El PSOE ha advertido de que el Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) introducirá un copago en las ayudas de atención a los enfermos de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), ligado al nivel de renta de los pacientes, y le ha exigido que detenga lo que considera un “despropósito”.

Así lo ha manifestado este miércoles en rueda de prensa la portavoz socialista, Ainoa Quiñones, quien ha lamentado que el PP “siempre nos vuelve a sorprender para mal”, en esta ocasión, “con un copago en el acceso a esas ayudas destinadas a garantizar la atención las 24 horas a quienes sufren esta terrible enfermedad y apoyar así también a sus familias”. “Esta indecencia va a hacer que algunas familias se vean obligadas a renunciar a la ayuda por no poder hacer frente al copago”, ha advertido.

Al respecto, ha incidido en que el Gobierno de España financia el 50% de estas ayudas y el otro 50% les corresponde a los gobiernos autonómicos. Así, “mientras en otras comunidades lo asumen, aquí van a establecer un copago”, ha criticado la portavoz socialista.

Por eso, ha exigido al PP que “pare este despropósito, uno más de los que está cometiendo en la sanidad pública de Cantabria”. En este sentido, ha condenado que, tras las privatizaciones con el convenio con Santa Clotilde para los cribados de cáncer“ y ”los datos de 50.000 cántabros participantes en Cohorte Cantabria que ponen en manos de farmacéuticas privadas, ahora han llegado los copagos“.

Al hilo, la socialista ha vuelto a reclamar al PP “verdad y transparencia” en la “cesión” de datos de Cohorte, porque “más de 50.000 cántabros han dado a la sanidad pública de Cantabria sus datos de forma altruista y no pueden acabar en manos de farmacéuticas privadas con afán de hacer negocio”.

Por todo ello, ha exigido al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga que “deje de usar la salud como negocio en vez de como un derecho de todos los ciudadanos”, y ha afirmado que, hasta el momento, “ninguna de las explicaciones que han dado nos convencen”.

“En ninguna parece que dicen la verdad a todo”, ha apostillado, al tiempo que ha denunciado que los populares, “entre lo público y lo privado, siempre eligen lo privado y, entre derechos y negocios, siempre eligen los negocios”.

El Gobierno vasco ha dado este martes luz verde a las ayudas dirigidas anualmente a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos prescritos “frente al copago farmacéutico impuesto por el Gobierno español” cuando Mariano Rajoy era presidente del Gobierno. Se trata de “garantizar así que ninguna persona deje de tomar, por motivos económicos, la medicación prescrita”.

El importe de los recursos económicos destinados a financiar esta convocatoria asciende a 2,5 millones de euros. Euskadi fue la primera comunidad del Estado que implementó medidas de compensación destinadas a personas con rentas bajas y grupos desfavorecidos (pensionistas, personas desempleadas o personas inmigrantes en situación irregular), se ha destacado. Desde el inicio de estas ayudas, hace ya 13 años, han sido cerca de 840.000 las solicitudes tramitadas con un importe superior a 46 millones de euros, informa Europa Press.

Serán beneficiarias de estas ayudas las personas pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios, que cuenten con unos ingresos en rentas anuales inferiores a 18.000 euros y sean titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) de Osakidetza. También pueden acceder a ellas las personas en situación legal de desempleo y sus beneficiarios, con ingresos en rentas anuales inferiores a 18.000 euros, o perceptores de la RGI, la renta de garantía de ingresos vasca.

También podrán acceder a estas ayudas las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en el Estado español que ostenten el correspondiente documento acreditativo de reconocimiento de ese derecho expedido por la comunidad autónoma de Euskadi. Las solicitudes se podrán realizar de forma telemática o presencial en las Delegaciones Territoriales del Departamento de Salud, en los centros de salud de Osakidetza y en las oficinas de Zuzenean.

La educación debe ser un derecho universal y gratuito, garantizando igualdad de oportunidades. Sin embargo, en Andalucía, el copago en centros públicos y concertados afecta a muchas familias, debilitando este principio fundamental.

Aunque la educación obligatoria en España es teóricamente gratuita, muchas familias deben afrontar pagos adicionales para actividades complementarias, material escolar y “aportaciones voluntarias” que, en la práctica, no lo son. Estos gastos, aunque menores, son inasumibles para quienes tienen dificultades económicas.

El copago se manifiesta en cuotas por actividades, materiales, uniformes y servicios como el comedor. Aunque se presentan como opcionales, la presión social los hace casi obligatorios. Un estudio de FACUA Andalucía indica que más del 65% de las familias en la educación pública han pagado algún tipo de cuota durante el curso.

Las “aportaciones voluntarias” generan presión sobre las familias. Las actividades y mejoras escolares se presentan como esenciales, lo que genera temor de exclusión. Un estudio de CEAPA revela que el 75% de las familias en colegios concertados pagan cuotas de hasta 50 euros, una cifra imposible para muchos hogares con ingresos ajustados.

Este copago amenaza la equidad educativa. Niñas y niños de familias sin recursos se ven marginados de experiencias fundamentales. Así, el mensaje es claro: la calidad educativa depende de la capacidad económica, cuando debería ser un derecho garantizado.

Vacíos legales y falta de regulación

La Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) garantiza la gratuidad de la educación básica en centros financiados públicamente, pero vacíos legales permiten justificar “aportaciones voluntarias”. En especial, los centros concertados han normalizado el copago, generando presión implícita para contribuir económicamente.

Las familias vulnerables enfrentan una carga económica considerable, donde cada euro cuenta. Para ellas, 50 o 100 euros al año en costes educativos pueden significar renunciar a necesidades básicas

Aunque la ley indica que estos pagos no pueden condicionar la matriculación ni el acceso a actividades básicas, la falta de supervisión permite que esta práctica continúe. Muchas familias optan por pagar para evitar que sus hijas e hijos sean excluidos de excursiones o talleres educativos.

Un padre relata: “Nos dicen que la aportación es voluntaria, pero si no pagamos, nuestros hijos quedan al margen o somos señalados por el colegio”. Esta presión coloca a las familias en un dilema injusto.

Impacto en las familias y el alumnado

Estos pagos generan desigualdades dentro del aula. Quienes no pueden costear actividades pueden sentirse excluidos, afectando su autoestima e integración escolar. La educación debe ser un espacio de inclusión real.

Las familias vulnerables enfrentan una carga económica considerable, donde cada euro cuenta. Para ellas, 50 o 100 euros al año en costes educativos pueden significar renunciar a necesidades básicas. Esta presión financiera genera ansiedad y estrés, afectando también el bienestar emocional y académico del alumnado.

Organizaciones como CODAPA y sus federaciones han denunciado la presión económica que sufren las familias. Campañas de concienciación y estudios buscan visibilizar este problema y exigir soluciones.

La inclusión educativa implica garantizar igualdad de oportunidades para toda la infancia y adolescencia, sin que los recursos económicos sean una barrera

FACUA Andalucía ha instado a las administraciones a adoptar medidas contra estos abusos. Es imprescindible garantizar una educación equitativa donde todo el alumnado tenga acceso a las mismas oportunidades.

La inclusión educativa implica garantizar igualdad de oportunidades para toda la infancia y adolescencia, sin que los recursos económicos sean una barrera. Cuando el copago limita el acceso a experiencias formativas, se vulnera este derecho fundamental.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, especialmente el ODS 4, buscan garantizar una educación inclusiva y equitativa. Para cumplir con estos compromisos, Andalucía debe erradicar el copago y asegurar la gratuidad real.

Propuestas para revertir la situación

Las administraciones deben garantizar la gratuidad educativa mediante inspecciones a los centros para evitar que las aportaciones sean disfrazadas de “voluntarias”. También se necesitan mecanismos de apoyo financiero para que ningún estudiante quede excluido.

La creación de fondos específicos, gestionados por asociaciones de familias o administraciones, podría ser una solución viable para costear actividades y materiales. Además, es fundamental una mayor transparencia en la gestión de presupuestos escolares para exigir rendición de cuentas.

El copago perpetúa desigualdades en el sistema educativo andaluz. La promesa de una educación gratuita debe convertirse en una realidad tangible, eliminando cargas económicas injustas. Ningún niño o niña debería sentirse menos por no poder pagar. La educación debe ser un derecho garantizado para todas las personas.

“Las listas de espera son una herramienta de gestión. Hay listas de espera porque el sistema no es capaz de absorber toda la demanda y porque tenemos fallos de organización, pero solo hay dos formas de gestionar: o te pones a la cola o copago. Tú vas al aeropuerto y, si vas en business, no esperas a la cola y entras directamente. Y si vas con tu billete de turista, tienes que esperar a la cola”.

Estas declaraciones del actual consejero de Salud de Cantabria, César Pascual (PP), durante un reciente acto en Santander con el medio especializado Diario Médico, han abierto la polémica sobre las intenciones del nuevo responsable de la Sanidad pública en la comunidad autónoma, que durante su anterior etapa como director gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla bajo el gobierno presidido por Ignacio Diego (PP) entre 2011 y 2015 fue el encargado de privatizar cerca de una treintena de servicios hospitalarios a la multinacional Ferrovial.

Durante la conversación mantenida durante este encuentro, Pascual defiende que el sistema público de salud de Cantabria se encuentra entre los mejores del país, pero que la dotación económica “tiene un límite”. “Todos nos quejamos de que en Sanidad necesitamos más dinero, y es verdad, cada vez necesitaremos más, pero también siendo conscientes de que el porcentaje sobre el presupuesto regional es el que es y no vamos a poder ascender mucho en la escala, porque también hay que hacer colegios, porque los vecinos quieren que les arreglen la carretera, y tienen derecho. Vamos a crecer en el presupuesto del año que viene, mucho más que el resto de consejerías, pero siendo conscientes de que tenemos un límite”, reconoce el consejero, al tiempo que abre la puerta a otras fórmulas para gestionar las listas de espera.

Estas palabras han despertado las críticas inmediatas del secretario general de los socialistas cántabros y portavoz parlamentario del PSOE, Pablo Zuloaga, que a través de sus redes sociales ha denunciado que “el PP plantea servicios business con copagos para agilizar las listas de espera en la sanidad pública de Cantabria” y ha adelantado que en los próximos días presentará una batería de preguntas en el Parlamento de Cantabria para que César Pascual haga públicos sus planes y explique sus intenciones respecto a la gestión de la Sanidad durante la legislatura que acaba de comenzar.

La nueva presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), puso al frente de la Consejería de Salud esta legislatura a César Pascual, que fue alto cargo del Servicio Madrileño de Salud, además de gerente de varios hospitales, entre ellos el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. El 'gurú' sanitario del PP cántabro, que fue el responsable político del polémico 'megacontrato' de 900 millones de euros a favor de la constructora que tiene en plantilla a sus hijos, volvió a primera línea política en el Ejecutivo autonómico tras una anterior etapa en la que también trabajó a las órdenes de Buruaga después de las elecciones del 28M.

Nos parece que estamos lejos todavía de un sistema totalmente privatizado de salud. Pero, por ir sabiendo: ¿Cómo sería la vida sin sanidad pública? ¿Cuánto dinero cuesta romperse una pierna? ¿A qué tendrías que renunciar para operarte de un quiste?

Nos vamos a Estados Unidos, país que inspira a los gurús del liberalismo español, para conocer cómo es vivir sin sanidad pública. Hablamos con la publicista Belén Montalvo, la persona que está detrás de @alo_miami. Belén lleva nueve años viviendo en Estados Unidos y desde sus redes sociales desmitifica el sueño americano.

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El Gobierno vasco ha aprobado el programa de ayudas para la adherencia a los tratamientos médicos a través de compensaciones al copago farmacéutico, dotadas con 7,4 millones de euros ampliables en función de las necesidades. Este programa de ayudas se puso en marcha por parte del Gobierno vasco ante su rechazo al nuevo sistema de copago farmacéutico establecido en 2013 por el Ejecutivo central del PP, que supuso un encarecimiento del precio que abonan los ciudadanos por los medicamentos.

Las ayudas del Ejecutivo vasco están dirigidas a personas con rentas bajas y grupos desfavorecidos (pensionistas, personas desempleadas o personas inmigrantes en situación irregular y sin recursos), para garantizar que ningún ciudadano deje de tomar la medicación prescrita por motivos económicos. La convocatoria aprobada este martes abarca los gastos comprendidos entre el 1 de diciembre y el 31 de diciembre de 2020, y entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021, según recoge Europa Press.

Desde el inicio de estas ayudas, concedidas por octavo año consecutivo, han sido más de 669.000 las solicitudes tramitadas por el Gobierno vasco, por un importe superior a los 37 millones de euros. Este año se destinan al programa 7,4 millones de euros, ampliables en caso de necesidad). El pasado año, el Ejecutivo aportó 4,1 millones de euros a las personas beneficiarias de las ayudas correspondientes al segundo plazo de la convocatoria de 2019 y al primer plazo de la convocatoria de 2020.

Cambio en el sistema

Aunque este año ha aumentado el número de colectivos que quedan exentos del copago en las farmacias, dado que la actualización del sistema se produjo con posterioridad al 1 de enero de 2021, el Gobierno vasco ha animado a que las personas afectadas presenten sus solicitudes para que se les abone los pagos efectuados en diciembre de 2020 y hasta la fecha del cambio de su situación en 2021.

Serán beneficiarios de estas ayudas las personas pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios, que cuenten con unos ingresos en rentas anuales inferiores a 18.000 euros y sean titulares de la Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) expedida por el Departamento de Salud del Gobierno vasco. El programa también está abierto a las personas en situación legal de desempleo y sus beneficiarios, con ingresos en rentas anuales inferiores a 18.000 euros y que sean titulares de la TIS expedida por el Departamento de Salud del Gobierno vasco.

Asimismo, podrán acceder a las ayudas las personas que perciban la Renta de Garantía de Ingresos en su modalidad de renta complementaria de ingresos de trabajo y sean titulares de la TIS, y las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en el Estado español que ostenten el correspondiente documento acreditativo de reconocimiento de ese derecho expedido por la Comunidad Autónoma de Euskadi.

La sanidad andaluza vuelve a estar estos días en primera plana por su visible colapso: cierre de centros de salud, camas, quirófanos y plantas de hospitales enteras; 700 profesionales menos al mes, operaciones canceladas, falta de especialistas y citas a más de un año. Escribe el médico y experto Javier Padilla en su libro ¿A quién vamos a dejar morir? (Capitán Swing) que quienes son contrarios a los sistemas públicos de salud no quieren privatizarlos ni que desaparezcan, como a menudo claman los mensajes apocalípticos. Lo que buscan es que lo público alimente todo el engranaje privado mediante conciertos y externalizaciones. Es lo que llama “parasitación” y es fácil de comprender: con dinero de todos garantizan los ingresos estables del negocio privado. En este flujo, el deterioro general y las deficiencias actúan como acicates, y de paso ayudan también a dinamizar el sector de las compañías de seguros. ¿Es esto lo que está pasando en Andalucía?

Lo que sí sabemos es que una de las primeras decisiones del consejero del ramo, el parlanchín Jesús Aguirre, el de los modos de cacharrero, fue derivar enfermos a clínicas privadas y gastar ahí el 60% del dinero adicional de un inservible plan de choque a las listas de espera. En línea con la pericia de su Ejecutivo para descubrir teatralmente documentos de sus predecesores en trampillas secretas justo en el momento oportuno, Aguirre se topó en “un cajón” con 500.000 pacientes en espera --en realidad cambió los criterios y la manera de contar--, que le vinieron de perlas para anunciar un aumento de los conciertos a “beneficio” de los usuarios. Una vez más, las huestes del autodenominado Gobierno del cambio desembarcaron en el sistema de salud como libertadores, pero el resultado es el que tenemos: declive y recortes, la mitad de la plantilla con temporalidad y la Consejería de Hacienda controlando el presupuesto de los hospitales con el ojo puesto en el ajuste y no en el enfermo.

No salen las cuentas

Aunque algunos se lleven las manos a la cabeza y se digan sorprendidos, e incluso decepcionados, el consejero no ha engañado a nadie, tampoco a quien lo nombró y lo mantiene en el puesto desafiando a la tempestad. De sobra eran conocidas sus palabras sobre el carácter utópico de la sanidad universal gratuita, tanto como su simpatía hacia el copago, las buenas relaciones con los laboratorios y farmacéuticas, y hasta su tendencia a las declaraciones sandungueras, sobre las que hay que decir que no ha defraudado -recuérdese cómo se refirió a las mujeres en el trance de abortar: “Lo fácil es el chupetón”-. De manera que existe un margen muy exiguo para pensar que la deriva emprendida por la sanidad andaluza sea involuntaria y fruto de la coyuntura.

En su libro, Javier Padilla dice que la sanidad pública siempre ha estado y estará en crisis porque es imposible conciliar la protección de la población con los criterios de rentabilidad económica. Esa es la razón por la que, fijemos la lupa en la época que la fijemos, nos topamos con un inevitable titular que nos habla de problemas. Pero la cuestión radica en buscar un equilibrio para que quienes más necesitan del sistema sanitario público no se vean perjudicados, en lugar de favorecer a aquellos que se fijan en él desde la óptica mercantilista. El riesgo no es que haya una privatización completa de la sanidad a la manera de Estados Unidos, un sistema cruel que siempre se pone de ejemplo porque abandona a su suerte a los más débiles; el riesgo es que se llegue a un lugar cercano cebando a las empresas privadas y dejando caer lo público.

Soy de la opinión de que el negocio no cabe en los servicios públicos fundamentales, más allá del sueldo merecido de quienes los prestan. Por mucho que se diga, no salen las cuentas. El gasto de una operación en un centro concertado es más elevado (5.582,6 euros de media) que en un hospital público (1.480,2 euros de media). Además, los datos avalan que el mito respecto a que la perspectiva de obtener beneficio mejora la gestión es rotundamente falso. Andalucía está entre las autonomías que cuentan con menos servicios externalizados (en torno al 4%), según datos de la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública. La cuestión es saber si lo que se propone el Gobierno de PP y Cs y sus aliados de Vox es conducir la sanidad andaluza a un desplome controlado y aprovechar sus deficiencias para engordar a la red privada. He ahí el dilema.

El denominado “copago encubierto”, que aplicó el PP de 2012 a 2015 en forma de recortes en las prestaciones hasta que perdió las elecciones y lo anuló en 2016 el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), será devuelto de oficio por la Generalitat Valenciana a unas 4.000 personas dependientes antes de final de año. La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra, destinará a esa operación 18,4 millones de euros, según los cálculos del departamento.

Se trata de un asunto que ha hecho que el Síndic de Greuges haya instado repetidamente a la conselleria a proceder “de manera urgente” a resolver las reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por personas dependientes que han acudido a la institución ante el retraso de hasta 18 meses en las respuestas.

La devolución se producirá de oficio a todos los afectados. Una de las primeras decisiones del Gobierno del Pacto del Botánico fue eliminar el copago impuesto en los centros de atención diurna para personas dependientes y con diversidad funcional, así como terminar con el “copago encubierto” que supuso la aplicación de una orden de octubre de 2012 del Consell que presidía Alberto Fabra, del PP, que recortó drásticamente las prestaciones de la dependencia.

Según la conselleria, “la revisión permitió en 2016 que 9.649 personas pudieran pasar a cobrar el máximo”. Con el “copago encubierto” se habían dado casos en los que la gente percibía 20 euros para pagar una residencia o un centro de día, mientras que “ahora esas personas y sus familias pueden llegar a percibir hasta 833 euros, en el caso de los grandes dependientes”.

Además de terminar con aquella situación, el Gobierno del Botánico se comprometió a iniciar de oficio el procedimiento para devolver los dos tipos de copagos: el encubierto y el de centros. “Antes de final de año se van a iniciar los pagos a las personas vivas que sufrieron aquel copago confiscatorio”, señalan desde la conselleria. La estimación es realizar pagos por 18,4 millones de euros a alrededor de 4.000 personas “antes de que finalice el año”.

El de la devolución del copago que se impuso en los centros será un proceso distinto. No se trata de compensar minoraciones en el cálculo de las prestaciones cuyo cálculo es accesible en la base de datos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, sino de cantidades que, en muchos casos, se abonaban a centros privados, donde se recibía una prestación vinculada al servicio y se pagaba al establecimiento. “Se están iniciando los trámites para comenzar la devolución del copago que se impuso en centros”, indica el departamento de Mónica Oltra, sobre un procedimiento que resulta más complejo.

El Tribunal Constitucional ha anulado las ayudas públicas que, para hacer menos graves los efectos del copago farmacéutico entre los usuarios de rentas más bajas, aprobó el Parlamento de Navarra en 2012 con los votos de la oposición. El TC había suspendido ya en 2013 dicha ley de forma cautelar después de que el Estado la recurriese. La llegada del cuatripartito al Gobierno de Navarra en 2015 supuso la aprobación de una nueva norma para sustituir la ley suspendida. La normativa en vigor actualmente en Navarra beneficia a 242.000 personas con rentas inferiores a los 18.000 euros anuales a la hora de pagar los medicamentos que necesitan. El TC sí ha anulado toda una serie de ayudas recogidas en la ley de 2012. El cuatripartito ha considerado esta sentencia un ataque al autogobierno foral.

El principal motivo por el que el Gobierno del PP recurrió la ley navarra fue que esta extendía la complementariedad farmacéutica a todas las personas inmigrantes con independencia de su situación administrativa. Para el TC, esto entra en colisión con la normativa nacional, ya que configura un sistema de ayudas que no atiende a los conceptos de asegurado o beneficiario.

El Constitucional anula las ventajas establecidas en la ley para pensionistas, viudas, huérfanos, personas menores de edad y personas con minusvalías, ya que “aparecen exentos de toda aportación” (no tienen copago) “en un enunciado general y sin hacer ningún tipo de precisión delimitatoria”. También anula el reintegro de gastos farmacéuticos por el exceso abonado en farmacias fuera de Navarra en relación al precio que se hubiera pagado al adquirir los medicamentos en la Comunidad foral, “al no poder establecer las comunidades diferencias en las condiciones de aportación de los usuarios fijadas en la normativa básica”.

La portavoz del Gobierno foral, María Solana, ha reconocido que el Ejecutivo aún no ha estudiado en profundidad la sentencia del Constitucional. Aún así, ha remarcado que la actitud del Gobierno del PP al recurrir leyes forales “no ayuda” al desarrollo del autogobierno de Navarra. El Parlamento foral, ha defendido Solana, “tiene potestad para legislar y luego es el Estado el que recurre en numerosas, ya demasiadas, ocasiones leyes de esta Cámara”. Los recursos del Estado terminan incidiendo en la autonomía del Gobierno, ha denunciado la portavoz.

Más contundente ha sido su socio, EH Bildu, cuya portavoz Bakartxo Ruiz ha hablado de “un ataque al autogobierno de Navarra” y de “recorte y vulneración de derechos” por parte del Estado. “Las personas en situación administrativa irregular tienen garantizado por ley su derecho a una asistencia sanitaria universal y, por el contrario, con esta sentencia del Constitucional, se les vulnera su derecho a la prestación farmacéutica”, ha señalado. Ruiz ha considerado que Navarra tiene sus competencias “bastante laminadas” y que el Estado utiliza dos herramientas para erosionarlas todavía más, “el Constitucional y la tan manida legislación básica”, ha dicho.

Apenas el 30% de los afectados por este incremento del coste de los medicamentos han solicitado las ayudas abonadas por Euskadi, 400.000 personas en cuatro años con una media superior a los 61 euros

El consejero de Salud, Jon Darpón, ha presentado este martes la modificación del decreto de ayudas económicas puesto en marcha ya en 2014 para compensar los efectos del incremento del copago de medicamentos decidido por el Gobierno de Mariano Rajoy para aliviar la factura de la Sanidad pública. Como demandó el Parlamento por amplia mayoría -sólo se opuso el PP- a instancias de EH Bildu, la nueva regulación permitirá ampliar a “más colectivos vulnerables” el derecho a percibir estas compensaciones. Concretamente, además de pensionistas con menos de 18.000 euros anuales de renta, parados sin prestación y extranjeros sin permiso de residencia, los parados y perceptores de renta de garantía de ingresos que tampoco alcancen los 18.000 euros, aunque cobren prestaciones, podrán dirigirse a Salud para recuperar el dinero abonado de más por los productos farmacéuticos.

El consejero Darpón ha explicado que el Gobierno da así cumplimiento al “mandato parlamentario” y también “a las demandas de las asociaciones de pacientes”. Es una “apuesta sostenida por la equidad”, ha abundado el titular de Salud, que ha recordado que el programa de adherencia a los tratamientos para que nadie se quede sin medicamentos necesarios por falta de recursos lleva ya cuatro años activo. Según los datos oficiales, 400.000 personas se han beneficiado en este tiempo de las ayudas, lo que “ha supuesto un desembolso de más de 24 millones de euros”. En 2018 el presupuesto previsto es de 7,3 millones.

No obstante, el consejero ha reconocido a preguntas de los periodistas que apenas un 30% de los afectados por el incremento de los copagos solicita la compensación. De ahí se puede deducir que desde 2014 ha habido 1,3 millones de vascos que habrían podido beneficiarse de este programa. En comparecencias anteriores Darpón ya había descartado que el problema fuese de falta de claridad a la hora de reclamar el dinero. En general, ha dicho Darpón, la media de devoluciones asciende a 61,96 euros por persona y año.

El consejero ha aprovechado la comparecencia para desear que este programa de ayudas desaparezca. “Nos gustaría no tener que mantenerlas”, ha dicho en referencia a la reclamación política al Gobierno central para que revierta estas medidas aplicadas en el arranque del primer mandato de Rajoy. Euskadi recurrió este programa de copagos ante el Tribunal Constitucional.

Los recortes continúan azotando a los centros educativos públicos. Las familias están haciendo frente a pagos a lo largo del curso para materiales, aplicaciones informáticas, libros digitales, actividades educativas complementarias, obras en las instalaciones, suministros y personal que cubra la atención higiénica de los menores.

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) ha hecho público este jueves un estudio denunciando esta situación tras haber entrevistado a 1.400 familias, de ellas 1.266 (89%) han escolarizados a sus hijos en centros públicos.

“Es un copago ilegal y que durante estos últimos años ha ido en aumento. Los centros argumentan que no tienen dinero y aseguran que son cuotas voluntarias, pero si las familias no las afrontan sus hijos quedan marcados. Por ejemplo, no les dejan acudir a una excursión si no lo han abonado”, ha explicado Leticia Cardenal, presidenta de esta organización.

Un 30% de las familias entrevistadas y que acuden a la escuela pública abona los costes de materiales fungibles para el uso del centro educativo y el 17% lo abona para dotar a los centros de materiales informáticos como pizarras digitales, ordenadores o cañones de proyección. Según esta estadística el 14% de los padres llegan a pagar las obras del centro educativo y otro 14% abona los suministros de luz, agua y gas.

En la rueda de prensa que han dado este lunes, no han determinado detalladamente en qué comunidades está sucediendo, más allá de Cataluña, donde aseguran que las familias tuvieron que pagar de media 70 euros el curso pasado. “Si la dirección del centro expone una realidad, que no les queda dinero para pagar la calefacción o el agua, acaban pidiendo ayuda a las asociaciones de padres y estos pagan porque no quieren que sus hijos den clase sin suministros”, ha reseñado Miguel Dueñas, portavoz de Ceapa.

“Subsanar deficiencias generadas por los recortes”

Dueñas ha explicado que estos pagos se utilizan para “subsanar las deficiencias que los recortes han generado”. Además ha defendido que en Andalucía, comunidad en la que reside, la ola de calor de este verano ha puesto de manifiesto la precaria situación en la que se “encuentran las infraestructuras educativas”. “Hace 10 años que no se invierte en las instalaciones”, ha asegurado.

En el estudio remarcan que en el 68% de los casos es el propio centro educativo quien les pide que afronten los pagos, el 20% lo abona a través de la asociación de padres y madres del centro y el 11% restante se lo abona directamente a entidades privadas que prestan servicios en los centros educativos o les suministran materiales.

“Otro coste habitual es el relacionado con las actividades educativas complementarias, que el 45,95% de las familias deben afrontar, aunque por su propio carácter también deberían ser siempre gratuitas”, apuntan en el informe.

Entre el resto de los requerimientos que los centros solicitan a las familias de escuelas públicas, y que CEAPA considera que son ilegales, destacan los pagos para el personal vinculado con la salud de los menores y para cubrir su atención higiénica. Estos últimos sirven para atender a los alumnos más pequeños de primaria que todavía no controlan cuándo deben acudir al aseo. 

“Entre las funciones de los profesores, ésta no se encuentra. Los centros no contratan a este personal y al final son los padres los que se encargan de abonarles el sueldo”, cuenta Antonio Martín, portavoz de la organización. 

Los miembros de CEAPA han indicado que este tipo de solicitudes de pago se suele producir al principio del curso bajo el concepto de material para el año o cuando la dirección del colegio tiene necesidades en para abonar nuevos recursos para el centro. Además, han denunciado que en la escuela pública el colegio tendría que hacer frente al coste del personal de servicios como el aula matinal, que atiende a los niños que acuden al centro antes de que empiecen las clases.

Ante este tipo de solicitudes, desde la confederación que agrupa a las AMPA estatales recuerdan tanto a administración como a familias que son “ilegales” y que si las abonan, presenten reclamaciones contra ellas. “Un 14% reconoce no hacer la reclamación por miedo a lo que pueda suceder si lo hace, aunque considera que debería reclamarlo”, reseñan en el informe.

La violencia y los incidentes en los espectáculos deportivos son una realidad en Euskadi, sobre todo en los campos de fútbol. Hay insultos, peleas, agresiones, lanzamiento de objetos y hasta quien cuela bengalas (o clubes que lo permiten). En el año 2016, el último completo con la estadística cerrada, el Departamento de Seguridad abrió 82 expedientes por infracciones previstas en la Ley contra la Violencia en el Deporte de 2007, 80 a espectadores y dos más a las entidades organizadoras, según los datos a los que ha tenido acceso eldiarionorte.es.

Las cifras muestran que la abrumadora mayoría de los problemas se concentraron en el fútbol, cuyos partidos coparon el 96% de las incidencias (79 casos por solamente tres del baloncesto y ninguno del resto de disciplinas). Por territorios, el grueso de las sanciones se produjo en Bizkaia (46), aunque en Álava hubo una proporción importante (24), el doble que en Gipuzkoa (12), que además tiene dos equipos en Primera División, la SD Eibar y la Real Sociedad.

Con diferencia, la más común de las sanciones se debió a “insultos y amenazas” (22 casos). También se han registrado “agresiones” (15), “peleas y desórdenes públicos” (11) y consumo de bebidas alcohólicas o drogas (10). El resto de casos fueron “rotura de objetos y daños materiales” (6), “vigilancia al equipo contrario para preparar una agresión” (5), lanzamiento de objetos al terreno de juego (4), estar borracho en el recinto deportivo (3), saltar al campo (1), introducir “artefactos pirotécnicos” (1), colarse sin entrada (1) o impedir el trabajo de los agentes de la autoridad (1).

Ésos son los 80 casos referidos a espectadores. Las sanciones que recibieron fueron bien pecuniarias (multas de un mínimo de 150 y de un máximo de 3.500 euros en función de la gravedad de los hechos) o bien de prohibición de acceso a espectáculos deportivos. En este caso, 10 personas han sido vetadas. El mínimo es de un mes y el máximo de una temporada completa.

Finalmente, la estadística revela que en dos ocasiones las sanciones han recaído sobre los propios clubes. Se trata de casos en los que los organizadores han mostrado “deficiencias en el control de acceso”, lo que ha permitido “la introducción y encendido de objetos pirotécnicos”, fundamentalmente bengalas.

Se da la circunstancia de que, además, el Departamento de Seguridad ha empezado ya a cobrar a los organizadores de distintos eventos, entre ellos los deportivos, en caso de que se requiera una seguridad adicional a la ordinaria, como ocurre con los rescates en montaña si se constata una negligencia del ciudadano. En 2016 se tramitaron un total de 11 expedientes “de cobro de servicios añadidos especiales”. Se trata de que las entidades privadas paguen 31 euros por ertzaina y hora si se precisan más medios que los rutinarios. De 21.600 euros recaudados, 13.500 correspondieron a un partido de Europa League de febrero de 2016 entre el Athletic Club de Bilbao y el Olympique de Marsella.

La Conselleria de Sanidad ya trabaja en la elaboración del decreto que entrará en vigor el año que viene por el cual se conceden ayudas económicas a los pacientes valencianos más desfavorecidos para dejar sin efecto el copago farmacéutico y ortoprotésico aprobado por el Gobierno Central en 2012, pese a la anulación por parte del juzgado del decreto que reguló estos aspectos en el año 2016, tras un recurso de la abogacía del Estado.

Así lo ha anunciado este jueves la consellera, Carmen Montón, durante la presentación del balance de su departamento en los dos años del nuevo Gobierno que dirige el presidente, Ximo Puig.

Montón ha comentado que el fallo del juzgado no es firme y que la Conselleria va a presentar un recurso. Además, ha afirmado que el decreto anulado es el del año 2016 y, por tanto, no tiene consecuencias sobre los pacientes puesto que ahora se están dando las ayudas en base al texto que regula las ayudas del presente año, el cual no está recurrido, y por tanto, se seguirán concediendo con normalidad.

Según la sentencia de anulación del decreto de 2016, “no se extrae como consecuencia que las personas beneficiarias de las ayudas se hallen en todo caso en una situación de necesidad”.

Sin embargo, desde Sanidad entienden que sí existen unos criterios definidos de situación de necesidad económica como es en el caso de los pensionistas el hecho de tener unas rentas inferiores a 18.000 euros anuales, para conceder las ayudas.

Pese a todo, Montón ha comentado que de cara al decreto de 2018 “se tratrán de afinar más los requisitos económicos”.

La consellera ha destacado que desde que entraron en vigor las ayudas en el año 2016, se han beneficiado 1,08 millones de personas en toda la Comunitat Valenciana. De ellas, 735.825 son pensionistas con rentas bajas, 237.912 son menores asociados a tarjetas sanitarias de progenitores con rentas bajas y 106.387 son personas con diversidad funcional.

Por otra parte, respecto a la restitución de la atención sanitaria universal, según Carmen Montón, “desde que el 22 de julio de 2015 se devolviera la universalidad de la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana, más de 19.600 personas han podido acceder a una atención sanitaria integral a la que antes no tenían derecho”.

Aumento en la oferta de plazas

La Consellera también se ha referido a la apuesta clara de su departamento por la estabilidad en el empleo, recordando el Pacto por el Empleo en la Sanidad Pública alcanzado hace un año con los sindicatos, con el compromiso de sacar ofertas de empleo públicas anuales.

Así, después de años sin procesos de consolidación de empleo, tras activar las OPEs paralizadas de 2014 y 2015, se han anunciado convocatorias para las OPEs de 2016, 2017, 2018 y 2019.

Así, la titular de Sanitat ha anunciado que la convocatoria de 2017 tendrá 6.350 plazas, y 2018 y 2019 tendrán 4.000 plazas cada una. “En total, junto con las OPE ya en marcha supondrá casi 17.950 plazas en conjunto, 250 más de las previstas inicialmente, la mayor convocatoria realizada en la sanidad valenciana”, ha resaltado Carmen Montón.

Dignificación de las infraestructuras

Respecto a sentar las bases de la sanidad pública valenciana del futuro, Carmen Montón ha citado como uno de los compromisos del Consell el garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y fortalecerlo.

Y a ello se han dirigido iniciativas como el Plan de Dignificación de Infraestructuras Sanitarias, dotado de 359 millones de euros destinados principalmente a mejorar espacios de pediatría, neonatología y urgencias; a la renovación en tecnología y, en general, a la renovación, ampliación y mantenimiento de infraestructuras sanitarias para compensar la falta de inversión de los últimos años.

Montón ha destacado algunas de las medidas más destacadas del Plan como el proyecto Espai de Salut Campanar Ernest Lluch (antigua Fe de Campanar), que supondrá una inversión de 146 millones de euros; la rehabilitación del antiguo hospital Militar de Mislata, al que se destinará una inversión global de 100 millones de euros; así como otras actuaciones en Alicante como el nuevo centro de salud integrado de la Calle Gerona, con una inversión de 7,5 millones de euros; y en Castellón, con el desbloqueo a la compra del acelerador lineal para el hospital Provincial de Castellón, que ha supuesto un desembolso de 3,1 millones de euros.

En la provincia de Alicante entre las iniciativas más relevantes de este plan llevadas ya a acabo está: la renovación de las antiguas urgencias en Elda, la ampliación de las urgencias y la remodelación de la planta de oncología en Elche, la adquisición de un PET-TAC de San Juan –que ya está operativo- la ampliación de las urgencias del hospital de La Vila Joiosa.

En Castellón, además de las distintas intervenciones en los departamentos, Montón ha destacado las desarrolladas en el hospital provincial, cuya titularidad comperten la Conselleria y la Diputación.

Montón ha recordado que la Conselleria de Sanitat aportó íntegramente 3,1 millones de euros para la adquisición de un tercer acelerador lineal tan necesario para el centro, que en breve se pondrá en funcionamiento.

También que se ha asumido la deuda de 30 millones de euros fruto de la mala gestión de los últimos años que garantiza la supervivencia de este centro. Además, “para este año, está previsto contar con un PET-TAC que sustituirá al equipo móvil actual, valorado en 1,5 millones de euros, una gammacámara y poner en funcionamiento la cámara hiperbárica”.

A ello hay que añadir la adquisición de equipos para diagnóstico y tratamiento oncológico donado por la Fundación Ortega para los hospitales públicos de la Comunitat Valenciana por un valor de 30 millones de euros.

Para Montón, otra muestra de la apuesta por la sanidad pública es precisamente el incremento en esta partida en los años 2016 y 2017. Así, ha resaltado que “en 2017 se ha sobrepasado el umbral de los 6.000 millones de euros, con una cifra de 6.084 millones de euros, lo que permite acercarse cada vez más al gasto real de la Conselleria”.

Carmen Montón ha recordado que respecto a 2015, “el Gobierno del cambio ha incrementado los fondos para sanidad en 591 millones de euros, casi un 10% más respecto al último presupuesto presentado por el Gobierno del PP para 2015”.

El consejero de Salud, Jon Darpón, ha asegurado que el Gobierno vasco mantendrá las ayudas al copago farmacéutico a pensionistas que en su momento estableció para paliarlo, después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado el recurso que en su día interpuso el Ejecutivo autónomo contra el decreto de la Administración central que introducía este copago.

El Alto Tribunal ha determinado que el Decreto no invade competencias autonómicas, en contra de lo alegado por el Gobierno vasco, y Darpón ha calificado la sentencia de “decepcionante”, a pesar de que la respetará.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el consejero ha señalado que “el recurso que se puso en su momento por el Gobierno vasco defendía la universalidad del sistema sanitario”. “Es una característica que, en el caso de Osakidetza ha tenido desde sus orígenes hace 33 años”, ha añadido.

Además, ha recordado que el Decreto 16/2012 “cuestionaba la sostenibilidad del sistema sanitario por el gasto de la atención a personas en situación administrativa irregular”.

“Yo creo que, a día de hoy, nadie discute que el gasto sanitario no está en la atención de las personas en situación administrativa irregular y que la falta de atención a esas personas cuando conviven con nosotros de forma estable cuestiona la salud del conjunto de la sociedad”, ha indicado para aseverar que continuarán con su “sistema”.

En cuanto al incremento del copago farmacéutico en los colectivos como el de los pensionistas, recurrido por el Gobierno vasco, ha recordado esta medida se adoptó “con carácter de urgente y sin ni siquiera tener un debate ordinario en el Congreso de los Diputados, y se aplicó en Euskadi a partir de julio del año 2013, año y medio después”. “Nos parece cuestionables el argumento de una cosa que se hace por urgencia y el tiempo que tarda en aplicarse”, ha dicho.

Competencias

Tras señalar que el Tribunal “reconoce que es competencia del Estado definir cuál es la aportación a la farmacia de cada uno de los ciudadanos”, algo que el Ejecutivo autónomo “no cuestiona”, ha explicado que ellos defienden “que no es el colectivo de pensionistas con ingresos inferiores a 18.000 euros el colectivo al que hay que incrementarle el copago farmacéutico”. “Y vamos a mantener las ayudas que en su momento pusimos para paliarlo”, ha asegurado.

También se ha referido al hecho de que el Constitucional mantenga que se debe garantizar la uniformidad del sistema sanitario con independencia del lugar en el que se resida, Jon Darpón ha manifestado que, “afortunadamente”, eso no tiene “ninguna consecuencia para Osakidetza”.

“Nosotros defendemos que el Estatuto, que es una Ley Básica, dictamina que las competencias en salud, en asistencia sanitaria, en el ámbito territorial de Euskadi, corresponden al Gobierno vasco. Así lo hemos defendido y vamos a seguir defendiéndolo”, ha concluido

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso que en su día interpuso el Gobierno vasco contra el decreto del Ejecutivo central que introducía el copago farmacéutico. Según la resolución del Alto Tribunal, ese decreto no invade competencias autonómicas, que fue al argumento empleado por el Ejecutivo de Vitoria para recurrirlo.

El recurso fue presentado por el Gobierno de Patxi López y el siguiente, dirigido ya por Iñigo Urkullu, decició mantenerlo. En su resolución, el Constitucional sostiene que el decreto es una regulación de carácter básico que responde a la “legítima finalidad de contribuir a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”, según informa Efe.

Este hecho justifica la aprobación de medidas de “uso racional de los medicamentos y de control del gasto farmacéutico, entre las que se encuentra la aportación económica del usuario o beneficiaria con diversos porcentajes en función del nivel de renta, sin perjuicio de la exención de determinados usuarios”.

Sin embargo, la sentencia no es unánime ya que incluye dos votos particulares de sendos magistrados. Estos consideran que debió estimarse parcialmente el recurso promovido por el Gobierno vasco al entender que el hecho de que el copago entrara en vigor “dos años después de su aprobación” pone en “entredicho la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad”.

Los parados y los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) tendrán más ayudas para afrontar el copago de los medicamentos. Todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, han pedido al Departamento vasco de Salud que modifique el decreto que aprobó en 2013 para regular la devolución a ciertos colectivos el dinero que adelantaban por el copago farmacéutico implantado por el Estado. El objetivo es incluir a todas las personas desempleadas, así como a las perceptoras de RGI. Hasta ahora, el decreto nacional solo exime del pago a los parados sin derecho a subsidio y a las personas que reciben ayudas sociales.

En el texto aprobado, el Parlamento rechaza el decreto por el que el Gobierno central regula el copago al considerar que “agrava la economía de las personas pensionistas y dificulta el acceso a la adherencia a tratamientos farmacológicos”. Mientras se pongan en marcha las medidas destinadas a “derogar definitivamente los nuevos copagos”, el Parlamento reclama al Departamento de Salud que siga facilitando el acceso a las ayudas para la adherencia al tratamiento. El objetivo es garantizar que “ninguna persona prescinda del tratamiento farmacológico establecido por los profesionales de Osakidetza por motivos económicos”.

Todos los grupos han valorado esta iniciativa excepto el PP, cuya parlamentaria Laura Garrido ha defendido el decreto nacional porque “garantiza la equidad y la cohesión” para consolidar el Estado de Bienestar. Frente a este argumento, la parlamentaria de EH Bildu Eva Blanco ha criticado que el Gobierno central hable de la sostenibilidad del sistema para justificar el decreto cuando “pone en la diana a las personas más débiles y vulnerables, poniendo el poder adquisitivo por encima de la atención sanitaria”.

La instauración del copago farmacéutico ha tenido un efecto perverso en la continuidad de los tratamientos y, a tenor de un estudio publicado recientemente, ha podido poner muchas vidas en peligro.

Así se desprende del informe elaborado por la Fundación Fisabio, dependiente de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana, en coordinación con investigadores de otros centros, destinado a conocer el impacto de la repercusión de cobrar una parte del coste de los medicamentos a los pacientes con síndrome coronario agudo, es decir, con patologías en el corazón.

En 2012 el Gobierno aprobó el copago, lo que supuso que los pensionistas pasaran a costear el 10% del precio de la medicación, y que aquellos con rentas superiores a los 18.000 euros pasaran de sufragar un 40% a un 50% o 60% del tratamiento.

Así, para realizar el estudio se tomó como referencia a más de 10.500 pacientes dados de alta tras sufrir un infarto entre 2009 y 2011 en la Comunitat Valenciana, evaluándose el cumplimiento de su tratamiento hasta finales de 2013.

Los resultados del estudio revelan que el siguimiento de la medicación cayó entre 6,8% y un 8,3% entre los fármacos de mayor coste (IECA-ARAII).

En el caso de la estatinas, entre los pensionistas de más de 18.000 euros bajó el seguimiento del tratamiento un 7,8%.

Los resultados de este estudio han tenido una gran repercusión. De hecho, la revista Heart ha publico un artículo bajo el título 'Efecto del copago sobre la adherencia a medicación esencial en pacientes con síndrome coronario agudo'.

Entre otras citas, el texto destaca textualmente que “se ha demostrado que las políticas de participación en los costos que simplemente comparten la carga financiera de la compra de medicamentos con los pacientes pueden conducir a una utilización subóptima”.

Además, añade que “el efecto perjudicial sobre la adhesión a medicamentos esenciales es particularmente importante porque es más probable que cause daño”.

Para paliar esta situación, la Conselleria de Sanidad aprobó a principios de 2016 ayudas económicas para que los pensionistas con rentas bajas pudieran costearse los medicamentos, compensando así los efectos del copago.

Sanidad estima en 915.000 las personas beneficiadas por estas ayudas y un 32% la reducción en el abandono de los medicamentos.

Además, este año se han aprobado nuevas ayudas para hacer frente al copago de medicamentos en el caso de menores de familias con rentas bajas, de las que se beneficiarán más de 400.000 menores.

La fidelidad de los pacientes con infarto a los fármacos que deben tomar regularmente se redujo hasta un 8 % en España, sobre todo con los más caros, en los meses siguientes a la decisión del Gobierno de introducir el copago para los pensionistas y elevar la aportación de los trabajadores.

La revista Heart publica este mes un estudio sobre las repercusiones de la reforma sanitaria que se aprobó en España en 2012 sobre los tratamientos que siguen los pacientes con síndrome coronario agudo, en el que han participado los servicios sanitarios de Navarra y la Comunidad Valenciana, además de las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria, Castilla-La Mancha y Pompeu Fabra.

El estudio se basa en el seguimiento de los casos de 10.563 pacientes con ese tipo de patologías, procedentes de tres colectivos: pensionistas, que comenzaron a pagar un 10 % por las medicinas que antes recibían gratis; trabajadores en activo que antes pagaban por sus fármacos el 40 % de su coste y pasaron a abonar del 50 al 60 %; y trabajadores a los que la reforma no afectó en nada, dados sus bajos ingresos, usados como “grupo de control”.

El trabajo puso el foco en ese tipo de pacientes porque se tiene constancia de que las personas con síndrome coronario agudo que interrumpen sus medicaciones tienen tres veces más probabilidades de morir que los que continúan con el tratamiento.

Sus resultados revelan que tanto entre los pensionistas como entre los trabajadores afectados por la reforma sanitaria el seguimiento de las medicaciones que tienen pautadas cayó hasta un 8 %, sobre todo con los fármacos más caros, como las pastillas ACEI y ARB (para el control de la presión arterial) y las estatinas (medicamentos dirigidos a reducir el colesterol).

En cambio, los pacientes que a los que no afectó en nada esa modificación de la cobertura sanitaria pública siguieron con sus tratamientos sin mostrar cambios destacables.

Los autores precisan que ese efecto “económico” sobre la fidelidad al tratamiento se fue diluyendo con el tiempo, hasta volver a una situación considerada normal al cabo de año y medio.

“Incluso aunque los efectos parezcan temporales, esperamos que este paréntesis de 18 meses en la adherencia a sus tratamientos de pacientes altamente vulnerables tenga un impacto relevante en su evolución clínica, como han apuntado estudios anteriores, y probablemente también en los costes económicos”, asegura este artículo, cuya primera firmante es la catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Beatriz González López-Valcárcel.

Por ello, sugieren que, cuando introduzcan este tipo de copagos farmacéuticos, se aseguren de que los pacientes de alto riesgo queden exentos de esa medida.

La Generalitat Valenciana devolverá de oficio a las personas dependientes las ayudas a cuidador no profesional. Estas ayudas se redujeron en época del PP con el “copago encubierto” que se abonaba directamente a los centros ocupacionales, por lo que el Consell tendrá problemas para calcularlo.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, durante su comparecencia en las Corts. La diputada socialista Concha Andrés ha interpelado a la consellera sobre las consecuencias de la sentencia del TSJCV que abre la vía a más de 6.000 dependientes a exigir la responsabilidad patrimonial de la Generalitat para recuperar las cantidades abonadas por el copago entre los años 2012-2015, así como sobre las responsabilidades del anterior Ejecutivo por la declaración de nulidad de los copagos y reducciones aplicadas a las prestaciones de la dependencia.

Oltra ha precisado que estas devoluciones “de oficio” se llevarán acabo a partir de los próximos meses. “El Consell pondrá en marcha de oficio el devolver a las personas que vieron aminoradas sus ayudas a cuidador no profesional con ese copago encubierto que se introdujo, para empezar a devolver a la gente lo que durante años les quitaron de manera injusta e ilegal”, ha aseverado.

La también portavoz del Consell ha precisado que estas devoluciones solo podrán hacerse en el caso de los cuidadores no profesionales porque el copago, “tal como lo introdujo el PP”, se pagaba directamente a los centros y la Conselleria no puede hacer la devolución de oficio porque “desconocemos las cuantías que se tuvieron que abonar porque se vehiculaba a través del centro”. No obstante, ha animado a las personas afectadas a “reclamar” por vía administrativa: “este Consell responderá”.

Oltra ha apuntado que el “repago” -al que se ha referido Andrés- es “uno de los ejemplos de la ruina en diferido del PP”, en este caso, “uno de los más sangrantes” por tratarse de personas con grados de dependencia, por lo que “la responsabilidad del antiguo gobierno es toda” por la Orden 21/2012 y el Decreto 113/2013 que establecía “la minoración en las prestaciones a las personas cuidadoras y el copago confiscatorio en el servicio de centros de día y ocupacional”, ha explicado.

Ambas normas, ha recordado, fueron declaradas ilegales por el TSJCV, lo que supone un impacto económico de 122 millones de euros para la Generalitat. “Me encantaría ir al Tribunal de Cuentas y quienes hicieron este agujero pagasen con su patrimonio”, ha indicado Oltra, quien se ha referido a anteriores gobiernos del PP como los que “hicieron que personas abandonasen centros ocupacionales porque no podían hacer frente a la confiscación”.

La Conselleria de Sanidad destinará 8 millones de euros a compensar el copago farmacéutico a menores cuyos progenitores tengan rentas anuales inferiores a 18.000 euros y a menores cuya residencia no está autorizada, una ayuda que beneficiará a más de 400.000 niños o adolescentes.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Carmen Montón, han presentado este plan de ayudas destinadas a asumir el copago farmacéutico, que se suma a la medida que ya adoptó el Gobierno valenciano para pensionistas y personas con diversidad funcional.

Montón ha afirmado que ningún recurso ante los tribunales impedirá a la Conselleria de Sanidad “actuar con criterios de justicia y solidaridad con los más vulnerables, de velar por la salud de las personas y trabajar por el bien común”, en referencia al recurso presentado por el Gobierno central contra el copago aplicado en la Comunitat Valenciana desde 2016.

“Que los valencianos tengan la certeza de que este gobierno está en contra del copago, y nada ni nadie nos hará desistir de habilitar esas ayudas y aumentar los recursos si es necesario y ampliar su ámbito de aplicación”, ha asegurado la consellera.