La factura eléctrica de los consumidores con tarifa regulada o PVPC da un respiro a los consumidores, a pesar de la subida de la inflación. En concreto, el recibo rondará este marzo los niveles del mes anterior, ya que el encarecimiento del coste de la energía -aun así contenido pese a la guerra en Irán- ha sido mitigado por la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno para hacer frente a la coyuntura.

Así, el recibo de un consumidor tipo -con una potencia de 4,4 kilovatios (kW) y un consumo mensual de 60 kilovatios hora (kWh) en horario punta, 70 kWh en llano y 120 kWh en valle- ha sido de 53,71 euros, según el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este importe se encuentra en línea con los 53,19 euros de febrero, y supone una rebaja cercana al 5 % si se compara con los 56,29 euros de las mismas fechas de 2025.

También es similar a los 52,97 euros de mayo de 2025, cuando el recibo tiende a abaratarse ante un menor coste energético fruto de una alta generación renovable, y una demanda más controlada que en invierno y verano, los dos periodos pico por los sistemas de climatización.

En cualquier caso, el de 2024 sigue siendo el marzo más económico de los últimos años, con una factura de unos 45 euros para un consumidor tipo.

Vuelve la rebaja fiscal

El usuario PVPC se benefició entonces de los bajos precios del mercado mayorista de la electricidad o 'pool' en un mes extraordinariamente renovable que sentó las bases de las franjas horarias a cero euros o en negativo, un fenómeno ahora recurrente, sobre todo en primavera.

En 2024 también estaba en vigor la rebaja fiscal a la electricidad que el Gobierno lanzó con motivo de la crisis energética del 2022, posterior a la invasión rusa de Ucrania.

Una fórmula que actualmente, con ocasión de la guerra en Irán y el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz, el Gobierno ha recuperado en su plan de respuesta integral a los efectos económicos del conflicto en Oriente Próximo.

Este incluye la rebaja temporal del IVA de la luz del 21 al 10 %, la reducción del impuesto especial eléctrico del 5,1 al 0,5 %, y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, tal como publicó el Boletín Oficial del Estado (BOE) el sábado 21 de marzo.

Según explican las eléctricas, estas medidas se aplican ya a todas las facturas emitidas a partir del pasado 22 de marzo. Ahora bien, aclara Endesa en su blog, cuando hay un cambio en el IVA justo en medio de un periodo de facturación, las compañías no pueden aplicar una sola regla a todo el consumo.

De este modo se separa el periodo en dos tramos, uno antes y otro después del cambio; se aplica a cada uno el impuesto vigente en ese momento, y se reparten los costes fijos proporcionalmente.

A tenor de sus cálculos, las rebajas fiscales representan un ahorro mensual estimado de casi 7 euros para un hogar pequeño, con un consumo sin impuestos de unos 40 euros; de casi 12 euros para un hogar mediano, con consumo de 70 euros; y de 20 euros para un hogar grande o un local, con consumo de 120 euros.

Las renovables mitigan el 'pool'

La evolución del recibo para un contrato PVPC está vinculado, entre otros factores, al precio medio de la electricidad en el mercado mayorista o 'pool'.

En marzo, el 'pool' se ha pagado, de media, a 41,5 euros/megavatio hora (MWh), un 22 % menos en comparativa interanual y muy por debajo de los 286,4 euros que marcó en los treinta primeros días de la guerra en Ucrania, cuando llegó a anotarse el que continúa siendo su máximo de siempre (544,98 euros/MWh).

Los expertos creen que el predominio renovable en el 'mix' eléctrico permite a España afrontar esta crisis en una mejor situación que otros países (en Francia, el MWh se ha pagado a 64 euros; en Alemania, a 99 euros, y en Italia, a 143 euros).

Conforme a los datos provisionales -sin autoconsumo- de Red Eléctrica a fecha del 30 de marzo, un 65,1 % de la electricidad del mes ha procedido de fuentes renovables, principalmente la eólica, que tiende a desplomar el precio del 'pool' en momentos de alta generación.

El PVPC también está expuesto al mercado de futuros de la electricidad, que está acusando la volatilidad fruto de la geopolítica aunque de forma más controlada que en las primeras semanas de conflicto en Oriente Próximo.

A cierre de marzo, los futuros de OMIP marcan un precio de 27 euros/MWh para abril (el pasado día 9 llegaron a 42,5 euros/MWh); de 78 euros para el tercer trimestre (el pasado día 20 rozaron los 83 euros/MWh), y de 56,75 euros/MWh para 2027.

El propietario y gestor del bar Franky de Pamplona que aparece señalado en el informe de la UCO de la Guardia Civil por presuntamente emitir facturas falsas a Acciona para que después Koldo García cobrase el dinero en efectivo, ha negado haber participado o tener conocimiento de la presunta trama y ha aseverado que “nunca” pagó dinero en efectivo al exasesor del Ministerio de Transportes. Javier Lorente ha comparecido este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas a las empresas Acciona y Servinabar 2000.

Según los agentes de la Guardia Civil que realizaron el informe, el bar Franky servía a la trama para lavar dinero y obtener liquidez a través de facturas “ficticias” que el contable del establecimiento, Miguel Moreno Purroy, emitía a Acciona. La constructora llegó a pagar más de 2.700 euros en facturas por supuestas comidas de empleados y posteriormente el dinero acababa en los bolsillos de Koldo García.

El dueño del bar, Javier Lorente, ha reconocido que conocía a Santos Cerdán y Koldo García por ser clientes de su establecimiento, pero ha negado que les realizase pagos en efectivo. Según ha apuntado, de las facturas se encargaba su “amigo” y contable, Miguel Moreno Purroy. “No sé si hizo alguna vez alguna factura que no debía”, ha añadido.

Por el contrario, ha manifestado que no conoce a Fernando Merino, exresponsable de Acciona en Navarra, pese a que, según la investigación de la UCO de la Guardia Civil consta un intercambio de mensajes a través de Whatsapp o correos electrónicos en el que están incluidos tanto Merino como el propio Lorente. “No sé por qué me habla de Acciona todo el rato, yo no he hecho ninguna factura a nombre de Acciona. Yo no he hablado con Acciona en la vida”, ha asegurado Lorente.

Lorente ha asegurado que “no le consta” que Acciona emitiera esas facturas y que no recurda si empleados de Acciona comían en su bar. “Venía mucha gente a comer, sobre todo personal de los juzgados (situados frente al bar)”. “De las facturas se encargaba mi contable. Sinceramente, supongo que si alguien me pide una factura será porque es una comida grande o porque hay varios tiquets”, ha señalado.

Los tres investigados por fabricar facturas falsas para el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, tratan de utilizar la condena al ex fiscal general para intentar anular la causa contra ellos. En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso elDiario.es, su letrado afirma que, a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo sobre Álvaro García Ortiz, la información que motivó la apertura del procedimiento de fraude fiscal contra el empresario y comisionista fue “obtenida de forma delictiva” y añade que, por tanto, toda la causa es “nula de pleno derecho”. 

González Amador y el resto de investigados por fabricar facturas falsas para él están procesados por dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos. Según la investigación tributaria que dio origen a esta causa, la pareja de Ayuso utilizó un total de 17 facturas falsas para aumentar su facturación y hacer creer a Hacienda que sus empresas habían tenido muchos más gastos, lo que le permitía rebajar el Impuesto de Sociedades. Así, evitó pagar a Hacienda 350.951 euros en dos ejercicios fiscales.

Las facturas falsas más abultadas corresponden a supuestos trabajos ficticios en Costa de Marfil y México, pero también hay otras facturas más pequeñas que condujeron a los inspectores de Hacienda a un pueblo de la Sevilla rural, Arahal. Allí encontraron un fraude de libro. Las empresas que le facturaron al comisionista González Amador estaban domiciliadas en casa de un camarero y el empleado de una panadería, ambos hermanos, o del presunto cerebro de esta subtrama, un pequeño empresario sin apenas actividad y vecino de los anteriores. Todos ellos acabaron investigados por los mismos delitos.

D.H.L, el pequeño empresario, se enfrenta a dos años de cárcel por emitir facturas con empresas pantallas. El abogado de los tres alega en su escrito de defensa su disconformidad con los hechos que se le imputan, que considera que no están “probados”.

El Supremo declaró probado el pasado diciembre que García Ortiz o alguien de “su entorno” filtraron a la prensa un correo con la confesión de fraude fiscal del comisionista. En su escrito de acusación en esa causa, González Amador defendió que su derecho a la defensa se había visto perjudicado de forma “irremediable e irreversible”, en una estrategia ahora seguida por otros de los investigados.

En otra parte del escrito, la defensa de los tres ciudadanos sevillanos alega que uno de ellos “estaba sometido a los efectos de sustancias psicotrópicas en el momento de los hechos”. Aporta un “informe de desintoxicación” y solicita un informe del médico forense.

El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto para poner coto al 'spam' telefónico de las compañías energéticas y estas empresas solo podrán llamar a los potenciales consumidores que expresen su voluntad de recibir sus ofertas comerciales, tal y como avanzó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en una entrevista publicada este fin de semana en elDiario.es.

“Vamos a poner coto a las prácticas abusivas que hemos ido conociendo mediante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las asociaciones de usuarios para que los usuarios puedan tener máxima seguridad cuando miran a sus contratos eléctricos en un país que está virando y está apostando por una electricidad que sea más asequible, más competitiva y, por supuesto, segura. Se trata de protección a los consumidores y, especialmente, a los más vulnerables”, aseguró la responsable de Energía en conversación con este periódico.

La norma, que desarrolla el reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica, también prohíbe la conocida como “contratación en caliente”, de tal manera que las compañías tendrán que remitir el contrato y un documento con información simple y cercana antes de cerrar en firme cualquier oferta que se les traslade.

“Hemos conocido que estas personas que reciben el bono eléctrico han tenido abusos desde el punto de vista de llamadas con ofertas que luego realmente no eran tales y que les situaba en una situación de mayor vulnerabilidad. Con el real decreto, estas personas tendrán que recibir información sobre el hecho de que cambiar el tipo de contrato les saca de la percepción del bono. Información sobre cuál era la situación actual con esa protección y cuál sería la nueva situación en cuanto a la facturación o al precio. Y de forma muy clara para que realmente sepan qué supone dar el salto desde la salvaguarda del bono a una nueva contratación”, apuntó la ministra.

La vulneración de cualquier medida de protección al consumidor puede ser constitutiva de infracción grave, y se impondrá al infractor multa por importe no inferior a 600.001 euros ni superior a seis millones de euros, como recoge Europa Press.

La entidad competente para incoar y resolver este tipo infractor será la CNMC. Asimismo, dicho reglamento establece un prefijo específico para las llamadas comerciales, y, en caso de incumplimiento, bien por no utilizar el prefijo o por llamar a alguien que había solicitado que no se le llamase, los proveedores de telecomunicaciones deberán bloquear ese número.

Como ha detallado la vicepresidenta durante su comparecencia tras el Consejo de Ministros, el nuevo reglamento pone fin a las barreras para el cambio de contrato o para las cláusulas de permanencia “abusivas”, en tanto que limita las penalizaciones que puedan imponer las comercializadoras a una serie de supuesto muy concretos. Por ejemplo, será de solo el 5% de la energía pendiente de suministro en el caso de que el cliente rescinda un contrato antes de que se cumpla el año de vigencia y siempre que la compañía justifique un perjuicio.

La refacturación también tendrá límites para proteger a los consumidores. En el caso de que sean a su favor, las cantidades que se han cobrado de más habrán de devolverse con intereses en la siguiente factura. Si es a favor de la compañía, podrán prorratearse en los siguientes pagos con un tope máximo de un año.

La norma también contempla que las compañías establezcan una nueva figura interna, el Defensor del Cliente, “que podrán o no desarrollar”, para solventar el problema estructural de las reclamaciones. Los clientes podrán reclamar por todos los canales y tendrán el derecho a recibir el escrito con la queja que se haya planteado por vía telefónica.

Las compañías no podrán cortar el suministro a hogares con consumidores electrodependientes

El nuevo reglamento prohíbe el corte de suministros a los consumidores en días festivos o en aquellos en los que no haya atención al cliente por parte de las comercializadoras y también crea una nueva figura de “suministro esencial” que no podrá interrumpirse en ninguna circunstancia, los hogares con consumidores electrodependientes.

También se prohíben las penalizaciones o permanencias que dificulten el acceso al bono social para los consumidores vulnerables que tengan derecho al mismo y se protege a sus beneficiarios “para evitar engaños o contratos ventajosos en el mercado libre que impliquen una renuncia al bono social” sin que lo sepan.

Por otra parte, cuando se produzca un cambio de precios derivado de una modificación de las condiciones del contrato, o de una nueva contratación, la empresa deberá presentar al consumidor, con carácter previo, un documento independiente del contrato que le resuma claramente los efectos del cambio sobre su factura final e incluya una tabla comparativa de los precios antes del cambio y los precios que tendrá después.

Así, tanto los hogares como las pequeñas y medianas empresas (pymes) -con potencia contratada menor de 15 kilovatios (kW)- podrán rescindir sus contratos en cualquier momento, sin penalización, a menos que sea antes de la primera prórroga anual de un contrato a precio fijo en el mercado libre; y en este caso la penalización sólo podrá ser del 5% de la energía pendiente de facturar en ese ejercicio como máximo.

Si el cambio lo hace un consumidor vulnerable para acogerse al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), no podrá aplicarse ningún tipo de penalización, tampoco en los servicios adicionales contratados junto al suministro eléctrico.

Además, se agilizan los plazos para los cambios de suministrador, que durarán diez días como máximo, y en los arrendamientos de viviendas se permitirá que el PVPC se subrogue sólo con la petición de cambio de nombre del contrato por parte del usuario efectivo de la energía que así lo acredite, libre de las cargas que pudiera haber contraído el titular anterior.

Esta subrogación también se aplicará a las mujeres víctimas de violencia de género y de violencia sexual que residan en la vivienda sin ser las titulares del contrato.

En el caso de que un consumidor con bono social quiera cambiar al mercado libre, el nuevo comercializador, además de presentarle la estimación anual de la diferencia entre el precio que paga y el que pagará tras el cambio deberá recabar su consentimiento expreso e informar mensualmente a la CNMC de estas renuncias por parte de los consumidores vulnerables, para que puedan comprobarse.

El Congreso ha rechazado, por segunda vez consecutiva, los objetivos de estabilidad del Gobierno para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Por otro lado, ha aprobado el retraso de la entrada en vigor de Verifactu, el nuevo sistema de facturación para pymes y autónomos, al 1 de enero de 2027.

La vicepresidenta María Jesús Montero ha defendido el “importantísimo respaldo financiero” que suponía la senda de déficit rechazada (2,1% del PIB en 2026, 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028), que permitía a las comunidades autónomas un desvío del 0,1% durante los tres ejercicios, lo que permitía un mayor margen de gasto para las regiones por valor de 5.500 millones de euros.

El debate de este jueves parecía un 'déjà vu', ya que se repitieron los mismos argumentos que hace dos semanas, cuando la Cámara baja consideró por primera vez los objetivos de estabilidad del Ejecutivo.

“Esta senda de déficit va a representar un importantísimo respaldo financiero para las comunidades locales, las entidades locales y, en definitiva, para los servicios públicos garantes del Estado del Bienestar”, ha dicho la 'número dos' del Gobierno.

El Ejecutivo ha asegurado que tumbar esta senda –que ha contado con los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN y las abstenciones de Podemos y Compromís–, no bloquea la elaboración de las Cuentas Públicas. Pero sí abre un vacío legal sobre las reglas fiscales a aplicar. Esto es así porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria solo fija que los objetivos tengan que votarse en dos ocasiones, pero no explicita qué sucede si es rechazada en ambas ocasiones.

En el Gobierno argumentan que la decaída de este acuerdo del Consejo de Ministros no puede hurtarle su capacidad presupuestaria ni la obligación de cumplir con los compromisos adquiridos con la Comisión Europea. Así, sin objetivos en vigor, podría hacer sus Cuentas con lo acordado con Bruselas en el Plan Fiscal Estructural a Medio Plazo a finales del año pasado. Estos son los números rojos que marca la senda: 2,1% en 2026, 1,8% en 2027 y 1,6% en 2028. Y como ahí no se pactó un reparto por subsectores, en Hacienda señalan que es la Carta Magna la que prima, obligando a las comunidades autónomas a presupuestar en equilibrio.

Con todo, Junts ya ha advertido de que la negativa a los objetivos va aparejado al de las Cuentas Públicas. “Ni objetivos hoy ni Presupuestos mañana”, ha remarcado el diputado neoconvergente Josep Maria Cruset.

En el PP se han mostrado exultantes con el resultado de las votaciones de este jueves en el Congreso, especialmente la de la senda de estabilidad. “En Extremadura no tenemos techo y aquí se les ha caído”, ha ironizado Alberto Núñez Feijóo en conversación con los periodistas al finalizar el pleno. Una referencia a las buenas expectativas que señalan las encuestas para María Guardiola ante los comicios del próximo 21 de diciembre. Informa Aitor Riveiro.

Verifactu, retrasado hasta enero de 2027

Por otro lado, el Gobierno también ha conseguido el visto bueno del Congreso al Real Decreto-Ley aprobado la semana pasada para permitir a las entidades locales y comunidades autónomas invertir el superávit de 2024 en inversiones financieramente sostenibles. En esta norma, el Ejecutivo integró el retraso de la entrada en vigor de Verifactu, como se conoce popularmente al nuevo reglamento de sistemas de facturación desarrollado por la Agencia Tributaria, hasta el 1 de enero de 2027 para las pymes y hasta el 1 de julio de ese mismo año para los autónomos.

La nueva obligación suponía adaptar los software de facturación -en el caso de aquellos que no hagan facturas a mano o con procesadores de texto como Word o Excel- para generar ficheros con una especie de 'huella digital' para evitar alteraciones, e incluir un código QR en cada una de ellas a través del cual se pueda acceder a una serie de datos fiscales relacionados con la compañía emisora.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a principios de mes que el Consejo de Ministros aprobaría un Real Decreto-Ley con varios compromisos pendientes de cumplir con Junts. Entre ellos, el retraso de esta obligación, que había sido un reclamo de las patronales catalanas.

Un aplazamiento. O un respiro. La decisión del Gobierno de alargar la fecha de entrada en vigor de la nueva facturación para pymes y autónomos, el sistema Verifactu, ha cogido por sorpresa a muchos. Algunos ya habían hecho los deberes y se habían adaptado, pero en recientes fechas varios expertos alertaban que había un número excesivo de medianas o pequeñas empresas, además de trabajadores autónomos, que estaban dejando la actualización a la hora de facturar para última hora. Y que podía ser un problema para los últimos días de diciembre o, peor aún, los primeros días de enero, cuando ya no se podría facturar como hasta ahora si uno quería cumplir con la ley y con Hacienda y evitar posibles sanciones. La ley, eso sí, sigue siendo la misma, la que obliga a los profesionales mencionados a utilizar sistemas informáticos que permitan compartir sus facturas con el fisco. 

Hay expertos que consideran que la medida anunciada ayer llega como respuesta a ciertas presiones empresariales y a la necesidad de garantizar una transición más suave hacia la digitalización fiscal. En todo caso la moratoria modifica no la ley sino las fechas límites que estaban originalmente previstas. Inicialmente, las compañías con una facturación inferior a los seis millones de euros debían contar con el nuevo software a partir del 1 enero de 2026, es decir, en menos de un mes. Por otra parte, los trabajadores autónomos debían incorporar dicho sistema informático desde el 1 de julio del mismo 2026, es decir, en algo menos de siete meses. Con la nueva aprobación, las empresas retrasarán este deber hasta el 1 de enero de 2027, mientras que los profesionales por cuenta propia deberán cumplir con los requisitos a partir del 1 de julio de 2027. 

De hecho este cambio de fechas no es el primero que se produce en el marco del Verifactu sino el segundo. La medida iba a arrancar en julio de 2025 y fue aplazada a las fechas que ayer volvieron a quedar desfasadas. Hay que recordar que el sistema Verifactu, abreviatura de «Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT», fue incorporado a la Ley contra el fraude fiscal de 2021. ¿Objetivo? Evitar que empresas y profesionales oculten datos, ventas en su mayoría, al fisco, lo que reduciría la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Además de combatir prácticas fraudulentas, Verifactu busca modernizar los sistemas informáticos empresariales y contribuir a la digitalización del sector, para que Hacienda tenga en su poder los datos más imprescindibles de las facturas emitidas por pymes y autónomos.

La nueva normativa exige a los profesionales contar con un Sistema Informático de Facturación (SIF) que asegure la trazabilidad de los documentos. Este software debe garantizar la imposibilidad de llevar una contabilidad 'B' y asegurar que las facturas no puedan modificarse una vez emitidas. Aunque el fisco no ha hecho obligatorio que las compañías remitan la facturación de forma inmediata, los programas deben estar listos para conectarse a la Agencia Tributaria y remitir los datos automática y prácticamente en directo si Hacienda lo requiere. El incumplimiento de estas obligaciones conlleva multas que pueden ascender hasta los 50.000 euros, de ahí que muchas empresas y autónomos ya hubiesen hecho los cambios necesarios para poder facturar de manera legal.

Ahora se trata de que tanto las pymes como los autónomos que no habían actualizado su manera de facturar no se relajen. Oficialmente, el Ministerio de Hacienda justificó la ampliación del plazo por la “necesaria adecuación de los sistemas informáticos de facturación”. Según el Ejecutivo, esta decisión busca garantizar una implantación “ordenada y homogénea en el conjunto del tejido empresarial”, otorgando a los contribuyentes un mayor margen para la adaptación. Es decir, que todo el mundo llegue a tiempo y no haya un cuello de botella que impida factura adecuadamente durante los primeros días posteriores a la entrada en vigor de la nueva facturación digital. 

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió la moratoria como una forma de “facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a las empresas” y promover la digitalización. Para muchas pymes y autónomos, el aplazamiento representa un cambio significativo al ofrecer un “alivio” y un “mayor margen” para prepararse. El tiempo adicional, aseguran algunos expertos, no debe verse como una prórroga ilimitada, ya que estudios recientes señalaban que más del 60% del tejido empresarial seguía sin iniciar la adaptación a finales de noviembre. Los afectados venían denunciando la carencia de conocimiento técnico y legal o la falta de ayudas y soporte por parte de la misma Agencia Tributaria.

Programas válidos

Además, el aplazamiento aborda la gran cantidad de dudas que había generado la nueva obligación, especialmente entre los pequeños empresarios. Con este respiro, hay más tiempo para aclarar si los programas de facturación existentes son válidos, si se pueden seguir usando herramientas comunes como Excel o qué sucede con aquellos que aún facturan a mano. El Colegio Oficial de Gestores Administrativos valoró que la prórroga solo tendrá sentido si se utiliza para aclarar quién debe acogerse al sistema y cómo ordenar su completa implantación, algo que no se había logrado hasta ahora.

Desde la consultora tecnológica Esofitec aseguran que, aunque el cambio de calendario ofrece margen a empresas y autónomos para reorganizar sus respectivos y pertinentes procesos, “la digitalización de la facturación sigue siendo imprescindible. Este nuevo plazo permite preparar la transición con mayor seguridad, evitar prisas y asegurar que los sistemas estén alineados con la normativa. Y, para aquellos que ya han realizado la adaptación a Verifactu, este nuevo calendario supone disponer ahora de un año extra para validar con calma todo el trabajo hecho, ajustar procesos y garantizar un funcionamiento impecable”.

Asociaciones mayoritarias como Cepyme, la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) saludaron la moratoria, considerándola un alivio y necesaria, mientras que otras organizaciones como la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) consideran que el continuo anuncio de obligaciones seguidas de retrasos puede generar desconfianza e inseguridad jurídica, especialmente entre aquellos negocios que ya habían invertido en adaptar sus sistemas. En definitiva, lo que cambia para pymes y autónomos es los días que quedan para comenzar a facturar de manera digital acorde a la ley. 394 días en el caso de las empresas de pequeño y mediano tamaño, 575 en el caso de los autónomos.

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de Castilla-La Mancha ha valorado el nuevo aplazamiento de Verifactu, el sistema obligatorio de facturación digital diseñado por la Agencia Tributaria (AEAT), cuya implantación se pospone un año más, hasta 2027. Lo considera “inevitable”, pero también pero censura la gestión de la Agencia Tributaria durante todo el proceso.

 “Hemos tenido a miles de autónomos en tensión durante todo el año pasado y, además, se les ha empujado, aunque de forma sutil, a contratar programas de facturación de pago, simplemente por la falta de información clara y precisa por parte de la AEAT. Esto es, sencillamente, impresentable”, denuncia el presidente de UPTA en la región César García.

El Gobierno ha decidido retrasar la entrada en vigor del sistema tanto para empresas sujetas al Impuesto de Sociedades como para autónomos y pymes, tras las numerosas críticas recibidas por la falta de preparación técnica y la complejidad de los requisitos exigidos. No entrará en vigor hasta 2027.

Según UPTA CLM, la incertidumbre generada ha obligado a muchos trabajadores por cuenta propia a realizar gastos anticipados en software o asesoramiento especializado ante el temor de no llegar a tiempo a la obligación que inicialmente entraba en vigor en 2026.

El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno establece ahora que las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades deberán adaptarse antes del 1 de enero de 2027 y los autónomos y pymes dispondrán hasta el 1 de julio de 2027 para cumplir con la normativa.

Para UPTA CLM, este nuevo margen temporal permitirá planificar la transición a la facturación digital de forma más ordenada. Sin embargo, la organización exige a la Agencia Tributaria que mejore de inmediato la comunicación con los colectivos afectados. “Si no hay una guía clara, accesible y transparente, volveremos a reproducir exactamente los mismos errores dentro de un año”, advierte García.

Verifactu, regulado en el Real Decreto 1007/2023, obliga a que cada factura emitida genere un registro inalterable y trazable, incorporando un código QR y comunicándose automáticamente con la AEAT en el momento de su emisión.

La mayoría de autónomos y pequeñas empresas deberán utilizar software adaptado para cumplir estos requisitos. Solo quienes facturen de manera muy ocasional podrán seguir con sistemas propios (como Excel o Word), siempre respetando estrictas garantías de conservación y legibilidad.

UPTA CLM recuerda que la AEAT ofrece una aplicación gratuita, aunque advierte de que puede resultar insuficiente para actividades con un volumen medio o alto de facturación.

Exigen “claridad, soporte técnico y un calendario realista”

UPTA Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno de España y a la Agencia Tributaria tanto un plan formativo específico para autónomos, como herramientas “claras y accesibles sin costes ocultos” y una “comunicación institucional transparente que evite interpretaciones erróneas”, así como un calendario definitivo que no genere nuevas incertidumbres.

“Lo que no puede volver a repetirse es un año de confusión, presiones indirectas y falta de respuestas técnicas. Los autónomos merecen respeto, y eso empieza por darles información veraz, completa y a tiempo”, concluye García.

El Gobierno retrasa la entrada en vigor de Verifactu, como se conoce popularmente al nuevo reglamento de sistemas de facturación desarrollado por la Agencia Tributaria, hasta el 1 de enero de 2027 para las pymes y al 1 de julio de ese mismo año para los autónomos, después de las quejas de múltiples asociaciones y patronales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en sendas entrevistas este martes que el Real Decreto-Ley que aprueba el Consejo de Ministros para cumplir varios compromisos pendientes con Junts incluiría una ampliación del plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas, que debía entrar en vigor en apenas un mes.

Fuentes de Hacienda precisan que, en ambos casos, esta obligación se retrasa un año, hasta el 1 de enero de 2027 en el caso de los declarantes del Impuesto de Sociedades y hasta el 1 de julio para el resto, fundamentalmente trabajadores autónomos. En una nota, el Ministerio ha asegurado que la ampliación se hace con el objetivo de dar la “necesaria adecuación de los sistemas informáticos de facturación como para garantizar una implantación ordenada y homogénea en el conjunto del tejido empresarial”.

La nueva obligación suponía adaptar los software de facturación -en el caso de aquellos que no hagan facturas a mano o con procesadores de texto como Word o Excel- para generar ficheros con una especie de 'huella digital' para evitar alteraciones, e incluir un código QR en cada una de ellas a través del cual se pueda acceder a una serie de datos fiscales relacionados con la compañía emisora.

“De forma muy resumida, la normativa a lo que obliga es que, por cada factura que se emita, debe generarse un registro de facturación”, explica Èlia Urgell, Tax & Invoicing Product Manager en Wolters Kluwer, una de las empresas que diseñan estos software para empresas.

A partir de aquí, explica Urgell, las empresas cuentan con dos opciones. “Pueden guardar esa información en el sistema, para cuando lo requiera la Agencia Tributaria o pueden apostar por la modalidad Verifactu que, de forma automática, el sistema envía ese registro a la Agencia Tributaria para que ellas sean las responsables de tener ese registro”, señala en conversación telefónica.

El compromiso de retrasar esta obligación era un reclamo de Junts, pero también de las patronales catalanes. Singularmente, Pimec, que reclamó ayudas directas para su implantación, ya que uno de cada cuatro empresarios creen que gastarán entre 1.000 y 6.000 euros en la actualización del software y de los nuevos equipos. Además, más de la mitad de los asociados en la rama del comercio (55,4%) desconocían cuándo entrarían en vigor las nuevas obligaciones.

El más contundente en sus críticas fue el vicepresidente de CEOE y presidente de la federación de autónomos ATA, Lorenzo Amor, que exigió que se posponga la implementación de Verifactu a 2027. “La facturación electrónica no será obligatoria para autónomos y pymes hasta el 2028. Aún estamos a la espera de la publicación de un RD por parte del Ministerio de Economía. No vuelvan más locos a los autónomos, a las pymes y a los profesionales y asesores que trabajan con nosotros. ¡No más trabas”, escribió en un mensaje a través de su cuenta de la red social X.

En este sentido, y en declaraciones remitidas a los medios, Amor ha calificado el cambio de opinión del Ejecutivo de “bienvenido”. “ATA solicitó esta prórroga el 31 de octubre y en varias ocasionesy agradecemos a Junts que haya hecho bandera de esta demanda”, señala el representante de ATA.

Desde la asociación de autónomos UPTA, su presidente, Eduardo Abad, ha calificado de “despropósito” el giro del Gobierno. “Es un auténtico despropósito por parte del Gobierno estar continuamente planteando temas y luego dar marcha atrás. Esto lo único que genera es desconfianza, no genera seguridad y el colectivo de verdad que está harto de esta situación”, asegura en declaraciones remitidas a los medios, que critica que “parece que nadie está al volante de la situación”.

También Uatae ha criticado la “inseguridad jurídica” que provoca esta decisión del Ejecutivo. “Nos sorprende que algo que se está tratando en el foro de autónomos con las organizaciones representativas y los agentes sociales desde hace más de dos años, ahora se retrase. Más aún cuando se trata de una herramienta de lucha contra el fraude fiscal que no tiene incidencia práctica en el trabajo autónomo (a pesar de lo que se haya podido escuchar), en la medida en que no son los autónomos los obligados a cumplir requisitos de facturación sino los propios software de facturación los que tienen que adaptarse a la normativa y que, por otra parte, en su mayoría, ya se han adaptado”, apuntan.

¿Cierran bien tus ventanas? Si no lo hacen, porque son antiguas, o porque los años han deteriorado el sello, tus pérdidas de calor durante el invierno y, por tanto, las facturas de gas o electricidad por la calefacción pueden ser mucho mayores de lo que piensas.  

Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), entre un 25% y 30% del calor o frío de un hogar se escapa a través de las ventanas, lo que las convierte en uno de los puntos más débiles de la envolvente térmica de una vivienda. Esta pérdida se debe principalmente a la baja estanqueidad y aislamiento de carpinterías y acristalamientos antiguos, como las ventanas con marco de hierro o aluminio, con vidrio de una sola hoja, que permiten fugas constantes de energía térmica. Como resultado, los sistemas de calefacción se ven forzados a trabajar más tiempo para mantener una temperatura confortable en casa, lo que incrementa directamente la factura a final de mes.

Este exceso de consumo tiene cada vez más importancia con la inestabilidad y subidas por sorpresa de los precios de la energía. Los datos del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) correspondientes al segundo trimestre de 2024 reflejan que el consumo eléctrico en los hogares españoles aumentó un 5,1% interanual, mientras que el gasto asociado creció un 10,5%, es decir, más del doble que el consumo. Aunque este dato corresponde a todo el consumo eléctrico, hay que tener en cuenta que la calefacción representa hasta el 48%, según el informe del IDAE.

Cómo saber si nuestras ventanas tienen fugas

La gran diferencia entre las ventanas más y menos eficientes para conservar el calor en casa está en los materiales y la fabricación. Las ventanas más eficientes combinan múltiples tecnologías: el triple acristalamiento crea dos cámaras de aire que frenan la transferencia de calor, y los vidrios bajo emisivos (Low-E), que tienen un revestimiento microscópico que refleja el calor hacia el interior de la vivienda en invierno. En los marcos, la rotura de puente térmico (RPT), una barrera aislante que se incorpora en el interior del perfil de la ventana de aluminio o PVC, evita que el marco se convierta en un punto frío por donde se escape la energía.

Por el contrario, las ventanas ineficientes, como las de aluminio sin rotura de puente térmico y vidrio simple, actúan como un colador energético porque el metal conduce el calor fácilmente y el vidrio único ofrece un aislamiento mínimo, por no mencionar ventanas más antiguas de hierro. En el caso de las ventanas de madera, el material ofrece más aislamiento que el metal, pero las fugas se producen generalmente por las juntas.

Una forma práctica de detectar estas fugas es el tacto. En un día frío y con calefacción encendida, pasamos la mano alrededor del perímetro de la ventana. Si se nota un flujo de aire frío, especialmente en la unión entre el marco y la pared o donde se juntan las hojas, existe una fuga de aire. Igualmente, conviene revisar visualmente si las juntas de goma están secas, agrietadas o deterioradas, ya que esto afecta al sellado.

Otra señal inequívoca de fugas es la presencia de condensación o incluso hielo en el interior del vidrio durante el invierno. Esto indica que el vidrio tiene una temperatura superficial muy baja y el calor interior está escapando a través de él. Si al amanecer encontramos vaho o humedad acumulada en los cristales, es un síntoma de que la ventana es un punto frío por el que se está perdiendo energía.

Cómo evitar las pérdidas de energía por las ventanas

La solución más inmediata es cambiar las ventanas antiguas por unas más eficientes, pero bien sea por coste, o por vivir de alquiler, no siempre está a nuestro alcance. Si podemos hacer el cambio, las ventanas más eficientes son las que incorporan marcos de PVC o aluminio con rotura de puente térmico, combinados con doble o triple acristalamiento bajo emisivo y cámara de aire rellena de gas argón. Esta configuración reduce la transmitancia térmica a niveles mínimos.

Si el remplazo está fuera de nuestro alcance, existen soluciones intermedias para mejorar el rendimiento de las ventanas existentes. Por ejemplo, si los marcos están en buen estado y son algo aislantes (como ocurre con los marcos de madera que ajustan bien), pero tienen acristalamiento simple, la sustitución del vidrio por uno doble es menos costosa y ofrece una mejora muy notable. 

En cualquier caso, es muy importante sellar todas las juntas entre el marco y la pared con espuma de poliuretano, que se puede adquirir en un espray que aplicaremos allí donde haya una grieta. Para las juntas entre las hojas de las ventanas y el marco, una buena solución es colocar burletes adhesivos de espuma o silicona en los perímetros para eliminar las filtraciones de aire.

Más allá de arreglar las ventanas ineficientes, se pueden tomar medidas complementarias que minimizan las pérdidas energéticas. Una solución eficaz es instalar persianas o cortinas gruesas que si se cierran durante la noche crean una cámara de aire adicional que aporta aislamiento, mientras que al mantenerlas abiertas durante las horas de sol en invierno permiten aprovechar la ganancia solar pasiva, es decir el “efecto invernadero” dentro de la casa. 

Si las ventanas tienen muchos años, hay que revisar periódicamente el estado de las juntas de goma y los herrajes de cierre. Sin necesidad de cambiar la ventana entera, estas pequeñas reparaciones pueden suponer un ahorro adicional a lo largo del tiempo.

Cuando el frío llega y los días se acortan, encender la calefacción se convierte en un gesto casi automático para mantener el hogar cálido y acogedor. Más allá del confort, este hábito tiene un impacto directo en la factura de energía y en el consumo diario. Saber cómo ajustar correctamente la temperatura no solo ayuda a sentirse bien dentro de casa, sino que también permite controlar el gasto sin renunciar a la comodidad.

Cada vivienda es diferente y lo que resulta confortable en un salón puede sentirse frío en un dormitorio o excesivo en otra habitación poco utilizada. El aislamiento, la orientación, el tamaño de las habitaciones y el número de personas que viven en el hogar influyen en cómo percibimos el calor. Conocer los rangos de temperatura adecuados y cómo afectan al consumo energético permite tomar decisiones más conscientes y mantener un equilibrio entre bienestar y eficiencia.

Pequeños ajustes en el termostato pueden marcar una diferencia significativa. No se trata de pasar frío ni de subir la calefacción al máximo, sino de encontrar el punto justo que combine comodidad, ahorro y sostenibilidad. Entender cómo cada grado extra influye en el gasto ayuda a gestionar mejor la calefacción, aprovechar la energía de manera responsable y mantener el hogar confortable durante los meses más fríos.

Cuál es la temperatura ideal de la calefacción

La temperatura recomendada para mantener una vivienda confortable sin aumentar el gasto energético se sitúa generalmente entre los 19 °C y los 21 °C durante las horas de actividad diaria. Este rango permite conservar un ambiente térmico estable sin exigir un esfuerzo excesivo al sistema de calefacción. En la práctica, alcanzar los 20 °C suele ser suficiente para que la mayoría de personas perciban una sensación agradable de calor. Superar esa cifra no mejora de forma significativa el confort, pero sí incrementa de manera notable el consumo.

Durante la noche o en periodos prolongados de ausencia, la temperatura puede reducirse hasta valores comprendidos entre 15 °C y 17 °C. Esta práctica evita que la vivienda se enfríe por completo, lo que obligaría al sistema a trabajar en exceso al encenderse, y al mismo tiempo impide un gasto innecesario cuando no se necesita mantener calor constante. En hogares con buen aislamiento, esta bajada temporal resulta especialmente efectiva, ya que la inercia térmica de los materiales ayuda a conservar parte del calor acumulado durante el día.

El valor exacto puede variar según las condiciones de cada vivienda. Factores como el tipo de construcción, la orientación, el nivel de aislamiento o el número de personas influyen en la sensación térmica interior. No obstante, el confort térmico se mantiene estable y el consumo energético se mantiene controlado. Mantener la calefacción entre 19 °C y 21 °C cuando la casa está ocupada y bajarla por debajo de 17 °C cuando no lo está constituye, en general, una práctica equilibrada y eficiente.

Aumentar la temperatura del hogar implica un mayor gasto energético

El consumo de calefacción crece de manera directamente proporcional a la diferencia entre la temperatura interior y la exterior. En los hogares, este comportamiento se traduce en un incremento aproximado del 7% en el gasto energético por cada grado adicional que se ajusta el termostato por encima del nivel recomendado. Así, mantener la vivienda a 23 °C en lugar de 21 °C puede suponer un aumento cercano al 14% en la factura energética, sin que ello implique una mejora apreciable en la comodidad.

Este incremento se debe a que el sistema debe compensar mayores pérdidas de calor hacia el exterior a medida que la diferencia de temperatura se amplía. Cuanto más cálida se mantiene la vivienda respecto al ambiente exterior, mayor es el esfuerzo del equipo de calefacción para sostener esa diferencia, y, por tanto, mayor el consumo. En la mayoría de los casos, el confort térmico se estabiliza alrededor de 20 °C, de modo que aumentar el valor del termostato no aporta un beneficio real, pero sí un gasto adicional.

Controlar ese margen de temperatura permite evitar oscilaciones innecesarias y mantener el consumo dentro de límites razonables. Una regulación adecuada contribuye a preservar la comodidad y, al mismo tiempo, a reducir la demanda energética y el impacto económico de la calefacción doméstica.

Para que el nuevo sistema de facturación o Verifactu entre en vigor cada vez queda menos, de ahí que desde la Agencia Tributaria refuerce su campaña informativa. Y es que las empresas afectadas por el cambio a la hora de emitir facturas saben que solo tienen hasta el 31 de diciembre de este 2025 para adaptarse. La transformación, por tanto, ya está en marcha y, en los mejores casos, realizada por parte de muchas firmas. Pero, a pesar de que la entrada en vigor de Verifactu para sociedades esté prevista para el 1 de enero de 2026 (y para autónomos en julio del próximo año), muchas empresas repartidas por nuestra geografía todavía no han implantado ningún software de facturación adaptado o no han completado la adaptación de sus sistemas de facturación.

De ahí que no sorprenda que diversas empresas tecnológicas afirmen estar recibiendo ahora un volumen de peticiones mucho más elevado de lo habitual, peticiones de última hora que confirma que una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas aún no están listas para la entrada del cambio. No obstante, Eduard Corcoll, asesor del despacho Corcoll i Solà, asegura que ellos ya tienen “un 80% de los clientes adaptados. Los que quedan son en su mayoría autónomos que tienen un poco más de tiempo”. Y es que los trabajadores autónomos que no posean una sociedad sí que tienen un pequeño margen más de maniobra, concretamente hasta el 1 de julio de 2026, fecha a partir de la que tendrán que facturar de una manera diferente y, sobre todo, más eficiente de cara a reducir el fraude.

Las empresas mencionadas que aún no han completado el proceso de adaptación suelen presentar algunas de estas características, una realidad que deberán cambiar antes de la próxima Nochevieja: trabajan con Excel y tienen dudas sobre la legitimidad de su uso; usan algún software de facturación y confían en que se adapte a Verifactu; o no han priorizado el cambio a pesar de tener el plazo límite en la mira porque el día a día urge. El proceso actual de adaptación muestra dos realidades paralelas ya que, por un lado, son muchos los asesores que, a la hora de acompañar a sus clientes, alientan a que tomen la iniciativa y, por otro lado, no todas las empresas (y mucho menos los autónomos) se deciden a dar el paso adelante que tienen que dar para ponerse manos a la obra y adaptarse a la nueva facturación. Con el plazo final cada vez más próximo, posponer la adaptación cada vez es una opción más arriesgada.

“El papel del asesor en este proceso es vital”, aseguran desde la consultora tecnológica Esofitec, que calcula la cifra de empresas adaptadas en torno al 70%: “No dejamos de escuchar que las sociedades tienen hasta el 1 de enero de 2026 para adaptarse y cumplir plenamente. Y dejarlo para última hora no solo es arriesgado, sino que puede poner en jaque la operativa diaria de muchas empresas, especialmente las pymes”. Tanto desde Esofitec como desde Corcoll i Solà no dudan en afirmar que llevan tiempo ofreciendo formaciones y sesiones divulgativas para poder escalonar la adaptación y evitar la avalancha de adaptaciones a última hora. Pero admiten, con un punto de resignación, que probablemente esperan dicha avalancha en estos últimos dos meses de plazo que quedan

Verifactu es concretamente el nombre del nuevo sistema desarrollado por la Agencia Tributaria para garantizar la autenticidad y trazabilidad de todas las facturas emitidas, incluidas las facturas simplificadas o tickets que hasta ahora proporciona cualquier pequeño negocio. La finalidad, combatir el fraude fiscal mediante el uso obligatorio de un programa de software de facturación verificado por el propio organismo, programa que debe generar un código QR y una huella digital única por cada factura. Además, este software debe cumplir con una serie de requisitos técnicos que regulan la creación, modificación, cancelación y envío de todas las facturas a la AEAT. 

Con la ley en la mano, el tiempo apremia. Las empresas contribuyentes del Impuesto de Sociedades deben adaptarse antes del 1 de enero de 2026, mientras que los trabajadores autónomos tendrán que adaptarse antes del 1 de julio de 2026. Facturar una vez adaptados al sistema Verifactu será obligatorio para todas las empresas y autónomos que emiten facturas, salvo algunas excepciones como los módulos agrícolas o las empresas acogidas al SII. También quedan fuera los negocios en régimen simplificado del IVA (si cumplen los requisitos establecidos), ciertas actividades exentas de facturación, como las entidades financieras o eléctricas, y las empresas situadas en territorios con régimen fiscal propio, como Navarra o el País Vasco.

“Muchos asesores consideran que lo difícil no está siendo implantar los programas necesarios en las empresas a las que asesoran, sino explicarles la importancia de la normativa y lo que conlleva”, aseguran desde la consultora Esofitec en Accountex, cita anual de la contabilidad, las finanzas, la fiscalidad y la gestión empresarial en España. Otros expertos presentes en dicha feria consideran que, aunque en estos últimos meses se nota un cierto impulso en pro de la adaptación, todavía queda un esfuerzo considerable. Y que hay empresarios que han demorado adaptarse porque querían hacerlo cuando todo el circuito (clientes, proveedores, etc.) cumpliese con la normativa. 

Posibles sanciones

La entrada en vigor de esta nueva manera de comunicar a Hacienda lo que una pequeña o mediana empresa factura forma parte de la Ley 11/2021, coloquialmente conocida como Ley Antifraude, que prevé abordar múltiples reformas de las leyes fiscales vigentes, como el mencionado cambio de software de facturación. La conocida como Ley Antifraude no hay que confundirla con la Ley Crea y Crece, que establecerá la obligación de emitir y recibir facturas electrónicas entre empresas y que todavía está pendiente de reglamento. Eso sí, los que usen un software no adaptado a los requisitos a partir del año que viene podrían enfrentarse a sanciones desde 50.000 euros por ejercicio. 

La Agencia Tributaria (AEAT) comienza la cuenta atrás para la puesta en marcha del nuevo sistema de facturación conocido como Verifactu, con el que se pretende reforzar la lucha contra el fraude fiscal, cumpliendo así con el reglamento aprobado en el Real Decreto 1007/2023. 

Todos estos cambios entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026, recuerdan desde la Agencia Tributaria, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Por eso, se ha comenzado con una campaña informativa para que las empresas afectadas hagan todos los cambios pertinentes y lo tengan todo a punto de cara al año que viene. 

Verifactu: qué es y aplicación para la facturación

De acuerdo a la nueva normativa, a partir del 1 de enero, los sistemas informáticos de facturación de las empresas tienen que incorporar medidas de seguridad y control para que, al emitir cada factura, se genere un registro que quede guardado sin posibilidad de modificación ni borrado, lo que garantiza su trazabilidad, así como un código QR para facilitar su lectura de la misma. 

En este sentido, la AEAT ha puesto a disposición de los contribuyentes una aplicación gratuita de facturación con la que los afectados pueden generar facturas electrónicas y enviar los registros de facturación directamente a la AEAT. 

Esta aplicación se puede descargar directamente desde la sede de Hacienda. Sin embargo, recuerdan que se trata de una plataforma dirigida a autónomos, profesionales y empresas que emitan “un número reducido de facturas al año o su proceso de facturación sea relativamente sencillo”. 

Desde la AEAT defienden la funcionalidad de la aplicación en ciertos casos: no requiere instalación de software adicional ni conocimientos técnicos avanzados, garantiza que las facturas emitidas cumplan con los estándares de seguridad y trazabilidad establecidos por la AEAT y asegura el correcto registro y almacenamiento de las facturas.

¿A quiénes afecta el nuevo sistema de facturación?

A todos los empresarios y profesionales, ya sean personas físicas o jurídicas, que utilicen sistemas informáticos de facturación, es decir, un software que admite la entrada de información, expide facturas, las conserva y las procesa. Solo quedan exentos las empresas y profesionales que no emiten facturas y aquellos que lo hacen manualmente. Tampoco se aplica a los negocios adscritos al suministro inmediato de información ni a los residentes en País Vasco y Navarra, que cuentan con sus propios sistemas.

Sanciones para quien incumplan la norma 

La AEAT establece multas tanto para proveedores como para usuarios. Los proveedores que fabriquen, produzcan o comercialicen sistemas informáticos no adaptados a la normativa se arriesgan a una multa de 150.000 euros fijos por ejercicio y la tenencia de estos sistemas está sancionada con 50.000 euros por ejercicio. Esto será aplicable a partir del 1 de enero de 2026. 

El Gobierno regional modificará la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha para incluir bonificaciones en el canon del agua dirigidas a las familias en riesgo de exclusión y a las personas con grado de discapacidad superior al 33 por ciento. Así lo ha anunciado el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, desde Cuenca.

Estas bonificaciones serán del 100% en el caso de las personas con discapacidad y del 50% en el caso de las familias en riesgo de exclusión social, tal y como ha confirmado la Consejería de Desarrollo Sostenible a elDiario.es Castilla-La Mancha.

La Ley de Aguas ya preveía bonificaciones del 100% para las personas en riesgo de exclusión social, pero era requisito que los ayuntamientos les tuvieran identificados dentro de sus ordenanzas como exentos de pago del recibo del agua.

Ahora, la novedad es que bastará con un informe de Servicios Sociales que acredite la situación de riesgo de exclusión social para poder acceder a la rebaja del 50% del canon.

Las bonificaciones que ya existían: del 25 al 100%

Estas bonificaciones se suman a otras que ya contemplaba un canon “medioambiental” que entró en vigor el 1 de enero de 2025 y que está siendo ampliamente protestado por el PP y por Vox. El canon supondrá alrededor de “un euro y algo” más en el recibo del agua y con las bonificaciones y exenciones, algunos hogares “ni siquiera llegarán a pagar”, aseguró el año pasado la consejera portavoz Esther Padilla.

El Ejecutivo de Emiliano García-Page explicó en su momento que la recaudación estará destinada a financiar nuevas infraestructuras de abastecimiento o depuración de agua en los municipios de Castilla-La Mancha y que ya existe en “casi todas las comunidades autónomas”.

Por un lado hay exenciones. No se paga en el caso de que el agua se use para el abastecimiento a través de redes básicas ni si se destina al abastecimiento en alta a otros servicios públicos de agua potable, siempre que el canon se repercuta en la distribución posterior en baja.

Tampoco se paga si el agua es para usos agrícolas, ganaderos, acuícolas y forestales, siempre y cuando no obtengan el agua de la red pública de abastecimiento o de una entidad suministradora, y no realicen vertidos a las redes públicas de saneamiento. También quedan exentos de pagarlo los servicios públicos de extinción de incendios.

Además de las nuevas bonificaciones ahora anunciadas, ya se vienen aplicando otras. Se aplican a aquellos municipios con menos de 5.000 habitantes censados. Sus habitantes se benefician de una reducción de la cuota del 25%, que aumenta hasta un 50% en municipios con menos de 2.000 habitantes censados. Estas ventajas se aplican a los usos domésticos, los no domésticos y para riego de instalaciones deportivas y campos de golf.

Hablando exclusivamente de usos domésticos, las familias numerosas tienen una rebaja sobre la cuota a pagar del 20% en las de categoría general y del 50% en las de categoría especial. Esta bonificación se aplica a la vivienda habitual exclusivamente.

Además, las familias monoparentales con mujeres víctimas de violencia de género y los usuarios que se encuentren en riesgo de exclusión social cuyos ayuntamientos no les cobren por el servicio de agua tienen una bonificación del 100% sobre la cuota íntegra del canon.

Un impuesto aprobado, derogado y 'resucitado'

Este impuesto se introdujo por primera vez en la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, aprobada en febrero del año 2022, y ha sido objeto de polémica desde el primer momento. Fue uno de los motivos por los que la normativa recibió el voto en contra de la oposición de PP y Ciudadanos en el debate y pleno parlamentario de la Ley. Desde entonces, ambos partidos y otros como Izquierda Unida y Podemos han pedido su derogación.

“Es un canon progresivo por el que aportará más quien más consuma. Es una carga fiscal pequeña si la comparamos con otras, en otras épocas y otros gobiernos en la región”, justificó el que fuera en ese momento consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.

No obstante, solo un mes más tarde, el Ejecutivo regional decidió no aplicar el impuesto de manera indefinida. Los motivos esgrimidos fueron la subida de la inflación derivada de la por entonces incipiente invasión rusa de Ucrania, iniciada al poco tiempo de aprobarse la Ley del Agua.

Ese aplazamiento duró hasta el 1 de enero de 2025, fecha en la que finalmente entró en vigor la tasa. El Gobierno regional afirmaba entonces que el coste supondría alrededor de “un euro y algo” en el recibo del agua.

Ultimando los presupuestos de 2026

Las citadas bonificaciones en el canon del agua se incluirán en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2026, que, junto con la propia Ley de Presupuestos, el Ejecutivo regional espera enviar el próximo mes a las Cortes de Castilla-La Mancha para su aprobación.

Es imposible de calcular el número de facturas que se emiten cada día. Con los números de empresas y autónomos en la mano, 3.255.276 y 3.371.394, respectivamente, son innumerables los tickets, albaranes o sencillamente facturas que se envían diariamente, cada vez más de manera digital, aunque muchas de ellas no sean correctas desde el punto de vista legal. Debido a los fallos o erratas que se cometen a la hora de elaborarlas.

En el caso de pymes y autónomos de una “modesta” facturación anual, en ocasiones cometen algunos de los errores mencionados porque no disponen de un asesor legal que revise las facturas que emiten cada día, un servicio del que es más frecuente disponer cuando se trata de grandes empresas, aunque ello no signifique siempre que no se cometan errores.

En todo caso, pymes y autónomos, independientemente de la cifra de facturación que generen cada año, cometen una serie de errores que deben ir evitando lo antes posible, y es que la Ley 11/2021, coloquialmente conocida como Ley Antifraude, prevé abordar múltiples reformas de las leyes fiscales vigentes para, básicamente, reducir las cifras de fraude de nuestro país.

Se trata, recordemos, de una ley aprobada y que va entrando en vigor con sus respectivos plazos, con la que se pretende que empresas y autónomos regulen sus facturas, usen un software adecuado y que la Agencia Tributaria detecte el menor número posible de facturas erróneas o con fallos en su generación. Sí, se podrán seguir modificando. Pero Hacienda estará al tanto y de manera más inmediata cada vez que una pyme o un autónomo emita una factura. Por lo que, avisan los expertos, conviene adaptarse a dichos cambios lo antes posible.

Pero, ¿cuáles son esos fallos tan comúnmente cometidos? Uno de ellos es el mencionado anteriormente, el de modificar una factura ya emitida. Por hacer cuadrar la contabilidad o corregir errores de forma rápida, es una práctica común en muchos negocios modificar facturas ya emitidas, cambiando conceptos, importes, IVA aplicado o algunas de las fechas que hay que reseñar, como la de realización del trabajo o, la más importante, la de la emisión de la factura.

Sin embargo, con la entrada en vigor de la mencionada Ley Antifraude, los sistemas de facturación deben garantizar la inalterabilidad de los registros y esto significa que, una vez emitida una factura, no podrá ser modificada sin dejar rastro. Es decir, sin que la Agencia Tributaria se entere. Para corregir el error, la única vía legal será emitir una factura rectificativa o la anulación conforme lo dispuesto en la Ley General Tributaria.

Otro de los errores que se suelen cometer por parte de compañías y ciudadanos autónomos es el de no incluir todos los datos exigidos por la ley en la factura. También por el hecho de hacer las cosas rápidas y sin el rigor que establecía la ley, es una práctica habitual emitir facturas sin disponer de todos los datos del cliente o con conceptos “de prueba”. En algunos casos, se añaden o modifican estos datos a posteriori, lo cual no está permitido y quedará prohibido en los sistemas de facturación adaptados a la ley antifraude. En otros casos, no se llegaba a completar la información. Esto tampoco estará permitido, ya que los sistemas adaptados exigirán completar todos los datos obligatorios para poder emitir la factura. De esta manera, se reducirán errores y se obligará a cumplir con lo exigido por la ley de facturación.

Con Excel tampoco cumplimos

Trabajar con Excel como programa de facturación es otra de las prácticas que los expertos recomiendan dejar de hacer lo antes posible. Sí, son muchas las empresas y autónomos que utilizan este sistema para organizar y preparar sus facturas. Relativamente cómodo, que permite automatizar algunos pasos y que además, genera un archivo que se puede compartir con el asesor para que luego lo procese a la hora de trabajar la contabilidad o la presentación de impuestos, tiene un sencillo problema: que la Ley Antifraude solo permitirá trabajar con un software de facturación que cumpla con los requisitos de integridad, inalterabilidad, trazabilidad de los registros de facturación y registro de eventos. Y rellenar un Excel no lo es.

De hecho, hay expertos que insisten en que la solución a estas prácticas comunes es sencilla: un software homologado y vigente. Este ya no permitirá a la empresa o autónomo realizar cambios ni anular facturas emitidas, guiará a la empresa o autónomo en la realización del proceso tal y como marca la ley y avisará del estado de sus envíos Verifactu para saber si cada factura es correcta. Desde Esofitec, empresa especializada en soluciones tecnológicas de facturación, contabilidad, gestión y recursos humanos, consideran que “el propio sistema de facturación es un seguro para el cumplimiento de la normativa. Por otro lado, el sistema sirve para agilizar y reducir errores en la entrada de datos, al tener una agenda de clientes y un repositorio de productos, servicios o tarifas”.

Las facturas, además, tendrán que incluir a partir de ahora un QR para acceder a la información de la propia factura. El sistema de facturación elegido tiene que permitir el envío de los registros de facturación a Hacienda con Verifactu. Y Excel no cumple con estos requisitos. Si se usa como sistema de facturación, a partir de ahora se entenderá que incumple la ley, con lo que la empresa o autónomo se expone a multas de incluso 50 mil euros por ejercicio. Toda factura, en cualquier caso, debe cumplir estrictamente con lo exigido en el Reglamento de facturación (RD 1619/2012) y el nuevo RRSIF.

“Falta de control”. Es la conclusión que más se repite en el dictamen del perito oficial del juzgado de la causa que investiga el posible fraude en la reparación de vehículos de los Bomberos de la Generalitat por parte de la empresa Iturri.

El dictamen pericial, al que ha tenido acceso elDiario.es, se divide en 12 capítulos, que abarcan desde la facturación y la “simulación” de varias reparaciones, “alteraciones” en el kilometraje de los vehículos, facturas “duplicadas” o incluso mantenimientos de los coches realizados “sin autorización”.

La causa de Iturri encara la recta final de la investigación tras el inusual acuerdo extrajudicial al que, en tiempo de descuento, llegó el Govern de ERC con la empresa respecto a varias facturas impagadas y bajo sospecha de fraude. El pacto supuso un balón de oxígeno inesperado para las defensas de los directivos de la compañía y los mandos de los Bomberos investigados y un torpedo a las acusaciones, entre ellas la propia Abogacía de la Generalitat.

El perito ratificará sus conclusiones ante la magistrada el próximo 29 de septiembre, tras lo que la jueza ya tendrá prácticamente la investigación concluida y podrá decidir si envía la causa a juicio.

El caso ha puesto de manifiesto no solo irregularidades en las facturas que giraba Iturri al Govern, sino también en los pliegos de los contratos que, durante lustros, la empresa suscribió con los Bomberos, con indicios de que se habrían redactado desde la propia firma. Se investigan los delitos de malversación, prevaricación, fraude en la contratación y falsificación de documento público.

El perito designado por el juzgado ha analizado un total de 7.887 registros de facturas de Iturri a los Bomberos correspondientes a los años 2019 y 2020. El importe total facturado por la empresa a la Generalitat fue de algo más de tres millones de euros. El 92% de las facturas de las facturas se concentró en tres trimestres (los dos últimos de 2019 y el primero de 2020).

Tras analizar los albaranes, el perito aprecia “claramente” errores con los datos de kilometraje de los vehículos, así como “falta de control” a la hora de especificar los kilómetros, hasta el punto de que en el 84% de los vehículos reparados hay “al menos una diferencia de kilómetros negativa”.

Además, en el 35% de los albaranes el kilometraje del vehículo era inferior al registro anterior, mientras que en el 71% de ellos “se carece de información sobre los kilómetros con los que entra en el taller el vehículo”.

“Facturación duplicada”

El dictamen analiza todas las reparaciones, que incluyen cambios de luces, embrague o neumáticos, entre otras. El perito concluye que hay 530 albaranes de reparaciones tienen “descripciones coincidentes, en la misma fecha y con el mismo importe”, cuyo importe global asciende a 200.317 euros. Es decir, que “se estarían duplicando la mitad de ellas”, agrega el informe.

En 201 reparaciones que ascienden a 447.549,96 euros, la descripción se repite con un genérico “revisión general del vehículo”, lo que para el perito supone “un intento de evitar un escrutinio detallado de los servicios facturados, escondiendo sobrecostes o intervenciones redundantes” o “simulación de reparaciones”.

Además, el documento cifra en un total de 1.701 los trabajos sin autorización, pese a que el contrato les obligaba, lo que supone un 31% del total de reparaciones, por un importe de 555.646,81 euros.

Pese a que en el pliego de condiciones del contrato de Interior con Iturri se establecía un plazo de garantía de seis meses después del mantenimiento preventivo de los vehículos, el perito ha hallado que, en realidad, la frecuencia de paso por el taller de varios vehículos era mucho menor: 496 vehículos tuvieron “mantenimiento preventivo” cada 15 días, que supusieron casi una tercera parte del total de operaciones.

El 34% de los vehículos, además, tuvo menos de cuatro revisiones en dos años, cuando el contrato establecía que se debían revisar dos veces al año. Por el contrario, sin que el perito halle explicación alguna, un 30% de coches se revisaron cinco veces o más.

La repetición de revisiones, a juicio del dictamen, “no solo puede ser innecesaria desde el punto de vista técnico, sino que también ha generado una facturación considerable, lo que plantea una sospecha de posible simulación de intervenciones”.

“La cantidad de mantenimientos preventivos en un periodo de tiempo tan corto parece excesiva e inusual, ya que múltiples revisiones en un plazo muy corto de tiempo pueden no ser justificables si la operación se lleva a cabo correctamente”, asevera el perito. La acumulación de tantas revisiones preventivas en tan pocos días “no evita averías y denota falta de control a la hora de coordinarlas”, agrega.

El perito asegura “desconocer la veracidad y la racionalidad” del segundo tipo de mantenimiento que se aplicaba a los vehículos, el correctivo. A diferencia del preventivo, esta operación requería de autorización previa, algo que no se dio en 178 de los 572 mantenimientos. A la mitad de camiones de bomberos con autoescalera automática se les realizaron más revisiones que las indicadas en los contratos. “No parece que haya un control sobre las fechas de las revisiones”, zanja el dictamen.

La principal diferencia entre el mantenimiento preventivo y el correctivo es que el primero está incluido en el contrato de servicio sin coste específico, mientras que el segundo se cobraba aparte cuando se requerían más de once horas de trabajo. Resultado: los mantenimientos correctivos supusieron un coste de 201.822,23 euros, por solo 47.634 los preventivos.

Menos fraude. Ese es el objetivo principal de una ley, aprobada y que va entrando en vigor con sus respectivos plazos, con el que se pretende que empresas y autónomos no usen un software “de doble uso”, es decir, programas informáticos que permiten a los usuarios llevar una contabilidad paralela a la oficial.

Y es que la Ley 11/2021, coloquialmente conocida como Ley Antifraude, prevé abordar múltiples reformas de las leyes fiscales vigentes. Y uno de los cambios afecta al software de facturación o la parte de facturación del software de gestión y contabilidad, que deberá adaptarse a una serie de requisitos. Pero, ¿cómo saber si uno, autónomo o máximo responsable de una empresa, está adaptado para dichos cambios? Esto es lo que deberías revisar para adaptarte lo antes posible.

No confundirse de ley

La conocida como Ley Antifraude no hay que confundirla con la Ley Crea y Crece, que establecerá la obligación de emitir y recibir facturas electrónicas entre empresas y que todavía está pendiente de reglamento.

Con qué sistema trabajas

Si no usas un software de facturación adaptado (que tu proveedor o fabricante ya te ha dicho que estará adaptado a la normativa), es que tal vez uses papel (talonarios o libreta), Excel o incluso un software de facturación… obsoleto. Ten en cuenta con qué sistema trabajas antes de dar los siguientes pasos. Las especificaciones técnicas del software que sí podrás usar ajustándote a la nueva ley están precisamente contempladas en el reglamento. El software tiene en todo caso que disponer, de forma visible, de una declaración responsable del desarrollador, lo que exime de responsabilidad al usuario en caso de alguna irregularidad en el programa.

Audita tus procesos de facturación

Revisa cómo lo estás haciendo hasta ahora. Si tienes en cuenta que la fecha que prevalece en la factura y que queda en el registro es la de la emisión de la factura, cómo haces las facturas rectificativas, si llegas a anularlas en ocasiones o si haces ventas al pormenor con ticket de caja, ya que en este caso debes saber que cada ticket es una factura.

“Existe cierta reticencia al cambio, debido precisamente a esta auditoría de las prácticas internas en las empresas. Sin embargo, un software adaptado te asegura que, lo que está prohibido, no lo podrás hacer. Podemos ver en esto la oportunidad de digitalizar nuestras empresas y trabajar mejor”, asegura Víctor Bernués, consultor en Esofitec, empresa especializada en soluciones tecnológicas de facturación, contabilidad, gestión y recursos humanos.

¿Conoces Verifactu?

El sistema Verifactu es una manera de enviar de manera automática e inmediata cada factura a la Administración Tributaria. Es un sistema de adhesión voluntaria, cada factura llevará su propio código QR con tus datos identificativos y así no solo cumples con la ley, sino que lo haces de manera verificada.

Adaptarse, la mejor solución

La Ley Antifraude te permite seguir trabajando con papel, al menos hasta que no entre en vigor la Ley Crea y Crece y estés obligado a emitir y recibir facturas electrónicas. Pero si usas un software no adaptado a los requisitos, una vez entre en vigor para ti (para sociedades, el 1 de enero de 2026; para autónomos, el 1 de julio de 2026) te podrías enfrentar a sanciones desde 50.000 euros por ejercicio. Además, a partir del próximo 29 de julio de este año, las empresas de software no podrán vender un programa de facturación que no cumpla con la ley.

El apagón eléctrico del pasado 28 de abril, que dejó a toda la Península Ibérica sin luz durante varias horas, sigue coleando en España. En el caso de los consumidores, muchos se apresuran a reclamar a las empresas el reembolso de sus billetes de avión, tren o autobús, de entradas para eventos cancelados, así como de los datos móviles no consumidos. Otros buscan una solución para los electrodomésticos dañados, bien interpelando a la compañía eléctrica o amparándose en el seguro de hogar. 

Pero en este tedioso proceso también hay que tener cuidado con los delincuentes, según advierte la organización de consumidores Facua, que en los últimos días ha detectado estafas telefónicas con la excusa del apagón. 

De acuerdo con esta organización, los delincuentes aprovechan el argumento de falsas compensaciones de un 20 % de la factura por el apagón con el fin de conseguir datos bancarios y extraer dinero de las cuentas.

Falsas compensaciones por el apagón

Con el pretexto de ofrecer la compensación en la factura, los timadores, que se hacen pasar por nuestra compañía eléctrica, piden a los usuarios que les faciliten su número de cuenta bancaria. Sin embargo, el objetivo en realidad es conseguir datos bancarios y efectuar cargos a la cuenta. 

Ante esta situación, la asociación recomienda no facilitar ningún tipo de información personal o bancaria a través del teléfono o de enlaces recibidos por SMS o correo electrónico. Ninguna comercializadora está llamando para ofrecer compensaciones en la factura de la luz, avisan.

En caso de haber sido víctimas de la estafa, al tratarse de cargos en cuenta y no a través de tarjeta, la anulación puede realizarse de forma inmediata a través de la app del banco. De no utilizarla, los afectados pueden acudir a su oficina habitual de su entidad para solicitarlo.

Si se han facilitado datos de la tarjeta de débito o crédito, para anular los cargos es necesario presentar una reclamación al banco a la mayor brevedad, preferentemente por escrito para tener constancia de ella, recomienda Facua en un comunicado. 

En cualquier caso, esta organización de consumidores recomienda “estar atentos” y rechazar posibles tentativas: “En caso de recibir llamadas telefónicas, mensajes de texto o correos electrónicos de este tipo, no ofrecer ningún tipo de información personal o bancaria”. 

Algunos consumidores están recibiendo llamadas de supuestos operadores que afirman representar a su compañía de luz. Sin embargo, el verdadero objetivo es inducirles a cambiar de comercializadora o modificar su tarifa, sin informarles claramente del cambio o de las condiciones del contrato.

Según la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU), estas llamadas incumplen varias normativas. Se infringe la normativa de protección de datos al utilizarse información personal sin consentimiento. También se incumple la Ley General de Telecomunicaciones, que prohíbe las llamadas comerciales sin autorización previa del usuario. Además, se consideran una práctica comercial agresiva y engañosa según la Ley de Competencia Desleal. Por último, se vulnera la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios debido a la información engañosa proporcionada.

Si te han cambiado de compañía sin tu autorización o con información poco clara, puedes reclamar. Primero, contacta con la comercializadora y utiliza su servicio de atención al cliente para intentar revertir el cambio. Si no obtienes una respuesta satisfactoria, puedes recurrir a mecanismos de resolución de conflictos como las Juntas Arbitrales de Consumo. También puedes acudir a las autoridades de consumo, como las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) o los organismos autonómicos.

Si se ha hecho un uso indebido de tus datos personales, puedes presentar una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos (AEPD). Otra opción es denunciar ante la Dirección General de Industria o el organismo autonómico competente en materia de energía. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) permite presentar denuncias en casos de cambio de comercializadora sin consentimiento. Aunque no resuelve casos individuales, sí puede sancionar a las empresas infractoras. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ofrece su plataforma “Reclamar” para iniciar un proceso de reclamación y mediar si es necesario.

¿Te ha llegado un bulo? Puedes verificarlos en el WhatsApp de Maldita.es en el +34 644229319

Con el objetivo de paliar los efectos derivados de los altos precios en las facturas energéticas, en 2018 el Gobierno de España impulsó la creación de una ayuda para rebajar el coste de la luz, el denominado bono social eléctrico. Este programa buscaba aliviar la carga económica que conllevan algunos servicios básicos, sobre todo en los meses más fríos del año.

Sin embargo, el coste de las facturas sigue siendo un quebradero de cabeza para muchas familias en el país, motivo por el cual se ha impulsado la creación de una nueva ayuda, el Bono Social Térmico -o Bono Social del Gas-. Este nuevo descuento busca garantizar el acceso al gas natural, un recurso esencial y que no estaba siendo aprovechado en todos los hogares, especialmente en aquellos en estado de vulnerabilidad.

Beneficios del bono social térmico

El bono social térmico 2025 es un mecanismo de ayuda que permite obtener descuentos en la factura de gas a todos aquellas familias en situación de vulnerabilidad. Este está estrechamente relacionado con el bono social eléctrico, por lo que esta nueva ayuda será concedida a todos aquellos beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre del año anterior, siempre y cuando tengan contratado el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) con una potencia inferior a 10 kW.

Tipos de ayudas del bono social térmico

Los consumidores que quieran optar al bono social térmico serán divididos en varias categorías, valorando criterios como el nivel de renta y la composición familiar con el objetivo de definir su nivel de vulnerabilidad. De esta manera, para calcular el tipo de ayuda, una de las bases toma como referencia el número de personas en el hogar y el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Así, los consumidores vulnerables comienzan desde la base de una sola persona. En dicho caso el nivel de renta debe de ser menor a los 12.600 euros al año (equivalente a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas). A partir de ahí, cada unidad de convivencia le añadirá al umbral de renta 0,3 IPREM por persona mayor de edad adicional, y 0,5 IPREM por cada menor de edad.

De esta manera, algunos ejemplos de cifras para los consumidores vulnerables son los siguientes:

Del mismo modo, serán considerados como consumidores vulnerables todas aquellas familias numerosas con certificado en vigor, pensionistas del sistema de Seguridad Social por jubilación o por incapacidad permanente -que perciban la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión y no perciban otros ingresos superiores a 500 euros anuales-, y receptores del Salario Mínimo Vital.

Por otro lado, los consumidores considerados como vulnerables severos deberán contar con una renta anual igual o inferior al 50% de los umbrales establecidos para los consumidores considerados simplemente como vulnerables. De esta manera, algunos ejemplos de consumidores vulnerables severos son:

Más concretamente, en casos extremos como los considerados como consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión, estos no solo deben cumplir con los requisitos más estrictos previamente mencionados, sino que también deben de recibir apoyo de los servicios sociales. Además, a estos hogares cuentan con la característica adicional de que no se les podrá cortar el suministro de gas incluso si se enfrentan impagos.

Por último, también hay un grupo de personas que están abiertas a acceder al bono social térmico pese a no cumplir todas las características anteriores. Estos son familias monoparentales, personas con una discapacidad mayor o igual al 33% reconocida, personas con grado II o III de dependencia o víctimas de violencia de género o terrorismo.

Cuanto dinero permite ahorrar el bono social térmico

Las cantidades que cada persona o unidad familiar puede percibir gracias al bono social térmico no solo dependen del grado de vulnerabilidad del consumidor, el importe también está basado en la zona climática donde habite el solicitante. Así, cuanto mayor sea la temperatura media durante el año, menores serán las ayudas. Estas se dividen de la siguiente manera:

Zona Alfa: Islas Canarias.

Zona A: Costa de Almería y litoral de Cádiz, Málaga y Melilla.

Zona B: Baleares y costa de Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, parte de Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga y Ceuta.

Zona C: Jaén, Cáceres, Toledo, Badajoz, parte de Granada y Huelva, Murcia, Valencia, Castellón, Barcelona y Girona, A Coruña, Pontevedra, parte de Orense, Oviedo, Santander, Bilbao y San Sebastián.

Zona D: Madrid, Ciudad Real, Albacete, Cáceres, Lérida, Huesca, Zaragoza, parte de Teruel y Guadalajara, Pamplona, Vitoria, Lugo, Palencia, Zamora, Valladolid, parte de Salamanca y Segovia.

Zona E: Pirineos catalanes, aragoneses y navarros, León, Burgos, Soria, Ávila, parte de Segovia, Teruel y sistema Ibérico.

Con el objetivo de paliar los efectos derivados de los altos precios en las facturas energéticas, en 2018 el Gobierno de España impulsó la creación de una ayuda para rebajar el coste de la luz, el denominado bono social eléctrico. Este programa buscaba aliviar la carga económica que conllevan algunos servicios básicos, sobre todo en los meses más fríos del año.

Sin embargo, el coste de las facturas sigue siendo un quebradero de cabeza para muchas familias en el país, motivo por el cual se ha impulsado la creación de una nueva ayuda, el Bono Social Térmico -o Bono Social del Gas-. Este nuevo descuento busca garantizar el acceso al gas natural, un recurso esencial y que no estaba siendo aprovechado en todos los hogares, especialmente en aquellos en estado de vulnerabilidad.

Beneficios del bono social térmico

El bono social térmico 2025 es un mecanismo de ayuda que permite obtener descuentos en la factura de gas a todos aquellas familias en situación de vulnerabilidad. Este está estrechamente relacionado con el bono social eléctrico, por lo que esta nueva ayuda será concedida a todos aquellos beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre del año anterior, siempre y cuando tengan contratado el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) con una potencia inferior a 10 kW.

Tipos de ayudas del bono social térmico

Los consumidores que quieran optar al bono social térmico serán divididos en varias categorías, valorando criterios como el nivel de renta y la composición familiar con el objetivo de definir su nivel de vulnerabilidad. De esta manera, para calcular el tipo de ayuda, una de las bases toma como referencia el número de personas en el hogar y el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Así, los consumidores vulnerables comienzan desde la base de una sola persona. En dicho caso el nivel de renta debe de ser menor a los 12.600 euros al año (equivalente a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas). A partir de ahí, cada unidad de convivencia le añadirá al umbral de renta 0,3 IPREM por persona mayor de edad adicional, y 0,5 IPREM por cada menor de edad.

De esta manera, algunos ejemplos de cifras para los consumidores vulnerables son los siguientes:

Del mismo modo, serán considerados como consumidores vulnerables todas aquellas familias numerosas con certificado en vigor, pensionistas del sistema de Seguridad Social por jubilación o por incapacidad permanente -que perciban la cuantía mínima vigente en cada momento para dichas clases de pensión y no perciban otros ingresos superiores a 500 euros anuales-, y receptores del Salario Mínimo Vital.

Por otro lado, los consumidores considerados como vulnerables severos deberán contar con una renta anual igual o inferior al 50% de los umbrales establecidos para los consumidores considerados simplemente como vulnerables. De esta manera, algunos ejemplos de consumidores vulnerables severos son:

Más concretamente, en casos extremos como los considerados como consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión, estos no solo deben cumplir con los requisitos más estrictos previamente mencionados, sino que también deben de recibir apoyo de los servicios sociales. Además, a estos hogares cuentan con la característica adicional de que no se les podrá cortar el suministro de gas incluso si se enfrentan impagos.

Por último, también hay un grupo de personas que están abiertas a acceder al bono social térmico pese a no cumplir todas las características anteriores. Estos son familias monoparentales, personas con una discapacidad mayor o igual al 33% reconocida, personas con grado II o III de dependencia o víctimas de violencia de género o terrorismo.

Cuanto dinero permite ahorrar el bono social térmico

Las cantidades que cada persona o unidad familiar puede percibir gracias al bono social térmico no solo dependen del grado de vulnerabilidad del consumidor, el importe también está basado en la zona climática donde habite el solicitante. Así, cuanto mayor sea la temperatura media durante el año, menores serán las ayudas. Estas se dividen de la siguiente manera:

Zona Alfa: Islas Canarias.

Zona A: Costa de Almería y litoral de Cádiz, Málaga y Melilla.

Zona B: Baleares y costa de Tarragona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, parte de Córdoba, Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga y Ceuta.

Zona C: Jaén, Cáceres, Toledo, Badajoz, parte de Granada y Huelva, Murcia, Valencia, Castellón, Barcelona y Girona, A Coruña, Pontevedra, parte de Orense, Oviedo, Santander, Bilbao y San Sebastián.

Zona D: Madrid, Ciudad Real, Albacete, Cáceres, Lérida, Huesca, Zaragoza, parte de Teruel y Guadalajara, Pamplona, Vitoria, Lugo, Palencia, Zamora, Valladolid, parte de Salamanca y Segovia.

Zona E: Pirineos catalanes, aragoneses y navarros, León, Burgos, Soria, Ávila, parte de Segovia, Teruel y sistema Ibérico.