suscribirlo por cuestiones de emergencia.

A criterio de Gimeno, “no se trata de sospechar de forma generalizada de todo, sino de extremar la exigencia en la contratación”. Por ello ha abogado por una “auditoría permanente” para comprobar que las contrataciones de emergencia respondían a una política determinada y si han dado resultado o no. El director de la OAC también ha echado de menos la explicación del porqué de algunas subvenciones. “No sabemos si las políticas de favorecer a determinados sectores económicos, o que han necesitado prestaciones o subvenciones, responde a una política y si ha funcionado o no ha funcionado”, ha aseverado. Otra medida propuesta por Gimeno es que todas las direcciones generales de las conselleries las asuman técnicos en vez de políticos para garantizar que las decisiones se ejecutan “conforme al interés general”.

Antifraude publicó una guía sobre contratación pública durante la pandemia y recomendó que cada institución incorporara en su portal de Internet una pestaña donde informara de las gestiones relacionadas con la COVID-19. En este apartado, se deberían pormenorizar los detalles de un contrato, justificar su urgencia tiene y la elección de una empresa determinada. “Que lo expliquen”, ha zanjado el director de la OAC.

El 67% de catalanes cree que hay mucha o bastante corrupción

El director de la OAC ha hecho estas valoraciones durante la presentación de la encuesta bianual sobre la percepción de la corrupción en Catalunya. Los datos arrojan una mejora leve en la visión de los ciudadanos, si bien los indicadores muestran que el 67% de los catalanes cree que hay mucha o bastante corrupción –en 2014 era el 82%. “Es un porcentaje demasiado elevado y nada satisfactorio”, ha sostenido Gimeno.

El ámbito que sale peor parado es la política: el 53% de los encuestados cree que hay poca o nula honestidad de los profesionales de la política y el 76,5% cree que la corrupción está muy o bastante extendida en el terreno político, aunque baja el porcentaje de gente que cree que los partidos se financian ilegalmente (del 52% al 43%). Además, el 41,3% de los encuestados ve vínculos demasiado estrechos entre negocios y política, y el 37,2% cree que hay falta de transparencia en las decisiones públicas. También hay un 85,1% que afirma que las relaciones entre cargos públicos y los grupos de interés son poco o nada transparentes y un 59% que considera que las administraciones públicas catalanas son poco o nada transparentes.

L’Agència Valenciana Antifrau pot fer informes policials en casos de corrupció. És una cosa que ja ha fet en unes quantes causes i que s’ha oferit a repetir en la investigació a l’empresari Enrique Ortiz per unes obres en el Teatre Calderón d’Alcoi, a la vista que cinc perits s’havien negat a fer aqueix informe.

Per això, deixa aqueixa possibilitat en mans del jutjat, la titular del de Primera Instància número 2 d'Alcoi que havia estat indagant sobre suposats sobrecostos en les obres de construcció i ampliació del teatre Calderón durant el mandat de l'alcalde del PP Jorge Sedano (2003-2011) i que tenen com a principal beneficiari a Ortiz, condemnat pel finançament il·legal dels populars valencians.

No obstant això, la decisió de la jutgessa encara no està presa, indiquen fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en trobar-se en la fase pendent dels recursos presentats en un moment en el qual el procediment es troba paralitzat per la suspensió de terminis derivats de l'estat d'alarma.

Aquest mitjà va comptar diumenge passat que la magistrada havia decretat el sobreseïment provisional de les diligències després de l'informe de la Fiscalia perquè s'havia intentat, sense èxit i fins a cinc ocasions, com figura en la interlocutporia d'arxiu, nomenar un perit perquè emetera un informe sobre els possibles sobrecostos, xifrats en 1,2 milions d'euros segons un informe pericial previ encarregat per l'Ajuntament.

Ara l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, que dirigeix Joan A. Llinares, s'ofereix a fer el peritatge, un escull judicial que ara es podrà solucionar i que s’havia trobat el jutge des que va iniciar el procediment al març del 2016. Aqueixes dificultats l’havien dut a dictar fa poc que no havia quedat “degudament justificada la perpetració del delicte” d’estafa i falsedat documental a què s’enfrontava Enrique Ortiz, finançador del PP i beneficiari de l’intent de tripijoc del PGOU d’Alacant, com ell mateix va confessar fa un mes en seu judicial.

D’aquesta manera, i segons confirmen fonts de la investigació, el jutge ha acceptat l’oferiment de l’agència adscrita a les Corts Valencianes, l’experiència de la qual en aquesta mena de peritatges ha servit per a detectar el pretés frau de l’expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana, també del PP, en el tripijoc del concurs del Pla Eòlic, pel qual s’investiga si hi hagué blanqueig d’11 milions d’euros en el cas Erial.

El govern local del PSPV-PSOE d’Alcoi va anunciar la setmana passada que havia presentat recurs contra la interlocutòria, ja que considerava que la motivació de l’arxivament “és insuficient i que hi ha prou proves amb les pericials existents per a obrir judici oral, en què es determinaria, tal com se sospita, si les obres del Teatre Calderón van tindre sobrecostos no justificats per més d’un milió d’euros per a les arques municipals”.

Guanyar Alcoi, en el seu escrit d’al·legacions com a acusació particular, va revelar que uns quants dels perits a qui havia recorregut el jutge van al·legar “motius econòmics” per a negar-se a acceptar l’encàrrec, qüestió que no preveu la Llei d’enjudiciament criminal, que ordena que, qui no acudisca a la crida del jutge o es negue a prestar l’informe haurà d’enfrontar-se a pena de presó de tres a sis mesos o multa de 6 a 24 mesos (200 a 5.000 euros) per incórrer en un delicte de l’article 463.1 del Codi Penal.

El diputat de Teruel Existe i gran novetat de les últimes eleccions al Congrés, Tomás Guitarte, té, a més de relació amb la província aragonesa, una gran relació amb València. L'arquitecte activista contra la despoblació i ara polític va estudiar en la capital de la Comunitat Valenciana i hi va fer les seues primeros provatures laborals. A més, disposa també de patrimoni i s'hi va emparentar amb la que és la seua dona i sòcia, Nieves Sánchez.

Guitarte és arquitecte i està donat d'alta d'autònom en l'epígraf d'arrendament de béns immobles en un edifici de la Plaça de la Reina, una de les més emblemàtiques de València. A més, és propietari de la societat Patrimoni i Turisme SL. El diputat és administrador d'aquesta firma d'hostalatge en hotels i motels al costat de la seua parella, que també està com a administradora. La societat està radicada en un palauet del municipi de Calamocha. En 2018 la societat va facturar 115.000 euros.

La seua parella al seu torn és administradora i propietària de la societat Arquilab SL. Aquesta empresa de serveis d'enginyeria ha llogat un edifici de la seua propietat al carrer de Navellos, al costat del Parlament valencià, per a la ubicació de l'Agència Valenciana Antifrau. El contracte fixa una mensualitat de 10.000 euros al mes, IVA exclòs, per l'ocupació de 650 metres quadrats. Aquesta societat va subscriure una hipoteca en 2007 per 3.952.000 euros que finalitzava en 2018, encara que es va ampliar el termini fins a 2023. El compte de l'empresa tenia, segons el seu informe de gestió, 1,64 milions a 31 de desembre de 2017.

Aquesta societat està vinculada a una altra del mateix sector anomenada Ars Edílica.

Fonts de Teruel Existe han explicat que Guitarte es donarà de baixa d'autònom “per a complir tot el que diu la llei” i s'apartarà de la societat hotelera que comparteix amb la seua parella. Es dedicarà en exclusiva a la representació dels ciutadans de Terol al Congrés.

L'Agència Antifrau considera que l'acord amb els sindicats i l'EMT de Rita Barberá pel qual els jubilats parcials de l'empresa pública d'autobusos treballaven menys que la resta de treballadors podria ser constitutiu de fins a quatre delictes. Per aquest motiu, ha assegurat el regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi, l'entitat depenent del Parlament valencià els ha comunicat que trasllada la investigació a la Fiscalia perquè indague si s'haurien perpetrat delictes de malversació, prevaricació, frau en subvencions i falsedat.

Grezzi ha realitzat aquest anunci en un comunicat llegit en una roda de premsa en el Cabanyal, després d'inaugurar una exposició fotogràfica. El regidor de Comrpomís ha assegurat que un dels principals responsables d'aquest conveni va ser l'actual edil del PP i expresident de l'EMT, Alberto Mendoza. Grezzi ha afegit que la investigació de l'Agència Antifrau eximiria a l'actual direcció -per ser els denunciants-, així com els treballadors i els seus representants.

En la denúncia feta pública el passat 17 de maig, els gestors de l'EMT en el Govern de la Nau amb Grezzi al capdavant, van revelar que l'empresa pública va ocultar a la Tresoreria General de la Seguretat Social des de l'any 2001 que els treballadors que es jubilaven en l'EMT als 61 anys treballaren 65 dies fins als 65 anys en lloc dels 131 -el 15 % del total- que marca la normativa i als quals estan obligats per llei els altres treballadors.

El presumpte tracte de favor podria afectar un miler de prejubilats que s'haurien beneficiat d'aquest pacte de silenci que conculca la normativa laboral durant més de 15 anys. Una pràctica que es va mantenir en els anys de la crisi malgrat que el PP de Rita Barberá va voler acomiadar més de 200 treballadors.

“Ni aquella gerència ni les posteriors van rectificar la seua actuació malgrat els continuats advertiments de la Inspecció de Treball, la Sindicatura de Comptes i el ministeri sobre el caràcter públic de la gestió de l'EMT”, va afirmar Grezzi en la seua denúncia inicial.

Després d'aquesta denúncia pública del regidor de Mobilitat els sindicats van plantejar diverses manifestacions contra Grezzi i fins i tot, UGT va arribar a trencar l'acord per al nou conveni.

Ara serà la Fiscalia la que assumisca la investigació penal per quatre delictes greus.