La familia Akkouh empieza a ver la luz al final de un túnel que comenzó a las 23.10 horas del 17 de junio del 2025 en Torrejón de Ardoz. En ese instante, su tío, hermano e hijo Abderrahim murió asfixiado por el estrangulamiento realizado por un policía municipal de Madrid fuera de servicio ayudado por un compañero jubilado del mismo cuerpo. Tras un proceso que se ha alargado más de un año y que mantiene todavía en vilo a los allegados de Abderrahim, la jueza de Instrucción del Tribunal número 4 de Torrejón ha procesado a ambos agentes, para los que la defensa de la acusación pedirá una pena de asesinato y el ingreso en prisión de los dos policías al menos durante 20 años. Por otro lado, el escrito apunta al Ayuntamiento de la capital como responsable civil subsidiario.

En el auto judicial que firma Marta Gala, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada da por válida la versión ofrecida por los agentes sobre el inicio de los hechos. Ellos defienden que Abderrahim y otra persona les abordaron a la salida de un bar y que robaron el móvil a J. J. T. C., el policía que acabaría matando a Abderrahim unos metros más allá. Le realizó la técnica conocida como mataleón, “colocándole en posición decúbito prono, apoyando su peso, con la zona superior de su cuerpo, sobre la espalda y rodeándole con el brazo del cuello”, recoge el auto.

El escrito también señala que este agente fue “auxiliado” en esa inmovilización por el otro investigado, ahora también procesado, que responde a las siglas de P. A. P. C. y que es un agente de la Policía Municipal de Madrid retirado. Este policía, que pasó de testigo a investigado en la causa el pasado mayo, sujetó a Abderrahim por las piernas y evitó que los testigos presentes pudieran socorrerle.

Las diversas autopsias realizadas al cuerpo de Abderrahim coinciden en señalar que se trató de una “muerte violenta por homicidio”. El informe definitivo explicita que la causa inmediata de la muerte fue la “anoxia”, es decir, la falta de oxígeno en el cuerpo, y menciona una “asfixia mecánica” como causa fundamental que la produjo. Por ello, la jueza ha dispuesto el procesamiento para J. J. T. C. y P. A. P. C. al estimarse suficientemente fundada la imputación formulada por el Ministerio Fiscal y la acusación particular.

Contra el criterio fiscal

Rubén Vaquero, abogado de la familia Akkouh, tilda de “importante” este auto de procesamiento que entra en contradicción con lo que la Fiscalía pidió en la vistilla celebrada el pasado 21 de septiembre. En aquel momento, el Ministerio Público solo dirigió la imputación contra J. J. T. C. Según relataron a la magistrada, a su entender “no pudo apercibirse de la presión ejercida” por su compañero, dado que “en todo momento le manifestó que no empleaba mucha fuerza”.

Varios testigos grabaron la intervención de los dos procesados. En esas imágenes, se ve cómo P. A. P. C. interactúa con ellos cuando le interpelan y advierten de que están matando a Abderrahim. “Uno de los testigos le intentó socorrer y lo que se encontró por parte de esta persona es que le pegó un puñetazo en la cara. Luego, este hombre se cayó y se dio con un bolardo, y lo primero que dijo es que una turba furiosa le agredió. Gracias a la valentía de los vecinos sabemos que mintió”, se explaya el defensor de la familia Akkouh. Más tarde, con el cadáver ya inerte al lado, P. A. P. C. gritó “mereces que te mueras ahora mismo, cabrón”, tal y como recoge un vídeo publicado por elDiario.es.

El letrado de los Akkouh enfatiza que el procesamiento de ambos agentes “era algo que iba a caer por su propio peso”, en referencia a los diferentes vídeos de los hechos, el testimonio de los testigos y el resultado de la autopsia. “Nunca entenderemos la postura que defendió la Fiscalía”, reitera el abogado, quien recuerda que P. A. P. C. se acogió a su derecho a no declarar durante la fase de instrucción. “No tiene sentido archivar el procedimiento contra un investigado que no declara, que es lo que quería el Ministerio Público”, se queja el mismo Vaquero.

Por otro lado, en aquella vistilla todas las partes estuvieron de acuerdo en que el Ayuntamiento de Madrid fuera partícipe del proceso judicial como posible responsable civil subsidiario. La magistrada así lo aprueba en este nuevo auto. Según explica Vaquero, esto significa que, “pese a que la instrucción se ha realizado teniendo en cuenta que J. J. T. C. estaba fuera de servicio, hay razones para pensar que se prevaleció de su condición de policía en la intervención”. De esta forma, el Consistorio capitolino podría tener que hacer frente a la indemnización que la familia Akkouh percibiría por la muerte de Abderrahim en caso de condena de uno de sus agentes policiales.

Un juicio más allá de la autopsia

La defensa de ambos policías tiene tres días para recurrir el auto, si así lo deciden. “Nosotros entendemos que lo harán. Después de que sea firme, el siguiente paso será realizar la acusación”, comenta Vaquero. En este sentido, el abogado de la familia Akkouh defenderá el mismo tipo penal que reivindica desde el inicio del proceso: asesinato para ambos procesados, lo que se podría llegar a traducirse en una condena de prisión superior a los 20 años.

Jesús Nieto, abogado de los policías, precisa que el auto de la magistrada no recoge los argumentos por los que procesa a sus defendidos. Sostiene que “el informe forense desmiente la participación de forma expresa de P. A. P. C.” en la muerte de Abderrahim, y recalca que así lo entienden las dos forenses que firman el informe y el fiscal.

Ante dicho extremo, Vaquero ilustra con un ejemplo por qué lo que se valorará en el juicio es la participación delictiva de los sujetos y no únicamente el informe forense de la autopsia. “Si a mí alguien me sujeta por la espalda y me mete cinco puñaladas, el informe dirá que me han matado las puñaladas, pero habrá dos autores de una acción de asesinato con alevosía”, ejemplifica. Por ello, en el futuro juicio oral prevalecerá una perspectiva meramente jurídica, y no solo médica. “No solo existe un autor, hay también condiciones de autores mediales o cooperadores necesarios que se penan exactamente igual que la autoría”, agrega.

Por su parte, los allegados de Abderrahim se han mostrado contentos ante esta noticia tras “la deriva emocional brutal en la que les dejó el informe de la Fiscalía en el que pedían exculpar a uno de los policías”, en palabras de Vaquero. Siguen expectantes del señalamiento del juicio, que se celebrará con un jurado popular. “Quieren y desean que la justicia llegue a tiempo, porque si no, no es justicia”, concluye su abogado.

Imaginen que a su pareja la eligen presidente o presidenta del Gobierno. Es improbable, me dirán, pero hagan el ejercicio. Terminado el cava, empiezan los trastornos: prepare una mudanza a la Moncloa. Si usted da clases en un instituto o es capataz en una fábrica, podrá ahorrarse el abono transporte porque, por motivos de seguridad, irá a trabajar con coche y escolta, que lo acompañará en todo momento; ya no podrá ir a donde quiera. Quizás no lo haya calibrado, pero se verá cargado con obligaciones tan estrafalarias como inevitables, porque el protocolo y la diplomacia se rigen por códigos acartonados que enredan la agenda de los consortes de los gobernantes. Se verá en el compromiso de acompañar a su cónyuge en recepciones y desfiles, de pasear con los mandatarios que vengan a España y viajará al extranjero para confraternizar, en apasionantes programas paralelos, con las parejas de otros dirigentes. En vano reclamará que le enseñen la ley que le obliga a estos menesteres; no existe, es pura costumbre. ¿Y cuánto voy a cobrar por todo esto?, se preguntará. La respuesta es cero euros. Será usted, así, una persona que presta servicios al Estado, para su imagen pública y su proyección internacional, y que lo hace no solo gratis sino también et amore.

Pero imaginemos que usted se empeña en mantener su trabajo: debe asistir a tutorías y claustros, gestionar planes de prevención, preparar cuadrantes de vacaciones, qué sé yo... Decide entonces que algunas reuniones, en días de abrumada agenda, las mantendrá en su casa, y el Estado le pone un asistente para que le ayude en todo lo que usted necesite. Así, mientras esté en Tailandia o asistiendo a recepciones o comidas de boato, su ayudante mandará correos por usted, enviará al instituto las notas de los exámenes, tramitará la documentación que usted haya preparado, gestionará su agenda, tomará nota de las llamadas que reciba... hasta que un juez le diga que usted es un delincuente, porque está usando un empleado público para sus cosas privadas y su casa pública para reuniones particulares. Y tal vez reciba la noticia en Brasil, por decir algo, donde usted se encuentra usando su tiempo privado para una causa pública. Pedirá de nuevo la ley y ahí le llegará otra sorpresa: ninguna norma dice que su ayudante no deba auxiliarle en sus cometidos privados; de hecho, desde que hay memoria los asistentes han servido precisamente para eso. Pero es igual: alguien ha salido de caza y, por no acertar a la pieza mayor, disparan contra usted.

Si me dieran el privilegio de legislar, pondría por ley que un juez a quien, en un solo asunto, la superioridad le revocara más de cinco decisiones, debería ser apartado del caso; si le revocara más de diez, debería ser apartado de la carrera; y si le revocara más de quince, debería ir directamente a prisión. Y lo haría así no por atacar a los jueces, sino por defender la justicia de calidad y rigor que nos merecemos. El juez Peinado ha llevado adelante una instrucción sesgada y ridícula contra Begoña Gómez que, más que retratarle a él, retrata al Poder Judicial que lo ha consentido. Sus excesos han sido gloriosos: comparó al gobierno socialista con el absolutismo de Fernando VII, llenó sus resoluciones de prejuicios de culpabilidad, rechazó pedir la agenda de Begoña porque “previsiblemente ha sido manipulada” (desde ese día debía estar fuera del asunto), insinuó que la policía ayudaría a Begoña a fugarse, imputó sin motivo a Félix Bolaños y a otros muchos, se negó a que el presidente del Gobierno declarara por escrito, tuvo un comportamiento cruel y nulo de pleno derecho con Juan Carlos Barrabés cuando estaba hospitalizado, fue acelerando la tramitación del procedimiento al tiempo que retrasaba los recursos contra decisiones previas, provocando estos síncopes procesales que le llevan a dictar la misma resolución varias veces, tras anularse la anterior... Ahora ha dictado auto de apertura de juicio oral, ¡pero ya lo había dictado en junio! Las sucesivas nulidades le han ido obligando a reformular resoluciones amontonadas sobre lo anulado, con lo que una misma decisión se repite en el tiempo como campanadas nuevas sobre noticias viejas.

Finalmente, habrá juicio. Los hechos que se ventilarán, en realidad, son lo de menos. Empezaron siendo unos y terminaron siendo otros, algo típico de estas causas prospectivas (de ‘cristalización progresiva’ las llaman los modernos). A Begoña la juzgarán por usar a una asesora como ayudante, cosa que parece que es malversación, por pedir dinero para una cátedra extraordinaria en la Complutense por la que recibió cero euros, vinculada a unos másteres que impartía desde 2014, cosa que se tilda de tráfico de influencias, y por el desarrollo de un software gratuito, ofrecido para uso abierto y libre, que se sufragó con aportaciones de empresas y que le reportó a Begoña cero euros, que por alguna razón se considera también malversación. Nada de esto estaba en la denuncia inicial de Manos Limpias, pero con algún botín debía presentarse Peinado a puerto.

El procedimiento ha estado tan cargado de irregularidades que no sorprenderá la última, advertida por la defensa. Y es que la tramitación de un juicio por jurado impone una serie de particularidades técnicas por las que a veces pasamos por alto. Una de ellas especifica que los jurados deben analizar los hechos valorando exclusivamente las pruebas que se practican ante ellos, con total abstracción de lo realizado hasta entonces. Por eso los escritos de acusación y defensa deben limitarse a exponer los hechos sometidos a juicio y nada más; estos escritos, que se leen ante el jurado, no pueden incluir datos de lo que haya pasado fuera de la sala y que puedan influir en el veredicto; no pueden incluir, por ejemplo, lo que hayan declarado los testigos durante la investigación, o lo que haya dicho la UCO ni, mucho menos, lo que hayan decidido los magistrados de la Audiencia Provincial, que los jurados tendrán por sabios. La incorporación de esta información vulnera la ley porque contamina el debate y confunde a los jurados con unos prejuicios que, sin duda, condicionarán su decisión. La queja de la defensa estaba justificada: el escrito de acusación que incluye este contenido está mal hecho y debería ser apartado de la causa; sin embargo, en un procedimiento que se ha instruido con la delicadeza de una patada, parece claro que la queja tenía pocas esperanzas de prosperar.

Y se celebrará el juicio. Tal vez entonces se advierta una peculiaridad en el asunto que quizás explique el empeño de Peinado en llevarlo ante un jurado. En un caso ordinario, al jurado se le pregunta por el hecho, el resultado y la consecuencia, y estas tres cosas suelen estar anudadas indisolublemente: el acusado disparó, en consecuencia mató, en consecuencia asesinó. Pero en el caso de Begoña es tan dudosa y forzada la calificación de los hechos como delictivos, que podría darse la circunstancia de que el jurado declare sustancialmente ciertos los hechos de la acusación y sin embargo absuelva; declare como cierto que Begoña utilizó a su asesora para que le ayudara en sus asuntos privados, pero entienda que eso no es malversación; que pidió dinero a patrocinadores, pero que eso no es el tráfico de influencias por presión moral que se pretende; que participó en el registro de la herramienta informática gratuita, pero que eso no es delito alguno.

Esta singularidad, a la que se ha llegado por la incompetencia de una instrucción retorcida, resulta disfuncional. Habrá quien defienda que al jurado únicamente se someten cuestiones de puro hecho; pero como los hechos no son ilícitos, entonces para absolver el jurado deberá articular una opinión sobre ellos. No le bastará con decir ‘pasó esto o aquello’ sino ‘sé lo que pasó y, a mi juicio, no es delito’. Esto no es sencillo; decidir si un hecho es delictivo o no requiere de unos conocimientos que no pueden exigirse a una persona lega en derecho. Sin embargo, introducir estos elementos valorativos en el veredicto será imprescindible, a mi parecer, porque si al jurado solo se le fuera a preguntar si se utilizó a una asistente para labores privadas (que es probablemente el escenario que imaginó Peinado al dirigirnos a un jurado), entonces Begoña entrará a juicio ya condenada.

En fin, este juicio tan extraño no es más que el resultado de una instrucción atrabiliaria que nadie supo parar, en manos de un instructor que contó siempre con la permisibilidad de sus compañeros, que nunca le pidieron cuenta de sus excesos. La inercia corporativa de este Poder Judicial es tan apabullante que no encontrará motivo para reclamar responsabilidad a un juez cuya ineptitud jurídica es tan flagrante que la superioridad no le ha revocado en este asunto ni cinco ni diez ni quince, sino más de veinte decisiones en dos años. ‘Nada que decir’, habrá dicho el Consejo, ‘es uno de los nuestros’.

El juez Juan Carlos Peinado ha cumplido con los tiempos que se marcó para el final de su carrera profesional. Antes de su jubilación, efectiva desde el próximo 27 de septiembre, ha acordado la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para que sea juzgada por un tribunal del jurado. Le imputa delitos de tráfico de influencias y malversación, y se sentará en el banquillo junto a su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez.

Peinado no ha impuesto medidas cautelares antes del juicio a las dos acusadas si bien establece “la obligación de permanecer en todo momento a disposición” del juzgado y del tribunal que les vaya a corresponder, así como de “comunicar cualquier cambio de domicilio o paradero” y de comparecer si son requeridas.

Además, como preveían fuentes de las defensas, el magistrado ha desestimado la tesis del nuevo abogado de Begoña Gómez que sostuvo en la audiencia preliminar que el escrito de acusación de HazteOir era ineficaz por cuanto recogía en su contenido datos y referencias a informes policiales de los que no debía conocer el jurado popular.

Sobre la alegación de Álvarez de que no había sido citada personalmente para la audiencia preliminar y por tanto se le había provocado indefensión, el juez responde que esa situación “ha sido creada y provocada voluntariamente por la propia acusada” porque eludió la orden de estar en todo momento a disposición del juez. Y añade que su ausencia en la vistilla “no le ha causado menoscabo alguno en su de derecho de defensa, ni perjuicio real y efectivo a sus intereses” porque tuvo representación letrada.

Sí acuerda, en cambio que se averigüe la capacidad económica de la esposa de Sánchez a través del Punto Neutro Judicial y que se libre para ello un oficio a la Agencia Tributaria para que remita las cinco últimas declaraciones de la renta. Esto lo acuerda por petición de HazteOir “a fin de concretar la multa proporcional interesada por el delito de tráfico de influencias”. El juez recuerda además que el gasto directo asumido por la Universidad Complutense de Madrid por el desarrollo del software investigado es de 113.509 euros, cantidad que reclama como actor civil.

La causa abierta por Peinado tras admitir una denuncia del pseudosindicato de funcionarios Manos Limpias ha sido avalada por la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid. Fue en julio cuando cinco magistrados de esa sección respaldaron la investigación llevada a cabo por el juez instructor contra Gómez, al menos en lo que respecta a los delitos de tráfico de influencias y malversación.

Descartaron, sin embargo, seguir el procedimiento contra ella por los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida, y sacaron de este procedimiento al empresario Juan Carlos Barrabés. Contra el empresario, los magistrados acordaron seguir la investigación en procedimiento abreviado para ventilar lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos investigados.

Junto a Begoña Gómez será juzgada su asistente, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, aunque solo en relación con el supuesto desvío del software de la Complutense -Transforma TSC-, por lo que la colaboradora de Gómez no será juzgada por tráfico de influencias.

El tribunal de la Audiencia Provincial sostuvo, por otro lado, que la decisión de Peinado de llevar el procedimiento por el tribunal del jurado “no puede reputarse arbitraria ni contraria a Derecho, en la medida en que identifica los delitos que, de manera indiciaria, pudieran resultar aplicables y justifica la continuación del procedimiento por dicho cauce”.

Y sobre esos indicios, los jueces de la Sección 23 afirmaron para justificar que sea juzgada por el delito de tráfico de influencias: “Parece perfectamente verosímil sostener en el caso que nos ocupa y con el canon de la simple probabilidad ahora exigible, que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno”.

Ahora, la Audiencia Provincial debe asignar a uno de sus jueces como magistrado-presidente. Éste será el responsable de acotar el hecho justiciable, y de dictar la sentencia en la que recogerá el veredicto del jurado popular. También impondrá, en su caso, la pena y medida de seguridad que corresponda. La ley recoge que también resolverá, en su caso, sobre la responsabilidad civil del penado o de terceros respecto de los cuales se hubiera efectuado reclamación.

Peinado regresa a Fernando VII

En el auto que ha trascendido este lunes, Peinado vuelve sobre lo ya escrito en resoluciones anteriores. Así, sostiene que, con la llegada de Sánchez a La Moncloa en 2018, Begoña Gómez vivió “un cambio inmediato y significativo en su trayectoria profesional”. Para el juez, la investigada logró “el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno” para lograr ser la directora de la cátedra extraordinaria que impartió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y para que esto ocurriera “de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto”.

Considera, además, que su posición le facilitó acceder “a interlocuciones institucionalmente excepcionales” y que desde la llegada de su esposo a la Presidencia del Gobierno “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables a la cátedra y al proyecto TSC, que pudo obtenerse mediante un aprovechamiento singular de su posición relacional”.

Para el juez, por mucho que se busque en la jurisprudencia una resolución que analice o interprete el tráfico de influencias, no se puede hallar un supuesto parecido al que ha investigado él. “Las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado”, indica, para volver a hacer alusión por similitud al reinado de Fernando VII.

A Gómez también le imputa el delito de malversación de caudales por el uso que hizo de su asistente “en favor de intereses estrictamente privados o particulares” porque entiende que Álvarez “habría intervenido de manera continuada en actividades ajenas a las funciones propias de su puesto”.

En cuanto a la malversación que se les imputa a ambas, el juez dice en su nuevo auto que de los hechos investigados se desprende que el software o plataforma digital surgido en el entorno de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva “fue concebido, impulsado y desarrollado bajo el paraguas institucional de la UCM con intervención de personal universitario, financiación y colaboración de diversas empresas tecnológicas y participación activa de tanto de Gómez como de Álvarez. Y añade que si bien ”se intentó inicialmente su encauzamiento por la vía institucional“ a través de un departamento de la UCM, dicho procedimiento no llegó a culminarse.

En paralelo, explica que la esposa de Sánchez “fue asegurando el control privado de los elementos identificativos y de explotación del proyecto mediante el registro de marcas vinculadas a TSC y a TransformaTSC, el alta y posterior control del dominio transformatsc.org y la constitución de la sociedad Transforma TSC, S.L.”. Y el juez explica que existe “un cconjuntoindiciario relevante acerca del destino final del software y de su desplazamiento desde el ámbito universitario al ámbito privado”.

El Gobierno: “Es incuestionable la intención política”

El Gobierno ha “condenado” la apertura de juicio oral y la ha calificado de “arbitraria”. “Condenamos la decisión del Juez Peinado de decretar la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez. Denunciamos que se trata de una instrucción arbitraria e injusta que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer del presidente del Gobierno”.

Fuentes de Moncloa aseguran que “es intolerable que, una vez más, se notifique un auto de esta causa coincidiendo con un viaje internacional del presidente del Gobierno. Así como que se haga público antes de ser notificado a las partes. Son incuestionables la intención política, el acoso y la deshumanización que han marcado toda esta instrucción”.

El abogado Jaime Campaner se hará cargo a partir de ahora de la defensa de Begoña Gómez después de que esta y el letrado que la ha defendido hasta ahora, Antonio Camacho, hayan adoptado de común acuerdo la decisión, que ya le han comunicado al juzgado, informan a elDiario.es fuentes del entorno de la investigada.

Las mismas fuentes trasladan la “gratitud” de Gómez con Camacho por “su trabajo realizado durante estos años, su rigor profesional y su entrega en la defensa de sus intereses en un proceso complejo y difícil en el que su buen trabajo ha sido fundamental”.

Antonio Camacho asumió la defensa de Gómez desde el principio de la causa y ha batallado contra la instrucción del juez Peinado hasta conseguir que sea juzgada solo por dos de los cuatro delitos que le atribuía el juez y que ha corregido la Audiencia Provincial. Camacho siempre ha orientado su defensa a que no existe un solo indicio que permita llevar al banquillo a Gómez por uno solo de los delitos de los que se le acusa, malversación y tráfico de influencias.

El nuevo abogado de Begoña Gómez, que deberá defender su inocencia ante un tribunal de nueve ciudadanos, es especialista en Derecho Penal Económico y en Derecho Procesal y cuenta con una dilatada experiencia. Además tiene un amplia trayectoria en juicio con jurado popular y ha formado a abogdos, fiscales y jueces para este tipo de procedimientos.

La plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Getxo (Bizkaia) ha dictado un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral en la Audiencia Provincial de Bizkaia, que contará con un tribunal de Jurado, a cinco personas por el caso de la muerte de un varón cuyo cadáver fue encontrado descuartizado el 19 de agosto de 2023 en el interior de dos maletas quemadas en un antiguo restaurante en el monte Artxanda, en Bilbao.

Según recoge el auto, a principios del mes de agosto de 2023, el fallecido contactó con una de las acusadas, con quien mantenía una relación de amistad después de haber sido pareja, para pedirle un lugar en el que vivir. Así, la víctima llegó a convivir con esta mujer que era su expareja, otra mujer y tres hombres más en un piso en el que pagaba 300 euros por una habitación. En ese piso vivió desde el 2 de agosto y pagaba el alquiler a uno de los inquilinos.

Desde el 2 de agosto hasta el 17 de agosto, la víctima, según los hechos recogidos en el auto, mantuvo “una relación cordial con sus compañeros de piso”. Sin embargo, el 17 de agosto 2023, “a una hora indeterminada, pero, en todo caso, cuando ya había anochecido”, mientras el fallecido se encontraba en su habitación, su expareja, “al igual que lo hiciera en múltiples ocasiones anteriores, procedió a pedirle dinero”, y al negarse, se inició una discusión entre ellos, “de modo que en el transcurso de la discusión y harto ya de las solicitudes económicas, la insultó”. Tal discusión y las expresiones que había proferido la víctima dieron lugar a que los otros dos varones residentes en la vivienda “reaccionaran con gran agresividad, propinando una fuerte paliza” al fallecido, “en el seno de la cual ambos le dieron múltiples puñetazos en el lateral y zona frontal de la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico que le llevaría posteriormente a la muerte”, recoge el auto.

Tras la agresión y habiendo apaleado a la víctima, ambos varones “abandonaron la vivienda”, dejando al fallecido “malherido en el interior de su habitación, quedando sin posibilidad alguna de supervivencia, salvo asistencia y/o ayuda sanitaria inmediata y urgente, que no llegó, al no ser requerida por ninguno de los presentes”. La expareja y otro de los inquilinos, también acusados, “que habían presenciado la agresión, ni mediaron, ni impidieron la misma, ni solicitaron posterior asistencia sanitaria urgente una vez que había cesado la agresión” y los presuntos autores se habían ido, “y ello a pesar de que escuchaban a la víctima respirar con dificultad, por lo que eran conscientes y podían hacerse una idea cabal de la grave situación en la que se encontraba”.

Según los hechos recogidos en el auto, “lejos de pedir ayuda a terceras personas”, la expareja solicitó a los presuntos agresores que “regresaran a la casa y se hicieran cargo” del fallecido. En ese momento, tanto la expareja como otro de los acusados decidieron abandonar la vivienda “en plena noche, regresando a la misma una vez que el cuerpo sin vida había sido ya evacuado del lugar de los hechos”. La mujer que mantuvo una relación afectiva con la víctima “procedió a limpiar a conciencia la casa para eliminar cualquier rastro de pelea y de vestigios biológicos que permitieran incriminar” a los presuntos agresores, mientras que la otra mujer acusada, según el relato de los hechos, “tuvo conocimiento suficiente de lo ocurrido, sin que, tampoco auxiliara ni directa, ni indirectamente” a la víctima.

Sobre las 1.00 horas de la madrugada del 19 agosto 2023, los presuntos agresores accedieron al interior del vehículo de uno de ellos, “tras haber introducido en el maletero de dicho vehículo el cadáver” del fallecido, a quien previamente “habían descuartizado en un lugar no concretado”. Según los hechos que recoge el auto, las partes del cuerpo cuarteado del fallecido “habían sido encajadas en dos maletas propiedad de la propia víctima junto con enseres personales del mismo”. Tras comprar en una gasolinera gasolina de 95 octanos, se dirigieron al Restaurante Miramar, en Artxanda, “entre ambos descendieron las maletas en las que se encontraba el cuerpo sin vida y depositándolas en la planta baja del restaurante, les prendieron fuego con la intención de imposibilitar la identificación de la víctima”. A las 5.10 horas del día 19 de agosto de 2023, una persona descubrió el cuerpo de la víctima en el interior del Restaurante Miramar, y llamó a emergencias.

El magistrado considera que de las actuaciones practicadas en fase de instrucción se desprende la existencia de indicios razonables de delito frente a los cinco acusados. En concreto, entiende que los hechos investigados son constitutivos, sin perjuicio de la valoración que corresponda realizar en el acto del juicio, de un delito de homicidio atribuible a dos de los varones acusados y un delito de omisión del deber de socorro y encubrimiento en el caso de los otros tres acusados, dos mujeres y un hombre.

En el auto, el magistrado rechaza las peticiones de sobreseimiento formuladas por la defensa de estos tres últimos acusados y considera que existen elementos indiciarios que apuntan a que no socorrieron a la víctima y que trataron de ocultar lo sucedido. Además, fija que los hechos sean enjuiciados por un Tribunal del Jurado en la Audiencia Provincial de Bizkaia. El auto, fechado este 13 de julio, no es recurrible.

La Justicia ha condenado a veinte y más de nueve años de prisión a dos hombres por el asesinato del joven Lukas Agirre, de 24 años, en la madrugada del día de Navidad del año 2022. El crimen se produjo en los aledaños de una discoteca de Donostia, donde el joven había estado de celebración con sus amigos por la Nochebuena. La Justicia condena a uno de los hombres por un delito de asesinato con alevosía y le impone, además de los años de prisión, una libertad vigilada durante diez años adicionales. En el caso del segundo hombre, al concurrir una eximente de drogadicción y alteración psíquica, la pena, por asesinato con alevosía como cooperador necesario, es de nueve años y seis meses, con reducción de un grado. Se añaden también diez años de libertad vigilada.

Los dos condenados deberán también indemnizar a los padres del fallecido con 200.000 euros a cada uno y a los dos hermanos con 40.000 euros a cada uno, sumando un total de 480.000 euros. Un jurado popular ya declaró a los dos hombres culpables del asesinato, así como de encubrir los hechos a una tercera acusada. El fallo la condena a catorce meses de prisión, pues concurre una atenuante de toxicomanía. Al ser una pena inferior a dos años, podrá evitar la entrada efectiva en prisión. La Fiscalía solicitaba 22 años de cárcel para cada uno de los dos acusados de asesinato. Las acusaciones particulares, por su parte, elevaban la solicitud hasta los 25 años. Las defensas de los acusados, por su parte, pedían la absolución de todos ellos. Alegaban que existe un “grandísimo déficit probatorio” en torno al caso. Cabe contra la sentencia la interposición de un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Según el escrito confeccionado por el fiscal Julián Blanco, los hechos sucedieron cuando la discoteca en la que se encontraban los involucrados ya había cerrado sus puertas. La víctima estaba “disfrutando en compañía de sus amigos de la festividad navideña”, indicaba ese texto. Relataba luego que la tensión surgió a raíz de un “encontronazo” y que uno de los acusados, “guiado por la finalidad de amedrentar a los presentes”, se dirigió al grupo con amenazas como e intentó propinar varios puñetazos a uno de los jóvenes.

Según este mismo escrito, uno de los acusados entregó al otro una navaja tipo mariposa que portaba. Aseveraba que quien cedió el arma actuaba “con pleno conocimiento” de que sería utilizada y “asumiendo el riesgo que ello implicaba para la vida y la integridad de los presentes”. Los grupos se separaron pero poco después estalló una nueva pelea. Fue entonces cuando, según la acusación pública, uno de los procesados aprovechó el tumulto para atacar a la víctima “guiado por el ánimo de acabar con [su] vida”. Describía la Fiscalía que le asestó dos navajazos. Tras el apuñalamiento, la Fiscalía sostenía que los dos acusados huyeron juntos del lugar y que la tercera acusada colaboró posteriormente para “frustrar la investigación”. En concreto, el ministerio público le atribuía haber encubierto que los dos principales acusados “habrían intercambiado sus zapatillas” y que también “se habrían deshecho de la navaja ocultándola en un contenedor”.

El jurado popular considera culpable de asesinato a J.J.S.A., el hombre que mató a puñaladas en la localidad toledana de Escalona a su expareja, que se encontraba embarazada, en diciembre de 2022.

Ha sido un veredicto unánime al considerar sus culpabilidad por parte de un jurado popular, formado por nueve miembros --dos hombres y siete mujeres-- y que se ha conocido tras el segundo día de juicio. Ayer durante la primera jornada el acusado reconoció los hechos y que le había invadido “la ira”.

También por unanimidad, el jurado ha declinado que se aplique el beneficio de la suspensión de la pena y el indulto, pero ha aceptado que se le apliquen dos atenuantes, una de ellos el de confesión, y dos agravantes, las de parentesco y de género.

Tras el fallo del jurado, el Ministerio Fiscal, tras modificar su escrito de conclusiones, ha reclamado 22 años por el delito de asesinato y seis por el de aborto, teniendo en cuenta la gravedad y la entidad de los hechos.

De igual modo, ha reclamado libertad vigilada, que se determinará una vez haya cumplido la pena de prisión, la prohibición de aproximarse a sus dos hijos y la privación de la patria potestad sobre ellos.

También ha mantenido, en cuanto a la responsabilidad civil, que el acusado indemnice a cada uno de sus dos hijos menores en la cantidad de 120.000 euros, y en la cantidad de 40.000 euros para cada uno de los hermanos y padres de la víctima.

La representante de la Fiscalía se ha opuesto a la suspensión de la pena, considerando que, ante estos delitos, no está prevista. Mientras, la defensa del acusado ha pedido al juez que aplique el “menor porcentaje de pena posible” en la horquilla de entre 15 y 25 años que recoge el Código Penal, y ha admitido que no procede pedir remisión de condena.

El segundo día dedicado a las pruebas testificales

En el segundo día de este juicio han pasado por la sala varios testigos de lo ocurrido. Los dos médicos forenses que acudieron al lugar de los hechos han declarado que las heridas les dejaron “impresionados” y que su conclusión fue que el agresor atacó a la víctima “por la espalda”. Además, durante su comparecencia en la vista, en calidad de testigos, han confirmado que la causa del fallecimiento de la mujer se produjo fruto de las hemorragias que causaron un “fallo multiorgánico” y finalmente su muerte.

Sobre la muerte del bebé no nato, los médicos han explicado que se produjo debido al deceso de la madre y por la falta de oxígeno. Apuntan también que se trató reanimar al bebé durante casi una hora, tras realizar una cesárea de emergencia, aunque no fue posible salvarle la vida.

Después, y respondiendo a preguntas de la Fiscalía, los forenses han señalado que la víctima “no tuvo oportunidad de defenderse”.

El relato de P.C.C, vecino que auxilió a María Elena tras la agresión, ha comenzado sereno y ha permanecido así en todo momento. Este vecino ha explicado que en el momento de los hechos se encontraba en el porche de su vivienda viendo la televisión, cuando escuchó voces en la calle. “Vi a los hijos que estaban chillando por teléfono, decían no sé qué de mi madre, y me acerqué”, ha puntualizado. P.C.C. llegó hasta la vivienda y se encontró a la mujer tumbada en el suelo del patio: “Estaba viva cuando llegué y pedí un trapo para taponarle la herida [mientras] su hijo estaba llamando al 112”.

El testigo asegura que el acusado se encontraba en ese momento dentro de la vivienda y que luego salió. “Le dije Juan, ¿qué has hecho?, métete para dentro, y volvió a salir y dijo ”la puta esta que va a tener un hijo con otro. También ha declarado que el acusado se dirigió a la víctima a la que espetó: “Te lo tenías merecido”. Este vecino ha comentado que se avisó a la Guardia Civil y que él era consciente de lo ocurrido. “Les estoy esperando, sé muy bien lo que he hecho”.

“No le noté nada ebrio”, ha comentado, sobre si el hombre estaba o no bajo los efectos de alcohol. También ha destacado que en los aproximadamente tres años que el matrimonio vivió en esa urbanización “no se veían discusiones”, pero que “de vez en cuando se les escuchaba gritar”.

Colocó un GPS en el coche de la víctima

En el turno de la Guardia Civil, ha declarado también el jefe de la unidad que acudió al lugar de los hechos, explicando que “el acusado no se encontraba allí, ni tampoco los hijos menores”. Ha comentado que observaron que en la parte exterior del patio había un carrito de bebé con bolsas y prendas de ropa, así como maletas, al igual que en el interior “lo que nos indicaba que la mujer se iba a ir del domicilio antes del suceso”.

Durante la intervención de la Guardia Civil, añadía el testimonio, el acusado “no opuso resistencia” y en varias ocasiones dijo que “ya había conseguido lo que quería”. Lo dijo, según el testigo del instituto armado, “mientras la víctima agonizaba”.

También ha explicado que el acusado “ejercía actos de control sobre la víctima, colocando un sistema de localización GPS en el vehículo que usaba ella. Al día siguiente encontramos ese dispositivo”. Ha relatado además cómo durante las entrevistas que llevaron a cabo, el entorno de la víctima señalaba que había “fuertes discusiones y que él aceptaba la relación extramatrimonial, siempre que ella ni los hijos abandonasen el domicilio”.

El arma homicida, un cuchillo fue encontrado entre los matorrales de una vivienda abandona que era contigua a la casa en la que sucedieron los hechos.

El acusado “sabía lo que hacía”

Otro de los agentes de la Guardia Civil, que ha declarado por vía telemática, ha explicado que a su llegada encontraron al acusado con “una actitud muy pasiva, estaba como esperándonos y no opuso resistencia”. Ha corroborado los otros testimonios al contar cómo el hombre dijo “en varias ocasiones que había cumplido su objetivo y que le daban igual las consecuencias de sus actos”.

Por vía telemática, han declarado también E.G. e I.M., médicos forenses que elaboraron el informe para considerar que acusado obró “sin patología mental ni enfermedad” y que “sus capacidades estaban íntegras, sabía lo que hacía y actuaba en consecuencia”.

Explican que el día de los hechos el acusado fue “explorado y reconocido” y que en el informe lo único que pone es una cefalea y una ansiedad que entendemos como proceso normal por lo ocurrido“. También han asegurado que ”la ingesta de alcohol en ningún caso pudo nublar su juicio“.

Hemos comentado mucho el esperpento en la redacción del juez Peinado, ríos de tinta han corrido a propósito de su ofensa hasta a la policía, así reconocida por sindicatos poco sospechosos de sanchismo o afinidades ni siquiera socialdemócratas, como Jupol. Menos se ha hablado sobre otro aspecto igual de reseñable, en el que no dejo de pensar desde que así lo valorara ese mismo juez Peinado: el juicio ante jurado popular. Para un veredicto de culpabilidad, son necesarios siete votos de nueve; para la inculpabilidad, cinco. Ya son menos que en 12 hombres sin piedad, donde se necesitaba el consenso unánime; perspectiva poco halagüeña, en todo caso, porque en España el 90% de los juicios con jurado popular acaban en una condena al acusado.

12 hombres sin piedad, celebérrima película de 1957, no es sólo una película sobre el funcionamiento de los jurados populares o los procesos de deliberación. Casi todos los hombres que se encierran dentro de una sala hasta lograr una conclusión compartida se lanzan con presteza a condenar al acusado de ese caso, pese a que saben perfectamente que, si lo condenan —por homicidio—, su destino será la silla eléctrica y la muerte. Al principio lo hacen, de todos modos, casi para sacarse de encima el trámite y volver pronto a sus casas: afortunadamente se mueven las piezas, identificaciones y prejuicios de cada uno de ellos. La escena más emblemática de la película emerge cuando uno de los integrantes del jurado se queda solo mientras el resto le dan la espalda: no contempla una sentencia que no sea la condena, pues la gente de esa calaña sería naturalmente violenta y mentirosa; o sea, era un puertorriqueño matando a un blanco, y por su propia condición de puertorriqueño, a ojos de ese miembro del jurado, ya debería ser expulsado de la sociedad. Hasta él recapacita al final de esa película sobradamente humanista, pero recapacita después de haberlo condenado en un principio, esa vez y tantas otras.

La última película de Clint Eastwood, Jurado n.º 2, retoma el formato de la deliberación de un jurado popular con otro objetivo y otro dilema moral. Es una película estupenda porque los problemas que plantea no son nada fáciles, no tienen respuestas unívocas, en todos los lados se pierde y se gana, o se gana perdiendo. Sus personajes están compuestos, en el fondo, de lo mismo que los de 12 hombres sin piedad: seres humanos de carne y hueso con vidas, con personas a las que quieren, con trabajos que detestan, con días que les cansan más o menos, con ganas de volver a casa en vez de permanecer deliberando, que pueden por amor a alguien cometer una injusticia horrible ante otro, que llegan a ser crueles aspirando a la bondad. Por no destripar esa, porque es más reciente y no de 1957: lo más conveniente para su protagonista habría sido condenar al acusado, como deseaban otros miembros del jurado, pero él sabe que el acusado es inocente, y no puede desvelar que lo sabe. A alguien le puede sonar esa historia a la del fiscal general del Estado; demasiado preocupante resultaría si contuvieran las mismas moralejas.

Ambas películas apuntan y enseñan hacia lo mismo, lo mismo a lo que también apuntaba otra película de juicios de la que disfruté mucho, en esta ocasión premiada en Cannes hace unos años, Anatomía de una caída. Los veredictos los hacen personas que sangran y lloran y ríen, movidas por afectos e irracionalidades. En el temperamento y humor de alguien, al opinar sobre una vida ajena, sobre su inocencia o culpabilidad, pesa el atasco que sufrió esa mañana, como pesa en el temperamento del funcionario que estampa un documento, aunque no lo queramos en el trato que damos a cualquier persona que vemos. ¿Por qué esto es tan fácil de asumir en abstracto y tan aparentemente tabú en el caso de los jueces?

¿Quién es la justicia? La justicia del juez Peinado está hecha del mismo material que el jurado popular que él mismo ha ordenado: es decir, de esa irracionalidad, vísceras, impulsos, cosmovisión que ha construido cómo habita cada uno en el mundo. La justicia es ese hombre que se queda solo vociferando una retórica racista cuyo origen, en realidad, está en su relación tormentosa y desbrozada con su propio hijo. Que la justicia es ciega es un modelo, una aspiración, velo de ignorancia al cual aspirar. Afirmar que todos los que la aplican lo hacen con la ceguera necesaria, la que la justicia misma exige, sería cometer una ceguera aún mayor: ceguera de no querer ver los actos reales que otros obran. Mientras asisto a sus autos y actos, no dejo de preguntarme qué pensará el juez Peinado del género cinematográfico de las películas de juicios.

Un jurado popular ha declarado a dos hombres culpables de haber asesinado al joven Lukas Agirre, de 24 años, en la madrugada del día de Navidad del año 2022. En el caso principal, ha sido por unanimidad, mientras que el otro ha sido declarado colaborador necesario por un resultado de siete votos a dos. Asimismo, el jurado ha declarado culpable también a una tercera acusada, en este caso por ayudar a encubrir los hechos. El crimen se produjo en los aledaños de una discoteca de Donostia, donde el joven había estado celebrando la Nochebuena con sus amigos.

Tras el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa durante las dos últimas semanas y media, el jurado, que ha estado deliberando desde la tarde del lunes, ha emitido este miércoles, pasadas las 16:45 horas, los veredictos de culpabilidad y ahora será el magistrado el que dicte la sentencia. El jurado estaba conformado por cinco hombres y cuatro mujeres.

22 años solicitaba la Fiscalía y 25 las acusaciones particulares

La Fiscalía solicitaba 22 años de cárcel para cada uno de los dos acusados de asesinato. Las acusaciones particulares, por su parte, elevaban la solicitud hasta los 25 años. El ministerio público sostenía que uno de los procesados asestó dos puñaladas mortales a la víctima, mientras que el otro le facilitó el arma y colaboró en los hechos. Para la tercera acusada, solicitaba tres años de prisión, en este caso por encubrimiento. La Fiscalía pedía, además, diez años de libertad vigilada para los dos acusados de asesinato e indemnizaciones por valor de más de 280.000 euros para la familia del joven fallecido.

Según el escrito confeccionado por el fiscal Julián Blanco, los hechos sucedieron cuando la discoteca en la que se encontraban los involucrados ya había cerrado sus puertas. La víctima estaba “disfrutando en compañía de sus amigos de la festividad navideña”, indica ese texto. Relata luego que la tensión surgió a raíz de un “encontronazo” y que uno de los acusados, “guiado por la finalidad de amedrentar a los presentes”, se dirigió al grupo con amenazas como e intentó propinar varios puñetazos a uno de los jóvenes.

Según este mismo escrito, uno de los acusados entregó al otro una navaja tipo mariposa que portaba. Asevera que quien cedió el arma actuaba “con pleno conocimiento” de que sería utilizada y “asumiendo el riesgo que ello implicaba para la vida y la integridad de los presentes”. Los grupos se separaron pero poco después estalló una nueva pelea. Fue entonces cuando, según la acusación pública, uno de los procesados aprovechó el tumulto para atacar a la víctima “guiado por el ánimo de acabar con [su] vida”. Describe la Fiscalía que le asestó dos navajazos. Tras el apuñalamiento, la Fiscalía sostiene que los dos acusados huyeron juntos del lugar y que la tercera acusada colaboró posteriormente para “frustrar la investigación”. En concreto, el ministerio público le atribuye haber encubierto que los dos principales acusados “habrían intercambiado sus zapatillas” y que también “se habrían deshecho de la navaja ocultándola en un contenedor”.

Las defensas de los acusados, por su parte, pedían la absolución de todos ellos. Alegaban que existe un “grandísimo déficit probatorio” en torno al caso. “Naide quería que pasar lo que paseó esa noche y lo siento de corazón de verdad”, ha afirmado durante el juicio uno de los acusados, según recoge Europa Press. La acusada de colaborar en el encubrimiento, por su parte, alegó que “no tenía conciencia de qué había pasado”.

Se da la circunstancia de que es el tercer juicio con jurado popular que se celebra en Euskadi en menos de un mes, uno en cada provincia. El 14 de mayo, un jurado popular declaró a un hombre culpable de haber asesinado en Vitoria en 2023 a la que era su pareja, por entonces embarazada de mellizos. El día 22, otro jurado popular, esta vez en Bilbao, declaró culpable de asesinato —en este caso por unanimidad— a un hombre al que se acusaba de matar a otro hombre con el que había trabado contacto a través de una aplicación de citas.

La Fiscalía reclama el archivo definitivo de la causa contra Begoña Gómez tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de proponer que vaya a juicio por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En su escrito de calificación, el fiscal José Manuel San Baldomero expone las razones por la que considera que la mujer del presidente del Gobierno y los otros dos investigados deben ser absueltos. 

“Elementos corroboradores después de dos años e innumerables diligencias, ninguno”, defiende el representante del Ministerio Público en un escrito en el que recupera los mismos argumentos que ya expuso hace unos días en el recurso contra la decisión del magistrado de sentar a Begoña Gómez ante un tribunal formado por ciudadanos. El fiscal acusa al magistrado de basarse en “hipótesis meras o alambicadas teorías sobre tramas de corrupción” para proponer sentar en el banquillo a Begoña Gómez. También considera que mezcla delitos para intentar sostener la acusación, lo que a su juicio “contribuye a la irracionalidad” del auto con el que puso fin a dos años de investigación. 

Respecto al delito de tráfico de influencias, recuerda que para que exista este delito debe haber una “presión moral” eficiente sobre un funcionario y un beneficio económico que no se da en este caso, dado que la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense y que centra la imputación por este delito no era remunerada. Además, descarta que la reunión en la Moncloa con el rector Joaquín Goyache fuera un acto intimidatorio. Sobre las cartas de recomendación al empresario Juan Carlos Barrabés, argumenta que carecen de relevancia penal porque fueron meras “cartas de interés” idénticas a las que firmaron otras 35 entidades, entre las que se encontraban empresas como Microsoft o IBM, y administraciones como el Ayuntamiento de Madrid. 

En relación con el delito de corrupción en los negocios, el recurso rebate la tesis del juez de que el dinero captado para la cátedra fuera una “fachada” para que las empresas financiadoras obtuvieran ventajas en adjudicaciones públicas. Afirma que se trata de “una mera conjetura, una hipótesis carente de base, surgida de la nada (...) para tratar de justificar algo que no se sostiene racionalmente, y tratar de buscar de alguna forma un nexo con el sector privado de los negocios”. Y que el fiscal considera jurídicamente insostenible aplicar este delito a la financiación de una cátedra en una universidad pública, ya que este artículo del Código Penal está diseñado para proteger la competencia en el sector privado. 

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, el representante del Ministerio Público sí apunta un argumento novedoso al hacer alusión a la llamada ‘doctrina Botín’. Advierte que, dado que la propia Complutense que es la presunta perjudicada no está ejerciendo la acción penal y la Fiscalía pide el archivo, las acusaciones populares no tienen legitimidad jurídica para sentar a alguien en el banquillo por este delito. 

La 'doctrina Botín' tiene su origen en una sentencia del Tribunal Supremo en 2007, cuando el expresidente del Banco Santander, Emilio Botín, y tres directivos más de la entidad fueron acusados de perpetrar cesiones de crédito supuestamente irregulares. Los jueces archivaron el caso explicando que estos banqueros no podían ser juzgados sólo a petición de la acusación popular, que ejercía la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC), mientras que la Fiscalía pedía el archivo sin existir una acusación particular. Un año después el mismo Supremo suavizó su doctrina con la condena por desobediencia al político Juan María Atutxa y estableció que la fuerza de la acusación popular en solitario podía provocar la apertura de un juicio oral si el delito investigado afecta a intereses colectivos.

El juez también dedicaba parte del auto a tratar de evidenciar cómo la asesora Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. A este respecto, el fiscal argumenta que la acusación popular tiene una “intensidad desorbitada” al poner en entredicho todo el sueldo de la asesora. Y reitera que “no consta cuál es el perjuicio para el erario público por las actividades desempeñadas al margen y por exceso de las suyas propias. Aunque el propio hecho de acompañamiento a la esposa del presidente del gobierno en su día a día hace que resulte más difícil deslindar cuáles son esos excesos o actividad adicional, y cuáles son inherentes o paralelos a los propios de su función”. 

El caso se remonta a 2023, cuando la víctima murió tras una parada cardiorrespiratoria en una finca de la localidad pacense de Bienvenida, Badajoz. La Fiscalía sostenía que ambos habían mantenido una discusión previa y que, tras el colapso, el acusado no prestó ayuda ni avisó a los servicios de emergencia, por lo que solicitaba para él tres años de prisión por un delito de omisión del deber de socorro.

Sin embargo, durante la vista oral, la defensa mantuvo que no existían evidencias que acreditaran que el procesado estuviera presente en el momento en que se produjo el infarto ni que tuviera posibilidad real de auxiliar a la víctima. Según su versión, ambos se separaron previamente y el acusado no volvió a encontrarse con su compañero.

El magistrado ha acabado dando la razón a este planteamiento al considerar que no ha quedado demostrado que el acusado presenciara la situación de riesgo ni que pudiera intervenir para evitar el desenlace. Ante esta falta de base probatoria, optó por retirar la causa del jurado popular y dictar directamente una sentencia absolutoria, una decisión poco habitual pero prevista en la ley cuando no se sostiene la acusación.

Además, los informes forenses apuntaron a que la causa de la muerte fue un infarto de origen natural, lo que también introdujo dudas sobre la relación directa entre los hechos investigados y el fallecimiento.

La resolución pone fin al proceso judicial sin condena al entender que prevalece el principio de presunción de inocencia, al no haberse podido acreditar que el acusado incurriera en un delito de omisión del deber de socorro.

El abogado Antonio Camacho, defensor de Begoña Gómez, ha endurecido este miércoles su exposición ante el juez Juan Carlos Peinado, durante la comparecencia sobre la transformación de la causa a través de la Ley del Jurado. En un punto de su intervención, Camacho ha expuesto la ausencia de un solo indicio para la acusación por uno de los delitos, el de intrusismo, y ha expuesto los “olvidos” de Peinado en su último auto, tales como las declaraciones y documentos que exculpan a su cliente.

“Este letrado a veces piensa que está en presencia de una pesadilla, porque esto es radicalmente claro y nos encontramos con una acusación que sigue manteniendo que se ha cometido el delito de intrusismo. ¿Dónde están las garantías? ¿Qué es en lo que se pretende avanzar? ¿En la justicia? No. Esto lo tenemos absolutamente claro. Aquí se está haciendo y permitiendo hacer otra cosa”, ha dicho Camacho, según fuentes presentes en la declaración, respecto a la actuación de las acusaciones populares y del juez Peinado.

La Fiscalía y las defensas de Begoña Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés han solicitado este miércoles al juez que archive la investigación abierta hace casi dos años tras una querella presentada por Manos Limpias y que ha ido ampliando apoyándose en las acusaciones populares, algunas vinculadas a la extrema derecha. Así se han pronunciado durante la comparecencia ante el magistrado sobre la transformación a través de la Ley del Tribunal del Jurado del procedimiento por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación. 

Es la tercera vez que el juez les cita para comunicarles que si finalmente se sientan en el banquillo será un tribunal formado por ciudadanos quien determine si son o no culpables tras las correctivas de la Audiencia Provincial. La instancia superior le obligó primero a acumular la causa en un único procedimiento y, después, a motivar su resolución y relatar los indicios que atribuye a los tres investigados. Peinado lo hizo a través de un auto del pasado 20 de marzo, en el que acusaba a Begoña Gómez de aprovecharse de su “posición institucional” como mujer del presidente para beneficiarse de un cambio “radical” en su trayectoria profesional. Y de apoyarse, para ello, en los otros dos investigados. “Esta defensa tiene la sensación de estar viviendo un 'deja vu'”, ha dicho Camacho este miércoles.

El magistrado ha citado este miércoles a las defensas de la esposa del presidente del Gobierno, de su asistente y de Barrabés para comunicarles que si finalmente se sientan en el banquillo por los delitos que les atribuye será un tribunal formado por ciudadanos quien determine si son o no culpables. Es una citación en la que los investigados pueden estar representados por sus defensas, por lo que no han acudido personalmente al juzgado.

Un software, herramienta informática vinculada a la cátedra, motiva las acusaciones por delitos de intrusismo profesional y apropiación indebida. El juez investiga si la esposa de Sánchez incurrió en el primero de esos delitos por firmar un pliego en una licitación de la Complutense; y si cometió apropiación indebida por registrar el logo de la página web de los dos másteres que impartía en esa universidad y por los que cobraba 15.000 euros anuales.

Respecto al delito de intrusismo, Camacho ha reiterado cómo la instrucción ha demostrado que Gómez firmó unos pliegos para los que estaba capacitada y que lo hizo a instancias de la propia Universidad Complutense. “Tras dos años de investigación no ha aparecido ni un solo elemento que sustente la comisión de ese delito. Y sorprendentemente, hay muchos elementos, no indicios, que acreditan que el mismo no fue cometido”. “Lo que más sorprende del auto no es lo que recoge, sino aquello de lo que se olvida. Creemos que con esto se está produciendo una grave, gravísima infracción de la imparcialidad judicial”, ha apostillado Camacho.

En relación con los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, las acusaciones sostienen que Begoña Gómez logró un trato de favor de la Administración para Barrabés, quien daba tres clases en el máster que ella codirigía en la Universidad Complutense y por las que cobraba 150 euros brutos cada una. La tesis del magistrado es que el empresario fue el encargado de diseñar y elaborar los contenidos académicos de una parte de uno de los másteres vinculados a la cátedra. Y que, en el mismo “marco temporal”, Begoña Gómez actuó “en favor” de sus “intereses empresariales”.

El abogado de Gómez ha dicho: “Estamos asistiendo a la primera vez que se pretende que un jurado juzgue dos delitos que sí están dentro del ámbito objetivo de la ley del jurado y otros tres que no lo están”. “No solo es necesario que consten los indicios, sino que estos sean verosímiles y finalmente es necesario que exista persona o personas que puedan ser presuntos autores de los delitos que recoge el procedimiento del jurado”, ha añadido.

Respecto a la asesora, el juez cree que Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. Como indicios, el juez apunta los correos que la asesora envió desde su cuenta oficial de la Presidencia del Gobierno actuando expresamente “en nombre de Begoña” para buscar financiación y gestionar convenios con empresas. Y también a las declaraciones de testigos que “refuerzan la conclusión” de que Cristina Álvarez “era percibida por terceros no como mera asistente protocolaria (...), sino como persona integrada en el equipo de trabajo de la cátedra y del proyecto tecnológico vinculado al software”.

El abogado Camacho se ha preguntado qué ha cambiado desde que el juez dijera en mayo de 2025 que no había delito de malversación y ahora avance hacia un juicio con tribunal del jurado también por este delito. “Estamos expectantes para entender la explicación del magistrado instructor de por qué razón en el mes de mayo del año pasado era imposible que mi representada pudiera cometer el delito de malversación de caudales públicos y unos meses después es perfectamente posible que pueda cometerlo”, ha expuesto Camacho, quien ha añadido que el mismo cambio de postura afecta a la asistente, Cristina Álvarez.

Vox: “las defensas nos lanzan ataques furibundos”

Por su parte, las acusaciones han solicitado que se practiquen nuevas diligencias con el fin de ahondar en la investigación, tales como el salario de Álvarez y la vida laboral de la esposa del presidente. A las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, el abogado que representa a Hazte Oír --que también ejerce la acusación popular--, Javier Pérez Roldán, ha declarado que Gómez “está pasando de la justicia, pero la justicia no pasará de ella”, y ha señalado que desde la asociación vienen “con los deberes hechos, con todo bien atado”, informa Europa Press.

Por su parte, Vox ha denunciado “los ataques furibundos de la defensa a las acusaciones populares, al juez e incluso a los medios de comunicación”, después de la sesión, que ha durado casi tres horas.

El Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de les Balears ha declarat culpables els dos acusats de la mort de la nadó que, el novembre de 2023, va ser llançada a un contenidor de Porto Cristo (Mallorca): la mare i el tiet de la criatura.

Els nou membres del jurat, després d'un temps de deliberació, han determinat per unanimitat que tots dos són penalment responsables del llançament de la nadó i, per tant, que han de ser condemnats per aquests fets.

Tots dos s'enfronten a penes de presó permanent revisable per un delicte d'assassinat, atès que la Fiscalia sosté que, quan van llançar la nounada al contenidor, tenien “intenció de treure-se-la de sobre” i “sabien que si la deixaven allà moriria”.

La tieta de la nadó, que també s'ha assegut al banc dels acusats, ha estat declarada culpable, també per unanimitat, del delicte d'omissió del deure de socors que se li imputa.

Segons el veredicte, la principal acusada es va posar de part en un cotxe i, després de donar a llum el nounat viu, va acordar amb el seu cunyat llançar-lo a un contenidor d'escombraries el 3 de novembre de 2023 a Porto Cristo.

Els membres del jurat han considerat provat que aquests dos acusats, conscients que la nadó estava viva, van acordar tirar-la al contenidor sense demanar cap tipus d'assistència mèdica. “Volien causar la mort de la criatura”, han manifestat.

Sobre la germana de l'acusada, el jurat ha declarat provat que la dona era conscient del perill al qual estava exposada la nadó, “desemparada i en perill manifest i greu”, i que, “podent fer-ho sense risc propi o de tercers, no la va auxiliar”.

En aquest sentit, ha destacat que res li impedia trucar a una ambulància o a la Policia. El jurat no s'ha mostrat favorable a l'indult ni a la suspensió de les penes.

Després de la lectura del veredicte, el Ministeri Fiscal ha sol·licitat per a la mare i el tiet la pena de presó permanent revisable i, per a la tieta, una pena d'un any de multa amb una quota diària de 15 euros.

Els advocats dels dos primers acusats no han pogut plantejar cap pena alternativa, mentre que el de la tercera processada ha sol·licitat per a la seva defensada la pena mínima.

La magistrada presidenta del Tribunal dictarà sentència els propers dies. No obstant això, davant la no compareixença aquest diumenge a l'Audiència de la principal acusada, la jutgessa ha ordenat la seva cerca i captura.

D'altra banda, el Tribunal també ha celebrat la vista prevista a l'article 505 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, demanada per la Fiscalia per al tiet de la víctima, i la magistrada ha acordat el seu ingrés a presó.

Així, després de notificar-li personalment la decisió, ha estat conduït al centre penitenciari per agents de la Policia Nacional.

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Balears ha declarado culpable a los dos acusados de la muerte de la bebé que en noviembre de 2023 fue arrojada a un contenedor de Porto Cristo (Mallorca), la madre y el tío de la recién nacida.

Los nueve miembros del jurado, tras un tiempo de deliberación, han determinado por unanimidad que ambos son penalmente responsables del fallecimiento de la bebé y, por lo tanto, que deben ser condenados por ello.

Ambos se enfrentan a penas de prisión permanente revisable por un delito asesinato, dado que la Fiscalía sostiene que cuando arrojaron a la recién nacida al contenedor tenían “intención de quitársela de en medio” y “sabían que si la dejaban ahí iba a morir”.

La tía de la bebé, quien también se ha sentado en el banquillo de los acusados, ha sido declarada culpable, también por unanimidad, del delito de omisión del deber de socorro que se le imputa.

Según el veredicto, la principal acusada se puso de parto en un coche y tras dar a luz el neonato vivo acordó con su cuñado arrojarlo a un contenedor de basura el 3 de noviembre de 2023 en Porto Cristo.

Los miembros del jurado han considerado probado que estos dos acusados, conscientes de que la bebé estaba viva, acordaron tirarla al contenedor sin pedir ningún tipo de asistencia médica. “Querían causar la muerte de la criatura”, han manifestado.

Sobre la hermana de la acusada, el jurado ha declarado probado que la mujer era consciente del peligro al que estaba expuesta la bebé, “desamparada y en peligro manifiesto y grave”, y que “pudiendo hacerlo sin riesgo propio o de terceros, no la auxilió”.

En este sentido, ha destacado que nada le impedía llamar a una ambulancia o a la Policía. El jurado no se ha mostrado favorable al indulto ni a la suspensión de las penas.

Tras la lectura del veredicto, el Ministerio Fiscal ha solicitado para la madre y el tío la pena de prisión permanente revisable y, para la tía, una pena de un año de multa con cuota diaria de 15 euros.

Los abogados de los dos primeros acusados no han podido plantear ninguna pena alternativa, mientras que el de la tercera procesada ha solicitado para su defendida la pena mínima.

La magistrada presidenta del Tribunal dictará sentencia los próximos días. No obstante, ante la no comparecencia este domingo en la Audiencia de la principal acusada, la jueza ha ordenado su busca y captura.

Por otra parte, el Tribunal también ha celebrado la vista prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal pedida por la Fiscalía para el tío de la víctima y la magistrada ha acordado su ingreso en prisión.

Así, tras notificarle personalmente la decisión, ha sido conducido al centro penitenciario por agentes de la Policía Nacional.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga desde hace casi dos años a Begoña Gómez, insiste en que la investigación contra la mujer del presidente del Gobierno acabe ante un jurado popular si llega a juicio. Tras el último revés de la Audiencia Provincial, el magistrado acuerda investigar y tramitar por esta vía y de manera conjunta todos los delitos que atribuye a Begoña Gómez y el resto de investigados con el argumento de que están “íntimamente entrelazados”. Les atribuye delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y malversación.

El magistrado cita a la esposa de Sánchez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Carlos Barrabés el próximo 1 de abril, en plena Semana Santa, para comunicarles que corresponde continuar el procedimiento contra ellos por esta vía. Es una citación en la que los investigados pueden estar representados por sus defensas, por lo que no se espera que acudan personalmente al juzgado.

Peinado responde con este auto a la resolución de la Audiencia Provincial del pasado enero que anuló sus intentos previos de enviar el caso al Tribunal del Jurado por falta de motivación para justificar el cambio de procedimiento. Los jueces de la instancia superior le reprocharon que “únicamente” mencionara a las personas contra las que se dirige, pero no hiciera un relato que comprenda los indicios que les atribuye. Y concluían, por tanto, que se había vulnerado el derecho de los investigados a la tutela judicial efectiva, que incluye obtener una resolución debidamente motivada.

En una nueva resolución, el magistrado apunta los indicios recabados durante la instrucción para tratar de justificar nuevamente que el caso debe ir a juicio mediante la Ley del Tribunal del Jurado. Así, acusa a Begoña Gómez de aprovecharse de su “posición institucional” como mujer del presidente para beneficiarse de un cambio “radical” en su trayectoria profesional. Y de apoyarse, para ello, en los otros dos investigados: Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet; y Cristina Álvarez, su asistente personal, una figura que han tenido todas las esposas de los presidentes del Gobierno.

Entre otros aspectos, el juez pone el foco en el hecho de que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa, que era su domicilio oficial, para mantener reuniones sobre proyectos empresariales y académicos. Señala, por ejemplo, que el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, fue citado en Moncloa para proponerle la creación de la cátedra que Begoña Gómez acabó codirigiendo en esa universidad, algo que el juez considera “anómalo”. Peinado llegó a mantener imputado a Goyache durante más de diez meses hasta que la Audiencia Provincial le obligó también a sacarlo de la causa.

Respecto a Barrabés, al que también recibió en la Moncloa, el juez considera que sus empresas eran una “pieza clave” en el desarrollo de esa cátedra, por la que Begoña Gómez no cobraba remuneración alguna. La tesis del magistrado es que el empresario fue el encargado de diseñar y elaborar los contenidos académicos de una parte de uno de los másteres vinculados a la cátedra. Y que, en el mismo “marco temporal”, Begoña Gómez actuó “en favor” de sus “intereses empresariales”.

Peinado se refiere a las “cartas de apoyo o recomendación” en favor de la UTE vinculada al grupo empresarial de Barrabés que suscribió Begoña Gómez. En realidad, era una “declaración de interés y apoyo” en la que acreditaba que el máster que ella dirigía iba a colaborar con el programa de formación al que optaba Barrabés. Era una carta tipo: idéntica a la que firmaron 32 personas más. Entre otras, la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

La UTE de Barrabés resultó adjudicataria en el verano de 2021 de dos grandes contratos públicos del ente estatal Red.es. El primer expediente se le adjudicó por 7,77 millones de euros y el segundo por aproximadamente 4,4 millones de euros. El juez recuerda que un informe de la Intervención General detectó “irregularidades relevantes” en estas licitaciones de Red.es. Entre ellas, opacidad, uso desproporcionado de criterios subjetivos y alteraciones en las puntuaciones.

Por otro lado, el juez dedica gran parte del auto a tratar de evidenciar cómo la asesora Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. El juez alude a la “intervención reiterada” de la trabajadora de la Moncloa “en favor de la actividad profesional y académica” de la esposa de Sánchez.

Como indicios, Peinado alude a los correos que la asesora envió desde su cuenta oficial de la Presidencia del Gobierno actuando expresamente “en nombre de Begoña” para buscar financiación y gestionar convenios con empresas. Y también a las declaraciones de testigos que “refuerzan la conclusión” de que Cristina Álvarez “era percibida por terceros no como mera asistente protocolaria de la esposa del Presidente del Gobierno, sino como persona integrada en el equipo de trabajo de la cátedra y del proyecto tecnológico vinculado al software. 

La Audiencia Provincial de Madrid ha anulado las decisiones del juez Juan Carlos Peinado por las que transformó el procedimiento contra Begoña Gómez en uno que llevaría a la mujer del presidente del Gobierno y el resto de investigados a ser juzgados por un tribunal popular. La instancia superior ha resuelto en un auto cuatro recursos de las partes que se concretan en la decisión de retrotraer las actuaciones a un momento anterior a la transformación del procedimiento en el del tribunal del jurado.

A juicio de los magistrados de la Audiencia Provincial, los autos por los que el juez optó derivar la causa hacia un posible tribunal compuesto por ciudadanos “carecen de la necesaria fundamentación” y motivación para justificar el cambio de procedimiento. Subrayan que “únicamente se mencionan las personas contra las que se dirige, pero no se hace un relato que comprenda los indicios verosímiles” que les atribuye. Concluyen, por tanto, que se ha vulnerado el derecho de los investigados a la tutela judicial efectiva, que incluye obtener una resolución debidamente motivada.

Además, le advierten de que no puede escudarse en la simple sospecha inicial para hacer avanzar la causa hacia el Tribunal del Jurado. Así, los jueces de la Audiencia Provincial recuerdan a Peinado que, tras un año y medio de investigación, la mera “verosimilitud” de la denuncia original ya no es suficiente y que es imprescindible que esas sospechas se hayan transformado en “indicios racionales suficientes”. “No es de recibo indicar, tras año y medio de instrucción, que para la incoación del procedimiento basta la mera verosimilitud y que esta ya ha sido avalada en diversas ocasiones por la esta Sala”, dice la resolución.

El pasado octubre, el juez Peinado decidió derivar ante dos jurados populares la investigación abierta contra Begoña Gómez. Su pretensión era mantener, por un lado, un procedimiento sobre el delito de malversación que le atribuye por las tareas realizadas por su asistente en la Moncloa. Y, por otro, uno en el que seguir indagando en su actividad en la Universidad Complutense y sus relaciones con el empresario Juan Carlos Barrabés. Sin embargo, los magistrados de la instancia superior anularon esa decisión y descartaron que, en el caso de que la causa avanzara hasta el juicio, se celebraran dos vistas contra la mujer del presidente. 

En su recurso, la defensa de Begoña Gómez alegó que el juez se limitó a transcribir artículos de la Ley del Jurado y a citar resoluciones de forma genérica, sin concretar “ni un solo indicio” de que hubiera cometido los delitos imputados tras 19 tomos de investigación y calificó la decisión de “prematura e inmotivada desde el punto de vista fáctico, normativo y procedimental”. 

Tomás Rodríguez Villar, “Tomasín”, es ermitaño y esquivo, le gusta ver los árboles, los prados y los ríos y se mueve por el monte “como si estuviera en casa”. Se crio en plena naturaleza, en la aldea asturiana de La Llaneza, en el concejo de Tineo, donde nació hace 55 años. A la entrada de la cabaña donde vivía, mató en 2011 con una escopeta de perdigones que él mismo fabricó a su hermano mayor, Manuel, porque “le reñía mucho, discutían y le pegaba”.

Durante seis años estuvo ingresado en el Centro Penitenciario de Asturias donde no afianzó amistades, ya que decía que los otros internos eran “solo conocidos”.

Cuando salió, en 2017, al cumplir la condena, lo primero que hizo fue pasear y volver a ver la montaña, el mismo lugar donde se ha montado un amplio operativo de búsqueda para localizarle. No se sabe nada de él desde finales de octubre. No dejó pista alguna.

“Tomasín” era, de joven, el centro de las burlas en los bares de Tineo y solía pasar horas y horas en el monte. Tras matar a su hermano se fugó y ahí permaneció oculto durante los 53 días en que logró esquivar el cerco policial.

El 29 de octubre de 2011 fue detenido y cuando era trasladado, esposado, rodeado de agentes de la Guardia Civil, vio a un grupo de vecinos que le esperaban para aplaudirle. Él, al verlo, esbozó una tímida sonrisa.

Dos días después ingresaba en el centro penitenciario. Los primeros días en la prisión le costó acostumbrarse, pero finalmente se sintió “cómodo y feliz” cuidando el huerto porque volvía a estar en contacto con algo que le recordaba esa naturaleza que tanto añoraba, ya que apenas se relacionaba con los otros presos. Aunque eso era algo habitual en él, que era un hombre solitario y parco en palabras.

Condenado por un jurado popular

“Tomasín” fue juzgado por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo. En el veredicto, dictado en 2014, se recogía que el homicidio había sido cometido “en legítima defensa ante el miedo insuperable” que tenía hacia su hermano, a lo que se unía “un coeficiente intelectual límite”. Cumplió los seis años de condena y, una vez libre, volvió a La Llaneza.

Una barrera de separación

A su salida de la cárcel, volvió a su rutina de antes. Solo un periodista logró arrancarle algunas frases con las que pudo elaborar una entrevista donde se podía pergeñar la personalidad de “Tomasín”. Eduardo Lagar, redactor-jefe de La Nueva España, rescataba estos días coincidiendo con las labores de búsqueda esa entrevista publicada en 2017, de la que una parte se difundió a través de la red social Instagram y de la que elDiario.es Asturias ha extractado algunos párrafos.

En 2017, en la casa familiar de La Llaneza, “Tomasín” ponía una barrera de separación en una charla de dos interlocutores entre los que mediaban unos metros de distancia.

Nunca mira a los ojos

Lagar describe cómo fue el encuentro: “Abre, en realidad, la mitad de una puerta de cuarterón recién pintada de rojo teja. Tomasín deja la parte de abajo cerrada como barrera, para impedir el paso y tomar distancias para hablar. Da la mano pero nunca mira a los ojos. Mira al techo, a la nada. Le incomoda la cercanía humana”.

“Habla de perfil a su interlocutor, a veces en posición de firmes, otras con los brazos cruzados sobre el pecho. A veces pierde el hilo y dice que no estaba escuchando. Otras parece que responde por obligación. Se esfuerza por ser amable”, le describe. Incluso le llegó a pedir permiso “para salir a escupir” y, una vez que ya lo hizo, retomó la conversación. 

Un futuro laboral incierto

En ese momento, recién salido de prisión, aún no se había planteado su futuro laboral, aunque se veía capacitado para desarrollar alguna actividad enfocada a la naturaleza.

“Cuando salí de la cárcel dediquéme a ir a dar paseos por ahí, a ver la montaña, al salir sientes una emoción muy grande. Vuelves a ver la naturaleza, los árboles, los prados, los ríos. Yo criéme en la naturaleza, es lo que me gusta, ahí no me siento solo teniendo salud. No me siento solo en el bosque, siéntome bien en la naturaleza”, reconocía.

El recuerdo de su hermano Manuel

De su hermano mayor Manuel tiene recuerdos de “cómo era, lo que hacía y todo eso. Hombre, alguna vez sí que discutimos, pero nada”, rememoraba. Los dos hermanos tenían una relación “inexistente”. Se llevaban mal e incluso “Tomasín” sentía “un miedo insuperable a Manuel”, de ahí que justificara su acción en que “le acosaba de manera reiterada, y a veces violenta” y “le tenía miedo”. Decía que “si él no le mataba, le mataba su hermano a él”.

Aislado, ajeno a la alarma social

Su peculiar personalidad dio, además, para escribir el libro “Tomasín, en lugares salvajes” que se agotó enseguida y donde el autor reconstruye esos meses en los que vivió aislado, ajeno a la alarma social creada a raíz de su fuga.

El periódico, que llegó a bautizarle con el nombre de “El Rambo de Tineo”, era, en palabras de Lagar, “el mejor símbolo de la destrucción de una Asturias rural que ya ha quebrado”.

La desaparición

Desde su vuelta a La Llaneza, “Tomasín” permanecía fuera de los focos mediáticos, a los que volvió esta semana, cuando sus familiares denunciaron su desaparición, ya que, desde finales de octubre, carecían de noticias suyas.

El pasado martes,  la denuncia de un familiar de “Tomasín” activó las alarmas. Todas las miradas se dirigieron hacia el monte, el lugar que se convirtió, desde que era pequeño, en su refugio.

Un despliegue de medios

Sin embargo, se sigue sin pistas sobre su paradero a pesar del amplio despliegue de medios aéreos y terrestres movilizados tanto por la Guardia Civil como por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Entre otros, se han desplegado por las inmediaciones de La Llaneza la Unidad de drones, un helicóptero, perros especializados en rastreos y los especialistas de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Mieres, Seguridad Ciudadana y Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y Bomberos.

Un barrido

Los rastreos se realizan en el entorno de la vivienda y en el monte. La zona de búsqueda se ha dividido en cuatro sectores que en esta ocasión están centrados en la ladera suroeste, en dirección a la localidad de Tineo. También se llevó a cabo un barrido, de casi un kilómetro y medio de terreno, en el que se empleó la visual térmica nocturna de uno de los drones de Bomberos de Asturias, al igual que desde La Llaneza hacia La Espina, en el concejo de Salas. Todos los esfuerzos aún no han dado resultado.

En el siguiente post subido a la red social X por el 112 Asturias se pueden apreciar las imágenes de la búsqueda con el dron de Bomberos del Principado en una zona boscosa y frondosa.

Más efectivos se suman a la búsqueda

Este viernes, se celebró una reunión en el Puesto de Mando Avanzado, ubicado en la Casa del Puerto, en el que participaron efectivos de Bomberos de Asturias, Jefe de Zona Suroccidental y efectivos de los parques de Tineo, Ibias y Cangas del Narcea, unidad canina y unidad de drones, además de la ERIE de Cruz Roja de Búsqueda y Salvamento, Guardia Civil, Agentes del Medio Natural y Voluntarios de Agrupaciones Municipales de Protección Civil.

Una treintena de efectivos se sumaron al dispositivo de búsqueda en esta jornada. Siguiendo el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante casos de personas desaparecidas, bajo la dirección del capitán jefe de la Compañía de la Guardia Civil de Pravia, se reanudó el rastreo en La Llaneza.

Quiere estar solo en el monte

Entre otras, se desplazaron a la zona patrullas de los puestos de Tineo y Patrulla de Protección de la Naturaleza (PAPRONA) de Cangas del Narcea. 

En funciones de colaboración en la búsqueda por parte de 112 Asturias están buscando a “Tomasín” Bomberos de Tineo y Cangas del Narcea, Unidades de Drones y Canina, Protección Civil de Tineo y Luarca. Guardería Medio Natural y Cruz Roja. Este viernes finalizó el rastreo, de nuevo, sin éxito. Unas labores de búsqueda que se reanudan este sábado. Todo un amplio despliegue en busca de un hombre que quiere estar solo y sobrevivir en el monte.

Las adversas condiciones meteorológicas registradas en las últimas horas en Asturias obligaron a suspender temporalmente -desde la tarde de ayer hasta el mediodía de hoy- las labores de búsqueda de Tomás Rodríguez Villar, “Tomasín”, en el pueblo de La Llaneza, en el concejo asturiano de Tineo.

Una leve mejoría en el tiempo ha permitido a los equipos de emergencia retomar de nuevo las tareas de rastreo que se extenderán a lo largo de 11 kilómetros: desde La Llaneza, en el concejo de Tineo, hasta La Espina, en el concejo de Salas.

El tiempo condiciona la búsqueda

La Guardia Civil de la Zona/Comandancia de Asturias ya avanzó, a media tarde de ayer, que los equipos de emergencia se retiraban debido a la mala climatología que impedía continuar a los efectivos desplegados por las inmediaciones y no estaba previsto que se reanudara hasta que la situación climatológica mejorara.

A primera hora de este jueves se descartaba retomar los trabajos de búsqueda al empeorar las condiciones meteorológicas en las últimas horas, con fuertes precipitaciones y rachas de viento que dificultaban la visibilidad a los equipos de emergencia, tal y como confirmaba el 112 Asturias.

La movilización

Sin embargo, este mediodía, el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) anunciaba que una mejoría en las condiciones meteorológicas había permitido la reactivación del dispositivo de búsqueda.

El Jefe de Bomberos de la Zona Suroccidental así lo había decidido, por lo que se procedió de nuevo a la movilización de los efectivos de Bomberos del parque tinetense e Ibias, la Unidad de Drones y la Unidad Canina y se informó a la Guardia Civil y a la Guardería de Medio Natural.

En principio está previsto que a lo largo de la jornada de hoy se rastree la zona que discurre desde La Llaneza hacia La Espina.

La denuncia de un familiar

El operativo especial se desplegó el pasado martes tras la denuncia de un familiar de “Tomasín” que carecía de noticias suyas desde finales de octubre.

Tras dos jornadas de búsqueda, no se ha conseguido dar con su paradero a pesar del amplio despliegue de medios aéreos y terrestres movilizados tanto por la Guardia Civil como por el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Entre otros, se han desplegado por las inmediaciones de La Llaneza la Unidad de drones, un helicóptero, perros especializados en rastreos y los especialistas de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Mieres, Seguridad Ciudadana y Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y Bomberos.

Alta vulnerabilidad

A pesar de que “Tomasín” es mayor de edad -tiene 55 años- y es un hombre libre desde 2017 cuando abandonó el Centro Penitenciario de Asturias, donde cumplió una condena de seis años de cárcel por la muerte de su hermano Manuel, se le busca debido a su alta vulnerabilidad.

Una de las dificultades a las que se enfrentan también los equipos de emergencia es la gran facilidad con la que siempre se movió por el monte, adonde huyó en 2011 nada más cometer el crimen. En aquella fecha, permaneció huido durante 53 días, en los que era buscado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El miedo insuperable a su hermano

“Tomasín” había reconocido, en septiembre de 2011, que había matado con una escopeta de perdigones que él mismo había fabricado a su hermano Manuel durante el juicio celebrado ante un tribunal del jurado en la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo. Alegó que lo hizo porque la víctima era muy violenta y le maltrataba habitualmente. Decía que “si no le mataba, le mataba su hermano a él”.

En el veredicto, dictado en 2014, se recogía que el homicidio había sido cometido “en legítima defensa ante el miedo insuperable” que tenía hacia su hermano, a lo que se unía “un coeficiente intelectual límite”.

Escondido en el monte

Tras 53 días fugado, fue detenido e ingresó en la cárcel de Asturias, donde se ocupaba de cuidar el huerto y donde se sentía más cómodo, ya que apenas se relacionaba con otros internos y era muy parco en palabras.

Desde que volvió a La Llaneza, tras cumplir la condena, se mostraba “decaído”; un estado de ánimo que unido a la falta de noticias sobre su paradero ha sembrado de inquietud y preocupación a unos familiares que viven actualmente pendientes de su localización.

El hijo del matrimonio del crimen de Los Lirios, por el que un hombre está acusado de matar presuntamente a su mujer el 13 de octubre de 2020, ha asegurado que su padre no viajó aquella noche de Gumiel de Mercado (Burgos) a Logroño. “Vino a ayudarme con la vendimia y esa noche nos fuimos juntos a la cama, es imposible que en una casa vieja yo no me diera cuenta de que mi padre se levantara, cogiera el coche, se fuera a Logroño, volviera y yo no me enterase”.

Además, ha señalado, en referencia a una posible indemnización: “Si a mi padre le meten en prisión no quiero ningún dinero sabiendo que se está cometiendo una injusticia”. Entre lágrimas en su declaración ante el Juez y el Tribunal Popular ha dich en dos ocasiones: “Si tuviera la más mínima duda (de que lo hizo él) yo no estaría aquí. Mi padre no asesinó a mi madre”. “Solo quiero justicia, saber quién es el culpable y quién mato a mi madre”, ha añadido.

También ha negado también que sus padres tuvieran discusiones graves o que ella se quisiera divorciar. “Mi madre se desvivía por los dos. Nos atendía con todo su corazón. De mi padre se han dicho barbaridades, no ha faltado dinero en casa, no le he visto faltar una noche en casa”.

Sobre los días cercanos al suceso, el hijo -de 34 años actualmente- ha explicado que el día antes de encontrar el cuerpo de su madre, el 12 de octubre de 2020, estuvieron juntos trabajando en Gumiel. Según ha declarado el hijo, después de estar trabajando llegó a casa y su padre estaba allí. “Tuvimos una conversación normal, hablando del trabajo y nos fuimos a la cama a la vez porque al día siguiente había que terminar los trabajos”, ha dicho sobre la noche de los hechos. “Mi padre se fue a dormir y estoy seguro de que no salió en toda la noche”.

Además, ha querido recalcar: “En una casa de pueblo vieja que coincide que en el pasillo se mueven las baldosas, que mi padre bajara, cogiese el coche debajo de la ventana de mi casa, es imposible que se levantase, se marchase y volviera sin que yo me diera cuenta”. En su relato -prosigue- “a la mañana siguiente coincidimos por la mañana pronto, sobre las 07,00 horas” y, aunque no recuerda desayunar juntos, “después nos volvimos a ver y me ayudó con el trabajo”. En concreto, se fue a llevar unos papeles (un libro de campo y unos registros de entrada de uva) que debían entregar una bodega.

Tras pasar la mañana, padre e hijo se despidieron porque su padre volvía a Logroño y, finalmente, a media tarde del 13 de octubre, cuando su padre descubrió el cadáver de su mujer en el interior del domicilio, sobre las 18,30 horas, ha recordado: “Me llamó y me dijo que se había encontrado a su madre en el suelo, con mucha sangre y que estaba fría”.

Una vez conocida esa situación, viajó con un primo a Logroño. “No me lo podía creer. En esos momentos no piensas en nada, solo en que se ha muerto tu madre”. Cuando llegó a Logroño y vio a su padre, ha relatado que se “abrazaron llorando” y que no le dejaron hablar con él. “Me cogió una psicóloga para ayudarme”. Según ha declarado el hijo, “sí que parecía que se había suicidado pero a los cuatro días, pensándolo con la cabeza un poco más fría, pensamos que era imposible que mi madre se hubiera suicidado. La tenían que haber matado”.

“Mis tíos -los hermanos de su madre- han venido poco a Logroño, no he visto relación entre ellos ni siquiera en el pueblo (Gumiel). Yo creo que se han unido tras la muerte de mi madre, para esto. Han vivido todos juntos en el mismo pueblo y no se han juntado ni para cenar en navidades”, ha finalizado.

Un Policía Nacional, encargado de analizar el teléfono del acusado del crimen de Los Lirios, ha indicado que tras el análisis del posicionamiento de las antenas, “no se pudo probar que se realizase el viaje” entre Gumiel de Mercado (Burgos) a Logroño la noche del crimen, la madrugada del 13 de octubre 2020. También hoy han declarado personas de la víctima y el acusado que han transmitidas versionas contradictorias. Un amigo del acusado ha dicho que eran “una pareja normal” mientras que otras compañeras de trabajo han reconocido que la víctima les dijo “que estaba triste y que se quería divorciar”. Así lo han declarado en la la tercera jornada del juicio contra un acusado de asesinar con alevosía a su mujer.

Ante de la declaración de los policías encargado del análisis del teléfono móvil del acusado, la defensa ha considerado “bastante sorprendente” que no se pueda probar su trayecto ni que hubiera grabaciones de cámaras de seguridad en el entorno del domicilio. Por su parte, el Fiscal ha visto “extraño” que el acusado comprara un móvil nuevo el 30 de octubre de 2020, apenas 20 días después del crimen, cuando hacía menos de mes y medio que se había comprado otro.

Otro agente de la Policía Nacional ha corroborado -al igual que otros de sus compañeros- que el escenario del crimen “era caótico, llamaba mucho la atención y había mucha sangre”.

El entorno de la víctima y del acusado

En este tercer día del juicio, algunos de los amigos del acusado han dicho que eran “una pareja normal” mientras que otras compañeras de trabajo han reconocido que la víctima les dijo “que estaba triste y que se quería divorciar”. Incluso una testigo ha declarado que el marido “se marchaba muchos días de casa a mediodía a comprar el pan y no volvía hasta el día siguiente”. “Ella me decía que en esas noches se podía gastar 2.000 o 3.000 euros. Estaba triste”, ha dicho.

El primero en declarar ha sido un amigo del acusado, que ha contado que en los 30 años de amistdad no les había visto discutir nunca, “él siempre ha estado pendiente de su mujer, y más cuando ella estaba enferma”, ha defendido. También ha dicho que a ninguno de los dos les había oído decir que se quisiera divorciar y que “jamás en la vida” ha visto a su amigo “gritarle o levantarle la mano a su mujer”. Este hombre también ha declarado que la relación con la familia de la víctima “era la justa”.

Este testigo fue una de las primeras personas a las que el acusado llamó cuando descubrió el cuerpo de su mujer en el suelo de su domicilio. “Me llamó sobre las 18,30 horas de la tarde de aquel día y me dijo que su mujer se había suicidado. Cogí el coche y fui a su casa”. ha declarado puntualizando que se quedo en el rellano, aunque la puerta estaba abierta y vió “a la víctima con un cuchillo al lado de su cuerpo”. “Mi primera impresión también fue que se había suicidado”.

También ha reconocido también que durante las horas después del crimen, el acusado “estaba en shock, fuera de sí”. Con el transcurso de los días -prosigue su declaración- ya se convenció de que había sido asesinada pero el primer impacto fue ese. “Oyendo y viendo, la primera impresión que me dio es que se había suicidado”.

En el juicio de hoy también ha comparecido una compañera de trabajo de la víctima desde el año 2010 que, además, era vecina del entorno y, finamente, se convirtieron en amigas. Ha reconocido que la víctima no solía entrar en detalles de su vida privada. Sobre la relación entre el matrimonio, ha explicado: “Sí que alguna vez me dijo que llevaba desde los 14 años con su marido y que llega un momento en el que te cansas de las cosas, pero como una conversación más, no me dijo que se quisiera separar o no”. “La gran preocupación” de la víctima “era su hijo”, ha destacado. De la tarde cuando el marido descubrió el cuerpo de la víctima que el marido le llamó y le dijo: “Baja que se ha suicidado”. “Me quedé en shock”.

Por su parte, otra compañera de trabajo ha revelado que tres años antes del crimen, la víctima le dijo que se quería separar. “Estaba muy triste, no por nada en concreto, pero sí que me dijo que no se llevaban bien...”, ha contado. A ello ha añadido que también le contaba que “a veces se marchaba al mediodía a por pan y no volvía hasta el día siguiente y que a veces se gastaba en esas noches 2.000 o 3.000 euros. También me contó que solía llegar bebido y ella quería romper esa relación”, pero quería esperar a que su hijo tuviera su propio camino, “encarrilado en su negocio”. Recuerda que, tras ese día, no volvió a hablar con la víctima de forma tan íntima pero, alguna vez en el lugar del trabajo, “también me repetía que estaba triste”.

Declaran los familiares de la víctima

Familiares de la víctima han asegurado también ante el Juez que desde hace tiempo la víctima decía que “se quería divorciar” porque “ya no podía más con la situación”. Es más, según ha reconocido una de las hermanas, en los últimos tiempos, meses antes de su presunto asesinato: “Estaba decidida a hacerlo, ella me decía que no estaba viviendo y que quería vivir”.

Ha subrayado que tanto la víctima como el ahora acusado “hacían vidas separadas” desde hacía tiempo y su propia hermana le dijo, antes del suceso, “que estaba decidida a separarse”. Es más, ha añadido, “me manifestó esa idea según lo que le dijera el Tribunal Médico” que, precisamente, tenía al día siguiente de su asesinato para que le dijera si podía volver a trabajar o no ya que tenía una dolencia en la espalda y llevaba tiempo de baja.

En su declaración en el juicio, y a preguntas de la Fiscalía, la hermana ha asegurado que la víctima le había dicho en varias ocasiones que “no aguantaba más la situación”. Y con respecto si creía que su hermana tuviera miedo a separarse, ella ha respondido que “más que temor” hacia ella “tenía dudas de si su marido podría tomar alguna represalia contra su hijo”. “Igual la monta”, ha recordado que le dijo.

Por su parte, y respondiendo a la defensa del acusado que no entiende cómo ningún hermano se acercó a Logroño cuando sucedieron los hechos, ha explicado que “en un primer momento” nos dijeron que “iba a venir al pueblo” (en Burgos) y “nos íbamos a ver todos allí”. Además -ha indicado- hay que recordar que estábamos en tiempo de pandemia y los hermanos estamos separados por diferentes localidades. Cuanodo conocieron más en detalle la situación, “nosotros queríamos dejar trabajar a la justicia y no meternos pero decidimos hacerlo como Acusación Particular cuando vimos que no teníamos ninguna información y nos enteramos que podría ser un crimen machista”, ha declarado.

Finalmente ha querido lamentar que “a día de hoy -cinco años después- todavía no sabemos dónde está enterrada”. “No nos cogen el teléfono” (en referencia al marido y al hijo de la víctima).

Por su parte, una sobrina de la víctima también ha coincidido en decir que su tía le manifestó que se quería divorciar pero que “era muy cobarde” y no lo había llevado nunca a término. “Me llamó por teléfono para decirme que su matrimonio estaba roto hacía mucho tiempo y que ella había intentado separarse muchas veces pero que, por una cosa u otra, no lo había llevado a término”. “Mi tía nunca me dijo que tuviese miedo de su marido, simplemente me dijo que no quería estar con él, pero no ahondó en razones”, ha dicho en el juicio.