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El Gobierno anula las ayudas contra el copago sanitario, pero no tendrá consecuencias para los beneficiaros

Una sentencia, que viene como consecuencia de un recurso de la Abogacía del Estado, anula el decreto aprobado por el Consell en 2016.

La Conselleria de Sanidad ha asegurado que las ayudas frente al copago farmacéutico y ortoprotésico están plenamente vigentes y que recurrirá.

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La consellera Carmen Montón junto al presidente, Ximo Puig EFE

El Trubunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado los decretos aprobados en 2016 por los cuales se conceden ayudas económicas a los pacientes valencianos más desfavorecidos para dejar sin efecto el copago farmacéutico y ortoprotésico aprobado por el Gobierno Central.

La sentencia viene como consecuencia de un recurso de la Abogacía del Estado, es decir, de el Gobierno central, que en el año 2012 aprobó el copago a pensionistas a discapacitados.

Así, una de las primeras medidas aprobadas por el Consell que preside Ximo Puig, de la mano de la consellera de Sanidad, Carmen Montón, fue la aprobación en el año 2016 del decreto por el cual la Conselleria subvenciona este copago a personas con rentas bajas.

Sin embargo, es precisamente este aspecto en el que se basa la sentencia para tumbar el decreto. Según el fallo, "no se extrae como consecuencia que las personas beneficiarias de las ayudas se hallen en todo caso en una situación de necesidad".

Sin embargo, la sentencia sí que reconoce que las ayudas "no suponen una desviación de poder".

Al respecto, desde la Conselleria de Sanidad han aclarado que las ayudas frente al copago farmacéutico y ortoprotésico están plenamente vigentes.

De acuerdo con las consultas realizadas con la Abogacía, la sentencia no afecta en ningún caso a las ayudas actuales del año 2017, que seguirán concediéndose con total normalidad, ni a las aportadas en el año 2016 (unos 46 millones de euros), a las que hace referencia el TSJ, ya que ya han sido ejecutadas.

De hecho, desde Sanidad han informado que no tienen constancia de que la Abogacía del Estadado haya recurrido los decretos de ayuda de 2017.

La Conselleria de Sanidad ha recordado que la sentencia no es firme y que está ultimando un recurso de casación contra el pronunciamiento del TSJ.

El fallo reconoce que no existe una situación de desviación de poder así como, por tanto, la legitimidad y la competencia de la Generalitat de conceder ayudas para garantizar los tratamientos sanitarios en población en situación de necesidad.

Sobre las dudas argumentadas en cuanto a la situación económica de los beneficiarios, desde Sanidad entienden que sí existen unos criterios definidos de situación de necesidad económica como es en el caso de los pensionistas el hecho de tener unas rentas inferiores a 18.000 euros anuales, para conceder las ayudas.

Finalmente, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón,  ha lamentado el interés del Gobierno de España en bloquear las iniciativas desarrolladas por la Generalitat encaminadas a la devolución de los derechos sanitarios arrebatados por los Gobiernos del PP no solo con recursos como el presente, sino con el presentado contra la universalidad de la atención sanitaria, avalado por el Tribunal Constitucional en un auto contrario a la suspensión cautelar solicitada por el Gobierno.

Por ello, Carmen Montón ha insistido en la derogación del Real Decreto 16/2012, la medida a través de la que  el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo los copagos entre pensionistas o  la exclusión sanitaria a migrantes en situación irregular.

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