Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
La portada de mañana
Acceder
El concejal y la funcionaria de Chamberí que negaron licencia de obras a la pareja de Ayuso acabaron fuera de sus puestos
El PP de Feijóo cierra filas con Isabel Díaz Ayuso
OPINIÓN | '¡No disparen al periodista!', por Raquel Ejerique

La jueza indaga un crédito del Consell Esportiu de L'Hospitalet a la espera del móvil de Núria Marín

Núria Marín, en una imagen de archivo

Oriol Solé Altimira

3

El caso del Consell Esportiu de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) se reactiva. La jueza ha vuelto a citar a los principales implicados del caso en relación a un crédito bajo sospecha que pidió la entidad. Pero la causa se encuentra a la espera del análisis policial del móvil de la alcaldesa de L'Hospitalet y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, el elemento clave para determinar el grado de implicación de la política socialista en las irregularidades denunciadas.

No ocurre siempre que un político entregue de forma voluntaria su teléfono a la Policía. Pero así ocurrió hace un año, cuando Marín acudió a la comisaría de la Policía Nacional de La Verneda, en Barcelona. Todavía no había sido citada como imputada por la jueza del caso. Dos semanas después la magistrada acordó la citación de Marín y autorizó el volcado de su teléfono móvil.

Fuentes del caso confirman que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, comisionada como policía judicial de la causa, todavía no ha remitido el informe sobre el teléfono de Marín. La jueza cree que Marín “habría ayudado” a los investigados –buena parte de ellos concejales y cargos vinculados al PSC de L'Hospitalet– a “evitar” que se descubriera la apropiación de fondos y la falsificación de documentos en el Consell mediante “una conducta omisiva y pasiva” cuando el edil socialista Jaume Graells le trasladó las irregularidades en el Consell.

Los mensajes y el contenido del móvil de Marín deben servir para confirmar si, efectivamente, la alcaldesa contribuyó a tapar el caso o si, como sostiene la dirigente socialista, tras escuchar la denuncia de Graells encargó una auditoría interna.

El papel de Marín en la trama es la pieza de mayor relevancia política de una investigación que se se sigue por los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Se investiga el desvío de subvenciones públicas del Consell Esportiu, una entidad privada dedicada a la promoción del deporte escolar pero que también se nutre de subvenciones públicas, cuya comisión directiva está formada por seis personas designadas por el consistorio y otras seis elegidas por las escuelas y clubes deportivos de la ciudad.

Mientras no llega el informe sobre el teléfono de Marín, la jueza que lleva el caso ha enfocado las pesquisas hacia una línea de crédito de 25.000 euros y un aval de 3.680 que supuestamente se pidieron sin pasar por la asamblea del Consell, al contrario de lo que marcan los estatutos de la entidad, y falsificando una acta.

En el primer registro a las oficinas del Consell, en junio de 2020, los agentes encontraron documentación sospechosa sobre una línea de crédito y un aval para los servicios de arbitraje en un campeonato deportivo escolar organizado por el Ayuntamiento de Cornellà (Barcelona) en el año 2018. Ello provocó la segunda detención del expresidente del Consell, Eduard Galí, el pasado mes de febrero. El teniente de alcalde y primer secretario del PSC de l'Hospitalet de Llobregat, Cristian Alcázar, aparece en la póliza del aval y en el crédito ante una entidad bancaria como representante del Consell.

Alcázar y Galí volverán a declarar como investigados sobre la línea de crédito el próximo 20 de diciembre. En la misma fecha lo hará Cristóbal Plaza, el concejal socialista de L'Hospitalet que dimitió tras ser investigado por supuestamente cobrar una indemnización de 47.147 euros en concepto de despido del Consell Esportiu cuando en realidad su salida ya estaba pactada con anterioridad. Todos ellos ya declararon por los gastos irregulares detectados en el Consell.

Diez días antes de que los principales investigados del caso vuelvan al juzgado, declararán, como investigados, cinco ex miembros de distintas comisiones del Consell, también en relación con la póliza de crédito. En paralelo la jueza ha requerido decenas de acuerdos, actas y documentación del Consell sobre las subvenciones otorgados a la entidad. El caso Consell Esportiu está lejos de cerrarse.

Etiquetas
stats