Elisa Carbonell es una de las cientos de personas en España que en los últimos años ha apostado por opositar como forma de encontrar un trabajo estable. Sabía que no sería un camino fácil. El primer escollo que encontró fue tener que pagar para acceder al temario del que se terminaría examinando. La recién creada biblioteca digital de temarios de la Escuela Ciudadana de Administración Pública (ECAP), una iniciativa altruista que ayuda a más de 6.500 opositores de todo el país, supuso un pequeño salvavidas para evitar un desembolso que, en su caso, ascendía a más de 400 euros. Atrás quedan los negocios con antiguos opositores que venden sus apuntes y la casi necesidad ineludible de apuntarse a una academia privada para conseguir estos contenidos.

La ECAP nació con el espíritu de democratizar el acceso a la función pública. Esta idea primigenia pasa por politizar este derecho para toda la ciudadanía que, sin embargo, no su totalidad tiene la posibilidad de disfrutar debido a barreras económicas y geográficas. Carbonell tiene 39 años y reside en Madrid, su ciudad natal. A día de hoy, se prepara para conseguir una plaza en la Administración General del Estado, en una categoría C1: “La Administración debería posibilitar la entrada de personas de todos los estratos sociales y orígenes, con formas distintas de entender y ver la vida. Es la única forma de conseguir una apertura muy necesaria”.

Procede del sector del desarrollo rural y sostenible, una parcela del medio ambiente cuya precariedad resquebrajaba por completo sus anhelos de una vida estable y segura para su futuro. Gracias a la ECAP, en la que se forma desde noviembre de 2025 y que a día de hoy oferta clases para 17 oposiciones diferentes, se presentará en mayo al examen. “Me animé al ver la filosofía que tienen, cómo se organizan. Si no hubiera encontrado esta academia, no hubiera tomado la decisión”, enfatiza con agradecimiento hacia sus impulsores.

Pagar antes de saber si quieres opositar

Rubén Tobajas, integrante de la junta directiva de la Escuela y preparador del Cuerpo Superior de la Administración Civil del Estado en la ECAP, explica que más allá de las barreras territoriales y económicas también intentan sortear la frontera sociocultural: “La ves cuando preguntas a una persona si piensa opositar. Hay gente con una idea muy concreta de lo que es, que sabe lo que conlleva, pero hay otra que ni siquiera se imagina la posibilidad”. Por eso, añade, es tan importante conocer el contenido del temario antes de tomar la decisión de enfrentar tamaña empresa.

El temario que proporcionan las academias puede alcanzar los 250 euros, aunque hay casos como el de Carbonell que la cifra aumenta varios cientos de euros. Además, algunas academias privadas lo facilitan con la matriculación. “Simplemente, tener que pagar para saber los contenidos de los que te examinarán es algo que puede echar para atrás a mucha gente”, subraya.

En este sentido, en la ECAP trabajan con el mantra de que el conocimiento para opositar no debería ser un privilegio. “Queremos que el temario sea un bien común para el opositor”, abunda Tobajas. Este ingeniero de caminos de 36 años, natural de Toledo pero vecino de Madrid, es administrador civil desde 2024. La preparación de su temario propio bebió del Boletín Oficial del Estado y la consulta y síntesis de numerosas fuentes públicas. Según una encuesta que respondieron 900 alumnos de la ECAP el pasado noviembre, un 80% de ellos afirmó sufrir una gran carencia en la publicación de temarios oficiales. “Es curioso porque la Administración está habilitando unos títulos cuyo contenido es muy abierto y sin dejar claro qué conocimiento exigen”, critica.

Un ejercicio colectivo de solidaridad

Tobajas es una de las decenas de personas que trabajan de forma desinteresada en la ECAP y que opinan que “no es razonable que el sistema haya normalizado tener que pagar por algo que debería ser público”, en sus palabras, y que “la igualdad real en una oposición empieza por garantizar el acceso a los contenidos”. Por eso, desde hace unos días, en su web hay habilitada una pestaña que redirige a los temarios confeccionados por los preparadores de la academia, ya funcionarios y especialistas en su terreno, que se pueden descargar de forma gratuita.

Por el momento, hay seis para su libre descarga, entre los que se encuentran los contenidos para el Cuerpo General Administrativo de la Seguridad Social (C1), el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2), el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (A1) y el Cuerpo de Administrativos de universidades (C1). En preparación están otros cinco temarios, como el del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social (A2), Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa (C1) y Cuerpo de Auxilio Judicial (C2).

El ingeniero de caminos ha coordinado el temario del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, al que pertenece, con 114 temas. Ese tan solo es un ejemplo de este ejercicio colectivo en el que han participado medio centenar de preparadores y colaboradores de diferentes perfiles y especialidades. “Nos ha llevado más de un año tenerlo todo listo porque hemos querido asegurarnos de que cada tema escrito pasara por varios ojos que lo revisaran”, detalla. De todas formas, los temarios irán ampliándose a medida que nuevos colaboradores de la ECAP aporten su experiencia.

Más de 6.500 alumnos en la ECAP

Tobajas nunca pensó que algo así podría existir mientras se preparaba su oposición. “Es una iniciativa muy bonita y estamos muy ilusionados. Son procesos duros, que necesitan mucho esfuerzo para superarlos, y es muy gratificante entrar en la Administración y ver gente remando por una idea común”, remarca. El buen hacer ha tenido su recompensa. De los 1.500 alumnos que formaban la ECAP en septiembre de 2025, este marzo de 2026 han alcanzado los 6.600.

Una de estas nuevas alumnas es Teresa Moreno, quien a sus 30 años se prepara para opositar como técnica especializada de los Organismos Públicos de Investigación, un A2, justo ahora que está a punto de culminar su tesis doctoral. A pesar de que no se beneficia directamente de la liberación de temario que ha realizado la ECAP debido a la especialización de sus estudios, sí acude a sus clases desde el pasado diciembre, cuando se quedó en paro. “Tampoco sabía si podría invertir tantísimo tiempo en una oposición, y menos pagar una academia y el temario, así que encontrar la ECAP ha sido lo que necesitaba para animarme a intentarlo”, relata.

Este 18 de abril se enfrentará al examen. Moreno esgrime que está disfrutando del estudio, “aunque suene como una marcianada”, apuntilla con gracejo. Ha tenido la suerte de conseguir el temario por una conocida que ya se superó esta oposición. Como un hilo forjado en la solidaridad más desinteresada, ella es una de tantas que se planteará colaborar con la ECAP una vez consiga la plaza.

Contra toda barrera a la hora de opositar

La malagueña Elena Pinazo estudió Derecho y Empresariales en Sevilla. Ahora tiene 33 años, reside en la capital, integra el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y es una de las preparadoras de la ECAP: “La liberación de temario, dar la oportunidad a nuestro alumnado pero también a cualquier persona interesada en opositar para ver qué se va a encontrar, ha sido un hito para nosotros”.

Esta administradora civil recalca que la ECAP también lucha contra la barrera territorial, ya que Madrid concentra la gran mayoría de plazas ofertadas por la AGE. “Hacemos las clases virtuales por ese motivo, para que cualquier persona pueda acceder a ellas, aunque también tenemos sesiones presenciales”, apunta.

En este sentido, Carbonell agradece la flexibilidad que otorga el ser alumno de la ECAP. “Yo suelo ver las clases por la mañana, aunque las impartan por la tarde. Hay muchos profesores y en general son muy buenos, dan muchas claves”, abunda. Desde su punto de vista, otro de los puntos fuertes de esta academia tan peculiar son sus preparadores: “Suele ser gente más o menos joven, diversa, con pasión, y eso hace mucho a la hora de aprender cualquier cosa nueva. Se creen lo que hacen, que es lo importante”.

Por otro lado, la creación de esta biblioteca digital gratuita de temarios de oposiciones puede levantar las suspicacias de las academias habituales, que encuentran un negocio en la preparación al acceso a la función pública. La misma Carbonell defiende la gratuidad de los contenidos, “sobre todo por los precios por los que los venden”, aunque asegura que una academia seguirá siendo de gran ayuda a la hora de entenderlos e interiorizarlos.

En cuanto a la barrera sociocultural, desde la ECAP imparten charlas en institutos y universidades para intentar acrecentar la vocación del servicio público en la Administración como una salida laboral más. “La ciudadanía no conoce cómo funciona la Administración, que por otro lado debería estar a su servicio. Nosotros queremos poner nuestro granito de arena para cambiar eso”, agrega Pinazo, quien reconoce que su propósito es que el empleo público se parezca más a la sociedad a la que sirve. Tobajas concluye: “La ECAP no solo es una academia, sino una herramienta de justicia social para que el acceso a la función pública sea un derecho real y universal”.

Un acuerdo “histórico” en el que los empleados y empleadas públicas del Estado conquistan por primera vez una reducción de su horario laboral a las 35 horas semanales. El Gobierno ha firmado este viernes con la mayoría sindical la medida, comprometida en 2022, y que por fin se llevará a la práctica a partir del mes de abril, como ha anunciado el ministro de Función Pública, Óscar López, en una entrevista en el VI Foro económico de elDiario.es.

Tras terminar de atar los últimos flecos durante varias reuniones esta semana, el acuerdo sobre la jornada de 35 horas semanales se ha suscrito este viernes por la mañana en la Mesa General de negociación de la Administración General del Estado, entre el Ministerio de Función Pública y la mayoría de sindicatos (CCOO, UGT y CSIF). Por su parte, ELA y CIG no lo han firmado, por considerar que el texto no tiene “las garantías suficientes”, indica el sindicato gallego.

A continuación, recogemos algunas de las cuestiones clave del acuerdo, que los sindicatos mayoritarios han celebrado como un avance para mejorar la conciliación y la productividad de la plantilla de empleados públicos del Estado.

¿A quién afecta?

La jornada de las 35 horas semanales alcanza a todo el personal de la Administración General del Estado (AGE), celebran los sindicatos firmantes, que cifran alrededor de las 246.000 personas. Aunque se suele mencionar la afectación de los funcionarios, la medida también alcanza al personal estatutario y laboral de la Administración General del Estado.

El alcance de la medida ha sido precisamente uno de los escollos durante la negociación, porque en un principio se planteó que la medida excluyera a algunos colectivos con más dificultades para implantarla, como a Instituciones Penitenciarias, que trabaja a turnos, y al personal con jornadas especiales (de especial dedicación, con turnicidad, jornadas partidas), así como al personal de centros docentes y sanitarios de Ceuta y Melilla, explican en CCOO.

Finalmente, el acuerdo incluye a “toda la Administración” General del Estado, celebran CCOO, UGT y CSIF, para los que este punto era clave para suscribir el pacto con el Gobierno.

¿Cuál es la jornada anual?

Aunque en los debates públicos sobre la jornada laboral se suelen abordar en términos semanales, la realidad es que la jornada tiene un enfoque anual.

Así, el acuerdo recoge el compromiso de implantar “una jornada general de trabajo de 35 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1.533 horas anuales”.

¿Qué pasa con las jornadas con “especial dedicación”?

El pacto para implantar las 35 horas semanales en promedio anual conllevará la adaptación de la jornada del personal con “régimen de especial dedicación”. Esta pasará de las 40 horas actuales a las 37 horas y media semanales de trabajo efectivo, “sin perjuicio de las prolongaciones de jornada que, con carácter excepcional, puedan resultar necesarias por razones del servicio, de conformidad con la normativa aplicable”, recoge el acuerdo.

“Asimismo, las jornadas y horarios especiales existentes en determinados ámbitos o centros de trabajo serán objeto de adaptación, previa negociación en los ámbitos correspondientes, a fin de garantizar su compatibilidad con la jornada general de 35 horas semanales y con la adecuada prestación de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía”, recoge el texto.

¿Cuándo se aprobará la medida?

El compromiso del Gobierno con los sindicatos es aprobar formalmente una resolución con la reducción horaria en 15 días. El ministro Óscar López lo ha confirmado en el Foro económico de elDiario.es con un marco temporal concreto: “La primera quincena de abril”.

“La nueva regulación establecerá la duración de la jornada general, su distribución y las adaptaciones organizativas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos”, recoge el pacto.

¿Y cuándo se aplicará?

A partir de su aprobación formal, cada Ministerio, organismo y entidad de la Administración General del Estado (AGE) deberá negociar la medida y adaptarla a los calendarios laborales de su servicio público específico.

En algunos casos, la medida podrá ser inmediata prácticamente, sostienen en los sindicatos mayoritarios, mientras que en otras plantillas requerirá de más negociación porque es más compleja su implantación. Es el caso de los trabajos a turnos, como en Instituciones Penitenciarias, entre otras.

El acuerdo recoge una condición para la implantación de la medida, que “se llevará a cabo garantizando en todo momento la adecuada prestación de los servicios públicos y la atención a la ciudadanía”. Así, fuentes sindicales reconocen que en algunos casos, la reducción horaria puede requerir de refuerzos de personal o de reorganización de equipos, procesos que pueden llevar algo de tiempo, pero que son necesarios para garantizar también los servicios prestados.

El inicio de 2026 ha traído consigo la publicación de las primeras convocatorias de empleo público del año, con más de 30.000 plazas en distintos cuerpos de la Administración General del Estado y fuerzas armadas. Estas resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, establecen los plazos, requisitos y procedimientos para que los aspirantes puedan acceder a puestos estables en la administración.

Las oposiciones abarcan distintos ámbitos, incluyendo gestión administrativa, apoyo técnico, perfiles tecnológicos y funciones operativas en los ejércitos. Cada convocatoria define con precisión los plazos de inscripción y las titulaciones necesarias, de modo que los aspirantes puedan planificar su participación dentro del calendario oficial de 2026.

Militar profesional de tropa y marinería

El Ministerio de Defensa ha abierto la convocatoria para el primer ciclo de 2026 con un total de 4.527 plazas, repartidas entre Ejército de Tierra (3.204 plazas), Armada (693 plazas) y Ejército del Aire y del Espacio (630 plazas). Entre las vacantes se incluyen plazas reservadas para deportistas de alto nivel y para aspirantes extranjeros.

Los puestos disponibles abarcan unidades de Infantería, Caballería, Artillería, Infantería de Marina, operaciones, sistemas, energía y propulsión, así como mantenimiento de aeronaves y control aéreo. Los candidatos deben tener entre 18 y 29 años en la fecha de incorporación al centro de formación, prevista para el 4 de mayo de 2026, y contar con el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente. El plazo para solicitar cita previa estará abierto del 9 de enero al 22 de febrero de 2026.

Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social

La Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha convocado 1.556 plazas para el Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social, distribuidas en 1.056 de acceso libre y 500 de promoción interna, con reserva de vacantes para personas con discapacidad. Los puestos se orientan a la gestión administrativa del sistema de la Seguridad Social, incluyendo tramitación de expedientes y apoyo en procedimientos internos.

Los aspirantes deben contar con titulación universitaria, que puede ser Grado, Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica. El plazo para presentar solicitudes de manera telemática se extiende hasta el 4 de febrero de 2026.

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado

La Secretaría de Estado de Función Pública ha publicado 4.350 plazas para el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, de las cuales 1.450 son de ingreso libre y 2.900 de promoción interna, con reservas para personas con discapacidad. Los puestos incluyen apoyo administrativo, registro de documentación, atención al público y manejo de aplicaciones informáticas básicas.

Para participar es necesario contar con el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 4 de febrero de 2026.

Cuerpo General Administrativo (AGE)

El Cuerpo General Administrativo, subgrupo C1, ha convocado 2.512 plazas de ingreso libre, con reserva para personas con discapacidad. Los puestos incluyen la gestión de expedientes y el apoyo a las unidades administrativas de ministerios y organismos públicos.

Se requiere como titulación mínima Bachillerato o Técnico de Formación Profesional de Grado Medio. Las solicitudes deberán presentarse antes del 22 de enero de 2026, y la convocatoria es gestionada por la Secretaría de Estado de Función Pública.

Cuerpo de Gestión de la Administración Civil (A2)

El Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, subgrupo A2, cuenta con 4.306 plazas, repartidas entre 1.356 de acceso libre y 2.950 de promoción interna, incluyendo reserva para personas con discapacidad. Los puestos incluyen tareas de gestión, coordinación administrativa, elaboración de informes y supervisión de procedimientos.

Los aspirantes deben poseer titulación universitaria (Grado, Diplomatura, Ingeniería Técnica o Arquitectura Técnica). El plazo para presentar solicitudes finaliza el 22 de enero de 2026, y la convocatoria corresponde a la Secretaría de Estado de Función Pública.

Cuerpos de Informática (TIC)

Se han convocado 1.710 plazas de ingreso libre para perfiles tecnológicos. El Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática (C1) ofrece 1.030 plazas, con requisito de Bachillerato o Técnico, mientras que el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática (A2) convoca 680 plazas, con requisito de titulación universitaria.

Los puestos incluyen funciones de desarrollo, mantenimiento y gestión de sistemas informáticos y servicios digitales de la administración. El plazo para presentar solicitudes finaliza el 22 de enero de 2026, gestionado por los órganos competentes de la Administración General del Estado.

Desde hace décadas, el Libro de Familia ha sido un documento fundamental para acreditar el vínculo entre padres, hijos y cónyuges en España. Su función ha sido registrar de manera oficial nacimientos, adopciones, matrimonios, divorcios y defunciones, constituyéndose como un documento clave en numerosos trámites administrativos.

Sin embargo, en un contexto de modernización y digitalización de la administración pública, su formato físico ha quedado obsoleto, dando paso a un sistema más ágil y accesible: el registro electrónico individual.

Desde el 30 de abril de 2021, con la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil, el clásico Libro de Familia en papel ha sido sustituido por un registro electrónico. Esta medida busca eliminar las barreras burocráticas y facilitar la realización de trámites sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas del Registro Civil.

En consecuencia, los ciudadanos pueden gestionar la inscripción de nacimientos, matrimonios o defunciones de manera telemática, agilizando procesos y evitando desplazamientos innecesarios. A pesar de este cambio, muchas personas aún desconocen cómo funciona el nuevo sistema y cuáles son los pasos para acceder a su información personal de forma digital.

¿Qué ha cambiado con el nuevo sistema digital?

En lugar de un libro físico, ahora cada ciudadano cuenta con un registro digital personal en el que se almacena toda la información relativa a su estado civil. Esta base de datos es accesible de forma telemática a través de las plataformas oficiales del Ministerio de Justicia y del Registro Civil, permitiendo a las administraciones actualizar automáticamente cualquier cambio sin necesidad de que el ciudadano deba presentar documentos adicionales.

Como resultado de este cambio, cada persona dispondrá de un registro individual donde constarán los hechos y actos que afectan a su identidad, estado civil y demás circunstancias inscribibles. Este registro se abrirá automáticamente con la inscripción de nacimiento o con el primer asiento que se practique y contará con un código personal único.

A lo largo de la vida del ciudadano, cualquier modificación en su estado civil, como matrimonios, divorcios o defunciones de familiares, quedará reflejada en este sistema de forma continua, sucesiva y cronológica.

Además, aunque el Libro de Familia físico ha dejado de emitirse, los ya existentes siguen siendo válidos y pueden utilizarse en ciertos trámites administrativos hasta que su sustitución sea completamente efectiva. La transición hacia el modelo digital es progresiva, por lo que los ciudadanos que dispongan de un libro en papel pueden seguir utilizándolo hasta que su información sea incorporada de manera definitiva al sistema electrónico.

Cómo solicitar el Libro de Familia online

El proceso para acceder al nuevo sistema digital es sencillo y está diseñado para minimizar los tiempos de gestión. Para realizar cualquier consulta o inscripción en el Registro Civil electrónico, es necesario seguir los siguientes pasos:

Beneficios del Registro Civil electrónico

El nuevo Registro Civil electrónico trae consigo una serie de mejoras significativas que facilitan la realización de trámites administrativos y garantizan una mayor seguridad en la gestión de datos personales.

Al permitir el acceso telemático a la información, se agilizan procesos que antes requerían acudir en persona a las oficinas del Registro Civil. Esto reduce los tiempos de espera y elimina las largas colas, mejorando la eficiencia en la atención a los ciudadanos.

Otra ventaja clave es la disponibilidad permanente de la información. Los datos registrados pueden ser consultados en cualquier momento y desde cualquier lugar con acceso a internet, lo que supone una notable comodidad para los usuarios. Además, este sistema garantiza una mayor seguridad y protección de la información personal, minimizando el riesgo de pérdida, deterioro o extravío de documentos físicos.

L’Autoritat Portuària de València continua sense voler fer públic l’informe de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) que va detectar irregularitats en l’entitat pública que presideix Mar Chao. Chao, que no va entregar el document als consellers del port, malgrat facilitar-ne altres de similars, ha donat explicacions minses sobre el contingut d’aquest informe, al·legant sempre que hi ha casos vinculats en mans de la justícia.

La nova negativa del port ha sigut aquesta vegada a un periodista d’elDiario.es que, a través del Ministeri de Transports i emparant-se en la Llei de transparència, va sol·licitar el document per a coneixement i informació a l’opinió pública pel fet de tractar-se el Port d’una entitat de dret públic. Però l’actitud de l’Autoritat Portuària de València ha sigut la mateixa, pegar una portada a la transparència.

Entre els arguments utilitzats pels serveis jurídics per a denegar el lliurament del document oficial, fins i tot encara que fora anonimitzat, el Port assegura que l’informe de la IGAE “passaria a integrar-se de manera immediata en l’anomenat circuit públic”. “Aquesta circumstància el faria susceptible de ser divulgat, fins i tot manipulat o utilitzat amb finalitats alienes a les previstes inicialment, cosa que podria derivar en un ús indegut o distorsionat del seu contingut”, prossegueixen, un argument que, de facto, impediria la divulgació a través dels mitjans de comunicació de qualsevol document de l’Administració i, per tant, del coneixement d’aquests per part de la ciutadania.

“Aquesta situació –abunden en el Port de València– no sols comprometria la confidencialitat i el tractament adequat d’aquesta informació, sinó que també generaria un escenari en què resultaria pràcticament inviable per a aquesta APV, així com per als treballadors afectats directament, revertir o mitigar els possibles danys ocasionats. La divulgació inadequada d’aquesta informació podria comportar conseqüències significatives, especialment en el marc dels processos en via jurisdiccional social esmentats prèviament, i n’afectaria el desenvolupament normal, l’objectivitat i la legitimitat”. La negativa es produeix, fins i tot, encara que s’anonimitzaren les dades personals com fa l’Administració de justícia que publica totes les seues sentències anonimitzant els afectats.

Un segon dels arguments plantejats per l’APV és que l’informe no l’ha elaborat el Port de València, sinó el Ministeri d’Hisenda. “Es tracta d’una documentació l’autoria i la competència material de la qual correspon a un tercer alié a aquest organisme, i la presència del qual en els nostres arxius obeeix a raons instrumentals o de mera tinença administrativa, però de cap manera a una actuació o una funció atribuïble a aquesta entitat”. És a dir, per als advocats del Port de València, un document d’Hisenda amb dades rellevants sobre possibles irregularitats detectades en el Port no el pot facilitar a la ciutadania ni l’entitat afectada. Encara més, amb vista al coneixement de l’opinió pública, entenen en l’APV que la difusió d’aquesta només es pot fer des de la mateixa autoritat qüestionada. El possible incomplidor és el que explica l’incompliment. Sense intermediaris periodístics o ciutadans.

El tercer argument que proposa l’APV és la col·lisió amb processos judicials en marxa i vinculats a la resolució, sempre segons la versió del Port. “S’ha de fer constar que hi ha diversos processos judicials en seu social que estan pendents de celebració. En el primer d’aquests procediments, per providència de 20 de juny de 2025, s’ha rebutjat l’aportació d’aquest mateix informe considerant que resulta innecessari i considerant addicionalment, respecte d’altres dades que poden quedar reflectides en l’informe de la IGAE, que no escau accedir a la sol·licitud, atés que aquest mateix podria contindre dades que pogueren afectar la intimitat de la interessada”, argumenta.

Per tant, conclouen, “es fa patent la necessitat d’adoptar un enfocament restrictiu i responsable en relació amb l’accés i la difusió de la informació, prioritzant sempre la protecció dels drets fonamentals de les persones involucrades, la preservació de la integritat dels procediments legals en curs i el funcionament adequat de les institucions públiques competents, considerant-se que ha de prevaldre la protecció de la documentació sol·licitada davant de la seua divulgació”.

L’informe del Port de Tenerife es va fer públic

És bastant habitual que els informes sobre compliment que la IGAE fa als ports espanyols i a altres administracions es facen públics a través dels mitjans de comunicació. Sense anar més lluny, el mateix informe que oculta el Port de València es va fer públic del Port de Tenerife. És aquest cas, la IGAE denunciava que en l’autoritat portuària de Tenerife hi havia hagut casos de col·locats i despeses d’allotjament inadequades, pel que sembla, pràctiques similars a les esdevingudes en la base portuària valenciana. De moment, els ciutadans continuaran sense poder accedir a la veritat.

La Autoridad Portuaria de Valencia sigue sin querer hacer público el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que detectó irregularidades en la entidad pública que preside Mar Chao. Chao, que no entregó el documento a los consejeros del puerto pese a facilitar otros similares, ha dado exiguas explicaciones sobre el contenido del mismo, alegando siempre que hay casos vinculados en manos de la justicia.

La nueva negativa del puerto ha sido esta vez a un periodista de elDiario.es que, a través del Ministerio de Transortes y amparándose en la ley de Transparencia, solicitó el documento para conocimiento e información a la opinión pública al tratarse el puerto de una entidad de derecho público. Pero la actitud de la Autoridad Portuaria de València ha sido la misma, dar un portazo a la transparencia.

Entre los argumentos utilizados por los servicios jurídicos para denegar la entrega del documento oficial, incluso aunque fuera anonimizado, el puerto asegura el informe de la IGAE “pasaría a integrarse de manera inmediata en el denominado circuito público”. “Esta circunstancia la haría susceptible de ser divulgada, incluso manipulada o utilizada con fines ajenos a los inicialmente previstos, lo que podría derivar en un uso indebido o distorsionado de su contenido”, prosiguen, un argumento que, de facto, impediría la divulgación a través de los medios de comunicación de cualquier documento de la administración y, por lo tanto, del conocimiento de los mismos por parte de la ciudadanía.

“Tal situación -abundan en el puerto de València- no solo comprometería la confidencialidad y el tratamiento adecuado de dicha información, sino que también generaría un escenario en el que resultaría prácticamente inviable para esta APV, así como para los trabajadores directamente afectados, revertir o mitigar los posibles daños ocasionados. La divulgación inadecuada de esta información podría conllevar consecuencias significativas, especialmente en el marco de los procesos en vía jurisdiccional social previamente mencionados, afectando su desarrollo normal, objetividad y legitimidad”. La negativa se produce, incluso, aunque se anonimizaran los datos personales como hace la administración de justicia que publica todas sus sentencias anonimizando a los afectados.

Un segundo de los argumentos planteados por la APV es que el informe no lo ha elaborado el Puerto de València, sino el Ministerio de Hacienda. “Se trata de una documentación cuya autoría y competencia material corresponde a un tercero ajeno a este Organismo, y cuya presencia en nuestros archivos obedece a razones instrumentales o de mera tenencia administrativa, pero en modo alguno a una actuación o función atribuible a esta entidad”. Es decir, para los abogados del puerto de València, un documento de Hacienda con datos relevantes sobre posibles irregularidades detectadas en el puerto no lo puede facilitar a la ciudadanía ni la entidad afectada. Es más, de cara al conocimiento de la opinión pública, entienden en la APV que la difusión de la misma solo se puede hacer desde la propia autoridad cuestionada. El posible incumplidor es el que explica el incumplimiento. Sin intermediarios periodísticos o ciudadanos.

El tercer argumento que propone la APV es la colisión con procesos judiciales en marcha y vinculados a la resolución, siempre según la versión del puerto. “Se ha de hacer constar que existen varios procesos judiciales en sede de lo social que están pendientes de celebración. En el primero de dichos procedimientos, por providencia de 20 de junio de 2025, se ha rechazado la aportación de este mismo informe considerando que resulta innecesario y considerando adicionalmente, respecto de otros datos que pueden quedar reflejados en el informe de la IGAE, que no ha lugar a acceder a lo solicitado, toda vez que el mismo podría contener datos que pudieran afectar a la intimidad de la interesada”, argumenta.

Por tanto, concluyen, “se hace patente la necesidad de adoptar un enfoque restrictivo y responsable en relación con el acceso y difusión de la información, priorizando siempre la protección de los derechos fundamentales de las personas involucradas, la preservación de la integridad de los procedimientos legales en curso y el adecuado funcionamiento de las instituciones públicas competentes, considerándose que debe prevalecer la protección de la documentación solicitada frente a su divulgación”.

El informe del puerto de Tenerife se hizo público

Es bastante habitual que los informes sobre cumplimiento que la IGAE hace a los puertos españoles y a otras administraciones se hagan públicos a través de los medios de comunicación. Sin ir más lejos, el mismo informe que oculta el puerto de València se hizo público del puerto de Tenerife. Es este caso, la IGAE denunciaba que en la autoridad portuaria tinerfeña había habido casos de enchufismo y gastos de alojamiento inadecuados, al parecer, prácticas similares a las acontecidas en la base portuaria valenciana. De momento, los ciudadanos seguirán sin poder acceder a la verdad.

Desde 2021, el Estado ha dejado de perder miles de trabajadores año a año, la imagen que dejó la pasada crisis económica y las políticas de austeridad, junto a un incremento de las jubilaciones. En 2024, no solo se contuvo la sangría de personal sino que las altas de trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) casi duplicaron las bajas, lo que dejó una incorporación neta de casi 9.000 empleados, según los datos del Ministerio de Función Pública que ha desvelado este lunes el sindicato CSIF.

La organización sindical ha revelado las cifras de altas y bajas en la AGE en la última década que les ha trasladado el Ministerio que dirige Óscar López. Aunque ya en 2021 se detuvieron las pérdidas continuadas de personal, en 2024 hay un cambio sustancial: las incorporaciones de personal superaron por mucho la salida de efectivos, 18.700 y 9.800, respectivamente.

El Gobierno de coalición ha aprobado en los últimos años varias Ofertas Públicas de Empleo (OPE) récord para la Administración central, que incluye a los funcionarios del Estado de la AGE –de ministerios y organismos públicos como el Servicio Público de Empleo Estatal y la Seguridad Social, entre otros– y entidades como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el personal de Justicia, entre otros. La última convocatoria, de 2024, cuando el ministro de Función Pública era José Luis Escrivá, superó las 40.000 plazas.

Ahora, el Ministerio que lidera Óscar López está trabajando con el conjunto de los ministerios y organismos del Estado para configurar su propuesta de Oferta Pública de Empleo (OPE) para 2025, que en CSIF han explicado que negociarán con los sindicatos “en junio”. Además, está pendiente la negociación de la subida salarial de los empleados públicos, con las retribuciones congeladas este 2025, tras el último pacto de incrementos de 2022 a 2024.

20.000 empleados públicos menos en la última década

Aunque en los últimos cuatro años se ha detenido la merma de personal en el conjunto de la AGE, las salidas masivas de los anteriores ejercicios, en los que se aprobaron escasas incorporaciones, han dejado como balance una pérdida de unos 20.000 trabajadores del Estado en la última década.

CSIF ha destacado “este grave déficit” de 20.000 trabajadores, por lo que ha reclamado que la OPE de 2025 no se limite a compensar las salidas de personal, sino que siga avanzando en recuperar efectivos. Carlos Martínez, responsable de la Administración General del Estado (AGE) del sindicato, ha destacado que “el 21% de la plantilla tiene más de 60 años” y, por tanto, está al borde de la jubilación, ya que muchos de ellos pertenecen al régimen de Clases Pasivas, que permite la jubilación anticipada a esa edad.

El sindicato ha exigido de nuevo al Gobierno que elimine la tasa de reposición, medida creada en la pasada crisis financiera para limitar las incorporaciones de empleados públicos. José Luis Escrivá anunció en enero del año pasado su supresión para este 2025, pero no se ha llegado a aprobar. En CSIF han insistido en que la medida es “imprescindible” para recuperar el personal perdido y dotar a los organismos públicos de las plantillas necesarias, y ha reclamado también mejoras retributivas para hacer “atractiva” a la Administración General del Estado (AGE), con sueldos inferiores respecto a otros puestos similares en organismos autonómicos y locales.

La edad media del personal baja a los 49 años

Los datos de Función Pública facilitados por el sindicato dejan otra noticia: la edad media en la Administración Central del Estado ha bajado de la barrera de los 50 años por primera vez desde 2015. En concreto, se sitúa en los “49” años, según estos últimos datos que aún no había hecho público el departamento de Óscar López. A finales de enero, el ministro de Función Pública aportó en el Senado el dato provisional de 2024, que se situaba en los 50,5 años.

Así, el Gobierno está avanzando también en el reto de rejuvenecer la plantilla del personal del Estado tras años de aumento continuado de la edad media del personal, que alcanzó en 2020 el máximo de 51,6 años.

CSIF ha destacado que algunos de los organismos más castigados de la Administración central son el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que gestiona las prestaciones y subsidios por desempleo de las personas en paro, y la Seguridad Social. Ambos tienen plantillas muy envejecidas, ha subrayado el sindicado, y por tanto seguirán perdiendo trabajadores fruto de las jubilaciones.

En los últimos meses, los trabajadores del SEPE están urgiendo al Ministerio de Trabajo a que refuerce la plantilla, con oficinas incluso vacías ante un “mínimo histórico de 7.400 efectivos”, han destacado en CSIF, al que se suma los problemas por el nuevo sistema informático implantado. En la Seguridad Social, ha habido también varias movilizaciones por la escasez de personal en los últimos años, que han supuesto un refuerzo de la plantilla, pero que sigue siendo “insuficiente” ante las salidas y las nuevas tareas del organismo, como la gestión del ingreso mínimo vital (IMV).

La Rioja incorporará a sus ayuntamientos 16 secretarios, tesoreros e interventores. La Administración General del Estado lanzará en marzo la convocatoria extraordinaria territorializada de 1.000 plazas de funcionarios habilitados nacionales de los que 16 corresponderán a La Rioja. Con estas incorporaciones se cumplen las previsiones de la Ley 20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad y del art. 66 del Real Decreto Ley 20/2022, de 27 de diciembre, que habilitó esta convocatoria extraordinaria territorializada.

Los funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional son los secretarios, tesoreros e interventores de los ayuntamientos. Las comunidades autónomas que lo soliciten podrán realizar en sus territorios los procesos de selección, pruebas de acceso y el curso selectivo de los aspirantes, a través de un convenio de colaboración con la AGE. El reparto de las 1.000 nuevas plazas ofertadas se ha calculado de manera proporcional al número de vacantes en cada comunidad autónoma.

Es posible que cuando hayas tenido que lidiar con la Administración pública también hayas deseado poder disponer de una ventana única en la que acceder a todos tus trámites. Por suerte, esta herramienta existe. Mi Carpeta Ciudadana es un sitio web donde puedes consultar tus datos personales y acceder al estado de tus trámites con la Administración: es una ventana abierta para que el ciudadano pueda ver con claridad y en el mismo sitio sus gestiones administrativas.

Cómo acceder a Mi Carpeta Ciudadana

El proyecto Mi Carpeta Ciudadana tiene el objetivo de facilitar nuestros trámites. Se puede acceder a esta herramienta a través de su página web, pero si lo prefieres puedes descargarte la aplicación en tu dispositivo móvil. Mi Carpeta Ciudadana está disponible en los sistemas operativos iOS y Android. Como añadido, tiene versiones en castellano, catalán, gallego, euskera, valenciano e inglés.

Una vez que entres en el sitio web o la aplicación, debes registrarte. Para ello, en primer lugar debes indicar tu solicitud. Debes seleccionar si quieres consultar tus datos como particular ('Ciudadano', como indica en Mi Carpeta Ciudadana) o como empresa ('Empresa', según Mi Carpeta Ciudadana). Después, existen distintas formas de iniciar sesión en Mi Carpeta Ciudadana mediante el sistema Cl@ve:

Para qué sirve Mi Carpeta Ciudadana

Mi Carpeta Ciudadana es una plataforma que sirve para acceder trámites del estado, datos personales y recibir alertas. Como hemos comentado, es una manera de estar en constante comunicación con la Administración de forma fácil y rápida. A través de Mi Carpeta Ciudadana se puede acceder a consultas sobre estudios, el expediente académico y titulaciones. 

En la sección 'Mis datos' del menú principal es posible añadir como favoritos aquellos trámites o información personal que quieras tener más a mano. Si estás consultando información que quieres añadir a favoritos, solo tienes que pinchar el icono de la estrella que aparecerá junto al título de la subsección.

Dentro del menú principal también hay un calendario con las fechas de renovación de tus distintos trámites. Puedes consultarlo también en la sección 'Calendario' y pedir cita a través de los distintos trámites de la Administración General del Estado.

En la sección 'Servicios', puedes consultar tu 'Registro Electrónico General', comunicar si cambias de domicilio, tus apoderamientos, y verificar documentos mediante un Código Seguro de Verificación, además de realizar consultas de antecedentes penales y de ausencia de antecedentes de delitos de naturaleza sexual. Por último, puedes consultar otros servicios de la Administración General del Estado.

Recuerda que, si estás consultando Mi Carpeta Ciudadana a través de la aplicación móvil, en la ventana de ajustes puedes configurar tus avisos y modificar el idioma de preferencia.

La sección 'Mi Carpeta' ofrece diversos bloques de categorías donde podemos encontrar diferentes tipos de trámites con base en nuestras necesidades. En cada uno de ellos Mi Carpeta Ciudadana te indicará de qué parte de la Administración obtiene tus datos.

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han anunciado este lunes que exigirán a la Administración General del Estado la equiparación salarial del personal laboral con los funcionarios. “No pueden seguir manteniendo la desigualdad retributiva, ni tampoco los agravios que se producen con respecto a otras administraciones públicas”, ha reclamado el secretario federal del ramo en UGT, Carlos Álvarez, en una rueda de prensa conjunta.

Los trámites para la negociación del nuevo convenio, el quinto, se iniciarán el próximo 4 de noviembre con la denuncia del acuerdo anterior, con el que los sindicatos consideran haber alcanzando “el objetivo básico fundamental, que era una nueva clasificación profesional moderna, que encajase tanto en el actual sistema educativo como con el estatuto del empleado público”.

“Homologando la clasificación profesional en el anterior convenio, ahora tenemos que dar este segundo paso, que es la equiparación retributiva”, ha insisto la portavoz del sector de UGT-Servicios Públicos en el IV Convenio Único, Elena Tarjuelo, que ha señalado que esa equiparación es una cuestión de “justicia”. “A igual requisito de titulación, igual salario base”, ha reclamado antes de señalar que, en algunos supuestos, como en el caso de los agentes forestales o los mecánicos de aviones del Ejército del Aire —el Ministerio de Defensa es uno de los departamentos que cuenta con mayor número de personal laboral—, esta diferencia supera los 3.000 euros anuales.

La diferencia salarial que los sindicatos quieren remediar no es solo entre funcionarios y personal laboral. “Llevamos años de retraso acumulado con relación a otras administraciones públicas. Los datos son tozudos y, en la comparación con otras comunidades autónomas, como Madrid, las diferencias salariales se cifran en torno a una media de entre el 8 y el 11%”, ha indicado el protavoz de CCOO en el anterior convenio, Vidal Cruzado, que ha denunciado que “el personal laboral está por debajo y maltratado económicamente en relación al conjunto de otras administraciones”. Además, ha indicado que estas diferencias no son solo sobre el salario base. “Incluso en un concepto como la antigüedad, matemáticamente objetivo, vemos una diferencia muy notable en el valor del trienio”.

En la nueva negociación, UGT y CCOO esperan mejorar las condiciones salariales, pero también de promoción, de los cerca de 40.000 trabajadores públicos. En ese sentido, las organizaciones han lamentado que la carrera horizontal, que permite una progresión de los trabajadores y las trabajadoras en su puesto de trabajo, “en vigor en muchas comunidades autónomas”, todavía no ha sido implementado en la Adminsitración General del Estado, tampoco para los funcionarios.

La secretaria general del sector en CCOO, Esther Abajo, ha reclamado al Ministerio de la Función Pública que la negociación sea “dinámica” y se produzca “en un plazo razonable” para que “permita mejorar las condiciones del personal que presta servicio en la Adminsitración General del Estado y que además hagan atractivas las plazas de turno libre y no que no se queden vacantes, lo que redundará en una mejor calidad de los servicios públicos”.

En concreto, los sindicatos cifran en unas 10.000 las vacantes de personal laboral en el sector, que derivan de las políticas de recorte producidas “a raíz de la crisis financiera” y la reducción de ofertas de empleo público y la “externalización del servicio”, ha explicado Álvarez, que ha señalado que la mayoría de esas plazas ya han sido convocadas en 2021 y 2022 y en la próxima oferta de empleo de 2023 y 2024. “Entendemos que se va a recuperar empleo, pero eso redunda en que puedan cubrir los puestos, por lo que tenemos que hacer atractiva la oferta”, ha señalado, para recordar que, en este caso, la administración compite por la captación de talento tanto con otras administraciones como con el sector privado.

Desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) han lamentado la “precipitada denuncia del IV Convenio”, al considerar que podría perjudicar a “la negociación y el desarrollo de las mejoras en las condiciones laborales”. No obstante, desde la organización consideran “urgente” negociar un nuevo acuerdo marco salarial, “tras la pérdida del 5% de poder adquisitivo que se ha producido tras el acuerdo que se firmó hace dos años entre Función Pública, CCOO y UGT”.

España necesita funcionarios. El 20% de los funcionarios de la Administración General del Estado en España tiene más de 60 años. Por eso, el Gobierno ha sacado solo para este 2024 una oferta de empleo público de más de 40.000 plazas. Por eso mucha gente está haciendo oposiciones durante estos meses. Por eso en las últimas semanas, mucha gente se va incorporando a su nuevo trabajo de funcionario. 

Eso es lo que le ha pasado en estos meses a Xosé, que ha empezado a trabajar en la Administración del Estado. Lo mismo le pasó a Fran hace aproximadamente un año, después de pasar por unas oposiciones que nos contó en este podcast.

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Pedro Fernández Peñalver (Baza -Granada-, 1966) ya era concejal socialista de su pueblo con 33 años tras una década ejerciendo de abogado. Aunque afirma que pretende cambiar uno de los sillones de la sala en la que atiende a elDiario.es Andalucía, no parece que se sienta incómodo en el que ocupa desde 2021 en la Torre Sur de la Plaza de España de Sevilla, de la que tanto se ha hablado en los últimos mese a cuenta de la entrada que pretende cobrar el alcalde a los turistas. “Me parece que es vender la ciudad a trozos, como musealizarla”, comenta.

En 2021 renunció a ser alcalde de Baza (llevaba desde 2007) para convertirse en delegado del Gobierno de España en Andalucía, cargo en el que 'renovó' a finales del año pasado. A dos semanas de la cita con las elecciones europeas, abordamos en esta entrevista las relaciones de ambas administraciones, la actualidad política y los temas de competencia estatal, que no son pocos y que no terminan en Doñana.

¿Le preocupa la imagen que el presidente Moreno y sus consejeros trasladan a diario del Gobierno de Sánchez en Andalucía con denuncias de agravio frente a Catalunya o Euskadi. ¿Cree que el Gobierno de España está haciendo lo suficiente para contrarrestar ese discurso oficial de la Junta o hay datos que contrarresten esa sensación de agravio? 

La Junta de Andalucía, implantada en el territorio, tiene una capacidad importante en cuanto a la comunicación se refiere. Qué duda cabe que todo lo que pretende comunicar lo tiene más fácil si es que hay una directriz política de que hay que arremeter contra el Gobierno de España desde un punto de vista de interés estrictamente electoral. De hecho, es lo que creo que se está haciendo desde el año 2018, a través de una estrategia política que pretende no hablar de los asuntos de Andalucía, hablar permanentemente de los asuntos estatales para confrontar permanentemente contra Pedro Sánchez. Es una copia, una imitación de lo que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid: generar un debate poniendo al presidente del Gobierno de España como figura principal con la que se mide y que no se hable de las carencias y deficiencias que hay en el territorio, que en este caso son muchas.

¿A qué carencias se refiere?

Hablamos de sanidad, educación, dependencia, y de una incapacidad flagrante que tiene la Junta de Andalucía para ejecutar fondos, especialmente los fondos que provienen del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y no lo digo yo, lo dice la propia Cámara de Cuentas en el último informe que se entregó en el Parlamento de Andalucía, donde se hablaba de una ejecución mínima y una preocupación máxima, que es la que yo vengo manifestando.

Lamentablemente hemos tenido la experiencia, con el señor Moreno Bonilla a la cabeza, de la devolución de casi 400 millones de euros de los 1.100 millones que se recibieron para pequeños y medianos empresarios y para autónomos. Y se han devuelto, sin más, 119 millones de euros que iban vinculados a la creación de plazas en guarderías públicas de 0 a 3 años. O los los 1,5 millones vinculados a la cultura, a las producciones audiovisuales. Y así sucesivamente. También estamos esperando a que se abone y se pague el bono de alquiler joven.

La Junta de Andalucía lo que hace es no hablar de que está recibiendo, con Pedro Sánchez a la cabeza, las mayores transferencias económicas de la historia de la comunidad autónoma

Yo siempre digo que está muy bien la sonrisa, que está muy bien el intento de moderación, pero en el fondo hay una política que es tan sumamente neoliberal, restrictiva y privatizadora como la de la señora Ayuso. Y la Junta de Andalucía lo que hace es no hablar de que está recibiendo, con Pedro Sánchez a la cabeza, las mayores transferencias económicas de la historia de la comunidad autónoma. Estamos hablando que ha habido un incremento de un 46% en estos seis años respecto a los seis años inmediatamente anteriores, cuando presidía Mariano Rajoy, y que suponen 44.357 millones de euros más.

¿Cree que la ciudadanía conoce de donde proceden esas inversiones de las que habla?

Realmente me pregunto si Andalucía está viendo realmente lo que está haciendo el Gobierno de España, o si el posicionamiento de la Junta, con ese ruido al que me refería, está intentando que la gente no vea lo que realmente hace el Gobierno de España, atrayendo a empresas tractoras muy potentes, algunas públicas como la Agencia Espacial a Sevilla, otras al Parque Tecnológico de Málaga, o con los grandísimos proyectos vinculados al 'valle andaluz del hidrógeno verde', donde se vincula a San Roque y Huelva, con unas inversiones que van a superar los 2.500 millones y la generación aproximada de más de 4.000 puestos de trabajo para la generación de metanol verde, con grandes empresas tractoras como es el caso de Maersk, o como el caso de Cepsa, ya instalada.

En Andalucía había un sinfín de proyectos de infraestructuras hidráulicas, ferroviarias y viarias metidos en un cajón desde 2012 y desde que gobierna Pedro Sánchez se han puesto encima de la mesa

Hay muchos datos que dicen que España es el país más atractivo para invertir en este momento, y qué duda cabe que de eso se beneficia Andalucía, como no puede ser de otra manera. Y de todo eso no se habla, sino que se dibuja a un Pedro Sánchez al que se intenta ridiculizar cuando es un presidente que tiene un caché internacional que no habíamos tenido hasta este momento y que tiene una capacidad muy importante de salir de situaciones como el Covid con los ERTE, y con los fondos ICO. Y ya sabemos lo que pasó cuando gobernaba la derecha en este país, con esos 60.000 millones a los bancos nunca recuperados, y aquí se ha apostado por las personas y por la recuperación de las empresas. En definitiva, mucho ruido para evitar hablar de lo bien que lo está haciendo este Gobierno y, sobre todo, lo bien que le va a Andalucía con este Gobierno, que va como un tiro.

Pero también es cierto que hay determinadas inversiones que se resisten en Andalucía y que vienen siendo demandadas desde hace años, como por ejemplo el tramo ferroviario Algeciras-Bobadilla del Corredor Mediterráneo, ¿no cree?

Le puedo decir que había un sinfín de proyectos de infraestructuras hidráulicas, ferroviarias y viarias que estaban metidos en un cajón desde el año 2012, desde que empezó prácticamente a gobernar el señor Rajoy, y que desde que gobierna Pedro Sánchez en 2018 absolutamente todas se han puesto encima de la mesa. Si hablamos de Granada, la presa de Rules, por decir algo, o la llegada del AVE tras dos años y medio de aislamiento ferroviario. O el túnel de San Silvestre, que garantiza el 70% del consumo de agua en Huelva, tanto potable como industrial y de regadíos, que se está recuperando.

De la Algeciras-Bobadilla que usted me habla no se había hecho absolutamente nada, y en este momento se están ejecutando los apartaderos de 750 metros y la electrificación se ha aprobado por fin después de una tramitación ambiental muy compleja. Con más de 3.500 millones para el ramal entre Murcia y Almería, eso va como un tiro, como un cañón, al 62%, con viaductos, túneles, etc. Está todo absolutamente en obra en este momento. Hay un gran nivel de inversión en infraestructuras que estaban olvidadas por el Partido Popular, algunas a punto de caducar como por ejemplo el AVE de Huelva a Sevilla.

¿Qué pasa, por cierto, con esa conexión ferroviaria que ha sido otro motivo de desencuentro reciente entre los gobiernos central y autonómico?

Lo más importante es reducir los plazos, hacer competitivo ese medio de transporte entre Huelva y Sevilla, y mejorar y ampliar todas las frecuencias que sean absolutamente necesarias. Es decir, acercar y rebajar los tiempos. Ahora mismo estamos en torno a una hora y media. Hay dos opciones: una es el AVE, efectivamente, y otra puede ser un tren con una capacidad perfectamente ajustada a las necesidades actuales y que, a su vez, también genere un acercamiento en torno a 50 minutos. Es decir, o adaptar y mejorar el actual trazado, o hacer un AVE con una línea nueva. Hay un estudio informativo que contempla esas dos opciones y que está sometido a la Declaración de Impacto Ambiental, porque el entorno es muy sensible.

¿Qué opina, en general, de que el desarrollo ferroviario se centre siempre en la alta velocidad?

Yo estoy de acuerdo en que las grandes comunicaciones deben de venir de la mano del AVE, pero lo importante es mejorar las medias distancias y los cercanías para que haya una buena articulación de comunicaciones. En este caso, según dicen los estudios, la diferencia que puede haber entre un AVE y una mejora sustancial de la actual vía existente, sin el impacto ambiental, es de diez minutos.

¿Y en coste de inversión?

Mucho dinero: unos 1.200 milllones el AVE y unos 400 la otra opción. La gente puede decir que no se haría el AVE por ahorrarse el dinero pero no es por eso. Aquí no se ha descartado nada, pero sí o sí se va a mejorar la comunicación de Huelva con Sevilla porque lo merece desde hace muchos años. Lo cierto es que un nuevo trazado de AVE entre esas dos capitales, pasando por el Parque Nacional de Doñana, es complejo y no nos podemos equivocar.

Luego hablaremos de Doñana pero, retomando algunas cuestiones políticas, desde las pasadas elecciones generales parece que ha virado la estrategia del Gobierno en Andalucía, y ahora hay mucha más presencia de ministros sobre el territorio que antes. El líder del PSOE-A se queja de que Moreno hace suyos esos logros económicos que usted comentaba y critica, abiertamente, que la Delegación del Gobierno en Andalucía no haya sido más combativa a la hora de marcar perfil. ¿Habla usted a menudo con el señor Espadas?

Sí, bastante. Al margen de lo institucional, también a nivel orgánico hay una relación entre el secretario general del PSOE de Andalucía y las instituciones, aunque tienen su autonomía de funcionamiento, pero lo cierto es que al final lo que se aplican son políticas socialistas y todo va en la misma línea. Tengo ocasión de hablar con con él cuando muestra interés o preocupación por algún asunto que tiene que ver con con la gestión de la Delegación del Gobierno.

La pregunta iba dirigida a conocer quién tendría que responder al Gobierno de la Junta, si el delegado, si los ministros cuando vienen a Andalucía o si el señor Juan Espadas.

Eso no está predeterminado, sino que se actúa. Juan Espadas es absolutamente combativo y recrimina o critica aquello que considera en los plenos del Parlamento de Andalucía, o los portavoces en las comisiones o en las distintas intervenciones. Cuando vienen los ministros siempre intentan venir con la mejor voluntad y nunca he visto jamás que vengan con la intención de criticar. Es verdad que muchas veces tienen que responder a críticas del señor Moreno Bonilla directamente o de alguno de sus consejeros, del señor Sanz especialmente. Y desde la Delegación del Gobierno, evidentemente, nos toca defender, convencidos absolutamente, del trabajo que está haciendo el Gobierno de España.

Como le he dicho antes, para nosotros, y objetivamente se puede demostrar, a Andalucía le está yendo muy bien con este Gobierno, tanto por inversiones como por la inercia de la política nacional en lo que a la economía se refiere. Por eso muchas veces no puedes entender que, ante la pésima y mala gestión de lo que es competencia de la Junta de Andalucía, directamente vayan a enfrentarse con el presidente del Gobierno de España cuando objetivamente se está trabajando y las personas están por delante las siglas políticas. Y este Gobierno, más allá de que el Partido Popular gobierne la Junta, está invirtiendo y tratando a Andalucía como se merece.

La Junta ha pedido un trato de singularidad para el Campo de Gibraltar. Moreno quiere una subida fiscal en el Peñón para evitar un desequilibro en ese sentido. ¿Debía ser la Junta un actor en las actuales negociaciones que mantiene el Estado, Gibraltar y Reino Unido?

Veo bien que el ministro de Asuntos Exteriores contacte con el presidente de la Junta de Andalucía, si bien es verdad que estamos hablando de las relaciones entre dos Estados y la Unión Europea. Ese trío es el que conforma las negociaciones, sobre las que ha habido ya un sinfín de reuniones, que están muy avanzadas y creo que por el buen camino. Hay que dejar ese margen de confianza, más allá de que después haya transparencia y se le comunique al presidente de la Junta cuáles son los resultados de esas reuniones. Creo que tenemos que ir a todos a una en la defensa de los intereses de España en ese espacio común compartido y del Campo de Gibraltar.

He oído alguna amenaza velada de que, si no se cuenta con el Partido Popular, cuidado con lo que pueda pasar en Europarlamento. Y me parece que esa no es la manera de truncar ahora una negociación de tantos años cuando está en su fase final. Aquí hay que priorizar el interés general de todo ese gran espacio que es el Campo de Gibraltar donde los nacionales, en esa interacción que tienen permanentemente con Gibraltar, sigan manteniendo su poder adquisitivo, su capacidad de trabajo y, sin dificultad ninguna, se pueda crear un espacio que a la misma vez también responda a las necesidades de acceso de frontera, no lo olvidemos, a toda Europa.

Hablando del Campo de Gibraltar, después de la muerte de dos guardias civiles hay una encendida reclamación para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuenten con los medios necesarios en su lucha contra el narcotráfico. No sé si nos puede comentar alguna cuestión en la que el Gobierno esté trabajando en este sentido.

Antes de la llegada de este Gobierno de España, la inversión era de cero euros. Recuerdo la imagen en televisión, permanentemente, de cómo desembarcaban los fardos y los alijos a la vista de todos. El principio de autoridad se había perdido completamente. Había 1.649 agentes menos por la tasa de reposición y la limitación en cuanto a la posibilidad de ofertar empleo público. La mayor oferta de empleo público en este sentido, tanto en Guardia Civil como en Policía, se está produciendo ahora bajo el mandato de Pedro Sánchez. Y hay más de 82 millones de euros en medios materiales y medios humanos desde la puesta en marcha en 2018 del Plan Especial de Seguridad.

La Junta de Andalucía no ha cumplido ni una medida en el Campo de Gibraltar para que la gente joven tenga alternativas la actividad del narcotráfico

Y algo muy importante: se ha recuperado el principio de autoridad, con detenciones, incautaciones de droga y de narcolanchas (unas 40 en lo que va de año), y el refuerzo también en el ámbito judicial de nuevos juzgados, nuevos plazas de fiscales. De cero euros de inversión a una cobertura del 95% de las plantillas, nueve puntos más por encima de la media nacional de Policía y Guardia Civil. El Ministerio va a seguir estudiando si consideramos que es un espacio de una singularidad especial, pero no es un lugar al que no van agentes de la de Policía o de la Guardia Civil como ha ocurrido en otros sitios como Canarias.

¿Por qué cree entonces que la Junta de Andalucía se le ha echado encima con este tema?

Después de lo ocurrido, se implantó el principio de autoridad en cuestión de unos días. Lo que está haciendo este Gobierno desde 2018 es darle la vuelta entera a una situación que estaba perdida y dejada absolutamente. Cuando escucho al consejero hablar de medidas para fortalecer algunas medidas siempre digo que esto no va solamente de seguridad. Hay que hacer planes especiales de empleo que no se hacen, hay que hacer refuerzo en la formación profesional que no se hace, hay que hacer una formación continua y generalizada de todo lo que son los servicios públicos, hay que reforzar el tema sanitario, hay que reforzar el tema educativo. Quiero decir que la Junta de Andalucía tiene muchas medidas en ese espacio del Campo de Gibraltar, que no ha cumplido ni una, para propiciar que la gente joven, sobre todo, tenga alternativas distintas a lo que es la actividad del narcotráfico. Y no ha hecho nada.

En el marco también de sus competencias con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no sé qué le parece que un agente de la Policía Nacional lleve una pulsera de un partido político. Se lo pregunta por la identificación el pasado fin de semana del catedrático jubilado Isidoro Moreno en una manifestación de apoyo al pueblo palestino en Sevilla. No sé si ha pedido información sobre este hecho.

No me consta que haya llegado ninguna denuncia o queja a la Subdelegación del Gobierno, por lo que no puedo decir nada al respecto. Lo que sí puedo decir es que, si entrase, se abriría un expediente interno disciplinario que podría dar como resultado una sanción si se incumple la normativa, que establece que se ha de evitar que haya ningún tipo de ostentación o de identificación de ningún agente con ningún partido político, con ninguno. Si correspondiera una sanción se va a imponer, porque no es que no me parezca bien o mal sino que no es legal.

La Junta se viene quejando que Andalucía está recibiendo cientos de menores migrantes no acompañados, muchos de ellos que el Estado le 'cuela' como adultos, después de haber cerrado un acuerdo “unilateral” con Canarias. ¿Cómo está actuando el Gobierno de España en relación a esta cuestión?

La solidaridad aquí ya es obligatoria, porque un día le puede tocar a Canarias como le está ocurriendo y otras veces puede que sea otra comunidad autónoma. Desde luego, en Andalucía en lo que va de trimestre tenemos un 19% menos de inmigración que el año pasado y se se está informando con luz y taquígrafos cada vez que hay una distribución de personas que llegan a Canarias, en el caso de que sean si son menores de edad pues de la mano de la Junta de Andalucía y, si son mayores de edad, le trasladamos al consejero de la Presidencia dónde van a ir.

¿Es falso entonces que existe ese acuerdo unilateral con Canarias para la distribución de estas personas?

Lo que existe es una situación real, que es distinto, y de verdadero trauma y de colapso que se produce sobre todo porque los países de origen de estas personas están en situación de conflictos bélicos y con un riesgo inminente de muerte o de falta de respeto total a sus derechos fundamentales y hay que dispensarles un trato humanitario digno. Y, evidentemente, cuando hay un número tan importante de inmigrantes para un solo espacio geográfico como Canarias y no es posible atenderlos como se merecen porque no hay espacio físico, hay que ser solidario y hay que llevarlos a otras comunidades autónomas que es lo que se está haciendo a través de los recursos de las ONG correspondientes.

Teresa Ribera ha reconducido el callejón sin salida en donde se había metido la Junta de Andalucía con Doñana

Desde la firma del pacto por Doñana entre Gobierno y Junta, ¿considera que se ha relajado la tensión en la comarca con los regantes ilegales?

No. Seguimos con la misma intensidad: pozo ilegal que hay, pozo que se cierra. Desde 2018 tenemos 721 pozos que se han cerrado por la Confederación, 271 ilegales y 450 legales de agua en superficie. Hay otros 235 en trámite. Lo hemos dicho muchas veces pero es que son 350 millones para el espacio natural y otros 356 millones para el desarrollo socioeconómico y la diversificación de las actividades, incluyendo los 70 millones para los 14 ayuntamientos, también Almonte e Hinojos que firmaron finalmente. Yo creo que si hay un protagonista importante en Doñana es el Gobierno de España, que ha sido crucial para salvaguardar una situación muy complicada, y más singularmente la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que ha reconducido el callejón sin salida en donde se había metido la Junta de Andalucía.

Entonces, ¿no se aprecia al menos más, digamos, paz social?

Ahora mismo tenemos a 14 ayuntamientos que han firmado y que representan a muchos regantes y muchos agricultores. Todo eso genera cierta calma. Hemos pasado ese primer punto y aparte, donde se dice que se van a hacer las cosas de otra manera. Todo el mundo está asumiendo que lo que es primordial por encima de todo es Doñana, el entorno y el desarrollo social y económico. Y, para eso, el Gobierno está poniendo una cantidad muy importante de dinero.

La sequía ha sido otro de los elementos del discurso que más confrontación ha generado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. ¿En qué punto está esa cuestión entre las administraciones? ¿Qué está haciendo el Gobierno para paliar la sequía en Andalucía? 

Toda la cuenca del Guadalquivir ha resistido mucho mejor este periodo de sequía pertinaz que el resto de cuencas intracomunitarias o estrictamente comunitarias, donde ha habido mayores problemas. Aquí se ha hecho una previsión muy importante, con obras de emergencia, aquellas que se pueden hacer en un plazo aproximadamente de seis u ocho meses, y una inversión de 1.300 millones en distintas fases. La Junta, por su parte, ha metido como hora de emergencia hasta desaladoras, que tienen una media de siete años de construcción.

Por poner un ejemplo. En Almería, donde la sequía seguramente ha tenido una incidencia más impactante, en 2012 una riada acabó con una desaladora en Cuevas de Almanzora. Hasta el 2018 ese proyecto ha estado metido en un cajón y este Gobierno lo está ejecutando ya con una inversión de 40 millones, haciendo una obra de defensa para evitar que una riada vuelva a dañarla y, paralelamente, una obra de mejora de la eficiencia con una fotovoltaica que le va a generar 20 hm3 en lugar de 15 hm3.

Si me llaman acudiré encantado a clarificar con total transparencia cualquier cuestión que se me plantee y con la tranquilidad que da haber actuado siempre, desde que empecé en la gestión pública hace ya 25 años, con respeto absoluto a la Ley y al interés general

Además, para la desaladora de Carboneras y la desaladora del campo de Dalías, en ambas con una gran inversión del Gobierno de España de 134 millones, la fotovoltaica va a incrementar también la capacidad de generación de agua en 19 hm3. En definitiva, se van a generar 39 hm3 más de agua al año procedente de esas tres desaladoras. Junto a ello, la desaladora comprometida por el Gobierno de España, con 100 millones de inversión estimado, que genera en torno a otros 25 hm3. Estamos hablando de más de 65 hm3 adicionales para Almería con los que no cuenta en este momento. Una provincia que también se va a beneficiar de un sinfín de obras de modernización de regadíos, que suponen 368 millones de euros en toda Andalucía.

¿Teme que se le llene la Plaza de España solo de turistas que paguen por entrar? ¿En qué ha quedado la perseguida privatización del espacio público propuesta por el alcalde de Sevilla? ¿Considera, como dice el alcalde, que determinados organismos (Extranjería, la CHG, la propia Delegación o la Subdelegación) deberían irse de la Plaza de España para que tuviese un uso más cultural?

Yo soy partidario siempre de que, para el mejor mantenimiento, es bueno que haya una actividad y que la gente pueda disfrutar de ese espacio, con interacción entre el administrado y la administración. No como un cementerio al que uno va directamente, como los turistas. Me parece que eso no es ciudad, y más un espacio como éste que está tan sumamente inmerso en Sevilla, entre el río y el cinturón histórico. Ya se ha pronunciado la propia vicepresidenta primera del Gobierno de que no es partidaria en absoluto.

Más allá de que a uno se les cobra o se les deje de cobrar, no se puede separar la Plaza de España, atomizarla, y hacerlo compatible con la actividad administrativa tan importante que se lleva a cabo por parte de la Administración General del Estado en este edificio. Por otro lado, dividirla, encapsularla y separarla de otro espacio que le es inherente, como es el parque María Luisa, es pervertir absolutamente la imagen y la idea que Anibal González tuvo en la configuración de la plaza. Ese abrazo a Iberoamérica se convertiría en una plaza cerrada previo pago de la entrada. Me parece que es vender la ciudad a trozos, como musealizarla.

¿Es partidario quizás mejor de una tasa turística, cuya implantación ha generado un debate interno en el seno del Partido Popular?

Es mucho mejor una tasa turística, que es lo que creo que realmente debiera de ser, porque los servicios públicos cuando hay mucha afluencia es verdad que desmerecen. Esto no va solamente de los empresarios turísticos, que también, pero hay más agentes que participan. ¿O es que los vecinos que sufren esa masiva afluencia de turistas no sufre el desgaste que a veces incluso le deja parte de la ciudad que ya no pueden visitar ni siquiera? Incluso la visita al propio patrimonio se hace complicada. Hay un desgaste generalizado. ¿Por qué no va a contribuir a esa afluencia de gente y se va a beneficiar la generalidad de la ciudad, que a su vez es también la que a través de sus impuestos mantiene un espacio que lo hace atractivo desde el punto de vista turístico? Yo creo que Sevilla, estoy convencido, no iba a perder ni un solo turista por la imposición de una tasa turística razonable.

No puedo dejar de preguntarle por una información de las últimas horas. Y es que el Partido Popular ha anunciado que va a solicitar su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.

Si me llaman acudiré encantado a clarificar con total transparencia cualquier cuestión que se me planteé y con la tranquilidad que da haber actuado siempre, desde que empecé en la gestión pública hace ya 25 años, con respeto absoluto a la Ley y al interés general.

Tras su publicación a finales del año pasado, la evaluación del desempeño de los empleados públicos ha entrado en vigor. Se introduce una nueva evaluación obligatoria del desempeño para todos los empleados de la Administración General del Estado con el fin de valorar la conducta profesional y medir el rendimiento del personal. ¿Es esta una medida correcta? ¿Es necesaria la evaluación de los funcionarios en general? Y en particular, ¿es necesaria la evaluación de los profesores de las universidades públicas, de los centros públicos de enseñanza primaria y secundaria? ¿Es necesaria la evaluación de los médicos de los hospitales públicos? ¿Es necesaria la evaluación de los jueces? Y así un largo conjunto de preguntas para cada uno de los sectores de la administración pública.

La respuesta a esta pregunta, como podemos imaginar, depende mucho en general de si se la hacemos a un ciudadano que ha sido atendido por un funcionario o al funcionario. Actualmente el discurso, muy necesario, en defensa del sistema público suele poner en el centro al funcionario, sus demandas y necesidades, cuando a quien tenemos que poner en el centro es al ciudadano. Es el ciudadano el objeto de la atención púbica y es responsabilidad de la Administración Pública conseguir el máximo beneficio para los ciudadanos. Lo que el Estado debe procurar es que el ciudadano reciba la mejor asistencia sanitaria, la mejor enseñanza universitaria, la mejora enseñanza primaria y secundaria, que disponga del mejor sistema judicial, etc.  La buena marcha de la Administración Pública se basa en la capacidad de sus trabajadores (que la demuestran al acceder a su puesto de trabajo) y en su mejora continua.

Toda administración moderna necesita una función pública profesional. De ella depende la calidad en los servicios públicos que recibimos, el cumplimiento de las normas que nos damos o la lucha contra la corrupción. Sin ella, es muy difícil el progreso económico y social de un país a medio y largo plazo. La falta de empleados públicos profesionales y dedicados lastra el desarrollo económico de buena parte de los países del mundo. Para conseguirlo, es necesario que sean elegidos conforme a sus méritos y capacidades. Pero, además, es igualmente imprescindible que no sean sólo defensores de sus intereses. Para eso, precisamente, debe servir la evaluación: para localizar debilidades y fortalezas, potenciando las segundas y corrigiendo las primeras.

Pero diseñar sistemas válidos y eficaces para realizar esta evaluación no es algo que se pueda improvisar. Además, la evaluación se ve generalmente con recelo porque, mal diseñada y en manos equivocadas, puede ser un instrumento para separar de su cargo a quienes estén distanciados, política o personalmente, de su evaluador. En otros casos se ve con recelo por parte del funcionario porque lo ve como un mecanismo de control sobre su trabajo y no como un mecanismo de mejora del servicio al ciudadano.

Las publicaciones de las universidades españolas han aumentado de forma muy importante desde los años 80 cuando se implantaron los sexenios

En el sistema público español tenemos un ejemplo de evaluación del que podemos aprender tanto en sus aspectos positivos como negativos: son los sexenios de investigación del sistema universitario. Este es un sistema que otorga cada seis años un sexenio de investigación a aquellos profesores universitarios que hayan conseguido un conjunto de publicaciones de calidad normalmente en revistas internacionales. Cada sexenio significa un incremento, pequeño, de la cantidad percibida mensualmente una acreditación de la carrera profesional: ascender a Profesor Titular o Catedrático, estar en tribunales de tesis doctorales, rebaja del número de horas de docencia, etc.

Claramente esta evaluación ha producido un resultado importante: las publicaciones de las universidades españolas han aumentado de forma muy importante desde los años 80 cuando se implantaron los sexenios. Por otra parte, no todos los profesores tienen todos los sexenios posibles. Solo un 50% tienen el número sexenios óptimos.

Incluso con el resultado en investigación obtenido esta evaluación guiada solo por los sexenios con la orientación actual tiene muchos aspectos negativos que están siendo criticados y que deberían ser mejorados: no se evalúa la docencia universitaria, no se evalúa la transferencia de tecnología entendida como aportación de conocimiento a la sociedad para impulsar su desarrollo económico, se evalúa poco la transferencia de conocimiento, la investigación que se incentiva tiene poca relevancia en muchos casos, etc. Algunos detalles sobre este debate se pueden encontrar en Contra la perversión del sistema de evaluación de la ciencia y en La necesaria reforma de la acreditación del profesorado universitario. Debido a estas necesidades de mejora la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha actualizado los principios y los criterios de evaluación de los sexenios de investigación.

Un incentivo no puede estar ligado solo al paso del tiempo como los trienios de los funcionarios. Eso, más que un incentivo, es simplemente una subida del salario

Hay otros aspectos que también habría que mejorar. Uno primero es que la evaluación es individual y eso está produciendo en muchos casos carreras profesionales individuales donde cada uno va a lo suyo sin primar la necesaria colaboración. Sería importante, como se hace en otros países, evaluar al departamento y al centro y que esta evaluación repercutiera de manera positiva o negativa sobre cada uno de sus miembros. Uno segundo sería el preguntarse si la sociedad (las empresas, las instituciones públicas, …) no deberían tomar parte de alguna manera en la evaluación. Esta pregunta tiene respuesta más clara en algunos sectores de la administración pública que en otros.

Pero, junto a estos aspectos mejorables o discutibles, podemos sacar algunas conclusiones positivas:

·        Una evaluación, aunque no perfecta porque eso es imposible, siempre es preferible a ninguna evaluación.

·        La evaluación debe ser llevada a cabo por una entidad externa y unos evaluadores, expertos en la materia, pero distantes del evaluado, ya sea individuo, departamento o centro.

·        La evaluación debe afectar a la carrera profesional del evaluado. No solo en términos económicos, también en los puestos que puede llegar a ocupar.

·        En una evaluación no puede resultar que todos los evaluados obtengan la evaluación óptima. Debe haber evaluaciones positivas y negativas y ambas en diferentes grados.

·        Un incentivo no puede estar ligado solo al paso del tiempo como los trienios de los funcionarios. Eso, más que un incentivo, es simplemente una subida del salario.

El profesorado de enseñanza primaria y secundaria debería evaluarse. Esta evaluación podría hacerse de manera individual, por departamentos, por centros, o de una manera mixta, pero debería impactar sobre la carrera profesional del funcionario

De este ejemplo de los sexenios universitarios hemos podido sacar algunas conclusiones que deberíamos aplicar a otros sectores de la administración.

Por ejemplo, el profesorado de enseñanza primaria y secundaria debería evaluarse. Esta evaluación podría hacerse de manera individual, por departamentos, por centros, o de una manera mixta, pero debería impactar sobre la carrera profesional del funcionario. Es decir, sobre sus percepciones económicas, sus posibilidades de traslado, sobre la posibilidad de ocupar determinados puestos, etc. Para que eso sea posible debería crearse a nivel autonómico una Agencia Andaluza para la Evaluación de la Calidad en Primaria y Secundaria y diseñar unos mecanismos de evaluación que aseguren que evaluadores y evaluados estén distantes entre sí. Una agencia similar ya ha existido en Andalucía no hace tantos años. Desde mi punto de vista los padres de los alumnos y posiblemente los compañeros del evaluado deben participar de alguna forma en la evaluación.

Ante esta propuesta la mayoría del profesorado se pone a la defensiva. Argumentan que la evaluación es imposible de hacer, que las zonas de Andalucía son muy desiguales, que eso introduciría competitividad entre el profesorado. En definitiva, según ellos, que no serviría para nada e introduciría mecanismos de control en el profesorado.

El ejemplo de los sexenios universitario dice todo lo contrario. Pero lo primero que debemos tener en cuenta es que objetivo queremos mejorar en las escuela e institutos.

Si queremos mantener la calidad del sistema público debemos acercarlo al ciudadano y hacerlo participar, de alguna forma, en las evaluaciones de los servicios públicos que están siendo pagados con sus impuestos

Además, hay otro tema crucial en la evaluación: si queremos mantener la calidad del sistema público debemos acercarlo al ciudadano y hacerlo participar, de alguna forma, en las evaluaciones de los servicios públicos que están siendo pagados con sus impuestos. No podemos dejar todas las decisiones en las manos de los funcionarios por una parte y por otra debemos comprender que una buena evaluación sirve para apoyar a los buenos profesores, que hay muchos y muy buenos, y dar un toque de atención a los que no son tan diligentes.

De manera similar está la evaluación de los médicos de hospitales públicos y de la atención primaria. En este caso sí existe alguna evaluación, pero muy ligada al ahorro económico en medicamentos y de manera muy tangencial a la investigación. La calidad de la sanidad pública es de gran interés para los ciudadanos: por aumento de las listas de espera, los días de espera para las citas en primaria, etc. Estos son fundamentalmente problemas de financiación, problemas de recursos públicos dedicados a la sanidad, pero, de nuevo como en el caso anterior, además de denunciar los problemas de financiación, debemos acercar la administración de la sanidad pública a los ciudadanos que son los que pagan los impuestos. Esto implica evaluar a los profesionales y departamentos sanitarios y para ello es necesario contar con alguna agencia autonómica que la lleve a cabo. Es muy importante que en esta evaluación no solo participen profesionales, también debe haber representantes de los pacientes y los ciudadanos en general.

Otro caso, pero no el último, es el caso de la justicia. Este es un caso que habría que dedicar más tiempo, pero, como servicio público que es, debería ser evaluado y en esta evaluación debe participar la sociedad de alguna manera. La evaluación de los funcionarios del sistema judicial y de los juzgados debe hacerse y no debe dejarse únicamente en las manos de los propios jueces.

En definitiva, debemos evaluar a los funcionarios y los servicios públicos en general para mejorarlos de acuerdo con objetivos fijados democráticamente, para que puedan rendir cuentas antes los usuarios y para acercar su gestión a la ciudadanía que los mantiene con sus impuestos. Debemos poner al ciudadano en el centro de los servicios públicos. No evaluar a los funcionarios es una forma más de abandono de los servicios públicos. Es lo que están haciendo los gobiernos del PP en las comunidades que gobiernan: primar la sanidad, enseñanza y universidades privadas, no dotar de la financiación suficiente a los servicios públicos y dentro de ellos no premiar a los empleados públicos más dedicados.

“Ahora fantaseamos con ser funcionarios”, apunta la periodista Beatriz Serrano en una reciente entrevista en elDiario.es sobre su último libro en el que habla de la difícil relación de los jóvenes con las estructuras del mercado de trabajo. Más allá de esta idea, los datos muestran que el sector público adolece de un problema generacional, pero no por la base de los jóvenes, sino por los de mayor edad. La reciente actualización de la base de datos de los trabajadores del sector público constata que en apenas cinco años se jubilará casi el 22% de las plantillas.

La llegada de población joven al sector público serviría de impulso para un sector ampliamente envejecido. El Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas es el referente de la Secretaría de Estado de Función Pública en cuanto al número de trabajadores que conforman el sector público en España. Esto incluye a funcionarios, personal laboral, interinos, trabajadores temporales, o en prácticas. Si bien, el detalle de edad se encuentra únicamente en los ministerios, organismos y entidades que conforman la Administración General del Estado.

En este sector son algo más de 200.000 trabajadores. De ellos, casi 43.600 trabajadores tienen más de 60 años, cerca de la edad de jubilación. Esto se traduce en que casi uno de cada cuatro trabajadores del sector público del Estado se encuentra próximo a su retiro, lo que hace más urgente un relevo generacional durante los próximos años. Hay menos trabajadores de menos de 40 que mayores de 60.

El problema generacional se hace más notable cuando se incluyen otros colectivos en este análisis. Si en lugar de a cinco años, la mirada se amplía a un horizonte de 15 años, la situación se agrava más. El grupo de trabajadores que tiene ahora más de 50 años y que, en ese plazo se prevé su jubilación, roza el 60% de toda la fuerza laboral del sector público estatal.

Si de este análisis se dejan fuera a los organismos, entes y empresas públicas, teniendo en cuenta únicamente el personal de los ministerios, el problema sigue persistiendo. Si bien el porcentaje decrece un poco, se mantiene por encima del 20% el número de trabajadores que se habrán jubilado de aquí a un lustro. La situación es especialmente llamativa en algunos departamentos como el de Defensa, donde el 36% del personal supera los 60 años. Le siguen, a distancia, otros ministerios como Inclusión, Transportes o Industria, todos ellos por encima del 24%.

El problema no es nuevo y el Gobierno es consciente. Desde hace años publica un informe anual en el que actualiza la evolución del envejecimiento de las plantillas de la Administración General del Estado. Buena parte de la culpa en este aumento del desfase generacional en el sector público se encuentra en los recortes que se produjeron durante la crisis de 2008 y que también afectaron a la Función Pública en España.

Durante aquellos años, el gobierno del PP restringió la publicación de ofertas de empleo público y estas no llegaban a cubrir siquiera la salida de personal jubilado. Según el último informe publicado por la Secretaría de Estado de Función Pública enfocado en el envejecimiento del funcionariado, entre 2014 y 2021 salieron casi 64.000 trabajadores. En ese periodo, apenas se incorporaron 32.000. Este recorte provocó una subida acelerada de la edad media de los empleados públicos entre 2013 y 2019, pasando de 48,95 años a 51,61. En los últimos años, con unas ofertas que ya iban más allá de cubrir las salidas por jubilación, la edad se ha reducido ligeramente a 51,3 años.

Esa sustitución de los trabajadores que se jubilan es lo que se conoce como tasa de reposición. Cada año, el Gobierno fija el porcentaje que se puede cubrir de las salidas de los de mayor edad. Durante los años de recortes, el porcentaje fue inferior al 100%, mientras que en los últimos años, se ha situado por encima. Es decir, se crean plazas más allá de las jubilaciones. Este porcentaje se utiliza como un mecanismo de control para evitar el sobredimensionamiento de la administración por parte de los distintos niveles. Sin embargo, todos los sindicatos coinciden en reivindicar el final de este porcentaje porque, según defienden, limita la creación de empleo en el sector público para cubrir problemas generados por la escasa reposición del pasado.

Organizaciones como UGT o Csif han planteado en los últimos días la gestión del envejecimiento de las plantillas como una de las cuestiones más urgentes que se debe abordar por parte de la secretaría de Estado de Función Pública, que recientemente ha cambiado de ministerio y de responsable, siendo ahora Clara Mapelli la encargada. Entre otras cuestiones, además de la eliminación de las tasas de reposición, plantean la necesidad de modernizar y hacer más atractivos los procesos de selección y de entrada al sector público.

Casi tres millones de trabajadores públicos

El Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas se actualizó la pasada semana tras meses sin renovarse. Los últimos datos publicados hacían referencia a julio de 2022 y se han incorporado los cambios hasta el mismo mes de 2023. Aunque con menor detalle, al no desgranar aspectos como la edad, el informe da datos sobre todas las administraciones públicas, incluyendo a las comunidades, ayuntamientos o cabildos. Todos estos colectivos rozaron al cierre de este informe los tres millones de empleados, incluyendo funcionarios, personal laboral, interinos o trabajadores temporales.

Esta cifra ha protagonizado distintas informaciones en los últimos días por el fuerte crecimiento respecto a un año antes. En concreto, la cifra absoluta se ha incrementado en más de 236.000 trabajadores en tan solo doce meses, una cifra que ha llamado la atención. Sin embargo, este crecimiento se debe a un nuevo modelo para contabilizar trabajadores públicos, que ha hecho aflorar a profesionales que hasta ahora no se contabilizaban. El departamento de Función Pública, ahora dependiente del Ministerio de Transformación Digital, ha comenzado a incluir al personal que está en formación y en prácticas en el sector público.

El mayor afloramiento de este tipo de puestos de trabajo en las estadísticas del sector público ha sido en el apartado de las administraciones autonómicas. Acumulan un incremento de un año a otro de 228.000 trabajadores. No en vano, son las comunidades las que suman el mayor cuerpo laboral de las administraciones en España. Son 1,8 millones de los 2,9 millones de trabajadores del sector público. Durante los últimos tiempos, la derecha ha acusado en varias ocasiones al Gobierno de maquillar datos de paro con la creación de puestos de trabajo en el sector público. Si bien, en un año solo se ha aumentado en 12.000 trabajadores el perímetro de la Administración General del Estado.

Nueva convocatoria de oposiciones con 1.095 plazas de funcionarios del Estado. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy dos convocatorias del Ministerio de Hacienda y Función Pública de oposiciones en los Cuerpos Superiores de la Administración General del Estado. En concreto, para el llamado Cuerpo TIC, de Sistemas y Tecnologías de la Información, y también para el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (CSACE).

La mayoría de plazas previstas corresponden al Cuerpo TIC, para el que se convocan 900 plazas, con 800 de turno libre y otras 100 de promoción interna. Las 195 restantes se destinan al CSACE, con una oferta de 155 puestos para turno libre y 40 para promoción interna.

En estas oposiciones se agrupan las plazas previstas en ambos Cuerpos dentro de las Ofertas de Empleo Público (OEP) de los años 2021 y 2022, explica el Ministerio que lidera María Jesús Montero, y pretenden avanzar en “la digitalización y la modernización” de la Administración Pública.

Esta nueva convocatoria llega unos días después de que el BOE publicara otra serie de procesos selectivos, 1.610 plazas, en este caso de personal laboral fijo a la Administración General del Estado. Las plazas se reparten por todo el territorio español y están divididas en hasta cinco grupos profesionales: puestos para sistemas de comunicaciones o informáticos, mantenimiento general, construcciones metálicas, proyectos de edificación o laboratorio clínico o biomédico.

Exámenes en varios territorios

Función Pública destaca que, “como ya ocurrió en los procesos selectivos correspondientes a las ofertas de empleo público de 2019 y 2020”, las pruebas establecidas para superar las oposiciones al Cuerpo TIC y al CSACE se realizarán de manera territorializada. “Se podrán establecer diferentes sedes en todo el territorio nacional para que los aspirantes puedan hacer los exámenes en un entorno geográfico cercano a su lugar de residencia”, explica el Ministerio en una nota.

Ambos procesos selectivos estarán compuestos por cuatro pruebas, “las cuales se prevé se completen en un máximo de un año desde la fecha del primer examen”. Función Pública apunta que las pruebas “se han reformulado para hacer más ágil” el proceso selectivo.

Por ejemplo, el Ministerio indica que en el Cuerpo TIC “se han combinado los casos prácticos en una sola prueba para dar mayor agilidad al proceso”.

“También se ha apostado por tener en cuenta la formación previa de los aspirantes en los exámenes de idiomas, presentes en ambos procesos, y para los que se ofrece la posibilidad de realizar una convalidación de un título que acredite esos conocimientos”, añade la nota explicativa.

Cómo son los exámenes

El Ministerio ofrece una breve información sobre cómo serán los exámenes de estos dos procesos selectivos. “La oposición del Cuerpo TIC se compondrá de un primer examen tipo Test de 130 preguntas, el segundo será un caso práctico con su correspondiente lectura y el tercero será el de idiomas”.

En el CSACE, “la primera prueba será de redacción de ejercicios de composición, la segunda será de idiomas, la tercera una prueba oral ante el tribunal y la cuarta la resolución de un caso práctico”, explica el Ministerio.

En cuanto a los temarios, “en ambos casos se han producido ligeras modificaciones basadas en las recomendaciones de las asociaciones profesionales que representan a empleadas y empleados públicos de ambos Cuerpos”, indica el Ministerio. En el caso TIC, la convocatoria establece un temario de 133 temas. Para el CSACE se han previsto 114 temas de materias comunes y 52 de especialidad, “teniendo que elegirse de estos últimos entre materias jurídicas, sociales, económicas o técnicas”.

Todo el detalle de ambas convocatorias se puede consultar en el BOE, accesible aquí para el Cuerpo TIC y en este enlace para el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (CSACE).

El Ministerio destaca que se suele tratar de procesos selectivos muy concurridos. “Tanto el Cuerpo TIC como el CSACE son dos de las especialidades más demandadas por los opositores”, informa en su nota, con un número de aspirantes que “suele multiplicar por 10 las plazas ofertadas”. Una vez finalizados los exámenes, “los niveles de cobertura de nuevas funcionarias y funcionarios públicos superan el 80%”.

CCOO Extremadura ha reclamado la creación de más de un millar de nuevos puestos de trabajo en la Administración General del Estado en la comunidad extremeña para mejorar la carencia de efectivos en distintos segmentos y recortar el tiempo de resolución de expedientes, ha explicado el secretario de Empleo del Sector de la Administración del Estado en este sindicato, Javier Martínez, durante una concentración convocada este martes por el sindicato frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz.

Con esta acción de protesta CCOO ha exigido mejoras en el actual anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, cuya plantilla cuenta con unos 3.500 trabajadores en la comunidad, según datos del pasado mes de junio. Esta cifra representa la cobertura de un 40 por ciento de las plazas fijadas para Extremadura, y aunque la creación de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) permitió lograr una mayor eficiencia en la atención y resolución de expedientes, la región requiere al menos un 30 por ciento más de empleados, ha asegurado Martínez.

Según el sindicato, en Extremadura preocupa especialmente la escasez de trabajadores en los centros de atención e información a los usuarios de la Seguridad Social o en las oficinas para la tramitación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte, entre otros.

Para Martínez, la nueva normativa debe mejorar en este sentido las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos para hacer más atractivo optar a la Administración del Estado, que se percibe como “más lejana” frente a la función pública autonómica y local.

Por este motivo, considera “fundamental” la negociación de la nueva norma, que debe garantizar “los derechos del personal público de la Administración del Estado”. Una ley que además redundaría en beneficio de la ciudadanía, de ahí que el CCOO realice estos actos de protesta en las comunidades autónomas para que los diputados en el Congreso y los senadores representantes de los distintos territorios “conozcan las reivindicaciones” antes de la tramitación parlamentaria de la norma, ha explicado.

El primer anteproyecto de ley ha sido ya aprobado en Consejo de Ministros, a falta de una segunda vuelta en este órgano para ratificarlo, lo que debería resolverse antes de mediados de marzo “para que entre en plazo la tramitación parlamentaria antes del final de esta legislatura”, ha expresado.

El Gobierno ha conseguido este martes asegurarse la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar los Presupuestos para 2023 al lograr el apoyo del PNV, Bildu y el PDeCAT. Un plan de gasto que incluye la necesidad de “acometer con urgencia la renovación tecnológica” de la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP), el portal oficial en el que se publican diariamente las licitaciones públicas y sus resultados de la práctica totalidad de instituciones públicas.

La Plataforma contiene todos los contratos adjudicados desde 2014, a los que se puede acceder de manera gratuita (al contrario de lo que ocurre con otras bases de datos oficiales, como el Registro Mercantil). También permite a las empresas presentarse de manera electrónica a los procesos de licitación, solicitar información o recibir notificaciones sobre cambios en los concursos. Sin embargo, con el paso de los años el portal se ha convertido en una auténtica pesadilla informática, denuncian tanto las empresas como los especialistas en transparencia.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública, responsable del portal, ha ido construyendo una gigantesca infraestructura sobre unos cimientos tecnológicos que no estaban pensados para sostener el actual volumen de publicaciones, consultas y comunicaciones. El resultado ha sido una Plataforma que puede llegar a tardar 45 segundos en responder a la búsqueda para un determinado expediente, ofreciendo resultados que varían en función de si se introducen tildes o no, presentando la información de manera que es casi imposible de consultar desde un teléfono móvil o con enlaces que se autodestruyen al cabo de dos minutos, lo que hace imposible hacer un índice de información para consultarlo con posterioridad o compartirla con terceros.

El Gobierno reconoce que la situación es insostenible. “Con la infraestructura tecnológica actual, será prácticamente imposible de afrontar manteniendo los niveles de disponibilidad y rendimiento que demandan los distintos tipos de usuarios de la PLACSP”, admite en el proyecto de Presupuestos para 2023.

El riesgo es que el sistema no pueda sostener el crecimiento exponencial que ha tenido en los últimos años. Si en 2018 se tramitaban 14.717 procedimientos electrónicos de contratación, en 2021 fueron 182.735. El número de organismos públicos registrados en el portal se ha duplicado en el mismo período, de 10.000 a 20.000. Los accesos a la Plataforma se han triplicado desde los 13 millones hasta los 39. Ya hay más de 200.000 empresas dadas de alta, los usuarios han pasado de 17.000 a más de 46.000.

Un proyecto a seis años vista

Pese a todo, la renovación no se acometerá de golpe. “Considerando la amplitud de servicios que ofrece la PLACSP a sus usuarios y teniendo en cuenta que se debe considerar el tiempo empleado en la tramitación de los distintos expedientes de contratación para la ejecución de la modernización, se plantea un horizonte de 4-6 años para una renovación completa”, detallan fuentes del Ministerio de Hacienda a elDiario.es.

El departamento que dirige María Jesús Montero rechaza revelar el presupuesto que tendrá la renovación por el mismo motivo. “Se trata de una actuación, como se ha advertido, plurianual, por lo que no se puede comprometer en estos momentos una cifra concreta. Sí se puede adelantar que se tratará de un importe que permita realizar la modernización con plenas garantías, y de manera eficiente, al evitar que los órganos de contratación de las distintas administraciones tengan que adquirir o desarrollar, por ejemplo, sus propios sistemas de licitación electrónica”, aseguran.

Actualmente el mantenimiento de la Plataforma cuesta a las arcas públicas tres millones de euros cada dos años. El contratista tradicional que realiza el servicio es una subsidiaria de IBM.

Transparencia

A pesar de que una de las misiones de la Plataforma de Contratación es hacer más transparentes los procesos de licitación pública y permitir el acceso online a la documentación de las administraciones, la vetusta infraestructura técnica del portal termina provocando todo lo contrario. “Es objetivamente ineficiente y frustrante para funcionarios, empresas y ciudadanía por igual”, ha denunciado Jaime Gómez-Obregón, hacker ético especializado en la transparencia del sector público.

“¿Cuántas horas al año perdemos, como país, por un portal ineficiente que está mal diseñado? ¿Cuál es el sobrecoste derivado de tener un servicio público digital masivamente utilizado como la PLCSP en estas lamentables condiciones?”, se preguntaba este ingeniero en una de sus publicaciones al respecto. En uno de sus análisis sobre la PLACSP, Gómez-Obregón detectó que esta podía tardar más de 45 segundos en resolver una búsqueda de información que el portal británico de contratación pública podía satisfacer en 7 segundos.

“La realidad es que las plataformas de licitaciones públicas, por el lógico carácter garantista que tiene el sector público, pueden llegar a ser muy farragosas de usar para las personas no habituadas a este tipo de procedimientos”, explica Víctor Calvo-Sotelo, director general de DigitalES, la patronal española de empresas tecnológicas. Por ello, pide al Gobierno que la “formación a usuarios institucionales y empresariales” sea “igualmente prioritaria” en el proyecto.

“Experiencias como la del programa de ayudas del Kit Digital demuestran que es posible simplificar y acercar la licitación pública a las pequeñas y medianas empresas, manteniendo todas las garantías”, añade.

Desde el Ministerio de Hacienda recalcan que mejorar el acceso a la información será uno de los principales objetivos de la renovación, así como que se contará con la opinión de expertos en este área. “Se realizarán consultas preliminares y procedimientos de contratación pública. En cuanto a datos abiertos, se actualizan periódicamente considerando las peticiones de diversos organismos expertos en transparencia y Gobierno Abierto”, afirman.

“La transformación de la PLACSP se está proyectando considerando paradigmas tecnológicos de arquitectura de software de actualidad, como los microservicios. También se ha previsto el empleo de consultas preliminares del mercado para obtener información de empresas expertas sobre el diseño de determinadas funcionalidades y/o servicios”, añaden las mismas fuentes.

El Gobierno ha presentado este miércoles la aplicación móvil de “Mi Carpeta Ciudadana”, un servicio con el que espera facilitar a los ciudadanos la gestión de trámites con las administraciones públicas. Desde la app, que ya se puede descargar en su versión beta, se puede consultar las citas previas con diferentes instituciones, el estado de los expedientes, descargar justificantes y certificados o recibir alertas.

La próxima caducidad del DNI o pasaporte, del carnet de conducir o la ITV de los vehículos a su nombre son ejemplos de esas notificaciones que puede mandar la app. El sistema es configurable, permitiendo al usuario seleccionar sus servicios más utilizados y acceder a ellos de manera directa.

Uno de los objetivos principales de la app es el de facilitar al ciudadano el acceso a la información. Entre los datos que se pueden consultar, según el desglose del Gobierno, están los de ámbito educativo (titulaciones universitarias y no universitarias, condición de becario o matrículas universitarias); Vivienda (bienes inmuebles y datos del padrón); Salud y Asuntos Sociales (grado y nivel de discapacidad y acceso a la solicitud del certificado COVID); Situación personal y familiar (título de familia numerosa, inexistencia de antecedentes penales o inexistencia de antecedentes por delitos de naturaleza sexual,); Trabajo y Jubilación (demanda de empleo y prestaciones, y acceso a la vida laboral); y Vehículos y transporte (datos del conductor y saldo de puntos y datos del vehículo).

Los servicios de “Mi Carpeta Ciudadana” implican a varias comunidades autónomas. El Gobierno está trabajando con ellas para integrar sus sistemas de consulta de datos y de notificaciones electrónicas, ya que 10 autonomías aún tienen procesos que no están conectados con la app.

“Mi Carpeta Ciudadana” era un servicio que hasta ahora solo estaba disponible en versión web. Con su aplicación móvil, el Ejecutivo pretende facilitar su uso a la población adaptándolo al dispositivo más usado para conectarse a Internet en España: “Creemos que los ciudadanos prefieren tener los servicios concentrados en un solo lugar”.

“Es un proyecto piloto, en fase de pruebas, pero que ya cuenta con numerosos servicios disponibles. La idea es ir incorporando más en los próximos meses”, ha explicado Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuyo departamento ha liderado el desarrollo.

“Queremos aportar sencillez en la relación con los ciudadanos, proximidad y utilizar nuevas tecnologías para desarrollar un nuevo modelo de relación con las administraciones públicas”, ha añadido la rueda de prensa en la que se ha presentado la app.

Identificación por videollamada

Una de las nuevas tecnologías que incorpora la app es la posibilidad de realizar el proceso de identificación por videollamada. Al entrar en la app, se podrá seleccionar este método para autentificarse, en el que el ciudadano se conectará con un operador que verificará sus datos y le dará acceso al sistema.

Esta opción está pensada para las personas que prefieran no identificarse de manera presencial o tengan dificultades con el resto de métodos de identificación online para servicios públicos, como el sistema Clave PIN, el de Clave Permanente, el Certificado Electrónico o mediante DNI electrónico.

El Gobierno ha presentado también a “Ada”, un asistente conversacional capaz de interpretar las dudas del ciudadano y orientarlo hasta el apartado donde se encuentre el trámite que está buscando. Por el momento solo está disponible en el portal web de “Mi Carpeta Ciudadana”, pero Artigas ha adelantado que se integrará en la app en los próximos meses.

Los asistentes conversacionales como “Ada”, desarrollados con inteligencia artificial, pueden mejorar a medida que tienen más datos sobre las consultas que se les plantean y la efectividad que tienen sus sugerencias. Artigas ha adelantado que el objetivo es que “Ada” también sea capaz de ello.

En fase de pruebas

La app de “Mi Carpeta Ciudadana” estará en fase de pruebas hasta finales de este año o principios de 2023. La hoja de ruta del Gobierno plantea que en el primer semestre del año que viene se añada la posibilidad de iniciar trámites desde la propia app, como solicitud de citas con las diferentes administraciones. A lo largo del año también se añadirán servicios proporcionados por administraciones locales.

Durante esta fase la app contará con un formulario para que cualquier ciudadano u organización envíe comentarios o señale aspectos a mejorar en el sistema. Desde la Secretaría de Estado de Digitalización se anima a los usuarios a utilizarlo también para señalar los servicios que echen en falta, de modo que se pueda priorizar aquellos que sean más reclamados para añadirlos en las primeras etapas.

El presupuesto de la fase beta del proyecto son 750.000 euros. Fuentes del equipo de Artigas han explicado a este medio que esa cifra no solo incluye la parte visible de la app, sino también todos los cambios internos que han sido necesarios para integrar en una sola plataforma los servicios que antes se encontraban dispersos en varios portales. El importe proviene de los fondos europeos de recuperación.

Las mismas fuentes han descartado hacer una previsión de descargas de la nueva app, puesto que el objetivo es que “la relación con el ciudadano se multicanal”: “que se pueda elegir qué canal le conviene más para realizar los diferentes trámites. Habrá algunos que preferirán hacerlo vía web y otros que se decanten por la app”, exponen.

El 12 de mayo de 2017 se produjo la infección mundial de WannaCry. Un ataque informático de una escala nunca antes vista tumbó los sistemas de instituciones públicas, hospitales, medios de transporte y todo tipo de empresas de 180 países. El episodio marcaría la concepción de la ciberseguridad a partir de entonces, algo que Mariano Rajoy aún no podía intuir cuando dos semanas después anunció la creación de un “Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado” ante una pregunta parlamentaria sobre cómo pensaba responder su Gobierno a nuevas amenazas como WannaCry.

Ese Centro de Operaciones de Ciberseguridad o SOC, como se conocen este tipo de instalaciones entre los especialistas, tenía la misión de concentrar en un solo punto de control los recursos de ciberseguridad del Estado. La idea es que incluso una ofensiva contra un pequeño ayuntamiento pudiera ser contrarrestada con todas las herramientas tecnológicas de las que dispone el sector público, vigilando su evolución, impidiendo posibles contagios a otras redes y compartiendo la información con los organismos de ciberseguridad que apoyan a las empresas privadas.

Casi cinco años después del anuncio de Rajoy, el SOC de la Administración General del Estado aún no se ha puesto en marcha y no lo hará, al menos, hasta 2023. Por el momento ni siquiera está definido dónde se ubicará.

De alerta en alerta

La realidad es que Rajoy no ideó el nuevo organismo de ciberseguridad como respuesta a la crisis de WannaCry, sino que recuperó una idea antigua. El SOC de las administraciones públicas ya apareció reflejado en un acuerdo de 2015 entre el Centro Criptológico Nacional (CCN, responsable de la ciberseguridad de las infraestructuras públicas) y el Ministerio de Política Territorial. Pero tras rescatarlo como una medida de urgencia que exponer en el Congreso, Rajoy no se dio demasiada prisa por ponerlo en marcha. Hasta el punto de que su creación ni siquiera había sido aprobada un año después, cuando la moción de censura lo sacó de la presidencia del Gobierno.

Por el camino, en diciembre de 2017, Soraya Sáenz de Santamaría, entonces vicepresidenta y ministra de Administraciones Territoriales, había vuelto a confirmar en un evento ante 1.700 expertos en ciberseguridad que su Ejecutivo veía “prioritario” poner en marcha el SOC en 2018 ante el “incesante incremento de los ciberataques que también sufren las entidades del sector público”, como recogió un documento preparado por la Secretaría de Estado de Administración Digital.

La aprobación definitiva del SOC no llegaría hasta febrero de 2019, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto ya con Pedro Sánchez como presidente. “Los servicios electrónicos, que se han convertido en el centro de la tramitación administrativa y son obligatorios para las empresas y usados de manera creciente por los ciudadanos, carecen en la actualidad de una protección necesaria capaz de mitigar las crecientes amenazas procedentes del exterior”, reflejaba la referencia del Consejo de Ministros.

Pero entonces la actualidad se llevó por delante todos los planes para el nuevo organismo. Pedro Sánchez convocó elecciones, se presentó a la investidura de la mano de Ciudadanos (recordando en su discurso ante el Pleno del Congreso su compromiso de crear un “poner en marcha el Centro de Operaciones de Ciberseguridad”) pero no logró los apoyos necesarios. Repetición electoral, negociación e investidura del gobierno de coalición y pandemia de coronavirus se sucedieron en pocos meses.

El SOC quedó congelado hasta la primavera de 2021, cuando una grave campaña de ciberataques afectó a numerosas instituciones del sector público. El SEPE y el Ministerio de Trabajo sufrieron infecciones de ransomware que paralizaron su trabajo durante semanas. Los sistemas de los ministerios de Asuntos Económicos, de Industria y de Educación, así como el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Seguridad Nuclear y varios ayuntamientos también se vieron afectados por ataques de diversa gravedad. El Gobierno planteó un “plan de choque” para frenarlos y presentó de nuevo al SOC como respuesta a la crisis.

“El Centro de Operación de Ciberseguridad de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos (COCS) reforzará las capacidades de vigilancia, prevención, protección, detección, respuesta ante incidentes de ciberseguridad, asesoramiento y apoyo a la gestión de la ciberseguridad de un modo centralizado, mediante el correspondiente catálogo de servicios, que mediante optimización y economías de escala permita una mejor eficacia y eficiencia, con los ahorros de dinero, esfuerzo y tiempo derivados”, recogió la referencia del Consejo de Ministros del 25 de mayo de 2021.

Por el procedimiento de urgencia

La licitación definitiva no se produjo hasta ocho meses después. En febrero de este año, la Secretaría General de Administración Digital, dependiente de Asuntos Económicos, adjudicó su construcción a una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Telefónica e Indra. El contrató es por 46 millones de euros que saldrán de los fondos europeos, se adjudicó sin concurso y por el procedimiento de urgencia. El pliego refleja que no estará operativo hasta 2023.

Pese a todo, al SOC, ahora renombrado a COCS, aún le quedaba otra aparición como medida de urgencia ante ciberataques. En el Consejo de Ministros de esta semana, la vicepresidenta Nadia Calviño detalló el Plan de Respuesta a la guerra de Ucrania anunciado por Sánchez el lunes, en el que una de las medidas es la “aceleración” de la puesta en marcha del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de las administraciones públicas.

elDiario.es se ha puesto en contacto con la UTE de Telefónica e Indra para preguntar por la posibilidad de adelantar plazos para la ejecución del COCS, pero han rechazado hacer ningún comentario. Fuentes de la Secretaría General de Administración Digital explican a este medio que los planes siguen siendo los mismos: “La inversión de construcción e implantación se desarrollará en los años 2022 y 2023”.

El Gobierno espera que el COCS sirva para proteger la nube de los servicios públicos y sus servicios de comunicaciones, así como para mejorar el “intercambio de información de ciberincidentes”. “Se trata de una infraestructura dotada de hardware, software y servicios alojada en los centros de proceso de datos de la Secretaría General de Administración Digital integrada con las demás infraestructuras que permiten a dicha Secretaría la prestación de los servicios que ofrece”, prosiguen las mismas fuentes.

Desde la Secretaría General de Administración Digital no han contestado, no obstante, a la pregunta sobre por qué se terminó empleando el procedimiento de urgencia para ejecutar un centro cuya construcción estaba planteada desde hace años.

Si hubiera estado activo

¿Qué habría pasado si el COCS hubiera sido instalado lanzado en 2017 y construido en 2018, como planteó originalmente Rajoy? “Seguramente incidentes como el del SEPE se podrían haber mitigado mucho mejor”, contesta Miguel López, director general de la firma de ciberseguridad Barracuda Networks.

“Desde luego es bueno que se haya llevado a cabo, pero no deja de ser una lástima que no se haya podido hacer bastante antes”, continúa el experto, que destaca que los 46 millones que el Gobierno ha dedicado para ello “lo colocan como una de las mayores iniciativas de ciberseguridad del Estado”. Si están bien empleados o no, es algo que habrá que juzgar cuando se ponga en marcha y se puedan evaluar sus capacidades, destaca López.

“Telefónica e Indra son dos empresas que cuentan con todos los recursos y capacidades necesarias para llevar a cabo esta adjudicación. Pero hay más compañías que cuentan con esas capacidades. Teniendo en cuenta el tiempo que se lleva hablando de esto, lo ideal probablemente habría sido sacar un procedimiento más pausado y con mayores garantías”, concluye.

El Ministerio de Función Pública pretende aumentar la presencialidad de los empleados públicos del Estado y reducir el teletrabajo a un día por semana a partir del 1 de octubre, han informado este miércoles los sindicatos CSIF y UGT. Ambas organizaciones de trabajadores han rechazado la propuesta del Gobierno, plasmada ya en una resolución, según indican. Los sindicatos piden al Ejecutivo que respete el acuerdo suscrito en abril con el anterior ministro de Función Pública, Miquel Iceta, que permitía el teletrabajo durante tres días a la semana.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha sido la primera en denunciar este miércoles los planes del Ministerio. “El Gobierno ha decidido retomar el trabajo presencial de los empleados/as públicos en la Administración General del Estado ante la evolución de la epidemia y restringirá el trabajo en modalidad telemática como máximo a un día de la semana (un 20% de la jornada)”, ha advertido.

La medida entrará en vigor el próximo 1 de octubre, anuncia el sindicato, con una resolución que “sustituye a la anterior que permitía hasta 4 días en modalidad no presencial”. CSIF ha anunciado que no ha firmado la resolución, al igual que ha comunicado unas horas más tarde UGT.

“Desconcierto” ante el cambio

“El sindicato ha pedido al Ministerio Hacienda y Función Pública que aplique el acuerdo firmado el pasado mes de abril entre el anterior ministro de Función Pública y los sindicatos, que permitía un teletrabajar tres días a la semana”, ha difundido UGT. El sindicato ha mostrado su “desconcierto” ante la actitud de la Administración, “que cambia constantemente de criterio, llegando incluso a plantear su intención de hacer desaparecer la modalidad no presencial de prestación de servicio”.

Los dos sindicatos han denunciado además la “demora” en llevar a un real decreto el acuerdo sobre teletrabajo que los representantes de los trabajadores públicos alcanzaron en abril con el ministro Iceta.

CSIF añade que la resolución adoptada por Función Pública sólo introduce, como excepciones, que se pueda desarrollar el 100% de la jornada en la modalidad telemática en los casos de personas con cáncer o inmunodeficiencia; por motivos de cuarentena; en zonas en las que se produzca un repunte o nuevas olas del Covid, y en el personal en el Exterior en determinadas circunstancias.

Fuentes de los sindicatos apuntan que ninguno de las tres grandes organizaciones de empleados públicos (CCOO, UGT y CSIF) han respaldado la resolución de Función Pública y advierten de que, si el Gobierno pretende aplicarla, lo hará sin acuerdo.