El Gobierno de La Rioja ha reforzado la atención presencial en la Campaña de la Renta 2025 y dispone 17 trabajadores para garantizar la prestación de un servicio cercano y homogéneo en todo el territorio en coordinación con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Así, desde hoy, día 1, los contribuyentes riojanos pueden presentar presencialmente las declaraciones del IRPF tanto en ‘La Bene’ como en los SAC, oficinas de atención al ciudadano, dentro del dispositivo activado por el Gobierno de La Rioja.

El consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, acompañado por el delegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) en La Rioja, Miguel Fernández García, ha visitado este lunes el espacio habilitado en el Salón de Columnas de ‘La Bene’, y ha recordado que esta campaña están vigentes 27 deducciones autonómicas que en global ahorrarán unos 13,67 millones de euros a casi 95.000 contribuyentes riojanos. 

De ellas, tres son novedosas: la deducción de 250 euros para personas celíacas (la estimación es que se beneficien unas 1.300 personas); la bonificación de 1.000 euros el primer año por inicio de actividad económica en el medio rural (unos 450 beneficiarios), y la deducción de 100 euros por las cuotas y las inscripciones a las organizaciones profesionales agrarias (alrededor de 5.170 beneficiarios). “La política fiscal del Gobierno de La Rioja se orienta a apoyar a las familias, a favorecer la actividad económica y a reforzar la cohesión territorial, y estas 3 nuevas deducciones son una prueba fehaciente de la materialización de ese compromiso”, ha enfatizado el consejero. A estas nuevas deducciones se suman, por tercer ejercicio consecutivo, las bonificaciones de los intereses de hipotecas de vivienda suscritas a partir de enero de 2013 y de los gastos de las familias por práctica deportiva.

En cuanto al dispositivo de colaboración, Alfonso Domínguez ha explicado el Ejecutivo regional aporta en esta campaña 17 trabajadores, dos más que en la del año pasado: 5 en la plataforma mixta ubicada en el edificio de la antigua Beneficencia, a los que se suman dos empleadas públicas de la Dirección General de Tributos encargadas de las declaraciones de la Fundación de Ayuda a la Discapacidad del Gobierno de La Rioja, y 10 en las Oficinas de Atención al Ciudadano (SAC) de Calahorra, Haro-Nájera, Alfaro, Arnedo, Santo Domingo de la Calzada-Torrecilla y Cervera del Río Alhama. 

Alfonso Domínguez ha detallado que, durante la campaña de la Renta del año pasado, los equipos del Gobierno de La Rioja tramitaron un total de 8.672 declaraciones, distribuidas del siguiente modo: 4.293 confeccionadas en la Bene; 4.017 en las Oficinas de Atención al Ciudadano, y 362 en la Dirección General de Tributos, “datos que reflejan la importancia del dispositivo público de apoyo de la Comunidad a los ciudadanos para facilitarles la mayor comodidad posible a la hora de realizar sus gestiones”.

Balance provisional

Desde el 8 de abril, día en el que comenzó la campaña de la Renta 2025, la Agencia Tributaria ha devuelto ya 44 millones de euros a 65.395 contribuyentes de La Rioja, según los datos facilitados por el delegado de la AEAT en la comunidad, Miguel Fernández García. En total se han presentado 114.000 declaraciones, de las que unas 87.000 son a devolver. 

En cuanto a las fechas clave, el 25 de junio será el último día para cumplimentar las declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación bancaria; el 29 de junio finalizará el plazo para solicitar cita previa y el 30 de junio acabará la campaña.

Los contribuyentes que deseen ser atendidos personalmente tanto en ‘La Bene’ como en los SAC deben solicitar cita previa, bien llamando al número de teléfono 901223344 (Agencia Tributaria), bien de forma telemática a través de la web https://sede.agenciatributaria.gob.es/. Además, es importante que acudan el día y la hora señalados con toda la documentación necesaria: DNI, número de cuenta bancaria, certificados de retenciones y justificantes de deducciones autonómicas. 

La campaña de Renta 2025 ha superado su ecuador. Desde que comenzó el pasado 8 de abril, millones de contribuyentes se han lanzado a rendir sus cuentas con Hacienda. Han pasado casi dos meses desde que la Agencia Tributaria abriese este plazo, pero todavía queda un mes más para que los contribuyentes puedan presentar su declaración. Pese a este margen, muchas persoans pueden tener la tentación de gestionar la Renta a última hora. Pero deben saber que, en función de cómo pretendan afrontar esta campaña de Hacienda, podrían tener menos margen de maniobra.

En general, el plazo para presentar la declaración finaliza el 30 de junio, pero en función de cómo se confirme el borrador los contribuyentes deberán tener en cuenta unos márgenes temporales u otros.

El plazo para presentar la declaración por internet

Desde el momento en el que se lanzó la campaña el 8 de abril ha sido posible declarar el IRPF a través de internet, mediante el servicio de Renta WEB o la aplicación de la Agencia Tributaria. Esta opción estará disponible hasta que finalice el plazo de presentación de la Renta, el 30 de junio. Se trata del método predilecto por muchos para confirmar el borrador, puesto que los contribuyentes pueden consultar, modificar y confirmar su borrador de forma intuitiva.

El usuario solo tendrá que identificarse mediante Cl@ve PIN, certificado digital o número de referencia. Pese a que ofrece un amplio margen de maniobra al contribuyente, no se trata de la mejor opción para los que presentan situaciones fiscales complejas o los que quieren resolver dudas de su declaración de forma directa.

Hasta cuándo se puede hacer la Renta por teléfono

Operativo desde el pasado 6 de mayo, en teoría el servicio para presentar la declaración de la Renta por teléfono se mantendrá hasta el 30 de junio. Pero es preciso tener en cuenta que, para hacer uso de él, será necesario pedir cita, algo que solo es posible hasta el 29 de junio.

El conocido como 'Plan te Llamamos' puede fecharse a través de internet, la aplicación de la Agencia Tributaria o a través del 91 535 73 26 o 901 12 12 24. También se puede pedir cita con atención personal a través de los teléfonos, 91 553 00 71 o 901 22 33 44, de lunes a viernes en horario de nueve de la mañana a siete de la tarde.

Cuándo acaba el servicio de videoasistencia de la Renta

Para algunos municipios de pequeño tamaño, Hacienda ofrece un servicio para presentar la Renta a través de la videoasistencia. Se trata de una opción para formalizar la declaración para la que hay que pedir cita, algo que solo se podrá hacer hasta el 29 de junio. Al igual que con la cita por teléfono, también se puede agendar por internet, la aplicación de la Agencia Tributaria o a través del teléfono 91 553 00 71 o 901 22 33 44.

El sistema de videoasistencia está desplegado en 84 municipios repartidos por 11 comunidades autónomas. Se trata de una herramienta diseñada para salvar las dificultades técnicas con las que se pueda encontrar el declarante y salvar las distancias geográficas que pueden tener hasta su delegación de Hacienda más cercana.

El último día para presentar la declaración en persona

Este viernes 29 de mayo comienza el plazo para que los contribuyentes pidan cita para presentar la declaración de la Renta de forma presencial. Los declarantes tendrán exactamente un mes, hasta el 29 de junio, para asegurarse de que tienen una fecha para presentar la declaración en su delegación de la Agencia Tributaria más cercana. La atención cara al público se extenderá hasta el 30 de junio, fin el plazo para presentar la declaración.

Existen plazos propios para el supuesto en el que el pago se domicilie. Este supuesto se aplica si la declaración sale a pagar y el contribuyente opta por que el cargo se realice automáticamente en cuenta. Para estos casos, Hacienda tiene un plazo límite previo al fin de la campaña. Se trata del 25 de junio, fecha en la que el declarante deberá haber revisado y aportado sus datos bancarios a la Agencia Tributaria.

Con independencia de los plazos, recuerda revisar la información económica que Hacienda ha recopilado sobre ti y procura tener margen de maniobra antes de que venza el plazo de presentación de la Renta, con el fin de evitar que los imprevistos te dejen sin formalizar tus cuentas con la Agencia Tributaria.

La campaña de la Declaración de la Renta 2025 ya se encuentra en pleno funcionamiento tras su inicio el pasado 8 de abril, registrando millones de declaraciones en sus primeras jornadas de actividad. Para muchos contribuyentes, el borrador arroja un resultado positivo, lo que implica la obligación de ingresar dinero a las arcas de la Agencia Tributaria. Este escenario suele derivar de la omisión de ingresos como prestaciones por ERTE, el Ingreso Mínimo Vital o rescates de planes de pensiones no declarados. También influye el olvido de aplicar deducciones estatales o autonómicas que podrían haber reducido significativamente la cuota final a pagar por el declarante. 

En cualquier caso, siempre es más que recomendable revisar cada dato antes de confirmar para evitar sorpresas desagradables o posibles recargos por errores que son muy habituales en este proceso. Ante esta situación, Hacienda dispone de diversos mecanismos para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de una manera organizada y segura. El sistema informático guía al usuario a través de los pasos necesarios una vez que se confirma que la declaración resulta a ingresar.

Una de las modalidades más utilizadas a la hora de pagar es el fraccionamiento del pago en dos plazos diferenciados sin intereses ni recargos adicionales. Esta opción permite al contribuyente abonar el 60% del importe total en el momento de presentar la declaración, fijando como límite general el 30 de junio. El 40% restante se pospone hasta el próximo 5 de noviembre, facilitando así la gestión de la liquidez personal de los ciudadanos afectados. Para acogerse a esta ventaja, es requisito indispensable que la declaración se presente dentro del periodo voluntario y no sea una autoliquidación complementaria. Hacienda advierte que el impago de la primera fracción en el plazo estipulado desencadenará el inicio del periodo ejecutivo por la deuda completa.

Es importante recordar que esta división del pago no conlleva costes extra siempre que se cumplan estrictamente las fechas de vencimiento establecidas. Si no se desea domiciliar el segundo plazo, el contribuyente deberá realizar el ingreso manualmente antes de la fecha límite utilizando el modelo oficial 102.

La domiciliación bancaria destaca como el método preferido por su comodidad, ya que los cargos se realizan de forma automática en la cuenta corriente indicada. Si se opta por domiciliar el primer pago o el importe único, el plazo límite improrrogable para presentar la declaración finaliza el 25 de junio. Como novedad relevante, ahora es posible domiciliar el pago en cuentas de entidades no colaboradoras que pertenezcan a la Zona SEPA. En el caso de que el contribuyente solo desee domiciliar el segundo plazo del 40%, el límite de presentación se amplía hasta el día 30 de junio. 

En todo caso, el sistema Renta Web facilita este trámite permitiendo introducir el código IBAN tras marcar la casilla correspondiente de domiciliación del importe. Es esencial que los datos bancarios sean correctos para evitar problemas en el procesamiento del cargo por parte de la Agencia Tributaria. Quienes domicilien el primer plazo tienen además la opción de domiciliar también el segundo cargo hasta el próximo 2 de noviembre de 2026.

El avance tecnológico ha permitido integrar nuevos métodos de pago electrónico que agilizan notablemente el proceso para quienes no desean usar la domiciliación tradicional. Desde la campaña de 2024, se permite el uso de transferencias instantáneas mediante Bizum y el pago directo con tarjetas de crédito o débito seguras. Estas operaciones requieren el acceso a través de sistemas de identificación segura como Cl@ve, DNI electrónico o certificado digital en la plataforma. Para los pagos electrónicos que no sean Bizum o tarjeta, el contribuyente debe obtener previamente el Número de Referencia Completo o NRC. Si se elige cualquiera de estas vías electrónicas para el pago único o el primer plazo, la fecha límite de realización es el 30 de junio. 

Para aquellos que prefieren la gestión presencial, existe la posibilidad de generar un documento de ingreso para pagar directamente en una entidad financiera colaboradora. Al seleccionar esta opción en Renta Web, la declaración queda presentada pero pendiente de ingreso hasta que se efectúe el pago físico en el banco. El contribuyente debe descargar e imprimir el documento de pago que contiene el ejemplar específico para la entidad de crédito elegida. Este trámite debe completarse obligatoriamente también antes del 30 de junio para el pago único o la primera fracción del importe adeudado. Es una vía segura para quienes no se sienten cómodos con las transacciones digitales o no disponen de medios de firma electrónica. 

Otras opciones

Hacienda también contempla escenarios donde el contribuyente no puede afrontar el pago de inmediato, ofreciendo alternativas como el reconocimiento de deuda. Esta modalidad permite presentar la declaración a tiempo sin realizar el ingreso monetario en ese preciso instante, generando una obligación posterior. Existen variantes como el reconocimiento de deuda con imposibilidad de pago o la solicitud de aplazamiento, que requieren la validación de la Administración. Si el declarante no posee cuenta en un banco colaborador, puede optar por reconocer la deuda y realizar posteriormente una transferencia bancaria. Otra opción disponible es el ingreso parcial, donde se abona una parte de la cuota y se solicita el aplazamiento por el resto. 

Quienes requieran una flexibilidad mayor al fraccionamiento estándar de dos plazos pueden solicitar el pago en más cuotas bajo condiciones específicas. Esta modalidad exige la aprobación previa de la Agencia Tributaria y conlleva el pago de un interés fijo establecido en el 3,75%. Es fundamental tener en cuenta que solicitar un fraccionamiento de este tipo es totalmente incompatible con pedir un aplazamiento de la deuda. El proceso se gestiona dentro de las otras modalidades de pago disponibles al finalizar el borrador en la herramienta de Renta Web. Cada petición es valorada individualmente por el organismo, considerando las circunstancias alegadas por el ciudadano para justificar la necesidad de la demora. La transparencia en estas solicitudes es clave para evitar sanciones o el inicio del periodo ejecutivo de recaudación forzosa.

En conclusión, enfrentarse a una declaración de la renta con resultado positivo requiere estudiar bien los plazos y las múltiples herramientas que Hacienda facilita. La fecha del 30 de junio de 2026 marca el final del periodo voluntario para la mayoría de las formas de pago inicial o único. El cumplimiento riguroso de estos calendarios evita la aplicación de recargos e intereses de demora que encarecerían la factura fiscal del contribuyente. Tanto si se opta por el fraccionamiento gratuito como por el pago único inmediato, la seguridad jurídica está garantizada por los sistemas digitales. 

La campaña de la Renta 2025 avanza hacia su tramo final con la activación progresiva de todos los canales de atención disponibles para los contribuyentes. Aunque la presentación por internet está habilitada desde el pasado 8 de abril de 2026, lo cierto es que no todo el mundo opta por esta vía. Hay perfiles que prefieren contar con apoyo directo antes de presentar su declaración, ya sea por dudas concretas, por la complejidad de su situación o simplemente por falta de hábito en el uso de herramientas digitales.

Entre ellas, la atención presencial en oficinas sigue teniendo un papel relevante dentro de la campaña. Este servicio está dirigido especialmente a quienes necesitan ayuda personalizada para confeccionar su declaración o prefieren resolver sus dudas cara a cara con personal especializado. A pesar del avance de los canales digitales, este tipo de asistencia continúa siendo una opción útil para determinados contribuyentes, especialmente aquellos que buscan mayor seguridad en el proceso o que no se sienten cómodos gestionándolo por su cuenta.

El calendario establece dos fechas clave para quienes quieran utilizar esta modalidad. A partir del 29 de mayo se puede solicitar cita previa para ser atendido en una oficina de la Agencia Tributaria. La atención presencial comenzará el 1 de junio y se mantendrá hasta el 30 de junio, día en el que finaliza la campaña de la Renta. Esto implica que el margen para acudir físicamente es más limitado que en otros canales, como online o por teléfono, por lo que resulta recomendable planificar con antelación para evitar problemas de disponibilidad o falta de citas en determinados horarios.

Cómo solicitar cita para atención presencial

La solicitud de cita previa es un paso obligatorio para poder acceder a la atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria. No basta con acudir dentro del plazo habilitado, ya que el servicio funciona exclusivamente con reserva de día y hora. Además, es importante tener en cuenta que pedir cita no implica ser atendido de forma inmediata, sino que permite elegir un turno dentro del periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio.

Existen varias vías para solicitar esta cita, adaptadas a diferentes preferencias y niveles de familiaridad con la tecnología. La opción más habitual es hacerlo a través de internet, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Para completar el proceso, el contribuyente debe identificarse mediante alguno de los sistemas admitidos, como el NIF o NIE junto con el número de referencia, el sistema Cl@ve, el DNI electrónico o un certificado digital.

Otra alternativa es utilizar la aplicación móvil oficial de la Agencia Tributaria, disponible para dispositivos Android e iOS. Esta herramienta permite gestionar la solicitud de cita desde el teléfono móvil de manera sencilla, siempre que el usuario pueda identificarse correctamente. También es posible solicitar la cita por teléfono, a través de los números 91 553 00 71 y 901 22 33 44, con horario de atención de lunes a viernes entre las 9:00 y las 19:00 horas.

Este sistema de cita previa se enmarca dentro de un conjunto más amplio de servicios de asistencia. La atención telefónica para la confección de declaraciones está operativa desde el 6 de mayo y también requiere reserva previa, que puede solicitarse desde el 29 de abril hasta el 29 de junio. Con la incorporación de la atención presencial, la Agencia Tributaria completa así todas las modalidades de ayuda personalizada, orientadas especialmente a quienes no pueden o no desean utilizar exclusivamente los canales digitales.

Datos y documentos necesarios para la cita

Contar con una cita previa es solo una parte del proceso, ya que para que la declaración pueda confeccionarse correctamente en la oficina es imprescindible acudir con toda la documentación necesaria. Si faltan datos relevantes, la atención puede quedar incompleta y el trámite no podrá finalizarse en ese momento, lo que obligaría a solicitar una nueva cita o a aportar la información pendiente en otro momento. Por este motivo, resulta recomendable revisar con antelación toda la documentación antes de acudir a la oficina.

Entre los documentos básicos, es obligatorio llevar el DNI original de la persona titular que acude a la cita. Además, se debe presentar una fotocopia del DNI de todas las personas que figuren en la declaración, algo especialmente importante en el caso de unidades familiares.

También es necesario aportar el número IBAN de la cuenta bancaria, un dato imprescindible para gestionar el resultado de la declaración, tanto si corresponde una devolución como si hay que realizar un pago. Junto a esta información, se deben incluir las referencias catastrales de todos los inmuebles, tanto en propiedad como en alquiler o en otras situaciones, un dato que puede consultarse fácilmente en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

En el caso de que una persona acuda a la cita en representación de otra, será necesario presentar una autorización firmada por el titular junto con una copia de su DNI. Sin este requisito, no será posible confeccionar ni presentar la declaración en nombre de terceros, incluso cuando exista una relación familiar.

En plena campaña de la Declaración de la Renta, muchos jóvenes están descubriendo que el Bono Alquiler Joven conlleva consecuencias fiscales. Aunque se trata de una ayuda pensada para facilitar el acceso a la vivienda, la Agencia Tributaria recuerda que esta subvención no está exenta de tributación. Esta circunstancia puede obligar a muchos beneficiarios a presentar su declaración anual aunque su salario sea reducido. Muchos perceptores ignoran que estas ayudas directas deben notificarse formalmente durante el periodo correspondiente, por lo que es fundamental conocer las implicaciones de recibir estos fondos públicos para evitar errores. La Agencia Tributaria ha dejado claro que ignorar esta obligación no exime de posibles sanciones posteriores. Resulta vital que los jóvenes entiendan que esta ayuda tiene un reflejo directo en sus compromisos tributarios.

Por todo ello, el primer paso es revisar los datos fiscales antes de confirmar el borrador. El Bono Alquiler Joven concede hasta 250 euros mensuales, lo que supone un máximo de 3.000 euros anuales para el beneficiario. Esta ayuda puede percibirse durante un periodo de hasta dos años siempre que se cumplan requisitos específicos. Entre estas condiciones destaca tener menos de 35 años y no superar determinados límites de ingresos. Además, la cuantía debe destinarse exclusivamente al pago de la vivienda habitual o al alquiler de una habitación. Es imperativo que el solicitante no tenga una relación familiar directa de primer o segundo grado con el arrendador. El límite de ingresos suele fijarse en tres veces el IPREM para la unidad de convivencia estándar. También existen topes en el precio del alquiler, generalmente 600 euros para viviendas y 300 para habitaciones.

Un aspecto a tener en cuenta es que percibir más de 1.000 euros anuales en ayudas públicas obliga automáticamente a declarar. Esto ocurre sin importar que el salario del joven sea inferior al límite general de 15.876 euros anuales. Según explica la OCU, el bono se considera legalmente como una ganancia patrimonial dentro del sistema impositivo. Si has cobrado el bono durante un año completo, habrás recibido 3.000 euros. Incluso si solo lo has percibido durante seis meses, la ayuda asciende a 1.500 euros y genera la obligación. Recibir cantidades que pueden parecer pequeñas obliga a declarar si el total de subvenciones supera el umbral. 

Esta normativa afecta a quienes perciben rendimientos del trabajo no sujetos a retención o letras del Tesoro. Por tanto, la mayoría de los beneficiarios del bono joven entrarán de lleno en el radar de Hacienda. Es un error común pensar que por tener ingresos bajos se está exento de este trámite fiscal. Técnicamente, el bono de alquiler joven se clasifica como una ganancia patrimonial que no deriva de una transmisión. Esto significa que este ingreso extra afecta directamente a la base imponible general del IRPF del contribuyente. Al no proceder de la venta de ningún bien, se suma a otros ingresos como el salario percibido. Esta distinción es relevante porque determina cómo y dónde debe tributar el dinero recibido de la administración. La naturaleza de esta ayuda pública implica que Hacienda la trata de forma similar a un premio. No es una deducción que reste impuestos, sino un ingreso que podría llegar a aumentar la cuota final. Entender este concepto es clave para no llevarse sorpresas al ver el resultado final de la autoliquidación. 

No obstante, estar obligado a declarar no siempre equivale a tener que realizar un ingreso a Hacienda. En ocasiones, el resultado del ejercicio puede ser neutro o incluso salir a devolver al contribuyente. Para formalizar el trámite, los jóvenes deben incluir el importe en la casilla 0303 del formulario del IRPF. Este apartado corresponde a las ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de la transmisión de elementos. En la gran mayoría de los casos, la ayuda ya aparecerá incorporada automáticamente en los datos de Renta Web. Sin embargo, es responsabilidad exclusiva del contribuyente verificar que el importe reflejado en el borrador sea el correcto. El sistema Renta Web suele trasladar la información fiscal directamente al lugar que debe ocupar en el formulario. A pesar de esta automatización, conviene revisar manualmente las cuantías para evitar errores de transcripción o datos incompletos. 

Es vital recordar que esta ayuda se debe declarar en el ejercicio fiscal en el que se cobra efectivamente, es decir, no importa el año al que corresponda la mensualidad, sino el del ingreso. Por ejemplo, si la mensualidad de diciembre de 2024 se ingresó en enero de 2025, se declara en la renta de 2025. Así lo establece de forma taxativa el artículo 14.2 c) de la Ley del IRPF vigente en la actualidad. Este desfase temporal puede generar confusión entre quienes esperan tributar por periodos naturales de alquiler devengado. Por ello, se recomienda revisar los extractos bancarios para confirmar las fechas exactas de recepción del dinero. Esta norma evita que se declaren cantidades que aún no han sido puestas a disposición del beneficiario joven. 

Posibles sanciones

La obligación de declarar también puede surgir si se combina el bono alquiler con otras ayudas públicas diferentes. Un caso habitual es la suma del Bono Alquiler Joven con el Bono Cultural Joven de 400 euros. Si se perciben 750 euros de alquiler y se gasta el bono cultural, se superan los 1.000 euros totales. En tal situación, el joven queda obligado a presentar la renta únicamente por la suma de estas subvenciones. Es importante no confundir el bono joven con otras ayudas para inquilinos en situación de especial vulnerabilidad. Estas últimas ayudas suelen estar exentas de IRPF y no requieren ser incluidas en la declaración anual. Sin embargo, el Bono Alquiler Joven estándar carece de esa exención y siempre debe ser computado debidamente. 

No incluir el bono en la declaración puede acarrear serios problemas y sanciones económicas de diversa cuantía. Hacienda tiene la potestad de revisar los datos y exigir la presentación de una declaración complementaria. En estos casos, se aplicarían recargos que oscilan entre el 5% y el 20% sobre la cantidad omitida. Además, si la administración detecta ocultación intencionada, podría imponer multas pecuniarias adicionales al contribuyente. Existe también el riesgo de perder el acceso a otras ayudas o deducciones futuras por incumplimiento fiscal. El bono alquiler joven es una herramienta clave de apoyo, pero conlleva compromisos que no pueden eludirse. Asegurarse de realizar el trámite correctamente evita sustos, recargos innecesarios y posibles inspecciones de la Agencia Tributaria.

Tovalloles netes, llençols acabats de canviar, càpsules de cafè, bugaderia industrial, neteja “diària”, petits kits de bany... En els darrers anys, propietaris i empreses dedicades al lloguer turístic han intentat “colar” a Hisenda despeses i deduccions pròpies de la indústria hotelera. L'objectiu: aconseguir un tractament fiscal molt més favorable, accedir a avantatges en l’IVA i ampliar les desgravacions possibles a l'IRPF. Els tribunals, però, han anat estrenyent el setge sobre aquells que intenten equiparar pisos turístics i vil·les vacacionals amb hotels, desmuntant un per un arguments basats en canvis de tovalloles, serveis de bugaderia i esmorzars de cortesia.

La 'batalla' fiscal es lliura en ple auge del lloguer vacacional. Mentre col·lectius socials denuncien que el boom de les plataformes de lloguer turístic i la pressió inversora vinculada al negoci vacacional han transformat barris sencers, disparat el preu de l’habitatge i multiplicat la rendibilitat de pisos, xalets i vil·les turístiques, provocant que nombrosos residents es vegin expulsats dels seus barris com a conseqüència de la imparable gentrificació, la patronal del lloguer turístic recrimina que s'utilitzi aquest sector com a “cap de turc” de la crisi habitacional i que s'“estigmatitzi” un àmbit que reclama més seguretat jurídica.

Segons les últimes dades oficials de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), al novembre de 2025 hi havia a Espanya 329.764 habitatges turístics -més d'1,6 milions de places en total- anunciades en plataformes digitals com Airbnb, Booking o Vrbo, xifra que equival a l'1,24% del parc total d'habitatges del país. A Balears, l'INE comptabilitzava 19.398 habitatges turístics i més de 124.000 places vacacionals, equivalent a gairebé el 3% de tots els habitatges de l'arxipèlag. Mentrestant, les administracions han intensificat les inspeccions i sancions contra els habitatges turístics que operen de manera il·legal.

En paral·lel a l’expansió d’aquest fenomen, un altre front ha anat creixent silenciosament: el de com han de tributar aquests allotjaments i fins on pot arribar l’Agència Tributària (AEAT) a l’hora d’acceptar deduccions vinculades a una activitat que intenta acostar-se fiscalment al model hoteler. El fenomen ha atret tant petits propietaris com societats especialitzades en l’explotació d’allotjaments turístics, algunes convertides ja en autèntiques gestores d’habitatges repartits per diferents enclavaments vacacionals.

Ni les tovalloles ni la neteja ocasional basten

Una de les sentències més recents, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB), afecta dos particulars que havien declarat els ingressos del seu habitatge turístic com a rendiments d’activitat econòmica per ampliar les deduccions a l’IRPF. Entre les despeses que pretenien computar figuraven costos vinculats al manteniment de l’immoble, la neteja o la reposició de roba de llit i tovalloles. La clau del litigi era demostrar que el pis no era un simple lloguer vacacional, sinó una activitat equiparable a un negoci hoteler. Per això, els propietaris al·legaven “reforços puntuals de neteja”, atenció permanent les 24 hores i serveis de bugaderia i canvi de llençols, fundes de coixí i draps de cuina.

Davant això, el tribunal desmunta un per un aquests arguments. La sentència conclou que no existeix una estructura empresarial ni la prestació de serveis equiparables als del sector hoteler, asseverant que l'atenció al client “no és diferent de la que tot arrendador ha de dispensar” davant incidències normals en un habitatge llogat i subratllant que la neteja únicament pot equiparar-se a la d'un hotel quan es presta “diàriament o amb una periodicitat fixa”, no quan es limita a l'entrada i sortida d'hostes o a neteges ocasionals sol·licitades per alguns clients.

La resolució afecta, en la pràctica, la manera en què tributen milers d'habitatges vacacionals a l'IRPF. El TSJIB avala el criteri d'Hisenda i determina que, si no existeixen veritables serveis hotelers, els ingressos han de declarar-se com a rendiments del capital immobiliari i no com a activitat econòmica, cosa que limita de manera notable les possibles deduccions. El tribunal rebutja, així mateix, un altre dels arguments habituals en aquest tipus de litigis: deduir despeses durant tot el temps en què l'habitatge va estar anunciat o disponible en plataformes turístiques. La Sala fixa que les despeses només poden prorratejar-se en funció dels dies en què l'immoble va estar efectivament llogat.

El TSJIB avala el criteri d'Hisenda i determina que, si no existeixen veritables serveis hotelers, els ingressos s'han de declarar com a rendiments del capital immobiliari i no com a activitat econòmica, cosa que limita de manera notable les possibles deduccions

Té, cafè i sabó de mans sota la lupa

La màxima instància judicial ja s'havia pronunciat en termes similars el gener de 2025 arran d'un litigi impulsat per Inversiones y Promociones Fonseca Nieto S.L., una societat que defensava que l'habitatge turístic que explotava oferia autèntics serveis hotelers i, per tant, podia deduir-se l'IVA: va arribar a al·legar que oferia “tè, cafè, sucre, sabó de mans i paper higiènic”, a més d'atenció 24 hores i neteges durant les estades. El conflicte afectava, en concret, una regularització de 63.309 euros. Els magistrats van examinar els registres de neteja aportats per la mercantil i van concloure que la majoria eren posteriors a la sortida dels hostes i no comparables a les neteges diàries de la indústria hotelera.

Es tracta d'una diferència que canvia per complet el resultat fiscal: si el lloguer turístic es considera una mera cessió d'habitatge, l'activitat queda exempta d'IVA i les deduccions són molt més limitades. Si, per contra, existeixen veritables serveis hotelers, el propietari pot desgravar més despeses i compensar les quotes suportades. La qüestió pivota sobre un precepte concret de la Llei de l'IVA: l'article 20.U.23è, que estableix que el lloguer d'habitatges està exempt d'aquest impost, però introdueix una excepció: deixa d'estar exempt quan l'arrendador presta “serveis complementaris propis de la indústria hotelera”.

D'aquesta manera, per a un propietari convencional, el lloguer d'habitatge està exempt d'IVA i, per tant, no pot deduir-se l'impost suportat en reformes, obres, mobiliari, manteniment o construcció. Però si aconsegueix acreditar que explota l'immoble com un allotjament hoteler -amb serveis equivalents als d'un hotel- l'activitat passa a tributar al 10% d'IVA i s'obre la porta a elevades deduccions.

Per a un propietari convencional, el lloguer d'habitatge està exempt d'IVA i, per tant, no es pot deduir l'impost suportat en reformes, obres, mobiliari, manteniment o construcció. Però si aconsegueix acreditar que explota l'immoble com un allotjament hoteler, l'activitat passa a tributar al 10% d'IVA i s'obre la porta a elevades deduccions fiscals

La mateixa batalla s'està lliurant en altres comunitats autònomes. A Andalusia, el Tribunal Superior de Justícia va analitzar el cas de Riad del Ciprés SL, empresa que al·legava que els seus apartaments turístics funcionaven realment com allotjaments hotelers i que, per tant, podia beneficiar-se d'un tractament fiscal més favorable en l'IVA. Per sostenir-ho, assegurava que oferia esmorzars, neteja diària, bugaderia industrial, canvi de llençols i tovalloles, articles d'higiene personal (els anomenats amenities) i atenció permanent les 24 hores, i fins i tot va aportar factures de bugaderia industrial i referències en plataformes turístiques per acreditar aquests serveis.

El litigi afectava quotes de 5.015 euros, però el tribunal va desmuntar bona part de les proves. La sentència subratlla que “la posada a disposició del client de cafès, sucre i altres productes no constitueix serveis propis de restauració” i afegeix que “el canvi de roba i la seva neteja prestat a l'entrada i sortida del període contractat” tampoc basta per parlar de serveis complementaris propis de la indústria hotelera. Els magistrats fins i tot van reparar en el reduït import de les factures de bugaderia -uns 85 euros en total durant diversos mesos- per concloure que no demostraven l'existència d'un autèntic servei hoteler de canvi diari de roba de llit i tovalloles.

Tiquets de supermercat i vil·les de luxe

També l'Audiència Nacional ha hagut de dirimir aquest tipus de conflictes fiscals. El febrer passat va analitzar el cas de Ogladenis S.L.U., enfrontada amb Hisenda per l'explotació de tres vil·les turístiques de luxe situades a Catalunya i valorades en més de cinc milions d'euros. L'empresa defensava que no gestionava simples habitatges vacacionals, sinó allotjaments equiparables a petits hotels, i al·legava, com en els altres casos, oferir neteja periòdica, canvi de llençols, atenció permanent les 24 hores, esmorzars, servei de transfer, càtering i assistència continuada als hostes.

Amb això pretenia mantenir importants deduccions d'IVA vinculades tant a la construcció com a l'explotació dels immobles. Per “acreditar” que realment prestava serveis hotelers, la mercantil va arribar a aportar factures modificades, publicitat en línia, comentaris de clients i converses amb hostes. En algunes factures apareixia fins i tot la frase “amb servei d'esmorzar i neteja diària inclosos”.

L'AEAT va frenar les pretensions de l'empresa en asseverar que els habitatges funcionaven realment com a arrendaments exempts d'IVA i que, per tant, no podia deduir-se aquestes quotes. En la seva sentència, l'AN va detectar, a més, contradiccions entre diferents versions de les factures i l'activitat efectivament demostrada, així com inconsistències entre la publicitat de les vil·les i els serveis que realment podien prestar-se.

Hisenda va revisar fins i tot tiquets de supermercat, el nombre de treballadors contractats, les hores materials necessàries per netejar les propietats i les dimensions de les vil·les, que sumaven 18 habitacions, 12 banys i més de 400 metres quadrats cadascuna. El tribunal considera “físicament i materialment impossible” que l'empresa pogués prestar el servei de neteja diària que afirmava realitzar, especialment tenint en compte que durant part de la temporada només hi havia una netejadora per atendre totes les propietats.

L'AN va més enllà i analitza una qüestió molt més complexa: l'anomenat “autoconsum per canvi d'afectació”, és a dir, promocions immobiliàries concebudes inicialment per a la venda o per a una activitat econòmica amb dret a deduir-se l'IVA, però que finalment acaben destinant-se al lloguer d'habitatges exempt d'aquest impost.

L'Audiència Nacional va més enllà i analitza una qüestió encara més complexa: l'anomenat "autoconsum per canvi d'afectació", és a dir, promocions immobiliàries concebudes inicialment per a la venda o per a una activitat econòmica amb dret a deduir-se l'IVA, però que finalment acaben destinant-se al lloguer d'habitatges exempt d'aquest impost

El de l'“autoconsum per canvi d'afectació” és, precisament, un dels fronts que també afloren en una sentència dictada el 2024 pel Tribunal Superior de Justícia de Múrcia sobre SC2 Patrimonios S.L., vinculada a Proyectos y Promociones Vistas Mágicas S.L.. En aquest cas, Hisenda va sostenir que un habitatge inicialment lligat a una promoció immobiliària havia acabat utilitzant-se com a arrendament residencial, cosa que obligava a regularitzar les deduccions d'IVA practicades durant la construcció. El conflicte va acabar derivant en una liquidació de més de 80.000 euros i una sanció addicional de més de 43.000 euros.

El criteri que ara estan aplicant diferents tribunals arrenca, en bona mesura, d'una sentència clau del Tribunal Supremo dictada el novembre de 2020. En ella, l'alt tribunal va fixar que, per determinar si un lloguer turístic ha de tributar com una activitat hotelera, no basta que l'allotjament tengui llicència turística, s'anunciï en plataformes vacacionals o es comercialitzi com a apartament turístic. El determinant, subratlla l'Alt Tribunal, és que existeixin autèntics “serveis complementaris propis de la indústria hotelera”, com neteja periòdica durant l'estada, restauració o una atenció equiparable a la d'un hotel.

Sobre la base de la mateixa doctrina, no totes les resolucions tomben les pretensions dels propietaris. El desembre de 2025, el TSJ d'Andalusia sí va reconèixer el dret d'una empresa d'apartaments turístics a deduir-se l'IVA perquè, a diferència d'altres casos, va considerar acreditat que existia una veritable obligació de prestar serveis propis d'hostalatge. La clau radica en el fet que la societat, Escolástica Inversiones S.L., explotava un edifici complet d'apartaments turístics i va aconseguir demostrar que oferia neteja diària durant l'estada -encara que fos “a demanda” del client-, a més de canvi de llençols, atenció permanent, gestió d'entrades i productes d'acollida. El tribunal va entendre que l'important no era que tots els hostes sol·licitassin efectivament aquests serveis, sinó que l'empresa assumia contractualment l'obligació d'oferir-los, cosa que l'apropava al funcionament d'un establiment hoteler.

La sentència introdueix així un matís rellevant davant altres resolucions més restrictives: basta acreditar de manera sòlida l'existència real i continuada d'algun dels “serveis complementaris propis de la indústria hotelera” previstos a la Llei de l'IVA perquè l'activitat deixi d'estar exempta i el propietari o l'empresa puguin deduir-se les quotes suportades.

Toallas limpias, sábanas recién cambiadas, cápsulas de café, lavandería industrial, limpieza “diaria”, pequeños kits de baño... En los últimos años, propietarios y empresas dedicadas al alquiler turístico han intentado “colar” a Hacienda gastos y deducciones propios de la industria hotelera. El objetivo: lograr un tratamiento fiscal mucho más favorable, acceder a ventajas en el IVA y ampliar las desgravaciones posibles en el IRPF. Los tribunales, sin embargo, han estrechado el cerco sobre quienes intentan equiparar pisos turísticos y villas vacacionales con hoteles, desmontando uno por uno argumentos basados en cambios de toallas, servicios de lavandería y desayunos de cortesía.

La 'batalla' fiscal se libra en pleno auge del alquiler vacacional. Mientras colectivos sociales denuncian que el boom de plataformas de alquiler turístico y la presión inversora ligada al negocio vacacional han transformado barrios enteros, disparado el precio de la vivienda y multiplicado la rentabilidad de pisos, chalés y villas turísticas, provocando con ello que numerosos residentes se vean expulsados de sus barrios como consecuencia de la imparable gentrificación, la patronal del alquiler turístico recrimina que se utilice este sector como “cabeza de turco” de la crisis habitacional y que se “estigmatice” a un ámbito que reclama mayor seguridad jurídica.

Según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), en noviembre de 2025 había en España 329.764 viviendas turísticas -más de 1,6 millones de plazas en total- anunciadas en plataformas digitales como Airbnb, Booking o Vrbo, lo que equivale al 1,24% del parque total de viviendas del país. En Balears, el INE contabilizaba 19.398 viviendas turísticas y más de 124.000 plazas vacacionales, equvalente a casi el 3% de todas las viviendas del archipiélago. Mientras tanto, las administraciones han intensificado las inspecciones y sanciones contra las viviendas turísticas que operan de forma ilegal.

En paralelo a la expansión de este fenómeno, otro frente ha ido creciendo silenciosamente: el de cómo deben tributar estos alojamientos y hasta dónde puede llegar la Agencia Tributaria (AEAT) a la hora de aceptar deducciones vinculadas a una actividad que intenta acercarse fiscalmente al modelo hotelero. El fenómeno ha atraído tanto a pequeños propietarios como a sociedades especializadas en la explotación de alojamientos turísticos, algunas convertidas ya en auténticas gestoras de viviendas repartidas por distintos enclaves vacacionales.

Ni las toallas ni la limpieza ocasional bastan

Una de las sentencias más recientes, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), afecta a dos particulares que habían declarado los ingresos de su vivienda turística como rendimientos de actividad económica para ampliar las deducciones en el IRPF. Entre los gastos que pretendían computar figuraban costes vinculados al mantenimiento del inmueble, la limpieza o la reposición de ropa de cama y toallas. La clave del litigio estaba en demostrar que el piso no era un simple alquiler vacacional, sino una actividad equiparable a un negocio hotelero. Para ello, los propietarios alegaban “refuerzos puntuales de limpieza”, atención permanente las 24 horas y servicios de lavandería y cambio de sábanas, fundas de almohada y trapos de cocina.

Frente a ello, el tribunal desmonta uno por uno esos argumentos. La sentencia concluye que no existe una estructura empresarial ni la prestación de servicios equiparables a los del sector hotelero, aseverando que la atención al cliente “no es distinta de la que todo arrendador debe dispensar” ante incidencias normales en una vivienda alquilada y subrayando que la limpieza únicamente puede equipararse a la de un hotel cuando se presta “a diario o con una periodicidad fija”, no cuando se limita a la entrada y salida de huéspedes o a limpiezas ocasionales solicitadas por algunos clientes.

La resolución afecta, en la práctica, a la forma en que tributan miles de viviendas vacacionales en el IRPF. El TSJIB avala el criterio de Hacienda y determina que, si no existen verdaderos servicios hoteleros, los ingresos deben declararse como rendimientos del capital inmobiliario y no como actividad económica, lo que limita de forma notable las posibles deducciones. El tribunal rechaza, asimismo, otro de los argumentos habituales en este tipo de litigios: deducirse gastos durante todo el tiempo en que la vivienda estuvo anunciada o disponible en plataformas turísticas. La Sala fija que los gastos solo pueden prorratearse en función de los días en que el inmueble estuvo efectivamente alquilado.

El TSJIB avala el criterio de Hacienda y determina que, si no existen verdaderos servicios hoteleros, los ingresos deben declararse como rendimientos del capital inmobiliario y no como actividad económica, lo que limita de forma notable las posibles deducciones

Té, café y jabón de manos bajo la lupa

La máxima instancia judicial ya se había pronunciado en términos similares en enero de 2025 a raíz de un litigio impulsado por Inversiones y Promociones Fonseca Nieto S.L., una sociedad que defendía que la vivienda turística que explotaba ofrecía auténticos servicios hoteleros y, por tanto, podía deducirse el IVA: llegó a alegar que ofrecía “té, café, azúcar, jabón de manos y papel higiénico”, además de atención 24 horas y limpiezas durante las estancias. El conflicto afectaba, en concreto, a una regularización de 63.309 euros. Los magistrados examinaron los registros de limpieza aportados por la mercantil y concluyeron que la mayoría eran posteriores a la salida de los huéspedes y no comparables a las limpiezas diarias de la industria hotelera.

Se trata de una diferencia que cambia por completo el resultado fiscal: si el alquiler turístico se considera una mera cesión de vivienda, la actividad queda exenta de IVA y las deducciones son mucho más limitadas. Si, por el contrario, existen verdaderos servicios hoteleros, el propietario puede desgravar más gastos y compensar las cuotas soportadas. La cuestión pivota sobre un precepto concreto de la Ley del IVA: el artículo 20. Uno. 23º, que establece que el alquiler de viviendas está exento de este impuesto, pero introduce una excepción: deja de estar exento cuando el arrendador presta “servicios complementarios propios de la industria hotelera”.

De este modo, para un propietario convencional, el alquiler de vivienda está exento de IVA y, por tanto, no puede deducirse el impuesto soportado en reformas, obras, mobiliario, mantenimiento o construcción. Pero si logra acreditar que explota el inmueble como un alojamiento hotelero -con servicios equivalentes a los de un hotel- la actividad pasa a tributar al 10% de IVA y se abre la puerta a elevadas deducciones.

Para un propietario convencional, el alquiler de vivienda está exento de IVA y, por tanto, no puede deducirse el impuesto soportado en reformas, obras, mobiliario, mantenimiento o construcción. Pero si logra acreditar que explota el inmueble como un alojamiento hotelero, la actividad pasa a tributar al 10% de IVA y se abre la puerta a elevadas deducciones

La misma batalla se está librando en otras comunidades autónomas. En Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia analizó el caso de Riad del Ciprés SL, empresa que alegaba que sus apartamentos turísticos funcionaban realmente como alojamientos hoteleros y que, por tanto, podía beneficiarse de un tratamiento fiscal más favorable en el IVA. Para sostenerlo, aseguró que ofrecía desayunos, limpieza diaria, lavandería industrial, cambio de sábanas y toallas, artículos de aseo (los llamados amenities ) y atención permanente las 24 horas, e incluso aportó facturas de lavandería industrial y referencias en plataformas turísticas para acreditar esos servicios.

El litigio afectaba a cuotas de 5.015 euros, pero el tribunal desmontó buena parte de las pruebas. La sentencia subraya que “la puesta a disposición del cliente de cafés, azúcar y otros productos no constituye servicios propios de restauración” y añade que “el cambio de ropa y su limpieza prestado a la entrada y salida del período contratado” tampoco basta para hablar de servicios complementarios propios de la industria hotelera. Los magistrados incluso repararon en el reducido importe de las facturas de lavandería -unos 85 euros en total durante varios meses- para concluir que no demostraban la existencia de un auténtico servicio hotelero de cambio diario de ropa de cama y toallas.

Tickets de supermercado y villas de lujo

También la Audiencia Nacional ha tenido que dirimir este tipo de conflictos fiscales. El pasado febrero analizó el caso de la mercantil Ogladenis S.L.U., enfrentada con Hacienda por la explotación de tres villas turísticas de lujo situadas en Catalunya y valoradas en más de cinco millones de euros. La empresa defendía que no gestionaba simples viviendas vacacionales, sino alojamientos equiparables a pequeños hoteles, y alegaba, como en los demás casos, ofrecer limpieza periódica, cambio de sábanas, atención permanente las 24 horas, desayunos, servicio de transfer, catering y asistencia continuada al huésped.

Con ello pretendía mantener importantes deducciones de IVA vinculadas tanto a la construcción como a la explotación de los inmuebles. Para 'acreditar' que realmente prestaba servicios hoteleros, la mercantil llegó a aportar facturas modificadas, publicidad online, comentarios de clientes y conversaciones con huéspedes. En algunas facturas aparecía incluso la frase “con servicio de desayuno y limpieza diaria incluidos”.

La AEAT frenó las pretensiones de la empresa al aseverar que las viviendas funcionaban realmente como arrendamientos exentos de IVA y que, por tanto, no podía deducirse esas cuotas. En su sentencia, la AN detectó además contradicciones entre distintas versiones de las facturas y la actividad efectivamente demostrada, además de inconsistencias entre la publicidad de las villas y los servicios que realmente podían prestarse.

Hacienda revisó incluso tickets del supermercado, el número de trabajadores contratados, las horas materiales necesarias para limpiar las propiedades y las dimensiones de las villas, que sumaban 18 habitaciones, 12 baños y más de 400 metros cuadrados cada una. El tribunal considera “física y materialmente imposible” que la empresa pudiera prestar el servicio de limpieza diaria que afirmaba realizar, especialmente teniendo en cuenta que durante parte de la temporada solo había una limpiadora para atender todas las propiedades.

La AN va más allá y analiza una cuestión mucho más compleja: el llamado “autoconsumo por cambio de afectación”, es decir, promociones inmobiliarias concebidas inicialmente para la venta o para una actividad económica con derecho a deducirse el IVA, pero que finalmente acaban destinándose al alquiler de viviendas exento de ese impuesto.

La Audiencia Nacional va más allá y analiza una cuestión más compleja: el llamado "autoconsumo por cambio de afectación", es decir, promociones inmobiliarias concebidas inicialmente para la venta o para una actividad económica con derecho a deducirse el IVA, pero que finalmente acaban destinándose al alquiler de viviendas exento de ese impuesto

El del “autoconsumo por cambio de afectación” es, precisamente, uno de los frentes que también afloran en una sentencia dictada en 2024 por el Tribunal Superior de Murcia sobre SC2 Patrimonios S.L., vinculada a Proyectos y Promociones Vistas Mágicas S.L. En ese caso, Hacienda sostuvo que una vivienda inicialmente ligada a una promoción inmobiliaria había terminado utilizándose como arrendamiento residencial, lo que obligaba a regularizar las deducciones de IVA practicadas durante la construcción. El conflicto acabó derivando en una liquidación de más de 80.000 euros y una sanción adicional de más de 43.000 euros.

 El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la orden del Ministerio de Hacienda por la que se reducen los índices de rendimiento neto en el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2025, el denominado sistema de módulos, para agricultores y ganaderos.

Esta orden recoge la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de minoración de dichos índices, que ha tenido en cuenta los efectos de circunstancias excepcionales adversas que afectaron a la rentabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas durante 2025. Determinados sectores se benefician de reducciones específicas, del 50 % en el caso la apicultura, y del 30 % en ovino y caprino, tanto para producción de carne como de leche.

Como en otras ocasiones, se ha efectuado también un elevado número de reducciones a nivel autonómico, provincial o municipal en otras producciones, entre las que destacan las aprobadas para los cereales, olivar y viñedo en importantes zonas productoras.

Estas deducciones se suman a la reducción general del 5 % en el rendimiento neto para los aproximadamente 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos establecida en la orden HAC/1347/2024, de 28 de noviembre. En La Rioja la reducción de la base imponible se estima en 17 millones de euros y beneficia a los aproximadamente 10.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos.

Las reducciones aplicadas reflejan las situaciones de adversidad climática del año 2025, entre las que han destacado altas temperaturas, heladas, pedriscos, vientos, precipitaciones extremas y la sucesión de incendios forestales del verano. 

Adicionalmente, los agricultores y ganaderos pueden beneficiarse de otras deducciones como el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros, que representen más del 50 % del importe de los consumidos. El índice único para todos los sectores ganaderos es del 0,5. 

También se aplica un coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego, con una reducción de un 25% del rendimiento neto extensible a todos los regadíos y no sólo a los de consumo eléctrico estacional. 

Igualmente se mantiene la exención del impuesto del IRPF para el cobro de los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC). 

En La Rioja los agricultores y ganaderos se pueden beneficiar de las reducciones establecidas a escala nacional, que son las siguientes:

- Ovino y caprino de carne de 0,13 a 0,09

- Ovino y caprino de leche de 0,26 a 0,18

- Apicultura de 0,26 a 0,13

Solicitudes a nivel municipal

Además, se efectuaron reducciones adicionales en determinadas zonas y cultivos:

- Cereales: en 6 municipios

- Frutos no cítricos: Albaricoque en 4 municipios

- Frutos no cítricos: Melocotón en 4 municipios

- Frutos no cítricos: Nectarina en 4 municipios

- Frutos no cítricos: Cereza en 48 municipios

- Frutos no cítricos: Pera en 123 municipios

- Frutos secos: Almendra en 58 municipios

- Productos hortícolas: Pimiento y Tomate en 94 municipios

- Productos hortícolas: Judías verdes en 19 municipios

- Uva para vino con D.O. en 115 municipios

Gestionar y sacar adelante una pyme implica mucho más que vender un producto o prestar un servicio concreto. Y cualquier que tenga una lo sabe: entre facturas, proveedores, nóminas y clientes, las obligaciones fiscales suelen convertirse en uno de los grandes quebraderos de cabeza. Y no es raro: el sistema tributario español cambia con frecuencia, exige numerosos trámites y deja poco margen para los despistes.

Sin embargo, muchos de los problemas con Hacienda no llegan por grandes fraudes ni por decisiones deliberadas, sino por errores cotidianos que pueden derivar en sanciones, recargos o pérdidas económicas que suelen ser evitables. Los errores se repiten con frecuencia: desde presentar impuestos fuera de plazo hasta deducirse gastos que no corresponden. Fallos que, en muchos casos, se pueden solucionar con una mejor organización y planificación.

Uno de los errores fiscales más frecuentes es no cumplir correctamente con los plazos de presentación de impuestos. IVA, retenciones, pagos fraccionados o Impuesto de Sociedades forman parte de un calendario tributario que obliga a estar pendiente durante los doce meses del año. Es habitual que muchas empresas pequeñas, especialmente aquellas que no cuentan con un departamento financiero propio, dejen todo ese tipo de trámites para el último momento. Y no conviene: incluso un retraso leve puede traducirse en recargos automáticos, intereses o sanciones económicas.

Para evitarlo, cada vez más negocios recurren a programas de gestión, recordatorios automáticos o asesorías externas. Tener un calendario fiscal actualizado y revisarlo periódicamente sigue siendo una de las medidas más eficaces para evitar errores innecesarios.

Otro fallo muy común es mezclar gastos personales y profesionales. Esto ocurre especialmente en autónomos y pequeñas sociedades familiares, donde determinados pagos terminan difuminándose entre lo privado y lo empresarial. Comidas, vehículos, teléfonos móviles o suministros son algunos de los conceptos que más dudas generan.

El problema aparece cuando la empresa intenta deducirse un gasto sin poder demostrar claramente que está vinculado a la actividad profesional. Hacienda suele vigilar especialmente este tipo de deducciones y, si considera que no están justificadas, puede reclamar las cantidades correspondientes junto con sanciones.

El IVA, un foco de errores

El IVA continúa siendo uno de los terrenos donde más fallos cometen las pymes. Tipos impositivos incorrectos, facturas mal emitidas o declaraciones inconsistentes son incidencias relativamente habituales. En muchos casos, el problema no responde a mala fe, sino simplemente a desconocimiento de la normativa.

Hay que tener en cuenta que no todas las actividades tributan igual, y algunos productos o servicios pueden estar sujetos a tipos reducidos o exenciones específicas. Además, el auge del comercio electrónico y de los servicios digitales ha complicado todavía más la situación, especialmente en operaciones con clientes extranjeros o ventas intracomunitarias. Por eso, revisar periódicamente la facturación y contar con asesoramiento especializado resulta especialmente importante en negocios que operan online o trabajan fuera de España.

A esto se suma otro problema frecuente: la mala gestión documental. Aunque la digitalización ha facilitado muchos procesos administrativos, todavía hay empresas que almacenan facturas y justificantes de forma desordenada o poco segura. Facturas perdidas, tickets deteriorados o archivos mal clasificados siguen siendo situaciones habituales.

La normativa obliga a conservar determinada documentación durante varios años, y no poder aportarla ante un requerimiento de Hacienda puede convertirse en un problema serio. Digitalizar facturas, mantener sistemas de archivo organizados y utilizar herramientas de almacenamiento seguro ayuda a reducir riesgos y ahorrar tiempo.

Adaptarse a los cambios 

Otro de los grandes errores que cometen muchas pymes es descuidar las novedades normativas. La fiscalidad cambia constantemente y no siempre resulta sencillo mantenerse al día. Nuevos sistemas de facturación, modificaciones tributarias o cambios en deducciones afectan directamente a la gestión diaria de miles de pequeñas empresas.

Uno de los ejemplos más recientes, y de los que más se habla en el mundo de las pymes, es Verifactu, el nuevo sistema impulsado por la Agencia Tributaria para reforzar el control sobre la facturación empresarial. Aunque muchas compañías todavía no han empezado a adaptarse, los cambios tecnológicos y administrativos asociados obligarán a revisar procesos internos y herramientas digitales.

El problema, una vez más, es que muchas empresas reaccionan tarde, cuando los cambios ya son obligatorios y el margen para la adaptación es mínimo o prácticamente nulo. Una situación que suele traducirse en prisas, lo que conlleva la comisión de errores y, en última instancia, unos costes mayores.

Además, muchas pymes continúan gestionando sus impuestos de forma reactiva, sin una planificación fiscal mínima. Solo piensan en Hacienda cuando llega el momento de presentar declaraciones, lo que dificulta prever pagos, organizar la tesorería o aprovechar posibles deducciones.

Por ello, planificar la carga fiscal no significa tratar de pagar menos, sino evitar sobresaltos financieros y gestionar mejor los recursos disponibles. Revisar ingresos, prever gastos y anticipar obligaciones tributarias permite tomar decisiones con más estabilidad y margen de maniobra.

En ese contexto, cada vez más pequeñas empresas están apostando por profesionalizar su gestión administrativa y apoyarse en herramientas digitales o asesoramiento externo. En un entorno donde las obligaciones fiscales son cada vez más complejas y cuentan con un factor tecnológico clave, la prevención sigue siendo la mejor herramienta para evitar problemas con Hacienda de cara a centrar los esfuerzos en lo realmente importante para cualquier pyme: hacer crecer el negocio.

La campaña de la Declaración de la Renta 2025 está abierta desde el 8 de abril. Desde esa fecha y hasta el 30 de junio, los contribuyentes pueden presentar por internet la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio anterior. El calendario también contempla la atención telefónica desde el 6 de mayo y la posibilidad de realizar el trámite de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria a partir del 1 de junio.

Dentro de este periodo, algunos ciudadanos empezarán a recibir comunicaciones de Hacienda relacionadas con posibles errores o incoherencias en sus declaraciones. Estas cartas no suponen una sanción automática ni implican que el contribuyente tenga que pagar una cantidad adicional por el simple hecho de recibirlas. Su función es advertir de que puede haber algún dato mal incorporado, omitido o distinto a la información que maneja la Administración.

El envío de estas notificaciones se organizará en dos fases: una primera a partir de mediados de mayo y otra durante el mes de junio. La intención es que las personas afectadas puedan revisar su declaración dentro de la propia campaña y corregirla si detectan algún fallo. Si después de comprobarla, consideran que todo está correctamente presentado, no tendrán que modificar nada.

Por qué Hacienda envía estas cartas

La Agencia Tributaria envía estas comunicaciones cuando aprecia posibles diferencias entre la declaración presentada y la información fiscal que tiene disponible. No se trata de una resolución definitiva ni de una acusación de fraude. Es un aviso para que el contribuyente revise los datos declarados y compruebe si coinciden con los que constan en la Administración.

El objetivo principal es reducir errores en la campaña de la Renta. Puede ocurrir que una declaración incluya datos mal incorporados, que falte información relevante o que se haya producido una omisión. En ese caso, Hacienda ofrece al ciudadano la posibilidad de revisar lo presentado antes de que el expediente avance hacia una comprobación posterior. El borrador de la Renta no siempre recoge toda la información necesaria, por lo que el contribuyente debe comprobarlo antes de confirmar la declaración. Un descuido, aunque parezca pequeño, puede acabar en una regularización más adelante.

La medida también busca evitar consecuencias posteriores. Si el contribuyente corrige voluntariamente un error, puede reducir el riesgo de comprobaciones, intereses o sanciones. La Agencia Tributaria intenta que las incidencias se resuelvan dentro del periodo de campaña, antes de iniciar un procedimiento más formal.

Recibir una carta no siempre implica que el ciudadano esté obligado a cambiar la declaración. Lo que hace es señalar que puede existir una incoherencia y que conviene revisar la autoliquidación. Si el contribuyente entiende que la declaración presentada es correcta, no tiene que volver a acceder a la Renta ni presentar una nueva versión. La comunicación, por tanto, tiene un carácter preventivo. No cierra el asunto ni determina por sí sola que haya una infracción. Sirve para que el contribuyente compruebe si los datos enviados son los adecuados y, en caso contrario, pueda corregirlos antes de que la situación derive en una regularización.

Qué hacer si recibes una de estas cartas

El primer paso es leer la carta y revisar la declaración presentada. No conviene ignorar el aviso, pero tampoco interpretarlo como una sanción automática. La comunicación indica que Hacienda ha detectado una posible diferencia y que el contribuyente debe comprobar si los datos declarados son correctos. La revisión debe centrarse en los apartados que puedan haber generado la incoherencia. Conviene comprobar los ingresos, las deducciones y cualquier dato que pueda haber influido en el resultado de la declaración.

Si después de revisar la declaración el ciudadano considera que todo está bien, no tiene que modificar nada. En ese caso, la carta queda como un aviso preventivo y no obliga a presentar una nueva declaración. El hecho de recibirla no significa que Hacienda haya impuesto una sanción ni que exista una infracción grave. Si, por el contrario, el contribuyente detecta un error u omisión, puede corregirlo mediante una declaración rectificativa. Este trámite permite modificar la declaración ya presentada para ajustar los datos a la información correcta. La finalidad es subsanar el fallo antes de que Hacienda pueda iniciar una actuación más seria.

Corregir la declaración cuando realmente hay un error puede evitar problemas posteriores. Una regularización iniciada más adelante por la Administración puede implicar pagos adicionales, intereses o sanciones, según el caso. Por eso, revisar y corregir dentro de la campaña puede ser una forma de cerrar la incidencia con menos consecuencias.

La recomendación básica es actuar con calma, pero no dejar la carta sin revisar. Recibir una comunicación de este tipo es relativamente habitual y no supone automáticamente una infracción grave. Aun así, sí indica que existe un dato que merece atención. Comprobar la declaración, verificar la información y rectificar si procede es la forma más segura de evitar complicaciones.

El plazo general de la campaña termina el 30 de junio. Hasta entonces, los contribuyentes pueden presentar la declaración y, si ya la han enviado, revisar si deben corregir algún dato. Las cartas que Hacienda enviará entre mayo y junio buscan precisamente eso: que las posibles incoherencias se solucionen antes de que terminen convirtiéndose en un problema mayor.

Con la campaña de la Declaración de la Renta de 2025 ya en marcha, son muchas las preguntas que suelen hacerse los contribuyentes para aprovechar todas las deducciones posibles. En este sentido, para realizar correctamente la presentación del IRPF, es vital conocer bien todos los plazos, los métodos que existen para hacer la declaración y toda la documentación que tenemos que preparar para no fallar y responder de manera correcta a todas nuestras obligaciones fiscales. Es importante informarse bien para evitar cometer errores y ser objeto de sanciones, por lo que tendremos que prestar especial atención a si ha habido cambio de normativas, conocer bien todas las deducciones y beneficios que podamos aprovechar y planificar con anticipación la presentación.

La campaña arrancó el 8 de abril para hacer la presentación del borrador online, y se alargará hasta el próximo 30 de junio. Si quieres hacerla por teléfono tendrás que esperar hasta el 6 de mayo, aunque la cita previa se solicitar ya. Mientras que de forma presencial, y también mediante cita previa, puedes hacerla entre el 1 y el 30 de junio. La cita previa puedes pedirla a partir del 29 de mayo.

Con el calendario claro, otra de las consultas más habituales es a qué deducciones tenemos derecho. Por eso, es recomendable revisar las deducciones que tenemos, por ejemplo, por gastos de compra o alquiler de una vivienda, por hijos a cargo, actividades deportivas o gastos médicos. Si te preguntas si puedes desgravarte el seguro médico, la adquisición de gafas o el dentista la respuesta varía en función de algunas cuestiones como tu situación laboral o la comunidad en la que residas. La deducción no es general para todos los contribuyentes, hay matices y es importante conocerlos para no perder la deducción si tienes derecho a ella.

Seguro médico

En cuanto al seguro médico privado, los asalariados no tienen derecho a desgravarse este gasto a nivel estatal; pero si lo contrata y paga su empresa, sí que pueden obtener un beneficio fiscal.

Sin embargo, los trabajadores por cuenta propia —tal y como se recoge en la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo—, sí que pueden deducirse tanto su seguro privado como el de sus familiares directos. El límite se establece en un máximo de 500 euros por cada miembro de la familia, que incluye al cónyuge y los hijos menores de 25 años. Si alguno de los miembros de la familia tiene una discapacidad reconocida, ese límite se incrementa hasta los 1.500 euros. La deducción se puede obtener trimestralmente solicitándola con el modelo 130 o en la declaración de forma anual a través del modelo 100.

Deducciones autonómicas

Si resides en Canarias, Cantabria o la Comunitat Valencia estás de enhorabuena, pues en estas comunidades sí que hay deducciones fiscales para los trabajadores por cuenta ajena. En Canarias te puedes desgravar hasta un 12 por ciento de los gastos que hayas tenido tanto por el diagnóstico como por el tratamiento de enfermedades, embarazo, accidentes o salud dental. Ese mismo porcentaje es aplicable también a la inversión en aparatos, gafas si son graduadas o lentillas. El límite está establecido en 500 euros si tributas de forma individual y 700 si lo haces de forma conjunta y se amplía otros cien euros en caso de que el contribuyente sea mayor de los 65 años o si tiene una discapacidad igual o superior a un 65 por ciento.

Ten en cuenta que si has realizado tus pagos en efectivo, no podrás deducírtelos: solo podrás beneficiarte de esta deducción si los has formalizado con un pago mediante tarjeta, cheque, ingreso en cuenta o transferencia y los puedas justificar debidamente. Todos estos gastos van a la casilla 940. Para poder beneficiarte de estas deducciones, no puedes superar los 45.500 euros en tributación individual o los 60.500 euros en tributación conjunta.

En el caso de Cantabria, la deducción es algo menor, de un 10 por ciento por los mismos conceptos que en Canarias. Los límites también son los mismos, 500 para declaración individual y 700 en declaración conjunta, más cien euros adicionales para los contribuyentes mayores de 65 años o con una discapacidad igual o superior a un 65 por ciento. Se establece, sin embargo, que la deducción será posible “siempre y cuando estos honorarios no estén cubiertos por la Se­guridad Social o en su caso por la Mutua o entidad ase­guradora correspondiente del contribuyente”. Y no se contempla específicamente el gasto por aparatos, gafas graduadas o lentillas. Para beneficiarte de esta deducción, tendrás que registrar los gastos en la casilla 954.

Según recoge la Agencia Tributaria, los límites para poder beneficiarte de las deducciones “tiene que ser inferior a 22.946 euros en tributación individual o a 31.485 euros en tributación conjunta”.

En la Comunitat Valenciana el sistema es distinto. En esta región te puedes deducir hasta cien euros “para el tratamiento y cuidado de las personas afectadas por enfermedades crónicas de alta complejidad y las denominadas raras”, según explican desde la Agencia Tributaria, así como el tratamiento y el cuidado de las personas con Alzhéimer o daño cerebral adquirido. En el caso de familias numerosas o monoparentales el límite asciende a 150 euros.

En el caso de los aparatos bucodentales no relacionados con cuestiones estéticas puedes deducirte hasta un 30 por ciento con un máximo de 150 euros o la atención. El mismo porcentaje se aplica a la compra de gafas graduadas o lentillas, te puedes desgravar también has cien euros, y “la atención a personas afectadas por cualquier patología relacionada con la salud mental, con un límite máximo de 150 euros”. Esos tres conceptos no son incompatibles entre sí.

En la Comunitat Valenciana también existen límites de ingresos para beneficiarte de estas deducciones, aunque se han ampliado en esta campaña a 60.000 euros si haces la declaración de forma individual, y 78.000 si la presentas de forma conjunta.

Qué documentación necesitas

Recuerda que los pagos has tenido que satisfacerlos mediante tarjeta bancaria, ingreso en cuenta o transferencia o cheque, y no en metálico. Además, necesitas un informe médico que justifique que ese gasto es compatible con los comprendidos en las deducciones. Y tienes que tener en cuenta que los tratamientos tienen que haber sido prestados por profesionales y centros debidamente registrados.

No olvides archivar bien tu póliza y las facturas de los gastos realizados durante los siguientes cuatro años, plazo que se reserva la Agencia Tributaria para realizar inspecciones.

La campaña de la Renta 2025 comenzó el 8 de abril y estará abierta hasta el 30 de junio. Durante ese periodo, los contribuyentes pueden presentar por internet la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio anterior. Más adelante se incorporan otras vías: desde el 6 de mayo quedará habilitada la presentación por teléfono y, a partir del 1 de junio, la atención presencial en oficinas.

En estas semanas, muchas declaraciones terminan con resultado a devolver. Esto ocurre cuando, tras hacer el cálculo del impuesto, la cantidad ya adelantada durante el año supera la cuota final que corresponde pagar. En esos casos, el contribuyente solicita que la Administración le reintegre el importe que proceda. Aun así, que el resultado sea favorable no significa que el dinero vaya a llegar de forma inmediata.

Una vez enviada la declaración, el expediente sigue su curso dentro del sistema de la Agencia Tributaria. El trámite puede avanzar sin incidencias o pasar por revisiones antes de que se ordene el ingreso. Por eso, una de las dudas habituales durante la campaña es dónde consultar la situación de la devolución y qué margen tiene Hacienda para pagar.

Cómo saber en qué punto está la devolución

La consulta debe hacerse desde la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, dentro del espacio de la campaña de Renta 2025. Para entrar en el expediente, el contribuyente tiene que acceder al servicio de tramitación del borrador o declaración, conocido como Renta WEB. Desde ahí se puede revisar la información asociada a la autoliquidación presentada y consultar el apartado en el que aparece la situación del trámite.

El acceso requiere identificación. El sistema permite utilizar certificado electrónico o DNI electrónico, Cl@ve, el número de referencia del borrador o declaración de la Renta 2025, o el sistema eIDAS para ciudadanos de la Unión Europea. La referencia de esta campaña está compuesta por seis caracteres y sirve como una de las vías para entrar al expediente cuando no se emplean otros métodos digitales.

Una vez dentro, el contribuyente debe fijarse en el estado de tramitación. El expediente puede indicar que la declaración sigue en curso, lo que significa que ya ha sido recibida, pero todavía no se ha cerrado el proceso. También puede mostrar que se están comprobando los datos, una fase en la que la Administración revisa la información declarada antes de aceptar la devolución solicitada. Otra posibilidad es que el expediente aparezca ya tramitado y que la cantidad pedida se considere correcta.

Cuando las comprobaciones han terminado y no hay incidencias, el sistema informa de la emisión de la devolución. También pueden aparecer avisos que conviene revisar con más detalle, por ejemplo si la declaración aún no figura correctamente grabada o si el importe solicitado no se acepta en los mismos términos. En esos casos, no hay una única respuesta válida para todos los contribuyentes, porque cada situación depende de los datos incluidos en la declaración y de las actuaciones que se realicen sobre ese expediente.

Cuánto tiempo tiene Hacienda para pagar

La Agencia Tributaria dispone de seis meses para efectuar la devolución o iniciar un procedimiento de comprobación. Si la declaración se presenta dentro del plazo ordinario de la campaña, ese periodo empieza a contar desde el 30 de junio, último día previsto para presentar la Renta. Si se entrega fuera de plazo, los seis meses comienzan en la fecha en la que la declaración queda registrada.

El pago se realiza, con carácter general, mediante transferencia bancaria. Para ello, el contribuyente debe haber indicado una cuenta de su titularidad en el documento de ingreso o devolución. La devolución no se considera completada hasta que la Administración ordena el abono, y antes puede revisar la información incluida en la declaración.

La cantidad que finalmente se ingrese será la que reconozca la Administración tras tramitar el expediente. Puede coincidir con la solicitada al presentar la declaración o cambiar si, durante una comprobación, se determina que procede otro importe. Por ese motivo, dos contribuyentes que presentan la Renta el mismo día pueden recibir el dinero en fechas distintas. El ritmo depende de la situación de cada expediente, no solo del momento de presentación.

Si pasan seis meses sin que se haya ordenado el pago por una causa atribuible a la Administración tributaria, se generan intereses de demora desde el día siguiente al vencimiento de ese plazo. El contribuyente no tiene que reclamarlos de forma expresa. Esos intereses se aplican sobre el importe que finalmente se acuerde devolver, ya sea el solicitado en un primer momento o el que resulte después de una revisión.

La consulta en Renta WEB permite seguir ese recorrido sin esperar a recibir una comunicación adicional. A través del expediente puede saberse si la declaración sigue pendiente, si está siendo comprobada, si ya se ha validado o si la devolución está próxima a emitirse. Para quienes tienen resultado a devolver, revisar ese apartado es la forma más directa de conocer cómo avanza el trámite.

La devolución de la declaración de la renta es uno de los momentos más esperados cada año por quienes han obtenido un resultado a su favor. Tras completar el trámite, la atención se centra en el ingreso, pero no siempre llega al mismo tiempo para todos. La Agencia Tributaria sigue un procedimiento con plazos definidos, aunque el ritmo real depende de varios factores que afectan a cada expediente.

En los primeros días de la campaña ya empiezan a registrarse las primeras devoluciones, lo que suele generar la sensación de que el proceso es inmediato. Sin embargo, esa rapidez inicial convive con casos en los que el pago se retrasa durante meses. La diferencia no responde a un criterio único, sino a cómo avanza la tramitación interna de cada declaración.

Por eso, más allá de las fechas generales, lo que marca los tiempos es el funcionamiento del sistema de gestión de Hacienda. La combinación entre automatización y revisiones hace que el calendario no sea uniforme, de modo que entender cómo se organiza ese proceso permite tener una referencia más clara sobre cuándo puede llegar la devolución.

Cuándo devuelve la Agencia Tributaria el dinero de la declaración

Cuando el resultado de la declaración es a devolver, el contribuyente puede hacer un seguimiento del estado de su solicitud a través de su expediente en la plataforma Renta WEB, dentro de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Este sistema permite comprobar en qué fase se encuentra la tramitación, desde que la declaración ha sido registrada hasta que se ordena el pago.

El abono de la devolución se realiza, por norma general, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el propio contribuyente en su declaración. Por eso, uno de los aspectos más importantes es asegurarse de que los datos bancarios son correctos, ya que cualquier error en este punto puede retrasar el ingreso.

En cuanto a los plazos, la Agencia Tributaria dispone de un máximo de seis meses para efectuar la devolución. Este periodo empieza a contar desde el final del plazo oficial de presentación, fijado el 30 de junio de 2026, en el caso de las declaraciones presentadas dentro del calendario ordinario. Esto sitúa el límite en el 31 de diciembre de ese mismo año. Si la declaración se presenta fuera de plazo, el cómputo de los seis meses comienza desde la fecha en la que se entrega.

A pesar de este margen legal, lo habitual es que las devoluciones no se demoren tanto. Una parte importante de los contribuyentes recibe el dinero en las semanas posteriores a la presentación, especialmente cuando la declaración se entrega en los primeros compases de la campaña y no presenta errores. En estos casos, el proceso suele resolverse con rapidez gracias a los sistemas automatizados de verificación.

Sin embargo, no todas las devoluciones siguen el mismo ritmo. Algunas pueden tardar varios meses, incluso cuatro o cinco, sin que exista una incidencia concreta. Esto suele estar relacionado con el volumen de expedientes que maneja la Agencia Tributaria o con la necesidad de realizar comprobaciones adicionales en determinados casos.

Durante la tramitación, Hacienda revisa la coherencia de los datos declarados, incluyendo ingresos, deducciones y otra información relevante. Si detecta alguna discrepancia o necesita más información, puede iniciar un procedimiento de comprobación. En estos casos, es posible que se solicite documentación adicional al contribuyente mediante un requerimiento formal. Cuando esto ocurre, el plazo de seis meses queda en suspenso hasta que se aporta la información solicitada.

Para conocer el estado de la devolución, el contribuyente puede consultar su expediente en cualquier momento. Los mensajes que aparecen en el sistema permiten saber si la declaración sigue en tramitación, si está siendo revisada o si la devolución ya ha sido ordenada. Esta herramienta resulta especialmente útil en los casos en los que el ingreso se retrasa más de lo esperado.

Otro aspecto relevante es qué ocurre si Hacienda no cumple con el plazo máximo. En ese caso, la normativa establece que la Administración debe abonar intereses de demora de forma automática, sin que el contribuyente tenga que solicitarlos. Estos intereses se calculan sobre la cantidad finalmente reconocida a devolver, tanto si coincide con la solicitada inicialmente como si ha sido modificada tras una comprobación.

El momento en el que se presenta la declaración también influye en los tiempos. Quienes la entregan en abril o a comienzos de mayo suelen situarse entre los primeros en recibir el ingreso, siempre que su expediente no requiera revisión. A medida que avanza la campaña, se acumulan más solicitudes y también más casos complejos, lo que puede ralentizar el proceso en determinadas fases.

En definitiva, el calendario de devoluciones no responde a una fecha única, sino a un proceso que depende de múltiples variables. Aunque existe un plazo legal que llega hasta final de año, la mayoría de los pagos se realizan antes. La rapidez con la que se recibe el dinero está condicionada por la fecha de presentación, la complejidad de la declaración y las comprobaciones que lleve a cabo la Agencia Tributaria en cada caso.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley con nuevas exenciones fiscales que incluye facilidades para los afectados por la dana de octubre de 2024. El decreto habilita un compartimento específico dentro del mecanismo extraordinario de financiación de las Comunidades Autónomas para gastos vinculados a la dana y otras catástrofes naturales. También establece que las ayudas que organizaciones como Cáritas y otras ONG dieron a afectados por la DANA están exentas en el IRPF, una de las reclamaciones de los colectivos sociales y de los partidos políticos con representación en las Corts Valencianes.

El texto aprobado este martes incluye varias medidas que perseveran en las ayudas aprobadas por la dana de Valencia entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. En este sentido, se incluye una habilitación para establecer para el año 2026 una línea específica dentro de los Mecanismos Extraordinarios de Financiación para gastos vinculados a la dana.

Esta medida, que permitirá financiar unos 1.300 millones este año para la Comunitat Valenciana, ya se incluyó en un Real-Decreto Ley aprobado en diciembre, pero fue rechazado en el Congreso de los Diputadoss con el voto en contra del PP y Vox. La medida se recupera en este nuevo real decreto y el ministro de Hacienda, el valenciano Arcadi España, ha pedido sensibilidad a los grupos parlamentarios para que esta vez sí pueda salir adelante. De hecho, esta línea de financiación ya se habilitó en los años 2024 y 2025, cuando se asignaron 3.064 millones a la Comunitat Valenciana, que utilizó 1.600 millones, señalan desde el ministerio.

En la misma línea, la norma aprobada este martes contempla que Extremadura pueda recibir recursos con cargo a los mecanismos extraordinarios de financiación para hacer frente a gastos derivados de las inundaciones que ha sufrido recientemente.

Atendiendo también a la petición de los ayuntamientos, el Ministerio de Hacienda establece que los gastos derivados de la dana no se contabilizarán a efectos del cumplimiento de las reglas fiscales. Es decir, esos gastos no computarán en lo establecido por la Ley de Estabilidad, ni se exigirá a esos ayuntamientos la elaboración de planes económico-financieros.

Exenciones en IRPF

El Real Decreto-ley declara exentas de tributación en el IRPF las donaciones efectuadas por las entidades sin ánimo de lucro a personas físicas afectadas por la DANA como, por ejemplo, las de Cáritas. El objetivo de esta medida es equiparar el tratamiento tributario de estas donaciones respecto al de las ayudas concedidas por las empresas a sus trabajadores y familiares afectados por esta catástrofe, que ya estaban exentas.

En la misma línea, el Real Decreto-ley confirma que las ayudas para los afectados de la dana que dio la Generalitat Valenciana están exentas de tributación en el IRPF, una medida que ya se incluyó en el Real Decreto-ley que no fue convalidado el pasado mes de enero. Aun así, por vía interpretativa, la Agencia Tributaria aclaró que estas ayudas no tributaban en la Campaña de la Renta 2025 que está actualmente en vigor. El Real Decreto-ley refuerza la seguridad jurídica y garantiza que esa exención se mantendrá también para el año 2026.

El Ministerio de Hacienda recupera también la exención en el IRPF de las ayudas percibidas por daños personales como consecuencia de los graves incendios forestales que devastaron amplias zonas del país el pasado verano, una medida que también decayó en el Congreso de los Diputados.

La Declaración de la Renta introduce cada año cambios y matices que afectan de forma distinta según el perfil del contribuyente. En el caso de las personas mayores de 65 años, el sistema fiscal recoge un conjunto de medidas específicas que pueden reducir de forma significativa la carga tributaria. Estas ventajas no siempre son evidentes en el borrador, por lo que conviene revisarlas con detalle antes de confirmar la declaración.

En muchos casos, los ingresos de este colectivo proceden principalmente de pensiones o de ahorros acumulados durante su vida laboral. Por ese motivo, la normativa del IRPF contempla exenciones, mínimos más elevados y tratamientos especiales en determinadas operaciones económicas. Conocer estas particularidades permite ajustar correctamente la declaración y evitar pagar más de lo debido.

Rendimientos del trabajo

Dentro del IRPF, se consideran rendimientos del trabajo la mayoría de las prestaciones que perciben los mayores de 65 años. En este apartado se incluyen las pensiones procedentes de los regímenes públicos de la Seguridad Social y de clases pasivas, derivadas de situaciones como jubilación, incapacidad, accidente, enfermedad o viudedad, siempre que no estén exentas.

También forman parte de esta categoría las prestaciones abonadas por mutualidades obligatorias de funcionarios, colegios de huérfanos u otras entidades similares. A esto se suman los importes que reciben los beneficiarios de planes de pensiones, así como los derivados de contratos de seguros vinculados a mutualidades de previsión social. Igualmente, se integran las prestaciones de planes de previsión social empresarial, planes de previsión asegurados y seguros de dependencia regulados en el marco de la atención a la dependencia.

Rentas que no se declaran en el IRPF

Existen determinadas prestaciones y ayudas públicas que no deben incluirse en la declaración. Entre ellas, figuran las relacionadas con el acogimiento de personas mayores de 65 años o con discapacidad.

También están exentas las ayudas económicas concedidas por administraciones públicas a personas con discapacidad igual o superior al 65% o mayores de 65 años destinadas a cubrir gastos de residencia o centros de día, siempre que el resto de sus ingresos no supere los 16.800 euros. A esto se añaden determinadas prestaciones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez reconocidas por la Seguridad Social o por entidades equivalentes, así como las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente en determinados regímenes.

En el caso de personas con discapacidad, tampoco tributan determinadas prestaciones percibidas en forma de renta procedentes de sistemas de previsión social, hasta un máximo anual de 25.200 euros. Las cantidades que superen ese límite sí deben declararse. Además, quedan fuera del IRPF algunas ayudas públicas vinculadas a la dependencia y a cuidados en el entorno familiar.

Venta de la vivienda habitual

Las personas mayores de 65 años no tienen que tributar por la ganancia patrimonial obtenida al vender su vivienda habitual. Este beneficio se aplica siempre que el inmueble tenga esa consideración en el momento de la transmisión o en los dos años anteriores. La exención también se mantiene en los casos en los que se transmite la nuda propiedad y se conserva el usufructo vitalicio sobre la vivienda, lo que permite seguir utilizando el inmueble mientras se ha realizado la operación.

Transmisión de otros bienes y renta vitalicia

En la venta de otros elementos patrimoniales, como pueden ser activos financieros o inmuebles distintos de la vivienda habitual, también existe una ventaja fiscal. Las ganancias pueden quedar exentas si el importe obtenido se destina a constituir una renta vitalicia asegurada. Para ello, la reinversión debe realizarse en un plazo de seis meses desde la transmisión. Además, la cantidad máxima que puede destinarse a este fin es de 240.000 euros por contribuyente. Este mecanismo permite transformar el patrimonio en ingresos periódicos.

Hipoteca inversa

Las cantidades que se perciben a través de una hipoteca inversa no tributan en el IRPF. Este producto permite disponer de dinero utilizando la vivienda habitual como garantía, sin necesidad de venderla. Siempre que la operación se ajuste a la normativa que regula este tipo de instrumentos financieros, las disposiciones realizadas no se consideran renta a efectos fiscales.

Mínimo personal y familiar

El mínimo del contribuyente es, con carácter general, de 5.500 euros anuales. Esta cantidad se incrementa en función de la edad. En el caso de personas mayores de 65 años, el aumento es de 1.150 euros anuales, al que se suman otros 1.400 euros adicionales cuando se superan los 75 años. La normativa prevé que este mínimo se mantenga incluso en el ejercicio en el que se produce el fallecimiento. En declaraciones conjuntas, el otro cónyuge no genera derecho a este mínimo, aunque sí se tiene en cuenta el incremento por edad si corresponde.

El IRPF también contempla reducciones cuando el contribuyente convive con ascendientes, como padres o abuelos. Para aplicar este beneficio, el familiar debe tener más de 65 años —o una discapacidad reconocida—, convivir con el contribuyente al menos la mitad del año y no superar los 8.000 euros de ingresos anuales, excluidas las rentas exentas. Además, no debe presentar declaración con rentas superiores a 1.800 euros. Si se cumplen estos requisitos, el mínimo es de 1.150 euros anuales por cada ascendiente mayor de 65 años, que aumenta en 1.400 euros adicionales si supera los 75 años.

Mínimo por discapacidad

Las personas con discapacidad pueden aplicar reducciones adicionales en función del grado reconocido. Cuando el grado es igual o superior al 33% e inferior al 65%, el mínimo asciende a 3.000 euros. Si además se acredita la necesidad de ayuda de terceras personas o movilidad reducida, se añaden otros 3.000 euros.

En los casos de discapacidad igual o superior al 65%, la cuantía se eleva a 9.000 euros, con un incremento adicional de 3.000 euros por gastos de asistencia, lo que sitúa el total en 12.000 euros. Estas reducciones también pueden aplicarse a ascendientes si generan derecho a ello y cumplen los requisitos establecidos.

Todavía puedes realizar la declaración de la renta relativa a 2025 hasta el 30 de junio de 2026. Los contribuyentes tienen derecho a deducciones generales para todo el Estado o propias de Castilla y León, como las que se enuncian a continuación

Por circunstancias personales y familiares:

Sobre la vivienda

Por donativos y donaciones:

Otros conceptos deducibles:

La devolución de la declaración de la renta es uno de los momentos más esperados cada año por quienes han obtenido un resultado a su favor. Tras completar el trámite, la atención se centra en el ingreso, pero no siempre llega al mismo tiempo para todos. La Agencia Tributaria sigue un procedimiento con plazos definidos, aunque el ritmo real depende de varios factores que afectan a cada expediente.

En los primeros días de la campaña ya empiezan a registrarse las primeras devoluciones, lo que suele generar la sensación de que el proceso es inmediato. Sin embargo, esa rapidez inicial convive con casos en los que el pago se retrasa durante meses. La diferencia no responde a un criterio único, sino a cómo avanza la tramitación interna de cada declaración.

Por eso, más allá de las fechas generales, lo que marca los tiempos es el funcionamiento del sistema de gestión de Hacienda. La combinación entre automatización y revisiones hace que el calendario no sea uniforme, de modo que entender cómo se organiza ese proceso permite tener una referencia más clara sobre cuándo puede llegar la devolución.

Cuándo devuelve la Agencia Tributaria el dinero de la declaración

Cuando el resultado de la declaración es a devolver, el contribuyente puede hacer un seguimiento del estado de su solicitud a través de su expediente en la plataforma Renta WEB, dentro de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Este sistema permite comprobar en qué fase se encuentra la tramitación, desde que la declaración ha sido registrada hasta que se ordena el pago.

El abono de la devolución se realiza, por norma general, mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el propio contribuyente en su declaración. Por eso, uno de los aspectos más importantes es asegurarse de que los datos bancarios son correctos, ya que cualquier error en este punto puede retrasar el ingreso.

En cuanto a los plazos, la Agencia Tributaria dispone de un máximo de seis meses para efectuar la devolución. Este periodo empieza a contar desde el final del plazo oficial de presentación, fijado el 30 de junio de 2026, en el caso de las declaraciones presentadas dentro del calendario ordinario. Esto sitúa el límite en el 31 de diciembre de ese mismo año. Si la declaración se presenta fuera de plazo, el cómputo de los seis meses comienza desde la fecha en la que se entrega.

A pesar de este margen legal, lo habitual es que las devoluciones no se demoren tanto. Una parte importante de los contribuyentes recibe el dinero en las semanas posteriores a la presentación, especialmente cuando la declaración se entrega en los primeros compases de la campaña y no presenta errores. En estos casos, el proceso suele resolverse con rapidez gracias a los sistemas automatizados de verificación.

Sin embargo, no todas las devoluciones siguen el mismo ritmo. Algunas pueden tardar varios meses, incluso cuatro o cinco, sin que exista una incidencia concreta. Esto suele estar relacionado con el volumen de expedientes que maneja la Agencia Tributaria o con la necesidad de realizar comprobaciones adicionales en determinados casos.

Durante la tramitación, Hacienda revisa la coherencia de los datos declarados, incluyendo ingresos, deducciones y otra información relevante. Si detecta alguna discrepancia o necesita más información, puede iniciar un procedimiento de comprobación. En estos casos, es posible que se solicite documentación adicional al contribuyente mediante un requerimiento formal. Cuando esto ocurre, el plazo de seis meses queda en suspenso hasta que se aporta la información solicitada.

Para conocer el estado de la devolución, el contribuyente puede consultar su expediente en cualquier momento. Los mensajes que aparecen en el sistema permiten saber si la declaración sigue en tramitación, si está siendo revisada o si la devolución ya ha sido ordenada. Esta herramienta resulta especialmente útil en los casos en los que el ingreso se retrasa más de lo esperado.

Otro aspecto relevante es qué ocurre si Hacienda no cumple con el plazo máximo. En ese caso, la normativa establece que la Administración debe abonar intereses de demora de forma automática, sin que el contribuyente tenga que solicitarlos. Estos intereses se calculan sobre la cantidad finalmente reconocida a devolver, tanto si coincide con la solicitada inicialmente como si ha sido modificada tras una comprobación.

El momento en el que se presenta la declaración también influye en los tiempos. Quienes la entregan en abril o a comienzos de mayo suelen situarse entre los primeros en recibir el ingreso, siempre que su expediente no requiera revisión. A medida que avanza la campaña, se acumulan más solicitudes y también más casos complejos, lo que puede ralentizar el proceso en determinadas fases.

En definitiva, el calendario de devoluciones no responde a una fecha única, sino a un proceso que depende de múltiples variables. Aunque existe un plazo legal que llega hasta final de año, la mayoría de los pagos se realizan antes. La rapidez con la que se recibe el dinero está condicionada por la fecha de presentación, la complejidad de la declaración y las comprobaciones que lleve a cabo la Agencia Tributaria en cada caso.

La campaña de la renta correspondiente al ejercicio 2025 vuelve a situar a los contribuyentes ante un escenario en el que la revisión del borrador resulta determinante. Aunque la Agencia Tributaria facilita una base de datos cada vez más completa, no todos los beneficios fiscales se incorporan automáticamente. Esto obliga a comprobar con detalle cada apartado de la declaración para evitar errores y, sobre todo, para no dejar fuera deducciones que pueden reducir de forma significativa la cuota final.

En este contexto, el sistema fiscal mantiene una estructura compleja en la que conviven incentivos estatales con otros autonómicos, además de deducciones sujetas a requisitos muy concretos. La falta de información clara o la dificultad para interpretar la normativa provoca que muchos declarantes no apliquen correctamente todas las ventajas disponibles. Por ello, identificar las deducciones menos conocidas o que suelen pasar desapercibidas se convierte en un paso clave para ajustar la declaración a la situación real de cada contribuyente.

Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación

El impuesto sobre la renta incluye un incentivo para quienes aportan capital a empresas de nueva creación o con pocos años de actividad. Esta medida permite aplicar una deducción en la cuota estatal por las cantidades invertidas en la suscripción de acciones o participaciones, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normativa.

Desde 2023, el porcentaje aplicable alcanza el 50% de la inversión realizada, con un límite máximo de base de 100.000 euros anuales. Esto significa que el beneficio fiscal se calcula sobre el valor de adquisición de las participaciones, dentro de ese tope. No obstante, la deducción exige condiciones como mantener la inversión durante un periodo determinado o que la empresa cumpla criterios específicos.

Otro aspecto relevante es que este incentivo no se puede combinar con deducciones autonómicas similares sobre las mismas cantidades. Esta incompatibilidad obliga a elegir qué beneficio aplicar en cada caso. La falta de conocimiento de estas condiciones hace que muchos contribuyentes no incluyan esta deducción, pese a haber realizado inversiones que podrían dar derecho a ella.

Deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas

Las actuaciones dirigidas a mejorar la eficiencia energética de las viviendas cuentan con varias deducciones específicas en el IRPF. Estas medidas se aplican sobre las cantidades invertidas en obras que reduzcan la demanda energética o mejoren el rendimiento del inmueble, y se han configurado como incentivos temporales.

Existen tres modalidades diferenciadas. La primera permite deducir un 20% del gasto cuando las obras logran reducir la demanda de calefacción o refrigeración, con una base máxima de 5.000 euros. La segunda, orientada a disminuir el consumo de energía primaria no renovable, eleva el porcentaje hasta el 40%, con un límite de 7.500 euros. La tercera modalidad, centrada en la rehabilitación energética de edificios residenciales, alcanza el 60%, también con una base máxima de 5.000 euros.

Para acceder a estas deducciones es imprescindible contar con certificados de eficiencia energética que acrediten la mejora obtenida. Este requisito técnico, junto con los límites y condiciones establecidos, explica que algunos contribuyentes no lleguen a aplicarlas, incluso cuando han realizado obras que podrían encajar en estos supuestos.

Deducción por la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga

La normativa también contempla incentivos fiscales para fomentar la movilidad eléctrica. En concreto, se han establecido deducciones temporales que permiten reducir la cuota por la compra de vehículos eléctricos y por la instalación de puntos de recarga.

En el caso de la adquisición de un vehículo, el contribuyente puede deducirse el 15% del importe, siempre que se respeten los límites fijados. La base máxima se sitúa en 20.000 euros, incluyendo el precio, los gastos y los impuestos asociados, y el coste del vehículo no puede superar los 45.000 euros antes de aplicar el IVA.

Por otro lado, también se incluyen las inversiones destinadas a instalar infraestructuras de recarga en viviendas. Ambas medidas están sujetas a plazos concretos y a requisitos específicos, lo que hace necesario revisar cada caso. El desconocimiento de estas condiciones provoca que no siempre se reflejen en la declaración.

Deducciones por donativos

Las donaciones a entidades sin ánimo de lucro constituyen uno de los beneficios fiscales más extendidos, aunque no todos los contribuyentes lo aplican correctamente. Este incentivo permite reducir la cuota en función de las cantidades aportadas a organizaciones acogidas al régimen fiscal correspondiente.

En términos generales, los primeros 250 euros donados permiten aplicar una deducción del 80%. A partir de esa cantidad, el porcentaje se reduce al 40%, siempre dentro de los límites establecidos. Además, el total deducible no puede superar el 10% de la base liquidable del contribuyente.

Para beneficiarse de esta deducción es necesario contar con el certificado emitido por la entidad receptora. La falta de este documento o el desconocimiento de los porcentajes aplicables hace que algunas aportaciones no se incluyan en la declaración, pese a su impacto directo en el resultado.

Sistemas de previsión social

Las aportaciones a sistemas de previsión social, como los planes de pensiones, permiten reducir la base imponible del impuesto, lo que puede traducirse en un ahorro fiscal relevante. Este mecanismo no actúa como una deducción directa, pero sí disminuye la cantidad sobre la que se calcula el IRPF.

En el caso de los planes individuales, el límite de reducción se sitúa en 1.500 euros anuales, siempre que no supere el 30% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas. A esto se suma la posibilidad de aplicar una reducción adicional por aportaciones a planes de empleo, que puede alcanzar hasta 8.500 euros.

Para trabajadores autónomos, el límite adicional es menor, con un máximo de 4.250 euros en determinados supuestos. A pesar de estos incentivos, no todos los contribuyentes aprovechan el margen disponible, lo que reduce el efecto fiscal del ahorro destinado a la jubilación.

Deducciones por alquiler o adquisición de vivienda habitual

En el ámbito de la vivienda existen dos deducciones principales que siguen generando dudas. Por un lado, la deducción por adquisición de vivienda habitual se mantiene únicamente para quienes compraron su vivienda antes de 2013 y continúan pagando el préstamo. Este régimen transitorio permite seguir aplicando el beneficio bajo las condiciones establecidas.

Por otro lado, la deducción por alquiler a nivel estatal se limita a contratos anteriores a 2015 y está sujeta a determinados niveles de renta. En estos casos, se puede deducir un porcentaje de las cantidades pagadas, siempre que se cumplan los requisitos de base imponible y límites fijados.

Además, las comunidades autónomas han desarrollado sus propias deducciones en materia de vivienda, lo que amplía las posibilidades de aplicación. A esto se añade que los propietarios que alquilan inmuebles destinados a vivienda habitual pueden aplicar reducciones sobre el rendimiento neto, que en algunos casos pueden alcanzar porcentajes elevados si se cumplen determinadas condiciones.

La campaña de la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2025 se desarrolla, como cada año, con un calendario organizado en varias fases que permiten a los contribuyentes elegir cómo presentar su declaración. El proceso arranca con la vía telemática, que concentra una parte importante de las gestiones, pero a medida que avanza el calendario se habilitan otros canales de asistencia. Entre ellos, la atención telefónica vuelve a ocupar un lugar relevante para quienes necesitan apoyo durante el trámite o prefieren no gestionarlo por su cuenta.

En este contexto, la Agencia Tributaria mantiene el servicio conocido como “Le Llamamos”, un sistema que permite confeccionar la declaración mediante una llamada con personal técnico. Este modelo requiere una planificación previa por parte del contribuyente, ya que solo se puede utilizar con cita previa y dentro de unos plazos concretos. La gestión de este servicio se realiza principalmente a través de la sede electrónica oficial, donde también se detallan los requisitos y condiciones para acceder a esta modalidad dentro de la campaña.

Cuándo se puede solicitar cita para hacer la declaración por teléfono

El servicio telefónico de la Agencia Tributaria tiene su propio calendario dentro de la campaña. Este sistema estará operativo desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio, fecha en la que finaliza la campaña de la renta por cualquier vía. No obstante, el acceso a este servicio no es inmediato desde su inicio.

Para poder utilizarlo, es obligatorio reservar cita previa dentro de un plazo concreto. La solicitud podrá realizarse desde el 29 de abril y permanecerá abierta hasta el 29 de junio. Este margen establece el periodo en el que los contribuyentes pueden elegir día y hora para recibir la llamada de la Agencia Tributaria.

La diferencia entre el calendario de solicitud y el de atención implica que la cita debe pedirse con antelación. El sistema asigna las franjas disponibles en función de la demanda, por lo que la disponibilidad de horarios puede variar a medida que avanza la campaña. Esto hace que quienes estén interesados en este canal deban anticiparse para encontrar fechas que se ajusten a su disponibilidad.

El cierre definitivo de la campaña está previsto para el 30 de junio, lo que marca también el final del servicio telefónico. A partir de ese momento, ya no será posible presentar la declaración ni solicitar asistencia por este medio. Este límite afecta a todos los canales, incluidos el presencial y el telemático.

Dentro del mismo calendario, la Agencia Tributaria también contempla otras modalidades de atención. La asistencia en oficinas, por ejemplo, se activa más tarde: las citas pueden solicitarse desde el 29 de mayo y la atención presencial se presta entre el 1 y el 30 de junio. Aunque esta opción sigue disponible, el servicio telefónico se mantiene como una alternativa intermedia entre la gestión autónoma por internet y la atención en oficinas.

Cómo solicitar cita para hacer la declaración por teléfono

El proceso para reservar cita previa se gestiona principalmente a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. En el apartado habilitado para este trámite, el contribuyente debe identificarse mediante alguno de los sistemas admitidos, como el NIF o NIE, Cl@ve, el número de referencia, el DNI electrónico o el certificado electrónico. También existe la posibilidad de realizar la solicitud por teléfono a través de los números habilitados para la campaña.

Una vez dentro del sistema, es necesario seleccionar el servicio correspondiente a la campaña de la renta y elegir la opción de confección de la declaración por vía telefónica. A continuación, el sistema muestra un calendario con las fechas disponibles, entre las que el usuario puede escoger la que mejor se ajuste a su situación.

Durante la reserva, se solicita un número de teléfono de contacto. Este dato es esencial, ya que será el canal utilizado por la Agencia Tributaria para realizar la llamada en el día y la franja horaria elegidos. La llamada se efectuará desde el número 913 335 333, por lo que se recomienda estar disponible en ese intervalo horario previamente seleccionado.

La gestión de la cita no termina con la reserva inicial. El sistema permite modificar o cancelar la cita por los mismos canales utilizados para solicitarla. En caso de no poder atender la llamada, la Agencia Tributaria indica que se debe anular la cita con al menos 24 horas de antelación. Si no se realiza este trámite, será necesario solicitar una nueva dentro del periodo disponible, siempre que queden huecos libres.

Documentación necesaria para presentar la declaración por teléfono

Para que la atención telefónica se desarrolle correctamente, es imprescindible preparar previamente toda la documentación necesaria. La Agencia Tributaria señala que deben estar presentes las personas titulares de la declaración en el momento de la llamada, ya que será necesario verificar la identidad. En caso de utilizar el sistema Cl@ve, se debe disponer del teléfono asociado al registro; si no, será necesario contar con el número de referencia.

Entre la documentación básica exigida se encuentran el DNI, así como copia del de otros contribuyentes incluidos en la declaración, el número IBAN de la cuenta bancaria y las referencias catastrales de los inmuebles. Esta información es imprescindible para completar el trámite, y su ausencia impide que se pueda elaborar la declaración durante la llamada.

Además, la Agencia Tributaria indica que deben prepararse documentos adicionales en caso de haber percibido determinadas rentas que no figuren en los datos fiscales. Esto incluye ingresos por trabajo, rendimientos de capital, actividades económicas, operaciones con inmuebles o activos financieros, así como posibles deducciones autonómicas u otros beneficios fiscales. La falta de estos datos puede impedir la correcta elaboración de la declaración.

El servicio telefónico funciona en tiempo real, lo que significa que la declaración se confecciona durante la llamada con la información disponible en ese momento. Por este motivo, la preparación previa es un requisito clave para evitar incidencias y completar el proceso en una sola gestión.

La Policía Nacional ha ofrecido consejos básicos para la prevención de diferentes estafas durante la campaña de presentación de la Declaración de la Renta 2025. Se han detectado algunas denuncias de personas a las que se les ha suplantado la identidad y que al realizar el borrador de su declaración, han observado unas ganancias económicas en juegos online que ellos no han realizado. Por lo que podría ser víctima de un delito de suplantación de identidad. En estos casos, han de llevar a cabo unos pasos concretos antes de interponer una denuncia en las dependencias policiales. 

En los últimos días se han recibido algunas denuncias, en las que las víctimas manifestaban que al comprobar los datos fiscales de este año, se habían percatado de unas ganancias de juegos online no reconocidas por ellos. Se trataba de unas ganancias obtenidas en apuestas online y debían tributar por ellas, mientras que ellos no las habrían realizado, sino que alguien habría suplantado su identidad para hacerse pasar por él y evadir el pago de esas ganancias. 

Los estafadores, suplantan las identidades para registrar a personas en casas de apuestas (tanto físicas como en Internet). Una vez que cuentan con los datos del DNI de sus víctimas, los estafadores los usan para realizar apuestas, logrando que las ganancias se dirigiesen a sus propias cuentas mientras las obligaciones fiscales recaían sobre las personas cuya identidad ha sido suplantada.

Consejos de la Policía Nacional

Si ha sido víctima de alguna suplantación de identidad debe:

- Obtener el certificado anual de movimiento de juego o también llamado ‘informe de transacciones’ del año que desee. Desde la página de Servicio PACS de la Dirección General de Ordenación del Juego (https://pacs.ordenacionjuego.es/info/pacs)

- Interponer una denuncia en la Policía Nacional, en cualquier Oficina de Atención al Ciudadano (ODAC), que están disponibles al público 24 horas al día y todos los días de la semana.

- Reflejar en el cuerpo de la denuncia el certificado anual de movimiento de juego correspondiente al año en el que le han suplantado la identidad. Manifestar en la denuncia que la realiza siguiendo el Protocolo PACS. 

Otras estafas

Existen otras estafas relacionadas con la Declaración de la Renta, como el envío de SMS (mensajes de texto) falsos (SMISHING) manifestando que la víctima tiene una cantidad de dinero de la devolución de la Renta aún sin cobrar y que debe pinchar en ese enlace para rellenar algunos datos de carácter personal y poder así cobrar la devolución; el envío de correos electrónicos (PHISHING) con algunos datos personales de las víctimas acompañados de algún enlace que les lleva a sitios web no seguros para acabar de cumplimentar otros datos de carácter personal y hacerse con las claves personales…

Consejos de prevención

-No pinche en enlaces que le lleguen a través de SMS o correos electrónicos. Inicie sesión a través de sitios oficiales y no a través de enlaces que no sabe dónde le llevan.

-No proporciones datos personales a través de sitios web ni a través de llamadas telefónicas. 

-La Agencia Tributaria nunca le va a pedir sus datos personales porque ya los tiene.

-No envíe copia de su DNI a cualquier persona, tenga precaución a la hora del envío y si lo hace, hágalo pixelando los datos que no sean necesarios.