El nuevo Govern de Salvador Illa continúa con los nombramientos. La reunión del Consell Executiu de este martes acordará que la exalcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat y actual senadora del PSC, Núria Marín, sea la nueva delegada de la Generalitat en Madrid.

Marín es uno de los principales referentes del PSC a nivel municipal. Además de dirigir la segunda ciudad de Catalunya durante 16 años, también ocupó la presidencia de la Diputación de Catalunya. Dejó la alcaldía el pasado 15 de junio y fue sucedida por el concejal David Quirós.

Nacida y actual vecina del barrio hospitalense de la Torrassa, accedió al cargo en 2008 después de que otro histórico del PSC, Celestino Corbacho, fuera nombrado ministro del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero. Su dominio fue incontestable y encadenó mayoría tras mayoría.

La alcaldesa perdió la mayoría absoluta hace un año en las últimas municipales, si bien no tuvo problemas para revalidar la alcaldía y conseguir una amplia victoria: obtuvo 13 concejales y el segundo partido fue ERC con 4 ediles. Logro aprobó los Presupuestos con la abstención de los comuns. Marín ha sido una de las firmes impulsoras de la ampliación de la Fira en L'Hospitalet y es una de las grandes defensoras del Mobile World Congress.

Por otro lado, el Consell Executiu nombrará en su reunión de este martes al hasta ahora delegado general de la agencia EFE en Catalunya, Carles Escolà, nuevo secretario de Medios de Comunicación y Difusión del Govern. Escolà forma parte de la agencia desde hace 23 años, primero como redactor, luego como jefe de Política y desde 2011 como redactor jefe.

El doctor en ciencia política Joan Rodríguez sustituirá a Jordi Muñoz como director del Centro de Estudios de Opinión (CEO), el instituto demoscópico de la Generalitat. Entre 2004 y 2008 trabajó como adjunto al director de Análisis y Prospectiva, en la presidencia de la Generalitat. Es profesor titular en el departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de València.

La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, la socialista Núria Marín, dejará el cargo tras 16 años al frente del consistorio el próximo 15 de junio y será sucedida por el actual concejal David Quirós.

Según ha avanzado 'El Periódico' y ha podido confirmar la Agència Catalana de Notícies de fuentes cercanas a la alcaldesa, Marín cederá el mando municipal a Quirós un mes después de las elecciones al Parlament de Catalunya que dieron la victoria al primer secretario del PSC, Salvador Illa.

Marín es uno de los principales referentes del PSC a nivel municipal. Además de dirigir la segunda ciudad de Catalunya durante más de tres lustros, también ha ocupado la presidencia de la Diputación de Catalunya y varios cargos orgánicos en el partido.

Nacida y actual vecina del barrio hospitalense de la Torrassa, accedió al cargo en 2008 después de que otro histórico del PSC, Celestino Corbacho, fuera nombrado ministro del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero. Su dominio fue incontestable y encadenó mayoría tras mayoría.

La alcaldesa perdió la mayoría absoluta hace un año en las últimas municipales, si bien no tuvo problemas para revalidar la alcaldía y conseguir una amplia victoria: obtuvo 13 concejales y el segundo partido fue ERC con 4 ediles. Logro aprobó los Presupuestos con la abstención de los comuns. 

Marín ha sido una de las firmes impulsoras de la ampliación de la Fira en L'Hospitalet y es una de las grandes defensoras del Mobile World Congress. Su último mandato estuvo marcado por el caso del Consell Esportiu, del que salió exculpada. En el actual mandato deja sobre la mesa varios proyectos, como la cobertura de la Gran Vía o las vías del tren.

Hasta ahora el único anuncio sobre miembros del eventual Govern de Illa ha sido el de la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, que ocuparía la conselleria de Interior, mientras que el major Josep Lluís Trapero sería director general de los Mossos.

Xavier Trias, concejal de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, ha reiterado su “indignación” con lo sucedido el pasado sábado en la sesión de investidura, cuando un acuerdo 'in extremis' entre el PSC, comuns y el PP le arrebató la alcaldía. Aun así, asegura que sigue viendo con buenos ojos el posible pacto entre el PSC y Junts en la Diputación de Barcelona ya que tiene “un gran respeto” por Núria Marín, a quien ha definido como “una persona de palabra”.

Trias, en una entrevista en TV3, ha asegurad que aunque esté “enfadado e indignado, no significa que nosotros [Junts] en la vida no seamos inteligentes. No podemos estar fuera del mundo y debemos estar con la capacidad de poder gobernar y echar a andar las cosas”.

En lo relativo a su futuro, ha asegurado que su decisión de irse es “firme”. Pero antes quiere “poner orden” en el grupo municipal, porque se constituyó, según dice, un equipo “para gobernar”. Trias considera que se ha ganado la jubilación y espera gozar de un verano “fantástico”. Todo ello, en contra de lo que le ha pedido Ernest Maragall (ERC), con quien llegó a un acuerdo para gobernar Barcelona. El republicano le ha pedido que se lo repiense porque “tiene mucho a representar” ante el movimiento que les arrebató la alcaldía.

Pero Trias parece dedicido: de hecho, ha apuntado que en pocos días se irá de viaje, descartando así que tenga previsto tener ningún papel en la Diputación ni en las listas de Junts para el 23-J, aunque sí que ha asegurado estar dispuesto a hacer campaña.

Sobre lo sucedido el sábado, Trias ha apuntado que este es un sistema electoral “democrático”, aunque en casos como este “se demuestra que permite un tipo de negociaciones extrañas que no son buenas para la democracia”. El de Junts habría apostado por “una segunda vuelta”.

El Juzgado de Instrucción 4 de Cornellà, encargado de la investigación de la causa separada relacionada con el Consell Esportiu de L'Hospitalet, ha acordado archivar provisionalmente la causa contra nueve de las personas investigadas por los delitos de prevaricación, malversación y fraude en la administración, todas las que han prestado declaración hasta ahora. La investigación afectaba a concejales y trabajadores del Ayuntamiento de Cornellà, entre ellos un teniente de alcalde.

La juez, que investiga los contratos firmados entre el consistorio y el Consell Esportiu de L'Hospitalet, apunta que los expedientes se tramitaron de forma correcta y no detecta irregularidades que indiquen comisión de delito. Los cuatro investigados restantes está previsto que declaren en septiembre.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat ha recordado que siempre se mostró “plenamente convencido” de la honestidad de las personas investigadas vinculadas con el consistorio y lamenta profundamente los perjuicios morales que les ha provocado esta situación. Las detenciones de los investigados por la Policía Nacional se produjeron el pasado 14 de febrero.

La jueza ya archivó hace unas semanas el caso Consell Esportiu contra la alcaldesa de la ciudad y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín. El auto que puso fin a la causa es a la vez un aval a la actuación de Marín, que queda libre de sospechas para presentarse a la reelección en las municipales de 2023. La magistrada destacó entonces que Marín “adoptó las medidas” para averiguar las irregularidades de sus concejales en la entidad deportiva una vez conoció los hechos.

La jueza ha archivado el caso Consell Esportiu de L'Hospitalet contra la alcaldesa de la ciudad y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín. El auto que pone fin a la causa es a la vez un aval a la actuación de Marín, que queda libre de sospechas para presentarse a la reelección en las municipales de 2023. La magistrada destaca que Marín “adoptó las medidas” para averiguar las irregularidades de sus concejales en la entidad deportiva una vez conoció los hechos.

La magistrada atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que no veía delito alguno en Marín al no apreciar que hiciera caso omiso de la denuncia interna de desvío de fondos en el Consell Esportiu de la ciudad para gastos particulares de dirigentes socialistas. En cambio los comuns, que ejercen la acusación popular, se oponían al sobreseimiento.

La alcaldesa fue imputada en la causa del Consell Esportiu no por participar del desvío de subvenciones atribuido a varios cargos socialistas de L'Hospitalet y que han llevado a la dimisión de su delfín, Cristian Alcázar, a quien la Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel. La juez investigaba a Marín por supuestamente omitir las irregularidades en el Consell que le comunicó el concejal socialista Jaume Graells –ahora alcaldable por ERC– en 2020, extremo que la alcaldesa siempre ha negado. Ahora la jueza da la razón a Marín.

Destaca la magistrada que tras conocer por boca de Graells las irregularidades de dos concejales socialistas en el Consell, Marín “convocó una reunión con el denunciante, posteriormente otra con la secretaria municipal y, a continuación, concluyó la necesidad de una auditoría y una revisión de las subvenciones”. La misma versión sostenían tanto la Fiscalía Anticorrupción como la defensa de la alcaldesa.

La magistrada no aprecia en Marín “un ánimo de ocultar los hechos”, ni tampoco ningún elemento que permita afirmar que su conducta fuera delictiva. En consecuencia, la jueza descarta tanto el tipo penal de omisión de perseguir delitos como la prevaricación y la malversación. Además la magistrada archiva el caso contra otros cuatro funcionarios y cargos socialistas investigados.

“No existen indicios de que la sra. Marín haya actuado contra derecho”, abunda la magistrada, ya que la alcaldesa “adoptó las medidas que estimó necesarias para la averiguación de los hechos”, estas fueron, las entrevistas con Graells, la secretaria municipal y los concejales denunciados así como la auditoría. Una vez judicializada la causa por la denuncia de Graells, resalta la magistrada, Marín “ya no podía actuar abierta la vía penal”, tal y como la propia alcaldesa trasladó al concejal.

Al igual que la jueza, la Fiscalía había descartado cualquier delito. A juicio del fiscal anticorrupción, Marín “actuó sin ningún ánimo de ocultación” de las irregularidades en el Consell y “sin hacer dejación de sus funciones que supusieran obstáculo alguno para su investigación”. Marín había pedido el archivo del caso el pasado mes de febrero en un escrito en el que su defensa tildó de “infundada” la acusación de la Policía y cargó contra la “falta de solidez” de los indicios contra ella.

La alcaldesa ha celebrado a través de Twitter el archivo de su causa, con dardo incluido hacia los partidos de la oposición que reclamaron su dimisión. “Siempre he tenido la tranquilidad de haber hecho bien las cosas en cada momento y la justicia así lo reafirma. Los juicios mediáticos con cálculo electoralista no tienen recorrido”, ha aseverado. En su declaración como investigada en abril de 2021, Marín negó ante la jueza que fuera pasiva ante el desvío de fondos en el Consell Esportiu y alegó que actuó “muy rápidamente” ante unos hechos que le generaron “preocupación”.

Más allá de la rama del caso que afectaba a Marín, la investigación iniciada por la denuncia de Graells ha seguido su curso y, a la espera del desenlace de la pieza principal sobre el desvío de las subvenciones, la Fiscalía ya ha presentado el primer escrito de acusación, en el que reclama 4 años y medio de cárcel a dos exconcejales socialistas Cristian Alcázar y Cris Plaza por estafar al Consell falseando una indemnización por despido.

El sumario del caso pone de manifiesto el enfrentamiento que Alcázar y Plaza mantuvieron con Graells después de que denunciara el desvío de fondos del Consell para gastos particulares como cenas o libros. El duelo llegó hasta las asambleas del PSC de L'Hospitalet. En una de ellas, desvelada por elDiario.es y celebrada telemáticamente durante la pandemia, Alcázar tildó a Graells de “impresentable” y le exigió que cortara el micrófono.

Una vez archivada la causa contra Marín, el caso Consell Esportiu encara la recta final de la investigación. Aunque todavía habrá que esperar varios meses para su resolución definitiva, a la instrucción del caso le queda por practicar una prueba determinante. Se trata del informe pericial de la Intervención General del Estado sobre las subvenciones municipales percibidas por el Consell Esportiu entre los años 2016 y 2019.

La derivada política del caso Consell Esportiu de L'Hospitalet va camino de tener tantos capítulos como la judicial. El último lo ha protagonizado este jueves Jaume Graells, el exedil socialista que denunció las irregularidades y que en menos de un mes ha pasado de romper el carné del PSC a que la asamblea local de ERC lo nombre candidato a las municipales de 2023.

En una asamblea celebrada este jueves, la militancia de ERC en L'Hospitalet ha ratificado a Graells como candidato con un 91% de apoyos. El ya alcaldable republicano ha expresado su agradecimiento y se ha fijado la alcaldía como objetivo “a partir de un planteamiento abierto, integrador, que invite con generosidad y mano tendida a todos los ciudadanos que lo deseen, a sumar y ser partícipes del cambio necesario”.

Graells dio la voz de alarma del caso en febrero de 2020, siendo concejal del PSC, y siempre ha mantenido que tanto la reacción de la alcaldesa, Núria Marín, como del partido fue insuficiente, si bien la Fiscalía ha exculpado a la socialista. La gestión política del caso Consell Esportiu, que ya se ha saldado con dos dimisiones de ediles socialistas imputados, promete ser uno de los ejes de la campaña de Graells.

El Ministerio Público mantiene que Marín “cumplió con la obligación de controlar el buen fin de las subvenciones” de las que se nutre el Consell tras recibir la alerta de Graells. La alcaldesa encargó una auditoría y cuando Graells entregó más documentación en mayo de 2020 la remitió al juzgado, ya que el ahora alcaldable de ERC ya había denunciado los hechos ante la Policía.

La investigación iniciada por la denuncia de Graells ha seguido su curso y, a la espera del desenlace de la pieza principal, la Fiscalía ya ha presentado el primer escrito de acusación, en el que reclama 4 años y medio de cárcel a dos exconcejales socialistas Cristian Alcázar y Cris Plaza por estafar al Consell falseando una indemnización por despido.

El sumario del caso pone de manifiesto el enfrentamiento que Alcázar y Plaza mantuvieron con Graells después de que denunciara el desvío de fondos del Consell para gastos particulares como cenas o libros. Martín apenas intercambió mensajes con Graells tras la denuncia de las irregularidades, mientras los otros dos ediles sí la mantenían al corriente del desarrollo de las pesquisas y de sus citaciones y declaraciones judiciales.

El enfrentamiento llegó hasta las asambleas del PSC de L'Hospitalet. En una de ellas, desvelada por elDiario.es y celebrada telemáticamente durante la pandemia, Alcázar tildó a Graells de “impresentable” y le exigió que cortara el micrófono.

En las últimas elecciones municipales, Marín logró la mayoría absoluta del pleno con 14 concejales, mientras ERC se convirtió en primer partido de la oposición con cinco ediles, marca que Graells, que se despidió del PSC con duras críticas hacia su ahora rival, aspira a superar. Graells cargó con contundencia contra Marín y la dirección del PSC, a la que acusó de actuar con “hermetismo”, “pasividad” y de haberlo condenado al “ostracismo” tras denunciar el caso de corrupción.

El concejal que denunció las irregularidades en la gestión del Consell Esportiu de L'Hospitalet, Jaume Graells, ha dejado su cargo público y ha roto el carné del PSC entre duras críticas a la dirección del partido, a la que ha acusado de actuar con “hermetismo”, “pasividad” y de haberlo condenado al “ostracismo” tras denunciar el caso de corrupción.

Graells dio la voz de alarma del caso en febrero de 2020, y siempre ha mantenido que tanto la reacción de la alcaldesa, Núria Marín, como del partido fue insuficiente. La investigación iniciada por la denuncia de Graells ha seguido su curso y, a la espera del desenlace de la pieza principal, la Fiscalía ya ha presentado el primer escrito de acusación, en el que reclama 4 años y medio de cárcel a dos exconcejales socialistas –tuvieron que dimitir por el escándalo– por estafar al Consell falseando una indemnización por despido.

En una carta dirigida al primer secretario del PSC, Salvador Illa, Graells lamenta el “triste” y “decepcionante” abordaje del caso de corrupción que, a su juicio, ha llevado a cabo del PSC. Para el concejal el partido debería haberlo protegido más como denunciante y tomar decisiones respecto a los cargos socialistas imputados en vez de “escudarse” en que la causa se encontraba bajo investigación y todavía no se había abierto juicio oral.

“Depurar responsabilidades políticas no es juzgar, es empezar a hacer las cosas bien en aplicación comprometida y ejemplar de los principios éticos fundacionales del PSC”, mantiene Graells en su misiva, en la que lamenta el “hermetismo”, la “pasividad”, el “cerrar filas” y hasta el “silencio atronador” y la “represión contra quien se sale del guion y se decide a denunciar la corrupción”. “La ciudadanía de L'Hospitalet merece otra respuesta del PSC. La ciudadanía de L'Hospitalet merece explicaciones de todo lo que ha pasado”, apostilla.

Sostiene Graells que en sus décadas de militancia ha mantenido una “lealtad incuestionable” con el partido, pero que el PSC lo ha condenado “al más injusto de los ostracismos” por haber denunciado la corrupción en el Consell. “Todo ello es lamentable para mí. Es el mundo al revés”, zanja Graells.

El sumario del caso pone de manifiesto el enfrentamiento que dos de los principales acusados del caso, los exediles Cristian Alcázar y Cris Plaza, mantuvieron con Graells después de que denunciara el desvío de fondos del Consell para gastos particulares como cenas o libros. El enfrentamiento llegó hasta las asambleas del PSC de L'Hospitalet. En una de ellas, desvelada por elDiario.es y celebrada telemáticamente durante la pandemia, Alcázar tildó a Graells de “impresentable” y le exigió que cortara el micrófono.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la jueza archivar la causa contra la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, al no apreciar que hiciera caso omiso de la denuncia interna de desvío de fondos en el Consell Esportiu de la ciudad para gastos particulares de dirigentes socialistas.

La alcaldesa fue imputada en la causa del Consell Esportiu no por participar del desvío de subvenciones atribuido a varios cargos socialistas de L'Hospitalet y que han llevado a la dimisión de su delfín, Cristian Alcázar. La juez investiga a Marín por supuestamente omitir las irregularidades en el Consell que le comunicó el concejal socialista Jaume Graells en 2020, extremo que la alcaldesa negó con contundencia al pedir el archivo del caso.

A juicio del fiscal anticorrupción Luís García Cantón, Marín “actuó sin ningún ánimo de ocultación” de las irregularidades en el Consell y “sin hacer dejación de sus funciones que supusieran obstáculo alguno para su investigación”.

En su escrito, el fiscal expone que para que se dé la omisión del deber de perseguir delitos es preciso que la persona que recibe la denuncia de irregularidades no haga movimiento alguno para investigarlas. Esto no ocurrió, argumenta el fiscal, en el caso de Marín, quien tuvo conocimiento del caso por boca del concejal Graells y encargó una auditoría en el Consell, además de instar al edil a denunciar los hechos ante la Policía.

“La actitud, comportamiento y decisiones” de Marín, argumenta el fiscal, “no pueden tener encaje en la idea de una dejación de funciones patente, manifiesta y total”. El fiscal relata que tras escuchar a Graells y mantener una conversación “con los posibles responsables de las irregularidades”, Marín ordenó una auditoría de las cuentas del Consell, “cumpliendo con la obligación de controlar el buen fin de las subvenciones concedidas”.

El relato de la actuación de Marín que realiza el fiscal se asemeja al expresado por la alcaldesa en una asamblea del PSC de L'Hospitalet desvelado por elDiario.es. A principios de febrero de 2020, Graells solicitó a Marín una reunión, celebrada al día siguiente, en la que el concejal mostró a la alcaldesa “documentación en la que se constatarían las irregularidades cometidas” por otros cargos socialistas en el Consell.

Pocos días después, continúa el fiscal, Marín pidió explicaciones a dos de los exconcejales socialistas imputados por el desvío de fondos, Cristian Alcázar y Cris Plaza, quienes negaron ante la alcaldesa cualquier irregularidad en su gestión. “A la vista de la contradicción de las versiones ofrecidas”, resuelve el fiscal, la alcaldesa decidió ordenar una auditoría “con el fin de esclarecer la veracidad de los hechos de los que fue informada”.

Agrega además el fiscal que el encargo de la auditoría “pareció tranquilizar” a Graells, que a finales de febrero escribió a Marín: “Ya se ha encargado la empresa para auditar. Por fin. Ahora hay que hacer el encargo y seguimiento. Yo participo en el tema”.

No fue hasta junio que Graells envió a Marín los documentos del Consell que le había enseñado en febrero. Pero lo hizo un mes después de denunciar los hechos a la Policía, por lo que Marín respondió que reenviaría los papeles al juzgado “que es donde tiene que estar esta documentación y no circulando por correos electrónicos”. El fiscal destaca que reenviando los papeles al juzgado Marín “adoptó la única decisión que le era exigible” al estar ya judicializada la causa.

Crítica del fiscal a la UDEF

“No hay un solo dato que permita deducir”, concluye el fiscal, que por parte de Marín “se actuó en flagrante o evidente contradicción con el Derecho, ni en la omisión de trámites en los distintos expedientes de subvención (sobre los que, por otra parte, no tenía ninguna competencia) ni en la adopción de resolución alguna, puesto que ninguna aparece en los expedientes tramitados”.

Es más, el fiscal reprocha a la Policía que apuntara “sin llegar a hacerlo con total claridad” a mayores grados de responsabilidad penal de Marín por prevaricación y malversación con el único argumento de que su condición de alcaldesa la hacía “máxima responsable” de todas las decisiones del Ayuntamiento.

Este razonamiento policial, advierte el fiscal García Cantón, es “excesivo” y entraña el peligro “de convertir a cualquier primer edil en blanco, por presunción extensiva, de las denuncias contra cualquier autoridad o funcionario de ámbito local a falta de indicios que permitan deducir lo contrario”.

La petición sobre Marín se produce en la pieza principal del caso Consell Esportiu, que todavía tardará unos meses en cerrarse y saberse si va a juicio o se archiva por completo. Sí se sentarán en el banquillo, en una pieza separada del caso, Alcázar y otro exconcejal socialista que dimitió, Cris Plaza, por . La Fiscalía pide para ambos cuatro años y medio de cárcel.

Recta final de la investigación

A la espera de la decisión de la jueza sobre el archivo de la causa para Marín, el caso Consell Esportiu encara la recta final de la investigación. Aunque todavía habrá que esperar varios meses para su resolución definitiva, a la instrucción del caso le queda por practicar, a grandes rasgos, una sola prueba clave. Se trata del informe pericial de la Intervención General del Estado sobre las subvenciones percibidas por el Consell Esportiu entre los años 2016 y 2019.

En un escrito, el fiscal ha pedido excluir del informe pericial las subvenciones percibidas por la entidad por parte de la Diputación de Barcelona y la Generalitat, y ha solicitado que el análisis se centre en las ayudas recibidas únicamente desde el Ayuntamiento de L'Hospitalet. Argumental el fiscal que no hay “indicio alguno” de irregularidades en las subvenciones otorgadas por la Generalitat y la Diputación.

Con su petición, el fiscal acota una investigación que los sucesivos informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Barcelona habían ampliado hasta la totalidad de los ingresos y gastos del Consell. En una velada referencia a las intenciones policiales, el fiscal García Cantón recalca que ir más allá del análisis de las subvenciones del Ayuntamiento al Consell conduciría a “indeseables investigaciones prospectivas que carecen de cabida” en el derecho procesal penal.

Remarca además el fiscal que la investigación del caso se centra “no tanto en la legalidad de la vía elegida para conceder la subvención anual”, sino en la posibilidad de que esas ayudas “pasaran a engrosar el patrimonio privado de alguna de las personas investigadas, aprovechando su posición de privilegio” dentro del Consell Esportiu. Es decir, en un desvío de fondos del Consell para gastos particulares de los cargos socialistas investigados.

En consecuencia, para el fiscal, la prueba pericial debe aclarar si está documentada la justificación de las subvenciones, si se ha acreditado que se cumpliera el objetivo de las mismas y si se han aportado facturas u otras pruebas válidas acerca del destino de las ayudas. También pide el fiscal que en la pericial se determinen las cantidades percibidas por el Consell Esportiu de l'Hospitalet que “se hayan podido destinar a fines distintos a los previstos” y se averigüe si el Ayuntamiento, como órgano que concedió las ayudas, comprobó la “adecuada justificación” de las mismas y la realización de la actividad subvencionada.

El concejal socialista y primer secretario del PSC de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Cristian Alcázar, ha dimitido de sus cargos públicos y en el partido tras ser acusado formalmente por la Fiscalía de estafar al Consell Esportiu de su ciudad para que otro exedil socialista cobrara una indemnización por despido fraudulenta.

En un comunicado, el PSC de L'Hospitalet ha indicado que Alcázar dimite “para concentrarse en su defensa” en el primero de los juicios que afronta por el caso Consell Esportiu, en el que Anticorrupción le pide cuatro años y medio de prisión por estafa. El exedil ha querido reiterar su inocencia y ha agregado que su dimisión busca “disipar cualquier duda sobre su gestión en el Consell Esportiu, el consistorio y en favor del PSC”.

Con la renúncia de Alcázar, el caso Consell Esportiu, que investiga el presunto desvío de fondos de la entidad deportiva por parte de políticos socialistas de L'Hospitalet, se cobra su segunda dimisión política, pero de mayor calado que la primera, el exedil Cris Plaza. Alcázar era el jefe del PSC en L'Hospitalet y un peso pesado del partido, además del considerado sucesor natural de Núria Marín en la segunda ciudad de Catalunya.

Según el fiscal, Alcázar y el exedil socialista Cris Plaza, quien también dimitió por el caso Consell Esportiu, “concertaron sus voluntades” con el objetivo de que el segundo “obtuviera un indebido beneficio económico” con la excusa de poner fin a la relación laboral que le unía con el ente deportivo, donde era director técnico administrativo.

El Consell pactó con Plaza una indemnización por despido por importe de 47.147,62 euros que le fue abonada siete meses después y fue autorizada por Alcázar. Tanto el acuerdo de despido como el pago de la indemnización se realizaron “a espaldas” del Ayuntamiento –que junto a la Generalitat nutre al Consell con subvenciones– y de los órganos de gobierno y la asamblea del propio ente deportivo. El objetivo de esta opacidad, mantiene el fiscal, era que ambos acusados querían “privar de la información a los organismos con la intención de mantener una situación de normalidad”.

La salida de Plaza del Consell, de hecho, fue solo temporal. Dos años después volvería al Consell como vocal del ente pese a exponer en una carta a sus amigos en 2016 que ponía “punto y aparte a su vinculación con el deporte” y celebrar cuatro actos de despedida del Consell. Ambas circunstancias “se compadecen mal con una situación de despido”, observa el fiscal. En 2019, “como colofón”, Plaza fue nombrado presidente del Consell tras conseguir el acta de concejal por el PSC.

La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, ha defendido el “pacto de éxito” entre el PSC y Junts que gobierna en el ente provincial, y se ha abierto a extrapolarlo a la Generalitat. “¿Por qué no? Ojalá pudiera haber un pacto en que posiciones diversas pudieran trabajar juntas”, ha aseverado Marín.

La eventual sociovergencia en la Generalitat sobrevuela política catalana desde que hace unas semanas Junts desautorizara a la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró por plantear esta posibilidad, que rompería la política de bloques y pactos entre independentistas que ha dominado la última década.

En el desayuno organizado por el Fórum Europa-Tribuna Catalunya, Marín ha recordado que desde la Diputación se han encargado de que “no se pierda ningún proyecto estratégico” durante la pandemia y que se puedan aprovechar los recursos extraordinarios, sobre los cuales ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su esfuerzo para obtenerlos.

El pacto con Junts en la Diputación, ha incidido Marín, costó mucho y generó mucho “interés mediático”, pero lo ha defendido como un “pacto de éxito” porque, según ella, funciona y trabajan por lo que les une dejando de lado lo que les separa.

Por otro lado, Marín se ha mostrado “convencida” de que no irá a juicio por no investigar el caso de presunto desvío de fondos en el Consell Esportiu de L'Hospitalet, y que podrá repetir como candidata en las próximas elecciones municipales. “No se producirá este juicio oral, estoy convencida. Por eso estoy convencida de que seré la candidata. Yo me presentaré, lo tengo clarísimo”, ha defendido.

La alcaldesa ha asegurado que está tranquila y ha recordado que ha pedido el archivo de la causa y que ha estado a disposición de la justicia desde el primer momento: “El tiempo de la justicia es más lento de lo que a mi me gustaría. Confío plenamente en que esto se resolverá”.

En cuanto a la preparación de las municipales de 2023, ha sostenido que actualmente la preocupación principal es seguir gobernando y gestionar e impulsar los proyectos que tiene en marcha en la ciudad: “Ya hablaremos de las próximas municipales. Todavía es pronto”.

Sobre la inmersión lingüística en Catalunya, ha opinado que la ley ha sido útil y que se debe respetar, y ha defendido que los alumnos de L'Hospitalet puedan aprender catalán en la escuela para garantizar la igualdad de oportunidades, aunque ha lamentado que se haya “politizado” la lengua, lo que ha calificado de error garrafal.

Marín ha repasado los proyectos que L'Hospitalet tiene en marcha para reactivar la economía, como el plan director Biopol Gran Via para impulsar el clúster biomédico de Bellvitge (con el que prevé crear 8.000 nuevos empleos), el soterramiento de los 6 kilómetros de las vías de las líneas de Vilanova y Vilafranca a su paso por la ciudad, y el traslado de la subcentral eléctrica de Collblanc, entre otros.

“Transformaremos más de un millón de metros cuadrados para destinarlos a espacio público, a zonas verdes y a atraer economía y generar ocupación”, ha asegurado la alcaldesa, que ve esta actuación como una transformación de éxito destinada a ofrecer soluciones.

Al desayuno informativo también han asistido el expresidente de la Generalitat, José Montilla; el primer secretario del PSC, Salvador Illa, y el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otros.

Movimiento de la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, en el caso Consell Esportiu. La dirigente socialista ha pedido a la jueza el archivo del caso en un escrito en el que carga contra los “equívocos” y la “infundada y genérica” atribución de delitos que, a su juicio, realiza contra ella la Policía Nacional.

El escrito del letrado de Marín, Fermín Morales, ofrece la misma versión de los hechos que la alcaldesa, cuando fue imputada, trasladó a los medios y a la militancia del PSC de su ciudad en un vídeo desvelado por este diario. Marín defiende que cuando el concejal Jaume Graells le informó de las irregularidades en el Consell llevó a cabo “numerosas actuaciones preventivas” para esclarecer los hechos, y que en ningún momento privó al edil de presentar una denuncia si así lo consideraba oportuno.

Marín no está imputada por el desvío de fondos del Consell como sí lo están otros concejales y dirigentes del PSC de L'Hospitalet, sino por encubrir las supuestas irregularidades. Pero la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía además mantiene que Marín participó de la malversación investigada ya que como alcaldesa “es quien autoriza” las subvenciones del consistorio al Consell.

La defensa de Marín alega que esta conclusión de la Policía es “errónea” y está basada en “equívocos”, por lo que resulta “infundada” y “genérica”. Aporta la defensa documentos y un dictamen pericial para demostrar que Marín “no ostenta competencias en relación con el control de las subvenciones” y que su relación con el Consell –formalmente una entidad privada, pero que se nutre de subvenciones públicas– es “estrictamente institucional”. Marín, recalca la defensa, no tiene competencias para “intervenir en el otorgamiento de subvenciones”, ni al Consell ni a ninguna otra entidad.

Respecto a sus gestiones tras conocer las irregularidades, Marín subraya que se reunió con Graells el mismo día –3 de febrero del 2020– que el edil le pidió verse a través de un whatsapp. Al contrario de lo que mantiene Graells, que acusa a la alcaldesa de hacer caso omiso a sus denuncias, Marín expone que siempre se puso “a su disposición”, y que siempre quiso contar en las reuniones con la presencia de la secretaria municipal, máxima autoridad legal del Ayuntamiento, al tratarse de “cuestiones de orden legal”.

Relata también el escrito que tras reunirse con los otros concejales implicados –Cristian Alcázar, que sigue en el cargo, y Cris Plaza, quien dimitió– Marín obtuvo una “versión contradictoria” de los hechos de la realizada por Graells. Ambos concejales aseguraron que las denuncias de Graells respondían a “conflictos de índole personal y sentimental” y no de gestión del Consell.

En suma, ante las dos versiones contradictorias “y sin capacidad para operar desde la alcaldía” en esta cuestión al tratarse de una entidad privada, Marín resolvió que debía encargarse una auditoría en el Consell y una revisión de todas las subvenciones municipales. La intervención municipal respondió que “todo estaba correcto”, remarca el escrito.

La Policía Nacional ha hallado “irregularidades que se repiten de modo continuado” desde el año 2015 en las subvenciones que ha otorgado el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) al Consell Esportiu de la ciudad, por valor de unos 210.000 euros anuales. Los agentes mantienen que tanto los responsables del ente como del consistorio –que en algunos casos eran las mismas personas– actuaron con “dejadez” y “negligencia”.

Las conclusiones de la Policía se plasman en un informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, que forma parte del sumario del caso Consell Esportiu. La causa nació a partir de una denuncia de un concejal socialista contra sus compañeros de partido. En un primer momento los agentes constataron desviaciones de dinero hacia gastos indebidos, como una falsa indemnización por despido o libros de autoayuda. Tras incautarse de abundante documentación en los registros ordenados por la jueza, el análisis se enfocó también hacia los ingresos del Consell Esportiu.

La repetición de las irregularidades lleva a los investigadores a definir al “entramado” formado por el Ayuntamiento y el Consell como “una organización criminal en el ámbito de la concesión de dinero público”. Se basan los agentes en un “modus operandi” que se ha repetido “año tras año”.

Las defensas niegan cualquier actuación delictiva. En su última declaración judicial antes de Navidad, los tres principales implicados del caso, el actual teniente de alcalde del PSC, Cristian Alcázar, el director del Consell, Eduard Galí; y el exconcejal Cris Plaza defendieron su gestión y descargaron las responsabilidades en el contable de la entidad, ya fallecido, en una trabajadora del Consell y en el edil que denunció el caso, Jaume Graells.

La Policía en cambio señala el “actuar arbitrario” de Alcázar, Galí y Plaza como la causa de que los presupuestos del Consell fueran “falsos, incompletos o inexactos” y no reflejaran la realidad económica de la entidad.

Los investigadores evitan situar en esta parte de la trama a la alcaldesa, Núria Marín, imputada por presuntamente haber hecho caso omiso a las advertencias sobre las irregularidades denunciadas por Graells. La alcaldesa negó la mayor y alegó que impulsó una auditoría en el ente. Pero los investigadores insisten en “una cierta colaboración y/o connivencia” con la trama de Marín y al exsecretario catalán del Deporte Gerard Figueras, en base a unos mensajes entre Galí y Plaza en los que éste último asegura que “Gerard llamará a Núria y pasará un informe positivo sobre nuestras rendiciones de cuentas”. El teléfono móvil de Marín, que debería servir para corroborar o desmentir las sospechas, está siendo todavía objeto de análisis.

El informe divide las irregularidades en tres grandes grupos. El Consell, destaca el informe, percibió subvenciones municipales pese a que ocultó al consistorio su realidad económica, ya que entre los años 2015 y 2020 aprobó en asamblea unas cuentas distintas a las que entregaba a la autoridad catalana del deporte. Los agentes señalan además peticiones de fondos “discordantes” con los gastos reales para actividades deportivas y una “redistribución” de las subvenciones en gastos particulares como dietas, viajes o libros que nada tienen que ver con el deporte y que el consistorio no auditó.

Se llega al extremo, apunta el informe, de que miembros de la comisión directiva del Consell Esportiu designados por el consistorio también eran las personas que luego, desde el Ayuntamiento, eran los responsables de controlar y auditar las subvenciones otorgadas. Todo ello hace que los agentes señalen tanto al consistorio de Núria Marín como al Consell –una entidad privada sufragada en su mayoría por subvenciones– por su “dejadez” y “negligencia” a la hora de rendir cuentas y comprobar y fiscalizar el correcto funcionamiento del ente.

Es más, el informe asegura que funcionarios y el técnicos del área de Bienestar Social y de la intervención económica del Ayuntamiento actuaron como “cooperadores necesarios” del sistema de petición de subvenciones fraudulentas al realizar los informes necesarios para “justificar la realidad documental” aportada por el Consell Esportiu y porque no realizaron las funciones de control del dinero.

Entre la documentación analizada por los investigadores figura un documento titulado “informe técnico–desvío de gasto” firmado por el exconcejal Cristóbal Plaza al pedir la subvención, quien dimitió a raíz del estallido del caso, en el que se piden disculpas por los “diversos errores” en la confección del presupuesto, que se realizó, en palabras del exedil, mediante un “planteamiento global erróneo”. Pese al reconocimiento de errores, la subvención se concedió igualmente.

Correos para “amañar” facturas

Al margen de la documentación del propio Consell, para llegar a sus conclusiones los investigadores también se basan en correos electrónicos intervenidos por orden judicial a Galí. Los 'e-mails' que envió y recibió Galí llevan a los agentes a concluir que el Ayuntamiento de L'Hospitalet subvencionó al Consell por facturas “que en muchas ocasiones no atendieron a un servicio concreto, sino que se amañó o adecuó la necesidad de justificación de un gasto de modo arbitrario”.

Para muestra, el intercambio de correos entre Galí y una trabajadora del Ayuntamiento en noviembre de 2018. En los mensajes, la técnica y Galí tantean opciones para “justificar facturas”. “Esta factura sube a 1.571,64 euros. ¿Podría encajar en las camisetas de los tutores de juego o algo similar? Aunque si me piden foto, mal... Dame alguna idea”, reza la petición de la técnica a Galí, para a renglón seguido apostillar: “Tenías disponible 2.500 euros en el marco del proyecto de deportes y valores. Nos quedan todavía 1.000 euros. ¿Tienes algo más? O me los gasto yo :-)”. Galí responde para tranquilizarla: “Noo jejeje! Ya me invento algo para justificar los 1.000 euros”.

El resultado, concluyen los investigadores, fue la “pasividad, permisividad o dejadez” del consistorio a la hora de controlar la información aportada por el Consell para justificar las subvenciones concedidas, unos datos que según la Policía “no se ajustan a la realidad” y no permiten conocer el coste real de los proyectos financiados con dinero público ni conocer si el ente ha obtenido beneficios y en un lucro personal de sus responsables no contemplado en sus estatus.

El informe también incluye la declaración como testigo ante los agentes del contable al que el Consell encargó revisar las subvenciones. En su comparecencia, el testigo concretó que su trabajo no fue una auditoría de las cuentas del Consell, sino que revisó si las facturas estaban debidamente pagadas y justificadas. La imputación de gastos a la subvención de 210.000 euros de 2018 se realizó mediante “un criterio subjetivo” del propio ente, según el contable, quien reiteró que su análisis no fue analizar la concesión de la subvención sino si el gasto se había pagado.

El líder del PSC, Salvador Illa, tomará oficialmente las riendas del partido este fin de semana con un Congreso extraordinario en el que sustituirá finalmente a Miquel Iceta. El exministro ha revelado este martes algunos de sus movimientos en la nueva cúpula del partido, como que ofrecerá al propio Iceta, su antecesor en el cargo y ministro de Cultura, ocupar la presidencia del PSC, un cargo de tipo honorífico y reservado para personas con especial ascendente en la formación.

A su vez, Illa propondrá que la presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, quede como vicepresidenta del PSC, después de haber ocupado la presidencia de la formación desde el año 2019. La alcaldesa había sido duda para formar parte de la nueva cúpula socialista por la causa judicial en la que está envuelta, en el caso Consell Esportiu, en el que está investigada, pero finalmente Illa ha optado por mantenerla en su círculo de confianza. 

El Congreso Extraordinario del PSC comenzará este sábado y contará, el domingo, con la presencia del presidente Pedro Sánchez. El principal punto de su agenda es ratificar a Illa como primer secretario y para escoger a la nueva Comisión Ejecutiva. Será el propio Illa quién deba revelar la estructura de su nuevo equipo y quién ocupará la poderosa secretaria de organización del partido que hasta ahora ha ocupado el propio líder del PSC.

El caso del Consell Esportiu de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) se reactiva. La jueza ha vuelto a citar a los principales implicados del caso en relación a un crédito bajo sospecha que pidió la entidad. Pero la causa se encuentra a la espera del análisis policial del móvil de la alcaldesa de L'Hospitalet y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, el elemento clave para determinar el grado de implicación de la política socialista en las irregularidades denunciadas.

No ocurre siempre que un político entregue de forma voluntaria su teléfono a la Policía. Pero así ocurrió hace un año, cuando Marín acudió a la comisaría de la Policía Nacional de La Verneda, en Barcelona. Todavía no había sido citada como imputada por la jueza del caso. Dos semanas después la magistrada acordó la citación de Marín y autorizó el volcado de su teléfono móvil.

Fuentes del caso confirman que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, comisionada como policía judicial de la causa, todavía no ha remitido el informe sobre el teléfono de Marín. La jueza cree que Marín “habría ayudado” a los investigados –buena parte de ellos concejales y cargos vinculados al PSC de L'Hospitalet– a “evitar” que se descubriera la apropiación de fondos y la falsificación de documentos en el Consell mediante “una conducta omisiva y pasiva” cuando el edil socialista Jaume Graells le trasladó las irregularidades en el Consell.

Los mensajes y el contenido del móvil de Marín deben servir para confirmar si, efectivamente, la alcaldesa contribuyó a tapar el caso o si, como sostiene la dirigente socialista, tras escuchar la denuncia de Graells encargó una auditoría interna.

El papel de Marín en la trama es la pieza de mayor relevancia política de una investigación que se se sigue por los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Se investiga el desvío de subvenciones públicas del Consell Esportiu, una entidad privada dedicada a la promoción del deporte escolar pero que también se nutre de subvenciones públicas, cuya comisión directiva está formada por seis personas designadas por el consistorio y otras seis elegidas por las escuelas y clubes deportivos de la ciudad.

Mientras no llega el informe sobre el teléfono de Marín, la jueza que lleva el caso ha enfocado las pesquisas hacia una línea de crédito de 25.000 euros y un aval de 3.680 que supuestamente se pidieron sin pasar por la asamblea del Consell, al contrario de lo que marcan los estatutos de la entidad, y falsificando una acta.

En el primer registro a las oficinas del Consell, en junio de 2020, los agentes encontraron documentación sospechosa sobre una línea de crédito y un aval para los servicios de arbitraje en un campeonato deportivo escolar organizado por el Ayuntamiento de Cornellà (Barcelona) en el año 2018. Ello provocó la segunda detención del expresidente del Consell, Eduard Galí, el pasado mes de febrero. El teniente de alcalde y primer secretario del PSC de l'Hospitalet de Llobregat, Cristian Alcázar, aparece en la póliza del aval y en el crédito ante una entidad bancaria como representante del Consell.

Alcázar y Galí volverán a declarar como investigados sobre la línea de crédito el próximo 20 de diciembre. En la misma fecha lo hará Cristóbal Plaza, el concejal socialista de L'Hospitalet que dimitió tras ser investigado por supuestamente cobrar una indemnización de 47.147 euros en concepto de despido del Consell Esportiu cuando en realidad su salida ya estaba pactada con anterioridad. Todos ellos ya declararon por los gastos irregulares detectados en el Consell.

Diez días antes de que los principales investigados del caso vuelvan al juzgado, declararán, como investigados, cinco ex miembros de distintas comisiones del Consell, también en relación con la póliza de crédito. En paralelo la jueza ha requerido decenas de acuerdos, actas y documentación del Consell sobre las subvenciones otorgados a la entidad. El caso Consell Esportiu está lejos de cerrarse.

La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, la socialista Núria Marín, ha negado ante la jueza que fuera pasiva ante el presunto desvío de fondos en el Consell Esportiu de la ciudad denunciado por un concejal del PSC, y ha asegurado que actuó “muy rápidamente” ante unos hechos que le generaron “preocupación”.

Ante la magistrada del juzgado de instrucción 2 de L'Hospitalet ha comparecido este viernes Marín, dos días después de que el todavía concejal del PSC en el municipio que destapó el caso, Jaume Graells, ratificara ante la jueza sus acusaciones contra la alcaldesa, señalándola por “traición” y “pasividad” ante el escándalo. Graells corroboraba así la tesis que la magistrada expuso en el auto de imputación de Marín del pasado mes de enero: según la jueza, Marín “habría ayudado” a los investigados a “evitar” que se descubriera la apropiación de fondos y la falsificación de documentos mediante “una conducta omisiva y pasiva” cuando Graells le trasladó las irregularidades en el Consell.

Según fuentes presentes en la declaración, Marín, que ha contestado a las preguntas de todas las partes, ha explicado que el mismo día en que Graells le trasladó su denuncia, el 3 de febrero del año pasado, le respondió que activaría “de forma inmediata” una auditoría interna en el Consell. En cambio, según la versión de Graells, Marín no quiso ni ver los documentos que le entregó, y le tuvo que reiterar en otras ocasiones que no se estaban investigando los hechos. En lo que las versiones no difieren es que finalmente el encargo de la auditoría se formalizó a principios de marzo, justo antes de la declaración del estado de alarma. Es decir, poco más de un mes después de la primera reunión entre Graells y Marín.

El lapso de más de un mes también se explica por la especial naturaleza jurídica del Consell Esportiu de L'Hospitalet, que es una entidad privada pero financiada con fondos públicos dedicada a la promoción del deporte escolar, por lo que formalmente el Ayuntamiento no puede encargar una auditoría, sino que debía hacerlo la junta directiva de la entidad. En cualquier caso, Marín ha asegurado que los servicios jurídicos municipales revisaron las subvenciones otorgadas por el consistorio y no hallaron irregularidad alguna.

La jueza investiga si el exconcejal de Deportes y expresidente del Consell, Cristóbal Plaza, quien dimitió en diciembre, destinó a fines particulares algunas de las ayudas que gestionó y justificó las subvenciones concedidas mediante documentación falsa. Además de Marín como presunta encubridora, están investigados una quincena de personas, la mayoría vinculados al PSC, como el propio Plaza o el teniente de alcaldía de L'Hospitalet, Cristian Alcázar.

Los dos principales sospechosos del caso habrían ocultado más 400.000 euros a la asamblea del Consell Esportiu –donde el ayuntamiento tiene a cinco representantes– en sus cuentas de 2019 al presentar una presunta doble realidad contable con 900.000 euros, destinando el dinero a gastos personales. Al validar supuestamente sin control la realidad contable de estos 900.000 euros en la asamblea, la Policía Nacional, que es la policía judicial del caso, sospecha que se posibilitó la concesión de subvenciones públicas por mayor importe que las que habrían correspondido en 2019, en concreto 114.000 euros por parte del Consejo Catalán del Deporte y 250.000 por el consistorio de L'Hospitalet.

Por ello también está imputado el secretario del deporte de la Generalitat, Gerard Figueras (Junts), que también ha declarado este viernes y ha explicado que tampoco halló irregularidades en el dinero que la secretaría aportaba al Consell. Es más, Figueras ha destacado que los presupuestos que el Consell entregaba a la Generalitat eran “administrativamente impecables” y “justificadas”, además de desvincular a Marín del caso.

Las defensas del caso reconocen la existencia de una contabilidad doble, pero niegan que sea delictiva pues con ella no se ocultó ningún gasto. Y explican que así el Consell se ahorraba convocar otra asamblea para enviar las cuentas a la Generalitat, ya que históricamente la entidad solo se nutría de fondos del Ayuntamiento (los que sí se pasaban formalmente por asamblea) y no fue hasta los últimos años que recibió los fondos del Govern para el deporte. En suma, un error que, aseguran, ya ha subsanado de la Junta Directiva. Incluso las entregas de dinero en metálico a árbitros y monitores, alegan, quedaron reflejadas en los libros de cuentas.

La prueba del algodón no llegará hasta la prueba pericial contable que encargue la magistrada, a la que las defensas podrán replicar con su propio análisis. Y mientras la Policía Nacional seguirá nutriendo la causa de informes. Entre los que está pendiente destaca el referente al teléfono móvil de Marín.

Jaume Graells llega solo y puntual a los juzgados de L'Hospitalet de Llobregat. La soledad no es reciente: desde que hace un año denunció el desvío de fondos del Consell Esportiu de la ciudad, el concejal del PSC conserva el acta, pero asegura haber sido marginado por el partido. Graells lleva una carpeta llena de documentación, la misma que trasladó a la alcaldesa y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín y que este miércoles ha mostrado ante la jueza. No solo han sido papeles. Graells ha apuntado directamente a Marín, a la que ha acusado de “traición” y “pasividad” para investigar su denuncia.

La magistrada que investiga el caso ha centrado el interrogatorio de Graells en el papel de Marín cuando recibió la denuncia del concejal sobre la corrupción en el Consell. Y las respuestas que ha obtenido no son precisamente halagüeñas para la alcaldesa, que comparecerá el viernes como imputada. Según la magistrada, Marín “habría ayudado” a los investigados a “evitar” que se descubriera la apropiación de fondos y la falsificación de documentos mediante “una conducta omisiva y pasiva” cuando Graells le trasladó las irregularidades en el Consell. El concejal ha corroborado esta tesis.

Graells ha relatado a la jueza cómo desde el 3 de febrero de 2020 denunció a Marín la corrupción del Consell, trasladándole incluso documentación. Pero la respuesta que obtuvo fue “pasividad total” por parte de la primera edil, a la que Graells ha acusado de “traicionar su confianza”, según fuentes presentes en la declaración, hasta el punto de sentirse “marginado” por la propia Marín pese a formar parte del mismo partido. De hecho, las mismas fuentes han indicado que Graells ha testificado que nadie del Ayuntamiento quiso mirarse los documentos. Marín viene alegando que, aunque no inmediatamente, sí encargó una auditoría de la gestión del Consell un mes después de que Graells le pusiera en alerta.

La jueza investiga si el Consell Esportiu de L'Hospitalet –entidad privada pero financiada con fondos públicos dedicada a la promoción del deporte escolar que presidía el exconcejal de Deportes Cristóbal Plaza, quien dimitió en diciembre– destinó a fines particulares algunas de las ayudas que gestiona y justificó las subvenciones concedidas mediante documentación falsa. Además de Marín como presunta encubridora, están investigados una quincena de personas, la mayoría vinculados al PSC, como el propio Plaza o el teniente de alcaldía de L'Hospitalet, Cristian Alcázar.

Alcázar y Plaza, principales sospechosos de la trama, habrían ocultado 400.000 euros a la asamblea del Consell Esportiu –donde el ayuntamiento tiene a cinco representantes– en sus cuentas de 2019 al presentar una presunta doble realidad contable con 900.000 euros, destinando el dinero a gastos personales.

Al validar supuestamente sin control la realidad contable de estos 900.000 euros en la asamblea, la Policía Nacional, que es la policía judicial del caso, sospecha que se posibilitó la concesión de subvenciones públicas por mayor importe que las que habrían correspondido en 2019, en concreto 114.000 euros por parte del Consejo Catalán del Deporte y 250.000 por el consistorio de L'Hospitalet. Por ello también está imputado el secretario del deporte de la Generalitat, Gerard Figueras (Junts).

Entre la decena de testigos que han comparecido este miércoles también figura el auditor encargado de revisar las cuentas del Consell. Según las mismas fuentes, el auditor ha explicado que solo pudo revisar el 30% de la documentación (después la Policía Nacional se hizo cargo del caso). De los papeles que pudo ver, ha continuado, sí tiene la sospecha de que en el Consell había pagos sin justificar, pero no llegó a analizar las diferencias contables entre los números presentados a la asamblea de al entidad y los remitidos a la Generalitat para justificar las subvenciones ni tampoco la contratación irregular de personal.

La prueba del algodón no llegará hasta la prueba pericial contable que encargue la magistrada, a la que las defensas podrán replicar con su propio análisis. El resto de testigos, voluntarios para organizar las actividades deportivas de L'Hospitalet, ha servido para constatar el descontrol en el manejo del dinero en efectivo del Consell: algunos han declarado que cobraban para poner vallas y organizar circuitos, pero otros no pese a realizar la misma actividad, han explicado las citadas fuentes.

Tras declarar ante la Policía en diciembre, tanto el PSOE como el PSC –partidos de los que Marín es vocal y presidenta, respectivamente– cerraron filas con la alcaldesa de L'Hospitalet y negaron que estuviera implicada en las irregularidades cometidas presuntamente por miembros de su equipo de gobierno en el consistorio. Marín ha reiterado que quiere comparecer para dar explicaciones a la jueza. Su turno llega este viernes.

La jueza que investiga el presunto desvío de fondos del Consell Esportiu de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha citado a declarar como imputados a la alcaldesa de la ciudad y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín (PSC); al secretario de deportes del Govern catalán, Gerard Figueras (JxCat); y al teniente de alcaldía de L'Hospitalet, Cristian Alcázar (PSC). La causa está abierta por los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

La magistrada ha citado a Marín para el próximo 9 de abril, ha adelantado SER Catalunya y han confirmado a elDiario.es fuentes cercanas a la alcaldesa. Marín ya declaró durante unas tres horas ante la Policía Nacional el pasado mes de diciembre, y a la salida de comisaría explicó que rechazaba dimitir y que pediría declarar ante la magistrada.

En el auto de imputación, al que ha tenido acceso este diario, la jueza cita a Marín, Figueras, Alcázar y otra investigada para el 9 de abril; a otros ochos investigados para el 8 de abril; y a diez testigos, entre ellos el concejal socialista que denunció el caso, Jaume Graells, para el 7 de abril. En la resolución la magistrada decide citar a los imputados y a los testigos después de que hayan declarado ante la Policía, interrogatorios que la magistrada define como “declaraciones en sede policial que quedan abarcadas por las funciones investigadores que le han sido encomendadas” a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

La jueza indica que Marín “habría ayudado” a los investigados a “evitar” que se descubriera la apropiación de fondos y la falsificación de documentos mediante “una conducta omisiva y pasiva” cuando Graells le trasladó las irregularidades en el Consell. Según la magistrada, Marín y Figueras habrían intentado “ocultar los hechos y evitar su descubrimiento orquestando una maniobra para aparentar frente a terceros una correcta actuación de los investigados y asilar y excluir de la entidad deportiva” a Graells. Además de su citación como investigada la magistrada ha acordado autorizar a la Policía a analizar los archivos del teléfono móvil de Marín.

La jueza investiga si el Consell Esportiu de L'Hospitalet –entidad privada pero financiada con fondos públicos dedicada a la promoción del deporte escolar que presidía el exconcejal de Deportes Cristóbal Plaza, quien dimitió en diciembre– destinó a fines particulares algunas de las ayudas que gestiona y justificó las subvenciones concedidas mediante documentación falsa.

Alcázar y Plaza, principales sospechosos de la trama, habrían ocultado 400.000 euros a la asamblea del Consell Esportiu –donde el ayuntamiento tiene a cinco representantes– en sus cuentas de 2019 al presentar una presunta doble realidad contable con 900.000 euros, destinando el dinero a gastos personales.

Al validar supuestamente sin control la realidad contable de estos 900.000 euros en la asamblea, la Policía Nacional, que es la policía judicial del caso, sospecha que se posibilitó la concesión de subvenciones públicas por mayor importe que las que habrían correspondido en 2019, en concreto 114.000 euros por parte del Consejo Catalán del Deporte y 250.000 por el consistorio de L'Hospitalet.

Tras declarar ante la Policía en diciembre, tanto el PSOE como el PSC –partidos de los que Marín es vocal y presidenta, respectivamente– cerraron filas con la alcaldesa de L'Hospitalet y negaron que estuviera implicada en las irregularidades cometidas presuntamente por miembros de su equipo de gobierno en el consistorio.

La declaración la semana pasada ante la Policía Nacional de la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, provocó una réplica del terremoto en la agrupación local del PSC que causó el estallido del caso antes del verano. En una tensa asamblea, a cuya grabación ha tenido acceso elDiario.es, las dos partes enfrentadas solo llegaron a una conclusión: la alcaldesa no puso trabas a que el concejal de Educación, el socialista Jaume Graells, denunciara las irregularidades presuntamente cometidas por dos compañeros de partido y de consistorio, el segundo teniente de alcalde y primer secretario del PSC de L'Hospitalet, Cristian Alcázar, y el concejal adjunto de Deportes, Cristóbal Plaza.

Una jueza de L'Hospitalet investiga si Plaza, Alcázar y otros representantes de la entidad ocultaron 400.000 euros a la asamblea del Consell Esportiu en sus cuentas de 2019 para pagar gastos personales. El caso del Consell Esportiu, destapado por Nació Digital, llegó a los tribunales tras una denuncia de Graells, y acumula de momento trece investigados por malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

La jueza ha permitido a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Barcelona a llevar a cabo varias pesquisas, entre ellas el interrogatorio en comisaría de Marín, y espera recibir un informe de la Policía antes de decidir los próximos pasos. En la declaración, que se alargó tres horas, los agentes insistieron en saber si Marín conocía las irregularidades investigadas. La jueza todavía no ha imputado formalmente a la alcaldesa, que también es presidenta de la Diputación de Barcelona.

A la espera de la evolución judicial de la causa, el vídeo de la asamblea telemática del PSC de L'Hospitalet del pasado martes constata el enfrentamiento entre Graells y Alcázar. Éste último llega a tildar a su compañero de partido de “impresentable”.

La asamblea empieza con una cronología de Marín sobre el caso. Tras recibir en febrero versiones “contradictorias” de denunciantes y denunciados y constatar que el Ayuntamiento no puede intervenir directamente porque el Consell es un ente privado, Marín explica que a finales de febrero decidió que sería la propia entidad la que encargaría una auditoría. Unos días después, continúa la alcaldesa, Graells fue a verla a su despacho y le trasladó que, por recomendación de su abogado, iba a denunciar las irregularidades detectadas.

“Tú haz lo que consideres que tienes que hacer”, fue la respuesta de Marín a Graells, según la alcaldesa, una versión que el concejal corrobora en la asamblea minutos después. “Lo que ha apuntado la alcaldesa responde plenamente a la realidad”, indica Graells en dos ocasiones, para a renglón seguido justificar a sus compañeros de partido la denuncia ante la Policía que interpuso el mes de mayo: “Si no denunciaba podría entrar en delitos de prevaricación y tal, cualquier cargo público que detecta irregularidades tiene la obligación de denunciarlo, que es lo que yo he hecho”. La alcaldesa también explica a la militancia que remitió “a la autoridad judicial” un correo con documentación del Consell que le envió Graells.

La auditoría encargada por el Consell quedó frenada por la judicialización del caso. Graells no esconde su enfado y decepción con el PSC, que considera que no le ha apoyado en su denuncia contra la corrupción de sus compañeros. “A mí no se me ha dado credibilidad y en muchos ámbitos se ha tomado en broma el tema”, lamenta el concejal. Las irregularidades en el Consell que denunció, abunda Graells en la asamblea, son “inadmisibles políticamente y éticamente”. “Tendrían que tener ya unas responsabilidades políticas evidentes”, apostilla, sin mencionar a los otros dos concejales.

Tras la publicación de esta información, Graells se ha puesto en contacto con elDiario.es para indicar que, además de por recomendación de su abogado, informó a Marín de que iba a denunciar porque el Consell no arrancaba la auditoría, y que finalmente sí denunció los hechos unas semanas después. El concejal ha agregado que dio la misma versión ante la Policía.

La asamblea continúa con alusiones veladas a que la denuncia de Graells se explica por el proceso de primarias para liderar el PSC de L'Hospitalet, que venció Alcázar el pasado mes de febrero por un estrecho margen frente a su suegro, Fran Belver, y por cuestiones “personales” que afectan a la familia del concejal denunciante. Graells ha dimitido como teniente de alcaldía pero no ha dejado su acta de concejal. Quien sí dimitió el pasado fin de semana fue Cris Plaza, investigado por supuestamente cobrar una indemnización de 47.147 euros en concepto de despido del Consell Esportiu cuando en realidad su salida ya estaba pactada con anterioridad.

Graells desmiente todas las tesis alternativas y remarca que la denuncia solo tiene que ver con las “irregularidades” que observó cuando entró durante el actual mandato en la dirección del Consell, una entidad privada pero que se nutre de subvenciones públicas y cuya comisión directiva está formada por seis personas designadas por el consistorio y otras seis elegidas por las escuelas y clubes deportivos de la ciudad.

La caja de los truenos se destapa definitivamente con la intervención de Alcázar. “No voy a dimitir porque no hay motivos”, empieza Alcázar, quien afirma que se apeará del cargo si observa que es un “obstáculo” para que el PSC mantenga la alcaldía de L'Hospitalet y obtenga un buen resultado en las elecciones catalanas de febrero. Alcázar llega a valorar su eventual dimisión como “una herencia del 'podemismo' que ahora gobierna con nosotros en España” consistente, a su juicio, en “pagar una parte de la culpa antes de saber si eres culpable o no”. “No estoy de acuerdo con esa presunción de inocencia”, remacha.

“Pues tienes muy poca visión política porque te tienes que ir”, replica Graells, a lo que Alcázar responde tildando a su compañero de partido de “impresentable” y pidiéndole que corte el micrófono. “Estoy hablando yo, esto no es Telecinco”, lanza Alcázar.

Alcázar tilda las razones expuestas por Graells para denunciar el caso de “excusa”. Ante la interpelación, Graells quiere replicar, pero Alcázar prosigue con su intervención y asegura que la segunda denuncia ante los tribunales del caso, que presentó ERC, eran “fotocopias guarrillas y seleccionadas” de papeles del ente y “una carta de supuestos familiares del Consell con distintas tipologías de letras como si estuviéramos en una película de la mafia”.  

Graells se queja de que le están cerrando el micrófono, a lo que Alcázar agrega: “Sí, es que hay un orden de palabras y esto es un partido político”. El teniente de alcalde acaba su intervención apelando a la “unidad” del PSC y con un llamamiento a “desterrar los temas que nos han tenido entretenidos este año” y centrarse en ganar las elecciones catalanas y reeditar la alcaldía de Marín en 2023. La asamblea finaliza sin que Graells pueda volver a intervenir. 

Las ejecutivas del PSOE y del PSC han cerrado filas con la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, después de que esta haya puesto sus cargos orgánicos a disposición del partido por unas presuntas irregularidades en el consejo deportivo de su ciudad, en las que niegan que esté implicada.

En sendas ruedas de prensa, tanto el portavoz socialista, José Luis Ábalos, como la viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados, han sostenido que no se ha acreditado a día de hoy un vínculo directo entre la alcaldesa y las presuntas irregularidades en el Consell Esportiu de L'Hospitalet, que es una entidad privada que recibe subvenciones públicas.

“Consideramos que no hay ningún caso que tenga que ver con Núria Marín”, ha defendido Granados, que ha subrayado el “máximo apoyo” de la dirección de los socialistas catalanes a la alcaldesa de la segunda ciudad más grande de Catalunya, informa EFE.

La semana pasada, Marín, que es presidenta del PSC y vocal del PSOE, declaró como ante los agentes de la Policía Nacional que intentan aclarar si el Consell Esportiu de L'Hospitalet destinó a fines particulares algunas de las ayudas públicas que gestiona y si justificó las subvenciones concedidas mediante documentación mendaz.

En las reuniones celebradas este lunes por la mañana, Marín ha trasladado todos los detalles de lo sucedido a las ejecutivas del PSOE y del PSC, que una vez escuchado su relato han decidido no tomar ninguna medida respecto a la también presidenta de la Diputación de Barcelona.

Granados ha restado importancia al hecho de que Marín haya puesto su cargo a disposición del partido porque se trata de un “formalismo” que recoge el código ético del PSC siempre que la justicia investigue a alguien del partido en relación con un presunto caso de corrupción.

La portavoz parlamentaria del PSC ha insistido en que, en este caso, Marín no está implicada de forma directa con el caso que se estudia. También Ábalos ha resaltado que hasta la fecha no hay indicios de una responsabilidad directa de Marín en el caso, aunque se ha reservado la opción de tomar medidas en un futuro, en función de cómo avance la investigación, pues “todavía no está claro en calidad de qué” va a estar investigada Marín.

La Policía Nacional ha interrogado este jueves a la alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, por las presuntas irregularidades económicas del Consell Esportiu de la ciudad denunciadas por un concejal socialista. La alcaldesa ha quedado en libertad tras declarar durante unas dos horas.

La declaración de Marín se ha producido en el marco de las pesquisas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Barcelona, comisionada como policía judicial del caso, y según la alcaldesa los agentes le han formulado “preguntas técnicas”. No obstante, la jueza no ha imputado a Marín en el caso, precisan fuentes judiciales.

En una rueda de prensa en la tarde de este jueves, Marín se ha mostrado “a disposición” de la jueza para declarar y ha cortado de raíz las peticiones de ERC y de los 'comuns' para que se aparte de sus cargos. “No dimitiré porque no hay motivos para ello”, ha zanjado la alcaldesa y alto cargo socialista, que ha asegurado que son los funcionarios del Consell Esportiu los que podrán dar más detalles sobre el funcionamiento del ente.

JxCat, que gobierna junto al PSC en la Diputación de Barcelona, ha descartado que Marín tenga que apearse del ente provincial por el caso del Consell Esportiu de su municipio.

La causa judicial que sigue el juzgado de instrucción número 2 de L'Hospitalet por los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias investiga una trama de supuesto desvío de subvenciones públicas del Consell Esportiu, una entidad privada dedicada a la promoción del deporte escolar, cuya comisión directiva está formada por seis personas designadas por el consistorio y otras seis elegidas por las escuelas y clubes deportivos de la ciudad.

Se investiga en concreto si algunos representantes de la entidad ocultaron 400.000 euros a la asamblea del Consell Esportiu en sus cuentas de 2019 al presentar una contabilidad paralela con 900.000 euros. La validación de la doble contabilidad. sospecha la Policía, permitió la concesión de subvenciones públicas por mayor importe que las que habrían correspondido, 114.000 euros por parte del Consejo Catalán del Deporte y 250.000 por el consistorio de L'Hospitalet.

En esta causa, han sido detenidas en los últimos meses trece personas, entre ellas dos concejales de L'Hospitalet y el secretario general de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras, a las que la Policía también atribuye el delito de pertenencia a organización criminal. La UDEF registró el pasado 10 de junio la sede del Consell Esportiu en el marco de una investigación de una jueza para determinar si el organismo destinó a fines particulares algunas de las ayudas públicas que gestiona, y justificó las subvenciones concedidas mediante documentos falsos.

El caso tiene su origen en una denuncia presentada por el concejal del PSC de L'Hospitalet Jaume Graells -que dimitió como teniente de alcalde, pero no ha dejado su acta- por supuestas irregularidades en el Consell que desembocaron en la detención de dos compañeros de gobierno: Cristian Alcázar, que se mantiene como segundo teniente de alcalde, y Cristóbal Plaza, que dimitió como concejal de Deportes pero sigue siendo edil.

Según ha explicado Marín, antes de la pandemia se reunió con los dos concejales enfrentados y constató que tenían dos versiones “contradictorias” sobre el caso. “Incluso se volcaron temas personales y sentimentales”, ha añadido la alcaldesa. Para zanjar el asunto, Marín encargó el 25 de febrero una auditoría “contable y de gestión” sobre el Consell, que quedó truncada por la pandemia y la judicialización del caso. La alcaldesa ha indicado que ahora corresponde a la autoridad judicial decidir los próximos casos.