El exconsejero delegado de Globalia Javier Hidalgo ha negado este martes ante el Tribunal Supremo que existiera una nota de prensa que saliera desde el Ministerio de Transportes que en 2020 dirigía José Luis Ábalos apoyando que Air Europa fuera rescatada por el Estado. Ese hecho es relevante para la causa porque la Fiscalía sostiene que por ese comunicado el empresario Víctor de Aldama habría pagado como dádiva unas vacaciones en un chalé de Marbella al ministro.

El exCEO ha negado estar detrás de esa prebenda al exministro y también ha negado que abonara 500.000 euros a Koldo García y a Ábalos tal y como asegura otra empresaria cercana a Aldama. Aldama trabajó para Air Europa, que le pagó 10.000 euros al mes desde noviembre de 2019 hasta noviembre de 2020, coincidiendo con la aprobación del rescate. Previamente, le había contratado para tratar de recuperar una deuda de más de 200 millones de euros que la compañía tiene en Venezuela, aunque sus gestiones no fructificaron.

“La nota de prensa nunca se produjo”, ha afirmado Hidalgo a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. A continuación, ha añadido que nunca fue algo que pidiera la compañía porque lo que necesitaban en realidad era el documento oficial que la SEPI acabó publicando un mes después, el 9 de septiembre de 2020, y donde se hablaba ya de un rescate público. “Esa comunicación formal es la que yo mando a los acreedores”, ha aseverado.

Ante esto, la acusación que dirige el Partido Popular ha puesto sobre la mesa noticias de prensa que hacían referencia a esa nota, pero Hidalgo ha explicado que más allá de esas publicaciones él nunca vio nota oficial del Ministerio dirigido por Ábalos. De hecho, a preguntas de la defensa de Aldama, el exCEO de Globalia ha negado incluso que esa noticia fuera beneficiosa para la compañía.

Hidalgo ha apuntado que Aldama no hizo gestión alguna sobre esa nota, pero sí ha confirmado que formó parte de un “amplio equipo de trabajo” de la compañía que comprendía al departamento jurídico y al financiero para lograr ese rescate. “Era un canal transmisor de comunicación con diferentes ministerios, y no solo con Transportes”, ha enfatizado. 

El empresario también ha sido preguntado por los diferentes mensajes que mantuvo con Aldama sobre el rescate de más de 500 millones de euros a lo largo del verano de 2020. Ha reconocido que sí hubo cruce de wasaps, pero ha dicho que muchos eran “de ánimo” por la situación que vivían en la aerolínea. Y ha aprovechado para criticar las condiciones leoninas de la SEPI para Air Europa en comparación con las impuestas para Iberia, “a la que le dieron 1.000 millones”. “Es el préstamo con peores condiciones, no de España, sino del mundo entero, que por cierto hemos devuelto con antelación”, ha añadido.

Desvincula a Begoña Gómez del rescate

También en relación con ese rescate, la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha preguntado a Hidalgo si Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, influyó en la concesión de ese préstamo. “No”, ha respondido el empresario. En uno de los audios intervenidos a Koldo García, el propio Aldama reconocía que Begoña Gómez no tuvo relación con las presiones para el rescate de Air Europa, según publicó El País.

El rescate a la aerolínea por los efectos de la pandemia ha sido uno de los grandes objetivos de los partidos y asociaciones de extrema derecha que ejercen la acusación popular tanto en la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado como en otros abiertos en la Audiencia Nacional y el Supremo: si el Ejecutivo rescató a la empresa de Globalia porque Begoña Gómez, que conocía a Hidalgo y que estuvo vinculada a una filial de Globalia, intercedió a favor de la compañía. El empresario lo ha negado este martes en el Tribunal Supremo.

Las organizaciones sindicales CCOO, UGT y USO han decidido suspender las jornadas de huelga convocadas para hoy miércoles y el próximo viernes en la empresa de handling Groundforce, la empresa de servicios en tierra de Air Europa, tras producirse en las últimas horas contactos con la dirección de la compañía que abren una vía de diálogo. El conflicto laboral afecta a las demandas salariales de la plantilla, de unos 3.000 trabajadores.

Fruto de esos primeros contactos, las tres centrales sindicales se reunirán este viernes, 10 de abril, con la empresa para intentar encauzar la negociación del conflicto laboral, que afecta al personal de tierra en una docena de aeropuertos españoles, según han informado a Europa Press fuentes de los sindicatos convocantes.

En concreto, los trabajadores de asistencia a tierra llamados a secundar los paros tienen presencia en los aeropuertos “de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao”, explica el sindicato CCOO en una nota informativa.

El conflicto laboral se debe a que los sindicatos denuncian el “incumplimiento por parte de la dirección de la empresa de los compromisos salariales recogidos en el convenio colectivo, así como a la interpretación unilateral de sus artículos que, en la práctica, está suponiendo una pérdida directa de poder adquisitivo para la plantilla”, denunciaba CCOO en una nota de prensa.

Solo un parón, la huelga indefinida “sigue su curso”

“El conflicto está lejos de resolverse, pero siempre es bueno volver al diálogo”, han señalado fuentes sindicales a la agencia Europa Press. No obstante, han advertido que la convocatoria de huelga indefinida sigue su curso y se mantendrá activa hasta que se alcance un acuerdo satisfactorio.

La huelga, que se viene desarrollando los lunes, miércoles y viernes en tres tramos horarios (05:00-07:00, 11:00-17:00 y 22:00-00:00) desde el pasado 30 de marzo, ha provocado en las últimas semanas retrasos generalizados, cancelaciones de vuelos y acumulación de miles de maletas sin gestionar en aeropuertos como El Prat, Barajas, Palma de Mallorca y otros.

Los sindicatos reclaman el cumplimiento de los compromisos salariales y la recuperación del poder adquisitivo recogidos en el convenio colectivo.

La huelga indefinida del personal de Groundforce, la empresa de servicios en tierra de Air Europa, prevista desde este lunes en una docena de aeropuertos españoles, ha derivado en vuelos que han partido sin los equipajes de los viajeros y en hasta 50 minutos de retrasos.

En concreto, al menos seis aviones han tenido que partir este lunes desde el aeropuerto de Madrid-Barajas sin llevar a bordo los equipajes de sus pasajeros. Así lo han informado a EFE fuentes sindicales una vez finalizado el primer turno de esta huelga (de las 05:00 a las 07:00 horas de hoy), que han añadido que se han reportado incidencias en todos los aeropuertos, aunque donde más se nota es en Madrid y Barcelona.

Por su parte, UGT considera que los paros están siendo “un éxito” y que se están registrando retrasos de entre 40 y 50 minutos en los grandes aeropuertos.

Fuentes del sindicato han señalado a Europa Press que, además, los hipódromos de muelle de retirada de equipajes (cintas transportadoras de las maletas) están colapsados en los aeropuertos de Madrid y Barcelona, con retrasos de hasta 50 minutos en aeropuertos como Bilbao, Valencia o Madrid, unos retrasos que serán mayores cuando se levante el actual tramo de paro, establecido hasta las 17.00 horas.

La huelga ha sido convocada por los sindicatos CCOO, UGT y USO en los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao en los turnos de mañana, tarde y noche (de las 05:00 a las 07:00, de las 11:00 a las 17:00, y de las 22:00 hasta las 00:00 horas).

Según explicaron desde CCOO a Efe, al convocar estos paros, la prioridad para ellos es la negociación con la empresa (Globalia, matriz de Air Europa) y la búsqueda de soluciones, pero aclararon que no estaban dispuestos a aceptar decisiones empresariales que trasladen a los trabajadores el coste de la inflación y de la “mala” gestión empresarial.

Las diferencias entre los sindicatos y la empresa radican en la “correcta” aplicación de las tablas salariales y, en particular, sobre la aplicación del diferencial derivado del IPC y la garantía del poder adquisitivo recogida en el convenio.

Groundforce, el operador de 'handling' del grupo Globalia, obtuvo 12 licencias en la última adjudicación para el servicio de asistencia en tierra de Aena, en septiembre de 2023, para los doce aeropuertos de mayor volumen de carga en los que opera la compañía en España.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil frena la última maniobra del juez Juan Carlos Peinado para intentar investigar el rescate de Air Europa dentro de la causa que sigue contra Begoña Gómez a pesar del veto reiterado de la Audiencia Provincial. En un informe de apenas tres folios, al que ha tenido acceso elDiario.es, los agentes concluyen que no hay “hechos nuevos” que le permitan investigar el préstamo a la aerolínea. 

El instituto armado llega a esta conclusión tras analizar, a petición del magistrado, un escrito del abogado Eduardo Martín-Duarte, conocido por difundir bulos. Según la UCO, ese escrito contiene “información de carácter administrativo relativa a la tramitación del expediente de Air Europa que ya obraba en el procedimiento” y está plagado de hechos “no son contrastables debido a la ausencia de fuentes de información al respecto”. 

El escrito vinculaba a la esposa del presidente del Gobierno a una cuenta y dos depósitos en República Dominicana. Además, el abogado afirmaba que esas cantidades serían el “lucro o beneficio” derivado de su supuesta intervención en el rescate de Air Europa y en adjudicaciones a la compañía Innova Next del empresario Juan Carlos Barrabés, también imputado en la causa. Sobre esa información bancaria, la UCO dice que “no es posible pronunciarse acerca de la verosimilitud de la misma y, en su caso, su relación con la tramitación del expediente de Air Europa”. 

La Fiscalía se opuso a esa petición al considerar que el magistrado pretendía poner en marcha una “investigación encubierta” sobre el rescate de Air Europa. “Se está engordando una causa ya voluminosa con materia ajena a su objeto definido”, sostuvo el representante del Ministerio Público, que cuestiona que el juez se base en querellas o denuncias “que no tienen mayor misterio a investigar” para volver sobre una materia —el rescate de Air Europa— sobre la que tiene los criterios “fijados o indicados” por la Audiencia Provincial.

El rescate de más de 400 millones de euros a Air Europa por los efectos de la pandemia es uno de los grandes objetivos de los partidos y asociaciones de extrema derecha que ejercen la acusación popular tanto en este proceso como en otros abiertos en la Audiencia Nacional y el Supremo: si el Ejecutivo rescató a la empresa de Globalia porque Begoña Gómez, que conocía a su CEO Javier Hidalgo, intercedió a favor de la empresa. 

Una de las primeras decisiones de la Audiencia Provincial de Madrid en este caso, en mayo de 2024, fue dar luz verde a la investigación de Peinado pero vetando las diligencias sobre el rescate de Air Europa, que Manos Limpias había metido en la denuncia y que no dejaba más que “conjeturas”. Un segundo aviso en ese sentido llegó en otro auto de octubre de 2024 cuando la Audiencia reiteró que el rescate de Air Europa estaba fuera de los límites de la causa. 

La Audiencia Provincial también anuló en mayo de 2025 la decisión del juez de solicitar información a la SEPI sobre las ayudas otorgadas a Air Europa. Esta decisión se basó en que dicha investigación quedaba fuera del objeto de la investigación previamente delimitado al inicio de la instrucción. Y meses después, en octubre, anuló otro requerimiento del juez a la UCO para que emitiera un informe sobre el rescate de la aerolínea.

La Fiscalía acusa al juez Juan Carlos Peinado de impulsar una “investigación encubierta” sobre el rescate de Air Europa dentro de la causa que sigue contra Begoña Gómez a pesar del veto reiterado de la Audiencia Provincial. En un escrito fechado el 2 de enero, el fiscal José Manuel San Baldomero se opone a la decisión del magistrado de pedir a la Guardia Civil que analizara un escrito de un abogado difusor de bulos para comprobar si incluye “hechos nuevos” que le permitan investigar el préstamo a la aerolínea. El fiscal hace estas consideraciones en un informe en el que se adhiere al recurso presentado por la defensa de la mujer del presidente del Gobierno y en el que afirma que ese movimiento del magistrado “no resulta procedente”.

“Se está engordando una causa ya voluminosa con materia ajena a su objeto definido”, sostiene el representante del Ministerio Público, que cuestiona que el juez se base en querellas o denuncias “que no tienen mayor misterio a investigar” para volver sobre una materia —el rescate de Air Europa— sobre la que tiene los criterios “fijados o indicados” por la Audiencia Provincial.

“Los hechos que fueron ya analizados por la Audiencia Provincial son los que son, su contenido no ha variado. Y los hechos que se ponen sobre la mesa del instructor a través de querellas y denuncias tampoco tienen mayor misterio a investigar, debiendo ser analizados y ponderados por el instructor. Lo contrario se asemeja más a una investigación encubierta que a una inocua petición de información”, escribe el fiscal.

El pasado diciembre, el juez acordó derivar a la Unidad Central Operativa (UCO) un escrito del abogado Eduardo Martín-Duarte en el que se afirma sin pruebas que Begoña Gómez tiene a su nombre cinco depósitos bancarios en bancos turcos con un valor aproximado de seis millones de euros y que esos fondos procederían de la entidad rusa Alfa Bank.

Martín-Duarte, que reclama personarse en el procedimiento, es un abogado conocido por difundir bulos, como que la mayoría de miembros del Gobierno y algunos dirigentes del PSOE blanquean dinero en República Dominicana. Denuncias suyas por hechos similares han sido descartadas de plano tanto por la Fiscalía Anticorrupción, como por el Tribunal Supremo. 

El rescate de más de 400 millones de euros a Air Europa por los efectos de la pandemia es uno de los grandes objetivos de los partidos y asociaciones de extrema derecha que ejercen la acusación popular tanto en este proceso como en otros abiertos en la Audiencia Nacional y el Supremo: si el Ejecutivo rescató a la empresa de Globalia porque Begoña Gómez, que conocía a su CEO Javier Hidalgo, intercedió a favor de la empresa. 

Una de las primeras decisiones de la Audiencia Provincial en este caso, en mayo de 2024, fue dar luz verde a la investigación de Peinado pero vetando las diligencias sobre el rescate de Air Europa, que Manos Limpias había metido en la denuncia y que no dejaba más que “conjeturas”. Un segundo aviso en ese sentido llegó en otro auto de octubre de 2024 cuando la Audiencia reiteró que el rescate de Air Europa estaba fuera de los límites de la causa. 

La Audiencia Provincial también anuló en mayo de 2025 la decisión del juez de solicitar información a la SEPI sobre las ayudas otorgadas a Air Europa. Esta decisión se basó en que dicha investigación quedaba fuera del objeto de la investigación previamente delimitado al inicio de la instrucción. Y meses después, en octubre, anuló otro requerimiento del juez a la UCO para que emitiera un informe sobre el rescate de la aerolínea.

Con la atención centrada en el juicio del fiscal general y los casos de Ábalos y Koldo, Juan Carlos Peinado se había quedado arrinconado en una esquina, como el abuelo loco que insiste en contar a sus nietos que hay una gran conspiración de reptilianos a punto de hacerse con el control de la Tierra. En noviembre, la Audiencia de Madrid le había cerrado en las narices la puerta de la investigación de las ayudas a Air Europa. Ya era la segunda vez que ocurría y se suponía que sería la última. Pero no conocen la capacidad del juez de no escuchar a sus instancias superiores.

Peinado continuaba con la investigación de la ayuda que una asesora de Moncloa había prestado a Begoña Gómez en sus actividades profesionales. Tuvo que aguantar que la Audiencia se adelantara y decidiera, previo recurso de las defensas, anular la imputación del actual delegado del Gobierno en Madrid, como ya lo había hecho el Tribunal Supremo con su intento de que se imputara un delito al ministro Félix Bolaños. Su último paso es tan arbitrario como los anteriores. Otra nueva estratagema con la que meter las manos en –no hay suspense, es lo de siempre– el rescate de Air Europa.

La excusa sí es un ejemplo extremo de peinadismo. Un abogado adicto a las conspiraciones presentó un papel en su juzgado. Eduardo Martín-Duarte, que ya intentó relacionar a Gómez con una fortuna en República Dominicana, plantea ahora que ese dinero podría estar depositado en bancos turcos, aunque su origen real sea un banco ruso que está sometido a sanciones por EEUU y la UE. El nivel de fabulación requiere siempre incluir países extranjeros en la trama para que todo parezca más delictivo. Las pruebas son opcionales.

La palanca que emplea Peinado consiste en pedir a la UCO que analice este nuevo engendro generado por un profesional de las denuncias cuyas iniciativas ya han sido desestimadas en el pasado por la Fiscalía Anticorrupción o el Tribunal Supremo. Es una variante de la frase que utilizó Jorge Fernández Díaz, en este caso, con la versión 'esto la UCO te lo afina'.

En muchas de las investigaciones judiciales contra el Gobierno, el premio gordo consiste en recibir de la UCO un papel que genere una larga ración de titulares. La propia existencia de un informe en preparación de la unidad policial ha servido en ocasiones para generar interés. El juez pidió en noviembre a la UCO otro informe sobre los siete años de correos electrónicos incluidos en una cuenta de correo corporativa de Moncloa a nombre de Begoña Gómez. Según su defensa, es una cuenta que ella casi nunca utilizaba. La Fiscalía recurrió la medida a la Audiencia por considerarla “absolutamente desmesurada”.

Todas estas iniciativas de Peinado han ido transcurriendo al albur de las cambiantes declaraciones de Víctor Aldama sobre el rescate de Air Europa. La conexión con la esposa de Pedro Sánchez se inició cuando El Confidencial informó de un encuentro entre ella y Aldama en el bar de un hotel de San Petersburgo durante los días en que se celebró una reunión de la Organización Mundial de Turismo (OMT). La intención era presentarlo como un hecho sospechoso. El mismo Aldama restó importancia a ese contacto en declaraciones posteriores a los medios.

En un audio que Aldama envió a Koldo García en diciembre de 2020, que figura en el sumario, pero curiosamente no en los informes de la UCO, el comisionista negaba que Gómez tuviera algo que ver con la compañía aérea: “Sobre lo que me cuentas tú de Air Europa, que quieren vincular la operación de Air Europa, que si ha habido presiones con Begoña y tal, nada, nada, nada”. Aldama aseguraba que Gómez estuvo varias veces en la sede de Globalia, pero siempre para hablar de Wakalua, un centro de innovación turística promovido por Globalia y la OMT.

Cuando apareció ese audio con su voz, Aldama lo llamó “una cortina de humo” y dijo que desde luego que Begoña Gómez había presionado en favor de Air Europa. No aportó ninguna prueba.

Peinado ya se ocupa por su cuenta de cumplir la misión que se espera de él. El Partido Popular ha decidido que ha llegado el momento de que algún otro juez haga lo mismo con José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Dónde está el juez Peinado que pueda aplicar al expresidente el mismo tratamiento que a Begoña Gómez? De momento, el partido no ha tenido suerte, pero eso no quiere decir que no lo vaya seguir intentando. La detención de un empresario amigo de Zapatero, que quedó después en libertad provisional, en relación con la empresa Plus Ultra, ha servido para la última ofensiva en la que no hay ningún escrúpulo para acusarle de cometer delitos.

Todo parte de una noticia de El Debate, dirigido por un gran amigo de Mariano Rajoy, según la cual el detenido, Julio Martínez, se reunió con Zapatero tres días antes de ser detenido. El artículo ofrecía fotos de Martínez –no confundir con el presidente de Plus Ultra, también detenido y con el mismo nombre y primer apellido– y de su coche cuando salía de casa. Se vieron “en un monte sin cobertura”, decía el titular en tono conspiratorio. Eso sólo quiere decir que no podían hacer llamadas con el móvil, lo que no parece muy delictivo.

Es la zona del Monte de El Pardo, un paraje natural muy cercano a Madrid. Fueron a primera hora de la mañana para correr, como han hecho en otras ocasiones junto a otras personas, y luego desayunaron en un bar.

La cita fue definida como una “reunión clandestina”, aunque Zapatero no tiene la obligación de anunciar previamente los encuentros con sus amigos. No habría sido menos 'clandestina' si se hubiera celebrado en una cafetería del centro de Madrid. Nadie se habría enterado, excepto ellos.

Zapatero ha negado tener nada que ver ni con la detención de Martínez, por mucho que fuera amigo suyo y que se reuniera con él unos días antes, como lo había hecho en otras ocasiones. Su respuesta ha sido afirmar que “es calumnioso insinuar que le advirtió de su detención, que fue para él una gran sorpresa”. También niega haber hecho ninguna gestión sobre el rescate de Plus Ultra, aprobado varios años después de su salida de la política.

El artículo dio vía libre al PP para lanzarse contra Zapatero. No con insinuaciones en tuits, sino con declaraciones públicas. “Sabíamos de sus negocios turbios con Maduro, pero hemos visto publicado que daba chivatazos a los investigados para que borrasen pruebas”, dijo Alberto Núñez Feijóo en un acto del PP de Madrid. Eso sería un delito, pero afirmarlo basándose en algo “publicado” no le parece nada temerario al líder del PP. Más aún teniendo en cuenta que ningún medio se había atrevido a afirmarlo en esos términos para no provocar que le pusieran una querella.

La portavoz del partido en el Senado, Alicia García, hizo la misma acusación: “Parece que Zapatero le dio el chivatazo al de Plus Ultra”. Con el “parece” siempre llegas lejos en política a la hora de hacer méritos ante los jefes.

Lo que no tiene el PP es un juez como Peinado que se atreva a convertir esas insinuaciones sin pruebas en una investigación judicial que pueda ir tirando con recortes de prensa y alusiones a “reuniones clandestinas”. Ni siquiera para ajustar cuentas con una de sus viejas obsesiones, la de hundir a Zapatero, el hombre que les ganó las elecciones de 2004 contra todo pronóstico. Es algo que no le perdonan.

Nueva maniobra del juez Juan Carlos Peinado para intentar investigar el rescate de Air Europa dentro de la causa que sigue contra Begoña Gómez a pesar del veto reiterado de la Audiencia Provincial. En una providencia fechada este 15 de diciembre, el magistrado insta a la Unidad Central Operativo (UCO) de la Guardia Civil a que analice un escrito del abogado Eduardo Martín-Duarte para comprobar si incluye “hechos nuevos” que le permitan investigar el préstamo a la aerolínea.

Martín-Duarte, que reclama personarse en el procedimiento, es un abogado conocido por difundir bulos, como que la mayoría de miembros del Gobierno y algunos dirigentes del PSOE blanquean dinero en República Dominicana. Denuncias suyas por hechos similares han sido descartadas de plano tanto por la Fiscalía Anticorrupción, como por el Tribunal Supremo. 

En este nuevo escrito que el juez Peinado deriva a la UCO antes de decidir si le incorpora como acusación, Martín-Duarte afirma sin pruebas que Begoña Gómez tiene a su nombre cinco depósitos bancarios en bancos turcos con un valor aproximado de seis millones de euros y que esos fondos procederían de la entidad rusa Alfa Bank.

También vincula a la esposa del presidente del Gobierno a una cuenta y dos depósitos en República Dominicana. Además, el abogado afirma que esas cantidades serían el “lucro o beneficio” derivado de su supuesta intervención en el rescate de Air Europa y en adjudicaciones a la compañía Innova Next del empresario Juan Carlos Barrabés, también imputado en la causa. 

El rescate de más de 400 millones de euros a Air Europa por los efectos de la pandemia es uno de los grandes objetivos de los partidos y asociaciones de extrema derecha que ejercen la acusación popular tanto en este proceso como en otros abiertos en la Audiencia Nacional y el Supremo: si el Ejecutivo rescató a la empresa de Globalia porque Begoña Gómez, que conocía a su CEO Javier Hidalgo, intercedió a favor de la empresa. 

Una de las primeras decisiones de la Audiencia Provincial de Madrid en este caso, en mayo de 2024, fue dar luz verde a la investigación de Peinado pero vetando las diligencias sobre el rescate de Air Europa, que Manos Limpias había metido en la denuncia y que no dejaba más que “conjeturas”. Un segundo aviso en ese sentido llegó en otro auto de octubre de 2024 cuando la Audiencia reiteró que el rescate de Air Europa estaba fuera de los límites de la causa. 

La Audiencia Provincial también anuló en mayo de 2025 la decisión del juez de solicitar información a la SEPI sobre las ayudas otorgadas a Air Europa. Esta decisión se basó en que dicha investigación quedaba fuera del objeto de la investigación previamente delimitado al inicio de la instrucción. Y meses después, en octubre, anuló otro requerimiento del juez a la UCO para que emitiera un informe sobre el rescate de la aerolínea.

La acusación sin pruebas como arma de destrucción política vuela estos días sin control con el impulso de presuntos delincuentes que se sienten abandonados por el PSOE y airean su venganza en medios agradecidos.

José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE entre 2017 y 2021, ingresó en prisión provisional el pasado 27 de noviembre junto a su asesor principal Koldo García. Ambos están procesados por cobrar supuestamente comisiones ilegales tras adjudicar a dedo desde el Ministerio de Transportes contratos millonarios de mascarillas al comisionista Víctor de Aldama. El exministro y su asesor han concedido sendas entrevistas en vísperas de entrar en la cárcel para denunciar supuestas corruptelas que no habían contado a nadie durante su calvario judicial: ni a periodistas ni a fiscales ni a jueces. Ábalos y García han recuperado de pronto la memoria porque, según su entorno, se sienten abandonados por el PSOE y por el Gobierno ante el proceso judicial que les ha llevado a la cárcel.

El exministro, a El Mundo, antes de entrar en prisión: “Investigar a Air Europa sería abrir el melón, ahí podemos llegar a Begoña. Podemos llegar bien llegados”. Koldo García, a OkDiario: “Javier Hidalgo dijo delante de mí que había que compensar con un millón a Begoña por el rescate de Air Europa”.

La compañía aérea desmiente a los dos presos: “Ni Air Europa ni miembro alguno de la familia propietaria valoró, comentó, consideró, ni realizó pago alguno a la señora Begoña Gómez por ninguna actividad relativa a la concesión de dicha ayuda, ni por ninguna otra actividad”. La compañía también ha negado que se solicitara a la mujer del presidente “intermediación o gestión alguna” con relación al préstamo.

Luis Chabaneix, abogado de Ábalos, interpretó así las amenazas del exministro en una entrevista con TVE: “Es un farol. Hay que entender que está bastante dolido, se siente como el apestado nacional…”.

Un empresario habituado en otro tiempo a tratar con el poder político y con la mafia policial de entonces defendía esta tesis en una comida: “Cuando un gato se siente acorralado hay que tener cuidado porque se puede convertir en un tigre”.

Ábalos y Koldo han optado por iniciar su nueva vida de presos procesados por corrupción resucitando una operación para arañar aún más la deteriorada reputación del Gobierno; el préstamo de 475 millones a favor de Air Europa para evitar el cierre por falta de actividad de una compañía con más de 10.000 trabajadores.

La investigación de los hechos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha investigado el caso del rescate de Air Europa tras hallar en los dispositivos móviles de Koldo García numerosos mensajes relacionados con ese episodio. El Senado, a través de la comisión del caso Delorme donde todo cabe, también ha investigado lo ocurrido llamando a declarar a los directivos de la SEPI que aprobaron la ayuda y a los dueños de Air Europa que se beneficiaron de la misma.

El cruce de todos los hechos conocidos por la UCO y por los senadores de la comisión del caso Koldo arruina la hipótesis de Ábalos y su asesor respecto a la influencia de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa.

La UCO afirmó en su informe que el comisionista Víctor de Aldama “se habría valido de la actuación de Ábalos para lograr el conocido como rescate de Air Europa en noviembre de 2020”. Pero el análisis de la UCO no citaba ni una sola actuación de Ábalos en la tramitación del expediente y ni una sola prueba de que el entonces ministro hubiera influido de algún modo en la concesión del préstamo de 475 millones a la compañía de Juan José Hidalgo. Las pruebas conocidas indican que el comisionista Víctor Aldama, a sueldo de Air Europa en aquel verano de 2020, presionó a Ábalos para lograr el rescate de la compañía aérea. Pero de lo que no existen indicios es de que Ábalos o la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, influyeran de alguna manera en la concesión del préstamo.

Aldama era en agosto de 2020 un nuevo conocido de Ábalos. El comisionista había logrado su mayor pelotazo como intermediario al ingresar en abril de 2020 hasta seis millones de euros por la venta de mascarillas al Ministerio de Transportes en lo peor de la pandemia. Aldama financiaba en aquellos meses a través de un testaferro el alquiler del apartamento donde residía la examante del ministro.

Ábalos hizo creer al comisionista en el verano de 2020 que presionaba para el rescate de Air Europa. Al menos ese era el mensaje que Koldo García trasladaba a Aldama sobre las gestiones del ministro. Mientras tanto, Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI (nombrado en 2017 por el Gobierno del PP) y presidente del consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, tramitaba desde el 20 de agosto de 2020 la solicitud de ayuda de Air Europa sin recibir indicaciones del Gobierno, según la investigación. Lora supervisó entre 2020 y 2022 las 30 operaciones (más de 3.000 millones de euros) de rescate de empresas amenazadas de quiebra por la pandemia.

Koldo García aseguró en algún mensaje a Víctor Aldama que su jefe hablaría con el vicepresidente de la SEPI para agilizar la ayuda a Air Europa. Pero esa llamada nunca se produjo, según aseguró Bartolomé Lora cuando le preguntaron en el Senado: “Nunca hablé con Ábalos de este expediente. Nunca informé a nadie del Gobierno directamente de estos expedientes. No he recibido instrucciones ni del señor [Pedro] Sánchez ni de nadie. Los ministros no intervienen en la tramitación de los expedientes. No he tenido nada con Aldama, no le conozco. Ni con Koldo García, conocí su nombre por los periódicos”.

Aldama seguía tan de cerca la tramitación de las ayudas que solo 13 días después de presentada la solicitud por Air Europa se quejó a Koldo con un mensaje que ha dado pábulo a todas las conjeturas sobre el papel desempeñado por Begoña Gómez en el rescate de la compañía aérea. El 3 de septiembre de 2020, Aldama contó a Koldo García que Javier Hidalgo estaba “jodido, muy jodido” por el rescate a su compañía. Y añadía: “Se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña [Gómez, mujer del presidente del Gobierno]”. Si esa llamada se produjo —algo que desmienten las dos partes intervinientes— el resultado de esa gestión fue nulo porque solo dos semanas después, a juzgar por los nuevos mensajes de Aldama, la negociación estaba al borde del fracaso.

El 17 de septiembre, el comisionista escribió a Javier Hidalgo: “Déjame ayudarte para resolver esta situación. Confía en mí, sé que estás mal, muy mal, pero confía en mí. Dile a Ramiro [director del departamento jurídico de Air Europa que negociaba el rescate con los técnicos de la SEPI] que él lleve tema SEPI y yo me encargo del resto con los ministros y sacamos esta mierda adelante. Sé que estás destruido, pero lo único que quiero es ayudarte”. Hidalgo ni siquiera le contestó.

Y el 30 de octubre, Aldama avisó a Koldo García de unas negociaciones al borde de la ruptura: “Se retira la oferta”. “Siguen poniendo problemas. ICO ha dicho SEPI no contesta favorablemente, se retira la oferta y no hay financiación”. El comisionista fue desmentido aquel día por Koldo García quién le envió un mensaje solo unos minutos después: “Que me dice [José Luis Ábalos] que el Consejo de Ministros aprueba el martes [3 de noviembre] sí o sí”.

El préstamo finalmente aprobado establecía unas duras condiciones. Air Europa operaba en 17 aeropuertos cuando España se cerró por la pandemia. Las pérdidas de la compañía entre 2020 y 2021 sumaron 1.000 millones con 10.000 trabajadores en plantilla. Para conceder el préstamo de 475 millones de euros, la SEPI exigió garantías por 1.000 millones, y Air Europa tuvo que echar mano de sus hoteles, por más de 400 millones; sus sedes en Pozuelo (Madrid) y Palma de Mallorca; los negocios de mantenimiento de aviones y servicios aeroportuarios en tierra, e incluso el acuerdo de venta de Air Europa a IAG.

Javier Hidalgo, CEO de la compañía cuando ocurrieron los hechos, lo contó así en el Senado: “El acuerdo con SEPI fue un préstamo con las condiciones más estrictas y desfavorables de las concedidas en Europa y fue una de las últimas compañías aéreas de nuestro nivel en recibir ayudas. A 29 de junio en Europa ya se habían concedido 29.000 millones de euros”.

El desmentido del comisionista

Un mes después de aprobado el préstamo a favor de Air Europa, Víctor Aldama envió un mensaje grabado a Koldo García donde se lamentaba de las “mentiras” que los periodistas difundían sobre Begoña Gómez: “Ayer me llama Lisandro Márquez, que es el relaciones institucionales de la compañía de Globalia, ¿vale? (…) Pero bueno, siempre buscando la mierda, y nada que ver en un principio con el tema de Air Europa, ni de la compañía (…). Sobre lo que me cuentas tú de Air Europa, que quieren vincular la operación de Air Europa, que si ha habido presiones con Begoña y tal, nada, nada, nada verdad”.

Y continuaba: “Y operación... ¿Que ha habido presiones? Hombre, una operación que lleva desde el mes de marzo o abril, si no me equivoco, y ya salió en el mes de noviembre, que la ha visto con puntos y con comas la SEPI; que la SEPI ha contratado a Pricewaterhouse, a un auditor externo, para que dé también la conformidad y no se pillen los dedos, y también han dado su conformidad y que todo estaba legal; cuando Pepe Hidalgo ha puesto todas sus garantías, ha puesto los hoteles, ha puesto absolutamente todo, ¿dónde está lo raro de la operación o donde está que haya habido presiones? Claro, presiones ha habido, a la ministra Calviño, a la ministra Montero, al ministro Ábalos, ha habido presiones a todo el mundo, porque, como se había dicho, eso es una compañía estratégica y, si no se daba el préstamo, la compañía cerraba e iban 50.000 personas a la calle. Claro que, si a eso se llaman presiones, decir que la compañía va a cerrar, pues sí, ha habido presiones. Pero si no, es que de verdad hay cosas que no entiendo (…) yo no sé cómo se permite en este país que los periodistas sigan mintiendo, sean impunes y no les pase nada o alguien les persiga. Porque es que escribir es gratis, y esta gente ya se creen que son los Vengadores. Escriben cualquier barbaridad porque no les va a pasar nada”.

Quién desmentía de esta manera en diciembre de 2020 las acusaciones sin pruebas contra Begoña Gómez es la misma persona que, cuando estaba en la cárcel por un fraude multimillonario por su negocio de hidrocarburos, prometió colaborar con la justicia a cambio de su libertad. Desde entonces, y ya libre, Aldama se pasea por determinados medios de comunicación lanzando amenazas al Gobierno de Pedro Sánchez con insinuaciones que, en muchas ocasiones, se han demostrado falsas. Como cuando atribuyó a Begoña Gómez una fortuna de seis millones de euros oculta en un banco de la República Dominicana.

Los pagos al abogado: “No he cobrado nada”

El ventilador de bulos que estos días maneja la trama corrupta a su antojo difundió el jueves que el PSOE había pagado hasta octubre pasado al abogado de José Luis Ábalos para evitar así que el ex secretario de Organización y exministro de Transportes tirase de la manta. El abogado de Ábalos hasta el pasado noviembre era José Anibal Álvarez, quien aseguró el jueves a elDiario.es que el PSOE no solamente no le había pagado por sus trabajos en defensa del exministro sino que, hasta el momento, no había cobrado ni un euro por la defensa.

Anibal recomendó al exministro en dos ocasiones que dejara su acta de diputado para que su causa pasará a la Audiencia Nacional, pero Ábalos se negó y rompieron relaciones. Por el contrario, el PSOE ha recibido en los últimos seis meses distintos mensajes de los entornos de la trama corrupta en los que amenazaban con revelar noticias contra el presidente del Gobierno en caso de que el partido no se hiciera cargo de los gastos de defensa de los imputados. Desde el Gobierno de Sánchez respondieron antes a esas insinuaciones e insisten ahora: “Si esto es un chantaje, han pinchado en hueso”.

La mentira, utilizada como arma de destrucción política, sigue viva y más engrasada que nunca.

Jesús Nuño de la Rosa dejará el cargo de consejero delegado de Air Europa tras algo más de tres años al frente de la aerolínea, de la que tomó las riendas después de que la compañía recibieran una inyección de 475 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Así lo ha notificado este lunes la compañía en un comunicado en el que explica que Nuño de la Rosa ha alcanzado un acuerdo con Juan José Hidalgo, presidente de Air Europa, “en un ambiente de amistad y máxima cordialidad”.

Asimismo, César Hernández Blanco y Juan Manuel Bujía, representantes de SEPI en el consejo de administración de Air Europa, han presentado su dimisión como consejeros de la sociedad, después de que ésta haya realizado la devolución anticipada del préstamo concedido por el ente público con un año de antelación respecto a la fecha originalmente establecida y ha conseguido el apoyo de Turkish Airlines como inversor.

La compañía ha agradecido a Nuño de la Rosa su “entrega, dedicación y lealtad durante el desempeño de su cargo” desde julio de 2022 y a Hernández y a Bujía todo el trabajo realizado y su compromiso durante este periodo. Ahora, la aerolínea renovará su consejo de administración.

La aerolínea de Globalia consiguió cerrar a principios de noviembre el acuerdo que necesitaba para devolver el préstamo de la SEPI y que pasaba por conseguir un inversor. Así, el 6 de noviembre anunció que su acuerdo con Turkish Airlines se hacía efectivo a través de un préstamo canjeable que se intercambiará por una participación en Air Europa de al rededor del 26%, con una inversión de 300 millones. Con esto, Air Europa ha podido devolver el préstamo de 475 millones de la SEPI con un año de antelación.

La operación, que valora a Air Europa en cerca de 1.175 millones, permite que la familia Hidalgo, a través de Globalia, continué siendo el accionista mayoritario de la compañía, mientras que IAG conservará su participación actual del 20 %.

Nuño de la Rosa desarrolló la mayor parte de su trayectoria profesional en El Corte Inglés, donde llegó a ser presidente hasta enero de 2020 –fecha en la que renunció por motivos personales– tras más de treinta años de experiencia en la compañía.

En diciembre de ese mismo año el Grupo Inversor Hesperia (Gihsa) lo fichó como nuevo consultor senior, el mismo cargo que ocupó en la agencia de viajes Pangea desde septiembre de 2021.

La Audiencia de Madrid ha impedido la última maniobra del juez Juan Carlos Peinado para investigar el rescate de Air Europa dentro de la causa que sigue contra Begoña Gómez. Los jueces de la instancia superior admiten parcialmente los recursos de la Fiscalía y de la defensa de Gómez contra la decisión de Peinado de utilizar noticias de prensa, a su vez basadas en las afirmaciones del empresario y comisionista investigado por la justicia Víctor de Aldama.

Peinado había ordenado un informe a la UCO sobre el rescate de Air Europa y noticias aparecidas en prensa. La Audiencia Provincial vuelve a reprochar al juez ordenar diligencias sin motivarlas y añade que, en este caso, “se refiere a noticias periodísticas de hechos que no se investigan en este procedimiento” sino en ortas causa judiciales en las que se investigan “otros hechos supuestamente cometidos por personas aforadas (...) lo que no otorga competencia a este investigador”, añaden los magistrados en referencia al caso Ábalos del Tribunal Supremo.

“El auto recurrido (...) no dean de ser meras sospechas sin constituir el más mínimo indicio que justifique su investigación, ya que la propia resolución hace referencia a unas noticias periodísticas en las que se comenta y dice que el rescate del grupo de Empresas de Globalia, se ralizó como aseguró el empresario víctor de Aldama, a través de la mediación realiza por el ministro de Tranpsorters Juan José Ábalos (sic), ante el Consejo de Ministros”, recoge el auto de la Audiencia Provincial de Madrid.

El rescate de más de 400 millones de euros a Air Europa por los efectos de la pandemia es uno de los grandes objetivos de los partidos y asociaciones de extrema derecha que ejercen la acusación popular tanto en este proceso como en otros abiertos en la Audiencia Nacional y el Supremo: si el ejecutivo rescató a la empresa de Globalia porque Begoña Gómez, que conocía a su CEO Javier Hidalgo, intercedió a favor de la empresa. 

Una de las primeras decisiones de la Audiencia Provincial de Madrid en este caso, ya hace un año en mayo de 2024, fue dar luz verde a la investigación de Peinado pero vetando las diligencias sobre el rescate de Air Europa, que Manos Limpias había metido en la denuncia y que no dejaba más que “conjeturas”. Un segundo aviso en ese sentido llegó en otro auto del pasado mes de octubre, cuando la Audiencia reiteró que el rescate de Air Europa estaba fuera de los límites de la causa. 

El tercer aviso de la Audiencia Provincial para que Peinado dejara de investigar el papel de Begoña Gómez en este rescate es de mayo pasado, siempre y cuando no aparecieran “hechos nuevos”, lo que se llevaba por delante algunas diligencias, como por ejemplo el requerimiento de Peinado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de información sobre las ayudas que se otorgaron durante la pandemia a la aerolínea. 

Air Europa ha cerrado su acuerdo con Turkish Airlines, que permitirá a la aerolínea otomana entrar en el capital de la compañía mediante una inversión de 300 millones de euros y adelantar la devolución del préstamo de 475 millones concedido por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según ha informado la empresa española en un comunicado.

La operación se ha instrumentarizado a través de un préstamo canjeable, el cual se intercambiará por una participación en Air Europa cercana al 26%, una vez cumplidos todos los requisitos regulatorios.

Las negociaciones de la operación comenzaron antes del verano, bajo el liderazgo y la supervisión de Javier Hidalgo y su equipo, quienes han coordinado el proceso hasta su cierre.

Tras la aceptación de una oferta vinculante por parte de Turkish durante el verano, se ha completado la estructuración de la operación, que supondrá un fondeo inmediato mientras se obtienen aprobaciones regulatorias y de competencia.

La reciente operación representa un hito relevante para el sector de la aviación comercial, al agrupar bajo una misma compañía a tres de los principales actores del sector: IAG, que mantendrá el 20% del capital; Turkish Airlines; y Air Europa, que, en calidad de única aerolínea de capital mayoritariamente español y familiar, continuará desempeñando un papel estratégico para garantizar la conexión entre Europa e Hispanoamérica.

Esta operación valora a la aerolínea en cerca de 1.175 millones de euros.

Con esta inyección de capital y sus propios recursos, la aerolínea cancela los préstamos ordinario y participativo con la SEPI, así como los intereses devengados, por un total de casi 500 millones de euros, adelantándose un año al plazo establecido.

Tras liquidar, el pasado mes de mayo, los 141 millones de euros con sus respectivos intereses del préstamo bancario, recibido en mayo de 2020, con participación y aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Air Europa, tal y como ha explicado, cierra ahora “una importante etapa en el proceso de desapalancamiento financiero abordado en los últimos años, confirmando el acierto en la estrategia de gestión”.

La familia Hidalgo, a través de Globalia, continuará siendo el accionista mayoritario de la compañía mientras que IAG conservará su participación actual mediante la compra de acciones a Globalia.

“Los 475 millones de euros prestados por la SEPI fueron esenciales no sólo para garantizar la recuperación completa de la actividad tras la pandemia, sino también para generar un retorno muy positivo en la actividad económica nacional”, ha destacado Air Europa.

Así, no sólo se logró la conservación de los cerca de 4.000 empleos, sino la creación de más de 600 nuevos puestos de trabajo, hasta llegar a los cerca de 4.600 empleados que actualmente forman parte de la aerolínea.

A lo largo de este periodo, Air Europa ha abonado al Estado en concepto de intereses cerca de 70.000 euros diarios, lo que supone un total de más de 97,2 millones de euros , que representan para la SEPI un 20% adicional sobre el capital prestado.

En todo momento, la aerolínea ha asegurado que ha respondido a sus compromisos en tiempo y forma, sin incurrir en retrasos ni solicitar aplazamiento alguno.

Adicionalmente, dicha ayuda permitió a Air Europa inciar un proceso de transformación que le ha permitido convertirse en uno de los lideres absolutos en conexión de pasajeros entre Europa e Hispanoamérica, con una flota creciente en número y sostenibilidad, un servicio de mayor calidad, una mayor conectividad de pasajeros y una reforzada vocación europea y atlántica.

La compañía es un líder de referencia en el 'hub' de Madrid, donde Globalia, su accionista mayoritario, continúa invirtiendo y es, en la actualidad, la única aerolínea con bandera totalmente española.

Air Europa ha contado con el asesoramiento financiero y legal de PJT Partners y Latham & Watkins respectivamente.

La Audiencia Provincial de Madrid ratifica la decisión del juez Juan Carlos Peinado de reclamar siete años de registros de llamadas realizadas por Cristina Álvarez, la asesora de la Moncloa que gestiona la agenda de Begoña Gómez.

En un auto, los jueces explican que deben analizarse las llamadas vinculadas con la Universidad Complutense de Madrid y las empresas patrocinadoras de la cátedra que codirigía la esposa del presidente del Gobierno o con el empresario Juan Carlos Barrabés, pero dejan fueran las relativas a asuntos que no son objeto de la investigación, como el asunto del rescate de Air Europa, Globalia o el África Center del Instituto de Empresa. 

Los jueces de la Sección 23 estiman de forma parcial un recurso que presentó la defensa de Cristina Álvarez contra la decisión del juez de reclamar dichos registros de llamadas. La Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez se adhirieron a ese recurso. Los jueces afirman que el hecho de que Cristina Álvarez facilitara su número de teléfono durante una declaración como testigo que fue anulada no impide que se lleve a cabo esta diligencia. 

El auto concluye que el dato de origen —el número de teléfono facilitado voluntariamente— no contamina la diligencia, siempre que esta se acuerde “con cobertura legal”. Y añade que la obtención de datos objetivos y neutrales (como un número de teléfono, dirección o relación profesional) durante una declaración no constituye una declaración autoincriminatoria en el sentido del artículo 24 de la Constitución. 

El PP ha encontrado en el Senado la razón de ser para controlar a su antojo a Pedro Sánchez y a su Gobierno. Al menos eso intenta el partido de Alberto Núñez Feijóo desde que aprobó una comisión de investigación que no tiene parangón en la reciente historia parlamentaria.

Una comisión única por su funcionamiento: la mayoría absoluta del PP en el Senado impone citaciones en tiempo récord y amplía el motivo de la comisión cada vez que lo necesita. El primer objeto de la comisión se definía en 17 palabras: “Sobre los contratos públicos realizados durante la pandemia Covid relacionados con la intermediación de Koldo García Izaguirre”. Ese texto se ha cambiado varias veces en un año. La cuarta modificación del objeto de la comisión tiene 59 palabras y sirve para investigar casi cualquier cosa: “Sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre y con las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme, y respecto a los presuntos delitos relativos a la corrupción que tengan una relación, directa o indirecta, o conexión con las mismas”.

También es una comisión única por su número de comparecientes: en año y medio han declarado 89 personas (hay otras 100 señaladas). Entre los citados hay ocho ministros; por primera vez se ha convocado a un presidente de Gobierno en ejercicio y ya han pasado por ese órgano de control cuatro presidentes y expresidentes autonómicos socialistas.

Y es, además, una comisión única por los asuntos investigados: desde los negocios corruptos de mascarillas en pandemia, hasta el rescate de Air Europa, pasando por los contratos adjudicados por Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, el fraude del IVA en el negocio de hidrocarburos, la financiación del PSOE o los cursos que dirigía la mujer del presidente en la Universidad Complutense.

Lo que nació con el objetivo de profundizar desde el Senado en la trama de corrupción del ministerio de Transportes se ha convertido en una investigación flexible sobre todo lo relacionado con el exministro José Luis Ábalos y su asesor principal, Koldo García, y, de propina, sobre la causa abierta en los tribunales contra Begoña Sánchez, la esposa de Pedro Sánchez.

Desde la primera comparecencia (Koldo García, 22 de abril de 2024) hasta una de las últimas (Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, 9 de octubre de 2025), los trabajos parlamentarios impulsados por el PP apenas han logrado avanzar en lo ya descubierto por los tribunales sobre la trama corrupta que enriqueció a José Luis Ábalos durante su etapa al frente de Transportes.  Los senadores del PP chocaron con la verdad al intentar amplificar corruptelas, muchas sin contrastar, difundidas por medios de comunicación sobre los supuestos negocios ilícitos de Begoña Gómez, sobre el supuesto amaño en el rescate (préstamo de 475 millones) de Air Europa, o los supuestos destrozos de Ábalos en el parador de Teruel durante la noche en la que supuestamente le visitaron en su habitación prostitutas llegadas en furgoneta desde Valencia…

Testigos principales de esos supuestos delitos acreditaron en la comisión del Senado con hechos y datos comprobables que se trataba de bulos muy burdos. Aquí van algunos ejemplos:  

La creación de Wakalua para lograr el favor de Sánchez a través de Begoña Gómez

Leticia Lauffer, exdirectora de Wakalua, un órgano dependiente de Globalia, propietaria de Air Europa, compareció en la comisión para hablar de sus relaciones con Begoña Gómez. La mujer del presidente colaboró con Lauffer en un proyecto común de Globalia con el Instituto de Empresa. Apoyado en publicaciones de medios acostumbrados a no contrastar sus noticias, el PP acusó a Leticia Lauffer de facilitar negocios de Gómez con la venta de mascarillas en plena pandemia, y acusó a Globalia de montar Wakalua con el único objetivo de conseguir los favores de la mujer del presidente para el posterior rescate de Air Europa. Lauffer desmintió con datos y hechos todas estas premisas falsas.

Primero explicó por qué no era posible vincular la creación de Wakalua con un plan de Globalia para conseguir los favores del presidente del Gobierno a través de su esposa, Begoña Gómez: “Wakalua se crea en 2018, y a Begoña la conocemos en noviembre de 2019, y la pandemia empezó a finales de febrero de 2020. Con lo cual, a mí no me entra en la cabeza que, a día de hoy, con los datos en la mano, piensen que Wakalua se constituyó para acercarse a una señora que es la mujer del presidente del Gobierno, cuando del rescate se empieza a hablar durante o después de la pandemia en 2020”.

Después explicó Lauffer que ni ella ni Begoña se interesaron por el negocio de la venta de mascarillas en plena pandemia.

Pregunta: ¿Qué gestiones realizó para importar mascarillas? Porque, según las informaciones periodísticas, Begoña Gómez hizo gestiones con la entonces CEO de Wakalua, Leticia Lauffer, que es usted, para importar mascarillas y respiradores de China y España en el inicio del confinamiento.

Respuesta: No soy CEO de Wakalua. No hice ninguna gestión para importar mascarillas. Esa es una filtración de una persona que va a tener una querella cuando pase todo esto, que es mi exmarido.

Pregunta: ¿Niega tajantemente que ardía su teléfono constantemente porque llamaban de La Moncloa?

Respuesta. Esas son las interpretaciones de mi exmarido con The Objective.

Pregunta. ¿Quién llamaba a quién, Begoña a usted o usted a Begoña?

Respuesta. No, no. Ni estoy en vuelos, ni he estado en temas de mascarillas, respiradores, ni chinas, ni chinos, ni nada de nada.

Pregunta. ¿Ni habló con Globalia del material sanitario?

Respuesta. Cero, cero.

Pese a las respuestas y explicaciones de Leticia Lauffer, el PP mantuvo hasta el final su tesis conspiranoica.

El rescate de Air Europa sin la intermediación de Ábalos o Sánchez

Bartolomé Lora fue el vicepresidente de la SEPI encargado de gestionar las ayudas del Gobierno para empresas en riesgo de quiebra durante la pandemia. Fue nombrado en 2017 por Cristóbal Montoro y permanecía en su cargo cuando el Gobierno socialista aprobó el rescate de empresas a las que dejó sin actividad la pandemia. El PP le citó en la comisión del Senado para confirmar que el préstamo concedido a Air Europa, con el que la compañía aérea evitó 10.000 despidos por su quiebra, era en realidad un trato de favor por la mediación de Begoña Gómez y por las presiones de Víctor Aldama, que trabajaba para Air Europa, a José Luis Ábalos, al que sobornó anteriormente en otros negocios. Pero todas las hipótesis que los senadores del PP arrojaron sobre Lora fueron desmentidas en la comisión del Senado por el principal gestor de la ayuda concedida a Air Europa.

“Yo lideraba en ese momento el equipo técnico de SEPI”, explicó Lora. “Más por mi trayectoria profesional, soy un técnico de la casa con conocimientos financieros y, por lo tanto, sí intervine en algunas de las reuniones de los expedientes, no en todas, porque fueron al final 30 expedientes y hubo muchísimas reuniones. En el caso de Air Europa, sí estuve en reuniones”, dijo.

Pregunta. Usted, en este rescate, habló con el señor Ábalos de este tema, de este rescate.

Respuesta. Solo he tenido una conversación con él en una reunión que hubo para informar sobre la puesta en marcha del Fondo de solvencia. Esa reunión fue convocada en el Ministerio de Economía y estaba la ministra de Economía y la ministra de Hacienda, el señor Ábalos, y miembros también de Economía. El objeto de la reunión fue contar como se había puesto en marcha el Fondo de solvencia y cómo se estaban aplicando los equipos para poder atender las operaciones. Era un procedimiento administrativo que estaba reglado y los ministros no intervenían en la tramitación de esos expedientes.

Pregunta. Usted tuvo alguna relación con Koldo García.

Respuesta. Ninguna relación. Conozco a esta persona por los periódicos. Ya le he dicho, nunca hable con él ni nunca participé en ninguna reunión con él, ninguna.

Pregunta. ¿Tuvo alguna relación con el empresario Víctor de Aldama, en la condición de usted vicepresidente de la SEPI?

Respuesta. Ni como persona física individual ni como vicepresidente de SEPI. Ya le digo que no tuve ni he tenido ninguna conversación. No tengo ninguna llamada, ningún mensaje del señor Aldama.

Bartolomé Lera aseguró ante la comisión de investigación que la ayuda a Air Europa fue impecable: “Nosotros teníamos que verificar que se cumplían los requisitos y la normativa. Los deberes, los requisitos y la normativa se cumplieron absolutamente. Pero es que eso ha sido fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, por la IGAE, por la Unión Europea, y todas han dicho que no ha habido ninguna irregularidad, que se han aprobado las ayudas conforme a derecho”.

Una orgía de Ábalos en el parador de Teruel que nadie pudo acreditar

El PP dio por buenas las noticias que situaban al exministro Ábalos en distintos paradores de España (Gredos, Sigüenza…) causando todo tipo de destrozos tras organizar fiestas con prostitutas en su habitación. La última noticia sobre estos supuestos desmanes de Ábalos le situó en el parador de Teruel durante una reunión con altos cargos de Aragón y del ministerio de Transportes. El director del establecimiento, Joaquín Gutiérrez López, compareció en la comisión del Senado para asegurar que se trataba de otro bulo.

Director del parador. Yo recibí al exministro en aquel momento, vino en su coche, no había ninguna furgoneta y la única persona que le acompañaba en esos momentos y al que saludé era Koldo García. Venía cansado, me dijo el señor ministro, y pidió que le diésemos la carta para pedir la cena en la habitación.

Pregunta. El Diario de Teruel reveló la existencia de unas facturas por destrozos de las habitaciones del señor ministro, hoy imputado por graves delitos, y el señor Koldo, asimismo también imputado, entre otros. Facturas que habrían sido devueltas por el Ministerio a quienes se giraron. ¿Qué me puede decir de esto?

Respuesta. Le puedo decir que esa factura no existe, dado que no existen los daños y no existe reparación y no existe nada. Donde no hay un daño, no puede haber ni reparaciones ni facturas. No se hicieron ningún tipo de facturas.

La Oficina de Conflictos de Intereses ha archivado de nuevo la denuncia presentada por el Partido Popular contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber participado en las reuniones del Consejo de Ministros en las que se acordó el rescate a la aerolínea Air Europa durante la pandemia. El partido de Alberto Núñez Feijóo denunció al jefe del Ejecutivo por no ausentarse de esas citas en las que se decidió ayudar a la compañía al entender que esta empresa “tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez”.

La resolución de la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, determina que dado que la esposa de Sánchez “no se ha encontrado vinculada por una relación laboral ni profesional que implicara funciones de dirección, asesoramiento o administración” ni en Air Europa ni en su matriz Globalia “no concurrió el supuesto de hecho legal determinante de la obligación de abstención de su cónyuge, por lo que se resuelve”. 

El organismo ha tenido que volver a analizar la denuncia después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le instara a examinar a fondo las alegaciones del PP sobre el rescate millonario de Air Europa y sobre si Sánchez tendría que haberse abstenido. Los jueces determinaron que la Oficina rechazó la queja de los conservadores sin argumentos suficientes.

En la nueva resolución figura que la Oficina reclamó documentación al Registro Mercantil Central, a la Tesorería General de la Seguridad Social, al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y a Globalia. Esta última respondió que Begoña Gómez “no ha ocupado ni ocupa ningún cargo, ni desempeña ni ha desempeñado ninguna actividad profesional o mercantil en Globalia Corporación Empresarial, SAU, ni en ninguna de las sociedades integrantes de su grupo empresarial”. 

El rescate de la aerolínea durante la pandemia se ha convertido en el objetivo de caza mayor tanto de la derecha parlamentaria como de los grupos de extrema derecha que ejercen la acusación popular en todas las causas judiciales relacionadas con el Gobierno. La decisión del Consejo de Ministros de rescatar la compañía de los Hidalgo con 475 millones de euros después de que el coronavirus se llevara por delante la actividad de la aerolínea. Un préstamo participativo y otro más ordinario.

Uno de los grandes objetivos de la derecha ha sido vincular este rescate o bien con José Luis Ábalos o bien con Begoña Gómez, intentando sin éxito que diversos juzgados y tribunales investiguen por la vía penal si alguno de los dos influyó de forma irregular en la decisión del Ejecutivo de rescatar la aerolínea. Ha habido intentos tanto en el ‘caso Koldo’ como en la causa que dirige el juez Juan Carlos Peinado, a quien la Audiencia Provincial de Madrid ha tenido que repetir en varias ocasiones que no hay nada que investigar a este respecto. 

En el fondo de estas sospechas esgrimidas por Manos Limpias, HazteOir, Vox o el Partido Popular, está la relación que Begoña Gómez mantuvo con la empresa de Javier Hidalgo. Un pacto firmado en enero de 2020 para sufragar con un patrocinio de 40.000 euros para vuelos, becas y eventos que nunca llegó a ejecutarse por la pandemia. La aerolínea pagó 1.716 euros por dos billetes a Londres para que Gómez y la presidenta del África Center asistieran a un evento. La UCO especificó que el único vínculo entre Gómez e Hidalgo era haber coincidido en dos eventos en el primer año de pandemia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, elevó esta semana el tono de sus críticas a determinados miembros de la carrera judicial al decir que, pese a ser una minoría, hay jueces que actúan movidos por intereses políticos. Aunque no lo citó, uno de los destinatarios de sus palabras es Juan Carlos Peinado, quien mantiene abierta desde hace casi un año y medio una causa contra su mujer, Begoña Gómez, sin que por el momento hayan aflorado indicios sólidos que acrediten los delitos que le atribuye. 

La Audiencia Provincial, que es la instancia superior que revisa las decisiones de los jueces de instrucción, como es el caso de Peinado, ha dado un aval parcial a sus pesquisas, pero también ha corregido algunos de sus excesos, como cuando le ordenó cerrar varias líneas de investigación abiertas, levantar la imputación de dos investigados o anular registros. El magistrado encajó en julio otro sonoro revés cuando el Tribunal Supremo se negó a encausar al ministro Félix Bolaños. Los jueces del alto tribunal lo acusaron incluso de “omitir” información “relevante” para intentar implicar al titular de Justicia, en una actuación que investiga el Consejo General del Poder Judicial. 

Entre tanto, el sumario acumula ya más de 7.000 folios reunidos en 17 tomos, cuatro investigados y más de una treintena de testigos interrogados, incluido el propio Sánchez, su ministro de Justicia y varios presidentes de empresas del Ibex. Begoña Gómez comparecerá el próximo miércoles por cuarta vez delante de Peinado. En esta ocasión, para interrogarle por el delito de malversación que le imputa en relación con la asesora de la Moncloa que coordina su agenda, también imputada. Peinado decidió el pasado agosto investigar a ambas por ese delito tres meses después de rechazarlo de forma expresa y sin justificar su cambio de criterio. 

Esta misma semana Peinado volvió a ampliar la investigación hasta límites difíciles de calcular al ordenar a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se incauten de siete años de correos de Begoña Gómez. El magistrado inició la investigación tras recibir una denuncia de un pseudosindicato ultra sustentada en informaciones de prensa, algunas directamente falsas; y la ha continuado apoyado en las acusaciones populares de extrema derecha, mientras la Fiscalía cree que actúa con “gran sonoridad” pero sin “respaldo jurídico”.

Rescate de Air Europa

Peinado decidió el pasado abril prorrogar la causa otros seis meses más, por lo que la investigación se alargará con toda seguridad hasta el próximo otoño. Después, el magistrado tendrá que decidir si cuenta con elementos suficientes como para proponer que se abra juicio contra Begoña Gómez. O si, por el contrario, procede archivar la causa por falta de indicios.

Por el momento, en las varias ramificaciones abiertas sobre las diferentes actividades profesionales que ha desarrollado Gómez desde que su marido es presidente no constan evidencias de los delitos que persigue el magistrado mientras se agolpan los testimonios que descartan sus sospechas.

De hecho, Peinado se ha visto obligado incluso a cerrar algunas de esas líneas de investigación por orden de la Audiencia Provincial. Es llamativo el caso del rescate millonario de Air Europa en la pandemia. La querella inicial acusaba a Begoña Gómez de favorecer a la aerolínea por la relación que estableció en el Instituto de Empresa (IE) con los dueños de Globalia, propietaria de la compañía. Unas sospechas refutadas por los agentes de la UCO, que reflejaron en uno de sus informes que “no se tiene constancia” de que el hecho de la mujer de Sánchez coincidiera en dos eventos con el antiguo CEO de la compañía, Javier Hidalgo, “pudiera estar vinculados a la decisión ministerial del rescate”. 

La Audiencia Provincial ha dicho hasta en tres ocasiones que este asunto debe quedar fuera de las pesquisas por falta de indicios. Pese a un primer intento de seguir adelante con el atestado que estaba realizando la UCO, el juez no tuvo más remedio que cerrar esta vía. Lo hizo, no obstante, tras reconocer que se había confundido al reiterar que esperaba otro informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre Globalia. La empresa en cuestión era, en realidad, Innova Next, la compañía del empresario Juan Carlos Barrabés, también imputado. En ese informe, Hacienda solo encontró leves irregularidades en adjudicaciones sin vínculos con Begoña Gómez. 

Entre las líneas de investigación a las que la instancia superior ha ordenado dar carpetazo está también la contratación de Begoña Gómez por parte del Instituto de Empresa (IE), donde el tribunal sostiene que no hay delito porque fue la propia compañía la que “quiso contar con sus servicios”. Y, en consecuencia, no hay indicios de tráfico de influencias. La Audiencia Provincial le obligó a archivar la causa para el directivo del IE Juan José Güemes, que fue consejero de la Comunidad de Madrid con el PP, y al que imputó tras tergiversar el testimonio de una testigo después de que él negara un trato de favor. 

Los contratos de Barrabés

En los primeros meses, el magistrado centró las pesquisas en Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet. Según Manos Limpias, el empresario y la UTE de la que participaba se vieron beneficiados en dos adjudicaciones públicas por las “cartas de recomendación” o incluso “avales” que recibió de la mujer del presidente. En realidad, Gómez firmó una declaración de interés que Barrabés presentó en ese concurso, donde acreditaba que el máster que ella dirigía iba a colaborar con el programa de formación al que optaba Barrabés. Era una carta tipo: idéntica a la que firmaron 32 personas más. Entre otras, la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

Sin embargo, la Audiencia de Madrid aseguró que eso no excluye que haya tráfico de influencias en los once contratos públicos con distintas administraciones que obtuvo una empresa de Barrabés por 21 millones de euros. El tribunal sí dio la razón al empresario en su recurso contra el registro de su casa y sus oficinas mientras estaba en el hospital por una grave enfermedad. Los jueces determinaron que el instructor no justificó la “urgencia” de hacer esos registros cuando el investigado estaba ingresado y advirtieron de que “no se puede obtener la verdad real a cualquier precio”. 

De ahí Peinado pasó a poner el foco en la actividad profesional de Gómez en la Universidad Complutense, donde Barrabés era colaborador en los cursos que ella dirigía. Investigó primero si la contratación de Gómez en la universidad en 2020 para dirigir una cátedra se debía a un nuevo tráfico de influencias. Llegó a mantener imputado durante meses al rector de la Complutense, Joaquín Goyache, que siempre negó haber dado trato de favor a Gómez y se ha desvinculado de la creación de la cátedra. La Audiencia Provincial le obligó también a sacarlo de la causa. 

Después, Peinado puso el foco sobre las supuestas irregularidades en la propiedad de una plataforma desarrollada para su cátedra tras una querella de la organización ultracatólica HazteOír. Esta línea de investigación ha servido al juez para atribuir a Begoña Gómez delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional y para llamar a declarar como testigos a directivos de tecnológicas y del Ibex que patrocinaron esos estudios. 

Los últimos movimientos de juez se han producido en la ramificación del caso centrada en la contratación de la asesora de la Moncloa que se encarga de gestionar la agenda y la seguridad de la mujer del presidente del Gobierno. Fue ahí donde trató de implicar a Bolaños y donde sigue imputado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que era “responsable y superior jerárquico” de la asesora cuando esta envió correos “a diversas personas e instituciones” donde Begoña Gómez realizaba, según el juez, actividades “totalmente desvinculadas” de su condición de esposa del presidente. El próximo miércoles Begoña Gómez y la asistente se sentarán delante del juez para ser interrogadas por estos hechos. 

El presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, desvinculó a Begoña Gómez, esposa de presidente del Gobierno, del rescate de la aerolínea Air Europa en plena pandemia. “Nada verdad”, trasladó el empresario imputado al entonces asesor ministerial Koldo García cuando se publicaron las primeras informaciones en El Confidencial.

Lo hizo en un audio enviado a García que consta en el sumario de la causa y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el empresario investigado sí que admite que hubo presiones a los entonces ministros de Transportes y Economía, José Luis Ábalos y Nadia Calviño, respectivamente, así como a la todavía ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

“Sobre lo que me cuentas tú de Air Europa, que quieren vincular la operación de Air Europa, que si ha habido presiones con Begoña y tal, nada verdad”, señaló De Aldama al exasesor. El audio forma parte del bruto con todas las grabaciones de Koldo García, pero la UCO no lo ha incorporado a ningún informe.

“La han visto con puntos y con comas en la SEPI”

El empresario incidió en que la “operación” del rescate llevaba abierta “desde el mes de marzo o abril” de 2020 y salió adelante “en el mes de noviembre”. “La han visto con puntos y con comas la SEPI, que la SEPI ha contratado a PWC, a un auditor externo para que dé también la conformidad y no se pillen los dedos, y también han dado su conformidad y que todo estaba legal”, destacó en el audio.

Y puso en valor lo que había hecho la familia propietaria de Air Europa: “Pepe Hidalgo ha puesto todas sus garantías, ha puesto los hoteles, ha puesto absolutamente todo, ¿dónde está lo raro de la operación o dónde está que haya habido presiones?”.

“Claro, presiones ha habido, pero ha habido presiones a la ministra Calviño, ha habido presiones a la ministra Montero, ha habido presiones al ministro Ábalos, ha habido presiones a todo el mundo, porque, como se había dicho, es una compañía estratégica y, si no se daba el préstamo, la compañía cerraba e iban 50.000 personas a la calle”, le indicó De Aldama.

El presunto conseguidor comunicó al entonces asesor de Ábalos que le habían llamado desde Globalia, compañía en la que se engloba la aerolínea, porque estaban preocupados por informaciones de prensa que apuntaban a la esposa de Pedro Sánchez y a ese grupo empresarial.

“Ayer me llama Lisandro Marque, que es el Relaciones Institucionales de la compañía de Globalia. Me dice que están bastante agobiados” después de haber sido avisados de que El Confidencial quería “sacar una noticia de Wakalua, que es la empresa que lleva todo el tema de start-up y de tecnología nueva en vinculación con Begoña, la mujer del presidente”, le explicó.

De Aldama detalló a García que la esposa de Sánchez “trabaja en el IE y lleva todo el tema de África”: “Y Wakalua ha desarrollado dos 'start-up' que provienen de la competición que se hizo de África y con la gente que trajo Begoña, pues como si hubiera habido ahí una financiación rara o si Begoña estuviera metida o algo de eso”.

El empresario criticó que había periodistas “buscando la mierda y nada que ver en un principio con el tema de Air Europa ni de la compañía, solamente de Wakalua, que pertenece a Globalia”.

“Begoña sí es verdad que ha estado varias veces en la sede de Globalia en Pozuelo, pero siempre por el tema de Wakalua, igual que cuando vino a San Petersburgo con la OMT y nos juntamos con la OMT y con Wakalua. Estaba Javier (Hidalgo), ella, estaba yo y otra persona que se llama Leticia, pero siempre por el tema de Wakalua”, añadió.

El Tribunal Supremo ha rechazado una querella del pseudo sindicato Manos Limpias, acusando a esta organización ultra de intentar abrir una “macro causa general” contra Pedro Sánchez y su Gobierno “con el propósito” de ser parte en ella y acceder a “información en ocasiones reservada y sensible”. La querella se basaba, critican los magistrados, en “la mera remisión de recortes o enlaces de prensa” para intentar juntar en unas únicas diligencias casos como el del correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el de José Luis Ábalos y Koldo García, el paso de Delcy Rodríguez por España, el rescate de Air Europa o la investigación contra Begoña Gómez.

Manos Limpias cuenta con una larga trayectoria de denuncias y querellas contra políticos, generalmente del espectro progresista, basadas en noticias de prensa que rara vez pasan el filtro de la admisión a trámite cuando sus acusaciones llegan a manos de un juez. En el último año, los de Miguel Bernad se han personado en casos como Koldo o el del fiscal general y sus denuncias basadas en recortes de prensa se han traducido en la apertura de las causas contra Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del Presidente del Gobierno.

La Sala de lo Penal del Supremo lleva meses rechazando de plano las querellas y denuncias con las que Manos Limpias intenta unificar en una causa todos los casos o informaciones que afectan, de cerca o de lejos, al Gobierno y a Pedro Sánchez. El pasado mes de marzo, tal y como adelantó elDiario.es, los jueces ya desestimaron uno de estos intentos acusando a Manos Limpias y ahora un nuevo auto rechaza una querella que el grupo ultra llegó a ampliar hasta 13 veces en “manifiesto fraude de ley”.

El Supremo repite las críticas que ya plasmó en su auto de marzo. “La mera remisión de recortes o enlaces de prensa”, dicen los jueces sobre la estrategia legal más habitual de Manos Limpias, no es una denuncia real ni permite abrir una causa penal. “Tampoco nos incumbe bucear dentro de la noticia para averiguar que apartado o qué conducta concreta resulta reprochable a la concreta sensibilidad del querellante”, añaden.

Los jueces añaden que con esta estrategia lo que busca Manos Limpias es formar parte de procesos judiciales relevantes y tener así acceso al sumario o saltarse el criterio de los jueces que ya investigan, algunos en el propio Supremo, casos como Koldo o los de Begoña Gómez y el fiscal general. “No es admisible acudir en la forma y circunstancias en que se efectúa, instando directamente de esta Sala una macro causa general, con el propósito de procurarse intervención como parte, con el acceso a la información en ocasiones reservada y sensible”, explica el Supremo.

Manos Limpias, como acusación popular, ya participa en buena parte de estas causas judiciales, diligencias en las que nunca ha pedido la unificación de todo en una única “macro causa” como la que busca crear con estas denuncias y querellas paralelas a los casos en los que ya participa. No lo ha hecho en el caso contra el fiscal general, en el que acaba de presentar un escrito de acusación que copia y pega el auto de procesamiento del juez Ángel Hurtado, y no lo ha hecho hasta la fecha en casos como el de Koldo García o Begoña Gómez.

Los “recortes de prensa” de Manos Limpias

La amalgama de recortes de prensa que Manos Limpias presentó en noviembre del año pasado fue ampliada hasta en 13 ocasiones ante el Tribunal Supremo. Casos ya judicializados se mezclaban con otros asuntos como el paso de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez por el aeropuerto de Madrid en 2020 o el rescate de Air Europa, piezas de caza mayor para organizaciones de corte ultra como HazteOir o Vox en estas causas penales. Todo para responsabilizar, como en escritos anteriores, a Pedro Sánchez de estar al frente de una organización criminal con un relato que, según el Supremo, se parece a “las más complejas novelas de espionaje”.

La Sala de lo Penal del Supremo, con Ana Ferrer como ponente, inadmite esta querella por “manifiesto fraude de ley”, una fórmula que esgrime el Supremo desde hace meses para enviar al cajón las decenas de denuncias y querellas que llegan semana tras semana contra todo tipo de aforados: políticos y miembros del Gobierno pero también magistrados o fiscales. Ni siquiera pasan el filtro previo para obtener una inadmisión sino que los jueces acuerdan “No tramitar los escritos al estar incursos en fraude ley”.

Las denuncias de Manos Limpias, pseudo sindicato liderado por el ultraderechista Miguel Bernad, se han traducido en la apertura de dos de las causas que afectan al entorno más directo del Presidente del Gobierno: contra su esposa Begoña Gómez y contra su hermano David Sánchez. En el primer caso, el juez Juan Carlos Peinado ha tenido que cerrar varias ramificaciones del caso por orden de la Audiencia Provincial y su último movimiento ha sido pedir al Supremo la imputación del ministro Félix Bolaños. En el segundo, la magistrada Beatriz Biedma ha entendido que hay indicios suficientes para juzgar a David Sánchez por la plaza que consiguió en la Diputación de Badajoz en 2016.

El Supremo lleva varios años rechazando todo tipo de querellas y denuncias, algunas de ellas de Manos Limpias pero también de particulares o de otros grupos de extrema derecha, denunciando un intento de “criminalizar el sistema político” con acciones penales “insólitas y descabelladas”. En la Sala de lo Penal entienden que se está poniendo en marcha un “ejercicio irracional y abusivo del derecho de acceso a los tribunales”.

El Tribunal Superior de Madrid ha estimado un recurso del PP y ha decidido obligar a la Oficina de Conflictos e Intereses a estudiar a fondo las alegaciones del partido sobre el rescate millonario de Air Europa y si Pedro Sánchez tendría que haberse abstenido. Los de Alberto Núñez Feijóo afirman que la relación de Begoña Gómez con Javier Hidalgo justificaba que el Presidente se hubiera apartado del proceso y los jueces conceden que la Oficina rechazó su queja sin argumentos suficientes.

El rescate de la aerolínea durante la pandemia se ha convertido en el objetivo de caza mayor tanto de la derecha parlamentaria como de los grupos de extrema derecha que ejercen la acusación popular en todas las causas judiciales relacionadas con el Gobierno. La decisión del Consejo de Ministros de rescatar la compañía de los Hidalgo con 475 millones de euros después de que el coronavirus se llevara por delante la actividad de la aerolínea. Un préstamo participativo y otro más ordinario.

Uno de los grandes objetivos de la derecha ha sido vincular este rescate o bien con José Luis Ábalos o bien con Begoña Gómez, intentando sin éxito que diversos juzgados y tribunales investiguen por la vía penal si alguno de los dos influyó de forma irregular en la decisión del ejecutivo de rescatar la aerolínea. Desde el caso Koldo hasta la causa que lleva el juez Juan Carlos Peinado, a quien la Audiencia Provincial de Madrid ha tenido que repetir varias veces que no hay nada que investigar.

En el fondo de estas sospechas esgrimidas por Manos Limpias, HazteOir, Vox o el Partido Popular, está el trato que Begoña Gómez tuvo con la empresa de Javier Hidalgo. Un pacto firmado en enero de 2020 para sufragar con un patrocinio de 40.000 euros para vuelos, becas y eventos que nunca llegó a ejecutarse por la pandemia. La aerolínea pagó 1.716 euros por dos billetes a Londres para que Gómez y la presidenta del África Center asistieran a un evento. La UCO especificó que el único vínculo entre Gómez e Hidalgo era haber coincidido en dos eventos en el primer año de pandemia.

El PP decidió llevar sus alegaciones ante la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital, para que analizara si esa conexión entre Gómez e Hidalgo era suficiente como para provocar que Sánchez hubiera tenido que apartarse del rescate de la aerolínea. La denuncia fue presentada hace un año por Cuca Gamarra y Esteban González Pons y rechazada por el organismo, que entendió que el PP no estaba legitimado para presentar una queja que, además, no podía prosperar.

Ese archivo se basó, sobre todo, en la respuesta que dio Presidencia del Gobierno. Ese rescate no afectó “a sus intereses personales, ni propios ni tampoco a los de su cónyuge, ni supusieron ningún beneficio o perjuicio a los mismos”, añadiendo que Begoña Gómez “no tiene relación laboral o profesional que implique ejercicio de funciones de dirección, asesoramiento o administración en las empresas objeto de las decisiones adoptadas”.

El TSJ de Madrid da la razón al PP en dos aspectos. El primero es que “tiene legitimación” para presentar esa denuncia y el segundoes que el organismo público rechazó sus alegaciones sin una auténtica “actividad material de investigación” por parte de la Oficina. Archivaron la queja con el informe de Presidencia “como base, sin ningún dato. No se aporta documentación alguna que sustente el contenido del informe”. La actuación de la Oficina, añade el TSJ, “se ha ceñido a la emisión de un informe sin otro dato de base” y ahora debe reabrir el proceso y volver a analizarlo a fondo.

La empresaria Leonor González Pano, quien acusó en medios de comunicación a José Luis Ábalos de haber recibido 500.000 euros de Air Europa ha dicho este miércoles en el Tribunal Supremo que eso es algo que le “contó” el comisionista Víctor de Aldama y que no tiene ninguna prueba que lo acredite, informan fuentes jurídicas a elDiario.es.

González Pano, que fue pareja de Aldama, ha comparecido como testigo ante el juez que investiga al que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE después de que asegurara en una entrevista en El Español que “Pepe Hidalgo”, presidente de Globalia, la empresa de la que dependía Air Europa, había entregado en su domicilio ese dinero a Aldama y Koldo García, el que fuera asesor de Ábalos, para que se lo hicieran llegar al exministro.

El pasado 27 de mayo, Aldama aseguró en una entrevista en Telecinco que González Pano se había inventado que Hidalgo le hubiera dado dinero en su casa para entregárselo al exministro en vísperas del rescate de esta compañía durante la pandemia. “Yo no di ningún dinero, ni el señor Pepe Hidalgo dio ningún dinero. Me parece muy triste que la señora Leonor González Pano haga lo mismo que ha hecho su madre en su día diciendo que había llevado dinero a Ferraz. Eso lo tendrá que demostrar. Me parece muy grave”, aseguró el comisionista, investigado en esta misma causa.

González Pano también afirmó que esa cantidad se le habría hecho llegar al que fuera asesor ministerial Koldo García en una bolsa de deportes para que se los entregase a Ábalos. Y que la entrega se habría producido en un salón en el que “había un sofá que hacía como una L y en el que también hay una zona con una barra de bar”. Preguntada por esos detalles, la empresaria ha dicho que no recordaba cómo era esa estancia y que nunca la había descrito.

Ante el juez Leopoldo Puente, la empresaria ha reconocido que ella nunca presenció esa supuesta entrega y que fue Aldama quien se lo comentó un día en su oficina debido a la confianza que ambos tenían en ese momento. Ha dicho, asimismo, que Aldama también le habría trasladado ese hecho a sus padres en alguna ocasión en la que el comisionista estuvo en el domicilio familiar. La citación de González Pano, que ya declaró ante el mismo juez el pasado febrero, se produjo a petición de Ábalos y de las acusaciones populares. El juez reconoció que las declaraciones de la empresaria tenían una “relevancia y gravedad singular”.

El juez Puente consideró en un auto del pasado 12 de mayo que, al menos hasta ese momento, no había “indicio alguno” de delito contra Ábalos en relación al rescate millonario de Air Europa en la pandemia. El magistrado admite que el exministro llevó a cabo “gestiones” para que la aerolínea obtuviera esas ayudas “con la mayor rapidez posible”, pero afirma que su concesión ni dependía ni correspondía a sus competencias y, mucho menos, a la de su asesor Koldo García, también investigado.

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado un auto en el que reconoce que se confundió cuando reiteró a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) su solicitud de informe sobre Globalia, la empresa de la que dependía Air Europa, aerolínea rescatada con 475 millones en pandemia. En una nueva resolución, fechada este viernes, el magistrado que investiga a Begoña Gómez rectifica, admite que se equivocó de empresa y dice que esa petición es, en realidad, de un informe sobre Innova Next, la compañía del empresario Juan Carlos Barrabés, adjudicatario de contratos públicos e imputado en la causa. 

De esta forma, el magistrado acata las órdenes de la Audiencia Provincial de Madrid poniendo coto a parte de su investigación por falta de indicios y renuncia al fin a investigar el rescate de la aerolínea. La querella inicial acusaba a Begoña Gómez de favorecer a la aerolínea por la relación que estableció en el Instituto de Empresa (IE) con los dueños de Globalia, propietaria de la compañía.

Unas sospechas refutadas por los agentes de la UCO, que reflejaron en uno de sus informes que “no se tiene constancia” de que el hecho de la mujer de Sánchez coincidiera en dos eventos con el antiguo CEO de la compañía, Javier Hidalgo, “pudiera estar vinculados a la decisión ministerial del rescate”. 

Pese a ello, el juez ha tratado de aferrase a esta línea de investigación con el argumento de que pedir informes no es investigar y que, prueba de ello, es que no había llamado a declarar a nadie por los hechos relativos a Globalia. Ahora, Peinado sostiene que se equivocó de empresa al reclamar ese informe de la IGAE. Y, además, acuerda remitir un oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que “deje sin efecto” el informe realizado a petición suya sobre el rescate de Air Europa con información recibida de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Esto es, renuncia a seguir ahondando en esa ramificación del caso.