El Parlamento de Andalucía, víctima de la electricidad estática que vive la política tras el escándalo de los retrasos en los cribados de cáncer de mama que afectan a 2.000 mujeres, ha estallado en un caos bronco a los cinco minutos de comenzar el Pleno de este jueves.

Las tres fuerzas de izquierdas -PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía- habían registrado una petición de debate general para cambiar el orden del día y que, esta misma tarde, compareciera el presidente Juan Manuel Moreno para dar explicaciones por el escándalo de los retrasos en los cribados de cáncer de mama, alegando “máxima actualidad”.

La petición, calificada favorablemente por la Mesa de la Cámara, debía someterse a votación, según el artículo 73 del reglamento, pero cuando lo planteó la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, la bancada del PP estaba llena de asientos vacíos. Es decir, los populares no disponían en ese instante de la mayoría absoluta que ostentan (58 diputados) para impedir la estrategia de la oposición, que no era otra que la de poner a Moreno contra las cuerdas, obligándole a encarar en persona la crisis de los cribados.

El presidente de la Cámara, el popular Jesús Aguirre, ha intentado dar carpetazo al asunto sin someterlo a votación. “No hay más debate, el orden del día lo marca el presidente”. Todos los grupos de la oposición han empezado a protestar y la algarabía se ha adueñado de la sala. Algunos diputados del PP han salido apresuradamente del salón de Plenos, teléfono en mano, para llamar a sus compañeros. Eran poco más de las tres de la tarde y muchos estaban aún comiendo en la cafetería del Parlamento.

-“Presidente, está incumpliendo el reglamento”, le ha espetado Nieto.

-“Señoría, ¡que no tiene la palabra!”, le ha respondido, tras cortarle el teléfono a la diputada.

No es la primera vez que los grupos de la oposición acusan a Aguirre de saltarse el reglamento o de forzar interpretaciones del mismo para tumbar todas las iniciativas de la izquierda que pueden incomodar al Gobierno de Moreno, asentado cómodamente sobre una mayoría absoluta. El presidente de la Cámara lleva dos años vetando un debate monográfico sobre la crisis de la sanidad pública andaluza, demandada semana tras semana por la oposición.

-“Presidente, al menos deme la palabra. Usted tiene que cumplir el reglamento”, ha insistido el diputado socialista, Rafael Recio, impidiendo que Aguirre iniciara formalmente el orden del día. “No ha lugar”, ha remarcado el presidente. “¡Que hable el letrado, que diga algo el letrado mayor!”, se ha escuchado desde los micrófonos abiertos de los socialistas. Varios diputados de izquierdas, con el micrófono apagado, han empezado a protestar, blandiendo un ejemplar del reglamento.

En medio de este desorden, el vicepresidente de la Cámara, Manuel Andrés González (también del PP), se ha acercado a decirle algo al oído a Aguirre y, acto seguido, éste ha anunciado: “Bien, votamos una modificación del orden del día. Bien, vale, vale...Votos a favor...a la modificación del orden del día propuesta por tres grupos parlamentarios”. El caos ha ido creciendo. Se oían algunos parlamentarios preguntando a voces: “¿A mano alzada? ¿cómo lo vamos a votar?”

En ese momento, el portavoz del PP, Toni Martín, visiblemente nervioso, ha tomado la palabra para quejarse de que el letrado mayor debía aclarar si había que votar o no, y de que “estas cosas deben anunciarse antes de que comience el Pleno. No tenemos inconveniente en que se vote...”. Aguirre: “Señorías, hablado está con el letrado. Se va a votar”. El portavoz de Vox, Manuel Gavira, y el propio Martín se han quejado de no conocer la propuesta de los tres grupos de izquierdas. Aguirre les ha dicho que había pasado por la Mesa de la Cámara, donde ellos están representados, pero el diputado de Vox ha hecho un gesto de desprecio: “Bah, por la Mesa...”.

Es entonces cuando otro diputado del PP, Pablo Venzal, ha abierto su micrófono para alertar de que no tenían a todos sus diputados. “Señor presidente, nos tenía que haber advertido, porque nos falta gente. Dé un receso de cinco minutos para que la gente venga...”, dando un manotazo al micrófono, y haciendo gestos a la bancada socialista. “Cada vez que se va a votar se avisa con cinco minutos de antelación”, ha insistido Martín.

Los diputados de izquierdas han levantado la voz y Aguirre, efectivamente, ha ordenado un receso de cinco minutos: “Sí, señor, porque me da la gana”. “¿Para que vengan los diputados del PP de comer, para eso hacemos un receso?”, ha gritado la diputada del PSOE, Ángeles Férriz, que ha seguido relatando durante los cinco minutos de parón: “¡Qué vergüenza de Parlamento!”

Transcurrido el receso, los socialistas han pedido a Aguirre que ordene la votación, pero la bancada del PP seguía sin contar con todos sus miembros. “Cuando yo diga, cuando el presidente diga”, ha respondido. A esas alturas, Vox ya había decidido votar a favor de la iniciativa de las izquierdas para forzar la comparecencia de Moreno en la Cámara, si toda la oposición conseguía sumar más de los 55 votos de mayoría absoluta. Los diputados del PSOE se han ido calentando a medida que pasaban los minutos. “¡A ver si acaban los gin tonics los diputados del PP!”, ha dicho Férriz, “¡El Ventorro, están en el Ventorro!

Aguirre: “Tranquilos, tranquiiiilos”. El presidente de la Cámara, desde la Mesa, ha mantenido cerrados los micrófonos de la bancada socialista, pero ha permitido que el portavoz del PP tenga abierto el suyo: “A lo mejor es porque yo no estoy insultando. Relájate, relájate, compórtate como una diputada”, ha dicho Martín dirigiéndose al grupo parlamentario.

El letrado mayor del Parlamento y los miembros de la Mesa, en pie, han empezado a revisar documentación. Pasados unos diez minutos, Aguirre ha ordenado empezar con el orden del día, sin cambios, y votar al final de la jornada la posible intervención de Moreno, pero ya en la sesión del jueves. “Según me indica el letrado, y en caso de que salga positivo se hará en el orden del día siguiente”, ha zanjado, ante la protesta generalizada de la oposición. “¡Los cambios del orden del día se votan al principio, no al final!”, ha gritado el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García. “Los cambios los hago yo, no se hable más”, insistió el presidente.

Finalmente el Pleno ha arrancado con el debate sobre las cuatro enmiendas a la totalidad contra el proyecto de ley de Vivienda del Gobierno andaluz, rechazado uno a uno por todos los grupos de la oposición. Ejemplo de esa tranquilidad parlamentaria que disfruta el PP de Moreno gracias a su mayoría absoluta es que ninguna de estas enmiendas iba a salir adelante y su ley no corría peligro.

Pero la oposición no se ha rendido y, cuando la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, intentaba contar el proyecto desde la tribuna, Aguirre ha tenido que interrumpirla y ordenar otro receso, esta vez de diez minutos. “Señorías, que no hay más debate, que no hay más debate. Guarden silencio”, ha dicho.

Al presidente, visiblemente ofuscado, se le fue entonces de las manos el control de la Cámara. La algarabía era total y había diputados, del PP y del PSOE, que se levantaban y se dirigían hacia la Mesa para mediar de cerca con Aguirre. “Siéntense, siéntense”. Aguirre pidió calma una y otra vez. “Yo no tengo prisa ninguna”.

Las izquierdas le gritaban -“pedimos amparo a la letrada”- para que revisara el artículo 73 del reglamento: “El orden del día del Pleno podrá ser alterado por acuerdo de éste, a propuesta del Presidente o a petición de dos Grupos parlamentarios o de una décima parte de los miembros de la Cámara”. Un buen pulado de diputados estaba, en ese instante, mirándose el librito del reglamento.

El momento más crítico llegó cuando el presidente del Parlamento dijo que él no había abierto la votación para cambiar el orden del día, algo que, en realidad, hacía hecho diez minutos antes: “No he llamado a votación...”. El estruendo hizo imposible seguir ninguna intervención, porque todos se interrumpían entre sí. Aguirre suspendió de nuevo el Pleno diez minutos. “Los portavoces, a sacristía”, dijo, llamando a consultas a un representante de cada grupo político.

Tras el segundo receso, reunido el presidente con los letrados y los miembros de la Mesa, Aguirre ha admitido que la solicitud de las izquierdas de un pleno extraordinaria había sido admitida a trámite por el órgano rector de la Cámara; también ha reconocido que “la petición in voce” que habían formulado para cambiar el orden del día era “perfectamente” posible y, por último, ha ordenado que se vote al final del Pleno, citando el artículo 87: “En los casos establecidos en el presente Reglamento y en aquellos que por su singularidad o importancia la Presidencia así lo acuerde, la votación se realizará a hora fija, anunciada previamente. Si llegada la hora fijada el debate no hubiera finalizado, la Presidencia señalará nueva hora para la votación”.

De salir adelante, una reunión extraordinaria de la Mesa tendría que alterar todo el orden del día del Pleno previsto para el jueves, en el que ya está fijada la sesión de control al presidente Moreno.

El Parlamento andaluz ha encargado a sus servicios jurídicos un informe tras la petición de amparo registrada el lunes por el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, después de que dos agentes de la Policía Judicial entrasen vestidos de paisano en la Cámara legislativa, identificasen en su despacho al diputado y le entregaran una querella de la Fiscalía Superior de Andalucía por un supuesto delito de injurias a la Policía Local de Sevilla.

Este caso es inédito en la historia parlamentaria andaluza y ha abierto un acalorado debate sobre los límites de “la inviolabilidad” de la que gozan los diputados andaluces “por las opiniones manifestadas en actos parlamentarios”, un derecho reconocido en el artículo 101.3 del Estatuto de Autonomía que protege a sus señorías de ser “juzgados o procesados” por el Tribunal Superior de Justicia sin autorización previa de la Cámara.

El pasado enero, García hizo fuera del Parlamento unas declaraciones públicas cuestionando la actuación de los agentes que persiguieron “hasta su muerte” a Mamouth Bakhoum, un mantero senegalés que murió ahogado en el río Guadalquivir el pasado 29 de diciembre. “Es un caso de racismo institucional, violencia policial y represión”, dijo, exigiendo una investigación a fondo.

El teniente fiscal del TSJA, José Rogelio Muñoz Oya, considera que estas palabras, pronunciadas fuera del Parlamento, no forman parte de la actividad parlamentaria del diputado y no están amparadas por el derecho a la libertad de expresión. Muñoz Oya las califica de “libertinaje de expresión” en su escrito, firmado también por la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago.

“La libertad de expresión no ampara un hipotético derecho al insulto y el discurso del exceso verbal punible no entra en la pretendida libertad de expresión, sino en lo que podía denominarse como libertinaje de expresión”, subraya el documento.

Los miembros de la Mesa de PSOE, PP, Vox y Por Andalucía no han entrado en la forma ni en el fondo de las palabras de García, pero sí han elucubrado sobre si la inviolabilidad de sus diputados va más allá de los muros del Parlamento, esto es, si las opiniones políticas vertidas fuera de la Cámara están protegidas por ese derecho estatutario, además de la propia libertad de expresión.

La Mesa del Parlamento andaluz, por unanimidad, ha acordado este martes solicitar un informe jurídico con tres patas sobre el asunto que afecta a García: primero, aclarar qué efectos tiene la petición de amparo de un diputado al presidente de la Cámara, reconocida en el artículo 12 del reglamento.

Es el precepto que ha invocado García ante el presidente de esta institución, el popular Jesús Aguirre, y que establece ante “cualquier actuación judicial o gubernativa que pudiera obstaculizar el ejercicio de su función parlamentaria”, la obligación de “adoptar de inmediato cuantas medidas estime convenientes, en orden a salvaguardar los derechos y prerrogativas de la Cámara y de sus miembros”.

Como no hay antecedentes de que el Parlamento andaluz haya amparado a ninguno de sus diputados, hasta hoy, los letrados de la Cámara tendrán que interpretar cuál es el alcance de ese artículo del reglamento. El portavoz de Adelante Andalucía ha dirigido un escrito a Aguirre denunciando que se siente “coaccionado” desde la Fiscalía Superior, “desprotegido de sus prerrogativas como parlamentario”, y “atacado en el ejercicio de su libertad de expresión”.

García espera que se articule algún tipo de medida, porque entiende que la querella del fiscal por sus declaraciones políticas no sólo le afectan a él, sino al parlamentarismo andaluz en su conjunto. Desde su formación aseguran que si Aguirre no actúa como intermediario ante el TSJA -que aún no ha cursado la querella del Ministerio Público- elevarán un recurso ante el Tribunal Constitucional acusando al Parlamento andaluz de no proteger las funciones propias de sus diputados y la libertad de expresión.

La segunda pata del informe encargado a los letrados del Parlamento consistirá en aclarar cómo accedieron dos agentes de paisano hasta el despacho de García para pedirle su credencial de diputado y entregarle en mano la querella del fiscal. Este punto ha levantado cierto revuelo, porque los policías entraron en la Cámara sin que tuviera constancia el letrado mayor ni el presidente de la institución.

Según García, los agentes le telefonearon para informarle de que debían entregarle en mano el aviso de querella de la Fiscalía Superior, y éste les citó en su “lugar de trabajo”, es decir, las dependencias del grupo parlamentario Adelante. En un principio, desde la Cámara aseguraron que los agentes no llegaron a entrar y que el diputado salió hasta la puerta del edificio para recoger el escrito. El letrado mayor, en una reunión con García y Aguirre esta mañana, ha explicado que el procedimiento normal habría sido éste, según fuentes presentes.

El portavoz de Adelante, en cambio, afirma que los dos agentes llegaron hasta su despacho, se identificaron con sus placas, le pidieron su credencial y le entregaron el documento en mano. Dos asesores parlamentarios de García le acompañaron y acreditan esta versión.

Para el PSOE, que considera este asunto “muy grave”, una notificación se realiza por el Juzgado, no por la parte querellante, y puede hacerse en persona en el domicilio habitual o en su lugar de trabajo, si no le localizan en casa. “Se debe pedir auxilio desde la Mesa para poder notificar al Parlamentario. Esa es la práctica normal. Lo de notificar querellas por un policía no es normal, es un funcionario del juzgado quien lo hace y menos aun no hacerlo en el domicilio habitual, el centro de trabajo es excepcional. En este caso es además totalmente inadmisible. Lo más adecuado es que te llame el letrado mayor o el presidente de la Cámara”, dicen.

La tercera pata del informe jurídico es un estudio comparativo con casos similares en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en otros parlamentos autonómicos.

Una investigación judicial

El delito de injurias contra las Fuerzas de Seguridad del Estado está tipificado en el Código Penal (artículo 504.2) con mayor gravedad y dureza que las injurias a un ciudadano de a pie: José Ignacio García se enfrenta a una multa de 12 a 18 meses, con un máximo de 400 euros por día (en torno a 216.000 euros en el peor de los casos).

El fiscal, en su su escrito [decreto de archivo e interposición de querella] entiende que las palabras del diputado andalucista “pueden contribuir a generar un estado de opinión capaz de cuestionar la legitimidad democrática de la institución [la Policía Local] o la legalidad de su actuación, y con ello a fisurar su prestigio”.

Los límites de la inviolabilidad de un diputado autonómico son difusos. Ni siquiera dentro del PP, el grupo mayoritario de la Cámara, hay consenso al respecto. Su portavoz, Toni Martín, ha asegurado en rueda de prensa que “nuestra inviolabilidad se circunscribe al Parlamento, a lo que digan en la tribuna del Pleno o en comisión, no fuera. Eso lo tenemos clarísimo”.

Sin embargo, al mismo tiempo que Martín hacía estas declaraciones, la Mesa analizaba el caso de García y uno de sus miembros, el popular José Ramón Carmona, defendía “con vehemencia” justo lo contrario, es decir, que la inviolabilidad del diputado persiste fuera de la Cámara cuando expresa opiniones políticas, según la versión de otros miembros de la Mesa. Preguntado al respecto, Carmona “ni confirma ni desmiente”, y se remite a lo que haya dicho su portavoz parlamentario.

34 camisetas y una muerte en el río

José Ignacio García denunció públicamente el trabajo de los agentes que persiguieron a Mamouth Bakhoum durante un kilómetro por vender “34 camisetas”. “Esto es lo que hay que investigar. Lo que ha cometido la Policía Local de Sevilla es un caso de racismo institucional, de violencia policial y de represión que no puede volver a pasar. ¿Qué sentido tiene que se le persigan durante más de un kilómetro corriendo, los policías en moto, a un trabajador por llevar camisetas? ¿Y que nos tengamos que creer que un chico de 43 años, padre de familia, se tiró al río Guadalquivir? Queremos ver el vídeo de cómo entró al agua”.

Estas fueron las palabras que usó el portavoz andalucista, difundidas en un vídeo a través de las redes sociales, y que motivaron una denuncia del secretario de la sección sindical de CSIF del Ayuntamiento de Sevilla y del presidente del Sindicato de Policía Local de la ciudad hispalense contra García por “un delito de injurias contra los Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.

El Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla ha archivado ya dos veces la investigación tras revisar las cámaras de seguridad de la zona, aunque los allegados de Bakhoum pretenden llevar el caso ante la Audiencia Provincial de Sevilla y, en paralelo, algunas ONGs maniobran para llevar el asunto ante la ONU. La jueza que ha desestimado el último recurso de la familia describe la intervención de los agentes que persiguieron al mantero senegalés como un “cercamiento policial de la víctima en los bajos del puente” desde donde cayó al río y murió.

La Mesa del Parlamento andaluz, órgano de control de la Cámara, ha tumbado una iniciativa del grupo mixto Adelante Andalucía para celebrar un debate en pleno “relativo a la defensa del pueblo palestino ante el genocidio” que está sufriendo desde hace semanas por parte del ejército israelí, y “por el fin del reconocimiento del Estado de Israel”.

Se trata de una proposición no de ley (PNL) que no tiene carga legislativa, una iniciativa menor que sirve de debate entre los grupos y fija un posicionamiento político de la Cámara, a favor o en contra, normalmente de instar a una administración superior a tomar alguna decisión.

Sin embargo, la Mesa del Parlamento, controlada por la mayoría absoluta del PP, ha acordado no admitir a trámite esta iniciativa, “atendiendo a las posiciones y al tono del discurso expresados en la misma, una vez ponderada la situación de conflicto bélico existente en la zona aludida”, reza el escrito de rechazo del órgano rector de la Cámara, firmado por el letrado mayor, Manuel Carrasco, el pasado 18 de octubre, y al que ha tenido acceso este periódico.

El Parlamento andaluz apeó este debate del orden del día del siguiente pleno “al considerar que el propio hecho de iniciar el debate público en sede parlamentaria respecto de lo que se postula en la misma [PNL] podría suponer una grave interferencia en la política estatal respecto de este conflicto y, asimismo, conllevaría el riesgo de involucrar a la comunidad autónoma de Andalucía en una situación de conflicto armado”.

El escrito de la Mesa argumenta, por tanto, que “no corresponde a la comunidad autónoma intervenir como parte en un conflicto de estas características, lo cual, además, podría llegar a comprometer la propia seguridad de la población andaluza y del conjunto de la población española”.

“A Netanyahu le preocupa mucho una PNL andalucista”

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha lamentado el “uso partidista” que hace el presidente de la Cámara, el popular Jesús Aguirre, de la segunda institución de la comunidad autónoma. García ha ironizado con el hecho de que “una PNL de un grupo andalucista con dos diputados represente un peligro para la seguridad nacional y ponga en riesgo a los andaluces”. “Estoy seguro de que a Netanyahu le preocupa mucho nuestra PNL”, ha asegurado.

La iniciativa de Adelante Andalucía, registrada el pasado 7 de octubre, tiene cinco folios y en su exposición de motivos argumenta que “la situación que vive el pueblo palestino es dramática y ya ha rebasado cualquier tipo de límite moral, ético o legal”.

“Tras más de 42.000 palestinos y palestinas asesinadas, lo que constituye más de un 2% de la población de Gaza, y la destrucción de todo tipo de infraestructuras, podemos hablar de que existe una vocación clara del Estado de Israel de exterminar sistemáticamente al pueblo palestino por el mero hecho de ser palestinos y palestinas. Por esta razón, hablamos de que estamos asistiendo en directo a un Genocidio”, reza el texto.

El partido de Teresa Rodríguez también es crítico con la posición de la comunidad internacional y del Gobierno de Pedro Sánchez en relación al genocidio de Gaza, aunque España haya reconocido oficialmente el Estado de Palestina. “La llamada Comunidad Internacional está jugando un papel lamentable en toda esta situación, posicionándose siempre del lado del Estado de Israel. El Estado Español no está jugando un papel muy diferente”, advierten.

Y añade: “Cabe destacar la hipocresía de la mayoría de los estados europeos, la UE y EEUU, que defendieron sin matices el derecho del pueblo ucraniano a defenderse de la agresión rusa e incluso siguen armando a uno de los bandos de dicho conflicto, y bien se mantienen en la retórica de la neutralidad ante el genocidio palestino o bien apoyan retórica o materialmente al Estado de Israel”.

Por último, los andalucistas destacan en su iniciativa las “movilizaciones del último año” del pueblo andaluz que “han sido masivas y demuestran una vocación solidaria inherente a la ciudadanía andaluza”. “Por todo esto, Andalucía no puede seguir al margen y el Gobierno andaluz debe actuar, en la medida de sus competencias. A pesar de que no existen herramientas legales en política exterior y militar, un posicionamiento claro del Parlamento de Andalucía en favor del pueblo palestino y contra cualquier tipo de relación económica y política con los culpables del genocidio sería un cambio cualitativo sustancial en el apoyo internacional a la situación que viven los y las palestinas”, concluye la exposición de motivos.

De haber sido aprobada en todos sus términos, el Parlamento andaluz habría instado “al Gobierno de España a dejar de reconocer el Estado de Israel como estado soberano legítimo debido a su carácter colonial, genocida y de apartheid contra la población palestina” y “a reconocer que ha seguido manteniendo el comercio militar con el Estado de Israel desde el estallido de la última fase del conflicto en octubre de 2023 y realizar un embargo militar comprensivo y bidireccional a Israel”.

También planteaba “poner fin a todas las relaciones de la Junta de Andalucía de cualquier tipo con instituciones del Estado de Israel”; “condenar toda la represión contra las movilizaciones en defensa del pueblo palestino, especialmente las ocurridas en las universidades andaluzas.”, y “defender la solución al conflicto con el establecimiento de un solo estado democrático, multiétnico y plurinacional en el que convivan en paz todas las personas que viven en Palestina, respetando en igualdad de condiciones todas las confesiones religiosas, en especial musulmanes/as, judíos/as y cristianos/as”.

Los 30 diputados del PSOE y los dos del gurpo mixto Adelante Andalucía se han levantado de sus escaños y abandonado el pleno del Parlamento andaluz en protesta contra su presidente, el popular Jesús Aguirre, a quien acusan abiertamente de actuar como “juez y parte” para favorecer al PP en detrimento del resto de grupos.

Ha sido el desenlace de una sesión de control tensa, a ratos crispada, en la que los tres grupos de oposición de izquierdas han obligado al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, a responder por los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que investiga un juzgado de Sevilla por un supuesto delito de prevaricación, y en el que está imputada la actual gerente, Valle García, y sus dos antecesores.

Los escaños de toda la izquierda se han quedado vacíos -los cinco diputados de Por Andalucía ya estaban fuera en el momento de la acción protesta de PSOE y Adelante- justo en el turno del portavoz del PP, Toni Martín, que cierra las preguntas de control a Moreno. “La irresponsabilidad de un grupo parlamentario que abandone el pleno, no sé si hay precedentes en la historia de este Parlamento”, se lamentó Martín, mientras los parlamentarios de la izquierda desfilaban en dirección al exterior.

En realidad, sí que hay precedentes. De hecho, el expresidente del PP andaluz, Javier Arenas, es quien tiene la patente de las espantadas de diputados de la oposición en sesiones plenarias, también enfadados y como acción protesta contra el presidente de la Cámara de turno, durante los gobiernos del PSOE.

Esta vez es la primera vez que lo hacen los socialistas en la oposición desde que gobierna Moreno, hace seis años. Pero la escena es muy similar a la de entonces: en una sesión de control y por enfado de sus señorías cuando el presidente de la Cámara le niega el turno a un portavoz de grupo o a un diputado por alusiones.

Aquí la bronca venía precedida de las preguntas que la izquierda ha dirigido al presidente andaluz, acusándole de “corrupción política” por los contratos a dedo del SAS. El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha usado los informes de la Intervención que cuestionan esas adjudicaciones a dedo a clínicas privada, “cuando la pandemia ya estaba muy atemperada”, y ha acusado a Moreno de mantener en el cargo a la gerente del SAS después de ser imputada por el juez.

“Ustedes le han dado 243 millones de euros a dedo a Asisa para que paguen sus campañas electorales. Dígaselo a la ciudadanía andaluza”, ha sentenciado, al terminar su intervención. Inmediatamente, el portavoz del PP ha abierto su micrófono y, dirigiéndose al presidente del Parlamento, ha pedido que “el portavoz de Adelante Andalucía retire la imputación directa de un delito al Gobierno de Andalucía y al PP”.

Aguirre le ha permitido hablar, aunque no le tocaba ni el diputado popular ha invocado el artículo del reglamento que le permite intervenir por alusiones. Acto seguido ha preguntado a García si si “aceptaba retirar la imputación” de un delito a la Junta y al PP del diario de sesiones. El portavoz de Adelante, extrañado, se ha encogido de hombros. “Yo no puedo imputar, quienes imputan son los jueces, y hay una gerente imputada, ¿no?”. El presidente ha ordenado a los servicios de la Cámara “retirar la palabra imputada del diario de sesiones”, ante el estupor de algunos parlamentarios.

Lo que ha cabreado a las izquierdas es que minutos después se ha repetido la misma escena, pero a la inversa. El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha centrado parte de su discurso en hablar de la corrupción señalando al PSOE de Pedro Sánchez y al sindicato UGT Andalucía, cuyo exsecretario general había sido condenado un día antes por la Audiencia Provincial de Sevilla a tres años de cárcel y 50 millones de multa por un fraude en las subvenciones públicas que recibió.

Gavira ha llamado a UGT “sindicato corrupto” y ha exigido a Moreno que le retire todas las ayudas que actualmente le otorga la Junta. Es entonces cuando la portavoz del PSOE andaluz, Ángeles Férriz, ha abierto su micrófono para reclamar también al presidente del Parlamento que exigiese a Gavira retirar la palabra “corrupto” del diario de sesiones. Pero a Férriz, al contrario que al diputado del PP, no se le ha oído. Aguirre le ha silenciado el micrófono varias veces desde su escaño en la Mesa de la Cámara, advirtiéndole de que “no era su turno”.

La portavoz socialista lo ha intentado una y otra vez y, entrecortada, se le ha escuchado decir sin micrófono que estaba pidiendo lo mismo que minutos antes había pedido su homólogo del PP, pero Aguirre se lo ha impedido. La bancada socialista se ha revuelto y el ruido de protestas contra Aguirre ha ido cogiendo volumen. Quien ha terminado las palabras de Férriz ha sido el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, en su turno de preguntas de control al presidente Moreno.

Espadas se ha quejado del trato desigual que le ha dado Aguirre a su compañera y, más tarde, ya fuera del pleno, se ha quejado de tener que usar parte de su tiempo de control al presidente para defender el derecho de su grupo a exigir “un trato igual”. “El presidente del Parlamento andaluz actúa como juez y parte y no puede hacerlo”, ha dicho. Espadas es quien ha pedido a Aguirre que retire la palabra “corrupto” en referencia a UGT, algo a lo que finalmente ha accedido tras reiterárselo después de su cara a cara con Moreno.

El portavoz de Vox se ha negado a retirarla de motu propio -“¡no la retire, no puede!”-, pero el presidente de la Cámara ha obrado de la misma manera que minutos antes con el diputado de Adelante.

Este ambiente bronco está necesariamente ligado a la estrategia del PSOE para socavar la mayoría absoluta de Moreno tras la apertura de la investigación judicial por los contratos de emergencia. 24 horas antes, la consejera de Salud, Rocío Hernández, ya tuvo que rendir cuentas ante las preguntas de la oposición, aferrándose a la crisis sanitaria desencadenada por la pandemia para justificar la prórroga de los contratos a dedo con clínicas privadas entre 2021 y 2023, que investiga un juez.

Moreno ha usado el mismo relato que su consejera, apelando a la pandemia, los muertos, los contagiados y la dificultad a la que se enfrentaron los sanitarios, y ha acusado a las izquierdas -singularmente al PSOE- de “cruzar una línea roja” en su labor de oposición. “Usted quiere este show porque lo necesita”, le ha recriminado a Espadas, acusándole de seguir “obedientemente la agenda política de Ferraz”. “Si cree en la Justicia, déjela correr, y ya veremos quién tiene que dar explicaciones en los próximos años”, ha zanjado.

El Parlamento de Andalucía debatirá en el pleno de la próxima semana sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a clínicas privadas que están siendo objeto de una investigación judicial por un posible delito de prevaricación. El PSOE, Vox y también el PP han solicitado la comparecencia del Consejo de Gobierno para dar explicaciones sobre los informes de la Intervención General de la Junta que censuran las prórrogas de estos contratos a dedo desde 2020 a 2024, amparándose en el marco legal habilitado durante la pandemia cuando ya estaba derogado.

Previsiblemente, los rivales políticos de Juan Manuel Moreno también le atacarán con este asunto en la sesión de control, ya que no tuvieron posibilidad de hacerlo hace una semana, porque el presidente se ausentó del Parlamento para marcharse rápido a Málaga y supervisar en persona el dispositivo contra la DANA. Desde entonces, el PSOE ha ampliado su querella contra la Junta por los contratos a dedo, y el juez ha imputado a los tres últimos gerentes del SAS, incluida quien ostenta ahora el cargo, que el lunes pasado se personó en el tribunal de instrucción acompañada de su abogado para conocer sus derechos.

De modo que el Gobierno andaluz tendrá que rendir cuentas por este asunto en el Parlamento, pero no será un pleno monográfico sobre la contratación a dedo del SAS, como habían solicitado juntos los tres partidos de izquierdas en la oposición: PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía. El presidente de la Cámara, el popular Jesús Aguirre, ha bloqueado esa iniciativa de tres grupos que, en alianza, siguen en minoría frente a la mayoría absoluta de 58 diputados del PP.

Aguirre ha hecho uso de su potestad -el reglamento del Parlamento le asiste-, pero las izquierdas le han recordado que también lleva “vetando” un debate general sobre sanidad desde hace año y medio, antes incluso de que estallara la causa judicial de los contratos. Ni con el colapso de la atención primaria, reconocida por el propio Moreno en sede parlamentaria, ni por el descontrol de las listas de espera de pacientes para operarse, las segundas más altas del país. Los socialistas han respondido votando sistemáticamente en contra del orden del día de todos los plenos.

El enésimo rechazo del presidente de la Cámara ha enervado los ánimos del PSOE y la portavoz de su grupo parlamentario, Ángeles Férriz, ha terminado acusando a Aguirre de actuar como “juez y parte”, sugiriendo que su motivación para “vetar” este debate es “personal”. Es decir, que Aguirre estaría impidiendo que el Parlamento dedique una sesión exclusiva a los contratos a dedo del SAS, porque gran parte del periodo investigado por el juez y la Fiscalía Anticorrupción corresponde a su etapa como consejero de Salud en el primer Gobierno de Moreno.

“Este Parlamento es un ariete del Gobierno andaluz, un muro, no funciona con autonomía. El que tiene que decidir sobre esto fue consejero de Salud y nombró a un gerente del SAS que hoy está imputado. El presidente del Parlamento era quien daba las instrucciones a ese gerente imputado”, ha denunciado Ferriz en una comparecencia en la Cámara.

Luego, durante la Junta de Portavoces, le ha reiterado estas acusaciones directamente al propio Aguirre. “Usted es juez y parte”, le ha espetado. Con todo, el PSOE no ha señalado personalmente al presidente de la Cámara en su denuncia. Los socialistas acusan, con nombre y apellidos, a los tres gerentes, luego imputados por el juez, y acto seguido, argumentan que este “sistema paralelo” de contratos a dedo no pudo prolongarse en el tiempo sin el visto bueno y la complicidad de “altísimas instancias del Gobierno andaluz”.

“Parece lo evidente que no sea posible mantener vivo durante dos años y medio un sistema paralelo de contratación pública a dedo, por más de 240 millones de euros, sin el pleno conocimiento, consentimiento y aquiescencia de las más altas instancias del Gobierno de la Junta de Andalucía”, reza la querella. El magistrado y la Fiscalía Anticorrupción han requerido mucha documentación a la Junta y a la Intervención, incluido las actas del Consejo de Gobierno que aprobó sustituir la fiscalización previa de este tipo de contratos por el control financiero permanente (a posteriori).

Aguirre, consejero de Salud en pandemia

Jesús Aguirre, médico de profesión, exdiputado, exsenador y veterano dirigente del PP de Córdoba, ocupó la cartera de Salud entre enero de 2019 y julio de 2022, en la primera legislatura con un Gobierno en minoría de Moreno, en coalición con Ciudadanos y sustentado desde fuera por Vox. Al año de su nombramiento tuvo que gestionar la pandemia del Covid-19. Él nombró gerente del SAS a Miguel Ángel Guzmán, que hoy está imputado en la causa judicial, junto a sus dos sucesores, incluida la actual directora, Valle García.

Guzmán pilotó el SAS entre noviembre de 2019 y las elecciones andaluzas del verano de 2022. En la siguiente legislatura sería ascendido a viceconsejero de Salud por la nueva titular de la cartera, Catalina García. Durante su etapa como gestor del SAS, firmó en enero de 2021 el polémico Expediente de emergencia del que emanan todos los contratos a dedo con clínicas privadas investigados ahora por el juez. Un expediente que nació con 70 millones de euros, pero que se prorrogó cuatro veces -hasta junio de 2023- cuatriplicando el presupuesto inicial con sucesivas adendas hasta alcanzar los 243 millones.

Tres meses después de ser destituido como consejero de Salud, fichó por una de las aseguradoras privadas (Asisa) más beneficiadas por esos contratos a dedo que él mismo firmó -por más de 44 millones de euros-, provocando una crisis política mayúscula en el Gobierno de Moreno. La Junta abrió una investigación interna y concluyó que su fichaje vulneraba la Ley de Incompatibilidad de Altos Cargos, porque no habían transcurrido los dos años preceptivos desde su cese como gerente del SAS y su fichaje en una de las empresas privadas beneficiadas por sus contratos. El nombramiento se abortó temporalmente.

Tras ser imputado, el Ejecutivo andaluz ha empezado a marcar distancias respecto a él y su inmediato sucesor en el SAS, Diego Vargas, para volcarse en defender a la actual gerente, negando tajantemente que ella prorrogase el sistema de contratación a dedo que investiga el juez en 2024.

Todo este rifirrafe ha desembocado en una sonora bronca en la Junta de Portavoces, donde se reúnen los representantes de todos los grupos para acordar el orden del día del próximo Pleno. Han acabado a voces, interrumpiéndose y acusándose mutuamente de “falta de vergüenza”. Aguirre, que preside este órgano, ha soportado estoicamente el chaparrón y esquivado la ofensiva política de las izquierdas con un capotazo: “Se meterá en tiempo y forma”, ha respondido cuando PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía le han preguntado qué razón había para tumbar el pleno monográfico sobre los contratos.

Vox ha asistido desde la barrera a este encontronazo entre las izquierdas y el PP. El partido de Santiago Abascal también ha exigido al Gobierno andaluz que comparezca y dé explicaciones por los informes de la Intervención que tumban la principal línea defensiva del SAS, esto es, dos informes jurídicos que avalan la continuidad de la contratación de emergencia hasta bien entrado 2023. Pero Vox no ha respaldado la iniciativa de las izquierdas para que comparezca el propio Moreno o para que este asunto se dirima en un pleno monográfico y, mucho menos, en una comisión de investigación, que ya fue rechazada por la mayoría del PP.

Los populares han justificado su negatiba señalando a los socialistas por querer “embarrar el debate político”. El portavoz de su grupo, Toni Martín, ha pronunciado esta frase: “Que le diga Juan Espadas [líder del PSOE-A] a un andaluz al que le han salvado la vida con un contrato de emergencia que lo importante era ahorrarse un 10% en la contratación. Están haciendo política de la sucia con la vida de los andaluces, es deplorable. Detrás de todo esto hay vidas”.

Martín ha reiterado su convencimiento de que todos los contratos se hicieron de acuerdo con la legalidad. Entretanto, en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, sopesan ya personarse como parte perjudicada en la causa judicial de los contratos, lo que implicará necesariamente acusar a algún responsable de su propio Gobierno. En ese sentido, es significativo el cortafuegos que trazó este martes la portavoz de la Junta, Carolina España, para proteger a la actual gerente del SAS, mientras mantenía un distanciamiento prudente de sus antecesores, para los que se negó a poner la mano en el fuego.

Rocambolesca bronca en el pleno de este jueves del Parlamento de Andalucía. Su presidente, Jesús Aguirre, había preguntado al portavoz de Vox, Manuel Gavira, se retiraba los “insultos” que, según la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Ferriz, habia dirigido en su contra. “Frases ofensivas”, según el presidente del Parlamento. El portavoz del PP, Toni Martín, intercedió diciendo que unos minutos antes se había dicho por parte de Adelante Andalucía que “con el dinero de los constructores se estaban pagando las campañas del Partido Popular”.

“Las alusiones a los partidos políticos están en el común de las intervenciones” en el ámbito paramentario, comentó Martín. “Vamos a estar todo el día interrumpiendo”, le achacó a los socialistas por su petición. “No voy a retirar absolutamente nada”, zanjó el portavoz de Vox cuando el jaleo ya estaba montado, haciendo retirar “de oficio” a la presidencia de la Mesa el comentario que había molestado en la bancada socialista.

Pese a lo que había dicho antes, el portavoz del PP, acto seguido, pidió también la retirada del comentario acerca de la financiación de los populares que había expuesto Adelante Andalucía. “No me dé un mitin”, le sugirió Aguirre a José Ignacio García. En ese momento, volvió a intervenir Manuel Gavira: “Señor Aguirre, usted es un mal presidente, no lo retiro”, le dijo el portavoz de Vox al presidente del Parlamento. “Ya lo sé”, contestó Aguirre ante la carcajada de quienes pudieron escucharlo.

“A la cafetería a hablar”

“¿Qué quieren que retire exactamente?”, preguntó casi riendo el portavoz de Adelante Andalucía. “Es que no sé si le he acusado que sea ilegal”, ironizó. “Yo no he dicho nada de ningún delito”, continuó, ante el gesto torcido del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Aguirre, al igual que antes, retiró de oficio las palabras de García.

La pregunta de la portavoz del PSOE de si se iban “a la cafetería a hablar” porque “aquí ya no había que pedir la palabra” puso el punto y final a una bronca que, de vez en cuando, como esta otra reciente, protagonizan los parlamentarios andaluces.

Los parlamentarios y el personal funcionario del Parlamento de Andalucía tendrán una subida de sueldo de un 2% mínimo, que podrá llegar a ser de medio punto superior, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año. Queda al margen de ese incremento las indemnizaciones a los parlamentarios por sus gastos de viaje y alojamiento.

La Mesa del Parlamento de Andalucía acordó el 24 de julio ese incremento de hasta un 2,5% del sueldo con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año, según el acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA).

El salario base de los 109 diputados andaluces es de 3.343,07 euros al mes, una cantidad que crece en función del cargo que ocupan. El presidente de la Cámara ingresa un complemento de 1.537,37 euros; los vicepresidentes y portavoces de los grupos, 1.234,28; los secretarios de la Mesa y portavoces adjuntos, 928,08 euros; los secretarios de los grupos, 648,23 euros; los presidentes y portavoces de las comisiones, 491,08 euros; los vicepresidentes, 333,47; y los secretarios, 175,85.

Además, sus señorías perciben indemnizaciones por gastos de viaje y alojamiento, que oscilan entre los 200 y los 500 euros semanales, en función de la distancia entre su domicilio habitual y la sede del Parlamento andaluz, en Sevilla. Es decir, los parlamentarios de Almería perciben dietas más gruesas que los que residen en Cádiz o Huelva.

Subidas para el Defensor y la Oficina contra el Fraude

El incremento salarial que acaba de aprobar el Parlamento andaluz se hace extensivo para dos organismos de extracción parlamentaria: la Oficina del Defensor del Pueblo y la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción. En este último caso se prevé también una subida “en los mismos porcentajes del crédito disponible para productividad del personal al servicio de la Oficina Andaluza Contra el Fraude y la Corrupción”.

“Se considera necesario aplicar a los diputados y diputadas el mismo incremento retributivo previsto en el Real Decreto Ley 4/2024 a fin de evitar la pérdida de poder adquisitivo de las retribuciones que perciben”, dice la iniciativa de la Cámara.

Invoca para esa medida una previsión de una norma estatal, el Real Decreto Ley 4/2024, de prórroga de medidas ante las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y de medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.

Explica la Cámara autonómica sobre ese Real Decreto Ley que la norma estatal es “necesaria para dar cumplimiento al Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, firmado el 19 de octubre de 2022”, documento donde se estableció “un marco plurianual de incremento retributivo” para los empleados públicos que se extiende entre 2022 y 2024.

Ahí se estableció un incremento salarial fijo para esos años más un porcentaje adicional de incremento ligado a la evolución del IPCA (Índice de Precios de Consumo Armonizado) y del PIB.

El Real Decreto Ley 4/2024 dispone que este año “la retribución del personal público podrá experimentar un incremento global máximo del 2% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2023” con efectos económicos desde el 1 de enero de 2024.

Prevé asimismo “un incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%”, sobre la retribución vigente a 31 de diciembre de 2023, “si la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superara el incremento retributivo fijo acumulado de 2022, 2023 y 2024”.

De ese pacto se desmarcó el Grupo Vox en Andalucía, que aseguró en un comunicado que la medida contaba tanto con el apoyo de PP y PSOE. Su representante en el órgano de gobierno de la Cámara, la vicepresidenta tercera, Mercedes Rodríguez Tamayo, dijo haber reclamado una votación separada para diferenciar así la subida salarial a los funcionarios de la de los políticos por cuanto “es como intentar mezclar agua y aceite”.

El Presupuesto del Parlamento prevé en este 2024 un gasto de personal de 23,27 millones de euros, mientras que la partida de altos cargos, la relativa a las nóminas de los diputados, es de 5,98 millones.

Aguirre y la revisión de dietas

Este acuerdo de la Mesa del Parlamento se enmarca en la polémica suscitada por el mensaje que trasladó a final de julio el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, cuando en rueda de prensa expresó su deseo de que hubiera entendimiento entre los grupos parlamentarios para propiciar la revisión de sus dietas e indemnizaciones tras advertir de que están “congeladas” desde año 2017, y por ello hay diputados a quienes “les cuesta llegar a fin de mes” por el hecho de que el precio de “los hoteles, la manutención, ha subido mucho” en este tiempo.

Aguirre expresó su propósito de incluir ese aumento de las dietas en el Presupuesto de 2025 convencido de la necesidad de impulsar ese incremento por cuanto las dietas “están por debajo de lo que se paga a nivel del Gobierno central”. Aclaró entonces que el sueldo de los diputados “sube igual que el de los funcionarios a nivel de toda España, un 2%”.

Esas palabras de Aguirre recibieron el rechazo de los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía. La socialista Ángeles Férriz argumentó que el PSOE “no va a apoyar” esa propuesta, esgrimió el interés del PP en hacerlo, para precisar que “ahora parece que les ha entrado miedo a las reacciones que esa decisión pudiera ocasionar”.

La portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, argumentó en su rechazo que “decir que a los diputados nos cuesta llegar a fin de mes es un insulto para la mayoría social de nuestra tierra”, mientras que su homólogo del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, apeló al “nivel de desconexión de la realidad” que, en su opinión, “hay que tener” para decir la “barbaridad” que, a su juicio, plantea Aguirre.

El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, ha pedido este viernes a los cinco grupos políticos de la Cámara que pacten una subida de las dietas por viaje y alojamiento que cobran sus señorías, y que llevan congeladas desde 2017. El Parlamento cuenta en este momento con un importante remanente para gastar y Aguirre ha ofrecido a los partidos incluir la subida que pacten en el presupuesto de 2025. “A los diputados les cuesta llegar a final de mes”, ha sentenciado, en respuesta a la pregunta de un periodista.

El salario base de los 109 diputados andaluces, actualizado al alza el pasado enero, es de 3.343,07 euros al mes, una cantidad que crece en función del cargo que ocupan. El presidente de la Cámara ingresa un complemento de 1.537,37 euros; los vicepresidentes y portavoces de los grupos, 1.234,28; los secretarios de la Mesa y portavoces adjuntos, 928,08 euros; los secretarios de los grupos, 648,23 euros; los presidentes y portavoces de las comisiones, 491,08 euros; los vicepresidentes, 333,47; y los secretarios, 175,85.

Además, sus señorías perciben indemnizaciones por gastos de viaje y alojamiento, que oscilan entre los 200 y los 500 euros semanales, en función de la distancia entre su domicilio habitual y la sede del Parlamento andaluz, en Sevilla. Es decir, los parlamentarios de Almería perciben dietas más gruesas que los que residen en Cádiz o Huelva.

A estas indemnizaciones ha hecho referencia Aguirre cuando se ha dicho que “les cuesta llegar a fin de mes”. Las dietas llevan más de siete años congeladas, sin embargo, el precio de una habitación de hotel se ha encarecido notablemente en estos años como consecuencia del desarrollo turístico en la capital andaluza.

Todos los grupos coinciden en este análisis pero, hoy por hoy, no existe un consenso para acordar un aumento de las dietas y repartirse el coste político que supone una decisión así. Todo lo que tiene que ver con los salarios de los políticos goza de una tremenda impopularidad entre la ciudadanía, y los partidos lo aprovechan para desgastar al oponente.

En este caso, es el PP, con sus 58 diputados, quien más se beneficiaría de esta medida y quien ha planteado la subida al resto de fuerzas, según confirman desde PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía. La semana pasada fue la última vez que lo abordaron en algún encuentro informal. Pero los populares subrayan que “este tema no está sobre la mesa ahora”. Insisten en que no van a dar ningún paso en ese sentido si no concitan un acuerdo mayoritario -aunque no sea unánime- y el PSOE ya ha adelantado que se abstendría, algo que para los de Juan Manuel Moreno no es suficiente.

Por Andalucía, la marca de Sumar en esta comunidad, mantiene el mismo distanciamiento, mientras que el grupo mixto Adelante Andalucía, con sólo dos parlamentarios, no sólo no es partidario de subir las dietas, sino que ha propuesto reiteradamente eliminarlas. La legislatura pasada, los de Teresa Rodríguez donaban una parte de sus emolumentos a una causa social.

Aguirre ha hecho balance este viernes del periodo de sesiones que ahora termina y ha mencionado el asunto de la actualización de las dietas de los diputados como uno de los asuntos pendientes. “Si llegan a un acuerdo, lo meteremos en el Presupuesto de 2025, pero tienen que pactarlo”, ha respondido. La última vez que se descartó este asunto fue en marzo, cuando hubo un acuerdo general sobre la asignación de los grupos parlamentarios, del que se desgajó este tema por falta de consenso.

En el PP sostienen que hay división en el grupo socialista, porque los que residen en provincias más alejadas están por la labor, y los que viven cerca no están interesados en abrir ese melón. En el PSOE defienden exactamente el mismo argumento, pero señalando al grupo popular, que tiene más parlamentarios en Almería o Granada. De momento no hay una propuesta escrita ni en firme sobre la mesa, a lo máximo que se ha llegado es a plantear un estudio comparativo sobre el encarecimiento del precio de los hoteles estos años, para acompasar la subida de las dietas con un “dato objetivo”.

A Aguirre le han preguntado si su comentario sobre la dificultad de los diputados a llegar a fin de mes era “irónico”, pero el presidente del Parlamento andaluz se ha reiterado en defender la medida: “Yo lo veo lógico teniendo en cuenta los precios de lo que cuesta dormir en un sitio y en otro. Espero que los portavoces lleguen a un punto de consenso. Cuando una partida se queda congelada tanto tiempo, queda desfasada”, ha dicho.

Una hora después, desde su equipo de comunicación, matizaban que Aguirre “hacía referencia al incremento de los precios actuales, y que en ningún momento ha sido su intención considerar que la retribución de sus señorías sea injusta ni insuficiente”.

El pasado enero, el Parlamento andaluz aprobó con la mayoría absoluta y en solitario del PP una subida salarial al presidente Moreno, que contó con el rechazo en bloque de todos los partidos de la oposición. PSOE, Por Andalucía, Adelante Andalucía e incluso Vox afearon a los populares la “urgencia” para aumentar los emolumentos de Moreno en plenas navidades, con el Parlamento cerrado, mientras en el Senado votaban contra los decretos anticrisis del Gobierno de Pedro Sánchez, que incluía la subida de las pensiones, la rebaja de la factura de la luz y la gratuidad en el transporte público, entre otras medidas del llamado “escudo social”.

La Diputación Permanente, órgano que vela por los poderes del Parlamento andaluz en periodo inhábil, convalidó tras las navidades un decreto ley que recogía una subida del 18,8% en el salario del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, y del 15% de media en el sueldo de los 269 altos cargos de su Gobierno. Moreno pasó a cobrar 87.333 euros al año, de los 71.1667 euros que percibía hasta hoy.

El presidente del Parlamento andaluz, el popular Jesús Aguirre, abroncó este jueves a la bancada del PSOE, al escuchar el móvil de un diputado socialista con la música del NO-DO, el noticiario franquista, mientras subía a la tribuna el portavoz de Vox, Manuel Gavira. Aguirre no supo identificar al responsable, pero mostró su indignación e hizo extensible su cabreo a todo el grupo socialista.

La sintonía del NO-DO se escuchó claramente en el salón de Plenos mientras Gavira avanzaba hacia la tribuna para intervenir en uno de los debates. El presidente de la Cámara le pidió que esperara: “¡Señorías, ¿el gracioso de la música quién es?”, preguntó, dirigiéndose a la bancada del PSOE andaluz, donde algunos diputados aparecían riéndose. “Don Antonio Ruiz, ¿es usted? ¡Es un grosero! ¡Eso ha sido una grosería! ¡Y si uno lo hace, da la cara! ¡Da la cara!”, gritó Aguirre visiblemente enojado, golpeando con el puño la mesa.

Ruiz pidió la palabra para responder al presidente de la Cámara, que le había interpelado directamente, pero Aguirre no se la dio y ordenó continuar con el debate. “¡No tiene la palabra! Señor Gavira, cuando usted quiera. ¡Señoría, no tiene la palabra!”, sentenció.

El incidente provocó un revuelo de sus señorías, que llevaban más de cuatro horas de sesión plenaria. Los diputados del PP aplaudieron la bronca del presidente de la Cámara, y los socialistas empezaron a protestar. Sobre todo Ruiz, que trataba de hacerse oír para explicar qué él no había sido el que puso la música del NO-DO en el móvil. Aguirre tuvo que mandar callar a los parlamentarios varias veces, sin éxito, porque se desató un cruce de gritos entre la bancada popular y la socialista.

Finalmente, tras las protestas del PSOE, el presidente del Parlamento aceptó “retirar la palabra grosero” del diario de sesiones. El debate se reanudó y el portavoz de Vox se quejó al tomar la palabra: “Eso no ha tenido ninguna gracia”.

La Cámara estaba debatiendo una iniciativa del PSOE sobre la Radio Televisión pública de Andalucía, con duras críticas a la “falta de neutralidad” y “objetividad” en los informativos de Canal Sur. “Vaya sapo, señor Jiménez”, le espetó al diputado socialista Mario Jiménez. “El diablo harto de carne se mete a fraile, ese es usted. Usted y todos ustedes”, dijo Gavira, cuestionando la proposición no de ley del PSOE sobre la RTVA.

Jesús Aguirre (Córdoba, 66 años), consejero de Salud en funciones del Gobierno de Juan Manuel Moreno, será el undécimo presidente del Parlamento de Andalucía en esta XII legislatura (el socialista Javier Torres Vela lo fue dos mandatos), y el primero del PP en 40 años de autonomía.

Moreno ha anunciado este miércoles en su cuenta de Twitter que propondrá a Aguirre para presidir la Cámara, dejando vacante la cartera de Salud, la más delicada del mandato que acaba de terminar. “Es una persona competente, responsable y con capacidad de empatizar y dialogar con todos. Estoy seguro de que una vez más estará a la altura de lo que esperan todos los andaluces”, ha dejado escrito.

Jesús Aguirre es el diputado electo más longevo del Parlamento andaluz esta legislatura, de hecho, este jueves presidirá la Cámara durante la sesión constitutiva como miembro de la Mesa de Edad, junto a los dos parlamentarios más jóvenes. El todavía consejero de Salud en funciones se convirtió en el miembro más popular del Ejecutivo en la pasada legislatura, que empezó con una alerta sanitaria por listeriosis en la producción de carne mechá de la empresa sevillana Magrudis -cuatro muertos, siete abortos y más de 200 afectados- y terminó con una pandemia mundial por coronavirus, que se ha saldado hasta la fecha con 14.415 víctimas mortales.

Solapado a la pandemia, el consejero andaluz de Salud tuvo que lidiar con otras dos crisis sanitarias: el brote del virus del Nilo Occidental, que en 2020 se cobró ocho fallecidos y 71 infectados en Andalucía; y la viruela del mono, que dejó otra veintena de contagiados leves en esta comunidad.

La crisis del coronavirus convirtió a Aguirre en la máxima autoridad política de Andalucía por detrás del presidente de la Junta. Sus comparecencias semanales se hicieron famosas en los peores meses del Estado de alarma, el confinamiento y las seis olas consecutivas de contagios, que se acompañaban con cifras de fallecidos, infectados, hospitalizados e ingresados en la UCI. Dos años después de que la Organización Mundial de la Salud anunciase la pandemia, Aguirre es uno de los dos responsables autonómicos de Salud que sigue al frente de su departamento en España. “Todos los demás han acabado achicharrados”, recordó él durante la pasada campaña electoral, en la que concurrió como cabeza de cartel por Córdoba.

Jesús Aguirre disfrutó de cierta tranquilidad parlamentaria durante los meses más duros de la pandemia, porque la oposición minimizó al máximo su labor de fiscalización a la gestión que el Gobierno de Moreno hizo de aquella crisis de magnitud internacional. “Nosotros no le tiramos los muertos de la pandemia a la cara, como sí hizo el PP con el Gobierno de Pedro Sánchez”, admitiría durante la pasada campaña electoral la ex portavoz de Unidas Podemos y candidata de la coalición Por Andalucía, Inma Nieto.

En el último año, ya con las vacunas distribuyéndose y las cifras de pandemia remitiendo, los grupos de izquierdas cambiaron de tercio y empezaron a atacar a Aguirre por su política de confrontación con el Ministerio de Sanidad, por promocionar las clínicas privadas, por derivar servicios, pruebas de diagnóstico y operaciones menores de la sanidad pública a la privada y, sobre todo, por admitir el despido de 8.000 sanitarios contratados para refuerzo durante los peores días de la pandemia (la Junta renovó a 12.000 de los 20.000 que contrató con fondos del Gobierno central hasta el próximo 31 de diciembre).

En el congreso regional del PP de Granada en el que Moreno fue reelegido presidente del partido, el más ovacionado por los cientos de delegados que asistieron al cónclave fue Jesús Aguirre. El consejero de Salud puso la platea en pie cuando llegó, tarde, con el maletín en la mano, y en los pasillos se hizo fotos con todos los dirigentes populares, jóvenes y adultos, que se lo pidieron.

Médico de familia de profesión, Aguirre siempre se ha jactado de hablar “para que la gente le entienda”. Lo demostró en sus intervenciones semanales durante la pandemia, cuando hizo famoso aquel “culillo” que sobraba de las monodosis de vacunas contra la Covid-19, y que podía aprovecharse para una sexta inyección, en lugar de cinco prescritas. Le criticaron bastante más cuando usó el término “chupetón” para referirse al método empleado para la interrupción libre del embarazo. “Lo fácil es llegar y el chupetón. Pero, ¿quién defiende a los no nacidos?”, se preguntó en Córdoba, en un acto organizado por la Cadena Ser.

La consejería de Aguirre se llamaba de Salud y Familias, como concesión a Vox, que había exigido a Moreno un departamento exclusivo de Familia a cambio de su apoyo en la investidura. Fue una de las concesiones al partido de extrema derecha, pero que no se tradujo en un trasvase de las competencias en políticas de conciliación y familias, puesto que éstas siguieron en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, gestionada por la consejera Rocío Ruiz, de Ciudadanos.

Con todo, Aguirre nunca ocultó su posición al respecto de algunos debates culturales abiertos por la ultraderecha, como cuando defendió el término “violencia intrafamiliar”, que Vox usa para negar la violencia de género, y que inspiró la creación de un teléfono de la Junta para víctimas de agresiones en el ámbito doméstico. Luego matizaría sus palabras y se presentaría como un defensor de la lucha contra los crímenes machistas.

Aguirre sustituye en el puesto a Marta Bosquet, presidenta del Parlamento andaluz del grupo Ciudadanos en la pasada legislatura.

La madre del consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, Estrella Muñoz, falleció la noche de este Jueves Santo a los 92 años de edad, según han confirmado a Europa Press este viernes fuentes de la Consejería, que han aclarado además que esta tarde tendrá lugar en Córdoba un responso por su alma.

Jesús Aguirre forma parte de una familia numerosa que él mismo en más de una ocasión ha calificado de “matriarcal”, con nueve hermanos entre los que figuran, además del consejero, el religioso Juan José Aguirre, misionero comboniano y obispo de la Diócesis de Bangassou, en la República Centroafricana.

Actividades de Semana Santa

Al consejero de Salud se le ha podido ver estos días en varias actividades relacionadas con la Semana Santa, las más recientes este pasado miércoles, 13 de abril, cuando visitó la hermandad del Cristo del Buen Fin de Sevilla, que cuenta desde 1982 con un centro de estimulación precoz, que participa del concierto social para la prestación del servicio de atención temprana de la Consejería.

También ese día, participó en una ofrenda floral a la Hermandad de la Macarena, un acto del que dio cuenta en su cuenta de Twitter.“Ofrenda floral a la @Hdad_Macarena por todos los hermanos que ya no están con nosotros. Y pidiendo salud y esperanza a todos los que estáis en un hospital de #Andalucía o en casa luchando contra una enfermedad”, señalaba en un tuit el consejero.

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha pedido este jueves al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, que “haga unos cursos de formación en violencia de género”, después de las declaraciones de éste donde inscribió la violencia de género o violencia machista dentro de la violencia intrafamiliar.

“Nosotras nos ofrecemos voluntarias para darle a Jesús Aguirre, cuando quiera, unos cursos sobre perspectiva de género que le van a venir muy bien para ejercer su labor como consejero de Salud y Familias”, ha asegurado la también diputada del Parlamento de Andalucía, según una nota de este partido.

“Me parece que hay una clara ignorancia que se puede resolver con formación”, ha remachado Rodríguez, quien consecuentemente se ha prestado para solucionar la “falta de formación” del consejero.

“No es un hecho inocente”

“Esta sustitución no es un hecho inocente, causal ni exento de gravedad”, ha manifestado Rodríguez que entiende que “lo que se hace con el término violencia intrafamiliar es ignorar las causas de la violencia machista y, por tanto, evitar que se pueda luchar contra su repetición”, según una nota de este partido.

“A las mujeres las matan, no porque tengan familia, sino porque existe un sistema de dominación histórico que se llama patriarcado y una expresión cultural que es el machismo y que atraviesa nuestras relaciones, especialmente, nuestras relaciones familiares y emocionales”, ha explicado.

Para la portavoz de Adelante y diputada autonómica, “si alguien no quiere reflexionar sobre sus causas es, de alguna manera, cómplice consciente o inconscientemente de la repetición de este tipo de crímenes que, en su expresión más dura, es el feminicidio pero que también es la discriminación y el sometimiento cotidianos”.

Rodríguez ha sostenido que “el hecho de que el 90% de los asesinatos en el ámbito de las relaciones afectivas sea de hombres contra mujeres no es casual; tiene que ver con ese sistema de dominación, por lo que quién no luche contra él, no podrá luchar contra la violencia hacia las mujeres”.

La portavoz de Adelante Andalucía y diputada autonómica ha alertado sobre otras dos cuestiones fundamentales que subyacen a este cambio de terminología en que incurrió el consejero de Salud.

“Por un parte, el discurso de la extrema derecha está colonizando ese discurso pretendidamente moderno y feminista de Moreno y, por otra parte, nuestro consejero de Salud ha vuelto a demostrar que tiene prejuicios con las cuestiones relativas a las políticas de género”, ha señalado.

Ante esta situación, Rodríguez ha insistido en que “hay que ponerle punto y final a esta terminología y, como mínimo, exigirle a Aguirre esa formación que estamos dispuestas a darle de forma gratuita”.

El exceso de verborrea al que tiende el consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre (PP), ha puesto una vez más en un serio aprieto a la Junta de Andalucía. Esta vez abrió la caja de los truenos al asegurar, en términos bastante claros, que prefiere hablar de “violencia intrafamiliar” antes que de “violencia de género”. El problema para Aguirre, pero sobre todo para el Gobierno andaluz, es que hablar de violencia intrafamiliar es alinearse con los postulados negacionistas de Vox, que introdujo este concepto en la política española para negar la violencia machista y de género, por lo que el Ejecutivo de PP y Ciudadanos ha procedido a cerrar filas para pasar página cuanto antes y no alterar así el perfil moderado que intenta cultivar y la imagen en esa línea que transmite el presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP).

La formación de ultraderecha logró por ejemplo imponer a PP y Cs la creación de un teléfono específico de violencia intrafamiliar (que se activó en 2020) para respaldar los presupuestos autonómicos de 2019. Desde entonces Vox ha conseguido que el concepto violencia intrafamiliar calara en el discurso de miembros del Gobierno andaluz y hasta del mismo Moreno Bonilla, en sus momentos de mayor acercamiento a la formación de Santiago Abascal para intentar sobre todo cerrar acuerdos presupuestarios.

No es la primera vez que Aguirre (que ya ha avanzado que va a dar todas las explicaciones que sean necesarias) se expresa en términos parecidos a los de este miércoles, pero ha venido a hacerlo en un lugar y un momento políticamente poco oportunos. El lugar porque ha sido en Madrid (en la tribuna Foro Salud, organizada por Nueva Economía Fórum), lo que ha multiplicado el eco de sus declaraciones ya que la carga ideológica del término “violencia intrafamiliar” ya es más conocida, y el momento porque se produce con un pacto recién cerrado entre PP y Vox para gobernar en Castilla y León en el que este concepto ha estado muy presente. 

Marcar distancias con Vox

Con la vista puesta en las elecciones autonómicas que Andalucía celebrará este año, la afirmación de Aguirre se ha interpretado como un guiño del PP andaluz a Vox, una conexión de la que huyen los populares andaluces para no perjudicar sus opciones entre un electorado más moderado. Y una conexión, por cierto, en la que insisten las formaciones de izquierda para precisamente intentar que cale en el electorado la impresión de que el PP le abrirá las puertas de San Telmo a Vox para que Moreno Bonilla siga como presidente.

Así que en cuanto se conocieron las declaraciones de Aguirre, la orden desde el Gobierno andaluz fue la de cerrar filas. Dirigentes de PP y Ciudadanos, tanto en declaraciones públicas como en redes sociales, se esmeraban en subrayar que hay diferencias evidentes entre la violencia de género y la intrafamiliar, marcando así distancias con los postulados de Vox. Y aunque lo dicho por Aguirre ha caído especialmente mal en Ciudadanos, que gestiona una Consejería de Igualdad que ha sufrido continuos ataques de la formación de ultraderecha, el tono de las declaraciones ha sido muy mesurado para minimizar lo ocurrido y echar tierra sobre la cuestión cuanto antes.

Y eso que Aguirre fue bastante explícito en sus declaraciones: a su juicio, el concepto de “violencia intrafamiliar” es mejor porque es más amplio, engloba a “violencia de género” y es por tanto “más representativo”, “la violencia de género es la del hombre contra la mujer, mientras que la violencia intrafamiliar incluye la que se dirige contra niños o mayores. Puede ser más representativa de lo que sucede en nuestra sociedad”. Por eso, “no veo problema en ampliar el concepto”, ya que “lo importante es tener tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia”.

La consejera de Igualdad sale al rescate

Pese a la claridad de sus afirmaciones, fue la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Cs), la principal encargada de restar importancia a lo ocurrido. “Jesús no se ha explicado bien”, aseguraba en declaraciones a los periodistas en Córdoba recogidas por Europa Press, y por ese motivo ha “hablado con él”, ya que violencia de género y violencia intrafamiliar “son términos completamente distintos”, pues hacen referencia a “violencias distintas, porque además está así contemplado también en el Código Penal”.

Para Ruiz, la violencia de genero “es un concepto muchísimo más amplio” y tiene que ver con “toda violencia que se ejerce sobre la mujer por el hecho de ser mujer” y, por eso, ha “hablado” con Jesús Aguirre, quien le ha asegurado que “va a dar todas las explicaciones”. La consejera entiende que “se ha referido solo al término” de violencia intrafamiliar en referencia a “cuando hay relaciones familiares”, pues, “por supuesto, la violencia de género supera el ámbito familiar y todos lo sabemos”.

Ruiz asegura que no tiene “ninguna duda de que el consejero es una persona absolutamente implicada” en la lucha contra la violencia de género y, por eso, “va a aclarar” lo que ha dicho. De hecho, considera que esta implicación está más que demostrada porque, de cara a llevar a cabo “políticas transversales” contra la violencia de género a través de los presupuestos andaluces para 2019, fue Jesús Aguirre “la primera persona” que le dijo que tenía “proyectos desde salud, con proyectos absolutamente pioneros”, como la detección de mujeres víctimas de violencia de género por el personal médico de Atención Primaria.

De perfil en el PP nacional y críticas en el PSOE

Del impacto de lo dicho por Aguirre da cuenta que se le preguntó hasta al presidente de la Xunta y futuro presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la portavoz del Grupo Popular en el Congreso y coordinadora general del partido, Cuca Gamarra, que se escudaban en que no habían oído las declaraciones del consejero andaluz de Salud para no profundizar en ellas. Eso sí, insistían en el compromiso del PP por la igualdad y contra la lucha de género.

En sentido contrario, lo ocurrido no era desaprovechado por el PSOE, en su línea de unir a PP y Vox en un futuro gobierno de la Junta de Andalucía. El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, criticaba el “negacionismo” que, a su juicio, ha mostrado el Ejecutivo andaluz en relación a la violencia machista, y consideraba que esa actitud es “el anticipo de un pacto premeditado” con la “ultraderecha”. En un tuit, Espadas aseguraba que “el negacionismo del gobierno de Moreno Bonilla deja claro que su camino es el del SÍ a la ultraderecha”.

En esta mismo sentido se pronunciaba la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), que alertaba del “peligro” de que el PP andaluz se preste a “desandar” los avances en materia de violencia de género conseguidos hasta la fecha por el movimiento feminista. “Me parece que están preparando el terreno” ante la próxima convocatoria electoral, señalaba, y cree que el PP andaluz empieza con los “eufemismos” para designar “el asesinato machista de las mujeres sólo por el hecho de serlo” con la única idea de “preparar el terreno” para ganar espacio a su derecha o para un hipotético acuerdo con Vox tras los próximos comicios autonómicos.

El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre (PP), ha asegurado este miércoles que prefiere hablar de “violencia intrafamiliar” que de “violencia de género”, ya que considera que el primero es un concepto más amplio que engloba al primero y es por tanto “más representativo”. De esta manera, asume el discurso que mantiene en esta cuestión Vox, un concepto que la formación de ultraderecha logró incluir en el acuerdo para aprobar los presupuestos de la Junta de Andalucía en 2019, obligando a la puesta en marcha de un teléfono de atención “para la protección de víctimas de la violencia intrafamiliar, en un sentido amplio”.

En un desayuno informativo de la tribuna Foro Salud, organizado por Nueva Economía Fórum y celebrado en Madrid, Aguirre ha asegurado que “la violencia de género es la del hombre contra la mujer, mientras que la violencia intrafamiliar incluye la que se dirige contra niños o mayores. Puede ser más representativa de lo que sucede en nuestra sociedad”. Por ello, asegura que “no veo problema en ampliar el concepto”, ya que a su juicio “lo importante es tener tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia”.

La afirmación la ha hecho el consejero al ser cuestionado sobre su valoración de que Vox entre en el Gobierno de Castilla y León de la mano del presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP), con un pacto que incluye cambiar la normativa sobre violencia de género por violencia intrafamiliar. En este contexto, ha respondido que en Andalucía “de los palos más grande que nos han pegado en la Junta ha sido el tripartito Vox, PSOE, Unidas Podemos con los presupuestos de 2022, que suponía a la Consejería de Salud 1.130 millones de subida, y ante el que votaron en contra”.

Gobernar en solitario en Andalucía

“Absurdo”, ha añadido, toda vez que ha destacado que en la comunidad andaluza “hemos hecho un cogobierno que ”ha funcionado y sigue funcionando perfectamente“, con ”un grupo muy cohesionado“. ”El gobierno de la Junta es un barco, que tiene un capitán que es Juanma Moreno, un contramaestre que es Juan Marín, que trabaja de forma conjunta con el capitán, y un timonel que es Elías Bendodo, que dirige también para no perder el rumbo“.

“Nuestra apuesta siempre es mantener un gobierno si es posible PP y si no es posible, PP-Ciudadanos”, pero “nuestra esperanza es llegar a un gobierno único del Partido Popular a nivel de la Junta de Andalucía”, ha abundado Aguirre.

“Preparando el terreno” con Vox

Tras estas declaraciones de Aguirre, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), ha alertado del “peligro” de que el PP andaluz se preste a “desandar” los avances en materia de violencia de género conseguidos hasta la fecha por el movimiento feminista. “Me parece que están preparando el terreno” ante la próxima convocatoria electoral, ha comentado. Montero se ha referido así, en los pasillos del Congreso, a las declaraciones del consejero andaluz, con las que cree que el PP andaluz empieza con los “eufemismos” para designar “el asesinato machista de las mujeres sólo por el hecho de serlo” con la única idea de “preparar el terreno” para ganar espacio a su derecha o para un hipotético acuerdo con Vox tras los próximos comicios autonómicos.

La socialista andaluza ha dicho que le parece “muy peligroso” que el PP se preste a “desandar” un camino que ha costado “tanto” al movimiento feminista y a los partidos progresistas. En este sentido, le ha advertido de que “cualquier actuación que intente desandar los pasos que hemos ido avanzando se encontrará de lleno con un Gobierno que va a seguir combatiendo cualquier medida de discriminación y propiciando políticas que luchen por la igualdad”.

Pregunta a Feijóo por el Plan de Igualdad

Dicho esto, Montero ha cargado contra quienes desdeñan el Plan de Igualdad del Ministerio de Irene Montero para los próximos cuatro años por considerar “un dinero desperdiciado” los 20.000 millones de euros que se destinarán al mismo.

En concreto, se ha dirigido al PP, a cuyo próximo líder, Alberto Núñez Feijóo, ha preguntado si de verdad piensa que hay que suprimir la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad que se incluyen en esa partida, la bonificación a la contratación de mujeres, las medidas de conciliación o la puesta en marcha de escuelas infantiles de 0 a 3 años.

Montero ha explicado que Igualdad cuenta con 500 millones de euros de presupuesto, del que la mitad se dirige al Pacto contra la Violencia de Género que se acordó en el Congreso para preguntarse “por qué hay que hacer populismo con algo tan serio” y por qué se trata de “engañar” a los ciudadanos diciendo que el dinero se lo llevan “chiringuitos” feministas.

Andalucía estrena el mes de febrero con un nuevo plan para luchar contra la presión asistencial que padece la atención primaria en los centros de salud. Después de semanas de colapso en los ambulatorios, agravado por el periodo de alta frecuentación que tiene lugar cada invierno y por la sexta ola de la Covid-19, la Consejería de Salud presenta un proyecto con el que quiere rebajar el tono de quienes critican la planificación y la gestión sanitaria. Sin embargo, el plan nace con polémica puesto que no ha sido negociado con los sindicatos, tal y como aseguran desde la mesa sectorial a este medio. Un escenario que no es nuevo y que se ha repetido mucho en los últimos tiempos, pero que coincide justo cuando el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha mantenido una reunión este lunes con CCOO y UGT en la que le han vuelto a trasladar sus preocupaciones en clave sanitaria y en otros asuntos, aunque sin profundizar en el plan asistencial para los centros de salud.

Porque el sistema de atención primaria que quiere implantar la Junta de Andalucía es un misterio para el sector. Como no ha habido reuniones concretas al respecto y desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no se lo han presentado previamente a los sindicatos, no ha trascendido nada al respecto. Fuentes del sector sanitario dicen desconocer en qué va a consistir este plan para reforzar la atención en primaria, lo que les hace dudar de si se trata de un proyecto duradero en el tiempo o más bien de un anuncio enmarcado en la precampaña para las elecciones de Andalucía que tienen que celebrarse este año y para las que aún no hay fecha. No obstante, las mismas fuentes no descartan que Salud sí haya mantenido conversaciones extraoficiales con alguno de los sindicatos específicos de la mesa sectorial, “como viene siendo habitual últimamente”.

En este punto, los sindicatos CCOO y UGT mantienen un tono moderado sobre el plan que presenta este martes la Junta para reforzar sus ambulatorios. Mientras, CSIF se muestra más beligerante saliéndose algo de la línea común que trazan las tres organizaciones desde hace tiempo en materia sanitaria; y desde el Sindicato Médico piden a Salud que se haga una reforma integral y no un “parche”. No obstante, la mesa sectorial se mantiene a la espera porque, según reconocen a este medio desde CCOO y UGT, han pactado una “tregua” con el SAS para darle cierto margen de actuación con el fin de comprobar si la Junta opta por cumplir con las reclamaciones que se le están haciendo en diferentes cuestiones sanitarias.

Calma tensa

“El SAS nos pidió una semana de plazo para darnos información de cómo iban las gestiones y que aplazáramos las movilizaciones, cosa que ha vuelto a incumplir”, explican desde CCOO. Por eso, no descartan más movilizaciones como la manifestación que está prevista para el 19 de febrero en todas las capitales de Andalucía contra el modelo sanitario que impone la Consejería de Salud y que, de momento, no ha sido suspendida. “Esperemos que lo que presenten sean una batería de intenciones para mejorar la atención primaria y no un plan cerrado porque hay que negociar. Es lo que dicen la ley y la sensatez”, afirma Antonio Macías, portavoz de UGT.

Con esa duda razonable, el SAS ya ha comunicado a los sindicatos que el viernes podría haber una nueva mesa sectorial para hablar de este y otros asuntos que colean desde hace semanas. Especialmente desde que Salud suspendiera la última mesa sectorial que estaba prevista para el 28 de enero. El SAS optó finalmente por convocar a los secretarios generales de los sindicatos para hablar sobre la extinción de las agencias sanitarias desde este año para integrarlas a la sanidad pública. La cita aplazada se presumía tensa porque el sector presiona al Gobierno regional para que se cumplan acuerdos en materia laboral que afectan a complementos salariales como la carrera profesional, una partida extra al sueldo que más de 60.000 trabajadores llevan 15 años esperando y sobre la que el SAS se comprometió el pasado verano sin haberla resuelto.

Sobre el plan de mejora de la atención primaria, los sindicatos entienden que se parecerá al que el gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, les presentó “hace varios meses” para el periodo 2022-2023. Aquel, en todo caso, según estas fuentes, fue un plan “parcial” y “sin negociación”, como vuelve a ocurrir ahora. “Desconocemos si lo que van a presentar ahora es eso. En su momento ya dijimos que se equivocaban, que era insuficiente y que no abordaba lo importante como es la falta de financiación, accesibilidad y la falta de personal de todas las categorías”, dicen en CCOO. Porque, una vez más, la falta de plantilla es uno de los asuntos clave que más ríos de tinta ha hecho correr desde que en noviembre se prescindiera de 8.000 sanitarios de refuerzo contra la Covid-19 y la Junta tuviese que recurrir a medidas y convocatorias extraordinarias para captar trabajadores apenas unas semanas después.

Falta de recursos

De hecho, esa falta de personal ha obligado a la Junta de Andalucía a cerrar la mitad de los centros de salud por las tardes en toda la comunidad autónoma durante la Navidad. Las bajas por vacaciones y enfermedad de los médicos y enfermeros han mermado las plantillas de los ambulatorios y la sexta ola se ha cebado especialmente con los sanitarios andaluces. Más de 7.000 de ellos se han contagiado en mes y medio y más de 400 han permanecido en aislamiento por contacto estrecho. Con esa situación, el SAS ha puesto en marcha varias resoluciones para ampliar el horario de trabajo del personal y ha tratado de repescar a médicos jubilados con escaso éxito.

Un panorama duro que ha mermado la capacidad para atender a los pacientes y ha cargado de trabajo sobre todo a los enfermeros que han tenido que multiplicar sus funciones con las nuevas consultas de acogida en las que hacen de filtro, con la vacunación de la Covid-19 y la gripe, así como con las pruebas PCR. Sobre ello, Satse insiste en la necesidad de mejorar las condiciones laborales de sus especialistas y que otros sanitarios puedan hacer algunas de esas funciones para evitar que el estrés y la inestabilidad de los contratos hagan que muchos enfermeros acaben marchándose de Andalucía.

Para los sindicatos esta situación podría haberse evitado con una mejor planificación en la que Salud hubiese contado con ellos. A pesar de que Moreno Bonilla se reunió este lunes con UGT y CCOO, el ambiente sigue siendo hostil entre las partes porque la falta de transparencia de la Junta de Andalucía está chocando con las exigencias de la mesa sectorial para que se aclare cuánto personal hay y qué margen queda para mejorar la atención en primaria y en los hospitales. Sobre dicha reunión con Moreno, fuentes sindicales afirman que ni era el momento ni el foro adecuado para negociar al plan de choque para la atención primaria.

“El sitio es la mesa sectorial y con todos los componentes de la misma. Están nerviosos y siguen sin acertar en las medidas que toman y cómo las toman”, dice Antonio Macías de UGT en línea con lo que opina CCOO. Por todo ello, se respira una calma tensa en la sanidad andaluza entre los sindicatos y el SAS. Una calma que puede estallar por los aires, según anuncian fuentes sectoriales, si la negociación para el plan de choque no se produce y la mesa sectorial vuelve a quedar orillada. Este martes está prevista otra reunión para tratar la jornada laboral de los sanitarios, pero dado el “desbarajuste” que hay en Salud, según fuentes sindicalistas, puede ser suspendida a última hora.

La Junta de Andalucía ha acordado este lunes volver a pedir autorización al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para ampliar hasta el 31 de enero la posibilidad de exigir el certificado Covid de vacunación, de recuperación o de prueba negativa --PCR en 72 horas o test de antígenos en 48 horas realizado por centro autorizado-- tanto para aquellas personas que accedan tanto a establecimientos de hostelería y ocio nocturno como para visitas a hospitales y residencias de mayores.

Esta es la principal medida adoptada por el Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública, más conocido como comité de expertos en una reunión presidida en Málaga por el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, ante el incremento de contagios de coronavirus Covid-19 con el avance de la sexta ola y la expansión de la variante Ómicron, que ha llevado a la comunidad a registrar las mayores cifras de contagios y tasa de incidencia de toda la pandemia.

Según ha informado en rueda de prensa el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, el comité de expertos ha valorado que la actual presión hospitalaria es “alta” pero “normal para la época del año en que estamos” y es similar a la de los años 2019 y 2020 cuando había alta frecuentación por enfermedades respiratorias pero no existía el coronavirus, por lo que no es preciso adoptar “medidas más coercitivas”.

De este modo, la principal novedad propuesta por el comité de expertos es la nueva solicitud al TSJA para extender la vigencia del pasaporte Covid para acceder a hostelería y ocio nocturno y visitas a hospitales y residencias de mayores.

Eliminación de restricciones de aforos

Aguirre ha detallado que el comité de expertos también ha decidido mantener hasta el 31 de enero la eliminación de las restricciones de aforos y horarios previstos en los niveles de riesgo 1 y 2. Desde el pasado miércoles el nivel 2 de alerta Covid está vigente en todos los distritos sanitarios de tres provincias, Córdoba, Sevilla y Málaga, mientras que los de las cinco provincias restantes, Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Jaén, están en nivel 1 de alerta, aunque ello no implica límites de aforos y horarios en comercios, hostelería, ocio nocturno y otras actividades.

El propio Moreno ya descartó el pasado lunes 27 de diciembre que adoptar restricciones “como las de Generalitat de Cataluña, ni toque de queda ni medidas tan duras como en otras comunidades autónomas” porque el deseo del Gobierno andaluz es que “afecten lo menos posible a la actividad económica y productiva”.

La Junta reunió por última vez a su comité de expertos el pasado 9 de diciembre, cuando dedició ampliar la posibilidad de exigir el certificado Covid de vacunación, de recuperación o de prueba negativa --PCR en 72 horas o test de antígenos en 48 horas realizado por centro autorizado-- para aquellas personas que accedan a establecimientos de hostelería y ocio nocturno, medida ya vigente hasta el 15 de enero tras ser ratificada por el TSJA.

Andalucía ha planteado este miércoles en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud que el Gobierno de la Nación impulse una modificación legal para volver a hacer obligatorio el uso de las mascarillas en exteriores con independencia de que se pueda mantener el metro y medio de distancia actualmente vigente para evitar contagios de coronavirus Covid-19 en la sexta ola y ante el avance de la cepa Ómicron.

Así lo ha anunciado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, al inicio de su comparecencia a petición propia en el Pleno del Parlamento andaluz para informar sobre la evolución de la pandemia y del programa de vacunación del Covid-19, donde ha alertado de la dificultad de mantener el metro y medio de distancia que exige el Ministerio en los espacios sociales más frecuentados en Navidad.

Aguirre ha explicado que Andalucía ha planteado en el Consejo Interterritorial de Salud “una modificación de la ley para que sea obligatoria la mascarilla en exteriores”. “Es una lucha continua que tiene esta Consejería para que el Ministerio tome nota porque es muy difícil en la época de Navidad de mantener el metro y medio de distancia como propugna el propio Ministerio”, ha subrayado.

Nuevo intento con el pasaporte Covid en hostelería

Junto a ello, el titular andaluz de Salud ha vuelto a reclamar un “cambio en la ley de pandemias” que permita establecer un “marco jurídico claro” para “evitar el vaivén” en torno a medidas como el pasaporte Covid “según los tribunales en cada comunidad autónoma”, especialmente tras el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a su implantación en hostelería y ocio nocturno. En este sentido, ha anunciado que el Gobierno andaluz volverá a solicitar al TSJA esta autorización a la “mayor brevedad posible” porque, a su juicio, las medidas que se tomen en el ámbito de estos sectores tienen gran importancia en la lucha contra la pandemia.

El Alto Tribunal andaluz ha acordado no ratificar esta petición ya que, pese a considerar que la medida planteada por la administración autonómica cumple con los requisitos de “necesidad e idoneidad”, cree que “no supera el requisito de proporcionalidad”, ya que la orden tendría que aplicarse, tal y como está redactada, a “cualquier persona” que accediese al interior, lo que incluiría a los trabajadores.

Para el consejero, en cambio, es fundamental tomar medidas para evitar los contagios en espacios interiores, que son los más demandados en unas fechas de frío como las actuales y en las que se están produciendo muchas celebraciones en recintos de hostelería y ocio nocturno debido a la cercanía de las fiestas navideñas.

Ya son 18 los casos de Ómicron

Por otro lado, Andalucía ha elevado este miércoles a 18 los casos confirmados de la cepa Ómicron de coronavirus Covid-19 junto a “otros muchos” sospechosos actualmente en estudio, todos ellos con una evolución clínica que refleja “poca virulencia”. Así lo ha anunciado también el consejero de Salud, que ha señalado que es probable que “de aquí a corto espacio de tiempo sea la cepa predominante que desplace a la cepa Delta”.

Aguirre ha destacado que se trata de una cepa “bastante más contagiosa”, aunque tenemos la esperanza de que sea “bastante menos virulenta”, ya que por el momento “la evolución clínica de los positivos presenta poca repercusión patológica”.

Andalucía confirmó el pasado lunes un cuarto caso de la cepa Ómicron localizado en Sevilla en una joven procedente de Madrid “sin trascendencia clínica”, que se sumó a los tres primeros anunciados el jueves 9 de diciembre, dos en la provincia de Cádiz y uno en Almería. Dos de ellos eran importados por pacientes que realizaron vuelos a Sudáfrica y un tercero infectado por transmisión comunitaria tras un desplazamiento a otra comunidad autónoma.

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha comparecido en el primer pleno del Parlamento andaluz tras la vuelta de las vacaciones para dar cuenta de la situación de la atención primaria sanitaria en Andalucía que la oposición califica de “colapso”.

Aguirre ha asegurado que “en el 100% de centros de salud de Andalucía actualmente se pueden solicitar consultas presenciales”. La afirmación del consejero de Salud ha sorprendido a los diputados de PSOE y Unidas Podemos. “No es verdad”, le ha recriminado la socialista Carmen Dolores Velasco, que ha pedido que devuelva la presencialidad a unos centros de atención primaria en “proceso de desmantelamiento”. “Su modelo es la atención telefónica como excusa por el Covid y, de paso, derivamos a la sanidad privada”, ha dicho.

En la misma línea, el portavoz de Salud de Unidas Podemos por Andalucía (UPporA), Ismael Sánchez, ha apuntado que el “deterioro” del sistema público andaluz se debe a “la odisea” para conseguir cita en los centros de salud. La espera de quince días para recibir atención sanitaria en persona o por teléfono se ha normalizado con la Covid-19. Los propios sanitarios alertan de una situación que se ha agravado por la falta de personal y el cansancio arrastrado desde el inicio de la pandemia.

El consejero ha reconocido que necesitan “mejorar”, pero que se está “llegando a la normalidad” en la atención presencial. Aguirre ha anunciado que el Ministerio de Sanidad y las consejerías del ramo mantendrán una reunión en Canarias a finales de mes para abordar esta problemática que afecta “a todas las comunidades autónomas”. El consejero andaluz ha presumido de que su equipo prepara una Estrategia de Atención Primaria que “sirva de faro” para el texto que se apruebe en esa cita. 

Durante su intervención Aguirre también se ha referido al creciente impacto de la Covid-19 en las residencias de mayores y ha defendido la “importancia” de administrar una tercera dosis en estos centros. Esta medida ha sido propuesta este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. “30 de las 1.107 residencias [en Andalucía] tiene algún positivo. El 1,2%”, ha dicho Aguirre para poner en valor su gestión de la crisis sanitaria en las residencias. 

El debate se ha producido en una jornada en la que la situación epidemiológica ha mejorado.  La tasa de incidencia acumulada sigue bajando y se ha situado en 89,5 puntos por cada 100.000 habitantes. Además, el 90,6% de los andaluces mayores de 12 años están vacunados con al menos una dosis y el 86,8% con la pauta completa.

Hacia la “normalidad” en las aulas

En el día en el que los alumnos de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Permanente han vuelto a las aulas, el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ha rechazado “los recortes” que critica la oposición y buena parte de la comunidad educativa. “Andalucía afronta preparada el curso 2021-22”, ha recalcado Imbroda, que también ha defendido la inversión de 7.400 millones de euros y la consolidación de más de 1.000 docentes en el sistema educativo.

El “éxito colectivo de la comunidad educativa” en el curso pasado hace que el consejero de Educación sea optimista. Imbroda se ha apoyado en la vacunación -“la mejor medida de seguridad que tenemos”- para volver a “la normalidad” en las aulas. Según los datos de la Junta, el 70% del alumnado entre 12 y 18 años cuenta con la pauta completa y un 85% con la primera dosis. 

Siempre que la situación epidemiológica lo permita el curso será “100% presencial”. Aún así, se ha reducido el número de docentes de apoyo Covid a la par que se ha aumentado la ratio en las clases como afea PSOE y UPporA. “Incomprensiblemente el curso arranca con recortes”, ha expresado la portavoz de Educación de UPporA, Ana Naranjo, que ha apuntado la “casualidad” de que esta situación se haya repetido en otras comunidades gobernadas por el PP como en Madrid y Murcia.

Refuerzos y desinfección

El “refuerzo Covid” de la Junta es de 7.000 plazas frente a las 8.000 del año pasado. De ellas, 1.200 se corresponden con trabajadores de limpieza y otras 500 se irán asignando según la demanda de los centros escolares. Esto hace que 5.300 docentes se incorporen a las aulas (4.600 para los centros públicos y 700 para los concertados), 2.700 menos que en el curso anterior. Además, de los 4.600 asignados en la educación pública, 1.088 ejercerán funciones relacionadas con la Formación Profesional, Educación Especial y otras enseñanzas autorizadas por lo que el refuerzo Covid se reduce a poco más de 3.500 docentes. 

Con este descenso de docentes, Naranjo ha dudado de que las medidas de seguridad frente a la Covid-19 se garanticen en los centros educativos. Por ello ha pedido a Imbroda que utilice los fondos extraordinarios -2.357 millones de euros- que el Gobierno central ha destinado a Andalucía para Educación y que, paradójicamente, niega a los ayuntamientos para, entre otras medidas, su desinfección.

“Usted no reconoce la realidad de este curso”, ha afeado la portavoz de Educación del grupo socialista, Noemí Cruz, ante el “tijeretazo” de Educación en docentes para el refuerzo Covid y recortes en los presupuestos para la limpieza y desinfección.

“Voy a decirlo una vez más: la conservación, el mantenimiento, la limpieza y la seguridad de los centros educativos pertenece a los ayuntamientos”, ha zanjado Imbroda, que ha recriminado a Cruz el “recorte de 4.000 profesores” en la anterior legislatura socialista.

Sin sorpresas

El Gobierno andaluz ha sacado adelante los dos decretos ley aprobados en Consejo de Gobierno y debatidos en la jornada de este miércoles. A los votos de PP y Ciudadanos se han unido los de Vox para convalidar las nuevas medidas frente a la Covid-19 así como las normas que establecen el aplazamiento y fraccionamiento especial del pago de deudas de los ayuntamientos andaluces para que puedan acceder a los fondos 'Next Generation' de la Unión Europea.

En esta primera sesión parlamentaria tras el receso estival y la primera desde el inicio de la pandemia con los 109 diputados presentes, el bloque de las derechas ha mantenido su alianza. El PP, sin embargo, augura que la incertidumbre con Vox crezca según se acerque el final de la legislatura. Con respecto a la estrategia de “oposición constructiva” iniciada por el “nuevo PSOE” de Espadas, el Gobierno andaluz sigue desconfiando por lo que no se prevé un cambio de socio.

En la jornada de este jueves, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, volverá a someterse a la sesión de control en la Cámara andaluza. Moreno responderá a diversas cuestiones relativas a las políticas medioambientales, a las auditorías de los entes instrumentales de la Junta o al reparto de los fondos europeos.

El consejero de Salud y Familias, Javier Aguirre, ha anunciado este jueves que van a dar comienzo los llamamientos para la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 para los inmunodeprimidos que se administrarán en los hospitales.

Así lo ha explicado el consejero en declaraciones a los medios antes de la Comisión de Salud, en las que ha asegurado que “entre este viernes y el lunes” se estarán administrando ya estas dosis a los inmunodeprimidos debido a que la Consejería “tiene todo preparado para empezar a poner ya la vacuna”.

“Nosotros avisamos al Ministerio hace ya tres consejos interterritoriales que tenemos un volumen importante de vacunas y que la política nuestra es que la mejor vacuna no es la que está en la nevera sino la que está puesta”, ha indicado el consejero.

Preparados para la nueva dosis

Por este motivo, Aguirre ha destacado que, sabiendo que la situación de los inmunodeprimidos es no tener la capacidad de crear anticuerpos, “no hay problemas de dosis ni de presión de volumen por lo poco que falta de población diana, así que tenemos suficiente personal para movilizarlo y empezar a poner la tercera vacuna en los hospitales”.

El consejero ha explicado que el perfil de paciente al que se le va a permitir esta tercera dosis es para aquellos que “tienen una patología determinada que provoca un menor desarrollo de su sistema inmunológico, o bien a consecuencia de dicha patología o bien adquirido como consecuencia de tratamientos”. “Un ejemplo sería pacientes con quimioterapia que provoca inmunodepresión”, ha señalado.

“Este jueves empezamos ya los llamamientos y se empezará por ese tipo de pacientes, por lo que entre este viernes y el lunes se empezará a vacunar a ese grupo en todos los hospitales”, ha concluido.

Tercera dosis de refuerzo en residencias

Con respecto a la tercera dosis de refuerzo para las personas mayores en residencias, el consejero ha señalado que se “está haciendo un estudio de seroprevalencia”. “Estamos haciendo este análisis para nuestros mayores, al igual que el Instituto Carlos III de Madrid, para tener el máximo de información de cara a dar el siguiente paso, para que la Comisión de Salud Pública apruebe la vacunación a mayores y se determine en qué franjas se administrarán”, ha asegurado.

Del mismo modo, Aguirre ha considerado esta vacunación como “prioritaria”, pero ha destacado la importancia de “coordinarla a nivel nacional”, por lo que se está “recabando el máximo de información”. “Nosotros estamos ya preparados y dispuestos y lo haríamos a domicilio, pero este proceso está detenido por ahora”, ha manifestado.

Sólo las personas que presenten el certificado europeo de vacunación en vigor o una prueba de diagnóstico negativa (test de antígenos o PCR) podrán acceder al interior en locales de ocio nocturno a partir del 5 agosto en Andalucía. Esta es la principal decisión que ha tomado el Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública, el Comité de Expertos que asesora a la Junta de Andalucía, en una reunión celebrada en la tarde de este lunes en la que ha estado presente el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno.

El Certificado Covid Digital de la UE, en vigor desde el pasado 1 de julio en todo el territorio nacional, recoge la pauta de vacunación, el certificado de recuperación o una PDIA (Prueba Diagnóstica de Infección Activa) negativa en las últimas 72 horas. En el caso de Andalucía, se puede descargar a través de ClicSalud+, de la app Salud Andalucía o en los propios centros de salud. 

El propio presidente andaluz ya se mostró partidario la semana pasada de exigir el certificado para acceder a determinados establecimientos, siguiendo así la estela de otros países como Francia o Italia, o de Galicia en España. Desde su punto de vista, se trata de un elemento con una doble vertiente: de un lado, “disuasorio” para controlar la pandemia y, de otro, “motivador” para aquellas personas que aún, pese al llamamiento de las autoridades, no estén vacunadas. No obstante, una medida de este tipo sigue encerrando muchas dudas legales.

También se han puesto sobre la mesa medidas para controlar la transmisión de contagios en las residencias de mayores. En este sentido, se ha acordado realizar pruebas diagnósticas semanalmente en aquellos trabajadores sociosanitarios y sanitarios que no estén vacunados frente a la Covid y, en los centros donde se registre al menos un caso confirmado, se establecerá de forma obligatoria el uso de la mascarilla en los usuarios, ya que actualmente es obligatoria en los trabajadores. 

Irrupción de la variante Delta

El Comité de Expertos ha destacado que “la tendencia ascendente de la pandemia durante las últimas semanas sitúa a Andalucía en un nivel de riesgo medio aunque con ciertos signos de estabilización”, tal y como ha destacado al término del encuentro el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre. Ante esta situación, en la reunión también se ha propuesto la prórroga de las medidas vigentes desde el pasado 22 de julio y que estaban relacionadas con la modificación de aforos y toque de queda.

El consejero también ha señalado que “la incidencia en la población joven sigue siendo muy elevada debido a la penetración de la variante Delta”, siendo el triple de la media andaluza en el tramo de 20 a 29 años. “Sin embargo, aunque esta incidencia registra un menor impacto gracias a la alta cobertura vacunal de la comunidad, se aprecia un ligero ascenso en los indicadores de presión asistencial”, ha apostillado. 

Por su parte y, respecto a las residencias de mayores, el consejero ha señalado que “aunque los casos confirmados en las últimas semanas tienen una mínima repercusión a nivel asistencial, es de vital importancia reforzar este entorno”.