A principios de 2024, un comentario de una escritora polaca de fantasía se hizo viral en todo el mundo. Conectó con algo que mucha gente sentía que iba mal en la revolución de la inteligencia artificial, que empezaba a mostrar su potencial para generar imágenes y vídeos. “Vamos en la dirección equivocada”, reflexionaba Joanna Maciejewska: “Quiero que la IA haga la colada y friegue los platos para que yo pueda dedicarme al arte y a escribir, no que haga mi arte y escriba por mí para que yo pueda dedicarme a la colada y a fregar los platos”.

Dos años y medio después, la industria de la IA quiere ofrecer algo muy parecido a eso con los agentes de inteligencia artificial.

Se trata de sistemas entrenados para ejecutar tareas complejas a partir de órdenes sencillas, sin que el usuario tenga que supervisar cada paso que dan. Siguen sin ser capaces de hacer la colada, pero sí pueden, por ejemplo, localizar la factura de la lavadora en una carpeta del ordenador, consultar los plazos de la garantía, encontrar el formulario de reclamación, solicitar la visita de un técnico y encajarla en un hueco de la agenda del usuario. Todo ello con una sola orden: “La lavadora no funciona”.

Las empresas llevan años probando agentes, pero es ahora, en el tramo final de 2026, cuando una nueva generación aspira a llevarlos al público general. Su propuesta es automatizar tareas digitales que a muchos les resultan tediosas: buscar la mejor oferta entre decenas de webs, vigilar el precio de un vuelo o cancelar una suscripción. Todo sin desesperarse ante las trampas y patrones oscuros que inundan muchos servicios digitales. La máquina tiene toda la paciencia del mundo y recursos para informarse sobre cómo proceder.

Es lo que Salvador Serrano, jefe de Operaciones en Modulor Studios, un grupo empresarial español que crea y desarrolla negocios digitales, define como “romper la asimetría de la información”. “Cuando te relacionas con empresas u organizaciones, siempre hay relaciones asimétricas. Normalmente, hay una parte que conoce más la legislación, el marco, tiene equipos de marketing o más experiencia”, explica. “A ti como individuo esa asimetría te juega en contra porque nadie puede ser un experto en todo”.

Cuando te relacionas con empresas u organizaciones, siempre hay relaciones asimétricas. Los agentes tienen un gran valor porque te permiten defender tus intereses con más criterio

Salvador Serrano — jefe de Operaciones en Modulor Studios,

Sin embargo, la IA sí puede. Por eso el experto cree que “los agentes tienen un gran valor, puesto que te permiten defender tus intereses con más criterio”. Para hacerlo, los agentes pueden ejecutar todo tipo de herramientas, saltar entre bandejas de correo y sistemas de mensajería, ponerse en contacto con otros en nombre del usuario. “La clave es la ausencia de fricciones”, resume Serrano.

De promesa a producto

“Reducir las asimetrías de información” y “eliminar fricciones” son dos de los conceptos más importantes para adelantar si una tecnología puede tener éxito entre el público general. Internet facilitó encontrar información que antes estaba dispersa o era difícil de conseguir. Los teléfonos inteligentes redujeron los pasos necesarios para aprovechar esa información desde cualquier lugar. Los agentes aspiran a ir un paso más allá: automatizar la extracción de valor de esa información.

Este otoño está siendo un punto de inflexión para ellos. Buena parte de la culpa la tiene Instinct, una startup fundada en 2025. Actualmente, solo tiene 14 empleados, no tiene equipo de marketing ni actividad en redes sociales. Sin embargo, su agente de IA ha conseguido viralizarse por su extrema sencillez. Su interfaz de comunicación es WhatsApp, lo que permite al usuario escribirle cualquier orden o mandarle un audio como haría con cualquiera de sus contactos.

Las redes sociales se han llenado en las últimas semanas de ejemplos como estos. Algunos son automatizaciones sencillas, como “dejarle acceso al súper online y que me haga la cesta con lo que compro normalmente”, escribía un usuario: “Revisar cesta y comprar”. Otro dejó constancia de cómo el asistente ejecutó decenas de pasos para llevar a cabo su misión, incluyendo ponerse en contacto y negociar con múltiples empresas a la búsqueda de la mejor opción para transportar un paquete desde Berlín.

“Usa su propio correo y me pone en copia”, explicaba el usuario sobre el agente. “Habla de mí como si fuera mi asistente”. Todo de forma automática y solo solicitando aprobación antes de dar pasos clave, como la autorización de un pago (aunque también se le puede conceder autorización para que pague sin preguntar).

Instinct es el invitado sorpresa, pero los gigantes del sector también han reservado hueco en esta mesa. A la cabecera se sienta Mark Zuckerberg. Los agentes destinados al usuario medio han sido una de sus obsesiones en los últimos años: los denomina “superinteligencia personal” y son su gran apuesta para Meta en la carrera de la IA.

Todo el mundo tendrá un agente personal excepcionalmente capaz que te entenderá a ti, tus objetivos y todo lo que te importa. Tu agente trabajará para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Mark Zuckerberg — CEO de Meta

“Todo el mundo tendrá un agente personal excepcionalmente capaz que te entenderá a ti, tus objetivos y todo lo que te importa. Tu agente trabajará para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana”, aseguró en un extenso ensayo publicado en agosto: “Te liberará tiempo para las cosas que disfrutas y te ayudará a conseguir más de lo que podrías conseguir de otro modo”. Un mes después Zuckerberg presentó un agente llamado Muse (musa). Su impacto ha sido inmediato: Meta ha subido un 10% en bolsa desde su lanzamiento.

Muse no está disponible en Europa. “Tras dos semanas de uso, descubrí que Muse era la aplicación de IA más útil que jamás había utilizado”, asegura el periodista de The New York Times, Eli Tan. En su crónica describe cómo el agente pagó multas de aparcamiento solo con enseñarle la foto del ticket o encontró en su correo el aviso de una prueba gratuita a punto de expirar, ahorrándole 45 dólares.

El precio de un asistente siempre disponible

De momento, Instinct, que aún está en período de pruebas, es gratuito. Meta tampoco tiene intención de cobrar por el uso de Muse. El funcionamiento de los agentes personales de IA encaja a la perfección con su modelo de negocio: para aprovechar todo su potencial, estas herramientas necesitan acceso total a los datos del usuario, como el correo electrónico, la mensajería, el calendario, los archivos guardados en dispositivos personales, las cuentas bancarias. No es imprescindible para usarlos, pero cuanto más sepan y mayor sea su integración con el resto de herramientas, mayor cantidad de tareas podrán resolver con precisión.

Esta condición ayuda a entender la apuesta de Zuckerberg. Abrirle la puerta a Muse supone dejar entrar a su multinacional publicitaria en lo más hondo de la información personal del usuario. Meta ha construido su imperio sobre los anuncios personalizados y acumula años de sanciones y polémicas de privacidad. Ahora, la compañía promete que ni las conversaciones ni los datos almacenados por Muse se añadirán a su base de datos publicitaria, pero reconoce que la actividad del agente puede “influir indirectamente” en los anuncios que recibe el usuario.

“Obtienen muchísima información de un montón de servicios. Eso se puede utilizar para perfilarnos y hacerse una imagen completa de la vida y los gustos de una persona”, advierte sobre los agentes Elena Gil, abogada experta en nuevas tecnologías.

La gestión de esos datos se basa en un sistema de consentimientos informados, en los que el usuario acepta (o no) determinados usos de su información. Un método que se está viendo superado por el avance de unas tecnologías cada vez más poderosas. “Se pone el peso en que demos consentimiento, pero el hecho es que una persona normal no tiene el tiempo necesario para leer toda esa información, e incluso aunque se nos dé de forma transparente, muchas veces no la comprendemos”, lamenta Gil.

Pero el cambio no está solo en el acceso. “Con los asistentes personales se está produciendo un salto importante”, destaca a elDiario.es Lorenzo Cotino, presidente de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). “Una cosa es pedir a la IA una respuesta y otra darle poderes para actuar. Podemos pedirle que organice una cena, haga una compra o gestione nuestros mensajes, sin saber exactamente qué pasos seguirá, a quién contactará o qué información compartirá. Una orden sencilla que puede desencadenar muchas actuaciones”.

Con los asistentes personales se está produciendo un salto importante. Una cosa es pedir a la IA una respuesta y otra darle poderes para actuar

Lorenzo Cotino — presidente de la Agencia Española de Protección de Datos

¿Y qué ocurre cuando los agentes tratan datos de otras personas? “Nuestra autorización no es un cheque en blanco para utilizar la información de los demás”, recuerda Cotino, que expone que esto se cumplirá en casi todos los casos en los que el agente acceda al email o al WhatsApp del usuario. Un extremo aún más sensible si la herramienta se conecta también plataformas laborales que manejen datos de la empresa, de clientes o de compañeros de trabajo.

Pese al campo de minas jurídico, el presidente de la AEPD recuerda que el organismo “apoya” el uso de la IA y ha publicado una guía específica para usar agentes “con confianza y responsabilidad”. Conceder solo los accesos necesarios, revisar las actuaciones de mayor trascendencia y saber cómo detener el agente y revocar sus permisos son algunos de sus contenidos.

Agentes alucinados

El potencial de los agentes de IA es enorme. En este otoño de 2026, también lo son los problemas que puede conllevar su uso.

Lo explica Rafael López, experto en ciberseguridad de la firma Check Point: “Los agentes pueden ahorrarnos muchísimo tiempo. En un viaje, por ejemplo, pueden comprar vuelos, gestionar las reservas de los hoteles. El problema es que también pueden reservaros un hotel a 4.000 euros la noche porque no le hemos dado la información suficiente”. “O, simplemente, porque la IA se sigue equivocando”, recuerda.

La raíz de esos errores está en su base tecnológica. Los agentes operan sobre modelos de lenguaje como los que utilizan los chatbots, como ChatGPT, Claude o Gemini. Y, como ellos, pueden alucinar, inventar datos o equivocarse en cualquier momento.

La diferencia es, de nuevo, que la misión de estas herramientas no es contestar preguntas, sino operar en nombre del usuario. En cuestión de semanas, Instinct y Muse han acumulado lo que la prensa estadounidense llama ya las “historias de horror” de los agentes: filtraciones de datos, creación y envío de documentos falsos, borrado de bases de datos enteras de la empresa por error, cancelaciones de vuelos transoceánicos cuando su usuario solo les había pedido que comprobara un detalle de la reserva.

“Aquí no hay un usuario que se equivoque. Hay una máquina que está operando 24/7 y puede estar cometiendo errores 24/7”, expone López.

Al riesgo del error se suma el del ataque. “¿Qué van a hacer los cibercriminales ahora mismo? Pues directamente atacar al agente”, constata. El experto en ciberseguridad explica que estas ofensivas pueden llevarse a cabo ocultando instrucciones maliciosas para los agentes en correos o páginas web. Cuando estos las leen, pueden llegar a saltarse sus medidas de seguridad y a actuar contra su propio usuario.

Para las empresas e instituciones, la navegación de los agentes también puede constituir un gran problema. Las pruebas de OpenAI, Anthropic, Google o Meta han revelado que pueden llegar a ciberatacar webs y organismos públicos incluso en tareas “rutinarias”, como búsquedas de información. Este viernes, Anthropic ha hecho público que uno de sus agentes llegó a contactar con la Policía para dar pistas falsas de un homicidio.

Futuros automáticos

Para evitar el caos, grandes servicios digitales están comenzando a impedir el paso de los agentes. Así lo han hecho aerolíneas como Ryanair, Delta Air Lines o American Airlines, alegando que sus consultas masivas de precios saturan sus sistemas. Amazon también ha bloqueado que Muse haga compras en su plataforma.

Estos vetos pueden ser un rechazo a una tecnología poco depurada o un eco de cuando las grandes compañías del mundo analógico se resistían a la digitalización. Si los agentes se generalizan, tendrán que adaptarse no solo los usuarios, sino toda la infraestructura digital. Salvador Serrano, de Modulor Studios, plantea dos futuros posibles. Uno “bonito”, en el que los agentes personalizan al máximo la experiencia digital de cada persona y el mercado diversifica su oferta para cubrir esa demanda. Y otro “menos bonito”, en el que las compañías que los controlan acaparan “un poder tremendo” y los agentes se convierten en un canal más de su negocio.

El Gobierno ha aplazado de nuevo la entrada en vigor de Verifactu, como se conoce popularmente al nuevo reglamento de sistemas de facturación desarrollado por la Agencia Tributaria, hasta octubre de 2028, para acompasar su puesta en marcha con la nueva factura electrónica obligatoria para las empresas, que contará con una plataforma pública que desarrollará el fisco.

El Ministerio de Hacienda ha publicado este lunes una nota informativa en la que indica que, “con el objetivo de favorecer la máxima convergencia posible entre los sistemas de facturación electrónica y el Reglamento de sistemas informáticos de facturación (VERI*FACTU), tanto desde el punto de vista normativo como técnico, se ha considerado conveniente alinear los calendarios de implantación”, de tal manera que no entrarán en vigor hasta dentro de dos años.

La nueva obligación suponía adaptar los software de facturación -en el caso de aquellos que no hagan facturas a mano o con procesadores de texto como Word o Excel- para generar ficheros con una especie de 'huella digital' para evitar alteraciones, e incluir un código QR en cada una de ellas a través del cual se pueda acceder a una serie de datos fiscales relacionados con la compañía emisora. Esta normativa entraba en vigor el 1 de enero para pymes y el 1 de julio para autónomos.

La factura electrónica obligatoria, si bien relacionada, lo que regula es la relación entre las compañías. “Adaptarse a Verifactu no reemplaza la futura obligación de la factura electrónica. De hecho, son normativas con objetivos diferentes: Verifactu busca seguridad y trazabilidad interna; la factura electrónica obligatoria busca interoperabilidad y control comercial entre empresas. Quienes se adapten pronto a Verifactu estarán mejor preparados, pero no evitará otros cambios futuros”, detallaba Raquel Jurado, responsable del Servicio de Consultas del Registro de Economistas Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas, en esta información publicada en noviembre.

Precisamente este lunes el BOE publica la orden ministeral que detalla los requisitos que tendrá que tener la solución pública para la factura electrónica diseñada por la Agencia Tributaria. Este trámite era el paso clave para arrancar el reloj de cara a su adopción por parte de las empresas. A partir de aquí, las empresas con una facturación superior a los ocho millones de euros tendrán un año para adaptarse, que será de dos años para el resto.

Según la nota difundida por Hacienda, una vez aprobada la alineación de los calendarios, “se abordará una modificación centrada en conseguir la convergencia de los ámbitos de aplicación y ciertos aspectos técnicos de la normativa vigente teniendo en cuenta los futuros requisitos de reporte digital derivados de ViDA”. El resto de aspectos de Verifactu, más allá de su calendario de implantación, siguen en marcha.

En una nota de prensa, la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha celebrado que se haya retrasado para “dotar de mayor seguridad jurídica y estabilidad al sistema tributario español” y dicen que esta coordinación “permitirá, además, alinear progresivamente el sistema español con el modelo de información digital que será obligatorio en el ámbito de la Unión Europea a partir de 2030 y que hasta ahora no estaba siendo suficientemente contemplado, evitando así sucesivas adaptaciones de los sistemas de facturación en un periodo muy reducido de tiempo”.

El recibo de la luz para un usuario medio con la tarifa regulada, el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), se ha disparado un 28% en septiembre respecto al mismo periodo del año pasado, hasta 104,31 euros, la factura más cara en cuatro años para este mes.

En concreto, habría que remontarse hasta 2022, en pleno impacto por la crisis energética de la guerra de Ucrania, para encontrar un importe más elevado en el recibo eléctrico para un mes de septiembre, cuando ascendió a 137,93 euros, según los datos de Facua-Consumidores en Acción.

En los últimos años, la factura para un usuario medio del mes de septiembre ha sido de 104,31 euros en este ejercicio, 81,49 euros en 2025, 70,62 euros en 2024, 76,37 euros en 2023 y 137,93 euros en 2022.

La organización utiliza como usuario medio un cliente con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) -la misma en horario punta y valle- y un consumo de 366 kilovatios hora (kWh) mensuales.

En cuanto a los porcentajes de consumo en los tres tramos horarios del nuevo sistema de facturación, toma como referencia el perfil de usuario medio tradicional sin discriminación horaria publicado en 2021 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que consume el 45% de la electricidad en el horario valle, el 29% en el horario punta y el 26% en el horario llano.

Desde el pasado mes de mayo el recibo de la luz ha registrado un incremento tras otro. Así, ese mes alcanzó los 75,63 euros desde los 64,96 de abril, en junio se situó en los 79,08 euros, en julio en 93,65 euros, y en agosto en 96,65 euros, que se había convertido en el mes más caro en lo que va de año hasta que ha sido desplazado por septiembre.

En cuanto a la evolución mensual, la subida en el recibo con respecto a agosto, que había sido hasta entonces el mes más caro del año, ha sido del 7,9%.

El precio medio del kWh de energía consumida ha estado en 30,05 céntimos en horario punta, 20,52 céntimos en el llano y 23,31 céntimos en el valle. Así, el precio de la energía ha subido con respecto a septiembre de 2025 un 20,1% en punta, un 31,7% en llano y un 47,8% en valle, según los cálculos de Facua.

Pool en máximos de cuatro años

El precio del mercado mayorista de la luz, el denominado 'pool', ha registrado una media diaria en septiembre de más de 143 euros/MWh, su nivel más alto desde agosto de 2022.

El precio mayorista de la luz se determina mediante una subasta, en la que un algoritmo casa las ofertas de las compañías productoras de electricidad con las órdenes de compra, ordenándose de la más barata a la más cara y el importe final viene determinado por la oferta más cara. Todo ello hace que el precio oscile mucho en función de si, por la demanda prevista, en cada determinado momento se van a usar fuentes de energía que usen combustibles fósiles -como el gas natural-, más caras, o las renovables, más baratas.

Al precio del mercado mayorista de la electricidad hay que sumar los costes fijos existentes para el consumidor eléctrico por peajes, cargos y ajustes de sistema.

Además, el 'pool' no representa exactamente el importe final en el precio de la luz para un consumidor acogido a la tarifa regulada, ya que desde 2024 se adoptó un nuevo método de cálculo del PVPC, que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar las fuertes oscilaciones, sin perder las referencias de precios a corto plazo que fomentan el ahorro y el consumo eficiente.

De esta manera, la proporción de vinculación con el precio del 'pool' se ha ido reduciendo en los últimos años progresivamente, para incorporar las referencias de los mercados de futuros, de modo que, desde este 2026, esa referencia de los mercados de futuros representa ya el 55%.

Estos incrementos en el precio mayorista de la electricidad afectan principalmente a los hogares que están acogidos a esta tarifa regulada del PVPC, cerca de unos ocho millones, ya que el efecto es directo, mientras que para los consumidores del mercado libre el coste se calcula en función de lo que tengan pactado con su comercializadora.

El Consejo de Ministros aprobó el martes un real decreto que introduce la reducción del IVA al 10% -desde el 21% actual- y del Impuesto Especial de la Electricidad al 0,5% -desde el 5,11%- en noviembre si el IPC energético en septiembre supera el 15%.

De aplicarse esta reducción de impuestos desde el mes de septiembre, Facua estima que el recibo de la luz del usuario medio de la tarifa regulada se hubiera reducido en solo 13,65 euros, desde los 104,31 euros actuales hasta los 90,66 euros.

No obstante, la asociación considera que la medida aprobada por el Consejo de Ministros es “claramente insuficiente ya que se limita a replicar las bajadas fiscales que el Gobierno ha venido aplicando en sucesivas ocasiones desde junio de 2021 junto al tope al gas, que ya estuvo vigente entre finales de 2021 y julio de 2024”.

Por ello, reclama “una intervención contundente” sobre los mecanismos de fijación de precios en el sector “para acabar con los beneficios caídos del cielo de la subasta diaria”. Así, Facua pide que la nuclear y la hidráulica salgan fuera de esa subasta y se sometan a un precio fijo revisado periódicamente por el Ejecutivo.

Además, reclama un cambio regulatorio para convertir “en estable y permanente” un tipo de IVA reducido para la electricidad.

Ahorrar forma parte de los objetivos de prácticamente cualquier hogar. Sin embargo, no siempre prestamos la misma atención a todos nuestros gastos. Uno de los ejemplos más claros es la factura de la luz: mientras dedicamos tiempo a comparar el precio de un teléfono móvil, un seguro o unas vacaciones, muchos consumidores pasan años sin revisar su contrato eléctrico, a pesar de tratarse de uno de los gastos fijos más importantes del presupuesto familiar.

Esa falta de revisión puede salir cara: tarifas que dejaron de ser competitivas, descuentos que caducan, servicios adicionales contratados casi sin que nos demos cuenta o una potencia superior a la realmente necesaria pueden hacer que un consumidor pague más de lo que le correspondería sin ser plenamente consciente de ello.

Para responder a este problema han empezado a surgir herramientas que utilizan inteligencia artificial para simplificar una tarea que hasta ahora requería tiempo y ciertos conocimientos técnicos. Una de ellas es Auro AI, un asistente de ahorro que funciona a través de WhatsApp. El usuario únicamente tiene que enviar una fotografía de su factura de luz o gas para recibir, en minutos, un análisis sobre si está pagando un precio competitivo. Si existe una alternativa más ventajosa y decide cambiar de tarifa, la plataforma puede encargarse también de gestionar todo el proceso.

La propuesta parte de una realidad que reconocen incluso los organismos públicos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) admite que interpretar correctamente una factura eléctrica no resulta sencillo. De hecho, el regulador puso en marcha la herramienta “Entiende tu factura” precisamente para ayudar a los consumidores a comprender conceptos como la potencia contratada, el tipo de tarifa, las posibles permanencias o las fechas de renovación de los contratos.

Un mercado difícil de descifrar

La complejidad no es casual. En una factura conviven el coste de la energía consumida, el término fijo de potencia, peajes, cargos regulados, impuestos, alquiler del contador y, a menudo, servicios adicionales. A ello se suman las diferencias entre mercado regulado y libre, las promociones, las revisiones periódicas de precios o las condiciones particulares de cada comercializadora. Por eso, comparar tarifas no consiste simplemente en fijarse en el precio del kilovatio hora. Ese dato, aunque importante, representa solo una parte del coste final que asume el consumidor.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), tras analizar más de 10.000 facturas reales, concluye que valorar correctamente una tarifa sigue siendo complicado porque intervienen numerosos factores que pueden modificar significativamente el importe final del recibo. La propia organización señala además que únicamente un 11 % de los consumidores afirma entender completamente su factura.

A todo ello se suma un contexto energético especialmente cambiante durante los últimos años. La volatilidad de los mercados, el encarecimiento del gas en determinados periodos y las sucesivas modificaciones regulatorias han provocado que muchas ofertas que parecían competitivas hace años hayan dejado de serlo.

Cuando la IA hace el trabajo

Es precisamente en ese escenario donde la inteligencia artificial comienza a abrir nuevas posibilidades. En lugar de obligar al consumidor a comparar manualmente decenas de ofertas o interpretar conceptos técnicos, herramientas como Auro AI automatizan buena parte del proceso.

Su sistema analiza la factura, calcula el precio real que el usuario está pagando por cada kilovatio hora y lo compara con otras opciones del mercado. Pero, según explica la compañía, uno de sus elementos diferenciales es que no basa el cálculo en un único recibo. Para evitar que un mes especialmente favorable ofrezca una imagen distorsionada, la plataforma utiliza el histórico de consumo de los últimos doce meses y calcula una estimación media del ahorro potencial.

“El mercado eléctrico está diseñado para que pagues de más si no miras tu factura. Nosotros estamos del lado contrario: enseñamos los números tal y como son”, explica Álvaro Pérez March, CEO y cofundador de la empresa. Esa transparencia forma parte de la filosofía del proyecto. Si el análisis concluye que el usuario ya dispone de una tarifa competitiva, la plataforma simplemente lo comunica y no recomienda ningún cambio.

Ahorro sin papeleo

Uno de los principales obstáculos para cambiar de comercializadora suele ser el propio proceso administrativo. Comparar ofertas, rellenar formularios, revisar condiciones o tramitar el alta lleva tiempo, algo que desincentiva a muchos consumidores incluso cuando sospechan que podrían ahorrar.

Auro AI intenta eliminar esa barrera ocupándose de los trámites cuando el usuario decide cambiar de compañía. El servicio es gratuito para el consumidor: la empresa obtiene sus ingresos mediante una comisión abonada por la comercializadora cuando el cambio llega a realizarse, aunque asegura que no trabaja en exclusiva con ninguna y que su sistema busca la opción que considera más ventajosa para cada caso.

Según datos facilitados por la compañía, la plataforma ha ayudado ya a más de 15.600 particulares y empresas, acumula más de un millón de euros de ahorro generado y calcula un ahorro medio cercano a los 200 euros por usuario.

Detrás del proyecto hay un equipo especialmente joven. Sus tres fundadores, de 21 años, comenzaron a desarrollar la plataforma mientras cursaban sus estudios universitarios y hoy continúan ampliando una herramienta que nació centrada en la electricidad y el gas.

Esa juventud también se plasma en ambición: Auro AI quiere ir más allá de las facturas energéticas. Su objetivo es evolucionar hacia un asistente capaz de detectar oportunidades de ahorro en otros gastos habituales de los hogares, como los seguros, la telefonía, las hipotecas o incluso el combustible. “Queremos ser un asistente de ahorro. Hoy empezamos por la luz y el gas, pero la idea es ayudarte a ahorrar en todo lo que pagas cada mes”, resume Pérez.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha multado a Energía XXI Comercializadora de Referencia, perteneciente al Grupo Endesa, por generar confusión entre sus marcas al no diferenciar correctamente entre la comercializadora de referencia de tarifas reguladas y las comercializadoras asociadas al mercado libre.

En concreto, Competencia ha sancionado con 400.000 euros a la energética, que se han quedado en 320.000 tras aplicarse una reducción del 20% por pago voluntario, al entender que se cometió una infracción grave contemplada en la Ley del Sector Eléctrico. En concreto, el supervisor detectó varios incumplimientos en una inspección que realizó a Energía XXI para supervisar las obligaciones de separación e identificación de las actividades de las comercializadoras de referencia.

Según determina la CNMC, Energía XXI “dificultó su identificación clara e inequívoca como comercializadora de referencia” en sus contactos con los clientes. En llamadas con los consumidores empleó denominaciones sociales o nombres comerciales referidos a empresas distintas del grupo y, en los documentos contractuales, empleó elementos identificativos de la marca Endesa, que está asociada a la comercializadora libre.

Esto, dice Competencia, generó “confusión” en el consumidor y puso “en riesgo” la libertad de elección del tipo de contrato entre la tarifa regulada y el mercado libre.

La CNMC recuerda que la normativa exige a las comercializadoras de referencia mantener una imagen y comunicación con los clientes “claramente diferenciada” respecto a las comercializadoras del mismo grupo que operan en el mercado libre. Obligaciones con las que proteger la capacidad de los consumidores para distinguir a las comercializadoras de cada mercado y preservar la competencia.

Si bien no se han acreditado daños, beneficios económicos ni intencionalidad en la conducta de Energía XXI, la CNMC apunta que la sociedad, al estar integrada en uno de los principales grupos energéticos del país, “dispone de capacidad económica suficiente para evitar situaciones como las detectadas en la inspección, vinculadas a deficiencias en los mecanismos de formación y en los procesos de atención al cliente”.

La Comunidad de Propietarios de Río Vístula, 1, en Aldea Moret, ha denunciado la “contradicción” que supone que el Ayuntamiento de Cáceres, principal propietario del edificio, reclame el pago de la deuda del suministro de agua —e incluso advierta de un posible corte del servicio— mientras mantiene cuotas comunitarias impagadas desde 2020 en numerosas viviendas municipales.

El posible corte afectaría a más de 74 vecinos, entre ellos 21 menores y varias personas dependientes, independientemente de que estén o no al corriente de pago.

Según el Registro de la Propiedad, el Ayuntamiento posee 30 de las 48 viviendas del inmueble, lo que supone el 62% del edificio. La finca cuenta únicamente con dos contadores comunitarios, sin contadores individuales, y uno de ellos permanece averiado desde 2015, por lo que el consumo se factura mediante estimaciones. La Comunidad recuerda que esta situación ha dificultado durante años el mantenimiento del edificio y el pago de suministros esenciales.

Desde enero de 2026, la Junta de Propietarios ha acudido a todos los plenos municipales solicitando que el Ayuntamiento contribuya al pago de las cuotas comunitarias de sus viviendas, como exige la legislación a cualquier propietario. A ello se suma que los recibos del agua incluyen tasas municipales, como la de basura, que pasan a vía ejecutiva con recargos cuando no pueden abonarse, mientras la deuda del agua continúa creciendo.

La Comunidad advierte de que un eventual corte afectaría también a vecinos que pagan puntualmente sus cuotas y a familias que residen como arrendatarias en viviendas municipales, igualmente al corriente de pago. Reclama que el Ayuntamiento actúe no solo desde su posición institucional, sino como titular registral de la mayoría del edificio, cumpliendo las mismas obligaciones que el resto de propietarios.

La secretaria de la Comunidad, Cristina Escarmena, explica que “el Canal de Isabel II nos ha informado de que la instalación es insegura, lo que impide sustituir el contador averiado. Además, fue una sorpresa horrible comprobar que el compromiso adquirido por el Ayuntamiento en la Mesa del Agua de 2018 para evitar el corte del suministro no se había materializado y que la deuda acumulada supera ya los 126.000 euros”.

La Comunidad lamenta el estigma que está generando la difusión pública de la deuda, que “no refleja la realidad de muchas familias que cumplen con sus obligaciones”.

La junta de la Comunidad de Propietarios del edificio Río Vístula número 1 insiste en que no pretende eludir responsabilidades, sino que todos los propietarios, incluido el Ayuntamiento, participen activamente en la solución de un problema que se arrastra desde hace décadas.

Por su parte, el Consistorio ha informado a elDiario.es de que en el próximo pleno se aprobará la partida correspondiente a las cuotas adeudadas por las viviendas de titularidad municipal ubicadas en dicho bloque (20 según la versión oficial) —impagos acumulados desde 2020— y cuya cuantía fue remitida por la comunidad de vecinos el pasado 21 de abril. A partir de esa fecha se inició el expediente administrativo para proceder al abono y, una vez se produzca la aprobación plenaria, el pago será inmediato.

Datos detallados sobre el autoconsumo y nuevas variables, como el coste medio de la energía consumida, el tipo de contrato (a precio fijo o indexado al comportamiento del mercado mayorista de electricidad); el nombre del producto u oferta contratada en el mercado libre o información sobre por qué la comercializadora eléctrica ha realizado una estimación de la factura, en lugar de una lectura real.

Son algunas de las novedades que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico va a proponer incluir en la nueva factura eléctrica de los pequeños consumidores.

Entre otras cosas, la normativa que ultima el departamento de Sara Aagesen también va a obligar a incorporar en las facturas información sobre el consumo medio de electricidad de los suministros con características similares en el mismo código postal de los usuarios, con el objetivo de incentivar el ahorro energético.

Esta última es una medida que ya planteó implantar el Gobierno a finales de 2022, durante la crisis energética por la invasión de Ucrania, cuando ya se modificó la factura para incluir el efecto de la denominada solución ibérica, pero no se llegó a poner en marcha.

Estos cambios en la factura eléctrica se incluyen en una Propuesta de resolución de Transición Ecológica que, según ha podido confirmar elDiario.es, el ministerio prevé someter a audiencia pública este lunes.

La propuesta establece el contenido mínimo obligatorio a incluir en las facturas de electricidad por parte de los comercializadores del mercado libre a consumidores en baja tensión hasta 15 kilovatios (kW) de potencia contratada no acogidos a las tarifas de último recurso y el contenido mínimo obligatorio y formato a utilizar por los comercializadores de referencia. Estos últimos son los que suministran la electricidad a los usuarios acogidos a la tarifa regulada, el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC).

Datos en autoconsumo

El grueso de los cambios en la nueva factura afectarán al autoconsumo, que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, aunque lleva meses a la baja y en estado de alerta, tras la reciente amenaza del gurú económico del PP, Alberto Nadal, de reimplantar un mecanismo similar al denostado impuesto al sol que él mismo impulsó como secretario de Estado de Energía.

Con la propuesta del ministerio, las facturas de los consumidores (tanto del mercado libre como del regulado) que dispongan de sistemas de autoconsumo recogerán elementos como la modalidad a la que están acogidos, tipo y código de autoconsumo, la medida del contador de generación neta desglosada por períodos horarios y la energía neta horaria generada individualizada desglosada también por períodos horarios.

La propuesta, explican fuentes del departamento de la vicepresidenta tercera, va a modificar el contenido mínimo y el modelo de la factura mensual de electricidad “para adaptarlo a la evolución de la normativa”. Va a afectar tanto a los recibos de la luz de suministros acogidos al mercado regulado, al que hay acogidos unos 8 millones de consumidores, como a los del mercado libre, en el que hay más de 20 millones de usuarios, según los últimos datos disponibles de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondientes a noviembre de 2025.

Entre la normativa que se adapta se incluyen elementos del Reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica —Real Decreto 88/2026—, relativos a las eventuales penalizaciones aplicadas “o el importe de los intereses aplicados en caso de que haya una refacturación debidamente desglosados”, indican esas fuentes.

Ese decreto entró en vigor el pasado mes de febrero y estableció la eliminación total de penalizaciones por cancelación anticipada para consumidores domésticos sin precio fijo, y limitó al 5% del coste de la energía la penalización máxima en contratos a precio fijo, obligando además a las comercializadoras a justificar el perjuicio real para ellas.

Con esta propuesta, indican desde el ministerio, también “habrá que indicar el motivo de una lectura estimada, si se produce, y habrá una cláusula informativa sobre protección de datos y la decisión individual automatizada empleada en el otorgamiento del bono social”.

Esa decisión automatizada se realiza a través de una aplicación informática denominada BOSCO (Base de Datos de Consumidores Vulnerables), gestionada por Transición Ecológica, con un sistema que cruza datos del solicitante con registros públicos para denegar o conceder la ayuda sin intervención humana. 

Finalmente, las facturas del PVPC tendrán un nuevo apartado, denominado “comparador de ofertas”, en la esquina inferior derecha de la primera página, con un código QR vinculado al Comparador de Ofertas de Energía de la web de la CNMC.

La adaptación de pymes y autónomos al nuevo reglamento de facturación que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2027, está obligando a muchos negocios a revisar una parte básica de su gestión diaria. La facturación, que en muchos casos se lleva desde hace años con la misma herramienta, pasará a estar sujeta a nuevos requisitos técnicos dentro del marco conocido como Verifactu. Este cambio no afecta solo al momento de emitir una factura, sino también a la forma en la que los programas registran, conservan y comunican esa información.

Para muchos trabajadores por cuenta propia y pequeñas empresas, el programa de facturación no es una simple aplicación más. En él se acumulan operaciones pasadas, datos de clientes, documentos emitidos y registros que forman parte del archivo administrativo del negocio. Por eso, cualquier cambio de sistema puede generar dudas prácticas, sobre todo cuando la herramienta anterior ha sido utilizada durante años y contiene información que puede seguir siendo necesaria.

En este contexto, una de las preguntas que más se repite tiene que ver con el destino del software antiguo cuando llegue el momento de trabajar con una solución adaptada al nuevo reglamento. La preocupación no está solo en instalar un programa compatible, sino en saber qué ocurre con el que se venía usando hasta ahora, especialmente cuando todavía conserva facturas y datos de ejercicios anteriores.

Qué pasa con el programa antiguo de facturación

Hacienda ha aclarado que pymes y autónomos no tendrán que eliminar necesariamente su antiguo programa de facturación al cambiar a un sistema adaptado a Verifactu. La clave está en el uso que se mantenga de esa herramienta. Si el software anterior queda solo como archivo para consultar facturas ya emitidas o conservar registros antiguos, y deja de tener capacidad para crear nuevos documentos, su mantenimiento no supondría por sí solo un incumplimiento.

El punto principal está en que ese sistema no siga operativo como herramienta de emisión de facturas. Dicho de forma sencilla, el problema no es guardar el historial, sino conservar un programa antiguo que todavía permita seguir facturando cuando ya debería utilizarse una solución adaptada al nuevo marco legal. Por tanto, el cambio a Verifactu no implica perder la información acumulada durante años, pero sí exige separar claramente el archivo de facturas anteriores del sistema que se usará para emitir las nuevas.

Esta diferencia resulta importante para muchos negocios. Un autónomo puede necesitar revisar una factura antigua, comprobar un importe, recuperar los datos de un cliente o consultar una operación cerrada tiempo atrás. Esa necesidad no desaparece por cambiar de sistema. Lo que debe evitarse es que el programa anterior mantenga activa la función de emitir nuevas facturas si no cumple con los requisitos exigidos.

Qué es Verifactu

Verifactu forma parte del nuevo sistema impulsado por la Agencia Tributaria para adaptar los programas de facturación a unas reglas comunes. Su funcionamiento permite que los registros de facturación se remitan a Hacienda de forma inmediata y directa, lo que obliga a que las herramientas utilizadas por empresas y profesionales se ajusten a esos requisitos cuando llegue el momento de aplicarlos.

La Ley General Tributaria contempla una multa fija de 50.000 euros por ejercicio por la tenencia de sistemas o programas informáticos no debidamente certificados. Sin embargo, el riesgo no estaría en conservar una base de datos histórica, sino en mantener en funcionamiento una herramienta no adaptada que todavía pueda generar facturas.

Por eso, una pyme o un autónomo que conserve el programa antiguo solo para acceder a documentos ya emitidos no estaría en la misma situación que quien lo mantiene activo para facturar. En el primer caso, la aplicación funcionaría como un espacio de consulta. En el segundo, seguiría actuando como sistema de facturación, y ahí es donde podría aparecer el problema si no está ajustado al reglamento.

En la práctica, los negocios tendrán que revisar qué funciones conserva su antiguo software. Lo recomendable será asegurarse de que esa posibilidad queda bloqueada o desactivada, de manera que el programa quede limitado al archivo y no pueda utilizarse para crear nuevas facturas. La conclusión es que el paso a Verifactu no obliga a borrar el pasado administrativo del negocio. Pymes y autónomos podrán conservar sus registros anteriores si los necesitan, siempre que el programa antiguo ya no sirva para facturar.

El Grupo Municipal Socialista de Ciudad Real ha denunciado lo que considera “un escándalo” en la gestión del alcalde, Francisco Cañizares (PP), tras destinarse cerca de 4.500 euros de fondos del Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo (IMPEFE) “a sufragar gastos relacionados con un acto del Partido Popular Europeo celebrado en la capital”.

La portavoz socialista, Sara Martínez, ha acusado al regidor de realizar “una utilización partidista y absolutamente vergonzosa del dinero público” y ha advertido de que “este asunto no termina aquí, porque el PSOE seguirá exigiendo explicaciones y responsabilidades políticas”, explican desde la formación política.

Según ha explicado Martínez en rueda de prensa, el Gobierno municipal habría cargado al Plan Estratégico del IMPEFE varias facturas vinculadas directamente a un encuentro político del Partido Popular Europeo. Entre los gastos asegura el PSOE “se encuentran 2.500 euros para la sonorización del acto, 1.820 euros destinados a una cena y otros 170 euros correspondientes a una visita cultural, alcanzando un importe cercano a los 4.500 euros”.

“No estamos hablando de dinero abstracto, sino de recursos públicos que salen de los impuestos de todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real y que deberían destinarse a generar empleo, apoyar al pequeño comercio, a autónomos y autónomas, a planes de formación y a oportunidades laborales para jóvenes y personas desempleadas”, ha lamentado Martínez.

Viajar con internet en el móvil ya no es un lujo ni una complicación. En los últimos años, una tecnología ha empezado a imponerse entre quienes cruzan fronteras: la eSIM. Sin tarjeta física, sin tiendas en aeropuertos y sin sorpresas en la factura del roaming, esta alternativa se está convirtiendo en la opción preferida de cada vez más viajeros.

La eSIM (embedded SIM) es una tarjeta SIM digital integrada en el propio dispositivo. A diferencia de la SIM tradicional, no necesita insertarse ni cambiarse: todo se activa desde el software del móvil en pocos minutos, permitiendo conexión inmediata en el país de destino.

Cómo funciona una eSIM y por qué es más práctica al viajar

El funcionamiento es sencillo: el usuario compra un plan de datos, escanea un código QR o lo instala desde una app, y activa la conexión directamente en su teléfono. Esto permite tener internet al aterrizar sin necesidad de buscar una tienda local o depender del WiFi del aeropuerto.

Además, la eSIM permite algo clave para los viajeros: tener varios perfiles de operador en un mismo dispositivo. Esto facilita cambiar de plan según el país o el tipo de viaje sin tocar físicamente el teléfono.

Por qué cada vez más viajeros abandonan la SIM tradicional

El crecimiento de la eSIM no es casual. Según un informe de la GSMA, la adopción global de eSIM está aumentando de forma acelerada, impulsada por la demanda de conectividad instantánea, especialmente en viajeros frecuentes y usuarios de smartphones de gama media y alta.

La razón principal es clara: evitar el roaming internacional, que en muchos países sigue siendo caro e imprevisible. Con una eSIM, el usuario contrata un plan cerrado antes del viaje y controla el gasto desde el primer minuto.

A esto se suma otro factor clave: la comodidad. No hay que manipular la tarjeta física del móvil, ni correr riesgos de perder la SIM habitual durante un viaje. Todo el proceso es digital y reversible.

Ventajas reales de la eSIM para viajar

Las ventajas que explican su crecimiento son claras:

Todo esto ha convertido a la eSIM en una herramienta especialmente popular entre viajeros frecuentes, nómadas digitales y personas que hacen escapadas internacionales cortas.

Una tecnología que ya no es el futuro, sino el presente

El acceso constante a internet ha cambiado la forma en la que viajamos. Según el Pew Research Center, la conectividad móvil influye directamente en cómo las personas planifican, se desplazan y toman decisiones durante sus viajes, especialmente en el extranjero. Por eso, tener conexión desde el momento en que se aterriza se ha convertido en una prioridad para la mayoría de viajeros.

Este cambio de hábitos ha impulsado el crecimiento de la eSIM, una tecnología que permite conectarse sin tarjeta física, sin roaming y sin depender de redes WiFi públicas. En este contexto han surgido múltiples proveedores que ofrecen planes flexibles por países o regiones y activación inmediata desde el móvil, simplificando por completo la experiencia de conexión en viaje.

La tendencia no es coyuntural, sino estructural. Según un informe de la consultora Deloitte sobre el futuro de la conectividad móvil, la eSIM está llamada a convertirse en el estándar global de la industria, impulsada por la digitalización de las telecomunicaciones y la demanda de soluciones más flexibles y sin fricciones.

En la misma línea, Counterpoint Research prevé que para 2030 se habrán distribuido más de 9.000 millones de dispositivos compatibles con eSIM e iSIM, y que casi el 70% de los dispositivos móviles serán compatibles con esta tecnología. Todo apunta a una transformación profunda: la eSIM deja de ser una alternativa para convertirse en el nuevo estándar de conectividad global.

El sistema tributario español sigue caminando hacia la transformación digital gracias, en parte, a la factura electrónica obligatoria. La Ley Crea y Crece establece las bases legales para este cambio, buscando reducir la morosidad y fomentar el crecimiento empresarial mediante procesos más transparentes. El borrador de la Orden Ministerial, publicado recientemente, define finalmente el marco técnico y los tiempos de ejecución para todos los profesionales. No se trata de un simple cambio de soporte, sino de una nueva forma de entender la relación administrativa entre las empresas. Este avance sitúa a la factura electrónica como el eje central de la eficiencia operativa y el control fiscal en el ámbito privado.

La fecha marcada en el calendario normativo para la entrada en vigor de esta orden es el 1 de octubre de 2026. A partir de ese momento, comienza el cómputo oficial de los plazos para que la obligatoriedad empiece a ser exigible según el volumen de negocio. Este inicio regulatorio permite a las organizaciones planificar su transición técnica con una referencia temporal clara y definitiva. La administración ha diseñado un despliegue progresivo para evitar el colapso de los sistemas y permitir una adaptación adecuada del tejido empresarial. Es el punto de partida para que los sistemas de gestión empiecen a procesar documentos bajo los nuevos estándares europeos de interoperabilidad.

Las empresas con una facturación anual superior a los 8 millones de euros serán las primeras en asumir el reto. Para este colectivo, la factura electrónica B2B será obligatoria a partir del 1 de octubre de 2027, un año después de la entrada en vigor. El cumplimiento implica que todas sus operaciones comerciales con otros profesionales deberán realizarse íntegramente de forma digital y estructurada. No se permitirá el uso de facturas en papel ni de simples documentos en formato PDF sin datos estructurados. Estas grandes corporaciones deberán tener sus sistemas ERP plenamente integrados para evitar sanciones, que pueden alcanzar los diez mil euros por incumplimiento.

Para el resto de los autónomos y pequeñas empresas con ingresos inferiores a 8 millones, el plazo es más extenso. Su obligatoriedad efectiva se sitúa el 1 de octubre de 2028, otorgándoles un margen de dos años para su total digitalización. Este escalonamiento responde a la necesidad de que los profesionales con menos recursos técnicos encuentren soluciones asequibles en el mercado. Todas las empresas, independientemente de su tamaño, deberán estar dentro del sistema al finalizar este periodo de transición de dos años. La normativa busca que incluso las microempresas se beneficien del ahorro de costes y la mejora en el seguimiento de sus cobros.

El ecosistema de facturación se articulará a través de una solución pública gestionada por la Agencia Tributaria y plataformas privadas. Los empresarios podrán elegir entre utilizar el formulario gratuito de la AEAT o contratar servicios de proveedores tecnológicos homologados. Aquellas entidades que opten por sistemas privados estarán obligadas a remitir una copia fiel de cada factura a la solución pública de forma simultánea. La plataforma pública actuará como un repositorio universal que garantizará que Hacienda tenga acceso permanente a la información de las transacciones. Esta dualidad asegura la libertad de elección tecnológica, manteniendo siempre el control administrativo necesario para combatir la morosidad.

En el plano estrictamente técnico, el estándar que regirá todas las comunicaciones será el modelo europeo EN16931 bajo la sintaxis UBL. Cada factura electrónica generada deberá incluir un código único de identificación basado en el NIF, número, serie y fecha de expedición. Se prohíbe la inclusión de ficheros embebidos en las copias fieles enviadas a la administración para garantizar la limpieza de los datos. La interoperabilidad gratuita entre las diferentes plataformas privadas es un requisito esencial que impone la ley para evitar barreras económicas. De esta forma, se asegura que cualquier factura pueda ser procesada automáticamente por el receptor, sin importar el software que este utilice.

Una de las mayores innovaciones del sistema es la obligación de comunicar los estados de las facturas en tiempo real. El destinatario de un servicio o producto deberá informar sobre la aceptación o rechazo comercial y la fecha del pago efectivo. Específicamente, se debe reportar la fecha de vencimiento y el momento exacto en que se completa el abono de la factura. Estas comunicaciones deben realizarse en un plazo máximo de cuatro días naturales desde que se produce el evento correspondiente. Esta trazabilidad absoluta permitirá al Observatorio de la Morosidad monitorizar el cumplimiento de los plazos de pago legales en todos los sectores.

Diferente a VeriFactu

“Se trata de ver una oportunidad en una obligación. Oportunidad de agilizar las tareas administrativas relacionadas con la facturación de y hacia nuestros proveedores. Todas las empresas estarán utilizando programas que se podrán hablar entre sí”, aseguran desde la consultora tecnológica Esofitec, que también insiste en recordar que lo que plantea la Ley Crea y Crece “no hay que confundirlo con otra normativa que también está en el horizonte, el sistema VeriFactu. Son diferentes, aunque ambas pasan por una solución tecnológica que, en realidad, es una gran oportunidad de profesionalización para las empresas”.

Concretamente, VeriFactu se centra en garantizar la integridad de los registros de facturación enviados a Hacienda para evitar el fraude. El calendario de Verifactu arrancará el 1 de enero de 2027 para empresas y el 1 de julio del mismo año para autónomos. De esta manera, se ha configurado un inicio escalonado para que ambas obligaciones no coincidan exactamente en el tiempo y faciliten la adaptación. Mientras la factura B2B regula el intercambio entre partes, VeriFactu asegura que el software de emisión sea seguro y trazable. La adaptación a este nuevo entorno digital, insisten los expertos, requiere que las empresas revisen sus procesos y la calidad de sus datos actuales. Las implicaciones prácticas son profundas y afectan directamente al ciclo de facturación, desde la emisión hasta la conciliación bancaria final. No prepararse a tiempo podría conllevar no solo sanciones financieras, sino también dificultades operativas para contratar a otras empresas obligadas.

La factura eléctrica de los consumidores con tarifa regulada o PVPC da un respiro a los consumidores, a pesar de la subida de la inflación. En concreto, el recibo rondará este marzo los niveles del mes anterior, ya que el encarecimiento del coste de la energía -aun así contenido pese a la guerra en Irán- ha sido mitigado por la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno para hacer frente a la coyuntura.

Así, el recibo de un consumidor tipo -con una potencia de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo mensual de 60 kilovatios hora (kWh) en horario punta, 70 kWh en llano y 120 kWh en valle- ha sido de 53,71 euros, según el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este importe se encuentra en línea con los 53,19 euros de febrero, y supone una rebaja cercana al 5 % si se compara con los 56,29 euros de las mismas fechas de 2025.

También es similar a los 52,97 euros de mayo de 2025, cuando el recibo tiende a abaratarse ante un menor coste energético fruto de una alta generación renovable, y una demanda más controlada que en invierno y verano, los dos periodos pico por los sistemas de climatización.

En cualquier caso, el de 2024 sigue siendo el marzo más económico de los últimos años, con una factura de unos 45 euros para un consumidor tipo.

Vuelve la rebaja fiscal

El usuario PVPC se benefició entonces de los bajos precios del mercado mayorista de la electricidad o 'pool' en un mes extraordinariamente renovable que sentó las bases de las franjas horarias a cero euros o en negativo, un fenómeno ahora recurrente, sobre todo en primavera.

En 2024 también estaba en vigor la rebaja fiscal a la electricidad que el Gobierno lanzó con motivo de la crisis energética del 2022, posterior a la invasión rusa de Ucrania.

Una fórmula que actualmente, con ocasión de la guerra en Irán y el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz, el Gobierno ha recuperado en su plan de respuesta integral a los efectos económicos del conflicto en Oriente Próximo.

Este incluye la rebaja temporal del IVA de la luz del 21 al 10 %, la reducción del impuesto especial eléctrico del 5,1 al 0,5 %, y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, tal como publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) el sábado 21 de marzo.

Según explican las eléctricas, estas medidas se aplican ya a todas las facturas emitidas a partir del pasado 22 de marzo. Ahora bien, aclara Endesa en su blog, cuando hay un cambio en el IVA justo en medio de un periodo de facturación, las compañías no pueden aplicar una sola regla a todo el consumo.

De este modo se separa el periodo en dos tramos, uno antes y otro después del cambio; se aplica a cada uno el impuesto vigente en ese momento, y se reparten los costes fijos proporcionalmente.

A tenor de sus cálculos, las rebajas fiscales representan un ahorro mensual estimado de casi 7 euros para un hogar pequeño, con un consumo sin impuestos de unos 40 euros; de casi 12 euros para un hogar mediano, con consumo de 70 euros; y de 20 euros para un hogar grande o un local, con consumo de 120 euros.

Las renovables mitigan el 'pool'

La evolución del recibo para un contrato PVPC está vinculado, entre otros factores, al precio medio de la electricidad en el mercado mayorista o 'pool'.

En marzo, el 'pool' se ha pagado, de media, a 41,5 euros/megavatio hora (MWh), un 22 % menos en comparativa interanual y muy por debajo de los 286,4 euros que marcó en los treinta primeros días de la guerra en Ucrania, cuando llegó a anotarse el que continúa siendo su máximo de siempre (544,98 euros/MWh).

Los expertos creen que el predominio renovable en el 'mix' eléctrico permite a España afrontar esta crisis en una mejor situación que otros países (en Francia, el MWh se ha pagado a 64 euros; en Alemania, a 99 euros, y en Italia, a 143 euros).

Conforme a los datos provisionales -sin autoconsumo- de Red Eléctrica a fecha del 30 de marzo, un 65,1 % de la electricidad del mes ha procedido de fuentes renovables, principalmente la eólica, que tiende a desplomar el precio del 'pool' en momentos de alta generación.

El PVPC también está expuesto al mercado de futuros de la electricidad, que está acusando la volatilidad fruto de la geopolítica aunque de forma más controlada que en las primeras semanas de conflicto en Oriente Próximo.

A cierre de marzo, los futuros de OMIP marcan un precio de 27 euros/MWh para abril (el pasado día 9 llegaron a 42,5 euros/MWh); de 78 euros para el tercer trimestre (el pasado día 20 rozaron los 83 euros/MWh), y de 56,75 euros/MWh para 2027.

El propietario y gestor del bar Franky de Pamplona que aparece señalado en el informe de la UCO de la Guardia Civil por presuntamente emitir facturas falsas a Acciona para que después Koldo García cobrase el dinero en efectivo, ha negado haber participado o tener conocimiento de la presunta trama y ha aseverado que “nunca” pagó dinero en efectivo al exasesor del Ministerio de Transportes. Javier Lorente ha comparecido este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas a las empresas Acciona y Servinabar 2000.

Según los agentes de la Guardia Civil que realizaron el informe, el bar Franky servía a la trama para lavar dinero y obtener liquidez a través de facturas “ficticias” que el contable del establecimiento, Miguel Moreno Purroy, emitía a Acciona. La constructora llegó a pagar más de 2.700 euros en facturas por supuestas comidas de empleados y posteriormente el dinero acababa en los bolsillos de Koldo García.

El dueño del bar, Javier Lorente, ha reconocido que conocía a Santos Cerdán y Koldo García por ser clientes de su establecimiento, pero ha negado que les realizase pagos en efectivo. Según ha apuntado, de las facturas se encargaba su “amigo” y contable, Miguel Moreno Purroy. “No sé si hizo alguna vez alguna factura que no debía”, ha añadido.

Por el contrario, ha manifestado que no conoce a Fernando Merino, exresponsable de Acciona en Navarra, pese a que, según la investigación de la UCO de la Guardia Civil consta un intercambio de mensajes a través de Whatsapp o correos electrónicos en el que están incluidos tanto Merino como el propio Lorente. “No sé por qué me habla de Acciona todo el rato, yo no he hecho ninguna factura a nombre de Acciona. Yo no he hablado con Acciona en la vida”, ha asegurado Lorente.

Lorente ha asegurado que “no le consta” que Acciona emitiera esas facturas y que no recurda si empleados de Acciona comían en su bar. “Venía mucha gente a comer, sobre todo personal de los juzgados (situados frente al bar)”. “De las facturas se encargaba mi contable. Sinceramente, supongo que si alguien me pide una factura será porque es una comida grande o porque hay varios tiquets”, ha señalado.

Los tres investigados por fabricar facturas falsas para el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, tratan de utilizar la condena al ex fiscal general para intentar anular la causa contra ellos. En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso elDiario.es, su letrado afirma que, a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre Álvaro García Ortiz, la información que motivó la apertura del procedimiento de fraude fiscal contra el empresario y comisionista fue “obtenida de forma delictiva” y añade que, por tanto, toda la causa es “nula de pleno derecho”. 

González Amador y el resto de investigados por fabricar facturas falsas para él están procesados por dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos. Según la investigación tributaria que dio origen a esta causa, la pareja de Ayuso utilizó un total de 17 facturas falsas para aumentar su facturación y hacer creer a Hacienda que sus empresas habían tenido muchos más gastos, lo que le permitía rebajar el Impuesto de Sociedades. Así, evitó pagar a Hacienda 350.951 euros en dos ejercicios fiscales.

Las facturas falsas más abultadas corresponden a supuestos trabajos ficticios en Costa de Marfil y México, pero también hay otras facturas más pequeñas que condujeron a los inspectores de Hacienda a un pueblo de la Sevilla rural, Arahal. Allí encontraron un fraude de libro. Las empresas que le facturaron al comisionista González Amador estaban domiciliadas en casa de un camarero y el empleado de una panadería, ambos hermanos, o del presunto cerebro de esta subtrama, un pequeño empresario sin apenas actividad y vecino de los anteriores. Todos ellos acabaron investigados por los mismos delitos.

D.H.L, el pequeño empresario, se enfrenta a dos años de cárcel por emitir facturas con empresas pantallas. El abogado de los tres alega en su escrito de defensa su disconformidad con los hechos que se le imputan, que considera que no están “probados”.

El Supremo declaró probado el pasado diciembre que García Ortiz o alguien de “su entorno” filtraron a la prensa un correo con la confesión de fraude fiscal del comisionista. En su escrito de acusación en esa causa, González Amador defendió que su derecho a la defensa se había visto perjudicado de forma “irremediable e irreversible”, en una estrategia ahora seguida por otros de los investigados.

En otra parte del escrito, la defensa de los tres ciudadanos sevillanos alega que uno de ellos “estaba sometido a los efectos de sustancias psicotrópicas en el momento de los hechos”. Aporta un “informe de desintoxicación” y solicita un informe del médico forense.

El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto para poner coto al 'spam' telefónico de las compañías energéticas y estas empresas solo podrán llamar a los potenciales consumidores que expresen su voluntad de recibir sus ofertas comerciales, tal y como avanzó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en una entrevista publicada este fin de semana en elDiario.es.

“Vamos a poner coto a las prácticas abusivas que hemos ido conociendo mediante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las asociaciones de usuarios para que los usuarios puedan tener máxima seguridad cuando miran a sus contratos eléctricos en un país que está virando y está apostando por una electricidad que sea más asequible, más competitiva y, por supuesto, segura. Se trata de protección a los consumidores y, especialmente, a los más vulnerables”, aseguró la responsable de Energía en conversación con este periódico.

La norma, que desarrolla el reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, también prohíbe la conocida como “contratación en caliente”, de tal manera que las compañías tendrán que remitir el contrato y un documento con información simple y cercana antes de cerrar en firme cualquier oferta que se les traslade.

“Hemos conocido que estas personas que reciben el bono eléctrico han tenido abusos desde el punto de vista de llamadas con ofertas que luego realmente no eran tales y que les situaba en una situación de mayor vulnerabilidad. Con el real decreto, estas personas tendrán que recibir información sobre el hecho de que cambiar el tipo de contrato les saca de la percepción del bono. Información sobre cuál era la situación actual con esa protección y cuál sería la nueva situación en cuanto a la facturación o al precio. Y de forma muy clara para que realmente sepan qué supone dar el salto desde la salvaguarda del bono a una nueva contratación”, apuntó la ministra.

La vulneración de cualquier medida de protección al consumidor puede ser constitutiva de infracción grave, y se impondrá al infractor multa por importe no inferior a 600.001 euros ni superior a seis millones de euros, como recoge Europa Press.

La entidad competente para incoar y resolver este tipo infractor será la CNMC. Asimismo, dicho reglamento establece un prefijo específico para las llamadas comerciales, y, en caso de incumplimiento, bien por no utilizar el prefijo o por llamar a alguien que había solicitado que no se le llamase, los proveedores de telecomunicaciones deberán bloquear ese número.

Como ha detallado la vicepresidenta durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros, el nuevo reglamento pone fin a las barreras para el cambio de contrato o para las cláusulas de permanencia “abusivas”, en tanto que limita las penalizaciones que puedan imponer las comercializadoras a una serie de supuesto muy concretos. Por ejemplo, será de solo el 5% de la energía pendiente de suministro en el caso de que el cliente rescinda un contrato antes de que se cumpla el año de vigencia y siempre que la compañía justifique un perjuicio.

La refacturación también tendrá límites para proteger a los consumidores. En el caso de que sean a su favor, las cantidades que se han cobrado de más habrán de devolverse con intereses en la siguiente factura. Si es a favor de la compañía, podrán prorratearse en los siguientes pagos con un tope máximo de un año.

La norma también contempla que las compañías establezcan una nueva figura interna, el Defensor del Cliente, “que podrán o no desarrollar”, para solventar el problema estructural de las reclamaciones. Los clientes podrán reclamar por todos los canales y tendrán el derecho a recibir el escrito con la queja que se haya planteado por vía telefónica.

Las compañías no podrán cortar el suministro a hogares con consumidores electrodependientes

El nuevo reglamento prohíbe el corte de suministros a los consumidores en días festivos o en aquellos en los que no haya atención al cliente por parte de las comercializadoras y también crea una nueva figura de “suministro esencial” que no podrá interrumpirse en ninguna circunstancia, los hogares con consumidores electrodependientes.

También se prohíben las penalizaciones o permanencias que dificulten el acceso al bono social para los consumidores vulnerables que tengan derecho al mismo y se protege a sus beneficiarios “para evitar engaños o contratos ventajosos en el mercado libre que impliquen una renuncia al bono social” sin que lo sepan.

Por otra parte, cuando se produzca un cambio de precios derivado de una modificación de las condiciones del contrato, o de una nueva contratación, la empresa deberá presentar al consumidor, con carácter previo, un documento independiente del contrato que le resuma claramente los efectos del cambio sobre su factura final e incluya una tabla comparativa de los precios antes del cambio y los precios que tendrá después.

Así, tanto los hogares como las pequeñas y medianas empresas (pymes) -con potencia contratada menor de 15 kilovatios (kW)- podrán rescindir sus contratos en cualquier momento, sin penalización, a menos que sea antes de la primera prórroga anual de un contrato a precio fijo en el mercado libre; y en este caso la penalización sólo podrá ser del 5% de la energía pendiente de facturar en ese ejercicio como máximo.

Si el cambio lo hace un consumidor vulnerable para acogerse al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), no podrá aplicarse ningún tipo de penalización, tampoco en los servicios adicionales contratados junto al suministro eléctrico.

Además, se agilizan los plazos para los cambios de suministrador, que durarán diez días como máximo, y en los arrendamientos de viviendas se permitirá que el PVPC se subrogue sólo con la petición de cambio de nombre del contrato por parte del usuario efectivo de la energía que así lo acredite, libre de las cargas que pudiera haber contraído el titular anterior.

Esta subrogación también se aplicará a las mujeres víctimas de violencia de género y de violencia sexual que residan en la vivienda sin ser las titulares del contrato.

En el caso de que un consumidor con bono social quiera cambiar al mercado libre, el nuevo comercializador, además de presentarle la estimación anual de la diferencia entre el precio que paga y el que pagará tras el cambio deberá recabar su consentimiento expreso e informar mensualmente a la CNMC de estas renuncias por parte de los consumidores vulnerables, para que puedan comprobarse.

El Congreso ha rechazado, por segunda vez consecutiva, los objetivos de estabilidad del Gobierno para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Por otro lado, ha aprobado el retraso de la entrada en vigor de Verifactu, el nuevo sistema de facturación para pymes y autónomos, al 1 de enero de 2027.

La vicepresidenta María Jesús Montero ha defendido el “importantísimo respaldo financiero” que suponía la senda de déficit rechazada (2,1% del PIB en 2026, 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028), que permitía a las comunidades autónomas un desvío del 0,1% durante los tres ejercicios, lo que permitía un mayor margen de gasto para las regiones por valor de 5.500 millones de euros.

El debate de este jueves parecía un 'déjà vu', ya que se repitieron los mismos argumentos que hace dos semanas, cuando la Cámara baja consideró por primera vez los objetivos de estabilidad del Ejecutivo.

“Esta senda de déficit va a representar un importantísimo respaldo financiero para las comunidades locales, las entidades locales y, en definitiva, para los servicios públicos garantes del Estado del Bienestar”, ha dicho la 'número dos' del Gobierno.

El Ejecutivo ha asegurado que tumbar esta senda –que ha contado con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN y las abstenciones de Podemos y Compromís–, no bloquea la elaboración de las Cuentas Públicas. Pero sí abre un vacío legal sobre las reglas fiscales a aplicar. Esto es así porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria solo fija que los objetivos tengan que votarse en dos ocasiones, pero no explicita qué sucede si es rechazada en ambas ocasiones.

En el Gobierno argumentan que la decaída de este acuerdo del Consejo de Ministros no puede hurtarle su capacidad presupuestaria ni la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea. Así, sin objetivos en vigor, podría hacer sus Cuentas con lo acordado con Bruselas en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo a finales del año pasado. Estos son los números rojos que marca la senda: 2,1% en 2026, 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028. Y como ahí no se pactó un reparto por subsectores, en Hacienda señalan que es la Carta Magna la que prima, obligando a las comunidades autónomas a presupuestar en equilibrio.

Con todo, Junts ya ha advertido de que la negativa a los objetivos va aparejado al de las Cuentas Públicas. “Ni objetivos hoy ni Presupuestos mañana”, ha remarcado el diputado neoconvergente Josep Maria Cruset.

En el PP se han mostrado exultantes con el resultado de las votaciones de este jueves en el Congreso, especialmente la de la senda de estabilidad. “En Extremadura no tenemos techo y aquí se les ha caído”, ha ironizado Alberto Núñez Feijóo en conversación con los periodistas al finalizar el pleno. Una referencia a las buenas expectativas que señalan las encuestas para María Guardiola ante los comicios del próximo 21 de diciembre. Informa Aitor Riveiro.

Verifactu, retrasado hasta enero de 2027

Por otro lado, el Gobierno también ha conseguido el visto bueno del Congreso al Real Decreto-Ley aprobado la semana pasada para permitir a las entidades locales y comunidades autónomas invertir el superávit de 2024 en inversiones financieramente sostenibles. En esta norma, el Ejecutivo integró el retraso de la entrada en vigor de Verifactu, como se conoce popularmente al nuevo reglamento de sistemas de facturación desarrollado por la Agencia Tributaria, hasta el 1 de enero de 2027 para las pymes y hasta el 1 de julio de ese mismo año para los autónomos.

La nueva obligación suponía adaptar los software de facturación -en el caso de aquellos que no hagan facturas a mano o con procesadores de texto como Word o Excel- para generar ficheros con una especie de 'huella digital' para evitar alteraciones, e incluir un código QR en cada una de ellas a través del cual se pueda acceder a una serie de datos fiscales relacionados con la compañía emisora.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a principios de mes que el Consejo de Ministros aprobaría un Real Decreto-Ley con varios compromisos pendientes de cumplir con Junts. Entre ellos, el retraso de esta obligación, que había sido un reclamo de las patronales catalanas.

Un aplazamiento. O un respiro. La decisión del Gobierno de alargar la fecha de entrada en vigor de la nueva facturación para pymes y autónomos, el sistema Verifactu, ha cogido por sorpresa a muchos. Algunos ya habían hecho los deberes y se habían adaptado, pero en recientes fechas varios expertos alertaban que había un número excesivo de medianas o pequeñas empresas, además de trabajadores autónomos, que estaban dejando la actualización a la hora de facturar para última hora. Y que podía ser un problema para los últimos días de diciembre o, peor aún, los primeros días de enero, cuando ya no se podría facturar como hasta ahora si uno quería cumplir con la ley y con Hacienda y evitar posibles sanciones. La ley, eso sí, sigue siendo la misma, la que obliga a los profesionales mencionados a utilizar sistemas informáticos que permitan compartir sus facturas con el fisco. 

Hay expertos que consideran que la medida anunciada ayer llega como respuesta a ciertas presiones empresariales y a la necesidad de garantizar una transición más suave hacia la digitalización fiscal. En todo caso la moratoria modifica no la ley sino las fechas límites que estaban originalmente previstas. Inicialmente, las compañías con una facturación inferior a los seis millones de euros debían contar con el nuevo software a partir del 1 enero de 2026, es decir, en menos de un mes. Por otra parte, los trabajadores autónomos debían incorporar dicho sistema informático desde el 1 de julio del mismo 2026, es decir, en algo menos de siete meses. Con la nueva aprobación, las empresas retrasarán este deber hasta el 1 de enero de 2027, mientras que los profesionales por cuenta propia deberán cumplir con los requisitos a partir del 1 de julio de 2027. 

De hecho este cambio de fechas no es el primero que se produce en el marco del Verifactu sino el segundo. La medida iba a arrancar en julio de 2025 y fue aplazada a las fechas que ayer volvieron a quedar desfasadas. Hay que recordar que el sistema Verifactu, abreviatura de «Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT», fue incorporado a la Ley contra el fraude fiscal de 2021. ¿Objetivo? Evitar que empresas y profesionales oculten datos, ventas en su mayoría, al fisco, lo que reduciría la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Además de combatir prácticas fraudulentas, Verifactu busca modernizar los sistemas informáticos empresariales y contribuir a la digitalización del sector, para que Hacienda tenga en su poder los datos más imprescindibles de las facturas emitidas por pymes y autónomos.

La nueva normativa exige a los profesionales contar con un Sistema Informático de Facturación (SIF) que asegure la trazabilidad de los documentos. Este software debe garantizar la imposibilidad de llevar una contabilidad 'B' y asegurar que las facturas no puedan modificarse una vez emitidas. Aunque el fisco no ha hecho obligatorio que las compañías remitan la facturación de forma inmediata, los programas deben estar listos para conectarse a la Agencia Tributaria y remitir los datos automática y prácticamente en directo si Hacienda lo requiere. El incumplimiento de estas obligaciones conlleva multas que pueden ascender hasta los 50.000 euros, de ahí que muchas empresas y autónomos ya hubiesen hecho los cambios necesarios para poder facturar de manera legal.

Ahora se trata de que tanto las pymes como los autónomos que no habían actualizado su manera de facturar no se relajen. Oficialmente, el Ministerio de Hacienda justificó la ampliación del plazo por la “necesaria adecuación de los sistemas informáticos de facturación”. Según el Ejecutivo, esta decisión busca garantizar una implantación “ordenada y homogénea en el conjunto del tejido empresarial”, otorgando a los contribuyentes un mayor margen para la adaptación. Es decir, que todo el mundo llegue a tiempo y no haya un cuello de botella que impida factura adecuadamente durante los primeros días posteriores a la entrada en vigor de la nueva facturación digital. 

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió la moratoria como una forma de “facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas” y promover la digitalización. Para muchas pymes y autónomos, el aplazamiento representa un cambio significativo al ofrecer un “alivio” y un “mayor margen” para prepararse. El tiempo adicional, aseguran algunos expertos, no debe verse como una prórroga ilimitada, ya que estudios recientes señalaban que más del 60% del tejido empresarial seguía sin iniciar la adaptación a finales de noviembre. Los afectados venían denunciando la carencia de conocimiento técnico y legal o la falta de ayudas y soporte por parte de la misma Agencia Tributaria.

Programas válidos

Además, el aplazamiento aborda la gran cantidad de dudas que había generado la nueva obligación, especialmente entre los pequeños empresarios. Con este respiro, hay más tiempo para aclarar si los programas de facturación existentes son válidos, si se pueden seguir usando herramientas comunes como Excel o qué sucede con aquellos que aún facturan a mano. El Colegio Oficial de Gestores Administrativos valoró que la prórroga solo tendrá sentido si se utiliza para aclarar quién debe acogerse al sistema y cómo ordenar su completa implantación, algo que no se había logrado hasta ahora.

Desde la consultora tecnológica Esofitec aseguran que, aunque el cambio de calendario ofrece margen a empresas y autónomos para reorganizar sus respectivos y pertinentes procesos, “la digitalización de la facturación sigue siendo imprescindible. Este nuevo plazo permite preparar la transición con mayor seguridad, evitar prisas y asegurar que los sistemas estén alineados con la normativa. Y, para aquellos que ya han realizado la adaptación a Verifactu, este nuevo calendario supone disponer ahora de un año extra para validar con calma todo el trabajo hecho, ajustar procesos y garantizar un funcionamiento impecable”.

Asociaciones mayoritarias como Cepyme, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) saludaron la moratoria, considerándola un alivio y necesaria, mientras que otras organizaciones como la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) consideran que el continuo anuncio de obligaciones seguidas de retrasos puede generar desconfianza e inseguridad jurídica, especialmente entre aquellos negocios que ya habían invertido en adaptar sus sistemas. En definitiva, lo que cambia para pymes y autónomos es los días que quedan para comenzar a facturar de manera digital acorde a la ley. 394 días en el caso de las empresas de pequeño y mediano tamaño, 575 en el caso de los autónomos.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de Castilla-La Mancha ha valorado el nuevo aplazamiento de Verifactu, el sistema obligatorio de facturación digital diseñado por la Agencia Tributaria (AEAT), cuya implantación se pospone un año más, hasta 2027. Lo considera “inevitable”, pero también pero censura la gestión de la Agencia Tributaria durante todo el proceso.

 “Hemos tenido a miles de autónomos en tensión durante todo el año pasado y, además, se les ha empujado, aunque de forma sutil, a contratar programas de facturación de pago, simplemente por la falta de información clara y precisa por parte de la AEAT. Esto es, sencillamente, impresentable”, denuncia el presidente de UPTA en la región César García.

El Gobierno ha decidido retrasar la entrada en vigor del sistema tanto para empresas sujetas al Impuesto de Sociedades como para autónomos y pymes, tras las numerosas críticas recibidas por la falta de preparación técnica y la complejidad de los requisitos exigidos. No entrará en vigor hasta 2027.

Según UPTA CLM, la incertidumbre generada ha obligado a muchos trabajadores por cuenta propia a realizar gastos anticipados en software o asesoramiento especializado ante el temor de no llegar a tiempo a la obligación que inicialmente entraba en vigor en 2026.

El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno establece ahora que las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades deberán adaptarse antes del 1 de enero de 2027 y los autónomos y pymes dispondrán hasta el 1 de julio de 2027 para cumplir con la normativa.

Para UPTA CLM, este nuevo margen temporal permitirá planificar la transición a la facturación digital de forma más ordenada. Sin embargo, la organización exige a la Agencia Tributaria que mejore de inmediato la comunicación con los colectivos afectados. “Si no hay una guía clara, accesible y transparente, volveremos a reproducir exactamente los mismos errores dentro de un año”, advierte García.

Verifactu, regulado en el Real Decreto 1007/2023, obliga a que cada factura emitida genere un registro inalterable y trazable, incorporando un código QR y comunicándose automáticamente con la AEAT en el momento de su emisión.

La mayoría de autónomos y pequeñas empresas deberán utilizar software adaptado para cumplir estos requisitos. Solo quienes facturen de manera muy ocasional podrán seguir con sistemas propios (como Excel o Word), siempre respetando estrictas garantías de conservación y legibilidad.

UPTA CLM recuerda que la AEAT ofrece una aplicación gratuita, aunque advierte de que puede resultar insuficiente para actividades con un volumen medio o alto de facturación.

Exigen “claridad, soporte técnico y un calendario realista”

UPTA Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno de España y a la Agencia Tributaria tanto un plan formativo específico para autónomos, como herramientas “claras y accesibles sin costes ocultos” y una “comunicación institucional transparente que evite interpretaciones erróneas”, así como un calendario definitivo que no genere nuevas incertidumbres.

“Lo que no puede volver a repetirse es un año de confusión, presiones indirectas y falta de respuestas técnicas. Los autónomos merecen respeto, y eso empieza por darles información veraz, completa y a tiempo”, concluye García.

El Gobierno retrasa la entrada en vigor de Verifactu, como se conoce popularmente al nuevo reglamento de sistemas de facturación desarrollado por la Agencia Tributaria, hasta el 1 de enero de 2027 para las pymes y al 1 de julio de ese mismo año para los autónomos, después de las quejas de múltiples asociaciones y patronales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en sendas entrevistas este martes que el Real Decreto-Ley que aprueba el Consejo de Ministros para cumplir varios compromisos pendientes con Junts incluiría una ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas, que debía entrar en vigor en apenas un mes.

Fuentes de Hacienda precisan que, en ambos casos, esta obligación se retrasa un año, hasta el 1 de enero de 2027 en el caso de los declarantes del Impuesto de Sociedades y hasta el 1 de julio para el resto, fundamentalmente trabajadores autónomos. En una nota, el Ministerio ha asegurado que la ampliación se hace con el objetivo de dar la “necesaria adecuación de los sistemas informáticos de facturación como para garantizar una implantación ordenada y homogénea en el conjunto del tejido empresarial”.

La nueva obligación suponía adaptar los software de facturación -en el caso de aquellos que no hagan facturas a mano o con procesadores de texto como Word o Excel- para generar ficheros con una especie de 'huella digital' para evitar alteraciones, e incluir un código QR en cada una de ellas a través del cual se pueda acceder a una serie de datos fiscales relacionados con la compañía emisora.

“De forma muy resumida, la normativa a lo que obliga es que, por cada factura que se emita, debe generarse un registro de facturación”, explica Èlia Urgell, Tax & Invoicing Product Manager en Wolters Kluwer, una de las empresas que diseñan estos software para empresas.

A partir de aquí, explica Urgell, las empresas cuentan con dos opciones. “Pueden guardar esa información en el sistema, para cuando lo requiera la Agencia Tributaria o pueden apostar por la modalidad Verifactu que, de forma automática, el sistema envía ese registro a la Agencia Tributaria para que ellas sean las responsables de tener ese registro”, señala en conversación telefónica.

El compromiso de retrasar esta obligación era un reclamo de Junts, pero también de las patronales catalanes. Singularmente, Pimec, que reclamó ayudas directas para su implantación, ya que uno de cada cuatro empresarios creen que gastarán entre 1.000 y 6.000 euros en la actualización del software y de los nuevos equipos. Además, más de la mitad de los asociados en la rama del comercio (55,4%) desconocían cuándo entrarían en vigor las nuevas obligaciones.

El más contundente en sus críticas fue el vicepresidente de CEOE y presidente de la federación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, que exigió que se posponga la implementación de Verifactu a 2027. “La facturación electrónica no será obligatoria para autónomos y pymes hasta el 2028. Aún estamos a la espera de la publicación de un RD por parte del Ministerio de Economía. No vuelvan más locos a los autónomos, a las pymes y a los profesionales y asesores que trabajan con nosotros. ¡No más trabas”, escribió en un mensaje a través de su cuenta de la red social X.

En este sentido, y en declaraciones remitidas a los medios, Amor ha calificado el cambio de opinión del Ejecutivo de “bienvenido”. “ATA solicitó esta prórroga el 31 de octubre y en varias ocasionesy agradecemos a Junts que haya hecho bandera de esta demanda”, señala el representante de ATA.

Desde la asociación de autónomos UPTA, su presidente, Eduardo Abad, ha calificado de “despropósito” el giro del Gobierno. “Es un auténtico despropósito por parte del Gobierno estar continuamente planteando temas y luego dar marcha atrás. Esto lo único que genera es desconfianza, no genera seguridad y el colectivo de verdad que está harto de esta situación”, asegura en declaraciones remitidas a los medios, que critica que “parece que nadie está al volante de la situación”.

También Uatae ha criticado la “inseguridad jurídica” que provoca esta decisión del Ejecutivo. “Nos sorprende que algo que se está tratando en el foro de autónomos con las organizaciones representativas y los agentes sociales desde hace más de dos años, ahora se retrase. Más aún cuando se trata de una herramienta de lucha contra el fraude fiscal que no tiene incidencia práctica en el trabajo autónomo (a pesar de lo que se haya podido escuchar), en la medida en que no son los autónomos los obligados a cumplir requisitos de facturación sino los propios software de facturación los que tienen que adaptarse a la normativa y que, por otra parte, en su mayoría, ya se han adaptado”, apuntan.

¿Cierran bien tus ventanas? Si no lo hacen, porque son antiguas, o porque los años han deteriorado el sello, tus pérdidas de calor durante el invierno y, por tanto, las facturas de gas o electricidad por la calefacción pueden ser mucho mayores de lo que piensas.  

Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entre un 25% y 30% del calor o frío de un hogar se escapa a través de las ventanas, lo que las convierte en uno de los puntos más débiles de la envolvente térmica de una vivienda. Esta pérdida se debe principalmente a la baja estanqueidad y aislamiento de carpinterías y acristalamientos antiguos, como las ventanas con marco de hierro o aluminio, con vidrio de una sola hoja, que permiten fugas constantes de energía térmica. Como resultado, los sistemas de calefacción se ven forzados a trabajar más tiempo para mantener una temperatura confortable en casa, lo que incrementa directamente la factura a final de mes.

Este exceso de consumo tiene cada vez más importancia con la inestabilidad y subidas por sorpresa de los precios de la energía. Los datos del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) correspondientes al segundo trimestre de 2024 reflejan que el consumo eléctrico en los hogares españoles aumentó un 5,1% interanual, mientras que el gasto asociado creció un 10,5%, es decir, más del doble que el consumo. Aunque este dato corresponde a todo el consumo eléctrico, hay que tener en cuenta que la calefacción representa hasta el 48%, según el informe del IDAE.

Cómo saber si nuestras ventanas tienen fugas

La gran diferencia entre las ventanas más y menos eficientes para conservar el calor en casa está en los materiales y la fabricación. Las ventanas más eficientes combinan múltiples tecnologías: el triple acristalamiento crea dos cámaras de aire que frenan la transferencia de calor, y los vidrios bajo emisivos (Low-E), que tienen un revestimiento microscópico que refleja el calor hacia el interior de la vivienda en invierno. En los marcos, la rotura de puente térmico (RPT), una barrera aislante que se incorpora en el interior del perfil de la ventana de aluminio o PVC, evita que el marco se convierta en un punto frío por donde se escape la energía.

Por el contrario, las ventanas ineficientes, como las de aluminio sin rotura de puente térmico y vidrio simple, actúan como un colador energético porque el metal conduce el calor fácilmente y el vidrio único ofrece un aislamiento mínimo, por no mencionar ventanas más antiguas de hierro. En el caso de las ventanas de madera, el material ofrece más aislamiento que el metal, pero las fugas se producen generalmente por las juntas.

Una forma práctica de detectar estas fugas es el tacto. En un día frío y con calefacción encendida, pasamos la mano alrededor del perímetro de la ventana. Si se nota un flujo de aire frío, especialmente en la unión entre el marco y la pared o donde se juntan las hojas, existe una fuga de aire. Igualmente, conviene revisar visualmente si las juntas de goma están secas, agrietadas o deterioradas, ya que esto afecta al sellado.

Otra señal inequívoca de fugas es la presencia de condensación o incluso hielo en el interior del vidrio durante el invierno. Esto indica que el vidrio tiene una temperatura superficial muy baja y el calor interior está escapando a través de él. Si al amanecer encontramos vaho o humedad acumulada en los cristales, es un síntoma de que la ventana es un punto frío por el que se está perdiendo energía.

Cómo evitar las pérdidas de energía por las ventanas

La solución más inmediata es cambiar las ventanas antiguas por unas más eficientes, pero bien sea por coste, o por vivir de alquiler, no siempre está a nuestro alcance. Si podemos hacer el cambio, las ventanas más eficientes son las que incorporan marcos de PVC o aluminio con rotura de puente térmico, combinados con doble o triple acristalamiento bajo emisivo y cámara de aire rellena de gas argón. Esta configuración reduce la transmitancia térmica a niveles mínimos.

Si el remplazo está fuera de nuestro alcance, existen soluciones intermedias para mejorar el rendimiento de las ventanas existentes. Por ejemplo, si los marcos están en buen estado y son algo aislantes (como ocurre con los marcos de madera que ajustan bien), pero tienen acristalamiento simple, la sustitución del vidrio por uno doble es menos costosa y ofrece una mejora muy notable. 

En cualquier caso, es muy importante sellar todas las juntas entre el marco y la pared con espuma de poliuretano, que se puede adquirir en un espray que aplicaremos allí donde haya una grieta. Para las juntas entre las hojas de las ventanas y el marco, una buena solución es colocar burletes adhesivos de espuma o silicona en los perímetros para eliminar las filtraciones de aire.

Más allá de arreglar las ventanas ineficientes, se pueden tomar medidas complementarias que minimizan las pérdidas energéticas. Una solución eficaz es instalar persianas o cortinas gruesas que si se cierran durante la noche crean una cámara de aire adicional que aporta aislamiento, mientras que al mantenerlas abiertas durante las horas de sol en invierno permiten aprovechar la ganancia solar pasiva, es decir el “efecto invernadero” dentro de la casa. 

Si las ventanas tienen muchos años, hay que revisar periódicamente el estado de las juntas de goma y los herrajes de cierre. Sin necesidad de cambiar la ventana entera, estas pequeñas reparaciones pueden suponer un ahorro adicional a lo largo del tiempo.