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Núria Marín niega a la jueza la acusación de pasividad ante el desvío de fondos en L'Hospitalet

Marín, a la salida del juzgado

La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, la socialista Núria Marín, ha negado ante la jueza que fuera pasiva ante el presunto desvío de fondos en el Consell Esportiu de la ciudad denunciado por un concejal del PSC, y ha asegurado que actuó "muy rápidamente" ante unos hechos que le generaron "preocupación".

Ante la magistrada del juzgado de instrucción 2 de L'Hospitalet ha comparecido este viernes Marín, dos días después de que el todavía concejal del PSC en el municipio que destapó el caso, Jaume Graells, ratificara ante la jueza sus acusaciones contra la alcaldesa, señalándola por "traición" y "pasividad" ante el escándalo. Graells corroboraba así la tesis que la magistrada expuso en el auto de imputación de Marín del pasado mes de enero: según la jueza, Marín "habría ayudado" a los investigados a "evitar" que se descubriera la apropiación de fondos y la falsificación de documentos mediante "una conducta omisiva y pasiva" cuando Graells le trasladó las irregularidades en el Consell.

Según fuentes presentes en la declaración, Marín, que ha contestado a las preguntas de todas las partes, ha explicado que el mismo día en que Graells le trasladó su denuncia, el 3 de febrero del año pasado, le respondió que activaría "de forma inmediata" una auditoría interna en el Consell. En cambio, según la versión de Graells, Marín no quiso ni ver los documentos que le entregó, y le tuvo que reiterar en otras ocasiones que no se estaban investigando los hechos. En lo que las versiones no difieren es que finalmente el encargo de la auditoría se formalizó a principios de marzo, justo antes de la declaración del estado de alarma. Es decir, poco más de un mes después de la primera reunión entre Graells y Marín.

El lapso de más de un mes también se explica por la especial naturaleza jurídica del Consell Esportiu de L'Hospitalet, que es una entidad privada pero financiada con fondos públicos dedicada a la promoción del deporte escolar, por lo que formalmente el Ayuntamiento no puede encargar una auditoría, sino que debía hacerlo la junta directiva de la entidad. En cualquier caso, Marín ha asegurado que los servicios jurídicos municipales revisaron las subvenciones otorgadas por el consistorio y no hallaron irregularidad alguna.

La jueza investiga si el exconcejal de Deportes y expresidente del Consell, Cristóbal Plaza, quien dimitió en diciembre, destinó a fines particulares algunas de las ayudas que gestionó y justificó las subvenciones concedidas mediante documentación falsa. Además de Marín como presunta encubridora, están investigados una quincena de personas, la mayoría vinculados al PSC, como el propio Plaza o el teniente de alcaldía de L'Hospitalet, Cristian Alcázar.

Los dos principales sospechosos del caso habrían ocultado más 400.000 euros a la asamblea del Consell Esportiu –donde el ayuntamiento tiene a cinco representantes– en sus cuentas de 2019 al presentar una presunta doble realidad contable con 900.000 euros, destinando el dinero a gastos personales. Al validar supuestamente sin control la realidad contable de estos 900.000 euros en la asamblea, la Policía Nacional, que es la policía judicial del caso, sospecha que se posibilitó la concesión de subvenciones públicas por mayor importe que las que habrían correspondido en 2019, en concreto 114.000 euros por parte del Consejo Catalán del Deporte y 250.000 por el consistorio de L'Hospitalet.

Por ello también está imputado el secretario del deporte de la Generalitat, Gerard Figueras (Junts), que también ha declarado este viernes y ha explicado que tampoco halló irregularidades en el dinero que la secretaría aportaba al Consell. Es más, Figueras ha destacado que los presupuestos que el Consell entregaba a la Generalitat eran "administrativamente impecables" y "justificadas", además de desvincular a Marín del caso.

Las defensas del caso reconocen la existencia de una contabilidad doble, pero niegan que sea delictiva pues con ella no se ocultó ningún gasto. Y explican que así el Consell se ahorraba convocar otra asamblea para enviar las cuentas a la Generalitat, ya que históricamente la entidad solo se nutría de fondos del Ayuntamiento (los que sí se pasaban formalmente por asamblea) y no fue hasta los últimos años que recibió los fondos del Govern para el deporte. En suma, un error que, aseguran, ya ha subsanado de la Junta Directiva. Incluso las entregas de dinero en metálico a árbitros y monitores, alegan, quedaron reflejadas en los libros de cuentas.

La prueba del algodón no llegará hasta la prueba pericial contable que encargue la magistrada, a la que las defensas podrán replicar con su propio análisis. Y mientras la Policía Nacional seguirá nutriendo la causa de informes. Entre los que está pendiente destaca el referente al teléfono móvil de Marín.

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Publicado el
9 de abril de 2021 - 14:46 h

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