La comunidad de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sido convocada este jueves para opinar sobre el plan de ajuste aprobado (PEF) por el Consejo de Gobierno de la UCM el pasado mes de febrero ante la situación económica del centro, que roza la ruina. Ante la pregunta “¿Paramos el plan de recortes?”, estudiantes, docentes y personal administrativo votan si apoyan la suspensión de unas medidas que conllevan un recorte de más de 33 millones de euros en la universidad.

Este referéndum llega en un momento de gran tensión en el campus madrileño, tras la firma en marzo del Acuerdo de Financiación Plurianual entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y las seis universidades públicas madrileñas. Para la plataforma convocante del referéndum, este acuerdo no soluciona la asfixia presupuestaria, sino que obliga a universidades como la Complutense a consolidar los recortes que hoy se someten a votación: el PEF aprobado incluye un recorte del gasto del 35% para todos los departamentos, jubilaciones que no se repondrán y cierre de asignaturas y grados.

Así, se prevé que estudiantado, profesorado y todos los miembros de la comunidad universitaria muestren hoy su rechazo hacia ese Plan Económico y Financiero aprobado en la UCM. “Es un plan de recortes brutal, en el que se suprimen plazas de profesorado, estudios de máster y grupos de grado, becas y ayudas a la investigación, e inversiones y apoyos de todo tipo a los estudios universitarios”, aseguran desde la Plataforma UCM por la Pública. 

Las urnas para votar este jueves (hasta las 18:00 h) se han situado en distintos puntos de las facultades, desde Bellas Artes hasta Derecho. Algunas facultades se han quejado o intentado impedir esta votación, alegando que es ilegal y eliminando la publicidad colocada, pero sus estudiantes han dicho que “siguen adelante”. “Por poner una mesa con una silla y una urna no pueden hacer nada, en todo caso te pueden decir que la quites, pero sería un conflicto ya que son actividades que no son nada cruciales”, asegura Eva Aladro, profesora de la Complutense y miembro de la plataforma que ha organizado la votación, UCM por la pública. 

Durante esta semana, las seis plataformas de las universidades públicas están preparando diferentes actividades reivindicativas, como asambleas y marchas, para rematar el domingo 19 con una manifestación en defensa de la educación pública madrileña. A pesar de la cifra “histórica” de 14.800 millones de euros para las universidades públicas anunciados por Isabel Díaz Ayuso el mes pasado, la comunidad complutense denuncia que siguen sufriendo una “asfixia económica cronificada”. 

Las plataformas de las universidades aseguran que en esta cifra, la Comunidad de Madrid está contabilizando las transferencias corrientes a las universidades que ya realiza cada año (7.680 millones), la recaudación de las matrículas (3.340 millones) y otros fondos que las universidades obtienen por su cuenta (2.500 millones), por lo que el incremento real de la financiación acordado por ejecutivo y rectorados asciende apenas a los 1.280 millones de euros para seis universidades públicas en cinco años.

Respecto al plan de recortes de la propia UCM, los más de 33 millones de euros de recortes incluidos en el PEF se traducen en el cierre de grupos y asignaturas optativas, menos dinero para becas e investigación, o salarios congelados y falta de mantenimiento en los edificios.

“Están cerrando másteres y asignaturas, ya nos han dicho que los profesores que se jubilan este año no los van a cubrir con nuevos profesores, sino con sustitutos, que es una figura muy precaria, que además no son especialistas, con lo cual se degrada totalmente la docencia”, explica Aladro. “En la facultad de Ciencias de la Documentación, en Documentación, les dicen que ya no van a tener turno de tarde… Se quitan los dos grupos o tres grupos de tarde, lo cual es hasta ilegal, porque hay que tener grupos de tarde para la gente que trabaja”, afirma. 

Julia y Germán, estudiantes de tercer curso de biología en la Complutense, también han notado esta situación: desde techos de las aulas que se caen a pedazos, hasta material que no se puede renovar ni reparar porque no hay presupuesto.

“Antes de que le dieran el crédito a la Complutense, en la facultad redujeron el horario de la biblioteca”, afirman, “y las salidas de campo que quedan son cogidas con pinzas”. Antes, su facultad organizaba viajes formativos a lugares como Doñana o el desierto de Almería. Ahora, están mucho más reducidas y a sitios más cercanos. “La universidad en general no saca tantos proyectos de investigación como podría”, concluyen. 

Sin embargo, estos recortes, según el rector de la UCM Joaquín Goyache, son “necesarios” porque la universidad “debe dinero” a la Comunidad de Madrid. “No 'debemos' nada a una institución que nos infrafinancia. Tampoco a un rector que no nos representa cuando pacta nuestra miseria a espaldas de la comunidad universitaria”, afirman desde UCM por la pública. 

Ángel Zurdo y María Cadilla, profesores en la Facultad de Ciencias de la Información, aseguran que este referéndum es una reacción a “un plan de desmontaje de la propia universidad, y en este caso, desde dentro”. “Hasta ahora se ha prestado mucha atención a qué estaba pasando desde la Comunidad de Madrid (cuáles estaban siendo los problemas de financiación, los recortes, es decir, los problemas sistemáticos) pero en este caso, la situación es mucho más grave porque la agenda de la Comunidad de Madrid está siendo asumida plenamente por el propio rectorado”, explican. 

Ellos también han notado este plan de recortes desde dentro del aula: “Hay muchas tensiones y se está jugando muchas veces incluso con la contratación de sustitutos, retrasándolo todo lo que se puede desde el propio rectorado”, explican. “Se están cubriendo a menudo con sobrecarga docente. Ha pasado en nuestro propio departamento, hemos tenido que impartir clases para que los alumnos no se queden sin clases, asumiendo una carga docente mayor de lo que nos corresponde”, concluyen. “Se están internalizando costes que deberían de ser cubiertos por la propia universidad”. 

Desde la mesa de votación de la Facultad de Derecho, Víctor cuenta las trabas que la facultad ha puesto para poder votar allí. Tenían la autorización de la facultad para instalar las mesas de votación dentro, pero asegura haber recibido correos prohibiéndoles utilizar material de la facultad, e incluso amenazando con unas posibles sanciones que, dicen, no tienen fundamento ninguno. Finalmente, han montado la mesa fuera del edificio. “Esta urna es una caja que utilizan en las Facultades de Ciencias que tuvo que comprar una profesora con su dinero para poder realizar experimentos, y nos la ha cedido aquí para tenerla como urna”, explica. 

Como la votación se puede hacer tanto en físico como a través de una web, ya se pueden ir contabilizando votos: en apenas unas horas, ya había casi 790. Alrededor del mediodía se han registrado unos 3.000 votos.

Desde la Facultad de Filosofía y Filología, Jorge Pérez, estudiante, cree que es muy importante votar, ya que “por primera vez en muchos años, ante un proceso tan importante como es el de la aprobación de un plan de recortes que afecta al conjunto de la comunidad universitaria, es el propio estudiantado, las profesoras, el personal laboral, quien ha puesto una mano sobre la mesa y ha dicho que aquí se tenía que escuchar su opinión”. Confía en que la gente vaya acudiendo con más frecuencia a las urnas conforme se desarrolla la jornada. 

La votación del referéndum finalizará a las 18:00h, cuando se procederá al recuento de votos para dejar claro lo que la Complutense en su conjunto, piensa de este plan de recortes.

El Ministerio de Educación ha rechazado de plano la propuesta del Ejecutivo madrileño para que los docentes sin máster de habilitación, profesores jubilados o estudiantes universitarios de los grados en Matemáticas o ingenierías puedan dar clase en colegios e institutos públicos.

En una carta trasladada por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, adelantada por 'La Razón' y a la que ha tenido acceso Europa Press, al consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, el Ejecutivo expone que estas medidas legislativas propuestas por el Gobierno madrileño en el mes de octubre “socavan la calidad de la docencia”.

“Plantear como solución estructural que sean los estudiantes de tercer curso quienes se responsabilicen de formar a nuestros alumnos sería una medida similar a plantear que fueran los estudiantes de tercero de medicina los que intervinieran. Le planteo esta cuestión para evidenciar que la propuesta no garantizaría el mejor servicio público para nuestros estudiantes”, ha contestado el número dos de Educación al gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso.

En la misma carta, De la Rosa expone que, con este planteamiento, tampoco se estaría “dotando a los docentes de todas las herramientas que merecen”. El secretario de Estado subraya además que toda la formación que reciben los docentes con el máster habilitante “redunda en la mejora educativa”.

“No se entiende que intente desviar la atención sobre su responsabilidad como Administración que ha de ofrecer el servicio público educativo en las mejores condiciones posibles. El currículo de Matemáticas no solamente nada tendría que ver con la falta de docentes, sino que, además, la Comunidad de Madrid, como cualquier otra administración educativa, está obligada a aplicarlo”, ha insistido.

De la Rosa ha lamentado que el Ejecutivo autonómico critique “a estas alturas” el desarrollo de la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), así como la perspectiva de género, que “fomenta vocaciones de jóvenes hacia la formación en áreas STEM, o la inclusión de competencias emocionales”.

“Solventar los problemas de aprendizaje de las Matemáticas requiere acciones decididas, contundentes e inmediatas, que en lugar de intentar atajar los problemas con medidas que socavan la calidad de la docencia, sirvan para reforzar todas las competencias del alumnado”, ha defendido en la misma carta. En ella también recuerda que Madrid ha recibido más de 21 millones de euros de presupuesto en el marco del Programa de Cooperación Territorial de refuerzo de la competencia matemática entre los años 2024 y 2025.

La Comunidad reprocha la decisión al Gobierno

El portavoz y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha insistido este martes en la falta de profesores de Matemáticas y de Ciencias y ha reprochado al Gobierno central que no “plantee alternativas”.

“Ya estamos acostumbrados a la dejación de funciones por parte de los ministros del Gobierno central”, ha asegurado el consejero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha cargado contra la labor de la ex ministra de Educación Pilar Alegría que, afirma, “se va del Ministerio sin ningún tipo de alegría”, al no permitir “solucionar un problema” que hay en todas las comunidades autónomas de “falta de profesores de Matemáticas y, en general, de asignaturas de Ciencias”.

García ha reivindicado que la Comunidad puso sobre la mesa una serie de soluciones y, en este caso, el Gobierno “no apuesta por nada y tampoco plantea ninguna alternativa”. “Pero es que nos ocurre lo mismo en Sanidad, faltan médicos en todo el conjunto del sistema sanitario del país y la ministra [Mónica García] no aporta ninguna solución y bloquea las que le proponemos las comunidades autónomas”, ha incidido.

García Martín considera que los ministros “no están a la gestión y no están a lo que sucede, a lo que importa a todos los madrileños” sino a “cuitas” de carácter interno.

Las cuatro escuelas infantiles municipales de Granada –Luna, Belén, Arlequín y Duende– contarán el próximo año con menos ingresos procedentes del Ayuntamiento. El Consistorio, gobernado en mayoría absoluta por el Partido Popular, ha decidido recortar en casi 600.000 euros la aportación que realiza anualmente para el sostenimiento de estos centros, que forman a unos 500 niños y niñas de entre 0 y 6 años. Un hecho que ha puesto en pie de guerra tanto a los representantes de las escuelas como a las familias de los menores porque consideran que se trata de un recorte que pone en peligro un modelo educativo que tiene más de 40 años de historia.

Porque no se trata sólo de que el Ayuntamiento de Granada haya decidido reducir en 597.500,05 euros su aportación (alrededor de un 15% del presupuesto total que ronda los 4 millones de euros), sino que ese dinero que deja de invertir en las escuelas infantiles irá a parar al servicio de transporte público para equilibrar las cuentas municipales. Una decisión criticada por la oposición de PSOE y Vox y rechazada por quienes gestionan estos centros, ya que la reducción presupuestaria hace que ese dinero que se deja de aportar deba salir de las arcas de la Fundación Granada Educa, que se encarga de su gestión, porque el Consistorio considera que esta institución cuenta con recursos financieros suficientes. Algo que se ha producido sin consultarlo con los patronos del organismo.

No en vano, los datos económicos desmienten el argumento del equipo de gobierno de que la fundación dispone de un amplio margen financiero. Según fuentes de la entidad, en 2024, la Fundación Granada Educa ingresó 3.918.211 euros y gastó 3.899.203, con un superávit de apenas 19.000 euros, destinados íntegramente al fondo de reserva. En 2023, el saldo positivo fue todavía menor: 823 euros. Esa mínima diferencia se ha venido repitiendo cada ejercicio, lo que demuestra que las escuelas trabajan con presupuestos muy ajustados y sin margen para absorber una reducción de esta magnitud. De hecho, los ingresos ya habían caído en torno a 88.000 euros entre 2023 y 2024, antes incluso del recorte ahora aprobado.

“Un ataque frontal a las escuelas municipales”

Para buscar una solución, el PSOE ha solicitado la convocatoria urgente de un consejo extraordinario de patronos de la Fundación Granada Educa para exigir explicaciones al equipo de gobierno de Marifrán Carazo. La portavoz socialista, Raquel Ruz, sostiene que la decisión es un “ataque frontal a las escuelas municipales” y un “auténtico atropello” por parte del PP, a quien acusa de “saquear las cuentas de la fundación para tapar los agujeros económicos que está provocando”.

“El Ayuntamiento quita casi 600.000 euros a una institución que lleva cuatro décadas prestando un servicio público ejemplar, sin explicación ni justificación alguna. Con esta propuesta abocan a la fundación al déficit y ponen en riesgo su estabilidad económica”, denuncia Ruz. Desde el grupo socialista recuerdan además que, desde la llegada de Marifrán Carazo a la Alcaldía, las aportaciones municipales no se han actualizado ni adaptado al incremento de costes, lo que a su juicio evidencia “una falta de compromiso con la educación pública y con las familias granadinas”.

Las escuelas y las familias, indignadas

Dadas las circunstancias, el malestar entre las familias y el personal de las escuelas es evidente. Alhambra Nievas, patrona en representación de las familias que integran las escuelas, habla de “indignación y preocupación” por una decisión que se ha tomado “de espaldas a la comunidad educativa”.

“Esto no se ha consultado con el Consejo de Patronos. El Ayuntamiento ha actuado sin transparencia, sin voz ni opinión de quienes representamos a las familias, al profesorado y a la Universidad de Granada. No creemos que quitarle 600.000 euros a un presupuesto educativo sobre unas escuelas con prestigio internacional sea una decisión justificada”, explica Nievas. “Nos jugamos mucho más que un presupuesto”, añade. “Nos jugamos un modelo público que ha garantizado igualdad, participación y educación de calidad para cientos de niños y niñas durante 40 años”.

Desde su punto de vista, el argumento del equipo de gobierno -que sostiene que la fundación tiene un remanente suficiente- no se sostiene. “Hablan de un sobrante cuando se han rechazado propuestas de mejora porque no había dinero. Es incoherente y demuestra que no creen en las escuelas municipales ni en una educación pública de calidad”, afirma. Las familias han solicitado un consejo extraordinario y preparan alegaciones formales. Si la medida no se revierte, no descartan movilizaciones: “Granada no puede renunciar a sus escuelas municipales”.

Desde el personal técnico también se cuestiona la medida. Elba Mejías, pedagoga de la fundación, sostiene que “no es cierto que exista un exceso de liquidez” y que el recorte “supone detraer dinero de las escuelas para tapar la deuda del Ayuntamiento”. “Llevamos años trabajando con presupuestos ajustados, manteniendo una calidad educativa altísima y con resultados reconocidos fuera de Granada. El Ayuntamiento no ha incrementado su aportación en años y ahora, además, la reduce drásticamente. Es una decisión unilateral e injusta”, lamenta.

La trabajadora recuerda que el modelo de escuelas municipales “es público, participativo y ha demostrado su eficacia durante cuatro décadas”, por lo que “no tiene sentido que se castigue con recortes un proyecto que funciona y que ofrece oportunidades reales de conciliación a cientos de familias”.

Para Isabel Romero, antigua patrona representante de las familias y antigua madre de la Escuela Infantil Municipal Duende, “este recorte no es una cuestión contable, sino política”. “Se trata de un modelo de educación pública que funciona, que está reconocido por organismos internacionales y que ha inspirado a otras ciudades. Lo que hace el PP es ponerlo en riesgo sin justificación alguna”, señala.

Romero considera que la decisión “rompe el consenso histórico que ha permitido sostener las escuelas municipales durante décadas” y acusa al equipo de Carazo de “utilizar el presupuesto de la fundación como si fuera una hucha del Ayuntamiento”. Mientras tanto, el consejo extraordinario solicitado por los patronos sigue pendiente de convocatoria. Si el Ayuntamiento no rectifica, las familias y el personal técnico advierten de que se movilizarán para defender las escuelas municipales de Granada.

El argumento del Ayuntamiento

Mientras, la concejala de Economía, María Rosario Pallarés, defiende que la medida no pone en peligro ni los proyectos educativos ni las nóminas del personal. “El Ayuntamiento nos lo encontramos en una situación económica deplorable, con una intervención del Ministerio de Hacienda, y hay que cumplir con el plan de ajuste y cuadrar las cuentas”, explicó durante el pleno ordinario de octubre, al que se remiten desde el equipo de Gobierno a preguntas de este periódico para contrastar la información.

Según Pallarés, la fundación dispone de un “efectivo neto de 1,2 millones de euros” y de un “patrimonio neto de 2,1 millones”, por lo que considera que puede asumir la reducción temporal sin afectar a su estabilidad. “Se pueden quedar tranquilos los padres y las madres, porque esos proyectos educativos no se ponen en riesgo”, insistió. Sin embargo, la tranquilidad es precisamente un estado que no impera entre quienes temen que este recorte presupuestario sea el inicio del fin de un proyecto educativo que ha sido un éxito en Granada durante más de cuatro décadas.

He leído en El País que las Facultades de Ciencias de la Educación van a proponer al Ministerio de Educación y al de Universidades que el Máster de Formación del Profesorado (MFP), actualmente de 60 créditos y de un año de duración, pase a contar con 120 créditos impartidos en dos cursos escolares, lo que seguramente vendrá acompañado, además, de un aumento de precio. 

Para argumentar esta propuesta, se basan en una evaluación de la OCDE que sugiere que los profesores españoles son “los que menos sólIda ven la formación que recibieron de la Unversidad para dedicarse a su oficio”. Me parece obvio que eso no implica, como se está pretendiendo, que estos profesores consideren que lo que les ha faltado es un año más de formación pedagógica. Creo que implica más bien lo contrario: que están muy disconformes con el MFP que les han obligado a cursar. Lo que las Facultades de Educación deberían poner sobre la mesa son los informes de evaluación del actual MFP, las encuestas de satisfacción de los egresados.

Es lo mismo que pedí en el año 2008 cuando se propuso convertir el CAP, un cursillo de “adaptación pedagógica” que duraba dos meses, en el actual MFP. En mi artículo Golpe de Estado en la Academia, denuncié, por aquel entonces, que con la implantación del MFP, las Facultades de la Educación perpetraban un auténtico golpe de Estado en el interior de la Universidad, obligando a todas las carreras teóricas que tienen como salida profesional la enseñanza secundaria a cursar un máster de pedagogía en lugar de un máster de su propia especialidad. Para que esta jugada tuviera sentido, habría sido necesario probar la pertinencia de la formación pedagógica para los egresados de estas carreras teóricas, como son, por ejemplo, Matemáticas, Física, Química, Filosofía, Filología o Historia. Por ello algunos no cesamos de reclamar que se nos presentaran los informes de evaluación del famoso CAP, algo que jamás se hizo. Y no se hizo porque todo el mundo sabía que la utilidad del CAP era valorada muy negativamente por el profesorado de secundaria. Pero las Facultades de Ciencias de la Educación se salieron con la suya, y su incompetencia con ese cursillo de dos meses fue premiada con un máster de un año. 

Ahora intentan hacer la misma jugada. Como los datos indican que el MFP está muy mal valorado, lo que hay que hacer es duplicar su duración y aumentar su precio. Y tampoco ahora se va a preguntar su opinión a los egresados. Ni siquiera se van a poner sobre la mesa las encuestas de satisfacción, para empezar porque las que existen están tan mal hechas que son impresentables. Entrando en el MFP de la UCM, la última encuesta de satisfacción que se publica es la del curso 2022/2023, en la que el máster obtiene un aprobado raspado (algo insólito en los másteres de la UCM), pero resulta que la encuesta sólo ha sido respondida por el 18,20% de los implicados. Es decir, estos grandes expertos en la evaluación, ni siquiera han sabido autoevaluarse de forma convincente. La verdad es que la opinión de los que cursan el MFP es muy negativa. Por lo general lo consideran una pérdida de tiempo, humillante, infantil y ridícula, en la que aseguran pasar mucha vergüenza ajena. 

Únicamente se valoran bien las prácticas en los IES, que precisamente no están a cargo de pedagogos, sino de profesores especialistas en la materia. Es una pretensión absurda la de que se puede enseñar a enseñar Matemáticas, Filosofía o Historia, sin saber ni Matemáticas, ni Filosofía ni Historia. O que los que jamás han pisado un aula van a enseñar lo que es un adolescente a los que conviven con ellos cinco horas al día, intentando dar clase de Matemáticas, Filosofía o Historia. 

Los pedagogos han sido desde hace décadas un verdadero caballo de Troya para la enseñanza pública. Es increíble que encima se hayan vestido con ropajes progresistas o de izquierdas con eso de tanto citar a Paulo Freire. Cada vez que las mareas verdes han denunciado el deterioro de la enseñanza estatal, la escasez de profesores, la sobrecarga docente, las ratios inhumanas, la inestabilidad de los interinos o la falta general de financiación, han llegado los pedagogos para arreglarlo proponiendo más formación del profesorado. El problema de la enseñanza estatal ya no es, por ejemplo, Díaz Ayuso, sino que los profesores no saben enseñar, porque no se les ha formado lo suficiente. Y todo es de lo más performativo: cuando más se deteriora la institución, más difícil es enseñar, más ocurre que el aula se convierte en un infierno y más abundan los profesores de baja por depresión o por ansiedad. Y entonces se llega a la conclusión de que hay que alargar de nuevo la duración del MFP. Es un insulto a la inteligencia. Eso sí, esta es la solución gubernamental más barata. Es la que aconseja invariablemente esa casta de tecnócratas autodenominados expertos en educación que, aunque rara vez han pisado un aula, han asesorado todas las reformas educativas desde la LOGSE. Cualquier cosa menos preguntar a los profesores su opinión sobre la naturaleza del problema. 

Y cualquier cosa menos recuperar un poco de sentido común. El mayor y mejor incentivo para el conocimiento es el conocimiento. El amor por el conocimiento en sí mismo. Es un Aristóteles elemental. Los seres humanos desean saber. No hay que insuflarles el saber a traición, mientras juegan al corro de la patata. Eso sí, la única manera de amar el conocimiento es conociendo. Por eso, las Facultades de Ciencias de la Educación son, por su misma existencia, un contrasentido y lo mejor sería suprimirlas.

Es un contrasentido intentar enseñar a enseñar conocimientos sin haber experimentado nunca el amor por el conocimiento. Estos cursillos de “formación del profesorado”, por lo general, los imparten personas que no han conocido la enseñanza ni como profesores, puesto que no saben nada que se pueda enseñar, ni como alumnos, porque han estudiado una carrera absurda y vacía en la que era imposible aprender nada. Personas amargadas y frustradas por definición, pues jamás han podido vivir ninguna de las alegrías del conocimiento ni de la enseñanza, esa alegría con la que el físico explica física, el historiador historia, el filólogo lengua o literatura, el matemático matemáticas, el filósofo filosofía. Personas que viven perplejas intentando resolver un problema que no existe o que es irresoluble, el de cómo se puede despertar el interés por las matemáticas sin saber matemáticas, o por la historia o la biología sin saber ni historia ni biología. Todo sin caer en la cuenta de que la respuesta siempre ha estado ahí delante de sus narices: las matemáticas son el mejor incentivo para estudiar matemáticas, porque las matemáticas son apasionantes. Y la receta infalible es la de contar con un profesor que sepa matemáticas, que ame las matemáticas y que sea capaz de transmitir su entusiasmo al practicarlas.

Las Facultades de Ciencias de la Educación son escuelas para gente triste, que jamás ha podido experimentar la alegría que supone saber algo, porque no se les enseña ningún saber, sino sólo cómo se enseña a enseñar algo que no sabes. Un truco de magia o, quizás, una estafa monumental. Como la que ahora van a proponer al Ministerio. 

Pero la cosa no quedará aquí, esto es sólo el primer paso de un atraco más profundo. En la próxima legislatura se atreverán por fin con lo que es su verdadera apuesta, que ya llevan barajando desde hace tiempo: la de que para ser profesor de secundaria no haya que cursar ninguna otra carrera que la de Ciencias de la Educación. Lo he visto argumentar ya, incluso en ciertos ambientes progresistas. Al fin y al cabo, se dice, los contenidos ya están en Internet y, además, el futuro profesor ya los ha estudiado en el bachillerato. Ahora sólo le queda aprender a enseñarlos. Y para eso está la carrera de pedagogía. Será así como se consumará definitivamente el golpe de Estado en la Academia que comenzó en el 2008. 

La mitad de los españoles considera que las posibilidades de progresar dependen directamente del origen. Son cuatro puntos más que en el 2023. Esta es una de las conclusiones del informe ‘Vivir en la desigualdad’ que Oxfam Intermón acaba de presentar. Es un dato que no sorprende, puesto que otros estudios similares arrojan conclusiones parecidas. Según datos recientes de la OCDE, el lugar de nacimiento de los padres y, sobre todo, su origen socioe­­­co­nómico, sumado al género condicionan más del 35% de la desigualdad de ingresos.

En la encuesta de Oxfam Intermón, la vivienda se posiciona como el principal generador de desigualdad, algo que debería ser evidente incluso para los que, gracias a la cuna o la zona, no tienen este problema. El 45 % de la población se ve afectada por la crisis habitacional, especialmente inquilinos, jóvenes y personas racializadas. Solo el 14,4 % de quienes no tienen vivienda propia creen que podrán comprar una en el futuro. 

Pese a que el problema sea tan descomunal, los distintos partidos son incapaces de ponerse de acuerdo en las causas que provocan el incremento del precio. Con este panorama imagínense lo lejos que está un pacto para buscar soluciones que ni serán rápidas ni fáciles. Uno de los mejores diagnósticos lo ha hecho el antropólogo y uno de los fundadores del Sindicat de Llogateres, Jaime Palomera, en su libro ‘El secuestro de la vivienda’ (Península). 

Palomera hace suyo el concepto de neofeudalismo para recordar un dato que remite de nuevo a la cuna: en Barcelona y Madrid, siete de cada diez inquilinos no esperan heredar nunca una casa. Descontado ese 30% que pueden considerarse unos privilegiados, su conclusión es que la sociedad se está dividiendo entre quienes reciben ayuda de sus padres para comprar un piso y quienes no. Así que el futuro lo decide la familia en la que naces y la ayuda que ellos te pueden prestar. Por cierto, la mayor esperanza de vida hace que la expectativa de una herencia se esté esfumando para mucha gente.

Ese nuevo feudalismo rima con rentismo. Se rompe el contrato social y se convierte un derecho en una simple mercancía. Multipropietarios, rentistas y fondos han distorsionado no solo el acceso a la vivienda sino que han cambiado el tejido social e incluso el paisaje físico de muchos barrios. Por eso este es y seguirá siendo el principal problema del país y un foco de desigualdad evidente. Que todavía hoy haya quien se niegue a regular el mercado de vivienda para frenar la especulación prueba cómo de interiorizado está el catecismo neoliberal.

Además de la vivienda, el resto de áreas que la ciudadanía considera prioritarias para combatir la brecha social son el empleo de calidad, la sanidad y la educación pública. 

Es interesante que un 62,4 % de los encuestados crea que las desigualdades pueden revertirse. En lo que probablemente no se pondrían de acuerdo es en cómo se pueden reducir esas diferencias. Parecería una obviedad que recortar las partidas presupuestarias destinadas a sanidad o educación públicas va en contra de preservar estos pilares del Estado del bienestar. En cambio, es lo que se está haciendo en las comunidades gobernadas por el PP (o PP y Vox). 

Como en el estudio no se diferencia por adscripción ideológica o perfil de voto es fácil concluir que habrá encuestados que votan a favor de partidos que desmantelan estos servicios públicos mientras se quejan de que se les esté destinando menos dinero. 

El economista Thomas Piketty, uno de los que más ha teorizado sobre la historia y las causas que provocan la desigualdad defiende que la distancia monetaria entre personas es más que una mera distancia monetaria. Es también social. Y advierte de que el hecho de que hayamos renunciado más o menos a conseguir un objetivo igualitarista ambicioso en educación superior está en la raíz misma de muchos de nuestros problemas actuales, tanto económicos como, aún más si cabe, democráticos.

Ver cómo se está mercantilizando la educación, en especial en comunidades como Madrid, Andalucía o Murcia, asusta. El último ejemplo es de esta misma semana. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha ahogado las universidades públicas, infrafinanciándolas mientras ponía la alfombra roja a las privadas y centros que no merecen ni el nombre de universidad, y ahora se ha visto obligada a acudir al rescate de la Complutense con un crédito extraordinario de 35 millones de euros para poder pagar las nóminas. 

Un último dato: más de la mitad de los encuestados por Oxfam Intermón hubiera querido continuar su formación, pero señalan las dificultades económicas y la necesidad de trabajar como los principales obstáculos para seguir estudiando. Aun así, los partidos que priorizan la educación privada respecto a la pública gobiernan la mayoría de las comunidades gracias, también, a esos electores que votan en contra de sus propios intereses. 

El ple del Consell aprovarà aquest dimarts mesures del pla d'ajust de “despesa supèrflua” i “prioritzarà el que no es toca, que és la despesa social” davant la falta d'aprovació del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) extraordinària, que permetria, segons ha dit el president de la Generalitat, Carlos Mazón, “poder seguir pagant en termes”. El cap del Consell llança aquesta estratègia malgrat la bonança econòmica i la rebaixa d'impostos als rics a la Comunitat Valenciana. Mazón també ha eximit Iberdrola del pagament de l'ecotaxa de 14 milions per la gestió de la central nuclear de Cofrents.

“Avui és el dia en què s'havia d'haver fet alguna cosa”, ha assenyalat Mazón respecte al venciment del termini per a l'aprovació del FLA extraordinari, i “el Govern (central) és el que s'ha negat a posar-ho en marxa”.

Davant d'aquesta situació que, ha insistit, no es produïa en dotze anys, el ple del Consell començarà aquest dimarts a “adoptar mesures ja d'aquest pla d'ajust de despesa supèrflua” que “és el nostre enemic” i “prioritzarà el que no es toca, que és el social”.

“No passarem perquè els valencians tinguen pitjors drets socials que els altres” encara que “el Govern ens ho estiga negant permanentment”, ha insistit en declaracions als periodistes a la seu de Concoval.

Segons ha detallat, la Conselleria d'Hisenda està ultimant les propostes de les diferents conselleries, en un treball “ràpid i urgent”, a partir del coneixement de dos anys i, segons ha defensat, de “l'experiència que hem de seguir retallant la despesa supèrflua”.

“Crec que és un exercici molt sa que haurien de fer totes les administracions cada dia”, ha afirmat per concloure: “Ja hem vist en què es gasten els diners les nostres administracions i altres partits polítics. Nosaltres estem en els drets socials”.

El pleno del Consell aprobará este martes medidas del plan de ajuste de “gasto superfluo” y “priorizará el que no se toca, que es el gasto social” ante la falta de aprobación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) extraordinario, que permitiría, según ha dicho el president de la Generalitat, Carlos Mazón, “poder seguir pagando en términos razonables”. El jefe del Consell lanza esta estrategia pese a la bonanza económica y la rebaja de impuestos a los ricos en la Comunitat Valenciana. Mazón también ha eximido a Iberdrola del pago de la ecotasa de 14 millones por la gestión de la central nuclear de Cofrentes.

“Hoy es el día en el que se tenía que haber hecho algo”, ha señalado Mazón respecto al vencimiento del plazo para la aprobación del FLA extraordinario, y “el Gobierno (central) es el que se ha negado a ponerlo en marcha”.

Ante esta situación que, ha insistido, no se producía en doce años, el pleno del Consell empezará este martes a “adoptar medidas ya de ese plan de ajuste de gasto superfluo” que “es nuestro enemigo” y “priorizará el que no se toca, que es el social”.

“No vamos a pasar por que los valencianos tengan peores derechos sociales que los demás” aunque “el Gobierno nos lo esté negando permanentemente”, ha insistido en declaraciones a los periodistas en la sede de Concoval.

Según ha detallado, la Conselleria de Hacienda está ultimando las propuestas de las distintas consellerias, en un trabajo “rápido y urgente”, a partir del conocimiento de dos años y, según ha defendido, de “la experiencia que tenemos de seguir atornillando el gasto superfluo”.

“Creo que es un ejercicio muy sano que deberían hacer todas las administraciones todos los días”, ha afirmado para concluir: “Ya hemos visto en qué se gastan el dinero nuestras administraciones y otros partidos políticos. Nosotros estamos en los derechos sociales”.

Medio centenar de personas se han concentrado en el patio de la Escuela Oficial de Idiomas 'Raimundo de Toledo' para protestar contra las medidas que han impuesto desde la Consejería de Educación para el próximo curso escolar.

Entre sus principales peticiones, rechazan por completo la nueva modalidad de cursos mixtos en los que conviven dos niveles distintos (A-1 y A-2; A-2 y B1; B-2.1 y B-2.2, y sucesivos) porque “dos niveles distintos en una misma aula que luego tendrán que realizar un examen totalmente diferente para certificar una competencia más alta o baja al final del curso”, según Fernando Alonso, alumno desde hace más de cinco años y portavoz de la movilización.

También rechazan que se incremente el número mínimo de alumnos matriculados, a 10, para poder formar grupos de cada idioma. “Los recortes ya comenzaron el año pasado, cuando pedían un mínimo de seis alumnos para sacar una clase de un idioma y ahora piden 10”, subraya el alumno. Antes de eso, no existía un mínimo de alumnos matriculados para sacar adelante un grupo de idioma.

Alonso apunta a que “las personas vienen a la EOI por necesidad, para tener una titulación para su currículum o sus estudios, pero hay otros alumnos mayores que vienen para aprender, no para obtener un título” y eso, dice, se contrapone con justificación por parte de la Consejería de Educación que se queja de la pérdida de alumnado en las EOI: “Se ha constatado una notable reducción de la asistencia a partir del segundo trimestre del curso, llegando a tener grupos con un solo alumno o sin alumnado alguno”, asegura el Gobierno regional y, por lo tanto, es una situación que exige “un ejercicio responsable de planificación para garantizar la sostenibilidad y eficiencia del sistema, sin renunciar a la calidad de la enseñanza pública”.

El portavoz del alumnado ha puesto el foco en el hecho de que se señale “que un gobierno de un signo es el de los recortes, pero aquí estamos en una comunidad autónoma con un gobierno que supuestamente no hace recortes, pero sí que los hace”.

La EOI Raimundo de Toledo cuenta con unos 1.000 alumnos matriculados y Alonso destaca que son “como una gran familia, de todas las edades, que venimos a aprender”. La semana pasada enviaron una carta a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, pero no han recibido respuesta. Su lucha sigue activa a través de una recogida de firmas. Ya han logrado más de 4.000.

Victoria, 66 años: “Es una enseñanza accesible para todos”

Victoria, toledana de 66 años y jubilada lleva desde hace tres años estudiando inglés y francés. Actualmente, está cursando un nivel B1 del marco europeo en ambos idiomas. “En cada clase tenemos una media de entre 15 y 18 alumnos”, señala. Sobre las medidas impuestas por la Consejería de Educación de unir a varios niveles de una lengua en un mismo grupo, Victoria considera que es “desvirtuar la enseñanza pública de idiomas, que es una enseñanza accesible e inclusiva para todo tipo de personas. Mi valoración es muy negativa”. Además, señala que “es una pena porque el sistema de la Escuela Oficial de Idiomas es muy riguroso y de calidad. En la escuela hay muchos alumnos jubilados y francamente venimos para aprender”.

En el caso de Gema, de 28 años, estudia francés -concluyendo el nivel B1- e inglés -que acaba de terminar el B2+1, dado que la EOI divide el nivel B2 en dos años escolares-. “Me parece fatal que exijan una ratio mínima de alumnos, porque es quitar oportunidades a mucha gente, tanto si lo necesitan para obtener un título en un grado universitario como si lo hacen por aprender y es una vía de escape”.

Gema señala que podría irse a una academia privada y hacer un intensivo de inglés durante tres meses para tener la titulación“, pero prefiere estar en la EOI: ”Es mucho más enriquecedor estar un año escolar donde aprendes mucho más“. Asimismo, destaca que la Escuela Oficial de Idiomas es una opción muy económica para la calidad que ofrece, ya que ”solo haces un pago anual a lo mejor de 100 o 200 euros, no es mensual como en las privadas, que a la larga s ehace más caro“.

Marisol, que lleva más de veinte años siendo alumna de la EOI Raimundo de Toledo en tres idiomas, ha querido hacer hincapié en que en la EOI “el ruso no se considera una enseñanza reglada y reiteradamente se le niega esta opción. Es por eso que el profesor da las clases de manera altruista. Los alumnos, que son muchos, no pagan tasas y están alcanzando un nivel B2 en la actualidad, pero no pueden titular”.

Las tres coinciden en que no se trata solo de aprender un idioma, sino que también existen otros valores para la EOI como un lugar de encuentro entre personas que disfrutan de aprender distintas lenguas, desarrollar relaciones de amistad y que también han realizado viajes con la institución a diferentes países para seguir perfeccionando el idioma o conocer su cultura in situ.

CSIF: “Las escuelas de idiomas están heridas de muerte”

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se opone a la fusión de varios niveles en una misma aula, y por ende, a la creación de grupos mixtos como A1-A2, A2-B1 y B2.1- B2.2 en las Escuelas Oficiales de Idiomas de la región.

“Las escuelas de idiomas están heridas de muerte, sobre todo, aquellas que son más pequeñas. Nacieron como un servicio que beneficiaba a las personas con menos recursos económicos y ahora lo que se fomenta es que los centros privados hagan negocio a precios más elevados”, explica Juan Luis Martínez, presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, que añade que “estos recortes han sido además una imposición de la consejería, va en contra de todos los criterios formativos, metodológicos y pedagógicos y pone a los docentes en una situación límite”.

Entre las soluciones, CSIF propone alargar el plazo de matriculación porque muchos alumnos podrían incluso inscribirse en octubre. Además, sugieren eliminar la nueva obligatoriedad de contar con un mínimo de 10 alumnos, que consideran “una ratio totalmente desproporcionada”.

Después abogan por la implantación de grupos formativos de reciclaje, aquellos formados por alumnos que no tendrían que matricularse en un nivel formativo superior al que tienen reconocido y el desarrollo de programas bilingües de capacitación para la obtención del certificado de idiomas.

Alumnos y delegados de la Escuela Oficial de Idiomas de Toledo se concentrarán el próximo lunes 30 de junio, a las 10 horas, en el patio del centro, ubicado en el Casco Histórico de la ciudad, para manifestar su “firme oposición” a la supresión de plazas de profesorado, al aumento del número de alumnos por clase y a la unificación de niveles que pondrá en marcha el Gobierno de Emiliano García-Page el próximo curso escolar. En su opinión son “medidas que deterioran gravemente la calidad de la enseñanza pública que defendemos”.

Se suman así a las protestas de otros centros en la comunidad autónoma que esta semana han mostrado también su preocupación y malestar por la medida, como ya informó elDiario.es Castilla-La Mancha.

“Estas decisiones atentan contra una educación individualizada, inclusiva y eficaz, y ponen en riesgo el modelo pedagógico que ha caracterizado a nuestra escuela durante años”. En su opinión, la reducción de profesorado y el aumento de ratios “dificultan la atención personalizada, perjudican al alumnado y sobrecargan al profesorado”.

Hacen un llamamienot a todo el alumnado para que se sume a una concentración pacífica el próximo lunes. “Es fundamental alzar la voz de manera conjunta y visible para defender una Escuela de Idiomas pública, de calidad y accesible para todos”.

En sus argumentos, sostienen que “la educación no se recorta. Porque aprender lenguas es un derecho. Porque nuestra escuela merece respeto” y reclaman “una enseñanza pública de calidad”, en un comunicado difundido este viernes.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de Castilla-La Mancha están en pie de guerra. Hay malestar y preocupación después de que el pasado 29 de mayo una reunión online con responsables de la Consejería de Educación pusiera sobre la mesa cambios sustanciales en su funcionamiento y, quizá, en su futuro a medio plazo.

Varios de estos centros públicos, alumnos y profesores ya hablan esta semana abiertamente de “recortes” por parte del Gobierno de Emiliano García-Page. No es algo nuevo porque estos centros coinciden en señalar que están viendo “cercenado” su funcionamiento en los últimos años. Creen que se está produciendo el “desmantelamiento progresivo” de este servicio público.

No hay una comunicación 'oficial', pero se apuesta por la obligatoriedad de que los grupos tengan un mínimo de 10 alumnos para poder conformarse y que se pueda llegar a una elevada ratio de 32. También se apuesta por combinar alumnado presencial y a distancia en un mismo grupo, como medida “innovadora” y se incluye la aparición de una nueva modalidad de cursos “mixtos” en los que convivirán dos niveles distintos (A2 + B1, B2.1 + B2.2, C1.2 + C2, entre otras combinatorias) hasta llegar ese mínimo de 10 alumnos fijado por el órgano competente en materia de Educación.

Desde la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Hellín se muestran contundentes. “Un atraco a mano armada es lo que pretende hacer con la Educación este Gobierno regional mal llamado socialista, pero no estamos dispuestos a perder este bastión pese a que las condiciones de trabajo de los funcionarios interinos son de las peores en esta comunidad castellanomanchega, porque nos gusta lo que hacemos, lo disfrutamos y lo vivimos para y con los alumnos”.

Es lo que han trasladado en una carta dirigida la opinión pública. Charlamos con el director de este centro por teléfono. En la sala, durante la conversación, está también buena parte del profesorado del centro hellinero. A todos y a todas les preocupa el cariz que está tomando su situación. “Algunas de las cosas que al principio parecían como una posibilidad se han convertido en obligación”, dice Manuel Jaldo.

“No se ha hecho un estudio previo, es una manera de experimentar y no sabemos cómo va a salir”, lamenta este docente de inglés.

Su compañera en el centro, Yolanda Yanes, que ejerce las funciones de secretaria en la escuela dice que no hay una comunicación “oficial” sobre las medidas y que además “se han basado en datos del número de alumnos que no tienen porque el plazo de admisión se abre ahora. Muchos de los actuales alumnos se matricularán en septiembre, ahora están en la playa y los nuevos tienen plazo hasta el 31 de octubre”.

La docente, que imparte también inglés, explica que en el centro albaceteño se enteraron por correo electrónico, “el habitual en junio para comunicar el cupo del siguiente curso, cuando vimos que desaparecía alemán, un grupo de B2 de inglés y C2, y aparecía una fusión de grupos de francés”.

No se ha hecho un estudio previo, es una manera de experimentar y no sabemos cómo va a salir

Manuel Jaldo — Director de la EOI de Hellín, en Albacete

Yolanda Yanes cree que esta decisión “atenta contra el principio de igualdad” y así se lo ha trasladado en una carta dirigida tanto a los sindicatos como a la Inspección Educativa. “Esto es un servicio público y tiene que existir con los recursos necesarios. No sabemos cuánta gente va a haber en un hospital, pero esos recursos tienen que estar. Lo que no se puede hacer es recortar”, critica.

La decisión de la Junta de Castilla-La Mancha, lamentan, les ha pillado a contrapié, en pleno cierre de curso que termina el 30 de junio y con el alumnado (y sus delegados) fuera ya de las aulas, iniciando las vacaciones. “Lo han hecho tarde, con toda la intención para que no nos dé tiempo a reaccionar”, lamenta la profesora.

La dura carta de Pedro Pablo Novillo, exviceconsejero de Educación

Pese a que las clases han acabado, el malestar no solo se ha trasladado desde el personal de estos centros. Algunos alumnos se suman a las críticas. Lo hace incluso el que fuera viceconsejero de Educación de Castilla-La Mancha, Pedro Pablo Novillo, hoy alumno de la EOI 'La Equidad' de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real.

Se muestra perplejo con la política educativa del actual Gobierno regional, de la que él mismo fue responsable hace ya algunos años. “No comprendo cómo pueden tomarse -y más de golpe y porrazo- medidas que ponen en el disparadero de la desaparición a las [EOI] que no son de capital de provincia, y en la merma de calidad a todas sin excepción”.

Lo dice en una contundente carta que ha hecho llegar a este medio. “Castilla-La Mancha no puede ser el laboratorio donde comience (o se continúe, que en la vecina Madrid algo han ensayado) el desmantelamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas”.

Precisamente, la EOI 'La Equidad' de Alcázar de San Juan es otro de los centros que ha expresado públicamente su malestar. “Queremos hacer pública nuestra gran preocupación por la drástica reducción del cupo de profesores concedido a nuestro centro de cara al próximo curso”.

Ya advierten de que no podrán ofertar todos los niveles de los idiomas alemán, francés e italiano, dicen que habrá “masificación” de los grupos de inglés y “falta de plazas para nuevos alumnos”. Es decir, lamentan, “se dificulta enormemente el derecho de los ciudadanos a una formación pública de calidad en idiomas”.

Expresan también una petición. “Nos gustaría poder seguir desempeñando este papel en el futuro y por ello pedimos a la Consejería que reconsidere las medidas adoptadas”.

Nos gustaría poder seguir desempeñando este papel en el futuro y por ello pedimos a la Consejería que reconsidere las medidas adoptadas

EOI 'La Equidad' de Alcázar de San Juan

Desde Toledo, representantes del alumnado en el Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas han difundido otra carta en la que se suman así al “rechazo” del resto de estos centros en la región porque, en su opinion, “van a ver cercenado, otro año más, el cupo de profesores para el próximo curso”.

Rechazan la idea de dos niveles distintos en una misma aula “que luego tendrán que realizar un examen totalmente distinto para certificar una competencia más alta o baja al final del curso. A esto se le llama desde la Consejería de Educación eficiencia en la gestión de recursos”, ironizan.

¿Qué dice la Consejería de Educación?

Sobre toda esta marea de críticas, la Consejería de Educación se limita a un escueto comunicado en el que ofrece sus razones, a preguntas de este medio.

Sus responsables dicen mantener “un firme compromiso con las escuelas oficiales de idiomas, que son la oferta de carácter pública y de calidad para estudiar y certificar y titular en enseñanzas de idiomas”, pero también que estos centros “están experimentando una pérdida significativa de alumnado”.

Lo achacan a causas variadas, desde “el auge de academias privadas, el reconocimiento de algunos de estos como oficiales, el endurecimiento de los requisitos académicos para superar las pruebas a nivel estatal, y los cambios en los hábitos formativos de la población adulta, entre otros”.

Educación dice en algunos casos “se ha constatado una notable reducción de la asistencia a partir del segundo trimestre del curso, llegando a tener grupos con un solo alumno o sin alumnado alguno” y que eso exige “un ejercicio responsable de planificación para garantizar la sostenibilidad y eficiencia del sistema, sin renunciar a la calidad de la enseñanza pública”.

Desde Hellín no lo niegan, pero el director Manuel Jaldo lamenta que no se hayan tenido en cuenta sus propuestas de mejora en el sistema de matriculación, abriendo la posibilidad a estudiantes de 14 años o recuperar antiguos alumnos. “Algunos no quieren certificar, quieren venir a clase por disfrutar”, asegura. El director ironiza: “Si la planificación es reducir costes, pues ya está. Mi opinión es que se ha dejado en manos de Recursos Humanos y no hay ninguna autocrítica”.

Por otro lado, Educación justifica la “posibilidad” de establecer agrupamientos mixtos aunque matiza que se hará “respetando siempre la separación de niveles en las evaluaciones oficiales”. En su opinión, este sistema organizativo “permite mantener la oferta educativa incluso en situaciones con baja demanda, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, o en idiomas minoritarios”.

El director de la EOI de Hellín subraya - y critica- la “mezcolanza” de grupos. “Va en contra del marco común europeo, que separa los niveles de aprendizaje de idiomas”.

Frente a eso el departamento regional de Educación mantiene su apuesta por las “experiencias innovadoras en idiomas y escuelas con especial dificultad como abrir la modalidad on line y/o presencial simultáneamente, que permita estudiar a cualquier alumno resida donde resida” y también “al ritmo y horario que las circunstancias laborales y personales les permitan”. Sobre esta cuestión Yolanda Yanes dice que “no cabe duda que son innovadoras, pero no metodológicas y no son válidas para la enseñanza de idiomas”.

Mientras la Consejería de Educación habla de “criterios de mejora de la gestión, eficiencia de los recursos públicos y adaptación a la nueva realidad educativa”, profesionales y alumnos de estos centros critican el nuevo modelo que todavía no se ha estrenado.

Manifestaciones este jueves

En Hellín y también en Alcázar de San Juan, este jueves se han manifestado contra los “recortes” en las escuelas oficiales de idiomas. También están recogiendo firmas. Su malestar no difiere del que estos días se está trasladando desde otros puntos de la región. En Castilla-La Mancha hay 13 EOI, pero el temor al cierre, sobre todo de las más pequeñas crece estos días.

Esperan el apoyo de la población castellanomanchega y de los alumnos y alumnas. Juan Carlos, ordenanza en la EOI de Hellín se suma a la conversación con elDiario.es de Castilla-La Mancha para explicar en el pueblo comentan que “cada vez es más difícil, se piden más destrezas y no certifican si no llegan a una nota de seis y medio... Da la sensación de que quieren ir quitando las escuelas. Todo son trabas y eso cansa”.

Si esto desaparece, estamos simplemente recurriendo a la economía de mercado: que no es económicamente viable... ¡Fuera! Cuando en realidad estamos perdiendo un valor social y cultural"

Manuel Jaldo — Director de la EOI de Hellín

Los directores y el profesorado de los centros rechazan las ratios mínima y máxima en los grupos, la desaparición de determinados idiomas, piden mantener la oferta horaria y el cupo de profesorado, flexibilizar la admisión y la matrícula, o revertir recortes que, dicen, “se vienen acumulando en los últimos años”, con plazas que se van amortizando sin nueva cobertura cuando se producen jubilaciones.

“Muchos de nosotros somos funcionarios públicos de carrera, no tememos perder el empleo, pero a mí lo que me preocupa es que no se está defendiendo la escuela pública. Y en Hellín me daría mucho pena que desapareciera un referente cultural. Aquí la programación y el espacio cultural brilla por su ausencia, sin perjuicio de toros o Semana Santa”, afea Yolanda Yanes.

“Si esto desaparece, estamos simplemente recurriendo a la economía de mercado: que no es económicamente viable... ¡Fuera! Cuando en realidad estamos perdiendo un valor social y cultural”, apostilla el director.

La Federación de Enseñanza de CCOO Extremadura ha denunciado el recorte “injustificable” de plantilla de 222 plazas docentes para el próximo curso tras analizar los datos de funcionamiento provisional y ha solicitado a la Junta que revise dicha propuesta para evitar la disminución de trabajadores en la enseñanza pública y atender a las demandas de los centros.

El sindicato ha acusado a la administración de justificar estos recortes en base a la bajada de natalidad, pero matiza que la mayor supresión de plazas (más de un 75% de las propuestas) se ha producido en centros de Educación Secundaria, IES e IESO, y no en centros de Infantil y Primaria.

Además, han puesto de manifiesto que algunas medidas adoptadas, como la mínima bajada de ratio en la etapa de Infantil o el paso a las 23 horas lectivas para los maestros, no se han visto reflejadas con un refuerzo en las plantillas de los centros.

El sindicato asegura también que en centros rurales y agrupados de Infantil y Primaria se ha acentuado más la disminución de plazas, ya que casi mitad de los puestos docentes de este nivel educativo han desaparecido a pesar de ser centros “vitales” para mantener la escuela rural y fijar población en las zonas de su radio de acción.

CCOO ha definido como “alarmante” que más del 15% son plazas a media jornada e itinerantes, estas últimas con reducción horaria para desplazamientos, lo que supone menos horas lectivas de dedicación al alumnado.

Además de especialidades de maestros, en las que el 41% corresponden a Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, es decir, a especialistas que atienden a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y necesidades educativas especiales, muy demandadas en los centros, y muchas veces suplidas con los programas de refuerzo.

En el inicio del próximo curso, a las plazas de funcionamiento se sumarán las correspondientes a los programas de refuerzo educativo, que estarán sufragados en su mayoría con el Fondo Social Europeo o con Fondos de Cooperación territorial del Ministerio a partir de octubre. Ante esta situación, señala que no entiende por qué se ofertarán plazas de refuerzo cuando en algunos centros se están perdiendo docentes que no se ven beneficiados por dichos programas y llegan a un bajo porcentaje de centros.

Esta situación la han atribuido a la posibilidad de ser “una medida de ahorro”, ya que todas las personas que se incorporen a estos programas lo harán un mes más tarde y no tendrán derecho al cobro de los meses de verano.

Este sindicato ha recalcado que todos estos datos contradicen las declaraciones que ha realizado la Consejería de Educación, Ciencia y FP sobre “supuestos aumentos de plantillas, entre otras mejoras que se refieren continuamente para justificar su apuesta por la enseñanza pública”.

La ley de universidades que prepara la Comunidad de Madrid le puede costar 200 millones al año a los seis campus públicos de la región en su día a día. Si el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso aprueba el borrador en los términos actuales en lo que respecta a la financiación básica de las universidades, el sistema madrileño pasará de haber ganado 16 millones de euros en las operaciones corrientes en su conjunto en 2023 a perder 180 millones en su primer año de aplicación.

El salto es pasar de tener dos universidades deficitarias y cuatro rentables a que todas presenten números rojos, según un exhaustivo análisis y un ejercicio teórico realizado por Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García, profesores de economía en las universidades de Jaén y Politécnica de València, respectivamente, y dos de los principales expertos en contabilidad universitaria en España.

Los profesores han estudiado indicadores diversos y los últimos datos disponibles sobre financiación universitaria para analizar la evolución de los últimos años en la universidad española, establecer qué comunidades ponen más medios y cuáles menos, qué dicen los principales indicadores sobre el rendimiento de los centros y proyectar hacia el futuro, en un ejercicio teórico pero basado en cifras reales, cómo afectaría la propuesta de financiación que incluye el borrador de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidad y Ciencia de la Comunidad de Madrid (Lesuc) a las cuentas públicas de los rectorados.

El análisis detallado de la situación de pasado, presente y futuro probable de los campus arroja tres ideas, explica Hernández Armenteros: Madrid es la comunidad autónoma que peor financia a sus campus, no tiene ningún motivo objetivo para hacerlo (si por ejemplo quisiera justificar que sus presupuestos sean los más escasos por el bajo rendimiento de los centros) y la situación solo empeorará si aplica el marco de financiación básica que recoge su propuesta de ley.

La ley que ha preparado la Comunidad de Madrid es técnicamente compleja, explica Hernández Armenteros, y está diseñada para que el gasto de las universidades no se dispare. Pero puede resultar contraintuitivo que vaya a pasar de financiar el 57% del gasto de sus universidades al 70% y aun así la financiación del gasto corriente, del día a día, vaya a empeorar, tal y como sostienen los autores del informe. Esto tiene su explicación en un cambio en las transferencias y en el uso posible del dinero que contempla la Lesuc.

Se entiende mejor con números. En 2023, las seis universidades públicas madrileñas gastaron en total 2.035 millones de euros. Pero la Comunidad de Madrid solo transfirió 1.161 millones de euros. De ahí sale ese 57% que aporta el Gobierno regional. Si la nueva norma se limitara a decir que el Ejecutivo autonómico aportará el 70% del gasto universitario en las mismas condiciones, no habría problema alguno. Los rectorados tendrían más dinero a su disposición y los rectores serían más felices.

Pero el borrador incluye varios matices. Con la normativa actual, la transferencia de la Comunidad de Madrid (esos 1.161 millones de euros) se pueden destinar a cualquier partida del gasto corriente (aunque en términos reales el dinero va a nóminas). Con la nueva, el Gobierno regional cambia el modelo. A partir de su entrada en vigor, si no cambia, el Ejecutivo lo que hará será asegurar el pago de las nóminas mediante la sencilla fórmula de restarle al montante total en salarios (que en Madrid fue de 1.269 millones de euros) los ingresos por tasas y precios públicos (345 millones de euros) y cubrir el resto (con estas cifras, 924 millones de euros).

Pero esos 924 millones de euros solo se podrán utilizar para nóminas y ni se acercan al 70% que contempla la ley (faltarían unos 500 millones de euros). La trampa, explican los profesores, es que ese dinero hasta alcanzar el 70% no se podrá utilizar para gasto corriente. Será un capital finalista, según establece la ley, que las universidades tendrán que utilizar para lo que considere el Gobierno regional, que de esa manera se asegura el control sobre la actividad universitaria (por ejemplo, si decide financiar solo líneas de investigación que le resulten de interés al Ejecutivo). El día a día seguirá siendo deficitario.

Más que las nóminas

El problema, explican los autores, es que este modelo no contempla que las universidades tienen más gastos que las nóminas de su personal permanente: servicios de limpieza, suministros de luz o gas o la renovación de equipos son necesidades también, que no se incluyen en la financiación básica que ofrece Ayuso. Pero también tienen más ingresos, como la prestación de servicios universitarios o los ingresos por explotación del patrimonio de la universidad. Sin embargo, estos son más escasos que los gastos.

De nuevo, traducido al caso real de 2023: las seis universidades públicas tuvieron unos gastos extra (más allá de las nóminas) de 311 millones de euros, mientras que los ingresos fueron de 131 millones. Conclusión: con el sistema que propone el Ejecutivo regional, que obvia toda esta parte en su propuesta financiadora, en 2023 el conjunto de campus públicos habría tenido un déficit de 179 millones de euros que no se puede atender con el dinero recogido en la nueva ley. Con el borrador de ley de Ayuso se puede dar la paradoja de que las universidades no tengan dinero para abrir cada día, pero sí un remanente en caja para proyectos que la Comunidad de Madrid avale.

Los autores hacen también el ejercicio de trasladar estas cuentas al conjunto de las universidades del país: los 309,8 millones de euros de beneficios que obtuvieron las 47 universidades públicas presenciales españolas se convertirían de un día para otro en un déficit de 954 millones de euros, y todos los centros perderían dinero, cuando actualmente solo lo hacen 12.

Lejos de aliviar la insuficiencia financiera actual, lo que se provocaría sería la asfixia financiera y la inviabilidad funcional de las universidades públicas que están bajo su tutela"

Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez — Economistas expertos en contabilidad universitaria

“Lejos de aliviar la insuficiencia financiera actual, lo que se provocaría sería la asfixia financiera y la inviabilidad funcional de las universidades públicas que están bajo su tutela” [de la Comunidad de Madrid], escriben los economistas.

Además, los otros dos elementos financieros que contempla el proyecto de ley tampoco ayudarán a resolver esta insuficiencia, cuentan los autores del estudio. Ni la financiación por necesidades específicas (por ejemplo, si tienes un campus Patrimonio de la Humanidad, como sucede en Alcalá de Henares) ni la partida ligada a objetivos podrán compensar el agujero, auguran, como tampoco lo hará la posibilidad de crear fondos de inversión que contempla el texto, maniobra que los autores califican de “brindis al tendido”.

La que menos financia

Madrid presenta el dudoso honor de tener la universidad pública peor financiada de toda España: el Ejecutivo regional apenas cubre el 44% de los gastos de la Universidad Rey Juan Carlos (URCJ). Madrid es la única región que destina hoy menos euros por alumno y año de lo que lo hacía en 2008.

“No hay ninguna razón objetiva que justifique la escasa financiación del sistema universitario madrileño, que está yendo a una situación de no viabilidad financiera y tendrá que reducir recursos”, sostiene Hernández Armenteros. Más todavía, en un sistema que actualmente no tiene ni para cubrir las nóminas, según han denunciado los rectores de los seis centros públicos. “En lugar de tener catedráticos, contratará profesores asociados. En lugar de pintar cada cinco años, lo hará cada 20. En vez de reponer equipos cada x tiempo, se dejará de hacer hasta que ya ni funcionen”, cita algunos ejemplos.

El estudio llega tras varios meses de protestas en los campus ante la situación de asfixia financiera de las universidades públicas. Una falta de recursos que se viene arrastrando desde los recortes que empezaron tras la crisis de las hipotecas de 2008, de los que, como demuestra este informe, el sistema madrileño aún no se ha acabado de recuperar. La situación es crítica en los campus, según han denunciado públicamente los rectores de las universidades públicas reiteradas veces en los últimos meses.

El análisis de la información revela también que en los últimos 15 años los ingresos del servicio de universidades públicas de la Comunidad de Madrid han crecido un 10%, lo que supone exactamente la mitad que los del sistema español en su conjunto (subió un 20% entre 2008 y 2023). En ambos casos es menos de lo que ha subido el PIB nominal. En Madrid el PIB ha crecido un 46% en este periodo, lo que significa que su aportación a las universidades ha pasado del 0,90% del PIB al 0,68%.

Cuando Hernández Armenteros dice que “no existe ninguna razón que justifique la escasa financiación” en Madrid que muestra la estadística, el experto se refiere a que la universidad madrileña no ha reducido su rendimiento en los últimos años, un argumento al que podría recurrir el Gobierno regional para argumentar sus recortes. El estudio realizado por los dos profesores señala que tanto los indicadores de docencia (alumnos por grado y/o máster) como de investigación (fondos captados o sexenios acreditados) dejan a la universidad madrileña en guarismos cercanos siempre –a veces ligeramente por exceso y otras por defecto– a las medias nacionales.

Alrededor de 100 estudiantes se han encerrado en la tarde de este jueves en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) con el objetivo de “acumular fuerzas” para la huelga general educativa que tendrá lugar el próximo lunes 28 contra los recortes presupuestarios impulsados por el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso.

“Que esté habiendo un encierro en la Carlos III es bastante histórico. Hace 13 años que no se da uno. Eso habla de la organización colectiva y de base que se está construyendo”, explica Rubén M., integrante de la Plataforma en Defensa de la Universidad Pública por la Universidad Carlos III. La UC3M se une con más presencia de esta manera a las protestas de la comunidad universitaria, más centralizadas en las últimas semanas en la Complutense, que vivió un encierro masivo hace tres semanas.

Los encerrados protestan por el “proceso de asfixia económica del servicio público universitario, al que la sociedad madrileña tiene derecho”. Los rectores de las universidades públicas han denunciado en más de una ocasión que la financiación que les llega del Gobierno regional no cubre siquiera las nóminas del personal y que abrir las universidades cada día es una pelea. Tras una protesta pública de los mandatarios, el Gobierno regional aceptó aumentar la partida presupuestaria en 45 millones, pero a repartir entre los seis centros. Los rectores calculan que habrían necesitado al menos 200 millones de euros.

La situación en la universidad pública madrileña es de malestar y económicamente insostenible. Tan mala como para que nadie quisiera enfrentarse a la rectora de la UAM en las últimas elecciones para no tener que gestionar la miseria, y eso pese a que el descontento con Amaya Mendikoetxea era tan grande que acabó perdiendo pese a no tener rival porque obtuvo más votos en blanco que a favor.

“Un paso hacia algo mucho más grande”

Tanto el encierro de este jueves como la movilización del próximo lunes, aseguran, son “un paso hacia algo muchísimo más grande”. Como explicaban algunas de las personas que están protagonizando las acciones de protesta en las universidades públicas, el activismo está creciendo en los campus. “Tenemos que decir que hay sectores que se movilizarán el lunes que también hacía 15 años que no se movilizaban. Nuestra mentalidad es que tenemos que tener paso corto y mirada larga”.

El encierro durará alrededor de 14 horas, en las que realizarán pancartas, talleres “antirrepresivos” y una manifestación final. Sienten que la “represión que está viviendo el estudiantado por organizarse o la precariedad que sufren los profesores asociados” parece estar activando una mecha dentro del estudiantado, y que especialmente se ve en un día como hoy en una universidad como la Carlos III, que, afirman, “tiende a la desmovilización”.

Si algo bueno está teniendo la asfixia económica a la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está sometiendo a sus universidades es que está consiguiendo reactivar a la comunidad universitaria en defensa de lo público. Así lo creen al menos algunas de las personas implicadas en las protestas que en las últimas semanas recorren los campus de la región. “Hay mucho movimiento, más que en los últimos años. El sentimiento de impotencia nos lleva a pensar que no tenemos nada que perder porque ya nos lo han quitado todo. Hay una sensación de que ahora es el momento”, cuenta María Prieto, doctoranda en la Universidad Complutense de Madrid.

Desde estudiantes hasta profesorado, pasando por el personal de administración y servicios, los diferentes estamentos universitarios se están juntando en torno a plataformas como UCM por la Pública o UAM por la Pública para luchar por lo que es de todos. Encierros como el que juntó a 400 personas de todos los centros en la Complutense el pasado lunes, pasacampus informativos, marchas reivindicativas y una próxima huelga el 28 de abril trasladan a la sociedad y a los políticos que no se van a resignar a que sus universidades se caigan literalmente a pedazos, a las asignaturas sin profesores durante meses o que se dejan de ofrecer, los ascensores parados y las calefacciones apagadas para no gastar, los estudios que se cierran por falta de personal, las salidas de campo anuladas o las nulas expectativas de las plantillas.

Porque preguntarle a alguien de la comunidad universitaria madrileña cómo está su campus o por qué protestan estos días es casi un ejercicio de riesgo. Se da pie a una respuesta interminable, a una enumeración sin fin de todas las consecuencias –materiales, humanas, anímicas– de las políticas privatizadoras que, denuncian, practica el Gobierno regional que dirige Isabel Díaz Ayuso y sufre toda la comunidad universitaria.

Prieto, como Eva Aladro, catedrática en su misma facultad, César Pastor, personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) de la Autónoma de Madrid (UAM), Fernando Varas, profesor de la Politécnica (UPM), o Alba Lirón León, estudiante en la UAM, son algunas de las cientos, miles de personas que se han involucrado en las protestas que atraviesan los campus de la región en las últimas semanas, reivindicaciones que no se van a detener.

En la UAM ya hay previsto un encierro en los próximos días para dar continuidad al de la Complutense del pasado lunes, un acto que sorprendió (positivamente) a muchos por la gran afluencia de gente que logró y el nivel del estudiantado allí presente. “Me llamó la atención la claridad en la argumentación, cómo tienen claro de dónde viene todo. Es un lujo verlo, ahí, en la masa crítica en un estudiantado que no recibe nada a cambio, está la calidad de la educación”, saca pecho Aladro.

Alba Lirón León considera que el activismo, aunque a veces parezca estéril, es “una obligación como ciudadanas” que no conciben “estar paradas”. Aladro subraya el compromiso del estudiantado, que a fin de cuentas “está de paso” –“si no mejoramos para nosotras, será para las que vienen detrás”, replica Alba en la distancia–, y cree que es importante mantener viva la llama, porque aunque a veces pueda parecer que no tiene efecto su experiencia le dice que “los activismos calan en la opinión pública”. La catedrática está convencida de que el Gobierno regional “tiene miedo” porque aunque parezca inmune a las protestas “la opinión pública puede parecer un animal dormido, pero despierta cuando menos te lo esperas”.

Puede tener sus motivos el Gobierno regional. El malestar entre todos los estamentos de la comunidad universitaria es palpable y de momento se ha llevado por delante a la rectora de la UAM, Amaya Mendikoetxea, que no fue capaz de superar el descontento en su centro pese a ser la única candidata en las recientes elecciones.

“Hay mucho desánimo”

Fernando Varas, de la UPM, resume la lucha universitaria de estudiantes, PTGAS y profesorado. “Hay dos focos. Uno es la financiación, o más bien la infrafinanciación crónica de la universidad pública en España a raíz de la crisis de 2008, pero fundamentalmente en Madrid, que tiene la inversión pública por estudiantes más baja de todo el estado y se encuentra en una situación gravísima. El segundo es la ley de estudios superiores que prepara la Comunidad de Madrid, de la que no se sabe nada más que un borrador que se filtró [y que el Ejecutivo regional no ha reconocido públicamente], que es muy preocupante por lo que contiene, pero también por lo que no contiene”, explica.

La asfixia económica a los campus –denunciada reiteradamente por los rectores, que sostienen que la Comunidad no cubre siquiera las nóminas– tiene unas consecuencias materiales muy visibles, pero también otras más intangibles, explican los activistas. César Pastor, personal de administración de la Autónoma de Madrid, destaca la “incertidumbre” y “falta de expectativas” en las plantillas, que ahondan en el desánimo de una institución que lucha cada día por simplemente abrir sus puertas. El crecimiento del sindicato CGT en los campus en los últimos tiempos da fe del malestar, apuntan fuentes universitarias.

Aladro coincide en que “hay mucho desánimo”, pero a la vez cree que “puede haber un vuelco”. En parte, añade, ya se está produciendo. “Los jóvenes están muy activos. Hablan con sus familias, y eso es toda la población de Madrid. Si estos enlaces funcionan y empiezan a protestar, a decir que basta ya, eso va a llegar y puede cambiar votos”, augura.

Lirón León ve “cada vez más organización” en el estudiantado, las trabajadoras y el profesorado. “Si me hubieras preguntado por la conciencia de la gente en septiembre mi respuesta habría sido más pesimista, pero ahora vemos cómo está surgiendo un movimiento más organizado y consciente. Falta mucha gente aún, pero está claro que el problema está mucho más visibilizado que hace un año”, asegura. Como decía Aladro y coincide Varas, el activismo cala.

Porque el momento es malo, muy malo, coinciden las fuentes, pero es que además no tiene una justificación, como sí podía pasar tras la crisis de 2008 y los posteriores recortes de 2012. “Estamos viviendo unos recortes brutales en una época que no es de penuria económica”, sostiene Fernando Varas. “Se empezó a ahogar a las universidades en 2008 en un marco de crisis. Se podía entender la reducción del gasto, aunque fuera perversa, pero ahora lo vemos en un marco de crecimiento económico. Es tremendamente grave, y es una cosa de Madrid, porque tengo compañeros en otras universidades, en Galicia por ejemplo [donde hace años que gobierna también el PP], que no están viendo estas políticas tan tremendas”, razona.

Pastor, de la UAM, añade que es precisamente eso lo que asusta. “Ahora quizás no se tiene miedo a perder el puesto de trabajo y la temporalidad en la UAM es baja. La percepción de estabilidad no es grave, pero la incertidumbre de hacia donde va la universidad pública y su futuro es más grande porque se cuestiona el papel de la universidad”.

Sube la represión

Para el estudiantado otro factor de movilización de los últimos tiempos es el aumento de la represión en la universidad, explica Prieto. “Ya la vimos crecer en las acampadas pro Palestina”, recuerda. “No es solo que haya detenciones e identificaciones constantes o que aparezca la policía. Es que cada vez se permiten menos cosas, hasta poner pancartas o un cartel es un problema. Está habiendo políticas indiciarias del control que quieren aplicar en el espacio universitario, que va desde lo más cotidiano a cuestiones de más violencia. Esto nos motiva a seguir y creo que también está generando una reacción”.

No es esta una queja exclusiva del estudiantado, aunque Alba la repetirá casi palabra por palabra de manera espontánea. Fernando Varas también habla de “la continua amenaza del Gobierno regional de poner medidas disciplinarias a las universidades cuando se produzcan protestan y manifestaciones. Quieren una universidad callada”, advierte.

Las estudiantes observan que esa deriva es generalizada y forma parte de algo más grande que da más sentido a su lucha. “Hay una tendencia mercantilista global que también es individualizante. Se atomizan los problemas del día a día. Si falta una profesora un día es un problema concreto, cuesta ver que faltan otros y que el problema es de falta de recursos”, explica Prieto.

“Cuando ha habido un problema de este tipo y yo he tratado de ayudar para resolverlo a veces la respuesta era que para este curso ya no llegábamos, pero que si seguíamos podía servir para otros años –prosigue– y mucha gente se baja del carro en ese momento porque no les iba a resolver su problema. Es la tendencia de mercado, de individualización, de las necesidades individuales”. Alba Lirón coincide: “Hay una derechización de la sociedad, una tendencia a pensar que lo que a ti te pasa es culpa de gente que está en una situación más precaria que tú. Vamos hacia un modelo de ser malas personas”, lamenta.

Pero las personas consultadas cierran con un mensaje de optimismo, a pesar de todo. “Creo que la sociedad empieza a tener conciencia de la situación”, señala Varas. “Ven la conexión entre las protestas en la universidad, en el resto de niveles educativos (de Primaria a la Formación Profesional), con la crisis de la sanidad y el problema de la vivienda. La sociedad empieza a percibir que estamos perdiendo derechos que costó muchísimo conseguir”.

Aladro, con décadas de activismo a sus espaldas, lo tiene claro: el camino es seguir. “El activismo funciona, siempre lo digo. Y lo he vivido. Estuvimos 18 años para salvar el Teatro Albéniz y ahí está. A veces tardas décadas, pero si persigues algo se puede conseguir”, cierra.

Era una de las grandes promesas de campaña: cerrar el Departamento de Educación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este jueves una orden ejecutiva en la que instruye a la nueva secretaria del ramo, Linda McMahon, para que tome las medidas necesarias para “empezar a eliminar” el Departamento. En realidad, el Ejecutivo no puede cerrarlo —necesita hacerlo vía parlamentaria con una supermayoría—, pero sí puede asfixiarlo. Los principales damnificados van a ser los alumnos más vulnerables. 

“Mi administración tomará todas las medidas legales para cerrar el departamento. Lo vamos a cerrar y lo cerraremos lo más rápido posible”, ha anunciado Trump en un acto en la sala Este de la Casa Blanca, que apenas ha durado media hora. Rodeado de estudiantes, el presidente ha firmado la orden ejecutiva para iniciar el desmantelamiento de un organismo creado con la finalidad de garantizar las mismas oportunidades educativas para todos los niños y jóvenes.

La secretaria de Educación, Linda McMahon, presente en el acto, será la encargada de ejecutar los recortes. Aunque Trump ya ha insinuado que planea llevar su cruzada contra el organismo hasta el Congreso, que es quien tiene la autoridad para clausurar completamente el departamento.

“Eliminaremos el Departamento de Educación, y todo el mundo sabe que es lo correcto. Los demócratas saben que es lo correcto, y espero que voten a favor, porque, en última instancia, esto puede llegar hasta ellos. Pero todo el mundo sabe que es lo correcto. Luego, tenemos que educar a nuestros niños”, ha afirmado Trump, consciente de que, con la ajustada mayoría que tiene en ambas cámaras parlamentarias, no cuenta con los votos suficientes para cerrar el departamento. Una propuesta como esta necesita una supermayoría parlamentaria, y difícilmente los demócratas votarán a favor.

“Devolveremos la educación a los estados, que es donde pertenece. Es una medida muy popular, pero, más importante aún, se trata de sentido común”, ha dicho Trump, repitiendo la falsedad con la que busca justificar el cierre del departamento. Lo cierto es que la gran mayoría del currículo escolar ya lo dictan los estados.

Entre los asistentes también había gobernadores de estados republicanos, como Ron DeSantis (Florida) y Greg Abbott (Texas). Ambos estados ya han contribuido a avanzar en la agenda conservadora de Trump, siendo dos de los lugares con más libros prohibidos en el país. Según el PEN, Texas ha prohibido al menos 438 títulos y Florida, 375. La mayoría de estas obras tratan sobre el colectivo LGTBIQ+.

Entre el público también se encontraba Tiffany Justice, fundadora del grupo ultraconservador Moms for Liberty. Esta organización ha ganado influencia dentro del Partido Republicano como grupo de presión para imponer los valores conservadores del cristianismo. Además, ha protagonizado enfrentamientos con sindicatos de profesores por sus intentos de eliminar a nivel estatal las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI).

La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, reconocía este jueves por la mañana a los medios que el Ejecutivo por sí solo no puede cerrar el Departamento y ya avanzaba que una versión reducida gestionaría “funciones críticas”.

La acción de Trump hará que el Departamento de Educación sea mucho más pequeño de lo que es hoy, pero seguirá gestionando los préstamos estudiantiles federales y las becas Pell, ha dicho Leavitt. Otras funciones críticas del Departamento, como controlar que se respeten los derechos civiles, se mantendrán, según señaló, pero no especificó cómo se llevarán a cabo. 

La reducción llega después que la semana pasada ya se despidieran a unos 1.300 trabajadores del Departamento de Educación. Este primer recorte ya supuso una reducción de casi la mitad de la plantilla de Educación, que empezó el año con 4.133 empleados. A esto hay que sumarle otros 572 funcionarios que aceptaron el plan de bajas incentivadas por Trump y 63 trabajadores en período de prueba que fueron despedidos el mes pasado.

Tras estos despidos, muchos trabajadores y extrabajadores del departamento ya expresaron preocupación sobre si realmente se podría seguir gestionando algunos de los programas básicos, como los préstamos estudiantiles.

El Congreso creó el Departamento de Educación en 1979 para que se encargara de supervisar los fondos públicos educativos, creara políticas y sobre todo se asegurara de garantizar la igualdad educativa. En el programa electoral, Trump prometía cerrar el Departamento para devolver las competencias educativas a los estados, lo cual vuelve a ser una distorsión intencionada de la realidad. El grueso de las competencias educativas ya está en mano de los estados y en ningún caso el Departamento de Educación dicta el currículum escolar.

La Biblia en las escuelas

Un 90% de la financiación la aportan los mismos estados. Un ejemplo de ello es como el superintendente de Oklahoma, Ryan Waters, pudo anunciar el pasado noviembre que su estado será el primero en “haber devuelto la Biblia a las escuelas” como un avance ante “la izquierda radical”. El 10% que el Departamento aporta a los estados vía fondos públicos es importante, especialmente para los alumnos con menos recursos. 

Entre los programas que financia Educación, y que con la orden corren el riesgo de ser finiquitados, está el Título l, que forma parte del corpus legislativo federal de educación y está destinado a atender a los estudiantes en situación de pobreza o desventaja económica. Educación también se encarga de supervisar que los fondos destinados al IDEA (Ley educativa sobre personas con discapacidad, según sus siglas en inglés) se utilicen para su finalidad: atender a los alumnos con discapacidades. 

Si se recorta la financiación para el Departamento de Educación y estos programas, los estados serán los que deberán encontrar una manera de financiarlos. Actualmente, los ingresos estatales ya son problemáticos y “no están generando suficientes fondos para cubrir las necesidades educativas adecuadamente”, explicaba el pasado noviembre la directora de políticas educativas del Center For American Progress (CAP), Weadé James. La desaparición de los fondos públicos para estos programas, sumada a las dificultades que ya tienen los estados para encontrar financiación, podría suponer su fin, ya que los estados podrían decir que no tienen los recursos para seguir manteniéndolos. 

De hecho, la anulación práctica del Departamento podría tener graves consecuencias en el sistema de educación pública estadounidense, pues el objetivo básico por el cual se creó Educación era garantizar que las escuelas públicas recibieran financiación y asegurar un acceso equitativo a una educación de calidad para todos los niños.  

El cierre del Departamento es un paso más en la guerra cultural que está librando Trump en las instituciones. En su programa electoral no solo decía que iba a desmantelarlo, sino que también prometía “recortar la financiación federal a cualquier escuela que promueva la teoría crítica de la raza, ideologías de género radicales u otros contenidos raciales, sexuales o políticos inapropiados” para los niños. Por el contrario, se comprometía a garantizar “libertad para orar” en las escuelas, concretamente “rezar y leer la Biblia”, además de “hacer frente a quienes violen las libertades religiosas de los estudiantes estadounidenses”.

¿Qué tal? Busca un sitio cómodo, que hoy venimos algo cargados. Semana intensa.

Este domingo Madrid se tiró a la calle para rechazar una vez más las políticas educativas de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Una manifestación contra Ayuso, ¿cuál es la novedad?, puede que te estés preguntando. La novedad es que esta protesta la convocaba todo el mundo. Desde Infantil hasta la Universidad, cada uno por sus motivos, pero todos con una idea común: la educación madrileña se cae a pedazos mires donde mires, con tasas de inversión pública a la cola de España. La educación madrileña pública, aclaro por si hiciera falta. La privada va viento en popa.

Las maestras de Infantil piden menos ratios y más salarios, entre otras cuestiones. Las de primaria esas dos mismas cosas, pero también recuperar su jornada laboral de 23 horas, que perdieron en 2012 como el resto de España cuando los recortes del PP, pero son de las únicas que no la han recuperado. Las profesoras de Secundaria se manejan más o menos en estas reivindicaciones también. El personal docente universitario junta casi todos los agravios: están precarizados, la inversión se desploma y la pública se está convirtiendo en subsidiaria de la privada en la región. Cinco años de Ayuso han dado para un ataque a todo lo estatal, sin discriminar a nadie. Y todo eso mientras anuncia rebajas de impuestos a la vez que protesta porque no tiene fondos para la educación.

Miles de personas –alumnado, profesorado, familias e incluso se vio alguna bata blanca de las protestas sanitarias– salieron a exigir cambios a Ayuso. La presidenta suele hacer caso omiso de estas marchas, pero hace no tanto los seis rectores de las universidades públicas le torcieron el brazo a cuenta de la financiación pública y la contratación de unos miles de profesores. Bueno, más que torcérselo se lo doblaron un poquito, todo sea dicho. Pero obtuvieron (casi todo) lo que querían, aunque ya están tan desmoralizados que las peticiones son de mínimos y así es más fácil ceder.

La última ocurrencia de la presidenta ha sido instalar buzones en todos los institutos de Madrid para que quien quiera pueda realizar denuncias anónimas sobre supuesto consumo de drogas, especialmente cannabis, no se sabe bien en qué circunstancias. Partiendo de que dentro de los institutos no se consume, no está muy clara la intención del Gobierno regional con esta medida ni contra quién va dirigida. ¿Quiere Ayuso vigilar y castigar lo que hace el alumnado en su tiempo libre? ¿Controlar al profesorado?

De momento, la idea de que compañeros de clase se vigilen entre sí no está teniendo mucho éxito; apenas ha recibido denuncias. Sí ha sucedido que alguien denunciara a su profesor de manera anónima y la dirección del centro le abriera una investigación, como contó El País que sucedió en un centro. Un alarde más de la “libertad” de Ayuso.

La Complutense investiga a Monedero

Cierro el bloque con un tema que no tiene nada que ver con la presidenta, que es el caso Monedero. Ya sabéis todo lo que pasó la semana pasada –si habéis estado en el polo sur lo podéis leer aquí–, no os voy a aburrir con eso. Pero sí quería hacer hincapié en que Monedero es profesor de la Universidad Complutense y lo que se ha denunciado de manera concreta con nombres y apellidos es el presunto acoso a una alumna, una situación tan vieja como la misma universidad.

Ahora la pelota está en el tejado del centro, que de una manera más o menos ágil (“diligente”, dice en su propio protocolo) debe resolver el caso. La panoplia de resultados van desde la absolución hasta la fiscalía pasando por la suspensión de empleo y sueldo, en función de la gravedad que en su caso considerase la comisión de igualdad. Va a ser interesante ver qué resuelve la Complutense con un caso que, desgraciadamente, a más de una le habrá recordado a aquel profesor o compañero de departamento tan “cariñoso”.

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El sector educativo toma este domingo 23 de febrero las calles de Madrid en una manifestación que pretende marcar un antes y un después en la defensa de este servicio público ante los recortes o la infrafinanciación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La incorporación de importantes colectivos universitarios a la convocatoria marca la diferencia respecto a concentraciones previas, que ya consiguieron una gran movilización con la implicación de los niveles que van de infantil a secundaria.

La marcha, que llega después de importantes protestas universitarias dirigidas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, arrancará a las 12.00 desde Atocha y concluirá en la Puerta del Sol (frente a la sede del Ejecutivo regional). Entre los organizadores se encuentran los movimientos de profesores y estudiantes por la pública de la Universidad Complutense, la Carlos III, la Autónoma o la de Alcalá. A ellos se unen la asamblea de docentes Manos Lectivas, la plataforma FP sin prácticas, el espacio juvenil Abrir Brecha y varios sindicatos (Sindicato de Estudiantes, STEM, CGT y CNT).

Otra de las novedades será la participación del colectivo La Uni en la Calle, muy activo durante las protestas estudiantiles que recorrieron el país la década pasada, especialmente a raíz del 15-M. Sus integrantes apuestan por la participación ciudadana a través de clases en el espacio público, en las que aúnan una labor didáctica con la reivindicación.

En este caso lo harán con un acto que servirá como prólogo, programado una hora antes de la concentración, a las 11.00 del domingo. Javier Moreno Luzón, catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense y Premio Nacional de Historia 2024, impartirá en la cuesta de Moyano una clase sobre la historia de las luchas educativas. Llevará por título La batalla por la escuela: los liberales contra la Iglesia (1898-1923) y antes de ella los responsables leerán un manifiesto en el que recogen sus demandas.

Uno de los integrantes del proyecto, Germán Garrido (profesor de literatura alemana en la Complutense) explica a Somos Madrid el motivo de retomar esta iniciativa: “Lo decidimos después de los acontecimientos de finales del año pasado, con un presupuesto de la Comunidad que a base infrafinanciación busca llevar la universidad hacia otro modelo. Desde diciembre hasta ahora hemos intentado confluir con el resto de iniciativas y asociaciones en defensa de la educación pública, que esto sirva como punto de encuentro ante una estrategia orquestada”.

Reivindicación desde la unión y la pedagogía

El carácter heterogéneo y universal es una de las grandes características que destaca de esta manifestación: “Es una batalla en la que, desde otros sectores de la educación, han conseguido trasladar el mensaje de que se trata de una problemática transversal. La educación pública es una obligación que recoge la Constitución. Hay que trasladar ese mensaje, además de perseguir uno objetivo ante la administración espero que sirva para tomar conciencia en la comunidad universitaria”. Cree que la defensa de una mejor y mayor financiación autonómica “es una cuestión de sentido común, se trata de que no se hurte una cosa a la ciudadanía”.

“Sufrimos una decadencia crónica instalada, pero esto ha sido un salto cualitativo. Desaparecen proyectos de investigación, becas, espacios colectivos... La percepción es que intentan dejarnos fuera de juego, más en unas titulaciones que otras. Se busca el desencanto premeditado en profesores y estudiantado, a lo que se suma un aumento progresivo de las cargas. Todo esto ha conllevado además caídas de matriculaciones en la pública en favor de la privada”, expone Garrido.

La transversalidad de las exigencias es visible entre escalones educativos, pero también en lo que se refiere a la pirámide universitaria: “En diciembre, cuando parecía que se iba a suspender el programa Margarita Salas, nos sorprendió positivamente la toma de postura de Cruma [Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas]. Se han posicionado por primera vez de forma muy clara y conjunta contra los recortes que estamos sufriendo”.

Este docente recuerda actos anteriores de La Uni en la Calle: “Hace unos años organizamos una clase sobre cambio climático en la Asamblea de Madrid, después de declaraciones negacionistas por parte de diputados de partidos de la derecha. Al final, la universidad es conocimiento y democracia”. Precisamente ese escenario, sede del parlamento autonómico, fue escenario de otra de las grandes manifestaciones recientes en defensa de la universidad pública.

Un contexto de agitación que se une a las marchas de la Marea Verde, el profesorado o alumnado de los niveles que van de infantil a secundaria. En los últimos meses han protagonizado diversas protestas y huelgas, ya que el Gobierno de Ayuso está a la cola a la hora de revertir los recortes ejecutados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Exigen que disminuyan las horas lectivas para preparar mejor las clases, una equiparación salarial con la media nacional y una menor burocracia.

Paula —estudiante de un doble grado en un centro privado— dice estar “contenta” con su universidad, pero no sabe si la volvería a elegir, ya que lo que más “saca de ella”, afirma, son sus amigos. Pese a que valora la calidad académica que sí le proporcionan algunos de sus docentes, no sabría decir, por lo demás, si “el precio pagado” se está viendo reflejado en lo que la universidad le da —y le dará— “de vuelta”.

Como le sucede a Paula, el paso por la universidad despierta poco entusiasmo entre el alumnado. Los estudiantes valoran su satisfacción con el sistema universitario español en un 3,30 sobre 5, un “bien alto”, si hubiera que traducirlo a una nota, que habla de una aceptación, pero poco entusiasmo, según destaca el II Informe del Estudiantado Español, impulsado por el observatorio de la Asociación K60 Espacios de Educación Superior (ESdeES). El estudio pone sobre la mesa que en ninguno de los indicadores de satisfacción el estudiantado concede una valoración media que llegue a alcanzar el notable (equivalente a un 4 sobre 5).

Frente a la pregunta sobre si recomendarían la universidad en la que están realizando sus estudios, solo el 38,5% son considerados en el informe como “promotores” de sus centros (los que los han valorado con un 9 o un 10). El 31,6% adoptan una actitud pasiva (entre 7 y 8) y el 29,9% entran directamente en la categoría de detractores (entre 0 y 6). 

Si bien esas son las medias estatales, no todas las comunidades aparecen igual de bien paradas. El 53,6% y el 47,2% de las personas que estudiaron en universidades valencianas y catalanas serían sus “promotoras”. A partir de ahí, las cifras descienden considerablemente: les siguen Madrid (37,5%) y Andalucía (33,5%).

Falta de apego

La opinión de los estudiantes sobre sus estudios es algo mejor. De vuelta a la escala estatal, el 44% de los encuestados sí que recomendaría la titulación específica que está realizando. “Esto podría llevar a las universidades a tener que replantear el marco de relación con el estudiantado para enriquecer la experiencia universitaria y la conexión del estudiantado con la institución”, sostiene el informe. Y añade: “Deben hacer un mayor esfuerzo en la diferenciación de su oferta educativa y su marca”.

Tanto es así que la elección de las universidades por los estudiantes parece responder más a razones inerciales o a condicionantes externos que a propuestas diferenciadoras de las instituciones de educación superior, explica el texto. Son las universidades privadas las que obtienen una mejor nota en este aspecto, en las que se valora de manera más alta la importancia de la reputación de las universidades, su modelo educativo y la relación con el mundo laboral.

Demandan más 'sensación de comunidad'

La peor valoración en la encuesta se la lleva el bloque de “atención al estudiantado”, con 3,17 sobre 5. Este bloque engloba procesos como los trámites administrativos, las ayudas tanto económicas como de orientación y conciliación profesional o las facilidades para el asocianismo, además de la realización de actividades culturales, atención a la diversidad y apoyo psicoemocional.

Diego, que cursó Filosofía en una universidad pública, le pone cara a este dato. Pese a que recuerda con cariño la que fue su facultad, arrastra la percepción de que la universidad “no cuidaba mucho” a sus estudiantes. “He conocido a mucha gente que se ha sentido muy ninguneada por la universidad”, abunda.

Paula sostiene que le gustaría que en su universidad se centrasen más en crear una 'sensación de comunidad' para con el alumnado y 'no tantos actos académicos para demostrar los altos estándares y el alto nivel de la institución'

A Paula le gustaría que en su universidad se centrasen más en crear una “sensación de comunidad” con el alumnado y “no tantos actos académicos para demostrar los altos estándares y el alto nivel de la institución”.

El segundo bloque peor valorado es el de digitalización (3,32), seguido por la experiencia de aprendizaje (3,33) y las infraestructuras (3,43), el que más nota obtiene. Esto no impide que el mayor déficit que señalan los alumnos es precisamente lo relativo a infraestructuras deportivas, un debe que destaca también Paula.

En el capítulo de cosas a mejorar, los encuestados demandan una mayor incorporación de realidad virtual, simuladores o gamificación en el aprendizaje y juzgan el curriculum académico como rígido y poco actualizado.

Las privadas, a la cabeza

En los 28 indicadores que contiene la encuesta, la satisfacción del estudiantado de las universidades privadas es superior a la que expresa el estudiantado de las públicas, aunque no con unas diferencias sustanciales. 

La puntuación media (siempre sobre 5) de los estudiantes de las universidades públicas a su experiencia universitaria es de 3,21 puntos frente a los 3,77 con que la valoran los estudiantes de las universidades privadas. En estas últimas, el 58,6% dicen ser promotores, el 22,2% son pasivos y el 19,2% son detractores.

La mayor diferencia entre la satisfacción del estudiantado de las universidades públicas y privadas se produce en el ámbito de la digitalización con 0,76 puntos sobre 5 de diferencia en la valoración, seguido del apartado de la calidad educativa, con 0,72 puntos de diferencia.

La plataforma de familias de niños con enfermedades mentales, Adolece, ha exigido a la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, formación presencial para los jóvenes hospitalizados, al ser “imprescindible” para que puedan regular sus emociones, “motivarlos, ayudarlos a centrar su atención y que logren adquirir, al menos, los mínimos exigibles para promocionar”.

Todo ello, según recoge Europa Press, a raíz de las últimas declaraciones de Fernández en una entrevista en Radio Voz, donde se habría referido a que los niños podrían recibir clases virtuales mientras estén ingresados en la Unidad de Salud Mental del Álvaro Cunqueiro.

“Es totalmente imposible porque no pueden, por su enfermedad, y por normas internas de la propia unidad, hacer uso de esos medios”, han recordado las familias en un comunicado, explicando que si los pacientes ingresan en otra planta sí pueden acudir al aula hospitalaria, pero “si ingresa en la Unidad de Salud Mental de la segunda planta ya no recibe ninguna formación porque es una unidad cerrada, con lo cual, se le priva de un derecho fundamental como es la educación a niños que en general su estado es muy grave y están en edad obligatoria de escolarización”.

“La Consellería de la que usted es directora xeral no está cumpliendo con la normativa vigente, no solo con la Constitución sino también con los artículos 62.2 y 62.3 de la ORDE do 8 de septiembre de 2021 en los que se regula como debe ser la atención educativa domiciliaria y la hospitalaria respectivamente”, han criticado las familias.

Asimismo, han solicitado atención educativa domiciliaria para los niños que han sido dados de alta pero que todavía no están preparados para volver a las aulas.

PSPV y Compromís han pedido al president de la Generalitat el cese “inmediato” del conseller de Educación, José Antonio Rovira. Tal y como denuncian, la Generalitat está despidiendo “de un día para otro” a profesores sustitutos que están cubriendo bajas de maternidad o paternidad alegando “falta de presupuesto”: “Aseguran que no tienen presupuesto para pagarles las nóminas y dejan a miles de niños y niñas sin docente”, explica el socialista José Luis Lorenz.

“Es indecente y no tiene ningún tipo de justificación”, sostiene el portavoz de educación del PSPV en las Corts Valencianes: “Estamos hablando de profesores que hasta el viernes estaban en su puesto de trabajo y a quienes ese mismo día se les comunica que no vuelvan a trabajar”.

Los parlamentarios de Compromís Joan Baldoví y Gerard Fullana han descrito el mensaje que está recibiendo el profesorado sustituto: “Hemos recibido instrucciones que de momento no se pueden sustituir (por falta presupuestaria) las maternidades/paternidades. Por ese motivo hemos cesado al profesor con fecha 18/10 pues el titular de la plaza ha pasado al estado de maternidad. El docente no debe ir al centro el lunes, gracias”.

Tanto socialistas como valencianistas han tildado de nefasta la gestión de Rovira y del secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy. “Lo que está pasando en la conselleria no ha pasado nunca en la historia y es una muestra más del ataque directo que Mazón está haciendo a la educación pública valenciana”, ha remarcado Lorenz, quien cree “urgente que se tomen medidas y se proteja el sistema educativo”. 

Destinar dinero a otras cuestiones “no tan necesarias”

Baldoví recordaba que “se han dado tres millones de euros para un festival que ha contratado a grupos de música madrileños, mientras a la vez está pasando algo muy grave”, y añadía: “No solo no cumplen la sentencia del TSJCV que les obliga a contratar profesorado, fruto de los acuerdos de plantillas que pretendían fulminar, sino que además están cesando a profesorado porque dicen que no tienen dinero para pagarles. Se gastan el dinero en otras cosas que entendemos que no son tan necesarias como la educación pública”.

“El mismo mes que se ha hecho efectiva la subida del sueldo del conseller de Educación conocemos lo que es, en toda regla, un crack económico de la Consellería. El conseller tiene que dimitir hoy mismo”, ha manifestado Gerard Fullana, quien recuera que este hecho “se suma a la denuncia de los sindicatos porque la Consellería había paralizado centenares de plazas de adjudicación ordinaria por el mismo motivo. Es, además, especialmente grave porque hay que recordar que este curso ya ha empezado con un recorte de 1.900 docentes, después de que el Gobierno de Carlos Mazón decidiera anular el acuerdo de plantillas de forma ilegal, hecho que ha propiciado una sentencia en contra del TSJCV que les obliga a rectificar”, concluía el diputado valencianista.

“Error administrativo”

La Conselleria de Educación ha achacado a un “error administrativo” la comunicación de cese a diversos profesores que cubren bajas de maternidad en Alicante y ha asegurado que, una vez subsanado, los docentes se reincorporarán a los puestos este martes. Se trata, aseguran, de un “error administrativo” en la comunicación de ceses de docentes que cubren bajas de maternidad y paternidad y aseguran que se incorporarán este martes a su puesto de trabajo.

De esta manera, desde el departamento de Campanar sostienen que se trata de un hecho “puntual”, ya que el pasado viernes “se dio la circunstancia de que en la provincia de Alicante había cuatro docentes en situación de incapacidad laboral temporal por embarazo de riesgo que cambiaron su situación a licencia por maternidad”.

“Administrativamente, en estos casos el interino cesa y se le vuelve a dar de alta, cambiando el motivo de la sustitución, pero continúa la misma persona”, han explicado fuentes de la Conselleria.

Sin embargo, han precisado, “al producirse este hecho un viernes y el funcionario encargado no poder contactar por teléfono, se les comunicó a estas personas que no se incorporaran, obviando que sí iban a continuar”. “Se trata de un hecho desafortunado que lamentamos”, han expresado.

Ahora, una vez “solventada administrativamente esta cuestión” desde la Dirección Territorial de Alicante, la Conselleria ha confirmado que estos docentes “se incorporarán mañana a su puesto sin ningún problema”.

El STEPV valora la “rápida intervención” de la conselleria

Por su parte, el Sindicat de Treballadors d'Ensenyament del País Valencià (STEPV) han informado de que la Conselleria se han puesto en contacto con ellos para solucionar la “problemática de los ceses del profesorado interino” que cubrían bajas relacionadas con los permisos de maternidad y paternidad.

La organización sindical ha concretado que se trata de “un error” de la Dirección Territorial de Alicante y que afecta a cuatro personas, a las cuales “ya se han vuelto a reincorporar a sus centros”, asegura STEPV, que valora que su “rápida intervención” ha conseguido que Conselleria “corrija esta situación y se solucione el problema”.

No obstante, ha advertido de que la “otra problemática” respecto a las sustituciones “todavía no se ha resuelto”. “Desde la semana pasada no se están cubriendo todas las sustituciones del profesorado y del personal no docente que está de baja por carencia de presupuesto”, ha denunciado.

Ante esta situación, que ha calificado de “gravísima”, STEPV y STAS han convocado concentraciones en los centros y frente la Conselleria de Hacienda el próximo 29 de octubre.