El optimismo inunda el pequeño municipio de Driebes, en Guadalajara, con la campaña de micromecenazgo lanzada para “salvar” el yacimiento de la ciudad romana de Caraca, un emblemático asentamiento, único en la provincia, donde los arqueólogos trabajan desde hace diez años. El Ayuntamiento necesita unos 70.000 euros para comprar y expropiar dos terrenos privados que ocupan unas cinco hectáreas y ampliar así las excavaciones en una zona donde puede haber “vestigios únicos”.

Después de que la Diputación de Guadalajara haya anunciado que aportará 35.000 euros para este objetivo, algo más de la mitad del coste estimado de los dos terrenos, el Ayuntamiento cifró en 30.000 euros el dinero mínimo que ahora necesita para continuar con las excavaciones. Ya lo ha superado con más de 250 aportaciones. Eso en tan solo cuatro días. Estará activa hasta el 28 de febrero.

De hecho, el teniente de alcalde y concejal de Cultura, José Luis Aguado, ha avanzado que si finalmente, como está previsto que suceda, se logran más fondos de los requeridos para la adquisición de los terrenos, se destinará este dinero a financiar los gastos de las siguientes intervenciones arqueológicas en Caraca.          

La campaña de micromecenazgo ‘Salvemos la ciudad roamana de Caraca’ arrancó el pasado lunes y el Ayuntamiento la ha impulsado en dos conferencias en el Museo de Guadalajara y en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Un “excepcional” patrimonio histórico“

Durante la conferencia del lunes en el Museo de Guadalajara la diputada de Cultura, Sabrina Escribano, dio a conocer la noticia de que la Diputación provincial de Guadalajara destinará 35.000 euros. “El Ayuntamiento de Driebes agradece de corazón este gran anuncio, que implica un paso importante en la protección de este excepcional patrimonio histórico”, agrega el edil.

Ahora, el Ayuntamiento vuelve a animar a la sociedad civil, empresas, asociaciones y la ciudadanía en general a colaborar con el objetivo mínimo de la campaña de micromecenzago de 30.000 euros que permitiría la adquisición de la totalidad de los terrenos en los que se ubican las estructuras más relevantes de la antigua ciudad romana de Caraca.

El yacimiento fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) hace justo dos años y las nueve excavaciones arqueológicas realizadas en diez años han demostrado que esta ciudad perdida es “un yacimiento fascinante”. Sin embargo, ahora atraviesa un momento crítico, pues el Ayuntamiento de Driebes necesita expropiar los terrenos para poder continuar las excavaciones en este yacimiento arqueológico del Cerro de la Virgen de la Muela, garantizando así “su conservación, protección y difusión”.

Esto implica un desembolso económico que un ayuntamiento con 331 habitantes no puede costear en solitario y por ello el ayuntamiento busca mecenas que se unan a una causa “que es de todos y para todos”.

Sobre Caraca

La antigua ciudad de Caraca se localiza en un emplazamiento frecuentado desde tiempos de los cazadores-recolectores del Paleolítico hasta la época visigoda. Entre su legado destaca un depósito de objetos de plata enterrado en el siglo III a.C. por los carpetanos: el Tesoro de Driebes, que se expone en el Museo Arqueológico Nacional.

Este enclave y su entorno fueron testigo de importantes episodios históricos. Enfrentó a los carpetanos con figuras como el general romano Sertorio, quien finalmente la conquistó en el año 77 a.C., según relata Plutarco y es posible que en su entorno se produjera la Batalla del Tajo entre Aníbal y una coalición de pueblos hispanos liderada por los carpetanos en el año 220 a. C. Todo esto convierte a Caraca en un referente arqueológico de enorme valor.

La incorporación del territorio a Roma en el siglo II a.C. dio paso a un lento proceso de romanización. Caraca se transformó gradualmente en una ciudad con las infraestructuras propias del modelo romano. En su momento de mayor esplendor (siglos I-II d.C.), se edificaron termas públicas, el foro, viviendas, un ustrinum (pira funeraria) de grandes dimensiones y un acueducto de más de tres kilómetros que abastecía a la ciudad desde el manantial de Lucos. Esta obra, construida en opus caementicium, representa la eficacia de la ingeniería hidráulica romana.

A partir de mediados del siglo II d.C., Caraca entró en declive. Los edificios públicos perdieron su función original y se reutilizaron como espacios de hábitat. Finalmente, la población se desplazó hacia el entorno rural.

Después del abandono, en los siglos VI-VII d.C., a los pies del cerro, se estableció una necrópolis visigoda con cientos de tumbas orientadas en sentido este-oeste. Algunas de estas son tumbas de cista construidas con lajas de piedra y otras son fosas simples recubiertas de grandes losas de piedra yesífera.

Es en esta necrópolis donde ahora se desarrollan los trabajos arqueológicos, a la espera de que el Ayuntamiento pueda adquirir los terrenos para continuar con las excavaciones en el cerro donde se encuentra el núcleo principal y los “vestigios únicos” de la ciudad romana.

La antigua ciudad romana de Caraca se ubica en el Cerro de la Virgen de la Muela de la pequeña localidad de Driebes (Guadalajara) y un equipo arqueológico se encarga desde hace diez años de las excavaciones de la zona, para profundizar en el conocimiento de este testigo de la historia más antigua de la zona. Es la única ciudad romana conocida en esta provincia y una joya arqueológica asentada a orillas del río Tajo.

Hasta ahora se han realizado nueve campañas de excavaciones arqueológicas en el yacimiento que han demostrado, según los investigadores, que se trata de una ciudad “fascinante”. Es el motivo por el que el yacimiento fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Zona Arqueológica, hace justo dos años.

Pero ahora atraviesa un momento “crítico”. Según el teniente de alcalde y concejal de Cultura de Driebes, José Luis Aguado, el Ayuntamiento necesita expropiar dos terrenos privados, que ocupan un total de cinco hectáreas, para poder continuar las excavaciones en este yacimiento arqueológico.

Es la única forma, apunta, de garantizar su “conservación, protección y difusión”, pero para ello es necesario que las tierras donde se ubican los restos arqueológicos más destacados pasen a propiedad municipal. “Esto implica un desembolso económico que un Ayuntamiento con 331 habitantes no puede costear en solitario”. En concreto, cada terreno cuesta unos 35.000 euros, por lo que estima que el Ayuntamiento necesita unos 70.000 euros.

Fue en 2019 cuando las excavaciones en el Cerro de la Virgen de la Muela llegaron a un punto muerto, justo en la linde con estos dos terrenos privados. Los propietarios de ambas zonas, de la misma familia, se negaron a que se realizaran esos trabajos.

Ha llegado el momento de dar el paso definitivo

José Luis Aguado — Concejal de Cultura de Driebes

Por eso en los últimos años los arqueólogos se han centrado en la necrópolis de la ciudad romana, al pie del cerro. Precisamente, estas últimas campañas se han podido realizar hasta la actualidad porque una vecina del pueblo donó las tierras al Ayuntamiento.

“Pero ha llegado el momento de dar el paso definitivo”, afirma el concejal de Driebes, en relación a la zona que queda por excavar. Después de la declaración como BIC, se abrió la posibilidad de que si no había acuerdo con los propietarios, lo que no ha sido posible tras varias negociaciones, el Consistorio local podía dar el paso de iniciar el trámite de expropiación.

Este expediente concluyó el pasado mes de octubre y el jurado de valoraciones tasó las dos tierras en esa cifra de 70.000 euros. “Este ayuntamiento no tiene ni ese dinero ni ese remanente, ni siquiera posibilidad de tenerlo. La única opción que hemos visto es lanzar un micromecenazgo para que instituciones, particulares, asociaciones y colectivos aporten un granito de arena y poder comprar las tierras y retomar las excavaciones”.

En el Ayuntamiento de Driebes consideran que, una vez declarado BIC, no pueden “dejar pasar el tiempo” en la expansión del yacimiento de Caraca, porque, de lo contrario, “todo esto se echa en un saco de olvido”.

El equipo de Gobierno municipal se ha reunido en varias ocasiones con el Gobierno de Castilla-La Mancha y la Diputación provincial de Guadalajara para buscar soluciones. “Están viendo la forma de articular una expropiación, pero no es fácil. Tienen que buscar las fórmulas para hacerlo dentro de la legalidad y con toda la transparencia posible. Pero, mientras tanto, nosotros lo que queremos es comprar el terreno para poder hacerlo”, resalta el edil de Cultura.

Hace especial hincapié en que ya desde las primeras investigaciones con georradares en esa zona, en 2016, se pudo cartografiar la ciudad romana y en la zona que queda por excavar se encuentran vestigios “únicos” del foro, las termas, los decumanos (calles) y el decumano máximo (calle principal), así como algunos mosaicos. “Ahora tenemos la posibilidad de acrecentar datos históricos para el patrimonio arqueológico de Guadalajara y de todo el país”.

El Ayuntamiento hace así un llamamiento a todas las personas, asociaciones, empresas e instituciones para ayudar en esta campaña de mecenazgo que el Ayuntamiento ha decidido realizar a través de la plataforma de Hispania Nostra y con el apoyo del equipo arqueológico que trabaja en la zona desde el inicio de la campaña hace diez años.

Junto a esta campaña de micromecenazgo denominada “Salvemos la ciudad romana de Caraca”, que finalizará el próximo 28 de febrero, el Gobierno local ha organizado también dos conferencias, la primera este lunes, día 19, en el Salón de Actos del Museo de Guadalajara, y otra, este martes, día 20, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Las personas que colaboren con la campaña, en función de la cantidad donada, recibirán detalles simbólicos en reconocimiento de su contribución, entre ellos visitas gratuitas al yacimiento junto a los arqueólogos.

Caraca, un enclave único

Caraca es un emplazamiento frecuentado desde tiempos de los cazadores-recolectores del Paleolítico hasta la época visigoda. Entre su legado destaca un depósito de objetos de plata enterrado en el siglo III a.C. por los carpetanos: el Tesoro de Driebes, que se expone en el Museo Arqueológico Nacional.

Este enclave y su entorno fueron testigo de importantes episodios históricos. Enfrentó a los carpetanos con figuras como el general romano Sertorio, quien finalmente la conquistó en el año 77 a.C., según relata Plutarco, y es posible que en su entorno se produjera la Batalla del Tajo entre Aníbal y una coalición de pueblos hispanos liderada por los carpetanos en el año 220 a. C. Todo esto convierte a Caraca en “un referente arqueológico de enorme valor”.

La incorporación del territorio a Roma en el siglo II a.C. dio paso a un lento proceso de romanización. Caraca se transformó gradualmente en una ciudad con las infraestructuras propias del modelo romano. En su momento de mayor esplendor (siglos I-II d.C.), se edificaron termas públicas, el foro, viviendas, un ustrinum (pira funeraria) de grandes dimensiones y un acueducto de más de tres kilómetros que abastecía a la ciudad desde el manantial de Lucos.

A partir de mediados del siglo II d.C., Caraca entró en declive. Los edificios públicos perdieron su función original y se reutilizaron como espacios de hábitat. Finalmente, la población se desplazó hacia el entorno rural.

Precisamente este mismo martes se ha sabido que la Diputación de Guadalajara pagará la mitad de la compra de terrenos para seguir excavando en este yacimiento.

Regreso al pasado en el caso Cellex. La jueza que investiga si los albaceas del gran mecenas catalán, Pere Mir, dispusieron en su propio beneficio su herencia en vez de donarla a la ciencia, ha celebrado este viernes una nueva vista de medidas cautelares después de que la Audiencia de Barcelona anulara la primera intervención de las fundaciones en la que el empresario tenía su fortuna.

La Fiscalía ha solicitado, de nuevo, que se aparte a los albaceas imputados (Jorge S., expresidente de la fundación Cellex, el abogado Juan Francisco C., y el oncólogo y exmédico del filántropo Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia), de la gestión de las fundaciones y que sea el Protectorat de Fundacions de Catalunya, dependiente de la Generalitat, el que se encargue de ellas.

Según fuentes jurídicas, en la vista, las defensas de los investigados han vuelto a defender que no cometieron desfalco alguno y han cargado contra la intervención de la Generalitat.

El pasado mes de octubre, la Audiencia de Barcelona consideró que la jueza de instrucción vulneró el derecho de defensa de los investigados al no darles tiempo de prepararse la vista judicial en la que se acordó, en abril, la administración judicial de la fundación Cellex, que fue intervenida, por orden de la jueza, por la conselleria de Justicia ante el presunto desfalco.

Este viernes se ha celebrado una nueva vista, igual a la que tuvo lugar en abril tras un informe de los Mossos d'Esquadra que reveló varias irregularidades de los albaceas, así como un entramado societario en paraísos fiscales que tejió, en vida, el gran mecenas catalán (Mir fue loado por políticos de todo signo por sus donaciones a centros científicos).

Según ha informado el Ministerio Público, el fiscal Álvaro de Juan, además de la intervención, ha solicitado la prohibición de disponer sobre varios inmuebles titularidad de los investigados, así como el depósito judicial y embargo preventivo de diversos objetos de valor.

El objetivo, explica la Fiscalía en un comunicado, es “salvaguardar el patrimonio de las fundaciones y sociedades, y garantizar la efectividad de la responsabilidad patrimonial” que puedan tener los investigados en caso de que resulten condenados.

Mir, residente en Suiza desde hacía décadas, murió sin descendencia en 2017 y manifestó que todo su patrimonio debía ir al mecenazgo y a la asistencia social en Catalunya. Antes de su muerte, las aportaciones a la fundación Cellex se hacían a través de donaciones provenientes de una de sus empresas con sede en Luxemburgo.

Un extenso informe de los Mossos en la causa que investiga a los albaceas de Mir por su supuesta apropiación del legado del empresario químico ha desvelado que dinero de la venta de Derivados Forestales, la empresa en la que Mir fraguó su fortuna, fue colocado en dos fundaciones en Panamá, al igual que todo el patrimonio inmobiliario del empresario en Catalunya (que la policía autonómica no ha llegado a cifrar).

Según la jueza, la fiscal y los Mossos, Jorge S. lideró la operación para no transferir todo el patrimonio del fallecido (que murió sin descendencia) en las sociedades panameñas a las fundaciones españolas sin ánimo de lucro Cellex y Mir-Puig y dedicarlo a la investigación científica, como era la última voluntad de Mir.

El abogado lo pudo hacer, recalcan los investigadores, gracias a su “control efectivo” de todo el entramado societario de los Mir-Puig a ambos lados del Atlántico. Por el contrario, la defensa de los albaceas mantiene que solo una parte del patrimonio de Mir debía ir a la filantropía.

La investigación científica, la cultura y la inserción laboral serán actividades prioritarias para el mecenazgo en La Rioja durante 2026. Así lo ha dado a conocer el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, durante el encuentro que ha mantenido hoy, día 6, con el Consejo Riojano para el Mecenazgo, en el que ha anunciado nuevas medidas para “mejorar y profundizar la cultura de la colaboración activa y comprometida de la sociedad civil” con la investigación, la cultura y los servicios sociales“.

Alfonso Domínguez, que ha estado acompañado por el director general de Tributos en funciones, Jesús Ángel Garrido, ha explicado que el encuentro “ha servido para avanzar y recoger propuestas, compartir reflexiones y definir nuevas líneas de actuación que permitan incentivar la participación ciudadana y empresarial en proyectos sociales, culturales y deportivos”.

Además, durante la reunión se ha presentado un paquete de medidas que incluye desde “un programa de comunicación y divulgación sobre los beneficios fiscales, sociales y culturales del mecenazgo”, a “la creación de un banco de proyectos que facilite la conexión entre iniciativas y potenciales mecenas”.

Asimismo, el consejero ha detallado las acciones prioritarias para el mecenazgo el próximo año, recogidas en los Presupuestos Generales de La Rioja 2026. Por un lado, “los proyectos de investigación sanitaria impulsados por el CIBIR, especialmente en áreas como la oncología”. También, “las actividades culturales vinculadas al proyecto Valle de la Lengua, con especial atención a la exposición prevista en 2026 sobre el nacimiento del español en todo el valle del Najerilla y San Millán de la Cogolla”. Y en tercer lugar “las iniciativas de inclusión sociolaboral dirigidas a personas vulnerables, promovidas por entidades sociales de la región”, como las escuelas taller de empleo.

Alfonso Domínguez ha hecho hincapié en “que la cultura del mecenazgo aún tiene un amplio margen de crecimiento en La Rioja”, ya que en la última campaña de la Renta “solo 2.200 contribuyentes aplicaron deducciones fiscales por actividades de mecenazgo, por un importe total de 137.000 euros”. Por ello, desde el Gobierno de La Rioja “desplegaremos un amplio programa de comunicación y de divulgación de los beneficios fiscales que conlleva el mecenazgo”, con el objetivo de “ampliar la base social y empresarial que participa en este modelo de colaboración” para “consolidar un ecosistema de mecenazgo activo, transparente y transformador, que contribuya al desarrollo de proyectos con impacto real en la sociedad”.

Sorpresa en el caso Cellex, la investigación que comanda una jueza de Barcelona para determinar si los albaceas del gran mecenas catalán, Pere Mir, dispusieron ilegalmente de su millonaria fortuna. La Audiencia de Barcelona ha dado la razón a los tres albaceas investigados por el presunto desfalco de la herencia y ha anulado la administración judicial de las dos fundaciones en las que estaba distribuida la fortuna de Mir, Cellex y Mir-Puig.

En un auto, adelantado por La Vanguardia y al que ha tenido acceso elDiario.es, la Audiencia de Barcelona atiende el recurso de los albaceas investigados, Jorge S., expresidente de la fundación Cellex, el abogado Juan Francisco C., y el oncólogo y exmédico del filántropo Josep Tabernero, director del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO), todos ellos defendidos por el despacho Molins.

Los magistrados consideran que la jueza de instrucción vulneró el derecho de defensa de los investigados al no darles tiempo de prepararse la vista judicial en la que se acordó la administración judicial de la fundación Cellex, que fue intervenida, por orden de la jueza, por la conselleria de Justicia ante el presunto desfalco.

La sección 9ª de la Audiencia de Barcelona destaca que la jueza, tras investigar un año el caso bajo secreto, levantó la reserva de actuaciones el 10 de abril y “sin solución de continuidad”, citó a los tres investigados un día después y, en la misma fecha, acordó celebrar la vista para adoptar medidas cautelares para intervenir la fundación.

“El derecho de defensa no solo exigía la información sobre los hechos que son objeto de investigación, sino también el derecho de acceso a las actuaciones, al menos en lo esencial para poder articular una oposición eficaz”, aseveran los magistrados, que reprochan a la jueza de instrucción el escaso tiempo que dio a las defensas para prepararse la vista de medidas cautelares en la que se decidió la administración judicial de Cellex.

En su resolución, los magistrados encargados de revisar las decisiones de la instructora no prejuzgan “la procedencia o adecuación” de la administración judicial de la fundación Cellex, esto es, si la intervención estuvo bien motivada, sino que tan solo la anulan porque la jueza no dio suficiente tiempo a los investigados para prepararse la vista de cautelares.

A la vista de la “complejidad del asunto”, ahonda el tribunal, hubiera sido necesario que la jueza otorgara a la defensa al menos 10 días para estudiarse los más de 1.900 folios del caso, toda vez que “no existía una situación de urgencia y necesidad” que justificara la celeridad en la vista.

Y esto es precisamente lo que la Audiencia de Barcelona ordena a la jueza instructora más de medio año después de su decisión: convocar, de nuevo, una vista sobre medidas cautelares, en la que la Fiscalía podrá volver a pedir la administración judicial de Cellex, pero dando al menos diez días de margen a las defensas para estudiar el caso.

Mir, residente en Suiza desde hacía décadas, murió sin descendencia en 2017 y manifestó que todo su patrimonio debía ir al mecenazgo y a la asistencia social en Catalunya. Antes de su muerte, las aportaciones a la fundación Cellex se hacían a través de donaciones provenientes de una de sus empresas con sede en Luxemburgo.

Un extenso informe de los Mossos en la causa que investiga a los albaceas de Mir por su supuesta apropiación del legado del empresario químico ha desvelado que dinero de la venta de Derivados Forestales, la empresa en la que Mir fraguó su fortuna, fue colocado en dos fundaciones en Panamá, al igual que todo el patrimonio inmobiliario del empresario en Catalunya (que la policía autonómica no ha llegado a cifrar).

Según la jueza, la fiscal y los Mossos, Jorge S. lideró la operación para no transferir todo el patrimonio del fallecido (que murió sin descendencia) en las sociedades panameñas a las fundaciones españolas sin ánimo de lucro Cellex y Mir-Puig y dedicarlo a la investigación científica, como era la última voluntad de Mir.

El abogado lo pudo hacer, recalcan los investigadores, gracias a su “control efectivo” de todo el entramado societario de los Mir-Puig a ambos lados del Atlántico. Por el contrario, la defensa de los albaceas mantiene que solo una parte del patrimonio de Mir debía ir a la filantropía.

Repartidas a lo largo y ancho de nuestra geografía, son innumerables las obras que conforman nuestro patrimonio cultural, joyas de la arquitectura, de la pintura o de la escultura que han sido conservadas con mayor o menor éxito y que actualmente pueden ser visitadas para deleitarse y observar de cerca el valor de dichas obras, sobre todo en el momento en el que se analizan el momento en el que fueron creadas, con qué intenciones o mensajes explícitos o subliminales o todos los avatares que tuvo que sortear para seguir “vivas”.

El valor de una de esas piezas, el retablo de la Virgen del Rosario de la iglesia de Masa, pequeña localidad burgalesa, también debe ser incalculable, ya que sus vecinos, apenas 25 habitantes, se han puesto manos a la obra y se han lanzado a salvar el mencionado retablo, que se encuentra en la única iglesia de este pueblo de Castilla y León. Para los vecinos se trata de una de sus piezas patrimoniales más emblemáticas y están dispuestos a rescatarlo.

El retablo de la Virgen del Rosario data del año 1742. Con el apoyo de Hispania Nostra, asociación sin ánimo de lucro dedicada a la defensa y conservación del patrimonio cultural y natural de nuestro país, estos días se ha puesto en marcha una campaña de mecenazgo para tratar de reunir la cantidad suficiente de dinero con la que sufragar la recuperación de la que consideran que es una joya barroca. En ocasiones como esta, la palabra mecenazgo adquiere todo su significado e intención.

De apenas 45 kilómetros cuadrados de extensión, Masa es una localidad situada en la provincia de Burgos, concretamente en la comarca de Alfoz de Burgos. Es considerada una entidad local menor, por lo que depende de otro consistorio, en este caso el de Merindad de Río Ubierna. En las inmediaciones de este municipio, en el que vivían a principios de siglo 37 habitantes, uno puede contemplar los nacimientos de los ríos San Antón y Ubierna. Este último está situado en la zona divisoria entre las cuencas atlántica y mediterránea.

Frenar el deterioro

El objetivo de la mencionada campaña es recaudar un mínimo de 20.000 euros, con una meta óptima de 25.000 euros, que permitan acometer las labores de restauración del retablo, actualmente en grave estado de deterioro. El proyecto, impulsado por la Asociación RE&RE Páramo de Masa, surge del compromiso de sus vecinos de recuperar su patrimonio y transmitirlo a las futuras generaciones, y contempla actuaciones de consolidación estructural, limpieza, reintegración volumétrica y cromática, o tratamiento de policromía y dorados. Y todo ello ascendería a la cifra que ahora pretenden recaudar.

“El retablo de la Virgen del Rosario no es solo una pieza artística, sino también un símbolo del espíritu del pueblo. Proteger los bienes culturales de cada comunidad es fundamental, pues se trata de espacios que forman parte de la memoria colectiva de sus habitantes, lugares donde, en este caso, se han bautizado, casado o despedido a sus seres queridos. El mundo cambia a gran velocidad y casi todo ahora es efímero, por eso debemos esforzarnos en conservar lo auténtico”, asegura Bárbara Cordero, directora general de Hispania Nostra.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de la entidad de dar voz y herramientas a comunidades locales que luchan por conservar su legado. Desde 2014, han impulsado más de 60 proyectos de recuperación de bienes culturales y naturales en riesgo, recaudando más de un millón de euros gracias a las donaciones de particulares, instituciones y empresas sensibilizadas con el valor del patrimonio. Así que la intención de restaurar el retablo de la Virgen del Rosario no es para la entidad la primera ardua misión en la que se embarcan.

El retablo está situado en la única parroquia de la localidad, la de Nuestra Señora de la Asunción. De estilo gótico pobre y fechada en el siglo XIV, posee dos naves iguales alargadas, aunque de distinta época. Sus dimensiones son de 290 metros cuadrados y nueve de altura. El ábside es semicircular con contrafuertes y canes en alero, de reminiscencia románica. La portada tiene un arco de medio punto, bajo pórtico abierto, con dos columnas clásicas de piedra. Toda una estructura que da cobijo a los feligreses de Masa y al retablo que será restaurado si la encomiable misión de los 25 habitantes del pueblo llega a buen puerto.

Ninguna persona o entidad ha solicitado los beneficios fiscales amparados en la Ley autonómica en proyectos estratégicos de desarrollo regional en sus dos primeros años en vigor en los impuestos sobre Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y Sucesiones y Donaciones, y el número de beneficiarios en el IRPF solo llega al 2,1%.

Por ello, el consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, ha presidido hoy la tercera reunión del Consejo Riojano para el Mecenazgo, donde se ha analizado la necesidad de revisar la normativa autonómica para lograr la atracción del mecenazgo a través de la colaboración público-privada en iniciativas dirigidas al sector cultural, sanitario y social.

La Ley de Mecenazgo de La Rioja se aprobó por unanimidad en el Parlamento regional en 2021 con el objeto de fomentar, promocionar y estimular en la región la participación privada en actividades culturales, de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica, del deporte y en otras actividades que persigan fines de interés general. Para ello, los donativos a favor de la Comunidad generarían un crédito del 25% de su valor, que podría ser utilizado para pagar impuestos propios autonómicos o deducirlos de la cuota del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, o en la del de Sucesiones y Donaciones. Sin embargo, el Gobierno de España discrepó por entender que se producía una invasión sobre los tributos cedidos, y la comisión bilateral Estado-La Rioja acordó finalmente limitar el crédito fiscal a los tributos propios de la Comunidad. 

En la práctica, y según los datos que hoy ha examinado el Consejo Riojano para el Mecenazgo, el efecto de la norma autonómica, en sus dos primeros años en vigor, fue nulo en impuestos como Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Sucesiones y Donaciones, mientras que su alcance en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) solo llegó a 3.745 contribuyentes, el 2,1% del total. Es decir, la capacidad de la Comunidad Autónoma para estimular económicamente acciones de mecenazgo vía beneficios fiscales se ha visto comprometida por su acotada competencia sobre aquellos tributos que conllevan mayor presión fiscal sobre las personas jurídicas, cuya contribución a este tipo de acciones de mecenazgo tienen un impacto nominal unitario significativo. Incluso en relación con los impuestos cedidos sobre los que el Ejecutivo regional tiene cierta capacidad normativa, la imposibilidad de establecer los denominados créditos fiscales ha limitado sensiblemente el estímulo para la realización de acciones de mecenazgo.

Por todo ello, el Consejo Riojano para el Mecenazgo, órgano en el que participan agentes políticos y sociales, ha deliberado sobre la necesidad de reflexionar tanto sobre el contenido de la Ley de Mecenazgo como sobre el diseño de la Estrategia para el Mecenazgo, “una vez constatada una escasa aplicación”. “Esto exige acometer actuaciones concretas y específicas con el propósito de alentar el nicho de potenciales mecenas de La Rioja beneficiarios del crédito fiscal, verdadera y efectiva medida con impacto fiscal significativo que pudiera incentivar la realización de actividades de mecenazgo, y que son los sujetos pasivos de tributos propios de la Comunidad Autónoma”, señalan desde el Ejecutivo.

La Real Fundación de Toledo se ha aliado con, hasta el momento, casi una veintena de grupos y músicos toledanos para recuperar el río Tajo a través de un proyecto de micromecenazgo con el que quieren grabar un disco de canciones inspiradas en este patrimonio natural y celebrar posteriormente un festival. Su objetivo es hacerlo en junio de 2022, justo cuando se cumplen 50 años de la prohibición de baño en el río a su paso por la capital regional.

'Música por el Tajo. 50 años sin nuestro río' es el título del proyecto con el que aspiran a conseguir un mínimo de 12.000 euros durante los próximos 40 días. Con las aportaciones que reciban quieren financiar la grabación del disco, su publicación y el festival que van a organizar en un entorno cercano al río, según ha explicado en una rueda de prensa el el director general de la Real Fundación de Toledo, Eduardo Sánchez Butragueño.

“Queremos que la gente comprenda que el Tajo será lo que ellos quieran. Solo con su presión cambiarán acciones políticas y técnicas que tienen al río bloqueado. Este disco será realidad si los toledanos, las empresas o los colectivos lo apoyan para visibilizar el problema y para hacer que toda España comprenda el problemón ambiental que tiene el Tajo”, ha manifestado Sánchez Butragueño.

Hasta el momento, han confirmado su participación en el disco 18 músicos o grupos toledanos como Almez, Ana Alcaide, Javier Ulises Illán, Julián Maeso, Kike Calzada, Lucía Santiago, María Toledo, Pilar Moxó, Titular Mads o Veintiuno, entre otros. Artistas de estilos muy diferentes a los que esperan que se puedan sumar más en las próximas fechas, de Toledo o de otras partes del país.

La campaña de micromecenazgo ofrece distintas recompensas según la aportación que realice cada personas o colectivo. La cuantía mínima, con la que se recibirá el disco en formato digital, es de 15 euros, pero hay otras opciones con las que incluso se pueden obtener ya como recompensa las entradas del mencionado festival. Un evento en el que se presentaría el disco y que se celebraría el 19 de junio, fecha en la que se hizo oficial la prohibición de baño en el Tajo.

“El problema necesita salir de Toledo para que suene en toda España”

Sánchez Butragueño ha recordado que unos años después de la prohibición del baño en el Tajo por la contaminación de sus aguas, “el trasvase (Tajo-Segura) agravó drásticamente la situación del río”. “Perdió parte de su esencia, sus oficios, paisajes, costumbres, alimentos o tradiciones ligadas al río. Desde entonces han sido muchas las promesas y medio siglo después de aquel robo queremos recuperar nuestro río”, añadió.

En este sentido, aseveró que la polémica en torno al Tajo a menudo ha quedado “contaminada por luchas políticas, partidistas, por una inacción que hace necesaria una movilización ciudadana apolítica, transideológica...”. “El problema necesita salir de Toledo ciudad y de provincia, para que suene en toda España, principalmente en Madrid, donde son ajenos a la problemática cuando son un factor importante en la degradación”, apuntó Sánchez Butragueño.

Así, quieren que, a través de la música, los artistas expresen “la situación que el Tajo les provoca”. “Generaremos cultura a través de algo que podría ser una mala noticia, como es que se cumplan 50 años de una degradación brutal. Pero lo queremos convertir en una oportunidad para generar cultura”, agregó sobre este proyecto con el que quieren demostrar que “a los toledanos les importa el río Tajo”.

La palabra mecenazgo se la debemos al noble romano Cayo Mecenas, coetáneo y amigo del emperador Augusto que, en el siglo I, financiaba y protegía el arte, la cultura y que promociono a poetas como Horacio o Virgilio.

A partir de ese momento todo lo que conocemos como arte antiguo estuvo en manos de la iglesia católica y de los reyes, donde se ejercía el mecenazgo como monopolio, ya que solo algunas personas podían permitirse impulsar cualquier tipo de arte, acabando por ser usado como medio de propaganda o promoción a la que solo tenían acceso las clases adineradas de la sociedad. 

Estas mismas pautas siguen en el renacimiento, donde la aristocracia como los Medici empieza a recopilar una serie de autores impulsando la creación de obras, dotándoles a cambio de contactos entre la corte, para realizar en muchos casos encargos exclusivos, sin poder ejercer su totalidad de libertad artística.

Esto se hace patente también en el Barroco donde se usaba el arte como medio de propaganda al servicio de la corte para reflejar poder o de la iglesia que dicto normas estrictas de la forma en la que era representado el arte a partir del Concilio de Trento, como arma para luchar contra la reforma católica. 

Ya en la Edad Moderna es cuando el arte empieza de alguna manera a democratizarse, pasando algunas de las obras al servicio del gran público a través de museos y de los estamentos públicos, pero esto también es aprovechado por marcas y fundaciones, normalmente bancarias, para mostrar y crear imagen corporativa, promocionar sus productos y prestar un cierto servicio a la sociedad. Más adelante aparece el popular crowdfunding, donde toda persona puede apoyar el arte y la cultura haciendo su donación y a cambio recibe alguna recompensa del artista, que no pierde el control sobre su obra.

En este momento es bastante popular sacar leyes y ordenanzas de mecenazgo o patrocinio, este último a cambio de publicidad de la marca o producto, en muchos casos de empresas que buscan como fin un mayor impacto entre los posibles consumidores, lo que antes hacia la corte o la iglesia se pone al servicio de las macroempresas, usando estos eventos como forma de promocionar y sacar rendimiento económico privado.

Por esto me asaltan muchas dudas en cuanto a este tipo de ordenanzas o leyes, por la posible intrusión de organismos privados en lo que debería de ser un servicio público. La cultura es un derecho universal que tendría que estar garantizado a toda la sociedad, al igual que la libertad de expresión y artística. La intromisión de empresas privadas en la toma de decisiones sobre los eventos o participantes puede llevar a una falta de diversidad artística, encarecimiento, o que la imagen de marca y negocio prevalezca sobre lo cultural. También se puede llegar a sobrevalorar obras o colecciones de arte, con motivos de encarecimiento o promoción, como puede ser el ejemplo de la colección Roberto Polo de Toledo, o simplemente como un privilegio de las clases más adineradas como puede ser la obtención de beneficios fiscales, como se ofrece en algunas partes de la actual Ley de Mecenazgo de Castilla-La Mancha.

Después de la crisis y cuando se pueda volver a programar cultura de forma continua, tenemos que empujar y apoyar desde los organismos públicos al sector cultural, con eventos preferiblemente de gestión directa, teniendo en cuenta que las iniciativas de mecenazgo y patrocinio son necesarias siempre y cuando se puedan gestionar de forma trasparente.

Es necesario un control estricto para que no se conviertan en falta de diversidad artística, con un desarrollo democrático de la participación, donde se regulen los motivos de las entidades privadas, y que se cumplan protocolos éticos para afrontar con garantías el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, los derechos laborales, la diversidad sexual, cultural o artística, que todo el mundo tenga acceso con unos precios populares y, sobre todo, para que lo privado no se apodere también de lo público en el mundo de la cultura.

A la segunda va la vencida, en este caso. El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado la Ley de Mecenazgo que no pudo salir adelante durante la pasada legislatura debido a la oposición de Podemos, entonces con representación parlamentaria. Ahora, con la mayoría absoluta del PSOE, esta normativa ha recibido luz verde definitiva en su segunda vuelta. El Gobierno la recuperó para su aprobación y ha sido tramitada como proposición de ley para agilizar sus trámites parlamentarios. 

Un conjunto de medidas fiscales que favorezcan las sinergias y promuevan los convenios públicos y privados en materia cultural es uno de los objetivos que contempla esta nueva normativa. Entre sus múltiples iniciativas se encuentra reconocer un crédito fiscal a favor de los 'mecenas' por el 25% de los convenios de colaboración o de los importes dinerarios que donen a los destinatarios siempre que sea para proyectos culturales. 

También se incorporan otro conjunto de deducciones fiscales así como la creación de una Oficina regional de Mecenazgo para el seguimiento de proyectos con financiación privada.Será aplicable a los servicios y productos culturales derivados de la cinematografía, las artes audiovisuales, las artes multimedia, las artes escénicas, la música, la danza, el teatro, el circo, las artes plásticas, la fotografía, el diseño, las ediciones literarias en cualquier soporte, y las relacionadas con la investigación, la documentación, la conservación y la restauración del patrimonio cultural.

De esta forma, serán beneficiarias del mecenazgo la propia Junta de Comunidades, así como sus entidades y organismos autónomos; las fundaciones y asociaciones de utilidad pública, sin ánimo de lucro y con domicilio fiscal en Castilla-La Mancha; las universidades que desarrollen su actividad docente e investigadora en la región; y también particulares que de forma habitual desarrollen alguna de las actividades culturales anteriores.

Las modalidades de mecenazgo cultural que contemplará la nueva norma son donaciones, legados, préstamos de uso o comodato, y convenios de colaboración. Es en este punto donde el borrador explica una de sus medidas más novedosas: el importe de los créditos fiscales, es decir, el total de dinero que el mecenas contribuyente se puede deducir a la hora de pagar a Hacienda.

Impuesto de Sucesiones y Donaciones

Se establece asimismo una reducción en la base imponible del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para aquellos bienes incluidos en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, siempre que sean cedidos para el uso de carácter cultural a favor de la Junta, de forma gratuita y que el bien se destine a los fines culturales propios de la entidad cesionaria. Esta reducción se establecerá en función del periodo de cesión: del 100% del valor de los bienes para cesiones permanentes; del 95% para las de más de 20 años; del 75% para las de más de 10 años; y del 50% para las de más de 5 años.

La mayor parte de las medidas quedarán contempladas en un Plan de Mecenazgo Cultural que se renovará anualmente y que a su vez elaborará un Consejo Regional creado para tal fin. Al mismo se incorporarán las acciones de la Administración autonómica para la financiación de proyectos culturales de especial interés.

Durante su intervención en el pleno, la consejera de Cultura, Rosana Rodríguez, ha explicado que con esta norma no se cambian “las costumbres ni la cultura de los individuos”, sin que se “extienden”. “Lo que repercutirá la puesta en marcha de esta ley sobre la ciudadanía es mucho más de lo que invertirá el Gobierno gracias a la cooperación entre los miembros de la sociedad”, ha añadido.

“No debemos entender esta ley como una manera con la que el poder público dote de menos recursos a la cultura o se desentienda de ella, sino como la manera de incentivar para conseguir un universo cultural más amplio, rico, sostenible, circular y variado”, ha argumentado.

Ciudadanos: “se queda corto”

Por su parte, la portavoz regional de Ciudadanos, Carmen Picazo, ha explicado que el texto “se queda corto” por lo que ha pedido a los socialistas “altura de miras” y que “no pongan límites, ni sean cuadriculados”. Con lo anterior se ha referido a las enmiendas que la formación naranja mantenía 'vivas' al texto, como las que buscan incluir el deporte no profesional o la investigación, premiar la figura del mecenas no solo en una gala o eliminar la Oficina de Mecenazgo, entre otras.

A su juicio, “ningún tipo de mecenazgo debería sustituir las obligaciones y funciones de las administraciones públicas en el desarrollo de sus competencias básicas”, considerando que ese parece ser el objetivo de esta ley, motivando finalmente su rechazo al texto.

De su lado, el diputado del PP Benjamín Prieto ha asegurado que esta ley es “necesaria para la región” y que “lo necesario y sensato es que se busque el bien común” con una “herramienta legislativa con efectos fiscales y sobre la creatividad y la actividad de las industrias culturales de la Comunidad Autónoma y su patrimonio presente y futuro”.

Dicho esto, ha repasado las seis enmiendas de su grupo que quedaron 'vivas' tras su paso por la Comisión, como las que piden ampliar su ámbito de actuación a la cerámica artesana, la artesanía artística, el coleccionismo colectivo y la formación en ramas de la industria cultural o artesanía; o las que instan a considerar la realidad demográfica de la región especialmente con el fenómeno de la despoblación -palabra que este año va a estar presente “hasta en el árbol de Navidad”-, en las asignaciones de fondos y en el tratamiento fiscal.

Lo que en la anterior legislatura fue el proyecto de Ley de Mecenazgo, que no salió adelante debido al rechazo de Podemos, se ha convertido en su segunda vida en una proposición de ley impulsada por el Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha para acortar plazos. En esta ocasión, el PSOE dispone de mayoría absoluta para sacarla adelante sin más, pero el Gobierno regional manifestó su intención de que se aprobara por consenso y durante su toma en consideración ya surgieron algunos escollos con la oposición de PP y Ciudadanos. No ven con buenos ojos algunas de las medidas, sobre todo las relativas a microdonaciones y a la creación de una Oficina de Mecenazgo Cultural. Y así lo han reflejado en una veintena de enmiendas al texto.

La normativa que actualmente se tramita en el Parlamento castellano-manchego es prácticamente la misma que el proyecto de ley que ‘patinó’ hace dos años, aunque incorpora algunos cambios llamativos. Añade más requisitos y clarifica algunos puntos en cuanto a quiénes pueden o no ser beneficiarios del mecenazgo privado: por ejemplo, agrega que no podrán optar a estas donaciones las personas que desarrollen actividades artísticas en relación con las modalidades de mecenazgo recibidas de su cónyuge, pareja estable, ascendientes, descendientes o colaterales hasta tercer grado. Esta máxima no estaba incluida en el primer proyecto de ley.   Del mismo modo, tampoco podrán acceder al mecenazgo aquellos que ya hayan recibido donaciones del Impuesto sobre Sociedades. 

En cuanto a la compatibilidad y requisitos para la aplicación de beneficios fiscales a los mecenas, el PSOE también ha añadido requisitos. En el texto anterior se les exigía que informaran a la Agencia Tributaria Regional de sus donaciones y créditos fiscales obtenidos por ellas. Ahora también se les pide que acrediten mediante las correspondientes certificaciones la realidad de las donaciones, cesiones de uso o convenios de colaboración empresarial así como su destino a proyectos culturales que sean de interés regional.

Precisamente el crédito fiscal (beneficios de los mecenas por hacer donaciones) era uno de los temas más significativos de la ley. En el nuevo texto se ha incorporado que cuando este crédito se reconozca a una empresa o entidad que forma parte de un grupo de empresas, el mismo podrá ser utilizado por cualquiera de las empresas y entidades integrantes del referido grupo.

La nueva Oficina de Mecenazgo Cultural, cuestionada

Estos cambios no han impedido, sin embargo, que el PP y Ciudadanos rechacen algunos contenidos de la proposición de ley actual. Algunos de sus enmiendas se refieren principalmente a la creación de una futura Oficina de Mecenazgo Cultural. Este nuevo organismo, según el texto, se encargaría de facilitar la colaboración de los ciudadanos con la dinamización cultural de Castilla-La Mancha, a través de análisis y estudios, para facilitar asesoramiento, ejecutar el Plan de Mecenazgo (también contemplado en la ley) o establecer un censo permanente y actualizado para actuaciones, proyectos y personas benefactoras.

Ciudadanos pide que elimine la creación de este nuevo organismo y que el texto tampoco recoja otras medidas como los reconocimientos a la colaboración privada o que se haga una campaña de mecenazgo para “dar a conocer a la ciudadanía” el alcance de la ley.

La formación naranja, en otra de sus enmiendas, pide también que se incluya al patrimonio inmaterial de la región y a la cultura digital en las actividades susceptibles de recibir donaciones. Y además, quieren que en materia de micromecenazgo  gocen de los beneficios de la ley las aportaciones dinerarias hasta los 150 euros, considerándolas “micromecenazgo participativo”.

El PP quiere más ámbito de actuación

El PP también ha presentado un lote de enmiendas en el que, principalmente, pide que se amplíe el ámbito de actuación de la ley, de manera que puedan incluirse la cerámica, la artesanía artística, el coleccionismo colectivo y otras industrias culturales.

También abunda, al igual que Ciudadanos, en la cuestión de las microdonaciones. En su caso quiere que los aportes de hasta 150 euros desgraven un 90% como forma de apoyo a proyectos culturales, así como el 15% del IRPF para el gasto cultural de los ciudadanos sobre un máximo de 300 euros al año. Y también quieren modificar -en su caso no quieren se elimine- la Oficina de Mecenazgo Cultural de forma que “no suponga la creación de una nueva figura directiva o alto cargo de carácter político”.

Por último, en otras de sus enmiendas quiere incorporar a la proposición de ley el fenómeno de la despoblación. Propone que se tengan en cuenta estas situaciones demográficas a la hora de impulsar el fomento de la cultura y sus medidas fiscales: que en las diferentes asignaciones de fondos y en el tratamiento fiscal se aplique una discriminación positiva que los favorezca y haga posible una mayor actividad cultural.

Si en la legislatura pasada fue Podemos quien provocó que el proyecto de Ley de Mecenazgo Cultural del Gobierno de Castilla-La Mancha no saliera adelante, puesto que sus votos eran necesarios, en este nuevo periodo legislativo es Ciudadanos quien ha mostrado su oposición frontal. La diferencia en la actualidad es que el PSOE ahora tiene mayoría absoluta en el Parlamento regional y no necesita los votos ni de estos últimos ni del PP para sacar adelante la ley. Además, la normativa se está tramitando como proposición de ley del Grupo Socialista, no como proyecto del Gobierno, para acortar los plazos y agilizar su aprobación. Aún así, los socialistas han seguido pidiendo consenso y diálogo para su aprobación.

Las posiciones de los tres partidos con representación en las Cortes castellanomanchegas han quedado patentes en el debate de la toma en consideración de esta propuesta, que ya recibió luz verde del Consejo de Gobierno regional tras el ‘gatillazo’ de la pasada legislatura. Ciudadanos ha votado en contra de su tramitación frente al PP, que se ha abstenido, y al PSOE, que le ha dado luz verde. Los ‘populares’ han puesto como condición para su apoyo que se acepten las enmiendas al texto que presentarán durante su consiguiente tramitación.

En la presentación de la propuesta, la diputada socialista Manuela Casado ha recordado que la proposición de ley tiene su base en el proyecto que no pudo aprobarse la legislatura pasada y que está incluido tanto en el Plan Estratégico de Cultura de la comunidad autónoma como en el programa electoral del PSOE. Según ha dicho, se trata de una ley “necesaria” que demanda el sector de la cultura para mejorar la colaboración público-privada en acciones de mecenazgo.  

Ha recordado así que en este texto, prácticamente igual que el del proyecto de ley, se fomenta la contribución privada mediante incentivos fiscales y medidas tributarias para entidades sin ánimo de lucro y particulares que quieran financiar proyectos, así como la promoción y desarrollo de las industrias culturales. La diputada ha querido destacar la importancia de la aportación de capital privado para eventos de gran magnitud, pero de forma “regularizada” para que “no sea circunstancial y tenga transparencia y carácter de permanencia”.    

El denominado “crédito fiscal”

De igual forma ha recordado que esta normativa establece el reconocimiento de la figura del mecenas y contempla un Plan de Mecenazgo Cultural y una Oficina regional para llevarlo a cabo, regulando operaciones como las donaciones, los préstamos o los convenios de colaboración para la puesta en marcha de acciones culturales. En este punto ha mencionado la inclusión del denominado “crédito fiscal” mediante el cual se podrá recuperar hasta un 25% del valor de los donativos, que estarán a su vez supervisados dentro de un futuro Consejo de Mecenazgo, con miembros del sector público y privado.

Esta nueva toma en consideración ha contado con el rechazo frontal de los diputados regionales de Ciudadanos. La presidenta del Grupo Parlamentario, Carmen Picazo, ha señalado que es una propuesta que “no defiende la cultura que une, sino la que divide”. “Creemos que puede suponer la creación de redes clientelares y no queremos más chiringuitos del partido de turno porque la cultura debe ser cuidada  y difundida”

Según ha destacado, este partido es favorable a una ley de mecenazgo cultural que atraiga a la sociedad civil pero la propuesta socialista es “muy limitada, muy antigua, poco realista y busca la politización de la cultura en la región”. De hecho, ha resaltado que ningún tipo de mecenazgo debe sustituir la función de las administraciones en el desarrollo de sus competencias básicas, ni debe servir “para reducir la inversión en los servicios públicos”. Para la parlamentaria de Ciudadanos, la propuesta “asume como algo normal que se reduzca la inversión cultural buscando la diversificación de sus fuentes de ingresos, dejándolo en manos del sector privado”.

Modalidades de donación “escasas y muy cortas”

Sobre las modalidades de donación propuestas, considera la diputada que son “escasas y se quedan muy cortas”, ya que hay “otras formas jurídicas” para que este artículo en concreto no sea tan “paupérrimo”. “Hay mucha gente que quiere aportar por la cultura con el micromecenazgo, y la ley no desarrolla ninguna alternativa”, ha criticado, defendiendo que Cs, en su ley nacional, era “mucho más ambicioso” en este aspecto. También ha lamentado que el deporte no esté presente en la propuesta de la ley. Por último, ha afeado la memoria económica, que muestra “que es una ley diseñada para la propaganda del PSOE”, con gastos de hasta 200.000 euros, según sus cálculos, para pagar a gente afín a los socialistas.

Por su parte, el diputado del PP Benjamín Prieto ha fijado la postura de los 'populares', y se ha mostrado partidario a implementar mejoras en el texto y hacer que la ley propuesta en la pasada legislatura evolucione.  Ha echado en falta algunas cuestiones como su alcance a asuntos deportivos, de investigación o de artesanía y sobre el futuro Consejo Regional de Mecenazgo, ha propuesto que se  fije el número de miembros del mismo y su procedimiento de elección, para evitar “sorpresas”.

El parlamentario ‘popular’, al igual que Ciudadanos, espera que el mecenazgo no venga a sustituir la necesaria inversión pública al ámbito cultural de Castilla-La Mancha, y ha propuesto fijarse en países como Francia, donde los particulares “pueden desgravarse hasta un 70%” de sus donaciones para la cultura.

Una reforma en profundidad es lo que quiere realizar el Grupo Parlamentario de Podemos en el proyecto de Ley de Mecenazgo del Gobierno de Castilla-La Mancha, una de las normativas más importantes de la presente legislatura. Ante su tramitación en las Cortes, la formación morada ha registrado un bloque de enmiendas en las que, básicamente, endurece los requisitos para que los mecenas culturales obtengan las ventajas fiscales que incorpora la futura ley y suprime toda referencia a los “créditos fiscales” que la Junta ha incorporado. Podemos establece una serie de incompatibilidades y mantiene el objetivo de que sean las pequeñas y medianas empresas las que obtengan esos beneficios fiscales. Está previsto que esta normativa pase por comisión para la elaboración del dictamen durante este mes para su debate en pleno a finales de abril o principios de mayo.

La Ley de Mecenazgo Cultural contempla un conjunto de medidas fiscales que busca “favorecer las sinergias y promover los convenios públicos y privados” en materia cultural. Entre sus múltiples iniciativas se encuentra reconocer un “crédito fiscal” a favor de los 'mecenas' por el 25% de los convenios de colaboración o de los importes dinerarios que donen a los destinatarios siempre que sea para proyectos culturales. También se incorporan otro conjunto de deducciones fiscales así como la creación de una Oficina regional de Mecenazgo para el seguimiento de proyectos con financiación privada.

La intención de Podemos es adaptar esta ley a las necesidades de empresas de menor tamaño. Una de las enmiendas que reflejan el principal objetivo de este partido es la adición de un texto en el que se impone que los beneficios de la nueva normativa solo sean posibles en aquellas entidades o empresas cuyo importe neto de la cifra de negocios no haya superado los 300.000 euros en el año inmediatamente anterior. Es decir, se contendría la posibilidad de que sean las grandes empresas las que acaparen los beneficios fiscales de la futura Ley.

Régimen de incompatibilidades

Del mismo modo, Podemos establece un régimen de incompatibilidades para los mecenas, entre ellos pide no considerar beneficiarios a aquellos que desarrollen actividades culturales en relación con las modalidades de mecenazgo recibidas de su cónyuge o relación análoga, ascendentes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado, o de quienes formen parte junto a la mencionada personada física de una entidad en régimen de atribución de rentas. Con ello, se suprimirían las relaciones de parentesco.

En este sentido, incorpora en otra enmienda que la aplicación de los beneficios fiscales de la ley será incompatible cuando las personas físicas o entidades beneficiarias hayan percibido cualquier subvención o ayuda pública de la Junta de Castilla-La Mancha durante los últimos cinco años; y también cuando los beneficiarios hayan sido condenados por sentencia firme por delitos contra la Administración pública, contra la Hacienda Pública, contra los derechos los trabajadores, contra la ordenación del territorio y el urbanismo, contra el patrimonio cultural, el medio ambiente, la propiedad industrial e intelectual, o por violencia de género.

El Grupo Parlamentario de Podemos quiere igualmente excluir a aquellas empresas que hayan sido sancionadas en materia de infracción grave en lo referido a integración laboral y de igualdad de oportunidades; o por discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, o por infracción muy grave en materia medioambiental.

No deducirse más de 3.000 euros

El endurecimiento de los requisitos añade asimismo la posibilidad de que la suma de las bases de las deducciones establecidas podrá descender del 10 por ciento de la base liquidable del contribuyente, y que la base máxima de deducción a estos efectos sea de 3.000 euros por periodo impositivo.

La formación morada también pide que queden excluidas del ámbito de aplicación de la Ley, es decir, de sus beneficios fiscales por subvencionar actividades culturales, aquellas actividades que empleen o utilicen animales vivos. Esto implicaría básicamente a la tauromaquia en Castilla-La Mancha, que es una de las actividades que reciben más ayudas en este sentido.

Asimismo, otra reforma vía enmienda que propone Podemos es que en la futura Oficina de Mecenazgo Cultural que propone el proyecto de ley se incluya a personal técnico y de apoyo administrativo perteneciente a la Consejería de Cultura. Y a este respecto, también incorpora que el Consejo Regional de Mecenazgo Cultural, como órgano colegiado consultivo y asesor de la comunidad autónoma en materia de colaboración público-privada, esté compuesto por agentes públicos y por las entidades jurídicas sin ánimo de lucro más representativas del sector y que tengan su domicilio fiscal en Castilla-La Mancha. Quiere además que su composición sea paritaria y que sus miembros no reciban retribución alguna por esta labor.

Un conjunto de medidas fiscales que favorezcan las sinergias y promuevan los convenios públicos y privados en materia cultural es uno de los objetivos que contempla el borrador del anteproyecto de Ley de Mecenazgo Cultural de Castilla-La Mancha que actualmente se encuentra en fase de información pública. Entre sus múltiples iniciativas se encuentra reconocer un crédito fiscal a favor de los 'mecenas' por el 25% de los convenios de colaboración o de los importes dinerarios que donen a los destinatarios siempre que sea para proyectos culturales. También se incorporan otro conjunto de deducciones fiscales así como la creación de una Oficina regional de Mecenazgo para el seguimiento de proyectos con financiación privada.

Esta normativa tiene su principal origen en el cambio de modelo económico, fruto de la crisis económica, que a su vez ha hecho necesarias nuevas estrategias de apoyo a la cultura y acceso a la financiación, así como la reestructuración en las industrias culturales y en las nuevas formas de consumo cultural. El Gobierno alega que la progresiva reducción de los recursos destinados a la cultura lleva a la mayor parte  de los proyectos a intentar diversificar sus fuentes. También será una forma de combatir el aumento del IVA, que ha supuesto “un elevado incremento en el coste de los productos y servicios culturales, generando una mayor retracción del consumo2.

El diagnóstico lleva al Gobierno regional a articular tanto mecanismos favorecedores de la participación ciudadana y procesos colaborativos al desarrollo cultural a través del mecenazgo en todas sus vertientes, como medidas fiscales y acciones que potencien las sinergias creando una situación favorecedora para  la colaboración de  los ciudadanos, las empresas y las administraciones en los procesoconcluyentes en el desarrollo de la cultura.

La futura Ley regional de Mecenazgo será aplicable a los servicios y productos culturales derivados de la cinematografía, las artes audiovisuales, las artes multimedia, las artes escénicas, la música, la danza, el teatro, el circo, las artes plásticas, la fotografía, el diseño, las ediciones literarias en cualquier soporte, y las relacionadas con la investigación, la documentación, la conservación y la restauración del patrimonio cultural. De esta forma, serán beneficiarias del mecenazgo la propia Junta de Comunidades, así como sus entidades y organismos autónomos; las fundaciones y asociaciones de utilidad pública, sin ánimo de lucro y con domicilio fiscal en Castilla-La Mancha; las universidades que desarrollen su actividad docente e investigadora en la región; y también particulares que de forma habitual desarrollen alguna de las actividades culturales anteriores.

Las modalidades de mecenazgo cultural que contemplará la nueva norma son donaciones, legados, préstamos de uso o comodato, y convenios de colaboración. Es en este punto donde el borrador explica una de sus medidas más novedosas: el importe de los créditos fiscales, es decir, el total de dinero que el mecenas contribuyente se puede deducir a la hora de pagar a Hacienda.

Así, la Junta de Castilla-La Mancha reconocerá un crédito fiscal a favor del donante por el 25% de los convenios de colaboración empresarial o de los importes dinerarios donados a los destinatarios. Para ello, esas donaciones deben aportarse a la Junta o a sus entidades públicas culturales, a las universidades con implantación en la región o a los Centros de  Investigación y a los Centros Superiores de Enseñanzas Artísticas de Castilla-La  Mancha. En este último caso, las deducciones fiscales serán válidas cuando la donación se destine a financiación de programas de gasto o actuaciones que tengan por objeto actividades de investigación en materia de servicios y productos de contenido cultural, y a las de becas para el acceso a educación superior relacionada con la cultura.

Se establece asimismo una reducción en la base imponible del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para aquellos bienes incluidos en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, siempre que sean cedidos para el uso de carácter cultural a favor de la Junta, de forma gratuita y que el bien se destine a los fines culturales propios de la entidad cesionaria. Esta reducción se establecerá en función del periodo de cesión: del 100% del valor de los bienes para cesiones permanentes; del 95% para las de más de 20 años; del 75% para las de más de 10 años; y del 50% para las de más de 5 años.

Plan de Mecenazgo Cultural

La mayor parte de las medidas quedarán contempladas en un Plan de Mecenazgo Cultural que se renovará anualmente y que a su vez elaborará un Consejo Regional creado para tal fin. Al mismo se incorporarán las acciones de la Administración autonómica para la financiación de proyectos culturales de especial interés.

Asimismo se creará la Oficina del Mecenazgo Cultural, que realizará el seguimiento de las actuaciones, proyectos y bienes culturales financiados mediante iniciativa privada. Este último órgano también será el encargado de establecer un censo permanente y actualizado para bienes culturales, personas benefactoras y empresas culturales que quieran  acceder voluntariamente a su identificación por categorías  para facilitar su acceso al mercado, 

La Oficina del Mecenazgo Cultural dará visibilidad pública, en su sede electrónica, salvo petición en contrario, a los mecenas y las actuaciones que hayan financiado. También se crearan los premios a la colaboración privada en la cultura de Castilla-La Mancha, en sus modalidades para personas físicas y para personas jurídicas, que tienen por objeto reconocer la colaboración en la financiación de la cultura.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Mecenazgo de Castilla-La Mancha, una legislación “pionera” en España ya que esta financiación sólo se ha regulado a través de una ley en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Así lo ha explicado el portavoz de Gobierno, Nacho Hernando, quien ha señalado que se trata de uno de los “pilares” para la financiación cultural en la región, junto a otras medidas que ya están en marcha como el 1% cultural, que se aprobó este verano.

Se trata de “potenciar” el mecenazgo cultural de personas físicas y jurídicas que tributan en la región, a través de distintos incentivos fiscales que permitirán “estrechar el vínculo de la sociedad civil” con la cultural de la región. La “esencia” de la legislación“, explicó Hernando, puede resumirse en dos medidas concretas: por un lado una suerte de crédito fiscal para quienes lleven a cabo las actuaciones de mecenazgo y que podrán ver sus obras compensadas por otros impuestos de la Junta de Comunidades y, por otro lado, mayores deducciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

La administración regional entregaría así un crédito a favor del donante por un valor del 25% de los convenios de los importes donados. Estos podrán ser utilizados para satisfacer el pago de impuestos que se gestionen directamente a través de la Junta de Comunidades. Por otra parte, el segundo ejemplo expuesto por Hernando, contempla reducciones en la base imponible con la inscripción de bienes que sean cedidos a la Junta, corporaciones locales o entidades públicas y culturales.

El fin que persigue la legislación, señaló el portavoz, es que una vez aprobada ayude a incentivar la participación de la sociedad civil en el apoyo de la cultura y también potenciar nuevas financiaciones para este sector. “Articular nuevas formas entre la cultura y el desarrollo económico y mecanismos sistematizados de la promoción de la cultura”, explicó. Para ello, se creará también un Consejo Regional de Mecenazgo, que estará a cargo de una serie de normas y mecanismos que velen por la adecuada gestión de la ley.

“En resumen, la Ley de Mecenazgo es uno de los tres ejes para asentar la financiación cultural blindada a prueba de futuros gobiernos con un corte antiultural. Es parte de un plan estratégico cultural, junto al 1% ya en marcha”, señaló Hernando. Este porcentaje supondrá un total de 1,2 millones de euros para el 2018 lo que ayudará al total de financiación a la cultura a llegar a los 34,8 millones de euros.

Poner nuestro granito de arena para evitar que los restos arqueológicos se conviertan en eso, en arena. Y, a cambio, participar en rutas, talleres, conferencias y acciones encaminadas a la protección de los restos arqueológicos. Con ese objetivo, para fomentar y desarrollar la investigación, protección y difusión del patrimonio arqueológico, la Universidad de Córdoba (UCO) ha puesto en marcha un programa de mecenazgo con el fin de implicar directamente a los ciudadanos en la conservación de ese patrimonio.

Se trata de explotar “la implicación directa y activa de la ciudadanía, que se convierte así en agente determinante y principal beneficiaria” del programa ‘Arqueología Somos Todos’ de la UCO, nacido con el fin de “reintegrar a la sociedad lo que en última instancia le pertenece: su patrimonio arqueológico”, a través de actividades para la difusión y protección de los restos históricos.

Cualquier persona, colectivo o empresa puede contribuir con su aportación económica desde los 10 hasta los 500 euros a esta iniciativa y pasar a ser, según la nomenclatura establecida por el programa- ‘colaborador’, ‘amigo’, ‘mecenas’ o ‘padrino’ del patrimonio arqueológico cordobés. En función de su aportación, los ‘colaboradores’ serán aquellas personas físicas interesadas en realizar alguna actividad aislada o esporádica dentro del proyecto de mecenazgo y que llevarlas a cabo contribuya con 10 euros.

A partir de ahí, los ‘amigos’ de oro, plata y bronce según su aportación sea de 200, 50 o 30 euros al año verán reintegrada su donación con el acceso a múltiples actividades y beneficios del programa ‘Arqueología Somos Todos’, que van desde la gratuidad en sus visitas, reservas en conferencias y actos, descuentos en establecimientos asociados y bonificaciones en viajes arqueológicos, cursos y publicaciones.

La escala sube el poder inversor entre los 150 y los 500 euros para los que serán considerados ‘mecenas’ del proyecto, como asociaciones, colectivos, pequeño y mediano comercio, fundaciones, empresas y otras instituciones. Y se reservará el título de ‘padrino’ del patrimonio arqueológico cordobés a los centros educativos, ya sean públicos, privados o concertados, que podrán disfrutar de actividades didácticas, principalmente, talleres y rutas por una aportación desde 150 euros.

Potencial de desarrollo para el futuro

Con este mapa amplio de representación de la población que puede convertirse en ‘conservador’ del patrimonio arqueológico de Córdoba y su provincia, los promotores de la iniciativa pretenden conseguir que la arqueología “camine más allá de los círculos estrictamente académicos y, sin perder jamás esa referencia, ni abandonar la investigación, conectar con el ciudadano de a pie, con los jóvenes y también con las redes turísticas”, explican.

“Córdoba y su provincia atesoran un enorme potencial, un registro arqueológico milenario de primera magnitud que ha de ser valorado en su justa medida: no como un obstáculo, sino como un legado irremplazable que es a la vez privilegio, seña de identidad y recurso de futuro. Y para eso es determinante la educación, nuestro principal reto” para salvaguardar los valores de protección del patrimonio arqueológico que persiguen con la implicación directa de la ciudadanía.

Una implicación que deje ver al ciudadano de a pie y a quienes conforman el tejido asociativo, educativo y empresarial de la ciudad y su provincia que los restos arqueológicos son una oportunidad de desarrollo: “La convivencia entre pasado y presente, lejos de ser una utopía, es, como defendemos desde ”Arqueología somos todos“, algo viable e imprescindible para convertir a Córdoba y su provincia en un referente patrimonial, un laboratorio de innovación y un yacimiento de empleo de primer orden”, defienden.

La portavoz de Cultura del grupo Parlamentario Socialista la Cámara regional, María Victoria Hernández, diputada del PSOE por La Palma, preguntará en el pleno de la próxima semana por la ley de mecenazgo, “una de las cuatro leyes culturales pendientes de redacción para esta legislatura y de la misma importancia y urgencia que archivos, bibliotecas y patrimonio histórico”, señala el citado grupo  en un comunicado. 

La parlamentaria del PSOE recuerda que “la ley de mecenazgo viene de la pasada legislatura y se vio ralentizada ante la noticia de que el Gobierno de Rajoy iba a tramitar la modificación de la actual ley estatal ”y que se convirtió en proyecto estrella del ministro Wert“. Lamenta el ”maltrato al que se ha visto sometida la cultura en estos cuatro años de Ejecutivo del PP“ y subraya ”la necesidad de abrir nuevas fuentes de ingresos que complementen las de las administraciones públicas“. 

“La aprobación de esta ley, como también de las otras tres pendientes en Canarias, repercutirá favorablemente en una mejora de los ingresos para un sector que se ha visto especialmente maltratado en esta legislatura del Partido Popular”, expresa Hernández, quien reitera la apuesta del PSOE por que “la cultura en las Islas cuente con líneas de financiación propias y definidas, con el objetivo de que en el futuro, situaciones críticas como la de estos últimos años no afecten tanto a la política cultural”. 

Por otra parte, considera que el Gobierno de Canarias “debe continuar invirtiendo en el sector” y hace hincapié en que “la crisis de los últimos años debe dejarnos, como moraleja, que se hace imprescindible introducir mejoras de cara al futuro, como medidas de prevención”.

Íñigo Méndez de Vigo llega a un Ministerio en el que ha habido una Guerra Fría en el área de Cultura durante toda la legislatura. En su última comparecencia ante la comisión de Cultura del Congreso el pasado 9 de junio, José María Lassalle, Secretario de Estado de Cultura, no pudo más y explotó: “Si Cervantes volviera a escribir El Quijote pondría Hacienda en lugar de Iglesia”. Una frase que resume los sinsabores de sus cuatro años en un Ministerio dirigido por José Ignacio Wert, con quien ha tenido serias discrepancias y, sobre todo, su enfrentamiento con Cristóbal Montoro, responsable del ministerio fiscal.

El nuevo ministro hereda una cartera que ha visto recortado su presupuesto cada vez más: de 937,4 a 749 millones de euros, un 20% desde 2011. Pero, sobre todo, recibe un área en el que nada ha salido bien ni se ha hecho lo que se prometió antes de ganar las elecciones.

1- IVA cultural

Las críticas del sector cultural al 21% que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy nada más llegar a La Moncloa han sido constantes. Lassalle, consciente de ello, ha recalcado una y otra vez que no estaba de acuerdo con esta imposición. Es más, en el Congreso ha dado la razón a los socialistas cuando ha pedido la bajada del impuesto en los espectáculos. “Es una posición razonable”, ha llegado a decir.

Sin embargo, Montoro nunca se ha movido ni un centímetro en este planteamiento. Muy al contrario, ha llegado a increpar al sector cultural –sobre todo al cine- sugiriendo que había profesionales que no pagaban sus impuestos y hasta que el cine español no tenía calidad. El bloqueo se ha basado, por parte de Hacienda, en que no había presupuesto para una reducción ni margen para cambios.

2- Ley de Mecenazgo

Esta iba a ser la gran aportación del Partido Popular en Cultura cuando llegara al Gobierno; conseguir una ley que mejorara las desgravaciones fiscales para apoyar al sector y acercarlas a las que se manejan en otros países de la Unión Europea. El Secretario de Estado de Cultura lo repitió en numerosas entrevistas antes de las elecciones de 2011 y durante los primeros meses de legislatura estaba convencido de que “su” ley saldría adelante. De nuevo, fue imposible.

Nunca hubo Ley de Mecenazgo. Al final, las ayudas fiscales quedaron subsumidas en la Reforma Fiscal y completamente diluidas. Se aprobaron incentivos fiscales para micromecenazgo. Por 150 euros invertidos en cultura, el ciudadano podría desgravarse el 75%, y el Impuesto de Sociedades pasó del 35% al 40%. La tan ansiada ley quedó así enterrada.

3- Financiación del Cine

Durante meses, el secretario de Estado señaló que subirían los incentivos fiscales, tal y como pedían los productores (FAPAE). El cataclismo llegó con la dimisión de Susana de la Sierra al frente del ICAA en julio de 2014 cuando Hacienda paró la subida de las exenciones, pactadas en un principio en un 25%.

Las exenciones quedaron finalmente en el 20%. Además, hubo una reforma de la financiación del cine –las subvenciones- que prácticamente dejaron el sistema igual que estaba: las grandes producciones más taquilleras serían las grandes beneficiadas, mientras que el cine más “pequeño” quedaba relegado al háztelo-tú-mismo. En un encuentro informativo con la prensa a este respecto, el propio Lassalle con cara de circunstancias dejó caer un ‘se ha hecho lo que se ha podido’, de nuevo, en referencia a Hacienda.

4- Ley de Propiedad Intelectual

En esta norma es donde menos discrepancias ha habido entre Lassalle y su superior, Wert. Ha sido una de las leyes que más tiempo tardó en aprobarse y en la que ha habido presiones de todo tipo, desde las entidades de gestión de derechos, hasta el propio lobby norteamericano de la cinematografía. Lassalle estuvo más proclive al diálogo con las gestoras, que reclamaban la vuelta del canon digital, aunque finalmente se aprobó un texto duro con puntos muy criticados como el Canon AEDE, que llevó a que Google News cerrara su servicio en España. Y lo que es peor, la LPI, el patito feo, también ha pasado a conocerse como Ley Lassalle.

La ley, aunque aprobada, carece aún de reglamento y se desconocen las tarifas. Además, en la Unión Europea se debate en la actualidad una reforma de la ley de copyright que podría afectar directamente a la normativa española modificando algunos de sus puntos como el Canon AEDE, rechazado por los europarlamentarios.

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha puesto en marcha un Plan de Mecenazgo para captar recursos económicos externos. Se trata de una respuesta a la importante caída de su presupuesto y a la necesidad de evitar más ajustes en temas esenciales. Y, básicamente, consiste en que tanto empresas como personas a título individual puedan aportar dinero para financiar la labor universitaria y, en concreto, cuestiones como proyectos culturales, el programa de ayudas a estudiantes para el pago de matrícula o la accesibilidad. ¿Quiere eso decir que habrá que acostumbrarse a más publicidad en el campus y a instalaciones con nombres de mecenas? La vicerrectora de Proyección Universitaria, Eloísa Ramírez, no lo descarta al explicar en qué consiste esta nueva vía para lograr financiación.

¿Para qué sirve el Plan de Mecenazgo? Suena a una forma de buscar financiación donde sea.

En realidad es una línea en la que veníamos trabajando desde hace tiempo. Sí es cierto que en los últimos años, y en especial desde hace tres ejercicios, ha habido unos ajustes económicos muy grandes en todas las instituciones públicas y eso nos ha afectado [en 2014, el presupuesto se calculó en unos 66,46 millones y en 2015 se han previsto 64,7, cuando en 2010 se acercó a los 76]. Hemos tenido que priorizar ciertas cuestiones, y algo que siempre hemos querido proteger es al personal, que representa cerca del 80% del gasto. Por eso ha habido proyectos que han quedado muy tocados, como los culturales.

En concreto, la cultura es una de las tres líneas que contempla el Plan de Mecenazgo, que también permite a empresas y personas a título individual aportar fondos a cuestiones de apoyo a estudiantes y de accesibilidad. Llama la atención que estas cuestiones estén muy vinculadas a los que debería ser una universidad pública, para todos.

Y en el caso de la accesibilidad, además, tiene que ver con cumplir la ley. Pero sí, somos una universidad pública a la que cualquiera entra por mérito y capacidad exclusivamente, y tiene derecho a seguir estudiando como los demás. Por eso hemos seleccionado tres aspectos afectados por los ajustes presupuestarios, o porque tienen una mayor necesidad, que creemos que son importantes. Y se trata de cuestiones concretas, no hablamos de obtener fondos no se sabe muy bien para qué.

Vamos por proyectos. En el curso 2012-2013, la UPNA puso en marcha un programa de apoyo a estudiantes para abonar la matricula. ¿El número de solicitudes se mantiene?

Las matrículas han subido de precio y las becas se han puesto con un sistema más complejo, mientras que las familias tienen más necesidades, por eso tenemos un número de estudiantes que no pueden pagar la matrícula, algo que ahora más o menos se ha estabilizado [hay algo más de 70 solicitudes al año]. Y contamos con esas ayudas para el pago de matrícula, pero también para el bono del comedor o de transporte.

El tercer programa al que contribuir es la accesibilidad.

Todo estudiante tiene derecho a contar con los mismos medios de formación, independientemente de sus condiciones físicas, y nos consideramos una universidad accesible, pero hay cuestiones que debemos actualizar, ya sean obras u apoyos tecnológicos. No se trata de un material barato, y por eso lo hemos sacado adelante con apoyos externos, como Vodafone, la Once... Este curso, por ejemplo, tenemos 35 estudiantes con una discapacidad superior al 33%, y eso requiere una inversión.

El Gobierno de Navarra también puso en marcha una Ley de Mecenazgo.

Sí, aprobó una ley foral que facilita el mecenazgo cultural, para que una persona que colabora con actividades amparadas por ese paraguas, entre las que están incluidas las de la universidad, tenga unos incentivos fiscales más elevados que si los dirige a otro tipo de cuestiones.

¿Y a la UPNA le han llegado fondos a través de este sistema?

Hasta ahora, que yo sepa, no.

Pero, en el caso de la universidad, habrán pulsado antes si había interés por parte de empresas o personas por participar en este mecenazgo… ¿Qué respuesta han tenido?

Este es un programa a medio y largo plazo. Es cierto que no hay una cultura en el panorama universitario español de apoyo a las universidades, ese mecenazgo es algo más propio del mundo anglosajón. En las públicas, se ha empezado a desarrollar desde hace tres años, un paso en el que Málaga y Granada fueron pioneras.

¿Nos vamos a acostumbrar a nombres de pabellones con empresas o personalidades?

Eso ya se hace en algunas universidades con entidades financieras o personas que han contribuido a ello, lo que pasa es que en Navarra estamos poco acostumbrados a ello. Y, cada vez que se plantea, parece… inusual.

Bueno, lo que parece es que la universidad tendrá más publicidad.

De hecho, ya la hay. Cuando cualquier entidad nos ayuda, la única contrapartida que se pide, y me parece lógica, es que se diga que nos han ayudado. Son acciones que, sin ese apoyo, no las podríamos haber hecho, así que veo normal que nos pidan poner su logotipo en alguna parte. Otra cuestión sería que hubiera otro tipo de intereses, pero en eso en la universidad tenemos mucho cuidado.

¿Cómo va a convencer a empresas y personas a contribuir con dinero a la universidad cuando sigue habiendo ajustes?

Esta es una ventana, y queremos implicar a la gente en el proyecto de la universidad. No podemos obligar a nadie, pero solo queremos que vaya calando, poco a poco, una cultura de apoyo a determinadas actividades. Si acertamos, el tiempo lo dirá. Y a lo mejor no en seis meses o un año, sino en dos, cuatro o más.

Ahora que el Rectorado afronta elecciones (hay dos candidatos: Alfonso Carlosena y Jorge Nieto), ¿está convencida de que el proyecto se mantendrá independientemente del resultado?

La universidad trabaja con proyectos y piensa en el futuro. Evidentemente, puede haber un equipo rectoral que prescinda de un programa, pero creo que nos diferenciamos de la política en general en que tenemos más estabilidad. Funcionamos con programas a medio y largo plazo y es difícil que un equipo rectoral retire un proyecto si está trabajado y consensuado.

¿Entiende que este plan se vea como un tirón de orejas al Gobierno de Navarra? Porque, al final, es buscar financiación por otra vía.

No está pensado como un tirón de orejas, dicho de entrada. El recorte presupuestario es muy grande y eso es un dato objetivo, pero las propias instituciones están siempre pidiendo a las universidades que busquemos financiación complementaria así que, en el fondo, estamos haciendo lo que nos mandan. Por eso no sería justo que se interpretara como un tirón de orejas.