“¡Que vivan los Fernández!”. Claro, corto y al pie, el discurso de Antonio (Toni) Fernández Gabarre ha trascendido más allá de las palabras. Ciudad sin sueño, la película que le hizo subir al escenario de los Premios Goya y recibir la estatuilla al Mejor Actor Revelación, narra una vida que él conoce bien: la que aún resiste en la Cañada Real Galiana, el asentamiento chabolista más extenso de Europa que se quedó sin luz en octubre de 2020. En el filme de Guillermo Galoe, Toni interpreta a un joven con una vida similar a la suya, e incluso el mismo nombre.

Su personaje pertenece a una familia gitana de chatarreros que vive en la Cañada Real. Con el avance de los derribos de viviendas a su alrededor, tiene que plantearse si abandonar aquel hogar o luchar para quedarse. El largometraje dibuja un conflicto social lleno aristas, ya que mientras su abuelo se niega a marcharse de un paraje que considera único, su madre trata de convencerle desde el otro lado para que sus hijos crezcan en un lugar con suministro eléctrico, agua, espacios culturales o zonas de ocio. La noche del domingo, cuando Toni Fernández –el actor, no el personaje– levantó su galardón ante la mirada del cine español no habló de cumplir un sueño, ni de cómo es desfilar por la alfombra roja. Habló de su barrio.

“Se lo quiero dedicar a toda mi familia, que está en la Cañada”, concluyó en un discurso breve y donde no olvidó agradecer la oportunidad al equipo de producción de la película, al director que retrató su casa o a sus compañeros de nominación, “que son unos cracks”. Para esta categoría competía con actores más experimentados como Julio Peña (El cautivo), Hugo Weizel (Enemigos), Jan Monter Palau (Estrany riu) o Mitch (Romería). En los pasillos del Auditorio Fòrum de Barcelona, cuando la gala ya había terminado, el joven reconoció lo nervioso que estaba.

“Tengo un nudo de nervios que no se va del todo. Pero estoy súper feliz y, bueno, ¡me lo llevo!”, respondió a preguntas de los periodistas sujetando su primer cabezón. Poco después de su victoria, Toni admitió que sus vecinos en la vía pecuaria ya le estaban “petando el móvil” y celebrando la noticia. “Yo creo que están chillando, saltando...”, dedujo. El ganador a Mejor Actor Revelación vive en el sector VI de Cañada, el más perjudicado por los cortes de luz y el único que aún a día de hoy continúa sin ningún tipo de suministro eléctrico. La suya es la historia de una familia que sobrevive entre apagones, estigmatización o promesas políticas que nunca llegan a fraguarse.

Nos interesaba algo más que solo hablar de un espacio y de un contexto sociopolítico. Queríamos ver cómo ese contexto sociopolítico afecta en lo íntimo

Guillermo Galoe — Guionista y director de 'Ciudad sin sueño'

El filme, dirigido por una cineasta que también hace su debut en el mundo del largometraje, trata de describir una realidad ajena a la de la mayoría sin regodearse en lo dramático. “Nos interesaba algo más que solo hablar de un espacio y de un contexto sociopolítico. Ver cómo ese contexto sociopolítico afecta en lo íntimo. Son personajes que podían haber ocupado tramas y tropos de películas de género, de wéstern o de noir, y están en ese espacio. Nos interesa ver cómo se sienten, cómo se enfrentan al desvanecimiento del mundo en el que viven. Nos interesaba la idea del fin de la comunidad”, contó Guillermo Galoe en una entrevista con elDiario.es, en mayo del año pasado.

La Cañada Real Galiana está dividida en varios sectores y se extiende a lo largo de 15 kilómetros de vía. El año de la pandemia se quedó sin luz después de que Naturgy, la empresa privada que suministra electricidad a la zona, comenzara a eliminar conexiones sobre el terreno al considerarlas sospechosas o vincularlas a plantaciones de marihuana. El 26 de febrero del año pasado, el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa falló en contra de España por dejar sin luz a la Cañada a raíz de una demanda colectiva en la que varias entidades expusieron los perjuicios a los que se ven expuestos sus habitantes.

Un año después, la situación no ha cambiado en exceso. Los desalojos forzosos, que se mencionan en la película, comenzaron a raíz de un pacto regional entre administraciones para desmantelar los asentamientos y realojar en otras viviendas a sus vecinos. La resolución del órgano paneuropeo ya pidió a España que garantizara un acceso “estable, constante y seguro” a la energía entre la población de la Cañada, pero de momento no ha establecido ningún tipo de régimen sancionador en caso de que el país incumpla el dictamen. En diciembre de 2027 solicitarán un nuevo informe al Gobierno español y una rendición de cuentas. Mientras esperan en un largo periplo, la estatuilla para Toni ha dado algo de luz a una zona a oscuras.

El 26 de febrero del año pasado, el Comité Europeo de Derechos Sociales hizo pública su resolución ante una demanda colectiva contra España por dejar sin luz a la Cañada Real, un asentamiento en la vía pecuaria que discurre por la Comunidad de Madrid. Su dictamen era claro: ese corte del suministro eléctrico viola la Carta Social Europea, garante de derechos fundamentales para ciudadanos de la UE. El recorrido al que afecta se extiende entre Coslada, Madrid y Rivas, y se estima que en sus seis sectores llegaron a vivir unas 6.000 personas. Los más afectados están en el 5 y 6; especialmente en el último, donde no hay energía para regular la temperatura en meses de frío o calor, ni conservar alimentos o iluminar estancias de noche. Un año después, nada ha cambiado.

“Aquí seguimos igual. En mi caso, pendiente de juicio”, contesta Raquel al otro lado del teléfono. En mayo, una semana después del apagón eléctrico que dejó sin luz a todo el país salvo Canarias, esta mujer de 50 años –que lleva varios viviendo en el sector 6 de la Cañada Real Galiana– contaba a Somos Madrid su periplo legal para conservar la casa en la que reside, y en la que está empadronada. En la denuncia, abierta y a la espera de un veredicto, pugna contra una última resolución del Gobierno regional, que se acoge la ley regional de suelo o a la 39/2015 sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para instar a los titulares de “infraviviendas” (como consideran al domicilio de Raquel) que soliciten un realojo lo antes posible.

Más de un año después desde que se inició el corte del suministro en la Cañada, el 2 de marzo de 2022, varias entidades elevaron una reclamación conjunta al Consejo de Europa señalando que España había violado derechos como el de la vivienda, protección de la salud o contra la pobreza. Se personaron el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), la Federación Europea de Asociaciones Nacionales que Trabajan con las Personas sin Hogar (FEANTSA), la ONG Defence for Children International, el Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo o la asociación de jueces europeos progresistas, MEDEL (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés).

Garantizar los derechos de la Carta Social Europea sigue siendo responsabilidad del Estado

Comité Europeo de Derechos Sociales

En su resolución, el Comité Europeo de Derechos Humanos encargado de examinar la denuncia concluyó que cualquier ciudadano debe tener acceso “estable, constante y seguro a una [cantidad de] energía adecuada” para que puedan garantizarse algunos de sus derechos humanos básicos, mencionando entre ellos la vivienda, la salud o incluso la educación según lo que se proclama en la Carta Social Europea, que protege especialmente a niños, familias, mayores o personas con alguna discapacidad. El órgano del Consejo de Europa determinó que los Estados no pueden “externalizar” sus obligaciones en materia de derechos energéticos a empresas privadas aunque decidan que estas gestionen el suministro.

Una fecha clave para rendir cuentas: diciembre de 2027

“Garantizar los derechos de la Carta sigue siendo responsabilidad del Estado”, estimó en una publicación sobre el caso en su página web el propio CEDH, que constató esa falta de recursos energéticos como una forma de exponer a la población a diversos “riesgos para la vida y la integridad física o moral”. En especial, puntualizó el daño que esto supone para los grupos más vulnerables de entre los afectados, mencionando además de niños o ancianos a personas migrantes o con problemas médicos. Y, sin embargo, la sentencia no plantea a priori ningún tipo de régimen sancionador contra España, más allá de la determinación de vigilar desde las instituciones europeas si el país revierte esta situación.

Eso sí, tiene una fecha tope. En respuesta a una consulta de Somos Madrid, el Consejo de Europa explica un procedimiento de “informe único” para hacer seguimiento de las resoluciones adoptadas en materia de derechos sociales. El tiempo de espera hasta solicitarlo es de dos años desde el momento en el que se toma la decisión, por lo que la institución paneuropea da a España hasta diciembre de 2027 para “cumplir la recomendación y subsanar las vulneraciones constatadas por el Comité Europeo de Derechos Sociales”.

De momento, desde la Cañada denuncian que no ha sido así. “El suministro eléctrico no ha sido restablecido y miles de personas, niñas, niños y adolescentes, continúan viviendo en un entorno torturador que vulnera derechos humanos básicos”, afirma la abogada e integrante de la Plataforma Cívica Luz para Cañada Real, María López. Esta entidad fue la que comenzó a denunciar la situación, cuyo testigo fue recogido luego ante Europa por las cinco organizaciones que firman la demanda. López lamenta que, un año después de resolverse, “no solo no se ha cumplido”, sino que los cortes de luz continúan “agravando la vida de vecinos y vecinas” a la vez que se usan, a su juicio, como una “herramienta de presión” ejecutar “desalojos forzosos”.

El Pacto Regional que no logra cerrar el círculo en la Cañada

Estos desalojos son los que contempla el Pacto Regional por la Cañada Real. Es un acuerdo multilateral firmado el 17 de mayo de 2017 (cuando la presidenta era Cristina Cifuentes) en la sede del Gobierno autonómico, y en el que participan la Delegación del Gobierno, en representación del Estado; los grupos políticos con voz en la Asamblea de Vallecas y los ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas, además del propio Ejecutivo autonómico ahora con Isabel Díaz Ayuso.

Todos los firmantes se comprometieron a buscar soluciones al apagón involuntario, y también a publicitar los “acuerdos o acciones que se vayan acometiendo” en la Cañada Real, según difunde la Comunidad de Madrid en su portal oficial. Uno de los abogados del equipo jurídico que impulsó la reclamación colectiva, Francisco Javier Rubio (miembro del Centro de Asesoría y Estudios Sociales, el CAES, y especializado en asuntos de vivienda), es contundente sobre el hecho de que el Gobierno central no haya actuado de forma tajante con la falta de luz en la Cañada, incluso un año después de esta resolución: “El Estado juega a hacerse el sordo”.

Desde el inicio, el Ejecutivo nacional ha sostenido que en la Cañada hay enganches ilegales al sistema eléctrico que en muchos casos provenían de plantaciones de marihuana, y que eso fue lo que llevó a Naturgy –la empresa privada que suministra luz en la zona– a eliminar conexiones consideradas sospechosas. El letrado de la causa en Europa explica a Somos Madrid que, hasta la fecha, sí ha habido algún movimiento reciente. Pero ninguno lo bastante contundente como para dar la vuelta a la situación. El pasado mes de diciembre se celebró un Comité de Ministros en el Consejo de Europa, el mismo órgano que condenó la actuación de España con la vía pecuaria y sus habitantes.

Uno de los puntos a debatir era la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, un tratado internacional que sí es vinculante y tiene por finalidad proteger la democracia o el Estado de Derecho entre los países firmantes. España se encuentra entre ellos de ellos. “Esta vez fue en un órgano político, y no judicial o parajudicial, donde se volvió a traer que existe una resolución en contra de lo que ocurre en la Cañada Real”, apunta Rubio. Aunque en realidad, las primeras señales de alerta se fraguaron hace más de tres años.

La urgencia de “evitar lesiones graves e irreparables”

En octubre de 2022, cuando en los asentamientos vivían unas 4.500 personas, el Comité Europeo de Derechos Sociales ya pidió “medidas inmediatas” a España por el “grave impacto negativo” que tenía sobre la población esta falta de luz, aire o calefacción. El órgano del Consejo de Europa, una herramienta paneuropea que no depende directamente la UE pero reúne a 46 países, había recibido en marzo la demanda conjunta sobre la Cañada y, sin emitir aún una resolución firme, instó al Gobierno de Pedro Sánchez a tomar cartas en el asunto para “evitar lesiones graves e irreparables a la integridad” de sus habitantes.

Desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, que gestiona los realojos planteados en el Pacto Regional para vaciar la vía, delegan en el Comisionado para la Cañada Real, un cargo autonómico que ostenta Ignacio Sánchez Segura, la información actualizada sobre el número de reasignados, su perfil mayoritario o las zonas y el tipo de vivienda donde han sido ubicados. Contra el predecesor de Sánchez Segura, Markel Gorbea, se impulsó una investigación judicial que le llevaron a él y también al actual jefe del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, Julio César Santos, al banquillo de los acusados. En julio, el primero fue absuelto mientras que al segundo lo condenaron por un delito de “prevaricación administrativa”.

El origen de la causa es el derribo ilegal de una vivienda en la Cañada cuya orden firmó en 2022, y que ahora le ha valido una pena de nueve años de inhabilitación para ejercer cargos o empleos públicos (como el que aún ocupa) dentro del sector. Para Gorbea se pedían otros 10 años de inhabilitación pero quedó exento de toda responsabilidad, aunque consta como hecho probado que notificó por e-mail del supuesto abandono de la parcela. Una trabajadora del Comisionado en aquel entonces testificó en el juicio que su organismo “no instruye expedientes” y solo los almacena o administra, por lo que la decisión final quedó sobre el tejado de Julio César Santos.

Aquel caso fue abierto a raíz de la denuncia de un particular. Pero su historia ejemplifica la tensión que aún se vive en la Cañada Real por los realojos, a veces indeseados, para terminar con los asentamientos y chabolas en la zona. “Desde las asociaciones vecinales u organizaciones de apoyo seguimos exigiendo el restablecimiento inmediato del suministro eléctrico y el cumplimiento íntegro de la resolución europea, así como el fin de los desalojos forzosos y de las coacciones contra la población del barrio de Cañada Real”, sentencian desde la plataforma cívica por la luz en la vía pecuaria.

Esta mañana la dignidad ha vuelto a caminar en Madrid. En concreto, han sido los pasos de unas 3.200 personas según los organizadores los que han hecho resonar tambores de justicia en el trayecto que separa la estación de Metro de Valdecarros, en Vallecas, hasta el Sector 6 de la Cañada Real. La lucha por la vivienda digna, por el derecho al territorio, son las grandes proclamas que han apoyado decenas de colectivos de la capital. Ahora, el barro que día tras día se pega en los zapatos de las mujeres y los niños que transitan este camino para acudir a la escuela, la compra o tomar un café se solidifica en las suelas de aquellos solidarios que no miran para otro lado ante la especulación inmobiliaria: “Cañada se queda. La vida se defiende. El territorio no se desaloja”.

En torno a las 11.00 horas se empezaban a arremolinar cientos de personas en Valdecarros convocadas por Tabadol, la PAH Vallekas y La Laboratoria. Algunas bocas calentaban motores para los cánticos que no tardarían en llegar. “Despierta, vecina, Cañada se queda”, “el suelo es vida, el suelo no es negocio” y “nuestras abuelas también fueron ocupas” han sido algunos de los más repetidos. Todos los allí presentes sabían lo que quedaba por delante: un camino de lucha y hermanamiento. “Estamos aquí para impedir que continúe el derribo de nuestras casas, al que nos vemos avocadas sin diálogo ni alternativa”, introduce a elDiario.es Houda Akrikez Essatty.

Ella es la presidenta y fundadora de la Asociación Cultural Tabadol, formada por mujeres del Sector 6 de la Cañada Real para defender sus derechos y continuamente ha estado al frente de la pancarta que abría la marcha con un solo mensaje: “Cañada se queda”, escrito en árabe, castellano, romaní y caló. “Tras cinco años de lucha por el corte de suministro eléctrico, nos hemos dado cuenta de que la lucha es por el territorio”, ha añadido esta madre de tres hijas pequeñas mientras la marcha comenzaba a recorrer sus primeros pasos.

A sus 38 años, Akrikez sabe bien que ocupar la Cañada significa tomar el testigo de una gran genealogía de autoconstrucción de viviendas en Madrid. “Queremos proteger nuestro territorio y defenderlo”, sostiene con seriedad. Para eso han convocado esta manifestación en la que cientos de personas han pisado un terreno que debería pertenecer a quien de él hace uso para vivir. Y lo han conseguido. Han hecho ver que la Cañada Real es un barrio de la ciudad.

Los manifestantes, agradecidos por los rayos de sol pero ateridos por un viento frío, han transitado el mismo camino que los vecinos de la Cañada Real deben realizar todos los días. Esta vez, ante la mirada con tinte de extrañeza de algunas personas que realizaban deporte en las inmediaciones. Tras completar un camino marcado por los desechos a sus orillas, tales como bolsas de plástico, zapatos y latas de bebida, ha llegado el momento más sensible. Cientos de personas han tenido que sortear el barro de en una fila individual, en una escombrera improvisada, que ha retrasado más de media hora la marcha.

Suspensiones cautelares de los derribos

El sentido político de la reivindicación ha estado presente en todo momento. La lucha por la vivienda, casi sinónimo de luchar por la vida en sí, no comenzó ayer en este lugar. “Llevamos aquí décadas y durante muchos años hemos estado resistiendo a las diferentes formas de acoso institucional”. Se refiere a la gestión que el Ayuntamiento de Madrid y Rivas-Vaciamadrid han realizado del Sector 6 en el último tiempo. Según Akrikez, el último censo realizado en el lugar hablaba de unas 2.500 personas en 2016, de las que 1.500 eran menores.

Para todas ellas hay un pequeño rayo de esperanza. Tras recurrir el inicio el 2 de octubre de 2025 del procedimiento para los derribos por parte del Consistorio madrileño, “totalmente arbitrario y sin fundamento”, comenta la presidenta de Tabadol, la justicia les ha dado algo de oxígeno. Esas cartas llegaron con la firma de Julio César Santos, cargo del Ayuntamiento inhabilitado desde septiembre, asegura Tabadol.

Por el momento, se han dictado algunas suspensiones cautelares de las demoliciones por considerar las viviendas “domicilios habituales de las demandantes”, cuyo derribo ocasionaría un “perjuicio irreparable”. Ahora, esperan que la suspensión temporal llegue a la docena de familias afectadas y señaladas por el Ayuntamiento liderado por José Luis Martínez-Almeida.

Akrikez, a quien los manifestantes no dejan de saludar y ensalzar, es clara a la hora de expresar las tres principales demandas de esta protesta llamada a marcar un antes y un después en la lucha por la vivienda digna, ya no solo de la Cañada, sino de la capital al completo. “Exigimos el cese de las amenazas de derribo y la paralización de las demoliciones. Exigimos la apertura de un proceso real de diálogo directo con los vecinos. Y exigimos el reconocimiento del derecho al territorio de los vecinos de la Cañada Real. Porque sin vivienda digna no hay ningún derecho garantizado”, enfatiza.

Una estrategia urbanística

La PAH Vallekas ha sido otro de los colectivos que ha convocado la manifestación. Sonia García, una de sus portavoces, recuerda que la Cañada Real es otro de los tantos barrios que nacieron en Madrid ante la llegada de trabajadores durante los años del desarrollismo franquista. “El componente de origen de las personas que viven en la Cañada, muchas gitanas rumanas o españolas, o marroquís, tiene mucho que ver con que no se hayan regularizado sus viviendas como sí sucedió con otros barrios autoconstruidos en Madrid o en Vallecas mismo”, denuncia.

Hondeaban a su alrededor las banderas verdes de la PAH cuando esta activista por la vivienda digna ha resaltado que hace unos 20 años comenzaron los intentos de invisibilizar y desalojar la Cañada. “Los ayuntamientos y promotores vieron la posibilidad de crecer hacia el sureste, por eso estos terrenos son tan codiciados”, dice García, quien ha asegurado sin titubeos que “si no conseguimos que Cañada se quede, estamos todos vendidos”. Ya lo decían en su comunicado de convocatoria: “Los mismos que nos desahucian en otros barrios de Madrid tienen intereses aquí”.

García ha sido una de las personas que estos días ha intentado allanar el camino en esta lucha, metafórica y literalmente. Mientras la marcha casi alcanzaba su final, la portavoz de PAH Vallekas ha subrayado cómo una de las estrategias de expulsión es hacer imposibles los caminos que conectan con el Sector 6: “Hemos tenido que limpiar de escombro para que la gente pueda pasar. A las Administraciones les da igual cómo está ese camino, que cuando llueve siempre se embarra y las mujeres deben transitar con niños todos los días”. Y así ha quedado patente.

Una comunidad de apoyo mutuo

Desde La Laboratoria, un espacio de investigación feminista, también han decidido convocar la protesta. “Tenemos una imagen muy estigmatizada de la gente que vive en la Cañada. En realidad, Cañada nos recuerda el pasado de Vallecas”, sostiene Marta Malo, portavoz del colectivo. Desde su punto de vista, lo que sucede en la Cañada deja un futuro que se bifurca. “Si todo sigue será algo negativo, debido a la especulación sin freno que cada vez obliga a más personas a la autoconstrucción de sus viviendas, pero también positivo, cuando vemos que lugares así resisten y cooperan frente a esta dinámica de expulsión permanente”, desarrolla.

Malo ha destacado que “marchar por la Cañada también es marchar por el derecho a la ciudad y el tipo de Madrid que queremos”. En este sentido, ha criticado la supuesta política de realojos en alquileres sociales. “Cuando estás en una situación de mucha precariedad y te meten en un piso durante seis meses, aunque sea barato, te separan de la Cañada, donde sí hay una comunidad que te permite cierto apoyo mutuo”, ha precisado la portavoz de La Laboratoria cuando la manifestación llegaba a su fin.

Marchar por el derecho a tener derechos

El culmen de la protesta ha tenido lugar cerca de la sede de Tabadol con la lectura de un comunicado, previo a una pequeña comida popular y después de que varios colectivos y entidades dirigieran unas palabras a los presentes. “Marchamos por la vivienda. Marchamos por el derecho al territorio. Marchamos por el derecho a tener derechos. Y marchamos también por el derecho a la rabia. Porque la rabia no es violencia. La rabia es una respuesta legítima cuando te quieren expulsar. La rabia es memoria de todo lo perdido. La rabia es defensa del hogar”, han expresado en el comunicado.

Tal y como han añadido ante la mirada atenta de los manifestantes, “defender nuestras casas es defender nuestra dignidad. Y no vamos a permitir que nos sigan expulsando del lugar donde vivimos. Por eso decimos alto y claro: Cañada se queda”. También se han referido al feminismo, el antirracismo, el ecologismo y los colectivos vecinales, así como los que defienden una sanidad y educación públicas, que les apoyan en su lucha. “Derribar viviendas no es una solución. Desalojar familias no es política social. Desplazar comunidades no es progreso”, han criticado.

Por último, un único mensaje ha quedado petrificado en el aire frío del Sector 6: “Porque la vivienda digna es la puerta de entrada a todos los derechos, y cuando se derriba una casa, se intenta derribar una vida entera. Y lo decimos hoy con más claridad y fuerza que nunca: Cañada se queda. La vida se defiende. El territorio no se desaloja”.

“Queremos que las vecinas y vecinos de Madrid vengan a Cañada Real, la conozcan, la transiten y ayuden a reclamar que sus habitantes merecen derechos y no miedo”. Esta frase de Houda Akrikez, de la Asociación Tabadol (que agrupa a mujeres de Cañada en defensa de sus derechos), resume el propósito de una nueva marcha por la vivienda en Madrid, prevista para el próximo sábado 31 de enero. Una con un elemento diferenciador, que redefine y expande su potencial. Frente a esos relatos en los que el asentamiento del sur de Madrid aparece como una especie de entorno aislado del resto de la ciudad, sin relación física o social con la urbe, esta manifestación nace con el propósito de escenificar cómo lo que pasa en Cañada es el preludio de lo que puede suceder en otros puntos de la capital y de todo el país. Por tanto, defender a quienes ahí viven es también preservar los derechos de todas las personas.

“¿Por qué las familias que llevan décadas en el territorio no pueden ser dueñas de los propios terrenos y a la vez se ceden terrenos a las promotoras, además gratuitamente, o a algunas entidades con intereses que no están claros? Es un conflicto que pasa en todo Madrid, en toda zona donde el derecho a la vivienda se topa con la posibilidad de negocio, de desarrollo y de especulación”, expone Houda durante la rueda de prensa de convocatoria de la protesta. Le acompaña en el estrado Sonia García, de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Vallecas, en una muestra de ese eje transversal de la protesta. El elemento común es la defensa del territorio y de un hogar digno, también para las personas más vulnerables.

El recorrido del día 31 partirá a las 11.00 de la estación de Metro de Valdecarros (línea 1) y concluirá, entre música y un picoteo popular, en la sede de Tabadol (junto al campo de fútbol). Esta se encuentra en el sector 6 de Cañada, uno de los más desatendidos por las autoridades madrileñas. El pasado octubre se cumplieron cinco años de un corte de suministro eléctrico que todavía permanece, con noches y fríos que se soportan a base de generadores. No es casualidad que la presentación de la manifestación se llevara a cabo frente a la sede del Comisionado del Gobierno de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana, situado en el Ensanche de Vallecas.

Houda explica que quieren mover el marco. Que la reivindicación de la luz para Cañada no desaparece, pero lanzan una nueva proclama: “Cañada se queda”. Es el lema de la marcha, el que emparenta su lucha con la del movimiento por la vivienda en plena crisis inmobiliaria y el leitmotiv de las batallas judiciales que están ganando en los tribunales. En julio de 2025, tres años después de autorizar en Cañada un derribo declarado “ilegal” en sentencia provisional, una resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid condenó al jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid a nueve años sin poder ejercer cargos o empleos públicos vinculados al sector por “prevaricación administrativa”. El alto cargo del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, Julio César Santos, sigue firmando órdenes de demolición seis meses después. El pretexto de Cibeles es que la sentencia no es firme, aunque Sonia y Houda avanzan que han parado cautelarmente la destrucción de más viviendas debido a este y otros motivos.

“Cañada es el mejor ejemplo de acoso inmobiliario, pero no es el único”, dice Houda. Así, comparan el hostigamiento de los Ejecutivos de Almeida o Isabel Díaz Ayuso hacia Cañada con el que sufren vecinos de otros puntos de Madrid por parte de fondos buitre, grandes tenedores, particulares o incluso esas mismas administraciones. De ahí la importancia de estrechar lazos en las luchas, “por mucha que obviamente Cañada tenga unas características concretas”. Si la pelea es compartida, las conquistas también lo serán.

Pero la unión no surge solo de un sufrimiento compartido en el que entran en juego el racismo institucional o el agravio comparativo hacia las personas más pobres. Es también una cuestión de un origen común: “La autoconstrucción está en los genes de los vallecanos”, recuerda Houda en respuesta a las preguntas de Somos Madrid. El fenómeno proliferó durante las primeras décadas del siglo XX, promovido en gran medida por la migración extremeña o andaluza que llegaba a lo que todavía era un municipio independiente. “Reclamamos para Cañada el mismo derecho al territorio, después de décadas de vida en comunidad en ese propio territorio”. Como recuerda, la propia Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid ampara la imposibilidad de derruir viviendas construidas hace más de cinco años.

Para Houda, además, este episodio del pasado puede generalizarse de nuevo en la difícil coyuntura de acceso a la vivienda que asola Madrid y todo el país: “Si la gente no puede acceder a la vivienda, la autoconstrucción va a volver”. Pero lo lleva más allá y presenta este modelo como una alternativa al individualismo extremo de los nuevos desarrollos urbanos: “Frente a la vida en urbanizaciones cerradas, donde no hay barrio individual, la gente va a empezar a buscar otro tipo de soluciones. Sobre todo en un contexto de crisis ecosistémica y del capitalismo. En este sentido, Cañada es un ejemplo de resistencia, de colaboración y del poder que tiene levantar las casas ladrillo a ladrillo”. Las palabras de esta vecina coinciden con el análisis de la historiadora Charlotte Vorms, autora de La forja del extrarradio. La construcción del Madrid popular (1860-1936): “Lo normal no es el PAU, es la vivienda autoconstruida”.

Todo un marco alternativo del que no quieren desprenderse, de ahí que muchos de sus habitantes se resisten a la reubicación: “Lo que está ofreciendo el Pacto Regional de la Comunidad de Madrid a la gente de Cañada, y solo a un 20% de las familias, es separarlas para mandarlas a kilómetros y kilómetros. Pero tenemos derecho al terreno, la propia Ley autonómica nos lo dice. ¿Dónde está la ilegalidad? ¿Dónde está? No vamos a permitir que vengan arrasar la historia de miles de familias”, proclama Houda.

En la misma línea apunta Sonia: “En 2017 se firmó el Pacto Regional para la Cañada Real, un pacto que hablaba de soluciones, de diálogo y de derechos. Pero lo que hemos vivido desde entonces y desde mucho antes no ha sido ese cumplimiento, sino derribos, amenazas, abandono y violencia institucional. Queremos decirlo con claridad, los derribos no empezaron ayer, sino en 2007. Desde hace casi 20 años se destruyen viviendas, se rompen vidas y se utiliza el miedo como forma de gestión del territorio. Durante años hemos denunciado derribos ilegales, sin orden judicial, derribos selectivos y a dedo. Las investigaciones y el trabajo de las vecinas hablan de más de 150 viviendas. La condena a Julio César Santos no es fruto de un error puntual, es una práctica sistemática”.

Un hostigamiento generalizado al que confrontan los lazos colectivos, de ahí que la marcha aúne la protesta con ese componente festivo y gastronómico. Para sumar al mayor número posible de gente, comienzan acciones de comunicación y difusión desde este mismo domingo 18 de enero. No solo acudiendo a los medios, sino con una movilización sobre ese mismo terreno que quieren defender como propio y común. Estas intervenciones tomarán la forma de “mítines comunitarios”, con una caravana itinerante que partirá a las 12.30 de Sierra de Guadalupe y recorrerá todos los sectores de Cañada Real con varias paradas en las que diferentes líderes comunitarios y vecinales invitarán a la jornada del día 31. Parroquias, mezquitas o centros sociocomunitarios serán los puntos de información y llamada a la movilización.

Además de Tabadol, la marcha cuenta con el apoyo y organización de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca de Vallekas, el espacio de investigación feminista La Laboratoria, el colectivo Ármate Vallekana o Tienda Gratis - Asamblea Popular 15M Villa de Vallecas. A estas agrupaciones se unirán vecinos y vecinas de Vallecas y del propio asentamiento. “La Cañada se queda, se queda con el apoyo mutuo de los sectores 1 al 6, se queda con el apoyo de la ciudadanía organizada. La Cañada Real es Madrid, la Cañada Real es Vallecas y la Cañada Real se queda”, sentencian.

“Le encanta derribar viviendas”. Con esa claridad se expresa Houda, de la asociación Tabadol Cultural. Esta entidad agrupa a mujeres de la Cañada Real para fomentar su vida sociocultural y defender sus derechos. Aunque luchar por el regreso del suministro eléctrico ha sido su gran batalla en los últimos cinco años, también están implicadas en la protección de sus hogares y sus terrenos. De ahí esas contundentes palabras que dedica a Julio César Santos, jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid. Un alto cargo del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que sigue firmando órdenes de cese de uso y desalojo previa demolición que afectan a casas de la Cañada Real, seis meses después su condena a nueve años sin poder ejercer cargos o empleos públicos vinculados al sector por “prevaricación administrativa”.

La resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, que todavía no es firme, surgió además por una demolición ilegal ejecutada por las administraciones madrileñas en la Cañada Real. Concretamente en el sector 6, con mayoría de población magrebí aunque también habitado por numerosas familias gitanas. Se llevó a cabo en julio de 2022, pese a no existir una orden firme y cuando el vecino había recurrido el procedimiento administrativo abierto meses antes. “Una familia con menores salió de viaje y cuando volvieron su casa no estaba. La tiraron a dedo”, recuerda Houda. Para Sonia, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca Vallecas, se trata de “una campaña de acoso y derribo”. Nunca mejor dicho.

Según acreditaba el auto judicial, el denunciante llevaba residiendo en la vivienda de forma ininterrumpida desde el año 2006, cuando adquirió la finca en la que se ubicaba. Al encontrarse en la conocida como zona sin asfaltar de la Cañada Real, junto al municipio de Perales del Río, el Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento inició a finales de 2021 el expediente para demolición de obras no legalizables, otorgándole plazo al vecino para oponerse.

Fuentes de la acusación particular que ejercen los representantes legales del vecino indican que “el comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid emitió un informe indicando que la vivienda estaba completamente abandonada, sin aportar prueba alguna de esta afirmación, y pese a que el afectado presentó alegaciones a dicho expediente hasta en dos ocasiones, alegaciones que estaban siguiendo los trámites legales”.

También fue juzgado este funcionario de la Comunidad de Madrid que solicitó la demolición, cuyas siglas son M.G., aunque ha sido absuelto en primera instancia. “En cuestión de apenas 24 horas desde la comunicación del supuesto abandono y sin llevar a cabo ni la más mínima comprobación sobre el estado de la vivienda y de su procedimiento administrativo, el Jefe de Disciplina Urbanística (que conocía perfectamente la existencia de un expediente recién iniciado y recurrido, pues él mismo era el instructor de dicho procedimiento) autorizó el derribo”, añaden desde la acusación.

Acusaciones de “venganza” y “falta de voluntad política”

“Nos sorprendió recibir cartas firmadas por una persona que está inhabilitada. ¿Cómo puede venir a derribar nuestras casas alguien en esas condiciones? Es una inseguridad que deja la corrupción por escrito”, denuncia Houda en conversación con Somos Madrid. Sonia recalca que las órdenes firmadas por el jefe de Disciplina Urbanística, órgano dependiente del área de Urbanismo que lidera el poderoso concejal delegado Borja Carabante, empezaron a llegar en octubre. Esto es, tres meses después de su condena y justo cuando se cumplían cinco años del corte de luz en Cañada: “Parece una especie de venganza”. Unas “represalias” que también achaca a Almeida por su anuncio de alargar el contrato con la incineradora de Valdemingómez, “que afecta directamente a la calidad del aire y de vida en el sector 6”.

Nos sorprendió que en octubre nos llegaran cartas firmadas por una persona que está inhabilitada. ¿Cómo puede venir a derribar nuestras casas alguien en esas condiciones? Es una inseguridad que deja la corrupción por escrito

Mientras Sonia exige apartar a Santos para demostrar “un mínimo de decoro”, para Houda ese gesto sería “un primer paso para demostrar voluntad política”, así como algo que debería haber llegado “mucho antes de la sentencia, ya que esta persona venía demostrando esa actitud desde hace años”. “Es lo que siempre decimos, que falta esa voluntad. Estamos pidiendo que se regularicen las viviendas de personas que tienen derecho a ello, al territorio, porque se les ha permitido estar ahí durante 60 años. La propia Castellana fue en su origen un entorno parecido que luego se regularizó. El sector 1 de la Cañada Real ya está legalizado e integrado en el municipio de Coslada. ¿Por qué los demás no? Es solo una cuestión de esa voluntad política que ha faltado todo este tiempo”.

El Consistorio, preguntado por la sentencia, insiste en que la condena ha sido recurrida y remite a declaraciones anteriores a este periódico. En ellas, indicaba que sus servicios jurídicos estudian un posible recurso que alargue el proceso y niegan que vaya a destituirse a Julio César Santos, al menos, “hasta que la resolución sea firme”.

En general, para velar por los acuerdos adoptados en torno a la vía pecuaria existe un Comité Ejecutivo del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana. Depende de la Viceconsejería de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, que es el órgano encargado de tomar las decisiones sobre el asentamiento irregular o coordinar el plan de realojos acciones relacionadas con el plan de realojos. “Somos conscientes de ese Pacto y de que hay viviendas que no pueden ser habitadas. Pero hay otras casas bien construidas, y ante ellas el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid deben agarrarse a ese mismo documento firmado en 2017. Hay un párrafo de ese acuerdo que habla de mantener al 70% de las familias de Cañada Real. Nuestras alegaciones van encaminadas a respetar ese punto”, explica Houda.

Una batalla jurídica en la que siguen consiguiendo victorias, más allá de la condena de Santos. Así, en las últimos semanas han detenido cuatelarmente tres derribos en la zona. Da más detalles Sonia, de la PAH de Vallekas: “Los juzgados están estimando las cautalerasímias y es una gran alegría para las familias que están pendientes de un hilo por el empeño de este señor por derribar sus casas contra viento y marea”. Consideran incluso que estos triunfos legales pueden facilitar el cese de Santos: “Está causando perjuicio al Ayuntamiento, porque el argumento de que un señor inhabilitado firme las órdenes de derribo facilita que nos estimen las cautelarísimas. Eso detiene el proceso mucho más rápido que si tuviéramos que esperar a ganar un juicio contencioso-administrativo, que puede llevar años”.

El argumento de que un señor inhabilitado firme las órdenes de derribo facilita que nos estimen las cautelarísimas. Eso detiene el proceso más rápido que si tuviéramos que esperar a ganar un juicio contencioso-administrativo, que puede llevar años

Eso sí, Sonia va más allá y puntualiza que han logrado victorias jurídicas incluso ante órdenes firmadas por otros funcionarios: “Nos agarramos a una sentencia de febrero de 2025 que, de acuerdo a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, estima la legalidad de cualquier vivienda que haya sido levantada hace más de cinco años. Hemos ido ganando estas batallas legales poco a poco, ha sido un trabajo de hormiguitas”.

“No vamos a dejar que nos amenacen en nuestras propias casas. Por eso hemos lanzado la campaña Cañada Se Queda”, adelanta Houda. Esta iniciativa tendrá su punto culminante el próximo 31 de enero, con una marcha entre Vallecas y Cañada Real desde las 11.00. “La situación de la vivienda en Madrid y en España es un asunto que está sobre la mesa. Y no hay mejor ejemplo del acoso inmobiliario que sufren tantas personas que el de la Cañada Real. Queremos aunar fuerzas ese día 31. Lo que hoy pasa aquí, mañana pasará en otros barrios. Se trata de una violación de derechos humanos masiva, una especulación urbanística de norte a sur y de sur a norte. No podemos permitir que nos estén quitando nuestros hogares, que nos pisoteen para que se sigan lucrando. Nuestros hijos merecen un techo digno”.

Con la borrasca Filomena muchas personas descubrieron que a solo 15 minutos del centro de Madrid se encuentra la Cañada Real. Una comunidad a la que, a menudo, se refieren con el término de “asentamiento irregular”. Mientras Madrid sucumbía a la nieve, en Cañada Real se encontraban sin luz desde hacía meses. En octubre de 2020, se cortó el suministro y más de 4.500 personas quedaron sin energía. Un palo más en la rueda de una comunidad al margen.

Cinco años después, la luz no ha llegado a la Cañada, pero la presencia en los medios de comunicación de la situación de abandono en la que se encuentran miles de personas ha desaparecido. Ya no importan. Tuvieron los 15 minutos de fama que predijo Warhol. La actualidad pasa por encima y aparecen otros conflictos, otros lugares a los que enfocar mientras nada cambia en los que quedan detrás.

Cuando ocurrió el corte de luz, Guillermo Galoe ya estaba allí. Observando, tomando notas, conociendo a la gente de una comunidad que pretendía rodar. Tenía claro que quería contar un lugar y a una gente que le había atravesado, pero sabía que tenía que pasar tiempo con ellos y pensar en la forma de hacerlo sin parecer un turista, sin que hubiera condescendencia o miserabilismo. El resultado ya se intuía en el cortometraje por el que ganó el Goya, Aunque es de noche, y toma forma en Ciudad sin sueño, el largometraje que ya se puede ver en salas y por el que ganó un premio de guion en la Semana de la Crítica de Cannes.

¿Cuándo fue la primera vez que se fijó en la Cañada Real?, ¿siempre ha habido una intención de querer rodarla y contarla?

Durante el proceso vas encontrando razones más teóricas. En mi caso, miro atrás, a los trabajos que he hecho, y hay una cosa que me sucede mucho y es que me encuentro con un espacio, con un mundo, con un universo, con sus complejidades y hay algo como de enamoramiento, de atracción. Incluso de atracción estética. Hablo de una atracción estética en cuanto a la energía que hay. Muchas veces tiene que ver con las luchas, las carencias y las aflicciones, algo que me conmueve profundamente. Hay también una necesidad de ser vistos y escuchados. Están solo a 15 minutos del centro de Madrid. Ellos están en esa especie de montaña y nos miran, y están deseando que les miremos a los ojos. Ciudad sin sueño quiere devolverle esa mirada. Quiere mirarles a los ojos. 

¿Pensó qué era lo que le conmovía tanto?

Una energía que era muy fuerte, me atravesaba. Y ahí empiezas a pensar en la discriminación de esa comunidad que es la de la Cañada Real. Pero también una discriminación que lleva en España durante siglos. El antigitanismo. No son solo gitanos los que habitan allí, sino también comunidades marroquíes, magrebíes… Muchos llegaron en los 90 y se instalaron allí y crearon una identidad de barrio. Una identidad muy fuerte, y eso es algo que también me gusta mucho retratar en mis pelis. El mundo es una confluencia de sensibilidades, de identidades, de lenguas, de idiomas, de sonidos, de rostros. Me interesan esos lugares fronterizos, esos lugares límite y por eso siento esa pulsión estética.

Es una película que tenía muchos peligros, entre otras cosas esa mirada de turista. Se habla mucho de quién debe contar una historia o quién puede contarla. El otro día leía el libro de Lucrecia Martel, y ella dice que los cineastas, si se acercan con honestidad, deben olvidarse de eso de la apropiación cultural.

Me acuerdo del día que pisé la Cañada por primera vez. Hace muchos años. Era 2014 todavía. Aquello era una fortificación. Era muy heavy, las imágenes eran muy fuertes. Y pensaba en este ensayo que hizo Pasolini, Apuntes para una Orestíada africana, que él iba con la excusa de tener que representar la Orestíada en África. Buscaba personas allí y las filmaba para que encarnaran a esos personajes de la Orestíada. Había algo que me parecía muy bonito de la idea de ver cómo un niño que vive en Cañada elaboraba un cuento sobre su propio espacio y lo proyectaba. Eso es algo que hace el cine, proyectar. Eso se convirtió en el código de representación del teléfono móvil que está en la película. Ese dispositivo, de alguna forma, me liberaba también de esto que estabas comentando. Sabemos que en general quien suele hacer cine suele hacerlo desde un lugar de privilegio, porque sabemos que en estas comunidades, al no haber tanto acceso a la educación, inmediatamente hay un sesgo. Entonces eso es una situación de privilegio y hace que quien representa normalmente viene desde ese lugar.

Cuando tú representas comunidades vulnerables, se establecen automáticamente ciertas dinámicas de poder que están intrínsecas a la relación. En este caso, por ejemplo, a mí me parecía muy importante y desde un principio en nuestro planteamiento queríamos reflexionar mucho sobre nuestra posición como cineastas dentro del lugar. Al principio cargas con cierta culpabilidad, te empiezas a plantear si realmente tienes derecho para representarles, cuando además otros muchos han creado imágenes dañinas para la comunidad, porque no hay un proceso de reflexión, no hay un proceso de depuración de tu propia presencia en este lugar. Según va creciendo la relación con el lugar, te vas liberando de esta carga, te vas liberando de esta culpabilidad blanca que atraviesa esta sociedad bien pensante. El cine también es un encuentro con el otro, ponerse en la piel del otro, pero no necesariamente tienes que ser el otro.

Muchos han creado imágenes dañinas para esta comunidad porque no hay un proceso de reflexión, no hay un proceso de depuración de tu propia presencia en este lugar

Guillermo Galoe — Cineasta

Tiene algo de paradójico que ha hecho una película en la Cañada, con gente de la Cañada, y que la gente que la vaya a ver, en su mayoría, no sea esa gente de esas comunidades en los márgenes. Hicieron una proyección allí para ellos, pero no van a ir a los cines del centro de las ciudades a verlas.

Es algo que me perturba muchísimo. El simple hecho de estar en Cannes o Donosti, que la gente va a pasar un rato en una butaca confortable, a asistir al espectáculo de una película que se nutre de la intimidad de estas personas que están completamente al margen y no tienen acceso a estos sitios… Para mí es una paradoja tremenda. Me pregunto qué puedo hacer yo. Por un lado, a nivel artístico, lo que puedo hacer es una peli que sea honesta, lo más honesta posible y lo más libre posible. Que sea una película que viaje, que trascienda. Y luego que sea una película con ambiciones estéticas dignificantes, por decirlo de alguna manera. El derecho a la belleza es algo por lo que luchar, y creo que es un derecho que también tiene una comunidad como Cañada.

Buscábamos un pacto entre la realidad y nosotros para poder representarla y controlar las composiciones, los movimientos de cámara. Que tuvieran un sentido estético en sintonía con las emociones de los personajes. Y para eso tienes que controlar y manipular absolutamente una realidad que, en el caso de Cañada, es extremadamente anárquica e incontrolable. No atiende a jerarquías y el cine se construye en base a la jerarquía. Por otro lado, había que preguntarse cuál era el gesto político, y eso era echar mucho tiempo para no perderme todo tipo de detalle, echar mucho tiempo para generar un espacio seguro para ellos y para nosotros como creadores. Crear vínculos, para que la película no sea una apisonadora que llega rueda seis semanas y se va, sino que sea un hecho compartido. Y eso es tiempo. Y el tiempo, en términos de la sociedad en la que vivimos, capitalista, es dinero, y es un dinero que no hemos cobrado ese tiempo de seis años allí. Mostrando, expresando, compartiendo lo que significa hacer cine.

El cine como hecho cotidiano, el cine como hecho que pasa a pertenecerles a ellos. No somos solo nosotros, que sabemos hacer cine y que llegamos allí. Si no que somos nosotros, que hacemos cine, que lo compartimos con ellos, ellos aprenden cómo es hacer esta película, cómo es trabajar conmigo, que sería distinto a otro cineasta. Entonces, en ese compartir, en ese hecho de crear cine de forma colectiva, hace que la película pase a ser una película hecha junto a la comunidad, no sobre la comunidad. Y de repente esa película les pertenece. Hay un sentimiento de pertenencia muy fuerte.

En todo este tiempo en la Cañada, ¿cómo ha cambiado la atención política y mediática?

Yo cuando conocí Cañada estaba en el olvido. Cuando llegué allí me impactó porque además no había tanta representación de ese lugar. Estaba a 15 minutos del centro de Madrid, muy cerca de mi casa. Me impactaba. ¿Por qué no se hablaba de esto? Luego ya en el 2019, cuando me pongo a trabajar de manera más cotidiana, tampoco estaba muy encima de la mesa. Un año después, cuando yo ya estaba trabajando allí, se corta el suministro eléctrico y además coincide con Filomena. Fue un final de 2020 catastrófico para la gente que vivía allí. Y de repente se habla de ello. Pero luego, las luchas del barrio después de Filomena y después de los cortes de luz tuvieron un momento de valle. Desaparecieron.

Yo recuerdo el momento del corto en Cannes como un momento donde había vuelto al foco mediático.

Sí, es cierto, es cierto. Con el corto se habló mucho, incluso posteriormente ha habido movimientos desde la Unión Europea que han dicho a España que hay que atender esta situación, que es una violación de los derechos humanos fundamentales. Y con la peli estamos viendo cómo volver a colocar esto en el espacio público llevando de la mano lo que es la propia promoción de la película junto a las luchas sociales del barrio. Y eso es otra parte de lo que hablábamos antes, de cuál es nuestro rol en este lugar. Hay que ver cómo incluir a la gente de Cañada en todo esto, que no es fácil tampoco, porque es gente que no está acostumbrada a ir a estos sitios, la logística es complicada.

Cuando fuimos a Cañada, con el corto, me acuerdo que hay taxis que se niegan a ir allí.

Es que parece una tontería, pero conseguir movilizar a los actores, sacarlos de sus vidas en las que tienen que lidiar constantemente con todo lo que va pasando y va surgiendo en un día que no tiene horarios y poder incluirles en la fase de promoción es muy complicado. Y esto explica lo desplazados que estamos. Nos explica con hechos como que el propio hecho Toni no pudiera ir a Cannes. Es algo como que no cabe en la cabeza. Todavía hay un abismo que hay que acortar y estamos intentando con la promoción de la película que sirva también para ello. 

Tenemos que ser muy conscientes de que la sociedad se deja afectar por problemas sociales durante un tiempo, que se vuelven una tendencia casi, y eso es muy peligroso. Parece como que se cansan, pero es que los problemas sociales permanecen y debemos estar hablando de ellos en todo momento. El problema de la vivienda no es algo que afecte solo a estas comunidades, es un problema que nos afecta a todos. Igual que la precariedad. Por supuesto, salvando las distancias, pero. Pero eso está ahí y hay que seguir hablando de ello.

La palabra “éxito” es la más repetida. “Es un éxito. Un éxito rotundo”, asegura en el primer minuto María López, la portavoz de la Plataforma Cívica Luz para la Cañada Real, un movimiento que nació ante la falta de electricidad en el asentamiento más famoso de Madrid y hoy celebra una sentencia que condena por primera vez a un alto cargo de Cibeles por la demolición de una vivienda. Aún cabe recurso, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha dictaminado nueve años de inhabilitación para cargos o empleos públicos vinculados a su sector al jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, Julio César Santos, que además deberá indemnizar al afectado.

No se trata de un fallo al uso: aunque se trate de una denuncia particular, la resolución pone en entredicho el protocolo de derribos de José Luis Martínez-Almeida y señala a su administración como responsable civil subsidiaria, una figura legal que obliga a pagar económicamente los daños causados por un tercero (en este caso, su jefe de Disciplina Urbanística) si este último no pudiera hacerse cargo. De una forma u otra, la sentencia les salpica.

“Cuando empezamos a denunciar los cortes de suministro ya dijimos que la luz era solo un mecanismo más para echar a la gente. Ahora hablan de plan de realojos, pero su forma de hacerlo es coaccionando al vecino”, sentencia la portavoz de la plataforma por la Cañada Real, que recuerda otro caso similar en Rivas. El Ayuntamiento tuvo que indemnizar con 15.000 euros a una propietaria de una vivienda derribada en su tramo de la vía. En aquella ocasión, la demolición también la impulsó otro alto cargo regional que también pasó por este juicio.

La Fiscalía pedía diez años de inhabilitación tanto para César Santos como para el excomisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real en julio de 2022, Markel Gorbea. Sin embargo, el segundo ha salido absuelto. Gorbea ejerció como coordinador entre administraciones vinculadas al asentamiento entre 2021 y 2023, momento en el que cesó del cargo y fue sustituido por el actual responsable, Ignacio Sánchez.

En este caso el quid de la cuestión reside en que el Comisionado no tiene el poder de iniciar expedientes o ejecutar desalojos como tal, y teóricamente solo reúne o distribuye información entre las distintas administraciones implicadas en la Cañada, como el Gobierno central, el autonómico o los ayuntamientos de la capital, Rivas-Vaciamadrid o Coslada, municipios por los que se extienden los 14 kilómetros de vía que albergan parcelas, casas o chabolas.

La situación socioeconómica de muchos vecinos o la seguridad en ciertos sectores de vivienda (hay seis en total) son cuestiones que llevaron a una unión de entidades públicas: el Pacto Regional por la Cañada Real, un acuerdo para buscar soluciones a los grandes problemas de la zona. Uno de sus planteamientos clave son los realojos para desplazar a sus habitantes a otras zonas de la región, en viviendas cofinanciadas por fondos europeos. Ante los últimos acontecimientos el principal partido de la oposición, Más Madrid, ha exigido la destitución del jefe de Disciplina Urbanística y pide alejarle de cargos vinculados al trato con personas vulnerables.

La Cañada Real tiene más de 7.000 habitantes, según el censo de 2017. Para ello, se han destinado 330 millones de euros hasta 2034 con el fin de garantizar viviendas dignas a 1.600 familias. De cumplirse las previsiones, el asentamiento desaparecerá en la próxima década. Según marca el protocolo, los traslados se realizan de manera escalonada y tras ellos, se procede a la demolición inmediata de las viviendas abandonadas. Sin embargo, todavía hay habitantes que se resisten a marcharse e intentan ir más allá: muchos rehúsan o se resisten e inician pleitos administrativos para permanecer en sus casas.

Fue el caso de A.C., el denunciante que ha llevado a una primera sentencia de inhabilitación por el derribo de su parcela hace tres años, la número 203. Durante la pandemia le ofrecieron trasladarse a otro edificio en Cobeña, una pequeña localidad a 60 kilómetros de su trabajo. La rechazó por la vía administrativa y, tiempo después, se inició un expediente de demolición para su vivienda, a instancias del jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento. Este vecino, de origen marroquí, había viajado a su país natal en el momento del derribo.

Llevaba empadronado en la vivienda desde 2006, tenía trabajo y permiso de residencia en vigor. Pero no recibió aviso, ni siquiera aunque hubiese un procedimiento abierto después de presentar el escrito de alegaciones. “Creemos que el excomisionado también tenía responsabilidad, pero entendemos los argumentos de la sentencia que lo exculpan”, resumen los abogados defensores de A.C. Carlos Castillo y Javier Rubio pertenecen al CAES, el Centro de Asesoría y Estudios Sociales que ha llevado su caso.

En conversación con Somos Madrid, los magistrados celebran la sentencia y aseguran que “no tendría sentido” que el Ayuntamiento mantuviera en funciones al responsable de Disciplina Urbanística después de ser inhabilitado. “Aunque aún no haya sentencia firme, cualquier dictamen que lance ahora estará ensuciado por este caso”, determina Rubio, que se enorgullece de este primer paso y asume que “podría ser un salto en cómo entendemos el trato a las personas vulnerables de la Cañada”. “A veces es posible hacer justicia, incluso en barrios estigmatizados”, añade Castillo.

El consistorio, preguntado por la sentencia, indica que sus servicios jurídicos estudian un posible recurso que alargue el proceso y niegan que vaya a destituirse a Julio César Santos, al menos, “hasta que la resolución no sea firme”. En general, para velar por los acuerdos adoptados en torno a la vía pecuaria existe un Comité Ejecutivo del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana. Depende de la Viceconsejería de Medio Ambiente, Agricultura y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, que es el órgano encargado de tomar las decisiones sobre el asentamiento irregular o coordinar el plan de realojos acciones relacionadas con el plan de realojos.

Un alto cargo condenado y otro que ya no ejerce, absuelto. Dos semanas después del juicio, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a nueve años de inhabilitación al actual jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, Julio César Santos, por “prevaricación administrativa” en el derribo ilegal de una vivienda en la Cañada Real Galiana. El excomisionado en la vía pecuaria, M. G., vinculado al Gobierno regional, queda absuelto pese a que para él también se pedían otros 10 años de inhabilitación, según la sentencia a la que ha tenido acceso Somos Madrid.

El fallo también salpica directamente al consistorio, pues la Justicia también señala una responsabilidad civil subsidiaria en la administración municipal, a la que pertenecía entonces y ahora el encargado condenado. Pero, ¿qué ha ocurrido para sentar en el banquillo a dos altos cargos de Almeida y Ayuso? Los hechos juzgados se intensificaron en 2022 y culminaron el 14 de julio de ese mismo año, cuando el Ayuntamiento dio orden de demoler definitivamente una vivienda supuestamente abandonada en el Sector VI de la Cañada Real Galiana.

En realidad, según reconoce el auto, en la parcela residía legalmente desde 2006 A.C., el denunciante. Precisamente este se hallaba inmerso en un recurso contra el expediente de demolición que había emitido el jefe municipal de Disciplina Urbanística, catalogándolo de asentamiento ilegal. En el juicio, Julio César Santos alegó que había recibido un aviso por parte del comisionado advirtiendo de un “abandono flagrante” de la vivienda y que, por eso, no había notificado a A.C. del derribo inminente, que se llevó a cabo cuando el propietario supuestamente había viajado a Marruecos.

M.G. queda exento de responsabilidad penal, aunque consta como hecho probado que notificó al jefe municipal por e-mail del supuesto abandono de la parcela. Era el encargado de coordinar a las administraciones implicadas en la vía pecuaria entre 2021 y 2023, periodo en el que sucedieron los hechos. Esta figura existe para velar por el cumplimiento del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, un acuerdo suscrito entre la Comunidad de Madrid y otros municipios afectados para colaborar en los realojos o abordar problemas sociales en la vereda.

Al denunciante se le ofreció en 2020 un traslado a otra vivienda en la localidad de Cobeña, de la que pagaría un 50% mientras que el resto se financiaría con fondos europeos. No obstante, tal y como él mismo señaló en el juicio, la rechazó por vía administrativa argumentando que le quedaba lejos del trabajo, un desguace en San Martín de la Vega. Este otro núcleo está a casi 60 kilómetros del pueblo donde querían reubicarlo, y allí se desplaza desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde.

Casi un año más tarde, Julio César Santos inició el proceso legal para demoler la parcela señalada por el Comisionado y la acabó derribando por “abandono” pese a que A.C. había presentado escritos previos de alegaciones que demostraban, entre otras cosas, que seguía vinculado a la vivienda. La demolición se llevó a cabo sin agotar los cauces legales ni respetar el derecho de audencia del ocupante, cuyo abogado defendió en el juicio que había sufrido un daño “irreparable”. Aunque la Fiscalía pedía 10 años de inhabilitación para ambos acusados, finalmente solo uno de ellos recibe condena, un año menos de lo que pedía el Ministerio Fiscal.

A la vista del 9 de julio acudió como testigo una trabajadora del comisionado, que supervisó la finca antes de la demolición para comprobar su estado –habló de falta de mantenimiento, hierba alta y ausencia de vías de acceso– y especificó ante la jueza que este organismo “no intruye expedientes”: solo almacena o administra información relativa a la Cañada. Este ha sido el principal argumento por el que quien entonces era su jefe directo, M.G., queda finalmente absuelto.

“No debe de responder penalmente como autor aquel que carece de posición de dominio en relación concreta con el hecho delictivo de que se trate, de tal forma que solo podrá ser condenado quien realizó la actuación delictiva o tuvo capacidad real de impedirla, pues solo Julio César Santos García, conociendo la verdadera situación de la parcela y teniendo poder para impedir una demolición que no procedía en la forma y modo que se llevó a cabo, no lo hizo”, dictamina la sentencia.

La Audiencia Provincial de Madrid ha dejado visto para sentencia el juicio contra dos altos cargos del Ayuntamiento y la Comunidad, para los que la Fiscalía había pedido 10 años de inhabilitación en cargos de la administración pública por un derribo en el sector VI de la Cañada Real. El primero, J. C. S., aún continúa en el cargo y es jefe del servicio de Disciplina Urbanística desde hace dos décadas. El otro implicado es el ex comisionado de la Cañada Real, M. G., un puesto que ocupó entre 2021 y 2023 y para el que dependía directamente del Gobierno regional. Los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022, cuando aún ostentaba esa función.

La resolución dependerá de si consiguen demostrar, o no, que la demolición se ejecutó de acuerdo al procedimiento legal. Por un lado, la acusación sostiene que el derribo “se aceleró deliberadamente” pese a que el ocupante de la vivienda había interpuesto un recurso contra la orden de desalojo. En cambio la defensa mantiene que la vivienda se halló en un estado de “flagrante abandono”, y por eso se acometió el derribo. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid, donde este miércoles por la mañana han declarado ambos acusados, así como el residente afectado y dos testigos, tendrá ahora que deliberar sobre la legalidad de las actuaciones.

Para testificar acudieron un vecino del denunciante y una extécnico del Comisionado, que realizó las inspecciones aunque dejó su puesto justo un mes antes de la demolición. Según la defensa o los propios acusados, miembros del Comisionado para la Cañada Real acudieron a inspeccionar la zona en ocasiones previas y “nunca le habían visto por allí”, tal y como ha declarado M. G., que ha calificado de “chabola” el espacio en cuestión. “Era mi casa desde hacía años [...] Yo estaba de vacaciones y nadie me avisó de que la iban a derribar”, ha declarado ante la jueza A. C., cuya familia vive en Marruecos pero que consta como empadronado en la vivienda desde 2006.

La estructura, según se ha descrito en la sala, estaba hecha de ladrillo y tejas en la parte superior. Constaba de dos habitaciones, baño y un cocina, además de un vallado exterior que A. C. cerró con candado antes de irse de viaje, tal y como ha señalado él mismo. Previamente, la administración pública le había ofrecido un realojo a otra vivienda en el municipio madrileño de Cobeña, aunque la rechazó alegando que le quedaba “muy lejos del trabajo”, un desguace en San Martín de la Vega. Este otro núcleo está a casi 60 kilómetros del pueblo donde querían reubicarlo, y allí se desplaza desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde.

Por su parte, el actual jefe de servicio de Disciplina Urbanística con José Luis Martínez-Almeida ha defendido que su papel era el de “hacer caso” a las directrices de la Comunidad de Madrid al ser la titular del terreno. “Si ellos nos dicen que la parcela está abandonada, les creemos. No hubiera costado nada dar un aviso si sabemos que estaba ocupada”, ha argumentado. En este sentido, el excomisionado para la Cañada Real ha negado que su trabajo tuviera “un poder ejecutivo o legislativo” como tal. “Nos encargamos de coordinar a siete administraciones distintas, nada más”.

La acusación ha recordado que su cliente ya había iniciado alegaciones ante los primeros intentos de desalojo, para los que había adjuntado documentos que acreditaban su residencia en la vivienda, como el padrón de habitantes o los registros del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles). La última fue un recurso ante los tribunales, que seguía en trámite en el momento de la demolición después de desestimarse otros intentos previos para frenar el desalojo. “Si hubiesen esperado a que hubiera una resolución firme sin destruir antes la casa, tal vez el Juzgado habría revocado la decisión. Ahora el daño es irreparable”, ha sentenciado el abogado del denunciante.

La denuncia de A. C. no es el único caso judicial abierto por un derribo en la Cañada Real. En septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid por otra demolición en esa misma zona, aunque en este caso, el denunciante fue un vecino de etnia gitana defendido por Secretariado Gitano, residía en el sector 4. En aquella ocasión, la Justicia concluyó que se “vulneró” el “derecho fundamental a la intimidad personal y a la inviolabilidad del domicilio” del denunciante. Por ello, condenaron a las dos administraciones a abonar una indemnización conjunta de 15.000 euros.

El día que España se fue a negro por el apagón, muchos se acordaron de la Cañada Real, donde llevan años sin electricidad ni luz. Tuvo que ocurrir una tragedia, un momento de sacudida nacional para que la gente pensara en lo que ocurre a pocos kilómetros del centro de Madrid, en un asentamiento abandonado, en los márgenes, y sin que nadie quiera hacer nada por evitarlo. Ese recuerdo repentino era casi una metáfora de lo que ha ocurrido con la Cañada, que aparece cada cierto tiempo en el foco mediático hasta que se olvidan, de nuevo, de ellos. Y así en un círculo que nunca se rompe y que les obliga a vivir en unas condiciones terribles.

Aunque ya no estén en los telediarios, la gente de la Cañada Real ha llegado al Festival de Cannes —a la Semana de la Crítica— y ha reivindicado su voluntad de “querer ser vistos y oídos”. Lo han hecho a golpe de buen cine con Ciudad sin sueño, la película con la que Guillermo Galoe continúa el corto por el que ganó el Goya. Galoe desdibuja de un plumazo los límites de realidad y ficción con una propuesta que sumerge su cámara en el asentamiento y mira horizontalmente a su gente. Sin condescendencia ni prejuicios. Un ejercicio complicado del que sale triunfador.

Galoe atiende a la prensa antes de irse a chequear la copia que se verá horas después en el primer pase de Ciudad sin sueño en Cannes. El día anterior pisó la alfombra roja del Gran Teatro Lumiére con los protagonistas del filme en un acto que cree que tenía algo de “esta idea de querer ser vistos, de querer ser escuchados, de decir ‘estamos aquí’”. “Para nosotros estar en el centro del cine mundial es extremadamente importante”, dice el cineasta.

La película plantea preguntas que no son las clásicas. No es una simple obra de cine social, sino que muestra la crudeza del lugar, pero también cómo esas familias querrían poder vivir con dignidad en el lugar donde llevan décadas y que el ‘ascensor social’ no signifique un desplazamiento forzoso que además lleve implícito aceptar unos códigos con los que no se sienten cómodos. Una pérdida de su identidad y sus raíces, que ven cómo poco a poco desaparecen.

La idea de la película era “meterse dentro de la piel”. “Nos interesaba algo más que solo hablar de un espacio y de un contexto sociopolítico. Ver cómo ese contexto sociopolítico afecta en lo íntimo. Son personajes que podían haber ocupado tramas y tropos de películas de género, de wéstern o de noir, y están en ese espacio. Nos interesa ver cómo se sienten, cómo se enfrentan al desvanecimiento del mundo en el que viven. Nos interesaba la idea del fin de la comunidad”, dice el director que reivindica “la ternura de los afectos y de los contactos de la comunidad real”.

Eso corría un riesgo y era la romantización de la Cañada Real, algo que rechaza de pleno. La idea era mirar a estos adolescentes que graban todo con su móvil a los ojos de forma frontal. A través de sus teléfonos vemos su comunidad como la ven ellos (o con filtros de colores). Dos jóvenes que saben que se separarán dentro de poco y que empiezan a entender las normas que rigen la realidad. Galoe lo hace con “una ambición estética y política”. Un protagonista que es “un niño que está a un paso de convertirse radicalmente en un adulto y sin una transición suave”.

En la Cañada hay una comunidad, y al desalojarles estás desmembrando esos vínculos. Es una especie de desplazamiento físico sin otorgar posibilidades de cambio

Guillermo Galoe — Cineasta

En la mirada de Toni, el protagonista, encuentra una “libre de prejuicios” y junto a él, el espectador realizará su mismo viaje. Hay en el abuelo de Toni un personaje que Galoe define como “quijotesco y romántico”, que ve en su forma de vivir en la Cañada una libertad inalcanzable en el mundo actual en otro sitio. “A mí me parece bonito, pero también entiendo a la madre de Toni, cuando le dice al abuelo, ‘ya, pero es que realmente nuestros niños crecen sin luz, sin espacios culturales, sin agua, sin las necesidades básicas’”, explica planteando una de las dudas que el filme pone en el centro de su relato.

Ciudad sin sueño habla de esa posibilidad de la familia, gitana, de salir de allí, pero a ellos la Cañada “les ha dado una seguridad siempre”. “La comunidad gitana ha sido discriminada durante siglos en este país, casi desde que llegaron. Debemos de ser muy conscientes de eso. De esa herencia discriminatoria. Hay que luchar contra el racismo y hay que luchar contra el antigitanismo que sigue vigente en esta sociedad. A ellos siempre se les pide que den algo a cambio. Después de haberles discriminado les obligas a que vivan como nosotros. Como el centro piensa que se ha de vivir. ¿Es coherente eso? Es una pregunta difícil, casi sin respuesta”, duda Guillermo Galoe.

A pesar de ser una cuestión complicada, también plantea una solución que nadie suele tomar: “He visto barrios obreros que se han reconstruido. Pero claro, son proyectos urbanísticos y arquitectónicos de cierta dimensión que requieren esfuerzos y ganas. Lo que está pasando en Cañada es que hay una comunidad, hay una herencia, una arraigo de barrio. Y al desalojar eso estás desmembrando esos vínculos. Es una especie de desplazamiento físico, una reubicación sin otorgar posibilidades de cambio generacional. Eso es lo que a mí me rompe por dentro. Ver que a los actores de mi peli les va a costar mucho tener todas las posibilidades para poder tranquilamente ir a estudiar todos los días”.

Confía en el cine “para romper esa barrera y estar cerca de ellos”. “Volviendo al tema de los afectos y lo importante de la ternura, yo creo que eso lo puede hacer el cine y espero que de alguna forma con esta película, igual que con todo el trabajo que hemos hecho durante todos estos seis años, quede retratado. Un mundo que ha sido invisible durante muchas décadas y que para los que vienen después pueda realmente tener respuestas o tener otro tipo de políticas sociales. Sé que es muy difícil que el cine vaya a cambiar nada. Como me dijo Pepe Mujica, el cine no puede cambiar el mundo, el mundo lo cambia la gente. La gente que ve películas, que va al teatro, que lee libros…”.

El apagón eterno. Cuatro años sin luz. No enterarse de la caída del sistema eléctrico en todo el país y más allá. Un día cualquiera en la Cañada Real. Desde que el lunes 28 de abril se fundieron los plomos de la Red Eléctrica Española en su totalidad, muchas miradas, titulares o proclamas se volvieron hacia un lugar que desaparece y reaparece en la memoria: los asentamientos ilegales que se extienden por hasta 15 kilómetros de la Cañada Real Galiana, el nombre oficial de esta vía pecuaria, que conecta La Rioja con Ciudad Real a través de la región. Su historia es de sobra conocida, pero volvió a los focos cuando más de 55 millones de personas a su alrededor vivieron exactamente lo mismo. Sin embargo, entre la calzada y sus habitantes el tiempo ha seguido discurriendo. Aún libran sus propias batallas, algunas no tan conocidas.

En octubre de 2020, el año de la pandemia, las casi 4.000 personas que vivían entonces en aquellas casas o chabolas se quedaron sin luz. Ocurrió cuando la empresa energética que abastecía la zona, Naturgy, interrumpió el suministro después de hallar enganches para el cultivo de marihuana. Así, a oscuras, llevan todos los vecinos desde entonces: con cortes habituales o viviendo con sus propios generadores para iluminar los hogares. A finales de febrero, el Comité Europeo de Derechos Humanos, un órgano de Bruselas, condenó a España por incumplir hasta una decena de derechos plasmados en la Carta Social Europea, todos por la situación en la Cañada. Varias organizaciones lo habían denunciado años antes. Casualmente, meses después de la resolución, fue el país entero el que se sumió en su propio apagón.

Quién debe hacerse cargo de las carencias diarias en la zona y sobre todo, cómo, es una cuestión enrevesada. A pesar de todo, están los que buscan permanecer allí mientras la administración trata de sacarles. “A lo lejos, en esa casa de ahí, es donde vive Mónica”, explica Raquel, señalando con el brazo hacia su izquierda. Los alrededores están casi vacíos y el ambiente es, esa tarde, silencioso. Mónica era la mujer sexagenaria con la que vivía Julián, el hombre que perdió la vida en un incendio de la vivienda en 2023. Antes de llegar a la Cañada vivía en la calle. Venía desde Rumanía, pero no tenía casa hasta que se encontró con Adrián, hijo de Mónica. Él le propuso irse juntos a la de su madre y allí se hospedó hasta que, intentando sacarla del fuego, murió por las llamas.

Raquel vivía a dos parcelas de su vivienda, en la que sí llevaban meses esperando al realojo prometido por la Comunidad de Madrid. En mayo de 2017 se firmó el Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, el acuerdo impulsado por la Administración autonómica para incorporar a los habitantes de este espacio marginal y a oscuras en otros recursos habitacionales. A raíz del convenio, se iniciaron los traslados para vaciar la zona. En abril del año pasado, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, firmó junto al Ministerio y la Delegación del Gobierno un plan extraordinario para organizar realojos en la próxima década, hasta 2034. Un tercio del presupuesto (330 millones de euros) iría a parar a adquirir inmuebles públicos donde ubicarlos o pagar indemnizaciones por los perjuicios.

Muchos residentes de este tramo de la vía pecuaria ansían que llegue su momento. Otros, en cambio, pugnan por permanecer. “Mis vecinos más cercanos son un matrimonio que vive enfrente, gente mayor. Otra, una mujer viuda que vino por trabajo. Estar aquí le pilla cerca”, relata a Somos Madrid antes de abrir las puertas de su hogar. Es una vivienda pequeña, de ladrillo y con un garaje al aire libre nada más cruzar la entrada. Raquel tiene 50 años y lleva unos cuantos viviendo en la Cañada Real Galiana; antes, residía de alquiler en un pueblo de Guadalajara. Llegó a esta zona tan recóndita de Madrid por su exmarido, que tenía una tienda en la misma casa donde ahora vive ella.

Un día, él se marchó. Raquel decidió quedarse pero, como al bazar ya habían entrado un par de veces a robar y se llevaron casi todos los víveres, decidió habilitarlo como vivienda y buscarse la vida por otro lado. Ahora trabaja en un bufete de abogados, normalmente en remoto, y sus nietos no saben dónde vive. Lo prefiere así, para evitar estigmas. Su día a día consiste en enchufar el portátil al generador eléctrico que tiene colocado en una de las paredes interiores, en un pequeño cuartito separado del resto del inmueble por una cortina, y pasar las horas en esa extraña oficina.

Hacerse con una de esas cajas de voltaje independiente fue un antes y un después. “Yo no sabía ni que existían hasta que me enteré por unos vecinos. Mi padre vivía conmigo y él padece una piscina pulmonar –dificultades para respirar por la acumulación de líquido en los pulmones–, necesita de asistencia externa y me era casi imposible conseguir que entrara en una residencia”, expone. Lo había solicitado hasta en dos ocasiones, sin éxito. No fue hasta que dos personas mediaron por ella que consiguió ingresar a su padre fuera de casa. Uno era el comisionado regional en la Cañada Real, José Tortosa; y el otro el párroco de la zona, Agustín Rodríguez.

Este último también se movilizó para ayudar a Raquel u otros vecinos para instalar placas solares en sus viviendas, con facilidades de pago en los casos que se necesitaran. A ella le costaron unos 2.000 euros, según recuerda. A la Cañada apenas llegan los taxis o, de haberlos, el precio previo en aplicaciones de VTC puede resultar desorbitado. La cosa mejoró cuando comenzaron los realojos, pues no era poco habitual que especialmente en meses de verano se cortara el agua durante prácticamente todo el día, teniendo apenas unas horas para asearse o almacenar todo el agua posible en garrafas, cubos y bañeras.

Conforme la gente se fue marchando, también aminoraron algunos problemas. En su caso, la falta de luz o agua le preocupaba por partida doble: Raquel tiene una colonia de gatos que ronda la veintena de felinos, todos junto a su casa. Este conjunto gatuno figura en los registros municipales, con sede en ese punto exacto de la Cañada. Raquel muestra a este periódico el documento que lo acredita, sellado por Madrid Salud y en el que aparece la dirección de la colonia, en el sector VI; su número de expediente o la diferenciación de gatos (todos esterilizados) según color. “Son el principal motivo por el que sigo aquí. No me importa tener que pelear en los tribunales”, determina.

Bajo un techado de latón, resguardados en unas cajas de maderas apiladas unas sobre otras y con un hueco abierto por el que los felinos entran y salen, los animales pasan el día entre las casetas o la arena de la calle. El de sus gatos no es el único texto que la vecina muestra a Somos Madrid. En una de las cajoneras guarda alguno relacionado con la denuncia judicial abierta contra la Comunidad de Madrid, por la que trata de mantenerse en su alojamiento actual y resistir a un traslado de la Cañada. No obstante, el pronóstico es poco optimista. La última resolución se acoge la ley regional de suelo o a la 39/2015 sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para instar a los titulares de cada “infravivienda” que, como Raquel, no hayan solicitado el realojo a que lo hagan.

El corte de luz es un mecanismo más para ejecutar el desalojo. No es cuestión de que la gente tenga que buscarse la vida, sino de respetar el Estado de Derecho

Plataforma Cívica LuzYa — Organización por los derechos de suministro en la Cañada Real

Ofrece un plazo de 15 días para reclamar, pero la vecina ve pocas opciones. “Supongo que, a estas alturas, lo único que puedo conseguir es algo más de tiempo”, se rinde. La odisea legal de Raquel por vivir en este tramo de la vía pecuaria es para algunos una faceta más del problema. “No es cuestión de que la gente tenga que buscarse la vida, porque la solución debe venir del respeto a nuestro Estado de Derecho. Tampoco lo son unos realojos generalizados: el corte de luz es un mecanismo más para ejecutar el desalojo”, sentencian con dureza desde la Plataforma Cívica LuzYa, que vela por la vuelta del suministro eléctrico en la zona.

La Cañada Real se divide en seis sectores, cada uno de ellos con características algo distintas. Las casas apiladas más a la derecha de la vía, por lo general, pertenecen al Ayuntamiento de la capital; las orientadas a la izquierda las coordina el consistorio de Rivas-Vaciamadrid. “Cuando Madrid tiene electricidad, Rivas no. Y al revés, lo mismo”, detalla Ángel García, el presidente de la asociación vecinal del sector V, otra de las áreas en la Cañada Real. Confiesa que lleva días atendiendo a la prensa a raíz de que, con el apagón peninsular, su hogar volviera a ocupar un hueco mediático.

Las llamadas terminan siendo menos con los días, pero entre sus vecinos los vaivenes no dejan de ocurrir. “No están desmantelando a todos los sectores porque las competencias administrativas están repartidas”, incide García. En su caso, y aunque dice agradecer la colaboración con el Ayuntamiento ripense (al que pertenecen), se muestra en desacuerdo con su forma de atajar el asunto. “Solo apuestan por acabar con la Cañada en todas sus facetas, y no solo la chabolista: aquí vivimos muchos con viviendas que han pasado los estándares técnicos mínimos, pero nadie quiere verlo”, denuncia el representante vecinal.

Es más, hay algo de lo que se enorgullece: “Nos subestiman muchas veces pero, fíjate qué casualidad: cuando a Madrid le ha faltado luz nosotros hemos seguido en pie”. El quinto sector de la vía aún mantiene problemas de suministro, algo que les ha llevado desde hace años a autogestionar su consumo. En estos momentos, según García, en esta área hay un 80% de viviendas aproximadamente que pueden abastecerse gracias a placas solares, generadores independientes o baterías. “No soy de los que piensan en eso de que el mal de muchos es consuelo de tontos. Pero sí creo que esto ha sido un toque de atención a la administración en toda regla”, reflexiona: “¿Cómo ha sufrido la gente viviendo sin luz, eh? Eso pensarán. Y cuando todo pase y se les vaya de la cabeza, nosotros seguiremos aquí”.

En octubre de 2020 se apagó la luz en una parte del mayor asentamiento irregular de España, la Cañada Real. Desde entonces más de 4.500 personas de los sectores 5 y 6 tratan de sobrevivir sin suministro eléctrico. El Consejo de Europa ha confirmado esta semana un fallo contundente contra España por la vulneración de los derechos humanos en la Cañada Real. La resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) confirma que los cortes de luz prolongados constituyen una violación de, al menos, siete artículos de la Carta Social Europea, que protege el derecho a una vivienda adecuada y a condiciones de vida dignas, y pide a todas las administraciones una solución “urgente”.

Según el fallo del comité, “las condiciones de vida en la Cañada Real no cumplen con los estándares mínimos de habitabilidad, especialmente en los meses más fríos, con temperaturas dentro de las viviendas por debajo de los 10 grados centígrados en invierno y por encima de los 40 en verano”. Además, el informe recoge que “en ausencia de electricidad, los afectados han tenido que recurrir a fuentes de energía alternativas como generadores de diésel, estufas de leña y paneles solares de segunda mano, lo que ha provocado incendios y accidentes graves”.

La decisión no tiene precedentes, dado que nunca se habían vinculado los derechos sociales con la energía y deja claro que el Estado debe garantizar el suministro de electricidad por encima de los intereses de cualquier empresa privada, en este caso Naturgy. María López, portavoz de la plataforma cívica por la luz en Cañada Real, califica la decisión como “histórica”,

Más de cuatro años en la oscuridad

La empresa Naturgy cortó el suministro a miles de personas alegando sobrecargas en la red provocadas por enganches ilegales y el cultivo de marihuana en la zona. Es el mismo argumento que ha esgrimido el Gobierno de España para defenderse ante el comité europeo. Sin embargo, los vecinos han denunciado reiteradamente que la mayoría de las familias afectadas son ajenas a estas prácticas y que se les ha privado de un derecho básico sin alternativas viables.

La falta de electricidad ha supuesto un deterioro drástico de las condiciones de vida de los afectados, especialmente para los 1.800 menores de edad que viven en la zona. Sin calefacción ni agua caliente, muchas familias han recurrido a estufas de gas y generadores, lo que ya ha provocado varios episodios de incendios e intoxicaciones. Además, los niños en edad escolar sufren graves dificultades para acceder a la educación sin luz para estudiar o acceso a dispositivos electrónicos cargados.

Ese, el de la falta de luz, no es el único problema que enfrentan los vecinos: los derribos de viviendas o el vertido de escombros en la zona arrinconan todavía más a la población de la Cañada Real. En 2021, por ejemplo, se llevó a cabo la demolición de una vivienda habitada por una familia con tres hijos menores, sin que se agotaran las vías legales pertinentes ni se ofreciera una alternativa habitacional adecuada. Por ese motivo se ha cursado una denuncia contra altos cargos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid en que la Fiscalía les pide 10 años de prisión.

La decisión del Consejo de Europa

El Comité Europeo de Derechos Sociales considera que España ha incumplido sus obligaciones en materia de acceso a una vivienda adecuada, salud y bienestar infantil. Según el fallo, la administración ha fracasado en garantizar unos estándares mínimos de vida para las familias afectadas y no ha tomado medidas suficientes para restablecer el suministro o encontrar soluciones alternativas.

El informe subraya que la energía es un servicio esencial y que su privación prolongada compromete derechos fundamentales. Además, denuncia que los planes de realojo propuestos por la Comunidad de Madrid han sido insuficientes y han dejado a cientos de familias en un limbo administrativo. “El Estado español ha fallado en su deber de proteger a los residentes de Cañada Real contra la pobreza y la exclusión social, al no tomar medidas efectivas dentro de un marco coordinado”, señala el documento del Consejo de Europa.

La sentencia, inédita hasta la fecha, también subraya que “el tiempo estimado para el realojo completo de los afectados es excesivamente largo desde el inicio de los cortes, lo que prolonga la situación de vulnerabilidad y exclusión”.

Desde el Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid afirman que “la única vía que garantiza el acceso a una vivienda digna y adecuada a los residentes en la Cañada Real es el realojo”. El consistorio sostiene que esta medida “no es cuestionada” por la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales. Asimismo, fuentes del área afirman que “respetan, como no puede ser de otra manera, la decisión del Comité”, pero recalcan que “el fallo no obliga a las administraciones públicas españolas al restablecimiento del suministro eléctrico, sino a realizar actuaciones que garanticen el acceso efectivo a una vivienda de calidad”.

Según el consistorio, en 2024 “el Estado tomó conciencia de que debía ser parte activa de la solución de la Cañada Real” y se planteó incorporarse a los realojos con una aportación a través del Plan Extraordinario de Realojos en la Cañada, firmado en abril de ese año por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad, el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Rivas. Dicho plan contempla una inversión de 330 millones de euros en los realojos durante 10 años (2024-2034), repartidos de la siguiente manera: 110 millones del Estado, 110 millones de la Comunidad de Madrid y 110 millones a dividir entre Rivas y Madrid, según la proporción de familias afectadas.

Reacciones a la condena europea

El fallo ha sido recibido con satisfacción por parte de organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales. Amnistía Internacional ha celebrado la decisión y ha instado a las administraciones a cumplir con sus obligaciones y restablecer de inmediato el suministro eléctrico. “Este fallo es una victoria para los derechos humanos y deja en evidencia el abandono institucional que han sufrido estas familias”, ha declarado la organización en un comunicado.

El Defensor del Pueblo también pidió el lunes pasado, tras una reunión con representantes de la Plataforma Cívica Luz Ya en Cañada Real, una solución inmediata a la “emergencia humanitaria” que se vive en la zona. Ángel Gabilondo también recordó que en el año 2020 ya solicitó medidas urgentes tanto a la Delegación del Gobierno como a la Comunidad de Madrid para garantizar el acceso a la electricidad. Además, denunció las declaraciones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso porque consideraba que se había abordado el tema con “ligereza”, “falta de mesura” y “aporofobia”.

En el plano político, Rita Maestre, líder de Más Madrid en el Ayuntamiento, aseguró que desde la firma del Pacto Regional por la Cañada Real en 2017 las administraciones implicadas no solo han incumplido sus obligaciones, sino que “parecen estar forzando la expulsión de estos residentes”. Por su parte, la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, insistió en la necesidad de una nueva Estrategia de Inclusión para el pueblo gitano en 2025, ante la persistente discriminación en educación, empleo y vivienda.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, defendió este miércoles la actuación de la Comunidad tras la condena del Consejo de Europa. “Desde la Comunidad llevamos muchísimo tiempo comprometidos y trabajando en el marco de nuestras competencias, que son los de vivienda y realojo. Somos la administración que más recursos hemos aportado”, afirmó tras el Consejo de Gobierno. Además, criticó la “falta de acción” por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid, responsabilizándola de no abordar el problema de seguridad y drogas en la zona, que, según García, es competencia de la Administración General del Estado.

El ministro de Derechos Sociales del Gobierno de España, Pablo Bustinduy, se reunió también con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para coordinar medidas urgentes que restablezcan el suministro eléctrico en la Cañada Real. Tras el encuentro, Bustinduy destacó la necesidad de una “acción conjunta entre administraciones” y la reactivación del Grupo de Trabajo Interministerial para abordar esta crisis y que se trata de un problema “humanitario”.

La condena del Consejo de Europa marca un punto de inflexión en la crisis de la Cañada Real, al reconocer la privación prolongada de electricidad como una vulneración de derechos fundamentales. El Estado, que reconoce la autoridad del comité, está obligado ahora a actuar para garantizar que todas las administraciones con competencias velan para encontrar una solución a una crisis humanitaria que hace más de cuatro años que dura.

La Justicia paraliza el derribo de una vivienda y el consecuente desalojo de una familia en Cañada Real, que trataron de ejecutar el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. Así lo establece la sentencia, todavía recurrible y no definitiva, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 25 de Madrid.

El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, deja sin efecto la resolución del director general de la edificación de la Comunidad de Madrid de julio de 2022. Esta, a su vez, desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de 21 de abril de 2022, por la que se ordenó el cese del uso y desalojo de la infravivienda situada en una parcela de Cañada Real Galiana.

El dictamen judicial descarta alguno de los argumentos presentados por la defensa de la familia afectada, ejercida por Francisco Javier Rubio Gil, letrado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). Sin embargo, estima el motivo de impugnación relativo a la caducidad en la actuación de las administraciones madrileñas.

El artículo 195.1 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid condiciona el restablecimiento de la legalidad urbanística por parte de la administración a que “no hubieren transcurrido más de cuatro años desde la total terminación de las obras ejecutadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas en ellas”. En este caso, la construcción se ha empleado como vivienda desde 1987, aunque la familia cercada por el posible desalojo llegase a ella en 2002.

La jurisprudencia tumba el argumentario de Ayuntamiento y Comunidad de Madrid

Los Gobiernos de José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso argumentaban que no cabe considerar dicho artículo: “Se está desarrollando un uso residencial en suelo no urbanizable. Por tanto aunque se hubiera producido la caducidad de la acción de restablecimiento de la legalidad urbanística, al ser un uso prohibido , la administración puede ordenar el cese en ese uso y el desalojo de la construcción, no operando con respecto al mismo prescripción, ni caducidad alguna”.

La sentencia desmonta esta motivación al aclarar que la caducidad no se aplica cuando las construcciones sin licencia se llevan a cabo en “terrenos calificados por el planeamiento urbanístico como zona verde o espacio libre”. Es decir, no basta con una calificación de terreno no urbanizable, sino que debe estar catalogado como espacio verde o libre.

La jueza expone un amplio arsenal de jurisprudencia a este respecto para alcanzar una conclusión que frena el desahucio y el derribo: “El artículo 200.1 de la referida Ley 9/2001 de la Comunidad de Madrid se limita a excluir del plazo de caducidad para el ejercicio de la potestad de restablecimiento de la legalidad urbanística únicamente a la zona verde o espacio libre, sin contener mención alguna al suelo no urbanizable, ya ordinario, ya de alguna protección”. Y concluye: “No cuestionándose que la antigüedad de la construcción y la total terminación de las obras tuvo lugar antes de cuatro años de la reacción del Ayuntamiento, este motivo de impugnación debe de ser estimado”.

El abogado Rubio Gil celebra que la decisión “impide al Ayuntamiento de Madrid derribar la casa”. Destaca que la familia que la habita “tiene intención de regularizar sus contratos de suministros y pagar su contribución como cualquier otro vecino de Madrid”. Recuerda que el Defensor del Pueblo y el Consejo de Europa “vienen reclamando el restablecimiento del suministro y que se atiendan las reclamaciones de las familias residentes para permanecer en sus viviendas y legalizarlas”.

El elefante está en medio de la habitación y emite señales luminosas. Ya no es cosa de grinchs ni agentes antinavideños. Los gobiernos firman tratados internacionales que afirman que ha llegado el tiempo de poner coto el gasto energético a la vez que los distintos ayuntamientos pelean por tener la ciudad más iluminada. En Madrid, este año, con casi doce millones de bombillas.

Algunos vecinos de Vigo, autoproclamada capital de las luces navideñas, se han cansado del derroche lumínico y han organizado una campaña consistente en colgar sábanas blancas en sus balcones. Protestas que señalan las incongruencias del derroche a la vez que se insertan en la lógica de las que recientemente han señalado los impactos negativos del turismo en los barrios céntricos de las ciudades.

Las protestas ciudadanas con el alumbrado navideño en el foco no son nuevas. Durante los años del último franquismo y la transición, la iluminación de las calles fue una reivindicación de los nuevos barrios de Madrid, junto con el transporte público, la urbanización de las calles o la vivienda digna. El contraste de las calles en penumbra con las que recibían una iluminación adicional con motivo de las fechas navideñas era demasiado obvio como para dejar de señalarlo.

El periódico El País se hacía eco a finales de 1976 de la protesta en forma de amenaza de los vecinos del barrio de Orcasitas por la falta de iluminación de algunas de sus calles:

“No podemos aceptar que el Ayuntamiento nos coloque tres árboles repletos de bombillas como adorno navideño mientras en el barrio tenemos cuatro calles sin ninguna iluminación”, decía Félix López-Rey, histórico dirigente vecinal vecinal y hoy concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. Lo que advertían desde Asociación de Vecinos de Orcasitas era muy original: quitarían las bombillas que el Consistorio iba a poner en algunos árboles del barrio para alumbrar ellos mismos las tres calles que carecían de iluminación: Camino del Río, Dulce, Fuentitas y el enlace entre Joaquín Francés y la avenida Pradolongo. En aquel momento eran numerosas las calles a las que aún no había llegado el alumbrado público, pese a que existía un Plan de Urgencia para el Acondicionamiento de Barriadas que lo tenía entre sus prioridades.

Durante muchos años las protestas por el alumbrado navideño más frecuentes fueron las que señalaban la falta de luces o los agravios comparativos de unos barrios con otros. Sin embargo, en lo últimos años se ha despertado una importante sensibilidad ecológica y se ha puesto sobre el tapete un tema que, desde luego, no es nuevo. La pobreza energética de muchos hogares.

En este contexto, llegó en las navidades de 2021 la acción de sabotaje de un colectivo desconocido y anónimo denominado Colectivo Corta Cables. El 18 de diciembre de ese año, el misterioso grupo dejó sin luz temporalmente la bandera de España sobre el Paseo de la Castellana, a la Menina del Paseo del Prado, la iluminación de la Puerta de Alcalá y los árboles de Navidad de Nuevos Ministerios y Atocha.

“El Ayuntamiento de Madrid se ha gastado 3,6M€ en el alumbrado navideño (12% más que el año pasado), mientras el precio de la luz alcanzó ayer el máximo histórico y el 13% de los hogares madrileños viven bajo pobreza energética”, decían en el comunicado con el que reivindicaban la acción.

Uno de los puntos más importantes que el colectivo incluyó en la reivindicación fue el año que por entonces llevaba sin luz parte de la Cañada Real Galiana, un problema que no se ha resuelto cuatro años después pese a que recientemente el Consejo de Europa ha resuelto que España vulnera los derechos de la Carta Social Europea por los continuos apagones del barrio, a raíz de una denuncia de la Plataforma Cívica por el derecho a la luz de la Cañada Real.

 La falta de luz incide especialmente durante los meses de frío y afecta a miles de personas, incluidos 1800 niños y niñas. Los actos de protesta durante las navidades han sido frecuentes. Ya en 2020 acudieron los adolescentes de la Cañada a la Puerta del Sol para señalar en Nochebuena la falta de luz en sus casas. “El centro de Madrid está iluminado siempre y nosotros no podemos tener ni una bombilla encendida”, decían ante los medios de comunicación congregados.

También en 2020, el colectivo artístico Boa Mistura trabajó con colectivos locales para llevar a cabo una acción que llamara la atención sobre el problema. El resultado fue un imponente mensaje formado por 4000 velas en el que se podía leer “Nos están apagando”. Las navidades siguientes volvieron a la Cañada de la mano de la asociación de mujeres Tabadol, y colocaron guirnaldas alimentadas con energía solar en las calles de esta barriada con los mensajes “Seguimos luchando/ Queremos contratos/ Luz para Cañada”.

Sin duda, hay una tensión social sobre la mesa que pone de frente el continuo aumento presupuestario del alumbrado navideño y la creciente conciencia energética de la ciudadanía. Además de los de Boa Mistura, ha habido en los últimos años otros ejercicios de reflexión desde el arte en el espacio público, como los del colectivo Luzinterruptus, que nació en Madrid durante la crisis de 2008 para dejar acciones urbanas reivindicativas en la calle. Quince años después han trascendido el arte urbano y la guerrilla comunicativa pero siguen militando en la conciencia de su tiempo, con instalaciones como el árbol de navidad consumista. También se pueden encontrar en su web proyectos nonatos alusivos a la navidad, que ponen luz sobre alambradas de espino en alusión a la guerra, por ejemplo.

Los contrastes entre la abundancia y la escasez sirven para señalar problemas. De la misma manera que los vecinos de Orcasitas dejaron de usar la iluminación navideña para reivindicar el alumbrado público cuando este llegó, los vecinos de los sectores 5 y 6 de la Cañada cesarán de señalar con el dedo el alumbrado de la Puerta del Sol cuando puedan calentarse y estudiar dignamente. Durante mucho tiempo, la navidad se ha asociado con la luz, pero las representaciones acudían a la iconografía de la vela. La luz puede tomar muchas formas y dimensiones y algunas acciones reivindicativas subrayan el hecho tozudo de que cada navidad nos empeñamos en soslayar el sino de los tiempos.

En las afueras de Madrid, más de 4.500 personas sobreviven en el asentamiento ilegal más grande de Europa en condiciones que recuerdan a otra época. Durante los últimos cuatro años, los sectores V y VI de la Cañada Real han estado sumidos en la oscuridad, privados de electricidad desde que el 2 de octubre de 2020 Naturgy interrumpiera el suministro. La crisis ha agravado la situación de desigualdad social y de condiciones infrahumanas que se viven en las decenas de chabolas enclavadas en las proximidades de la M-50.

La Cañada Real es una antigua vía pecuaria que cruza los municipios de Coslada, Rivas-Vaciamadrid y Madrid. En sus orígenes, la zona era utilizada para el traslado de ganado, pero a partir de los años 60 del siglo pasado se convirtió en un asentamiento irregular que ha ido aumentando de tamaño. Hoy en día, más de 8.000 personas residen en este enclave que carece de servicios básicos, infraestructuras adecuadas y, desde hace cuatro años, de electricidad en dos de sus sectores más densamente poblados.

La justificación inicial para el corte del suministro fue la sobrecarga de la red por conexiones ilegales, según Naturgy. Sin embargo, los vecinos y las asociaciones que los apoyan denuncian que las causas reales están vinculadas a intereses urbanísticos. Proyectos como el desarrollo de Los Berrocales y Valdecarros han levantado las sospechas en torno a la propiedad del suelo y la regularización de algunas viviendas de la Cañada Real.

El impacto en las familias

La falta de electricidad ha generado un impacto devastador en las familias, especialmente entre los menores. De los 4.500 afectados por el corte de luz, 1.800 son niños y niñas que crecen en condiciones precarias, expuestos a temperaturas gélidas durante el invierno y a problemas de salud mental y física derivados de esta situación. La llegada de las condiciones meteorológicas más severas del año agrava aún más la situación.

El informe La Cañada responde, elaborado por el Centro Sira el pasado año, calificó las condiciones de vida en la zona como, literalmente, un “entorno torturante”. Este documento recoge testimonios que ilustran cómo las familias enfrentan problemas como intoxicaciones por el uso de generadores de gasóleo, quemaduras por sistemas de calefacción improvisados y enfermedades respiratorias agravadas por la falta de aislamiento en las viviendas.

La población de la Cañada Real, con más de 15 años de residencia promedio y un fuerte arraigo desarrollado, enfrenta un grave deterioro tras el corte de suministro eléctrico. Según el mismo informe, el apagón no ha hecho más que intensificar la precariedad preexistente, afectando condiciones de vida básicas como la conservación de alimentos y la calefacción, lo que ha generado “un sufrimiento severo en la población”, especialmente en mujeres e infancia. Cabe recordar que más de 1.800 de los habitantes son niños y niñas.

El Centro Sira denuncia que la falta de luz equivale a una “muerte civil”, limitando el acceso a derechos fundamentales como la educación, el trabajo y la conexión digital, crucial para el desarrollo infantil. Además, aseguran que ha disparado los problemas de salud mental, con un aumento del 11,8% al 55% en quienes requieren atención psicológica, y que un 15,7% ha expresado “pensamientos de suicidio”. 

Los vecinos, en lucha

A pesar de la situación extrema, la comunidad de la Cañada Real continúa en pie de guerra. Los vecinos no han dejado de movilizarse para reclamar unas condiciones dignas desde que se produjera el corte de luz, hace más de cuatro años. Además, organizaciones vecinales como la Asociación Tabadol y plataformas solidarias han llevado su lucha hasta instancias internacionales.

Ante la creciente presión social y mediática, el Gobierno español, en colaboración con las administraciones autonómica y local, anunció el Plan Extraordinario de Realojos 2024-2034, que prevé el traslado de unas 1.600 familias a nuevas viviendas. Sin embargo, este plan ha sido recibido con escepticismo por los vecinos de la Cañada Real, quienes denuncian que no garantiza condiciones dignas ni soluciona el problema estructural de exclusión. Mientras tanto, las obras previstas para renovar la red eléctrica en los sectores no incluyen a aquellas familias que no disponen de contratos legales.

La condena del Consejo de Europa

La reciente resolución del Consejo de Europa apunta a la vulneración de al menos seis artículos de la Carta Social Europea. El Comité Europeo de Derechos Sociales ha dictaminado que España ha violado la Carta Social Europea al no tomar medidas efectivas para paliar la situación de los vecinos de la Cañada Real. La resolución señala que ha afectado gravemente los derechos de los residentes, especialmente el derecho a una vivienda adecuada, la protección de la salud y el bienestar infantil, pues los niños han enfrentado condiciones extremas que han podido empeorar su salud y desarrollo.

Las organizaciones y los vecinos esperan que esta condena internacional impulse medidas concretas, como el restablecimiento inmediato del suministro eléctrico y un plan inclusivo que respete los derechos de todas las familias.

El comité también subraya el impacto negativo en la seguridad y la salud de los habitantes, quienes han recurrido a generadores de gasolina y paneles solares, lo que ha generado intoxicaciones y riesgos de incendios. El ente europeo considera insuficientes los plazos de realojo de las administraciones dado que los planes están proyectados hasta 2034, casi 15 años más tarde del corte de luz en los sectores V y VI.

Mientras tanto, el quinto invierno sin electricidad amenaza con recrudecer todavía más la situación en la Cañada y con ir desgastando a los más de 4.000 vecinos que siguen lidiando con el día a día de la estación más dura del año sin suministro eléctrico.

España vulnera media docena de artículos de la Carta Social Europea. Según una resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales, adelantada por El País y a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Estado ha fallado en la protección de familias, menores y mayores afectados desde hace más de cuatro años por los cortes de luz en la Cañada Real y que se enfrentan a otro invierno gélido sin electricidad en la comunidad autónoma que presume de ser la más rica del país que se jacta, a su vez, de ser el que más crece de la Unión Europea, pero que, según esta resolución, no ha adoptado “medidas adecuadas” para “garantizar una vivienda adecuada” ni para evitar a las personas afectadas las enfermedades relacionadas con la falta de suministro.

En concreto, el Comité considera, por unanimidad, que España viola el artículo 31.1 de la Carta, que compromete a sus firmantes a “favorecer el acceso a la vivienda de una calidad suficiente”; y el 11, que garantiza el derecho a la protección de la salud, al señalar que el Estado no ha hecho lo suficiente por eliminar las causas de una salud deficiente de estas personas ni para prevenir enfermedades epidémicas y endémicas.

La resolución va más allá y señala que los cortes de luz en la Cañada Real afecta especialmente a los más pequeños. En los sectores 5 y 6, afectados por el parón de suministro, viven alrededor de 1.800 niños y niñas a los que, según el Consejo de Europa, el Estado no ha garantizado su derecho a la educación. También a las personas mayores, que no están disfrutando a su derecho, reconocido por España, a una protección social y una vida digna.

Según el documento, “el Gobierno sostiene que las plantaciones intensivas de marihuana, ubicadas en estos sectores activan dispositivos de seguridad instalados por la empresa eléctrica Naturgy y provocan así un apagón permanente en la red”. Sin embargo, las administración no han resuelto en cuatro años el problema, que, según las organizaciones querellantes “han provocado un grave impacto en la vida de las personas que habitan” la Cañada.

La resolución no se queda solo en los derechos que vulnera el Estado español. Pone ejemplos concretos de cómo esta dejadez afecta a familias a las que no se protege contra la pobreza ni la exclusión social, a niños que no tiene acceso a una educación de calidad y a mayores vulnerables. Ante la falta de electricidad, “los hogares afectados tuvieron que comprar, dentro de sus posibilidades, fuentes alternativas de energía”. Paneles solares de segunda mano, calentadores, cocinas de butano, estufas o velas, que según las organización provocaron “más de cinco incendios y explosiones con cuatro heridos graves y la muerte de un hombre en 2023”, además de “25 intoxicaciones causadas por la contaminación de los generadores de gasolina y dos incendios por las velas” durante el invierno pasado.

El Consejo de Europa se pronuncia tras una reclamación presentada por Comisiones Obreras, Defence for Children International, la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas sin Hogar, la Asociación Europea de Magistrados por la Democracia y la Libertad (Medel, por sus siglas en inglés) y ATD Fourth World. En concreto, el Comité admitió la queja en octubre de 2022 y exigió al Gobierno que presentara alegaciones antes del 15 de diciembre de ese año. Las justificaciones de las partes se prolongaron después hasta junio de 2023, incluidas las observaciones del Defensor del Pueblo en calidad de tercero.

El Consejo ya había pedido entonces, en 2022, al Gobierno español que tomara “medidas inmediatas” para resolver los problemas de luz en la Cañada, sin que su exigencia tuviera repercusiones prácticas. La resolución, a la que ha tenido acceso este medio, está ya en manos del Ejecutivo y deberá ser publicada, como mucho, el 26 de febrero de 2025.

La Fiscalía de Madrid acusa de prevaricación administrativa a un alto cargo del Ayuntamiento de la capital y al ex comisionado del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para la Cañada Real. Pide para ambos una inhabilitación especial de 10 años para cargos públicos relacionados con temas urbanísticos por demoler una vivienda en el sector 6, cerca de la incineradora de Valdemingómez, sin respetar los procedimientos legales.

Uno de los investigados en este caso es el jefe del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, J. C. S., que lleva 20 años ocupando ese cargo. El otro implicado es el ex comisionado de la Comunidad de Madrid, M. G., que ejerció dicho cargo desde 2021 hasta que abandonó el cargo en abril de 2023.

Los dos implicados decidieron “acelerar el desalojo y demolición de la parcela” del denunciante, A. C., en 2022, sin informarle previamente y sin darle trámite de audiencia, tampoco “se esperó siquiera a la notificación de la resolución de su previo recurso de reposición contra la orden de desalojo”, según consta en el escrito de acusación de la Fiscalía. La demolición se produjo cuando el denunciante estaba de viaje en Marruecos. 

Aprovechando que A. C. se encontraba fuera de su casa –asegura el Ministerio Público– el excomisionado remitió un correo al alto cargo del Ayuntamiento “informándole” de que habían “detectado ‘el abandono flagrante’ de la parcela” en la que residía el demandante. Ante esta petición, el funcionario municipal remitió al responsable de la Comunidad en el momento de los hechos una notificación de orden inmediata de demolición. Con ella, el excomisionado “delegó” en una empresa externa la demolición “sin informar previamente siquiera, como es habitual, a la PM (Policía Municipal), a fin de garantizar la seguridad de la medida”. 

El Ministerio Público considera que el argumento de la administración para justificar el derribo de la vivienda, basado en el supuesto “abandono” del inmueble, “era absolutamente falaz”. Según la Fiscalía provincial, esta tesis “se utilizó exclusivamente como base fraudulenta para apartarse del procedimiento legal de demolición de la vivienda, y posibilitar su ejecución directa por el Comisionado de la Comunidad de Madrid, a espaldas del afectado, mediante una orden irregular dirigida por el Ayuntamiento al propio Comisionado”. 

Empadronado desde 2004

El denunciante estaba empadronado en esa parcela desde 2004. En 2020, cuando la Comunidad inició los procedimientos de realojo en la Cañada Real, el Gobierno regional le adjudicó una nueva vivienda en Cobeña, siempre según la documentación a la que alude el escrito de la Fiscalía. El inquilino de esta vivienda rechazó esta alternativa “por hallarse la vivienda demasiado lejos de su lugar de trabajo”. Tras esta decisión, el equipo de Isabel Díaz Ayuso “dejó sin efecto su derecho al realojo” y se lo comunicó al Ayuntamiento liderado por José Luis Martínez Almeida. 

En noviembre de 2021, desde el departamento del alto cargo municipal investigado iniciaron un “expediente de disciplina urbanística” en contra del denunciante, que presentó alegaciones a la resolución de desalojo de su vivienda y posterior demolición. La propuesta municipal se convirtió en una resolución, que el denunciante recurrió. 

“Por algún motivo que no consta, el Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real, el acusado M. G., y J. C.S., decidieron la necesidad de acelerar el desalojo y demolición de la parcela de A.C., a la vista del uso que estaba haciendo de los recursos legales de los que disponía, dentro del procedimiento legal”, apunta el fiscal, en un escrito emitido en julio, al que acaba de acceder la acusación particular, ejercida por el abogado Carlos Castillo, del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). 

En esa misma línea, el Ministerio Público también sostiene que “a fin de aligerar” la “tramitación legal, y obtener la rápida ejecución de la demolición, los acusados se pusieron de acuerdo para idear una estrategia que cubriese un apartamiento de las citadas garantías legales, y acudir a la vía de hecho”. Y añade que para ello aprovecharon que el denunciado “se hallaba en el mes de julio de 2022 en Marruecos”.

En julio, el juzgado de instrucción número 20 de Madrid imputó a los dos denunciados por un presunto delito de prevaricación. La magistrada dictó el auto de transformación en procedimiento abreviado y abrió el plazo para que la Fiscalía y la acusación particular presentaran sus escritos de acusación. Las fuentes consultadas conocedoras del caso aseguran que este fallo fue recurrido. 

La Comunidad y Rivas, condenados

elDiario.es ha intentado recabar la versión de los investigados. Desde el Ayuntamiento aseguran que este procedimiento “es un tema personal del funcionario”. Por su parte, fuentes cercanas al excomisionado aseguran que la acusación es “un disparate” y que la institución que él representaba en el momento de los hechos no tenía competencias para realizar los derribos. 

La denuncia de A. C. no es el único caso judicial abierto por un derribo en la Cañada Real. En septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid por otra demolición en esa misma zona, aunque en este caso, el denunciante fue un vecino de etnia gitana defendido por Secretariado Gitano, residía en el sector 4. 

De nuevo, los magistrados explican que en esta decisión no existió “expediente administrativo” y ni “acto administrativo” que determinase la demolición de la infravivienda“. En este caso, la Justicia concluyó que se ”vulneró“ el ”derecho fundamental a la intimidad personal y a la inviolabilidad del domicilio“ del denunciante. Por ello, condenaron a las dos administraciones a abonar una indemnización conjunta de 15.000 euros. 

Uno de los momentos más desgarradores del documental Cara B: Cañada Real Galiana llega cuando Adil Ajahiou, uno de sus tres jóvenes protagonistas (el más locuaz y dicharachero), relata un episodio de discriminación que sufrió en el colegio: “Los de la Cañada allí, en esa mesa”, les reprendía la tutora del comedor, separándoles del mundo y marcándoles con un estigma que todavía les pesa por mucho que luchen contra él cada día.

En un contexto tan adverso, donde a las dificultades económicas o familiares se suma la discriminación, una pasión como el fútbol puede convertirse en una poderosa herramienta para el cambio y la esperanza. Es lo que relata este reportaje del periodista Javi Valle para la plataforma de contenidos deportivos DAZN, que lo ofrece gratuitamente en su web (solo es necesario un registro previo). Valle conversa con Somos Madrid para desgranar los entresijos de una pieza breve, pero que huye de sensacionalismos y de cualquier tono tremendista para mostrar un lado más luminoso de la Cañada sin por ello obviar su realidad. No está solo: hasta las oficinas de DAZN, donde tiene lugar el encuentro, se desplazan los otros dos grandes protagonistas junto a Adil de esta historia de deporte y amistad: Ismail Benayad “Isma” e Ibrahim Zarkan “Ibra”.

A sus 23 y 21 años ambos se dedican al taxi, un camino que Adil les mostró y en el que vieron la oportunidad de labrase un futuro. Les dio un horizonte, una aspiración, igual que lo hacía el fútbol cuando eran pequeños: “Sobre todo de ayudaba a enfocarte en jugar y no desviarte”, cuenta Isma. Rocío Díaz, educadora social de la Asociación El Fanal, lo resume en el documental: “Aquí el fútbol es todo: aprender a resolver conflictos, hacer amistades, tener momentos de convivencia de barrio...”. Su valor puede ser, incluso, físico y material: “Cuando Filomena no teníamos nada para calentarnos, así que para pasar menos frío nos poníamos a jugar al fútbol”, rememora Isma.

Cuando Valle empezó a concebir el reportaje y a llevar a cabo sus primeras visitas a la Cañada, hace ya un año, “no tenía una idea muy clara”. “El primer día flipé en colores para lo bueno y para lo malo”, admite. Pero conoció a Adil e Isma y todo empezó a tomar forma: “Estos chavales son la leche. Hablé con ellos media hora y la historia que había que contar se plantó enfrente de mi cara. Me di cuenta de que podían ser los protagonistas de un reportaje y que al acabar cualquiera los admiraría como a un futbolista de élite”.

“En realidad aquí yo era el único que conocía DAZN”, comenta entre risas Isma. “Viene mucha prensa y estamos cansados porque van una y otra vez a por lo mismo: graban al pobre señor sin luz arreglando sus placas solares, o buscan los kioscos de droga, siempre lo malo. Cuando vino Javi me interesó porque nos dijeron que el documental iba sobre fútbol y porque no metió directamente la cámara, sino que quiso saber de nosotros y se interesó por otras cosas”, explica ya más en serio. “Estamos hartos de sentirnos estigmatizados”, denuncia. “Para mí era muy importante no solo desestigmatizar, sino hacerlo respetando la forma que estos chicos tienen de ver Cañada, a su gente y al fútbol”, sentencia Valle.

Porque este deporte sigue hoy muy presente en sus vidas y en la Cañada, por mucho que Adil ya no viva allí o que Isma reconozca que solo pasa a dormir, que el resto del día prefiere pasarlo en Vallecas. La excepción llega los fines de semana, cuando está operativo el curioso campo de fútbol, con unas medias nada habituales, que la FIFA instaló en el Sector 6 (de ahí son estos tres chavales).

Viene mucha prensa y estamos cansados porque van una y otra vez a por lo mismo: graban al pobre señor sin luz arreglando sus placas solares, o buscan los kioscos de droga, siempre lo malo

Ismail Benayad — Protagonista de 'Cara B: Cañada Real Galiana' y taxista

“Llegué un día y estaba jugando un montón de gente ahí. Fue increíble”, relata Valle, que en el documental se anima a disputar un triangular y comprueba de primera mano la calidad de la Cañada. “Nos hemos llegado a a reunir 40 tíos o mas, repartidos en siete u ocho equipos que vamos entrando y saliendo según quien gana cada partido”, cuenta Isma. Podría sonar a pachanga, y lo cierto es que el compañerismo prima sobre la competición, pero se lo toman muy en serio. Todos quieren ser los reyes de la pista.

Pese a lo mucho que les aporta este recinto, su historia también tiene una cara B que muestra el abandono institucional que siempre acaba golpeando de una forma u otra la Cañada Real. No solo porque esté cerrado entre semana, sino porque el proyecto inicial de la FIFA nunca llegó a ejecutarse por completo y la organización “lo dejó abandonado”, lamenta Valle. Ahora son los propios jóvenes que lo disfrutan quienes deben mantenerlo. “Había un encargado que nos prometía baños, vestuarios y otras cosas que nunca han llegado a terminar. Pero al final solo hicieron el campo y una cancha de baloncesto que la verdad es que nadie la utiliza. No sabemos qué ha pasado con esa otra parte del presupuesto”, deja caer Isma.

Fútbol de barro y sueños contra montañas

Por suerte no son novatos en eso de gestionarse su propio campo. Antes de esta instalación, fueron ellos mismos quienes improvisaron y apañaron un lugar para jugar al fútbol, el ya prácticamente extinto campo viejo. En el reportaje cuentan cómo lo crearon: unos cuantos hierros para las porterías, neumáticos para delimitar el terreno de juego y alguna que otra red que “tomaron prestada” de polideportivos de Vallecas.

Remontándose aún más atrás en el tiempo, antes le daban a la pelota en una colina, así de simple y llanamente (aunque poco tiene de llana). “No sé ni dónde jugábamos en verdad”, recuerda Isma con una sonrisa. El mejor lugar para observar desde las alturas la Cañada, con ese otro Madrid en el horizonte, fue también el escenario protagonista de muchos partidos de infancia, incontables goles en unas porterías hechas con dos piedras y alguna que otra escalofriante lesión ladera abajo.

Ahora los tiempos han cambiado, aunque la falta de luz y la inacción de la Comunidad de Madrid (cuando no sus polémicas intervenciones) demuestren que no todo ha ido a mejor. Ibra, en cambio, presume de que su sobrino pueda dar en la Fundación del Rayo Vallecano los primeros pasos y pases de los que a él la vida le privó cuando soñaba con una carrera futbolística.

Fue imposible por barreras económicas, pero también sociales o logísticas. El Ensanche de Vallecas, el núcleo de población más cercano, se encuentra a media hora andando. Cuando eran niños no existía ningún autobús que les conectara a la zona. Desde hace tres años hay uno, que pasa una sola vez al día, pero con ello se dan con un canto en los dientes. “Para llegar a cualquier sitio o para volver a casa había que pasar una montaña”, dice Isma. Podría parecer una metáfora, pero era un obstáculo literal.

Unas barreras también sociales y mentales, que se trasladaban al colegio concertado al que acudían (no tenían opción de asistir a ninguno público). Hablan de profesores que les recriminaban delante de sus compañeros que disfrutaran “gratis” de cosas por las que el resto debía pagar.

Para mí era muy importante no solo desestigmatizar, sino hacerlo respetando la forma que estos chicos tienen de ver Cañada, a su gente y al fútbol

Javi Valle — Periodista de DAZN y director del documental 'Cara B: Cañada Real Galiana'

A Ibra, por ejemplo, le usaban como ejemplo de buena conducta frente a otros amigos de la Cañada con peor comportamiento, como si quienes proceden de un entorno con peores condiciones no tuviesen permitido equivocarse, como si sus errores contasen más que lo del resto o como si debiesen casi pedir perdón por estar ahí. “Me dolía, porque yo soy de la Cañada y si les señala a ellos también me señala a mí”, se lamenta. Por eso guarda todavía más cariño a quienes no les ponían una cruz por su procedencia, como una profesora que siempre se interesaba por su situación y le ayudaba con lo que necesitase.

Y quizá también por esa infancia complicada Ibra ha desarrollado una coraza de la que poco a poco se va desprendiendo en el documental, que empieza siendo una historia con dos protagonistas y le acaba sumando a él. En los últimos minutos se abre y se desahoga, compartiendo una humanidad como la que reside en todos los habitantes de la Cañada detrás del estigma.

Reconoce que le gusta verse y que le vean. Al igual que a Isma, le convence cómo son retratados en Cara B: Cañada Real Galiana: “El otro día estábamos Adil y yo con dos amigas y puse el documental. La verdad es que está muy guapo. Pero lo mejor es que me giré y Adil estaba el tío secándose las lágrimas de los ojos”, dice Ibra entre risas.

Al término de la entrevista, Ibra e Isma se dan una vuelta por la sede de DAZN: los distintos departamentos de la redacción (automovilismo, fútbol o un área de baloncesto que sigue sin interesarles demasiado), los estudios de grabación o el plató en el que Antonio Lobato graba sus programas después de las carreras de Fórmula 1. Por un rato, antes de volver a su taxi y después a la Cañada, se sienten como dos niños con un balón de fútbol nuevo.

El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid imputa por un presunto delito de prevaricación a dos funcionarios de alto nivel en los Gobiernos de José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso. Se trata, por un lado, de quien lleva cerca de 20 años siendo el Jefe de Disciplina Urbanística del Consistorio de la capital, Julio César S.G. El otro implicado es el excomisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real, Markel G.P., que ejerció dicho cargo desde 2021 hasta su cese en abril de 2023.

El motivo de las diligencias es el derribo de la vivienda de un vecino de la Cañada Real en el mes de julio de 2022, ejecutado pese a no existir una orden firme y cuando el vecino había recurrido el procedimiento administrativo abierto meses antes. Después de casi dos años de investigación, tanto la jueza titular como Fiscalía consideran que hay indicios de criminalidad “evidentes” en la actuación de ambos cargos públicos, según recoge el escrito judicial al que ha tenido acceso Somos Madrid. Así, la magistrada ha dictado el Auto de transformación en Procedimiento Abreviado. Con ello, abre el plazo para que tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejercen los representantes legales del vecino presenten sus escritos de acusación.

Según queda acreditado en el auto, el vecino llevaba residiendo en la vivienda de forma ininterrumpida desde el año 2006, cuando adquirió la finca en la que se ubicaba. Al encontrarse en la conocida como zona sin asfaltar de la Cañada Real, junto al municipio de Perales del Río, el Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento inició a finales de 2021 el expediente para demolición de obras no legalizables, otorgándole plazo al vecino para oponerse.

Fuentes de la acusación particular indican que “el comisionado para la Cañada Real de la Comunidad de Madrid emitió un informe indicando que la vivienda estaba completamente abandonada, sin aportar prueba alguna de esta afirmación, y pese a que el afectado presentó alegaciones a dicho expediente hasta en dos ocasiones, alegaciones que estaban siguiendo los trámites legales”. A continuación, este funcionario del Ejecutivo autonómico solicitó el derribo de la construcción.

“En cuestión de apenas 24 horas desde la comunicación del supuesto abandono y sin llevar a cabo ni la más mínima comprobación sobre el estado de la vivienda y de su procedimiento administrativo, el Jefe de Disciplina Urbanística (que conocía perfectamente la existencia de un expediente recién iniciado y recurrido, pues él mismo era el instructor de dicho procedimiento) autorizó el derribo”, añaden.

Celeridad injustificada en una orden “lesiva”

La demolición se ejecutó automáticamente el 19 de julio de 2022, apenas cinco días después de la declaración de supuesto abandono. En ese momento el vecino se encontraba de vacaciones fuera de su vivienda desde hacía apenas una semana y había presentado alegaciones apenas un mes antes justificando que la vivienda era su domicilio.

Por parte de ninguno de los dos investigados se ha podido justificar esta actuación durante la fase de Instrucción. “Es evidente que ambos conocían que una orden tan lesiva como la que supone el derribo de una vivienda con más de 30 años de antigüedad solo puede dictarse cuando existe una resolución firme al respecto, y que la declaración de la vivienda como abandonada sólo podría afirmarse tras la práctica de una exhaustiva prueba. En el presente caso no solo no intentaron comprobar si el vecino seguía en la vivienda, sino que teniendo evidentes pruebas de que así era (los recursos presentados semanas antes, la presencia de todos sus enseres personales y su vehículo dentro de la vivienda o las declaraciones de los vecinos que intentaron evitar el derribo) continuaron adelante con la ejecución”, exponen desde la acusación particular.

“Este derribo se llevó a cabo en el marco de toda una campaña orquestada por las Administraciones públicas de acoso y derribo a los vecinos y residentes históricos de la Cañada Real, una campaña cuyo principal hito fue el corte de luz a los Sectores V y VI en octubre de 2020, y que busca expulsar a los residentes de esta zona en beneficio de los desarrollos urbanísticos del sureste que colindan con esta zona residencial, poblada principalmente por población vulnerable o de escasos recursos”, explican desde el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), una cooperativa integral de profesionales para la defensa de los Derechos Humanos que ha asumido la representación del residente que perdió su vivienda.

Es cinco de octubre de 2023 y hace un calor que no es natural para esta época del año. Cien niños y niñas bailan, dibujan y saltan a la comba bajo un sol de justicia. Explota la alegría por los altavoces que cantan por Rocío Jurado –“como una ola, tu amor llegó a mi vida”–. Si esto fuera una película, la escena quedaría así: sector VI de la Cañada Real Galiana. Exterior. Día. Pero en un reportaje es más bien así: estamos en el sector VI de la Cañada Real Galiana, uno de esos lugares donde en los últimos tres años se han superado los márgenes de lo posible.

Es el tiempo –tres años y tres días para ser exactas– que las 2.000 personas que habitan este trozo de mundo llevan viviendo sin luz eléctrica. Este jueves de octubre es un día de fiesta. La fiesta de los niños. La acogida ha sido estupenda: el campo de fútbol es un hormiguero de humanos grandes y pequeños dispuestos a hacer un pacto con la realidad por un rato. Por eso, ante las preguntas, la mayoría prefiere no responder.

Varias mujeres de procedencias, edades y experiencias vitales diferentes –Cañada Real es lo contrario a lo homogéneo– finalmente toman la palabra en un aparte. Muchas de ellas prefieren aparecer en este reportaje con una inicial y de espaldas a la cámara. “Salimos en las páginas y aquí no pasa nada”, dice una chica de la que solo podremos contar que tiene unos grandes ojos oscuros y pestañas larguísimas. Ellas se abren, cuentan su vida a desconocidos –que son los periodistas– con la esperanza de que a cambio de ese acto mejore algo; consigan un objetivo; vuelva la luz. Forma parte del trato, piensan. Pero la segunda parte nunca se cumple.

“Es una sensación y es una realidad. Estamos derrotadas”, dice al fin Houda Akrikez, presidenta de la asociación cultural Tabadol y vecina del sector VI. “No hay solución –añade N.– y pasará lo que ellos quieran que pase”. “¿Quién se quiere quedar pudiéndose ir?”, dice otra, que mece a su bebé de 11 meses en el carro. Los últimos tres años se les han venido encima como si fueran veinte, coinciden. Y bromean con las arrugas retirándose el hiyab de las sienes.

Las mujeres de la Cañada Real han empujado las movilizaciones desde 2020: han llevado su problema al centro de Madrid, al Ayuntamiento y también a Bruselas. El Comité Europeo de Derechos Sociales admitió una reclamación colectiva contra España y pidió medidas inmediatas a las autoridades españolas ante los riesgos para la salud de las personas. Pero tampoco pasó nada.

Personalmente vivo en la contradicción: ¿me quedo cuando esto se está haciendo invivible o me voy y renuncio a lo que soy y a lo que he construido? Es más un pensamiento mágico pensar que si resisto me van a legalizar

Houda Akrikez, presidenta de la asociación cultural Tabadol

Por este lugar que es un inframundo para los estándares de la forma de vida en un país desarrollado y, sin embargo, un hogar cierto para sus habitantes han pasado periodistas internacionales y cámaras de grandes agencias de noticias. También olas de calor insufribles y temperaturas de 13 grados bajo cero con una nevada, Filomena, que colapsó el asentamiento; e incidentes que parecen de otro tiempo: incendios en las casas por descuidos con las velas o hipotermias debido al frío en las viviendas. Hace unos días explotaron las baterías de las placas solares de una vecina. La fachada de la casa de ladrillo luce con grandes manchones negros. Quien ha podido pagarlo, ha instalado este método para autoabastecerse. El resto pasa los días con generadores de gasóleo que huelen y suenan, también, a otro tiempo.

Una historia de poderes públicos y privados

La historia del apagón es compleja. Está repleta de tramas y personajes. De poderes públicos y privados.

En las primeras semanas, allá por octubre de 2020, el Gobierno madrileño relacionó la falta de suministro con las plantaciones ilegales de marihuana de una parte del asentamiento. El Defensor del Pueblo tiró de las orejas al equipo del PP, liderado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, “al apreciar que se estaba pretendiendo hacer pasar el problema de la falta de electricidad en estos asentamientos como el resultado exclusivo de un fenómeno generalizado de producción masiva de marihuana, actividad ilegal cuya responsabilidad se estaba extendiendo al conjunto de las personas que habitan en estos enclaves”.

Los propios habitantes admiten que hay una zona problemática con la droga pero se lamentan de que se tome la parte por el todo. Más heridas.

Las asociaciones de vecinos llevaron la situación a los juzgados y en 2022 un peritaje encargado por el juez instructor permitió conocer que los cortes eléctricos eran “consecuencia de la instalación de unos reconectadores en la línea de alta tensión” por parte de Naturgy que “en la práctica hacen de limitadores de potencia”.

La compañía eléctrica dispuso de ellos por un “gran incremento de demanda” entre agosto y octubre de 2020 y argumentó que necesitaba hacerlo para continuar dando servicio correctamente a sus cinco clientes del asentamiento. Los que tenían legalizada la luz. Desde entonces un grupo numeroso de habitantes ha pedido regularizar su situación, terminar con los enganches –peligrosos en ocasiones– y firmar contratos normales con Naturgy.

Un portavoz de UFP, la distribuidora de Naturgy, asegura que la compañía “está plenamente implicada en colaborar en la resolución del problema y a plena disposición de los afectados para asesorarles” aunque mantiene los limitadores aludiendo a la seguridad.

La eléctrica ha pedido autorización a la Comunidad de Madrid para mejorar la red pero todo apunta que es para los clientes. Es decir, para los vecinos que tienen un contrato, que son una minoría. La Consejería de Medio Ambiente concreta que se trata de seis líneas eléctricas y un centro de transformación en el sector VI.

A lo largo de estos años, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid se han escudado en que no pueden entrar en contratos privados entre clientes y empresas a la vez que esgrimen que no es posible vivir con las condiciones materiales que hay en la Cañada.

Existen tres comisionados –uno por administración y otro más en representación del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid– encargados de coordinar la respuesta a corto y a largo plazo. Las administraciones han centrado sus esfuerzos en un proceso que es muy lento, el realojo, sin que nada cambie sustancialmente para sobrevivir al día a día sin luz.

No solo es la oscuridad, recuerdan las vecinas, sino la dificultad para lavar la ropa o para conservar alimentos. “Apenas comemos cosas frescas, usamos latas porque es lo que podemos conservar”, apunta una de las mujeres marroquíes que prefieren no identificarse, la que acuna a su bebé.

A lo largo de estos años, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid se han escudado en que no pueden entrar en contratos privados entre clientes y empresas a la vez que esgrimen que no es posible vivir con las condiciones materiales que hay en la Cañada.

La Comunidad de Madrid, en respuesta al Defensor del Pueblo, alegó en febrero de 2021 que para disponer de suministro había que partir de una situación legal. Y que la Ley del Suelo impide, por cuestión urbanística, que las empresas distribuidoras lo contraten. Una pieza más del laberinto normativo que permite a la Comunidad apartarse de la cuestión porque la suya no es una “labor regulatoria” y poner la pelota en el Pacto Regional que no es de nadie y es de todos.

“Resulta inaceptable que la ley 9/2001 haya de ser un obstáculo para restablecer un suministro eléctrico en la zona porque esa Administración es competente para promover la remoción de los obstáculos que dice tener”, le recuerda el Defensor del Pueblo. En la maraña burocrática, los comisionados también se han declarado incompetentes para “la celebración de los contratos” ante la recomendación de formalizar los suministros.

Según los datos ofrecidos por la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, se ha realojado a 232 familias desde 2018 en viviendas de alquiler social y hace pocas semanas se firmó una ampliación del convenio de 2021 para extender el proceso a otras 180.

Los realojos no siempre son bien aceptados por toda la población. La Comunidad de Madrid minimiza este hecho: solo el 5% de las familias residentes no presentaron solicitudes para entrar en el proceso, según sus cifras. Una parte de los vecinos manifiesta que prefiere quedarse en sus casas y pide que se legalice el asentamiento dotándolo de unas condiciones más habitables apelando a cuestiones de arraigo. Las viviendas de realojo están diseminadas por toda la región.

Sin embargo, esto no parece estar en los planes de los gobiernos y muchos asumen ya que la Cañada Real terminará desapareciendo. En cinco, diez o quince años. La administración no dispone de un censo actualizado sobre el número de personas que viven hoy en el sector VI, el más vulnerable y el que es sujeto de la política de realojos.

Sigue llegando gente pese al apagón

El asentamiento supera los márgenes de lo posible, entre otras cosas, porque ha seguido llegando gente pese al apagón. Nuevos habitantes que han heredado casas –en mejores o peores condiciones– de las familias realojadas. Es el caso de Noemí, su marido y los tres hijos de ambos. Se mudaron hace un año y aseguran que aquí “al menos tienen agua”. Estaban ocupando un piso en Getafe, según el relato de ella. Otras dos mujeres marroquíes, con poco tiempo en España, han llegado hace unos meses también.

“Se han ido muchos pero han llegado otros tantos”, explica con naturalidad una de las vecinas. No todos los vecinos, por vivir en la Cañada Real, pueden solicitar un alquiler social: deben estar empadronados allí desde antes del 31 de diciembre de 2011 y no superar unos ingresos mínimos, inferiores a 3,5 veces el IPREM (7.200 euros anuales).

Salud Vargas y Yolanda Navarro viven puerta con puerta. Son nuera y suegra, y podrían solicitar el realojo porque tienen solera en el asentamiento: más de treinta años en los que han sido madres y abuelas. Salud prefiere que la llamen María aunque tampoco sabe muy bien por qué un día le cambiaron el nombre. “Por la virgen, supongo”, dice riéndose. En la familia ven con reservas los realojos, pese a que Yolanda asegura que lo ha solicitado por la vía ordinaria. Dice que se lo han denegado porque deberá entrar en el cupo específico de Cañada Real y no en la lista general.

“Personalmente vivo en la contradicción: ¿me quedo cuando esto se está haciendo invivible o me voy y renuncio a lo que soy y a lo que he construido? Es más un pensamiento mágico pensar que si resisto me van a legalizar”, reflexiona Akrikez. Es la brecha abierta de los vecinos, ahora que los realojos avanzan a cuentagotas. En breve se abrirá un nuevo plazo de solicitud y en muchas casas, donde el nivel económico es muy bajo y hay muchos miembros, se hacen la misma pregunta: ¿pueden a estas alturas rechazar una vivienda digna, aunque eso suponga un desarraigo, y fiar su suerte a mantenerse en un sitio que parece condenado a desaparecer?

En la entrada del sector VI unas guirnaldas luminosas destacan en la oscuridad. “Seguimos luchando”, dicen las letras, aunque parece que nadie sabe ya muy bien cómo ni para qué.