El sacerdote jesuita José Antonio García Quintana, que ejerció como capellán de la cárcel de Asturias entre los años 2015 y 2024, está siendo investigado por una denuncia de presuntos abusos a un menor. Al parecer, los hechos habrían ocurrido entre los años 2000 y 2010 en Alicante y Zaragoza.

García Quintana nació en Venezuela el 2 de julio de 1962, ingresó en la Compañía de Jesús el 23 de septiembre de 1982 y fue ordenado sacerdote el 1 de julio de 1995.

Profesor y entrenador de fútbol

Llegó a Asturias en 2007 y, ocho años después, el arzobispo de Oviedo Jesús Sanz Montes y el que, por aquel entonces, era obispo auxiliar, Juan Antonio Menéndez, le propusieron que se hiciera cargo de la Delegación Episcopal de Pastoral Penitenciaria en la Archidiócesis de Oviedo y de la capellanía del Centro Penitenciario de Asturias.

García Quintana formó parte de la comunidad jesuita del Natahoyo, en Gijón, y estuvo vinculado al colegio de la Inmaculada de la villa de Jovellanos como sacerdote y párroco. También fue profesor y entrenador de fútbol.

Compromiso con la institución

En el año 2020, fue reconocido con la Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario, que concede la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

La propuesta de condecoración fue emitida desde la prisión asturiana que, entre sus méritos, destacó “su labor asistencial y compromiso personal con los fines de la institución, su excelente disposición y eficaz gestión de coordinación de los voluntarios del Centro Penitenciario de Asturias”.

El reconocimiento se entregó en la sala de juntas del centro penitenciario asturiano, con motivo del día de la Virgen de la Merced, patrona de la institución, en un acto sencillo y privado a causa de la pandemia.

Sorpresa ante la denuncia

Posteriormente, la Conferencia Episcopal Española decidió poner al frente del Departamento de Pastoral Penitenciaria a José Antonio García Quintana en 2024 durante su Asamblea Plenaria.

La Compañía de Jesús ha trasladado los hechos denunciados a la Fiscalía y a la Conferencia Episcopal, según recogía ayer la Rtpa.

La denuncia que se ha interpuesto contra él por abusos a un menor ha sorprendido tanto en el Arzobispado de Oviedo como en medios penitenciarios, donde el sacerdote jesuita había colaborado con los sectores más desfavorecidos de lo que él mismo llamaba “el mundo social”.

En una histórica sentencia, la justicia boliviana condenó a un año de prisión a los jesuitas españoles Ramón Alaix y Marcos Recolons, por encubrir durante décadas los abusos sexuales perpetrados contra niños y adolescentes por el sacerdote también español Alfonso Pedrajas, apodado 'Pica', ya fallecido.

La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) celebró la condena por su carácter histórico, al tratarse del primer proceso judicial en Bolivia que responsabiliza a altos cargos de una orden católica de encubrir sistemáticamente los abusos de sus sacerdotes, sin sancionar a los implicados ni denunciarlos a las autoridades civiles.

La demanda penal fue interpuesta por 18 supervivientes, en su mayoría exestudiantes del colegio Juan XXIII, con sede en Cochabamba, a quienes Pedrajas, fallecido en 2009 de cáncer, violó y abusó impunemente mientras era su maestro.

El jesuita Pedrajas confesó en un diario personal que abusó de más de 80 menores de edad durante sus años de servicio en colegios y otros proyectos sociales de la Compañía de Jesús en Bolivia, durante la segunda mitad del siglo XX. 

Las confesiones de Pedrajas fueron develadas en un extenso reportaje publicado por el periódico español El País, el 30 de abril de 2023. Su relato crudo provocó un remezón en la Compañía de Jesús, la Iglesia católica boliviana, el Estado boliviano y la sociedad en su conjunto.

El dictamen fue celebrado por supervivientes de los abusos sexuales, que salieron del salón de audiencias número 8 del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba para romper en llanto y estrecharse en prolongados abrazos. Fue el punto culminante de un proceso judicial que comenzó el año pasado, pero que solo comenzó a correr el 16 de julio con las audiencias ante el juzgado designado. 

Pedro Lima, uno de los supervivientes de los abusos, dijo estar a la vez triste y feliz por el fin del proceso, feliz porque la justicia boliviana reconoció la complicidad de los provinciales jesuitas en los abusos cometidos por Pedrajas, y triste por haber recapitulado el horror de los vejámenes sufridos cuando estudiaban.

A su turno, Wilder Flores, presidente de la CBS, anticipó que la sentencia servirá para poner en marcha nuevos procesos contra otros exprovinciales de los jesuitas en Bolivia, a quienes también acusan de haber socapado los abusos de ‘Pica’ y de otros sacerdotes de su orden.

Alaix y Recolons, ambos octogenarios, escucharon la sentencia de Samuel Vargas, juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres No 4, de Cochabamba (centro), mediante videoconferencia. Justificaron su ausencia en la audiencia por su avanzada edad.

El juez Vargas explicó, al momento de leer su resolución, que la sentencia condenatoria obedeció a que la “prueba producida en el juicio (fue) suficiente para que este tribunal adquiera la plena convicción de su responsabilidad, imponiéndoles consecuentemente la prueba de un año de privación de libertad que debe cumplir en el centro penitenciario San Sebastián de Cochabamba”. 

Por tratarse de una pena relativamente menor, la justicia boliviana abre la posibilidad de que la condena no sea cumplida en la cárcel. Esta posibilidad se sustenta también en el hecho de que Alaix y Recolons tienen una edad muy avanzada para ser recluidos en una prisión común. 

La defensa de los dos jesuitas condenados aún puede apelar la sentencia en los siguientes días.  

El Pleno del Ayuntamiento de Gijón/Xixón ha rechazado eliminar o resignificar la fachada del Colegio de la Inmaculada, propiedad de la Compañía de Jesús, en la que se erige un monumento fascista levantado en 1958 en honor a los denominados por el franquismo como los 'Héroes de Simancas'.

Fue precisamente ése el lugar elegido por un grupo de personas el pasado 28 de junio, para organizar una manifestación fascista, a plena luz del día, en la que se cantó el Cara al Sol, mientras levantaban el brazo y proferían 'vivas' al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, ante la perplejidad de quienes pasaban en aquel momento por esa vía gijonesa.

Hacía muchos años que en Gijón no se producía semejante acto de exaltación del franquismo y, pese a que la fachada del citado colegio ya había sido motivo de consulta en otras ocasiones por posibles incumplimientos de las leyes de memoria democrática, fue precisamente este último acto el que desencadenó en primer lugar, la petición de la Federación Memoria y República, publicada el pasado 27 de julio por elDiario.es Asturias, y posteriormente, la iniciativa plenaria presentada conjuntamente por Izquierda Unida y Podemos.

Las dos formaciones políticas de la bancada de la izquierda solicitaban en su proposición plenaria que el Pleno del Ayuntamiento de Xixón condenara el acto de exaltación franquista del pasado 28 de junio y mostrara su compromiso con la promoción de la verdad, la justicia, la reparación en torno a las que se articulan las leyes de memoria democrática en nuestro país.

Asimismo pedían al gobierno local que mantuviese la correcta conservación de los lugares, monumentos, placas y demás elementos de la memoria democrática del concejo, y que realizase una labor divulgativa para su conocimiento y difusión.

Pero también instaban al gobierno local a que iniciara el procedimiento dispuesto en el artículo 48 de la Ley 1/2019 para la Recuperación de la Memoria Democrática en el Principado de Asturias, con el objeto de proceder a la retirada del símbolo franquista.

Y fue precisamente este punto de la proposición el que generó mayor controversia entre los grupos políticos que pusieron sobre la mesa, dentro de sus argumentarios, si las competencias para acometer esta resignificación eran locales o regionales, e incluso, si la citada fachada estaba o no protegida de manera integral por el Catálogo Urbanístico de la ciudad.

La ultraderecha aseguró desde el inicio de su intervención que en la propuesta de las dos formaciones de la izquierda “no hay recorrido” y que su exposición de motivos “da miedo”. Reivindicó la exaltación del franquismo como un acto de libertad de expresión recogido en la Constitución y tildó de “ridiculez” la petición de retirada del monumento franquista pues “la concordia y la no venganza son la única salida racional”, concluía la concejala y diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco.

En nombre del gobierno municipal, la concejal de Cultura, Montserrat López (Foro), manifestó “pleno respeto” a las leyes de memoria democrática y condenó lo sucedido frente al Colegio de la inmaculada a finales del mes de junio, sin embargo solicitó la votación por puntos (la proposición presentada constaba de tres), alegando que las competencias en este tipo de actuaciones son regionales y que, tas consultar con instancias autonómicas, el gobierno local concluyó que no era labor municipal iniciar esta actuación.

La propia alcaldesa, Carmen Moriyón, utilizó también su turno de palabra para explicar que “esta consulta” ya la había realizado ella en su anterior etapa como regidora de la ciudad para asegurarse de que en Gijón “no estábamos incumpliendo nada”.

Tras la negativa de los grupos proponentes a la división por puntos a la hora de votar, tanto Foro como PP, aunque este último no intervino, manifestaron su voto en contra a resignifica el antiguo Cuartel del Simancas. Mientras el PSOE mostraba también sus dudas respecto a la competencia en esta actuación, pedía la aplicación del artículo 48 de la Ley autonómica y “que la ley decida”, explicaba la concejala Carmen Eva Pérez Ordieres.

Y precisamente este artículo recoge que “las Entidades Locales, en el ejercicio de sus competencias y de conformidad con lo establecido en el apartado primero, adoptarán las medidas necesarias para proceder a la retirada o eliminación de los elementos contrarios a la memoria democrática, sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas, sus familiares o las entidades memorialistas puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y la dignidad”.

Una iniciativa que no va contra nadie. Va de justicia, de compromiso democrático y de dignificar la memoria de quienes lucharon por la democracia

Desde Podemos afeaban al gobierno que “para un hotel de cinco estrellas tocan el Catálogo Urbanístico sin problema” y le recordaban que, aún así, la protección de la fachada del colegio es “parcial”, no “integral”. Así, la concejala Olaya Suárez aseguraba que “están en contra de exaltaciones fascistas, per dejan ahí el monumento para que vuelvan a producirse”.

El portavoz de Izquierda Unida finalizaba su intervención remarcando que “esta iniciativa no va contra nadie”, es una iniciativa que va de “justicia, compromiso y de saldar una deuda con quienes lucharon por la democracia”, destacó. También se refirió a quienes ideológicamente están en contra de iniciativas como ésta para instarles a que se limiten a cumplir la ley.

“Un símbolo franquista que debe ser retirado de inmediato”

Desde la Federación Asturiana Memoria y República, cuyo presidente, Rafael Velasco, intervino en el pleno, aseguran que “un símbolo de exaltación franquista como éste, debe ser retirado de inmediato” pues incumple la Ley de Memoria Democrática.

Para ello, además de al Ayuntamiento de Gijón, han enviado también un escrito a la Dirección General de Memoria Democrática de Asturias, en el que piden, además, que se ejerzan las facultades sancionadoras correspondientes contra quienes se nieguen a retirar esta simbología.

Desde Famyr ven con preocupación que este monumento continúe expuesto, no solo por el incumplimiento legal que supone, sino por el daño que con ello se infringe a las víctimas del franquismo y a sus familiares.

La historia del antiguo Cuartel del Simancas

Construido a finales del siglo XIX, el colegio de los Jesuitas, perteneciente a la Compañía de Jesús, fue un centro de educación Primaria y Secundaria de Gijón, donde cursó sus estudios alumnado procedente de Asturias y también del resto de España.

En 1932, con la llegada de la Segunda República, se instala en las dependencias del antiguo colegio el Instituto Jovellanos, centro público de educación y, tras la Revolución de 1934, estas mismas dependencias se conviertan en cárcel, para posteriormente alojar, ya como cuartel, al regimiento 'Simancas', situación en la que se encontraba al comenzar la Guerra Civil.

Tras el golpe de Estado de 1936, los militares del Cuartel del Simancas apoyaron a los golpistas, colocándose del lado de los sublevados y secundando de esta forma el golpe contra el gobierno de la República. El propio dictador visitó las ruinas, al término de la guerra, y concedió al colegio la Cruz Laureada de San Fernando, la máxima condecoración militar española, que aparece a día de hoy en el escudo del colegio.

El monumento a los llamados 'Héroes del Simancas' fue levantado en 1958, tras la reconstrucción del edificio iniciada en 1942, una vez que la Compañía de Jesús ya había recuperado su propiedad. Obra del escultor Manuel Álvarez Laviada, constituye un enaltecimiento de los militares que se sublevaron contra la República y secundaron, por tanto, el golpe de Estado del 18 de julio de 1936.

Los Jesuitas de Catalunya han registrado un total de 145 denuncias por abusos sexuales a menores desde 1948 por parte de 44 agresores. Hasta 29 de estos presuntos agresores eran religiosos y 15 laicos, aunque en la mayoría de casos no hay recorrido penal por prescripción del delito o la muerte del autor.

La Compañía ha admitido que una “cultura del silencio” permitió que los casos se fueran sucediendo en el seno de la organización sin consecuencias para los agresores.

“La cultura del silencio fue predominante”, ha reconocido Pau Vidal, portavoz de la orden religiosa en Catalunya. “El prestigio, la autoridad, el silencio y el tabú fueron parte de la cultura de la organización”, ha añadido.

En una rueda de prensa celebrada este jueves en Barcelona para presentar un informe sobre violencia sexual en la Compañía, que ha contado con la colaboración del bufete de abogados Roca Junyent, Vidal también ha hecho público el nombre completo de 14 agresores sexuales.

También han participado en el acto el abogado y presidente ejecutivo del bufete Roca Junyent, Joan Roca, la letrada y especialista en mediación y resolución de conflictos, Irma Rognoni, la psicóloga y representante de la Fundación Vicki Bernadet, Pilar Polo, y el Superior Provincial de los Jesuitas en Catalunya, Enric Puiggròs.

“Reconocemos que la situación falló y no protegimos a los menores, no escuchamos a las víctimas, los mecanismos no existían, y si existían, no actuaron”, ha lamentado Vidal, quien ha asegurado que llevarán ante la Fiscalía seis casos que aún no han prescrito.

Del total de 145 casos por violencia sexual que los Jesuitas tienen contabilizados, en 91 de ellos la orden religiosa cuenta con algún dato que les permite tener información sobre quiénes son los agredidos, mientras que en el resto se trata de denuncias anónimas.

Sobre los casos anónimos, han detallado que se trata de personas que han dado a conocer su testimonio en los medios de comunicación sin identificarse o comunicaciones que les han llegado a la Compañía a través de los canales abiertos, pero en los que no se desveló su identidad.

Además, han dado a conocer el nombre completo de 14 jesuitas, condenados o con indicios claros de agresión sexual a menores: Albert Tarés, Lluís To, Amando Ardid, Antonio Moré, Pere Sala, Robert Pasqual, Francesc Peris, Antoni Roigé, Francesc Roma, José Soler, Emilio Benedetti, José Boter, José Climent y Eudald García.

“¿Por qué estos 14? Porque son casos en los que ha habido algún caso judicial, ordinario o canónico, y son casos que tenemos suficiente evidencia de que podría haber más víctimas”, ha manifestado Vidal.

El delegado de la Compañía ha añadido que también han hecho públicos los nombres completos porque algunas víctimas les han comunicado que hasta que no oyeron el nombre de su agresor públicamente “no pudieron dar el paso adelante”.

De los 14 nombres, los que acumulan más casos son Lluís To (25), Francesc Peris (22), Emilio Benedetti (14), José Climent (8) y Francesc Roma (7).

Vidal ha detallado que, en los casos en que sea posible, la orden religiosa se personará como acusación en los procesos penales, con la voluntad de acompañar y dar apoyo a la víctima de abusos sexuales.

“Si ya no tiene procedimiento penal, se abrirá un proceso canónico, uno según las leyes de la Iglesia, que nunca sustituye a la justicia penal, pero cuando esta ya no puede actuar, eclesiásticamente todavía podemos hacer alguna cosa”, ha añadido.

En cuanto al lugar donde se produjeron los abusos, la mayoría se desarrollaron en los colegios de Casp y Sant Ignasi, aunque también en otros centros de la Compañía y en el entorno de la orden religiosa, pero fuera de los centros educativos.

La Compañía también se ha comprometido a retirar todos los reconocimientos y homenajes a los agresores sexuales de menores en el seno de la institución.

Protestas en el exterior

Antes de que comenzara la rueda de prensa, víctimas de abusos sexuales en los Jesuitas se han presentado en la puerta con la intención de asistir a la convocatoria, aunque desde la organización les han impedido la entrada alegando que era únicamente para periodistas.

Los afectados han criticado que los Jesuitas hayan desarrollado un informe sin contar con ellos, y les han acusado de pedir perdón solo “de cara a la galería”.

Además, han repartido octavillas en la puerta para dar a conocer sus reivindicaciones, en las que aseguran que los casos “no son aislados” y que la Compañía “tiene una responsabilidad adicional y el deber de colaborar con las víctimas”.

Al inicio de la rueda de prensa, Puiggròs ha manifestado que desde la orden religiosa han emplazado a las víctimas a un encuentro en los próximas días, puesto que merecen “un diálogo específico”.

La fugida aborda el viaje de huida de los curas bajo sospecha de abusos sexuales desde los colegios jesuíticos de Barcelona al Colegio Juan XXIII de Cochabamba (Bolivia), donde estudiaban aprendices con altas capacidades e hijos de líderes mineros de la región. Los sacerdotes escapaban de las denuncias, de la presión de las familias de las víctimas y en un caso hasta de una condena en firme. Lo hacían encubiertos, para no tener que hacer frente a sus posibles responsabilidades morales y penales, y sobre todo para no tener que abandonar la orden, en la que siguen.

La historia se cuenta en el documental presentado esta semana en DocsBarcelona y que será emitido el próximo 18 de junio en el programa Sense Ficció de TV3. Ha sido producido por la plataforma audiovisual 3Cat, por El Periódico y la productora Ottokar, y está dirigido por Josep Morell, Marc M. Sarrado y Guillem Sánchez, periodista que lleva ocho años investigando abusos sexuales a menores en centros religiosos. 

Pero La fugida va sobre todo de las vidas rotas, a menudo irreparables, de niñas y niños inocentes a los que se suponía que estos sacerdotes debían cuidar, orientar o proteger. Es la historia de la huida de Lluís Tó, Francesc Peris, Pere Sala, Alfonso Pedraja y otros, pero también la de los supervivientes de sus ofensas.

Testimonio de unas vidas rotas

La historia de Laura Calzada, abusada presuntamente por Francesc Peris –quien ha confesado las agresiones sexuales– en los Jesuitas de Casp en los 80, que todavía hoy necesita gestionar su ira practicando boxeo. La historia de Enric Soler, también víctima del mismo pedófilo en el mismo colegio, quien asegura que los abusos que sufrió de niño se llevaron por delante su vida emocional. “Ahora entiendo por qué la última vez que abracé a mi hermana fue cuándo se murió mi abuelo, en 1991. Ahora entiendo por qué no he abrazado nunca a mi hermano”, dice en el documental.

La historia de Jordi de la Mata, abusado presuntamente por el padre Pere Sala en los Jesuitas de Sarrià también en los 80 y que durante el documental no deja de llorar por el dolor emocional que siente y le persigue a pesar de los años pasados, un dolor que aflora cuando explica que siempre salía meado del colegio tras los abusos, una señal de alarma que sus mayores nunca supieron o quisieron ver.

Un sufrimiento que le ha conducido a las drogas, a la inestabilidad emocional y a la cárcel y que ahora trata de mitigar visibilizando el infierno al que fue sometido por alguien a quien amaba desde su inocencia infantil. Es el mismo sufrimiento que expresan el resto de víctimas: el haber sido violentadas por alguien en quien confiaban; el no poder entender cómo ese ser al que amaban ciegamente les hizo lo que les hizo. Les arrebató la fe en la humanidad, un derecho de toda persona.

Es la historia también de la periodista Alessandra Martín, víctima del primer caso de pederastia sentenciado en firme en España, en 1992, y en el que el padre Lluis Tó, ya fallecido, fue condenado a dos años de cárcel que nunca cumplió. Se le despidió del colegio de los Jesuitas de Sarrià, también conocido como Sant Ignasi, centro donde tradicionalmente se han educado las élites barcelonesas, con una gran fiesta y tras un juicio en el que se cuestionaron las supuestas “actitudes coquetas” de la niña de ocho años que entonces era Martín.

Rumbo a Bolivia

Tó, Peris y tantos otros que puedan aparecer a partir de la emisión de este documental –De la Mata, quien también afirma que fue abusado por Tó en una ocasión, asegura que en cuanto se puso a investigar quedó impresionado de la cantidad de testimonios que apuntaron a este sacerdote– encontraron refugio en la huida a Bolivia, propiciada por la orden para tapar sus escándalos en Barcelona. Y con ello, el problema cruzó el Atlántico para aterrizar en el Colegio Juan XXIII de Cochabamba.

Entremezclados con los testimonios de las víctimas españolas, aparecen las confesiones del otro lado: niñas y niños de esta institución, hasta 400 según los cálculos de las asociaciones de víctimas bolivianas. Allí, los pedófilos pudieron ejercer su actividad criminal con mucha mayor impunidad. En primer lugar, tal como relata un exnovicio –que asegura que fue expulsado de la orden al denunciar los presuntos delitos del padre Tó–, porque el poder de la Compañía de Jesús en Bolivia es extraordinario: “Construyen puentes y carreteras, están detrás de numerosas ONG”.

Por lo tanto, denunciar en Bolivia es mucho más difícil y arriesgado que en Catalunya. A pesar de ello, las víctimas han conseguido asociarse en distintas agrupaciones y se manifiestan con regularidad. Por otro lado se trata de un país con una gran desigualdad, donde una porción importante de la población vive en el umbral de la pobreza, por lo que las víctimas se han visto condenadas a la incomprensión y al silencio para apaciguar sus sufrimientos. Relata una de las víctimas que aquellas que no están en la agrupación “pululan por las calles cuando no han terminado en manicomios”.

La justicia de Dios según los jesuitas

Pero lo más hiriente, y lo que mejor retrata la actitud de la Compañía de Jesús, tal vez sea el testimonio del novicio que denunció a Tó quien, paradójicamente, daba clases de moral y ética sexual. Antes de hacerlo preguntó qué se debía hacer en casos de abusos a menores. La respuesta desde las altas esferas de la orden fue, según él: “Cuando la justicia de Dios ha entrado, la justicia del hombre no tiene nada que hacer”. Y prosigue explicando que la justicia de Dios solo requería confesión y arrepentimiento.

Otro testimonio boliviano es en este caso el de una trabajadora del Juan XXIII que coincidió con Francesc Peris en los 80. No llevaba en el colegio más de un año –estaba planeado que estuviera veinte– y el escándalo por su comportamiento fue tal que tuvo que huir a un nuevo destino, siempre bajo la protección de la orden. Cuenta la trabajadora que en una ocasión en que habían llegado niñas nuevas, Peris pidió estar a solas con varias de ellas. Tal como pasaban por su despacho, salían llorando. En este caso las denuncias de la trabajadora surtieron efecto y el pederasta fue apartado. Otro testimonio de lo sucedido en el Juan XXIII también relata cómo Tó entraba por la noche en los cuartos y se dedicaba practicar tocamientos a los menores en sus partes íntimas.

Finalmente, el documental deja claro que hasta fechas recientes la impunidad para los sacerdotes pederastas ha sido total. Tó murió en su cama sin cumplir condena. Francesc Jufresa, el abogado que llevó su acusación en la causa penal de 1992, lo recuerda como “una persona que durante el juicio no mostró ningún tipo de emoción mientras se relataba lo que había hecho con Alessandra Martín”. También explica Jufresa que recibió decenas de llamadas de gente poderosa recomendándole que no llevara la causa contra Tó, algo que le sigue indignando y enojando incluso 32 años después.

Peris, de más de 80 años, vive en una residencia y recientemente ha sido trasladado fuera de Catalunya en previsión de cómo se desarrollen los acontecimientos tras la emisión del documental. Antes, El País había puesto luz sobre este asunto a raíz del caso de otro cura jesuita madrileño, Alfonso Pedrajas, que relató los abusos que cometió en su estancia en Bolivia en un diario que un sobrino entregó al periódico 12 años después de su muerte.

La reticencia de la orden a reconocer la organizada y sistemática red de traslado de presuntos pedófilos a Bolivia se puede reconocer en el documental en la figura de su delegado, Pau Vidal, que niega su existencia. Si bien sí reconoce, con una inquietante expresión fácil que a ratos se antoja impostada, que se tenía conocimiento de las actividades de Lluís Tó desde 1968 y nadie le apartó. Al contrario, el documental demuestra que se le protegió.

El pasado 21 de enero de 2021, vio la luz el informe sobre abusos cometidos por jesuitas en España (1920-2020). Es un “gran” paso para los jesuitas pero un muy pequeño paso para la humanidad. En el maquillado informe, se les llama abuso a las violaciones, se pretende dar una imagen de preocupación por el victimario creando un “Entorno Seguro” donde “nuestra primera responsabilidad es la de escuchar y acoger a las personas que han sufrido a causa de los abusos vividos. Este contacto con ellas es fundamental para cambiar nuestra forma de mirar esta realidad. Insistiendo en la necesidad de generar un cambio de cultura profundo”. No hace falta un cambio de cultura profundo, hace falta ser serios, valientes, democráticos, justos y aplicar la ley vigente. Cuando en un Estado democrático una organización ha cometido numerosos crímenes contra los más débiles, los niños, habiéndoles destrozado la vida para siempre, lo primero que se debe hacer es poner a los responsables a disposición de la Justicia. Lo demás es encubrimiento, que es delito también. Después se cuenta la verdad y se repara a las víctimas.  

La Compañía de Jesús siempre ha despuntado por la formación de sus miembros, seguro que los siguientes preceptos de los Derechos Humanos los conocen:

Crear un “Entorno Seguro” y hablar con las víctimas teniendo apartados a los agresores no es garantizar la rendición de cuentas y hacer justicia. Además, según la psiquiatría y psicología (véase al prestigioso psiquiatra Boris Cyrulnik en su libro Sálvate, la vida te espera),  las víctimas necesitan una reparación y un reconocimiento a su dolor por parte de la sociedad a través de los juzgados para sobreponerse al peor de los traumas. Ustedes dicen estar interesados en la compensación moral, la sanación y los tratamientos en los casos en que se necesite. ¿Y si la persona está incapacitada parcial o totalmente? ¿Hay que compensar a los familiares si la víctima se ha suicidado? ¿Quién decide de manera objetiva la compensación, la necesidad de sanación o tratamientos si han prescrito o no se han puesto a los responsables en las manos de la justicia? ¿Debería crearse un comité de expertos nacional cuyos miembros con un criterio objetivo decidan como ha de ser la reparación, acompañamiento y la reinserción en la sociedad? Porque de nada sirven 72.000 euros de indemnización si muchas de las víctimas han quedado tan dañadas que les resulta muy difícil o imposible reintegrarse en la sociedad para llevar una vida normal, han perdido su juventud, su capacidad de disfrutar del sexo o se hayan suicidado.

Ustedes se cubren las espaldas de una forma más sutil que los Franciscanos. A finales del año pasado pudimos enterarnos de que un religioso franciscano profesor en un colegio fue condenado a 20 años de cárcel por la Audiencia Provincial de Córdoba al haber abusado de cuatro alumnas menores. Como bien leímos en el comunicado de la Orden Franciscana, la misma Orden recurría la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía porque “tenían derecho a saber la verdad” y lamentaban el daño que la denuncia contra el miembro franciscano había hecho a las presuntas víctimas y familiares, que tras una sentencia de un tribunal legítimo con hechos probados, seguía siendo insuficiente para dejar de llamarlas “presuntas víctimas”. A esto se le llama apología de la pederastia. ¿Qué opina el Vaticano de que una Orden religiosa recurra la sentencia y además según sus protocolos internos de prevención de abusos sexuales se tenga que hacer cargo de la fianza del religioso acusado en caso de prisión provisional?

Como era de esperar, el Vaticano ni está ni se le espera. Su tolerancia cero brilla por su ausencia. A hechos probados todo es un lavado de cara. Los compromisos con la sociedad se demuestran con hechos. El pueblo ya no es un rebaño de borregos a los que se puede engañar y manipular. La sociedad pide justicia y no caridad, porque la caridad es aceptar el sistema y hacer heroicidades para ayudar a la víctima. Un Estado democrático no debe depender de la caridad para que se asegure que una víctima obtenga sus derechos fundamentales de justicia, verdad y reparación. El Estado lo garantizará haciendo cumplir la Constitución. El privilegio que la Iglesia aún mantiene es la prioridad de dicha institución, porque al fin y al cabo, para ellos, como están demostrando día a día, esto es una cuestión de privilegios y poder, no de justicia y reparación. 

Me gustaría compartir el análisis de la prestigiosa psicóloga especializada en maltrato infantil Alice Miller en su libro El cuerpo nunca miente:

“Todo tirano simboliza a su padre maltratador al que se aferra con todas sus fuerzas con la esperanza de poder transformarlo alguna vez en un ser cariñoso mediante la propia ceguera. Es esta esperanza la que puede haber llevado a los representantes de la Iglesia católica a sentir compasión por Sadam Husein. Hace un par de años solicité apoyo a unos cuantos cardenales cuando presenté al Vaticano el material sobre las consecuencias del maltrato infantil y les pedí que ilustraran al respecto a los matrimonios jóvenes con hijos.

Como ya he dicho antes, no obtuve por parte de ninguno de los cardenales a los que había escrito la más mínima muestra de interés por el problema de los niños maltratados, un problema de alcance mundial ignorado pero candente. Igual que tampoco hubo el menor gesto de misericordia cristiana. Sí que es cierto, sin embargo, que hoy en día demuestran con rotundidad su capacidad compasiva, pero curiosamente no por los niños maltratados ni por las víctimas de Sadam, sino por él mismo, por la figura paterna carente de escrúpulos que simboliza el temido déspota.

Los niños golpeados, torturados y humillados que nunca contaron con el apoyo de un testigo que les ayudara suelen desarrollar más adelante una gran tolerancia hacia las crueldades de las figuras paternas y, al parecer, una sorprendente insensibilidad por lo que se refiere al sufrimiento de los niños maltratados. Se niegan en redondo a admitir que ellos mismos fueron maltratados en el pasado, y la insensibilidad les permite mantener los ojos cerrados. Por eso, aunque estén absolutamente convencidos de sus propósitos humanos, harán de abogados del diablo. Desde pequeños han aprendido a reprimir e ignorar sus verdaderos sentimientos; han aprendido a no confiar en éstos y a hacerlo sólo en las normas de los padres, los profesores y las autoridades eclesiásticas. Y ahora sus responsabilidades adultas no les dejan tiempo para percibir sus propios sentimientos, a menos que dichos sentimientos encajen en la perfección con el sistema de valores patriarcal en que viven: como la compasión por el padre, por muy destructivo y peligroso que éste sea. Al parecer, cuantos más crímenes cometa un tirano, más tolerancia recibirá, eso siempre que el acceso de sus admiradores al sufrimiento de sus propias infancias permanezca herméticamente cerrado.“

Desde aquí le preguntaría a la Compañía de Jesús, ¿cuántos jesuitas que están involucrados en la realización de este maquillado informe han sido violados en el seminario, en el colegio, en el internado, en los Kostkas, de monaguillo en la sacristía, en la catequesis, en el campamento, en los ejercicios espirituales, etc..?  ¿y cuántos jesuitas que han sido violados y que a su vez de adultos, ellos siguieron violando a otros menores? Es necesario conocer esta estadística para hacernos conscientes de la realidad y magnitud del problema, para que esta plaga dentro de la Orden vaya desapareciendo, pues aún chirría después de tantos siglos pues, recordando a Voltaire en su novela Cándido, habla y pretende denunciar a la posteridad esta práctica delictiva en esta poderosa orden.

El excoronel Montano se llama Inocente, y así se declara. El único acusado del juicio que se está celebrando en la Audiencia Nacional (sede de San Fernando) por el asesinato de Ignacio Ellacuría y el grupo de jesuitas españoles -Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Juan Ramón Moreno, Amando López y Joaquín María López- y de Elba Ramos y su hija Celina (refugiadas con ellos en ese momento) en la madrugada del 16 de noviembre de 1989, durante la guerra civil en El Salvador, lo niega todo a preguntas de su abogado.

Esta semana, la Justicia española logró sentar en el banquillo a uno de los presuntos autores intelectuales de la masacre en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador. El exviceministro de Seguridad Pública se enfrenta a una petición de 30 años de prisión mayor por cada uno de los cinco asesinatos, después de que el otro acusado, René Mendoza -que formó parte del batallón que disparó contra Ellacuría y los suyos- haya decidido colaborar con la Justicia.

Sin embargo, en su declaración, el militar, de 76 años, con evidentes problemas auditivos y que se presentó en silla de ruedas, aseguró que “nunca vulneramos las leyes, fuimos cumplidores de los mandatos, no ejercimos acciones terroristas”. Durante el juicio, la defensa trató de recusar al juez instructor, Eloy Velasco, a quien acusó de parcialidad por haber dado cursos en la Universidad de Deusto (de la Compañía de Jesús), o participar en actos de homenaje a Ellacuría.

“Yo no tenía nada en contra de los jesuitas”

“Yo no tenía nada en contra de los jesuitas. El licenciado Ellacuría era una de las personas más allegadas al presidente (…). No se tenía una conciencia clara de que estuvieran participando con el FMLN, política ni militarmente. A pesar de que sí hubo fotografías de curas jesuitas metidos con los guerrilleros, como Jon Sobrino”, declaró Inocente Montano.

Para el teólogo Juan José Tamayo, que forma parte del equipo que promovió la acusación popular, “el excoronel Montano perdió la última oportunidad que tenía de ser sincero con la sociedad y consigo mismo, esclarecer los hechos, decir la verdad, dar a conocer los nombres de los responsables intelectuales a la comunidad internacional, que sigue conmocionada por tamaños crímenes terroristas”.

“Se esperaba que reconociera su participación activa en la decisión de asesinar a los jesuitas, a Julia Elba y a su hija Celina, de aceptar su culpabilidad, pedir perdón y reconciliarse así con su país, con las víctimas, consigo mismo y con su conciencia”. Así lo declaró la Compañía de Jesús al comienzo del juicio, instando a Montano a que “aproveche la oportunidad” y dé los nombres de los instigadores del crimen. No fue así: es más, optó por no responder a las preguntas de la Fiscalía ni la acusación, aunque tuvo que escuchar cómo los testigos -observadores internacionales del fallido juicio que se celebró en El Salvador, y que acabó sin condenas a los que mandaron apretar el gatillo- constaban que “hubo un pacto de silencio en el Ejército” para que los auténticos responsables salieran impunes.

Pero, ¿quiénes mataron a Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Juan Ramón Moreno, Amando López y Joaquín María López y López- y a Elba Ramos y su hija Celina? “Los asesinos fueron militares integrantes del Batallón Atlacatl -muchos de los cuales formados en la Escuela de la Américas- en cumplimiento de la orden del Estado Mayor del Ejército de El Salvador”, sostiene Tamayo.

Terrorismo de Estado e impunidad

“La masacre fue el resultado de un plan pensado y ejecutado, en la lógica del terrorismo de Estado, calificado como un crimen de lesa humanidad y crimen de guerra”, manifiesta la Compañía de Jesús en un comunicado, que critica cómo “desde el primer momento el crimen fue encubierto por las más altas autoridades del país y negado por aquellos que lo planificaron y ordenaron”. “Hasta la fecha, los autores intelectuales siguen en la más absoluta impunidad”, lamentan los jesuitas.

Por su parte, Ildefonso Camacho, jesuita y exrector de la Facultad de Teología de Granada, y uno de los religiosos que marchó a vivir a la UCA después del asesinato de sus compañeros para que la obra jesuita no muriera con ellos, asegura que “la consigna que tenían quienes les mataron era que había que eliminar a Ignacio Ellacuría, pero sin dejar testigos, y los testigos fueron los otros 5 jesuitas y las dos mujeres que allí estaban refugiadas”.

“Lo que los jesuitas queremos es que se conozca la verdad, y después dejamos la puerta abierta para el perdón”, destaca Camacho.

Jorge Galán: “Los mató el Estado Mayor de mi país”

Una de las mejores investigaciones sobre el asesinato fue la del escritor salvadoreño Jorge Galán en la novela 'Noviembre', por la que tuvo que exiliarse del país. “A los jesuitas los mató el Estado Mayor de mi país: Emilio Ponce, Cepeda, Bustillo, Inocencio Montano, entre algunos. Pero participó mucha gente más. Y de todos es sabido que Richard Chedester de la CIA estaba en esas oficinas del estado Mayor”, sostiene, en declaraciones a eldiario.es. Ponce ha muerto ya hace tiempo, “pero el resto está queriendo ser juzgada, y lo cierto es que el gobierno de mi país, El Salvador, no quiere la extradición y no colabora”.

Tamayo también lo tiene claro: “Los mataron por haber vivido el cristianismo no como opio del pueblo, sino como liberación de los oprimidos, por denunciar la triple alianza del poder político, económico y militar, por trabajar por la paz y la justicia desde la no violencia”.

“A Ellacuría lo mataron por creer en esa imperdonable capacidad de revelación y por compartir los riesgo de la fe en su`poder de profecía”, dijo en su día Eduardo Galeano. Hoy, 31 años después, su muerte sigue clamando justicia.

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No hacía ni una semana que había caído el muro de Berlín cuando el 16 de noviembre de 1989 fueron ejecutadas a bocajarro ocho personas en la Universidad Católica Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de San Salvador. Seis de las víctimas eran sacerdotes jesuitas -cinco españoles y un salvadoreño- y las otras dos eran dos mujeres salvadoreñas: Julia Elba Ramos (de 42 años), empleada de la casa de los religiosos, y su hija Celina Ramos (de 15 años). Fue el marido de Elba y padre de Celina quien encontró los cadáveres al amanecer. Su esposa abrazaba a su hija tratando de protegerla inútilmente no se sabe si de los disparos o de los golpes, puesto que los cuerpos de todas las víctimas estaban destrozados por ambas causas.

Aquel crimen ordenado por el Estado Mayor del Ejército salvadoreño contó con el silencio cómplice de la CIA, que conocía quiénes eran los autores intelectuales. Los materiales tenían que ver con los Escuadrones de la Muerte, los grupos paramilitares de extrema derecha salvadoreña que ejecutaban los crímenes políticos que se ordenaban contra miembros de la oposición o contra los enemigos del sistema vigente. En la matanza de los jesuitas, el enemigo era Ignacio Ellacuría, una de las voces más representativas de la lucha a favor de los pobres en El Salvador, de la Teología de la Liberación.

Ignacio Ellacuría, además de teólogo, era filósofo y escritor. Un hombre comprometido con la ética de los derechos humanos, lo que le valió ser señalado como marxista, izquierdista, subversivo, revolucionario y comunista. Apostaba por un proceso de paz que garantizase la verdad, la justicia y la reparación para las más de 75.000 víctimas (el 80% civiles) a la hora de poner fin a la salvaje guerra civil en la que estaba sumida El Salvador desde hacía una década. Una guerra donde la alianza entre gobierno, oligarquía salvadoreña y ejército (con el adiestramiento, financiación y apoyo de la administración estadounidense) cometió terribles masacres, torturas, asesinatos, desapariciones y miles de execrables vulneraciones de derechos de la población civil. Ninguno de estos crímenes podía quedar impune, defendía Ellacuría. Eso era lo que lo convertía en un enemigo peligroso para la ultraderecha salvadoreña, que ordenó que tenía que ser eliminado sin dejar ningún testigo.

Para El Vaticano, encabezado por Juan Pablo II, tampoco supuso ningún conflicto que uno de los curas rojos, que tan poco gustaban a la Congregación para la Doctrina de la Fe de Ratzinger, perdiera la vida. Ya había guardado silencio con el asesinato de Monseñor Romero, tampoco ahora iban a alzar la voz reclamando justicia. Juan Pablo II era más de reunirse y apoyar a Marcial Maciel –fundador de los Legionarios de Cristo y depredador sexual de menores de edad– que de respaldar a los miembros de la Teología de la Liberación, a los que arrebataban la vida por estar al lado de los pobres que eran masacrados por los militares católicos de Centroamérica.

Treinta años después de aquellos crímenes que ahora se juzgan en la Audiencia Nacional gracias a la Asociación ProDerechos Humanos de España (APDHE) y como si viviéramos en una realidad paralela, comprobamos cómo las alianzas de la Iglesia Católica ultraconservadora, los poderes políticos y los económicos siguen intactas y dispuestas a luchar contra nuevos enemigos. Enemigos que también quieren eliminar.

Esta vez no es con una cruzada geolocalizada en América Latina contra la Teología de la Liberación, a la que tachaban de “ideología marxista-comunista” por defender la justicia social. Ahora su empresa es global y se dirige contra los movimientos feministas y LGTBIQ+ a los que tachan de “ideología de género” por defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las disidencias sexuales y, en consecuencia, una vida libre de violencias para todas ellas.

Como decía Ellacuría: “las causas profundas de estos tremendos desajustes son múltiples. No se trata de falta de recursos o de capacidad para resolver los problemas de la pobreza, de la injusticia y de la opresión. Se trata, inicialmente, de una consideración puramente economicista del desarrollo, que deja de lado la consideración moral del mismo”. Por eso, el juicio que se celebra estos días contra el excoronel Montano, además del valor simbólico y restaurativo que tiene para los miles de víctimas de los crímenes políticos cometidos en El Salvador, tiene un significado que lo trasciende. Viene a recordar que las mismas alianzas intelectuales que estaban detrás del asesinato de Ellacuría, (de Elba, Celina y de los otros cinco jesuitas) siguen tramando nuevos crímenes de poder y discursos que, por encima de la vida humana y de quienes la defienden, les permitan conservar sus privilegios políticos, económicos, empresariales y religiosos en total impunidad. Son “los signos de los tiempos”.

“Aquella tarde que estuvo en mi casa me dijo: 'Las cosas están muy mal en El Salvador. Quieren matarme. Pero no creo que lleguen a tanto. Lo que te aseguro es que no callaré'. Yo me limité a darle un abrazo y sentir vergüenza”, recuerda tres décadas después Pedro Miguel Lamet. Esa conversación entre el escritor jesuita (que entonces dirigía la revista Vida Nueva) con Ignacio Ellacuría tuvo lugar en Madrid tres días antes de que un grupo de paramilitares lo acribillara a balazos.

Ellacuría le había propuesto a Lamet crear una facultad de Comunicación en El Salvador. Pero el madrileño no se atrevió. “¡Regresó a El Salvador al día siguiente sabiendo que seguramente lo iban a matar! Al fin y al cabo mis riesgos eran sólo de papel y tinta, de que acabaran borrándome, como sucedió después, durante algún tiempo de los medios. Pero él fue asesinado. Yo aquí sigo, vivo y coleando”, lamenta el escritor.

El 16 de noviembre de 1989, poco después de regresar a El Salvador, un grupo de paramilitares entraba, de madrugada, en la sede de la Universidad Católica Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), de la cual Ellacuría era rector. “Vamos a matar a curas, no tienen armas”, se cuenta que dijo uno de los soldados antes de llenar de plomo los cuerpos de Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López. La mala suerte –o la violencia irracional– hizo que los asesinos se toparan también con Elba Ramos, la cocinera, y su hija Celina. También fueron acribilladas. Las crónicas de la época reproducen el relato de testigos que cuentan que algunas de las víctimas fueron sacadas a rastras de la residencia del rector y asesinadas a palos. Otras, a balazos.

Treinta años después, y aunque algunos de los responsables de la matanza fueron condenados –otros amnistiados en 1993 por una ley que se anuló en 2016–, los auténticos culpables de estos asesinatos nunca pisaron la cárcel. Igual que los que, nueve años antes, mataron a monseñor Romero.

Un juicio pendiente en España

“A Ellacuría y a sus compañeros los mató el Estado Mayor de mi país”, asegura el novelista Jorge Galán, autor de Noviembre (Tusquets), una crónica novelada que relata la investigación posterior de los asesinatos. “Emilio Ponce, Cepeda, Bustillo, Inocente Orlando Montano, entre algunos. Pero participó mucha gente más. Y de todos es sabido que Richard Chedester, de la CIA, estaba en esas oficinas del Estado Mayor”.

Uno de ellos está en prisión preventiva en nuestro país. La Audiencia Nacional debe decidir, en breve, si lo mantiene en prisión para enjuiciarlo o, por el contrario, lo deja en libertad. La Fiscalía pide para Inocente Orlando Montano 150 años de prisión por su responsabilidad en la matanza. Él era entonces viceministro de Seguridad Pública de El Salvador y un hombre clave en el ejército salvadoreño, que tenía una clara animadversión hacia los jesuitas, a los que acusaban de tener conexiones terroristas.

Ellacuría era uno de los representantes más importantes de la teología de la liberación en un momento convulso en Centroamérica. Mantenía una férrea defensa pública de los derechos de los pobres y una posición a favor del diálogo entre los gobiernos de la región y las diferentes guerrillas.

Cuando mataron a Ellacuría y sus compañeros de universidad, uno de ellos, el vasco Jon Sobrino, se libró de milagro por estar fuera de El Salvador. Desde entonces, todos los años, escribe una 'Carta a Ellacu', como un modo de hacerse perdonar el “no haber sido un mártir”. “Los mataron porque analizaron la realidad y sus causas con objetividad. Dijeron la verdad del país con sus publicaciones y declaraciones públicas. Desenmascararon la mentira y practicaron la denuncia profética. Por ser conciencia crítica de una sociedad de pecado y conciencia creativa de una sociedad distinta, la utopía del reino de Dios entre los pobres. ¡Y eso no se perdona!”, clama Sobrino.

Posible beatificación

El jesuita los llama mártires, y también Francisco, el primer Papa jesuita de la historia. La pasada semana, durante un encuentro con la Compañía de Jesús, Francisco habló explícitamente de “martirio”. “Celebramos este año el 30 aniversario del martirio de los jesuitas de la Universidad Centroamericana de El Salvador, que tanto dolor causó a Peter Kolvenbach –XXIX General de la Compañía de Jesús– y que lo movió a pedir la ayuda de jesuitas en toda la Compañía. Muchos respondieron generosamente. La vida y la muerte de los mártires son un aliento en nuestro servicio a los últimos”.

Si el Papa los declara mártires, el paso siguiente es su beatificación. ¿Serán beatos Ellacuría y los suyos? ¿También las dos mujeres? Por el momento, ni siquiera existe una causa de beatificación abierta por parte de la Compañía de Jesús. Su postulador, el profesor español Pascual Cebollada, sí está trabajando arduamente para lograr, en los próximos meses, la beatificación de Rutilio Grande, otro jesuita asesinado en El Salvador en 1977, tres años antes del martirio de monseñor Romero.

Con los jesuitas de la UCA, el problema durante años –durante los años de plomo de Juan Pablo II-– está en su cercanía a las ideas de la izquierda latinoamericana y la Teología de la Liberación. “Era un hombre de compasión y misericordia, y por eso lo mataron”, sostiene el teólogo Juan José Tamayo, uno de los mayores conocedores de la teología y la praxis de Ellacuría.

Antes de visitar a Lamet, tres días antes de su muerte, Ellacuría dio una clase en la Universidad Pontificia Comillas, el templo universitario de los jesuitas en Madrid. “Se sabían amenazados, pero no imaginaban que unos días después serían asesinados. 30 años después estamos muchos sumándonos a este momento de conmemoración. Hoy queremos dejarnos interpelar por su testimonio y legado”, relata su rector, Julio L. Martínez. “Ellos son símbolo martirial del pueblo salvadoreño, con miles de muertos en esa guerra civil, en la que fue también asesinado en 1977 Rutilio Grande y Monseñor Romero en 1980”. Treinta años después, y después de que Francisco desbloqueara sus procesos, Romero está canonizado, y Rutilio está a punto de ser beato.

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“Roma no paga traidores”. Con esta frase amenazante reaccionaba el presidente de Vox en la provincia de València, José María Llanos, a la cancelación del acto programado por el partido de extrema derecha en el colegio de los Jesuitas de la capital del Túria. La formación ha tachado esta marcha atrás de “censura” y ha afirmado que trabajará para que el mitin se celebre el mismo miércoles 24 para el que estaba programado en la ciudad, aunque sea en otro lugar.

Las críticas de Vox, vertidas a través de las redes sociales, afirman que “los Jesuitas incumplen el contrato verbal que tenían con VOX pese a estar pagado el alquiler del salón”, y también criticaban las formas de la dirección por dar marcha atrás “mediante una llamada de teléfono y un tweet”.

Las declaraciones más duras fueron las del presidente provincial del partido de extrema derecha, uno de los intervinientes anunciados junto al líder del partido, Santiago Abascal, y José Antonio Ortega Lara. José María Llanos ha advertido también en redes sociales de que “VOX no cancela sus actos ni por presiones ni amenazas y 'Roma no paga traidores'”.

Tras el acto de Vistalegre en Madrid en el que VOX reunió a unas 10.000 personas, el partido liderado por Santiago Abascal ha puesto su punto de mira en la ciudad de València, pero ha empezado a tener problemas. Tras anunciarse que el colegio de Jesuitas acogería el mitin de la formación de extrema derecha, desde el centro se ha negado que vaya a tener lugar en su sede el acto.

“De Vistalegre a Valencia”, anuncia VOX su acto en la capital valenciana a través de sus redes sociales, concretando que sería en el salón de actos de Escuelas San José-Jesuitas el miércoles 24 de octubre a las 20h. Indican la presencia del propio Santiago Abascal, así como de José Antonio Ortega Lara y de José María Llanos, presidente del partido en la provincia de València.

No obstante, el propio colegio de jesuitas ha negado la cita también en Twitter. Sin aclarar si se rectificaban el acuerdo o si lo negaban de plano, han afirmado que “el acto de Vox Valencia no se va a celebrar en las instalaciones de las escuelas”. El mensaje dejaba entrever el malestar del profesorado del centro ante dicho acto: “Os agradecemos a toda la comunidad educativa vuestra inquietud mostrada”.

Desde eldiario.es se ha conocido que tanto profesorado como familias y antiguos alumnos se han quejado de la programación de este acto político.

Justificación de los jesuitas

Sobre la cancelación del acto desde la dirección del centro se ha afirmado que “el acto estaba en negociación, apalabrado pero no firmado”, y además han añadido que se ha cancelado tanto por razones de seguridad como por razones políticas.

Respecto de la seguridad se ha afirmado que “dada la capacidad de convocatoria del partido y el tirón mediático, con toda probabilidad nuestras instalaciones van a ser desbordadas. No podemos garantizar la seguridad de una cita multitudinaria en una instalación muy limitada como la nuestra. Serí­a una irresponsabilidad celebrar un acto de masas en nuestro centro”.

Por lo que respecta a la razón política se ha subrayado que el centro es titularidad de una entidad religiosa que está “por encima de cualquier contienda partidista”, y que se puede mantener esta posición “poniendo las instalaciones al servicio de cualquier partido polí­tico legal o no dejárselas usar a ninguno”. Con todo concluyen que “dado el momento polí­tico tenso que estamos viviendo, parece que la primera opción no es comprendida, hemos de optar por la segunda. Nuestras instalaciones no aceptarán ningún acto de ningún partido político”.

“Mi hermano mayor me había dicho que la ESO era mucho más difícil, que había mucho más trabajo, y por eso me daba un poco de miedo”, recuerda Luis. “Los primeros días no conocía a nadie y por eso estaba nerviosa”, añade la Sofía, algo como Jordi: “Lo que no conoces suele dar miedo”. Todos ellos son alumnos de Segundo de ESO del instituto Menéndez Pelayo de Barcelona, y rememoran, ahora con tranquilidad, un salto de la Primaria a la Secundaria que para muchos suele ser un trance. Lo sabe la coordinadora de esta etapa en el centro, Marta Ponti. “Entran perdidos, con miedo, inseguros de si entenderán lo que les dice el profesor o de si lo tendrán todo bien organizado”, explica.

El primer día en el instituto siempre impresiona. Esto no es un problema. Pero sí lo es, para muchos, todo lo que acompaña esta transición: compartir edificio con chavales que se acercan a la mayoría de edad, llenar más la mochila de deberes y de estudio, ver cómo la familia desconecta más del día a día del centro, tener que renovar amistades, paso a tener casi un profesor por asignatura… “Primero de ESO es casi el curso más importante de la Secundaria, es como nuestra cantera, los tenemos que cuidar mucho”, argumenta Ponti . El éxito -o el fracaso- de los estudiantes que salen del instituto se empieza a gestar -o a prevenir- cuando entran con 12 o 13 años. Y mucho antes.

Es por eso que cuando cruzan la puerta del Menéndez Pelayo por primera vez en septiembre, los alumnos de Primero no son unos perfectos desconocidos para sus docentes. El año antes, los profesores, coordinadores y la directora del centro se han reunido con las 15 escuelas que hay en el barrio de Sant Gervasi para obtener información, uno por uno, de los que serán sus alumnos. “El objetivo es que, a pesar de cambiar de edificio, de profes y de horarios, sientan que tenemos un mismo talante, que trabajamos con las mismas metodologías, que hay una continuidad”, subraya la coordinadora.

La preocupación por el salto a la ESO la comparten muchas familias, y tiene sus fundamentos. En el conjunto de España, es el curso donde se producen más repeticiones de alumnos -un 13% de repetidores, con datos del año 2013-.

Ponti explica que en su instituto seleccionan para Primero de ESO los docentes “más didácticos”, un profesorado que tiene claro que no puede empezar el trimestre llenando las tardes de los chicos y chicas con deberes y preparaciones de exámenes. “Los exámenes, sobre todo al principio, no deben ir por nota, sino servir sobre todo como diagnóstico para saber qué necesitan los alumnos y qué tendremos que cambiar”, añade Ponti. “Lo que no puede ser es que a los tres meses de entrar en el instituto, un alumno se vaya a casa por Navidad con seis insuficientes. Así yo también me iría”, dice.

Según un estudio publicado en 2012, donde se encuesta 366 alumnos de este curso, el 66% de ellos consideraba que los maestros de Primaria explican de forma más lenta que los de Secundaria y de acuerdo con lo que necesitan. Sobre sus relaciones de confianza con los docentes, el 51% afirmaba que era mejor en Primaria; 46% aseguraban que era el mismo, y solo un 3% defendía que era mejor. En el Menéndez Pelayo seguro que están lejos de porcentajes como estos, pero lo que también está claro es que el sistema no les va a favor.

Una de las iniciativas desde la Administración catalana para eliminar este trance fue la creación de los Instituto Escuela, centros que aglutinan Primaria y Secundaria bajo un mismo techo y, sobre todo, bajo un mismo proyecto educativo. “Los Instituto Escuela permiten garantizar la continuidad en el método, en el currículo, en el funcionamiento del centro, en las amistades …”, enumera Teresa Farrús, coordinadora de diversidad del Instituto Escuela Jacint Verdaguer, de Sant Sadurní d’Anoia. Su proliferación debía servir también para dar más valor a la escuela pública -las concertadas ya suelen integrar estas dos etapas, lo que tranquiliza muchas familias-, pero a pesar de su impulso a partir del año 2010 actualmente sólo se cuentan 19 en toda Cataluña. Esta es también una iniciativa que se ha realizado en otras comunidades como Castilla y León, por ejemplo.

¿Una nueva etapa intermedia?

Que algo fallaba en el desembarco de los alumnos en la ESO también lo detectaron los Jesuitas cuando, en el marco de su proyecto Horizonte 2020, descubrieron que los chicos y chicas “desconectaban”, en palabras del director adjunto de la institución, Pepe Menéndez, a partir de los dos últimos años de Primaria. “Una desconexión más anímica que de resultados”, esclarece Menéndez. ¿A qué se debía esto? Entre otros factores, a que la separación entre Primaria y Secundaria no responde exactamente a la maduración de los aprendizajes de los jóvenes.

Es aproximadamente a la edad de los 9 años cuando se finaliza el proceso de lectoescritura y de las operaciones matemáticas más básicas, y se abre una etapa en el desarrollo cognitivo donde se consolidan operaciones más concretas. Y no es hasta los 14 años, más o menos, cuando se es más permeable al pensamiento abstracto, según la investigación. “Visto esto, ya teníamos donde pasar la tijera”, evoca Menéndez. Así fue como Jesuitas Educación idearon, y pusieron en marcha, lo que llaman Nueva Etapa Intermedia (NEI), que lo que conocemos como Quinto de Primaria hasta Segundo de ESO.

Menéndez reconoce algunos de los defectos citados en este reportaje sobre la Secundaria clásica, como el incremento de las tareas en casa o el cambio en el perfil de los docentes, que pasan “de estar mucho más atentos al progreso individual del alumno, con una mirada integral, a responsabilizarse solo de su asignatura ”. Y añade otro más sutil incluso: “En la ESO se ha puesto siempre más acento, ya desde el primer día, en toda la información que tiene que ver con la disciplina, el orden, el cumplimiento de las normas ”, describe.

¿Hay lugar en el instituto para las familias?

“Si vas al instituto ya eres grande”. Tras este tópico se mezclan diferentes expectativas sobre los jóvenes. Que poco a poco vayan ganando autonomía -ir caminando con los amigos en clase, organizarse el trabajo- no quiere decir que necesiten menos acompañamiento familiar. Pero esto no impide que, en la Secundaria, padres y madres se alejen un poco más del centro (es una consecuencia, por ejemplo, que las AMPA tengan menos familias implicadas). “Es fundamental mantener una relación fluida con las familias, sobre todo al principio”, expone Ponti, y explica que el Menéndez Pelayo hacen “varios talleres y fiestas a las que invitamos también a padres y madres”.

“Las familias deberían sentirse implicadas con el centro hasta que termina la etapa obligatoria”, reivindica el director adjunto de Jesuitas, pero a la vez admite que no se puede trabajar con ellas en la ESO igual como se hace en P -3. “Tenemos que buscar otras vías de participación, nos ha faltado mucha creatividad”, afirma, y propone una participación más “ligada a la experiencia de los alumnos, a su orientación profesional, a su proyecto de futuro vital, no solo cuestiones técnicas” , argumenta. También Farrús, desde su Instituto Escuela, cree que se debe buscar una participación diferente. “Sí, en Secundaria cuesta dinamizar las familias en actividades fuera del horario escolar, pero a menudo tiene que ver con que cuesta animar a los niños y niñas en actividades programadas, porque lo que quieren es más libertad, más capacidad de decidir”, sostiene.

El modelo productivo capitalista de hoy está muy unido al modelo de consumo y fuerza a todos los agentes productivos a inventar nuevos productos y crear nuevas demandas de forma más rápida que los competidores. Gigantes como General Motors o Nokia han caído de sus pedestales imperiales, víctimas de una continua destrucción creadora ya advertida por Karl Marx o por Schumpeter. La innovación es la clave de la competitividad en un mundo global de contextos volátiles llenos de incertidumbre donde reina el corto plazo y el impacto emotivo y audiovisual. Así es la economía global del conocimiento donde viven el 90% de los científicos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad y que hacen duplicar el stock de conocimientos cada diez años en una espiral de innovación intensiva.

Contra el tiempo acelerado del mundo exterior, que funciona en base a la innovación y la creatividad continuadas, sólo hay dos grandes instituciones que se mantienen firmes en conservar los valores y referentes de la eternidad: las iglesias (en el terreno de la eternidad sagrada) y las escuelas (en el terreno de la eternidad burocrática). Nos interesa aquí cuestionar la rigidez conservadora del formato que conocemos como escuela y que sobrevive indemne a los cambios externos que han hecho cambiar todo el modelo de sociedad y de cultura en las últimas décadas.

Si uno Erasmo o Ramon Llull resucitaran no entenderían el mundo de hoy pero encontrarían un cálido refugio en cualquier aula universitaria o de la secundaria, que continúan funcionando bajo los mismos principios magistrales que en su época. ¿Por qué el formato escuela continúa bajo un modelo de fábrica monástica con currículos imposibles de cumplir, profesorado agotado y alumnado desmotivado? Paradójicamente, esto sucede en plena sociedad del conocimiento que nos ha multiplicado las opciones para cambiar el formato escuela. Gran interrogante que se debe poner sobre la mesa.

La LOMCE como éxtasis de salvación de la escuela conservadora

Desde 2000, España tuvo una década para plantearse grandes objetivos de país en materia educativa para cumplir los objetivos de Lisboa 2010, però renunció a ello. Entre 2000 y 2009 optó por un modelo de crecimiento basado en la construcción, la especulación, el clientelismo político y el abandono escolar sin retorno. Ya antes de la actual crisis perdimos una década. Si España no ha tenido una política educativa global como política de Estado es porque ni es ni aspiró a ser una economía basada en el conocimiento. Mientras tanto, y como ejemplo contrastador, la ciudad-Estado de Singapur reconstruía sus escuelas, derribando las paredes de las aulas para hacer espacios y talleres-estudio pensados para el trabajo en equipo, el aprendizaje cooperativo y la creatividad. Dos ejemplos antagónicos: España apostó por el caciquismo extractivo del siglo XIX y Singapur por la creatividad disruptiva del siglo XXI. ¿Quién ganará el futuro?

Aquí y ahora, con el objetivo de austeridad del actual gobierno central y los recortes de 7.200 millones en educación, acabaremos por perder otra década. Un doble retroceso de 20 años perdidos que pretende ser sublimado con la LOMCE como nueva narrativa de salvación de todos los presuntos males y mediocridades acumulados. De la LOMCE se ha escrito mucho y se ha dicho o hemos dicho que es una ley innecesaria y, a la vez, ideológica, centralista, neoliberal, segregadora y tecnocrática. Nacida de un diagnóstico erróneo, populista y no compartido con la comunidad educativa, pretende aumentar la productividad académica en base a reválidas, itinerarios, currículos centralizados y presión por los resultados y rankings. La LOMCE descansa sobre el paradigma del teach to the test del peor academicismo rígido que reduce la complejidad educativa en el tecno-formalismo instruccional.

Hace un año, Andreas Schleicher (director de PISA) compartía mesa de debate con el ministro Wert y hizo un duro diagnóstico de los males del sistema español. Los resultados se estancan porque predomina la didáctica tradicional basada en la memorización, que penaliza los errores y no personaliza el aprendizaje en un contexto donde ni profesorado ni centros tienen libertad creativa para innovar. De los 60 países analizados en PISA en los últimos años, 40 han mejorado resultados, pero no España. A pesar de contar con menor ratios en el aula que Singapur o Finlandia, mejores salarios iniciales de los maestros o acoger menor tasa de alumnos “problemáticos” que estos dos países. No hay mejora.

En la apoteosis del cinismo, el ministro Wert responsabilizó al profesorado de todos los males por no impulsar “los cambios necesarios en la didáctica de los temarios”. Todo lo reduce a la didáctica taylorista de unos temarios incuestionables y reforzados con una LOMCE tecnocrática que desconfía del profesorado anulando su autonomía pedagógica y intelectual. No nos engañemos, la LOMCE es la apoteosis o el éxtasis del modelo de “gran escuela nacional-conservadora” impuesto como modelo oficial como respuesta defensiva y reactiva ante una sociedad y una economía del conocimiento que van en la dirección contraria. El mayor éxito de la LOMCE es neutralizar otros modelos pensables de escuela, de currículum y de evaluación imponiendo una hegemonía única que, ciertamente, ha desertizado el debate sobre qué alternativa disruptiva requiere el sistema. Esta es su principal virtud: hacer de disolvente de alternativas reflexivas.

La introducción de la jornada compactada en los institutos no ha hecho sino agravar el problema. Horarios comprimidos para currículos excesivos en un horario funcionarial sin proyecto de escuela para vivir. Opción perfecta que acaba por reproducir un modelo único, conservador y taylorista de escuela petrificada en la tradición. Todos los agentes mantienen su zona de confort, indignados y desmotivados, pero sin sentirse empoderados para construir una alternativa. Gran triunfo de la LOMCE y de la escuela conservadora pública.

Horizonte 2020: la innovación radical de los jesuitas

Las redes colaborativas, los códigos abiertos y la importancia del aprendizaje informal son tres tendencias nutrientes de la sociedad del conocimiento y de las ciudades creativas. Como afirman Sennet o Rifkin, la ciudad futura se basa en el procomún colaborativo y participando de unos ciudadanos mejor formados y con más iniciativa. Por el contrario, podemos decir que la escuela es el procomún tradicional (por muchas TIC que incorpore), enclaustrada y aislada como una fábrica monástica y selectiva que derrocha talentos y capacidades.

No sólo derrocha talentos de las clases obreras y populares, también lo hace entre los hijos de las capas de alto capital cultural. A modo de ejemplo, las puntuaciones en lectura de PISA a los 15 años de los hijos de padres con estudios universitarios en España está muy por debajo de sus iguales de Alemania por no decir de Finlandia. Tomando este criterio, los hijos alemanes de padres universitarios superan en casi un curso a sus iguales españoles. La mediocridad del sistema español tiene más que ver con el infrarendimiento de los hijos de universitarios que de los resultados de los hijos de padres con estudios básicos que están sobre la media europea de sus iguales. Un sistema con alto fracaso escolar y que no potencia la excelencia ni entre quienes parten con más ventaja es un sistema fallido. Lo peor es que está en manos de políticos narcisistas y arrogantes que niegan toda evidencia empírica y científica.

Como respuesta a todo este escenario, nos llega la noticia del proyecto Horizonte 2020 con este contundente titular: "Los jesuitas eliminan las asignaturas, exámenes y horarios de sus colegios". No sólo eso, sino que han creado una nueva etapa intermedia que engloba a quinto de primaria hasta segundo de ESO. Una buena opción preventiva que desborda las restricciones de la LOMCE. Han derribado las aulas (como hicieron en Singapur) y han construido nuevas salas diáfanas y amplias que recuerdan más a los talleres-estudio de los artistas que las aulas monacales de toda la vida. Pasan a intervenir sobre grupos de 60 alumnos pero con tres profesores y pasan a trabajar para proyectos codecididos con los alumnos donde también intervienen los padres. No hay asignaturas ni horarios, pueden salir al patio cuando quieran y dedican veinte minutos iniciales a plantear la jornada y veinte minutos finales a evaluarla entre todos. Se rompe el formato del tiempo y el espacio de la escuela-fábrica-monástica, tal y como hicieron las escuelas democráticas públicas promovidas por Michael Apple a finales de los años 90 o como lo ha hecho la escuela libre Vittra de Suecia (en la foto).

El proyecto Horizonte 2020 de los jesuitas arrancó el curso 2012-13 activando un proceso participativo que ha generado 56.000 ideas de alumnos, padres y madres, profesores y asesores. Todo un cambio disruptivo en la pedagogía jesuítica que tanta influencia histórica ha tenido en configurar el actual formato escuela, fijada desde la RatioStudiorum en 1599. Tal y como señala Mariano Fernández-Enguita, hay que llamar la atención sobre la trascendencia histórica de este cambio radical. Dejando aparte el carácter religioso en su identidad, lo más trascendente es la audacia de romper el tiempo y el espacio abandonando las pedagogías visibles, jerárquicas y magistrales que tanto analizó Basil Bernstein. El recambio son las pedagogías invisibles, sin una clasificación fuerte del currículum, sin parcelación del conocimiento en asignaturas y sin un encuadre rígido de las relaciones de poder en el aula. Según nos dicen, el tránsito hacia un modelo de pedagogías invisibles ha hecho bajar las sanciones disciplinarias y ha elevado la motivación y la implicación de unos alumnos que (añadimos) ya no se sienten alienados.

La apuesta por las pedagogías invisibles de los jesuitas catalanes ha convencido a los padres de sus 13.000 alumnos que son altos profesionales y nuevas clases medias con fuerte capital cultural y simbólico. Este es un hecho igual de trascendental desde el punto de vista sociológico. En lugar de refugiarse en el formato tradicional de escuela, su clientela confía en el cambio disruptivo y apuesta por un modelo radicalmente nuevo de escuela.

¿Para cuándo la innovación radical de la escuela pública?

Ciertas escuelas e institutos públicos llevan adelante proyectos innovadores casi de forma clandestina, tanto por ser poco conocidos como para tener que esquivar el control restrictivo de los Departamentos de Educación. La Inspección actúa, muchas veces, como un control formalista y purista que persigue las desviaciones para estar fuera de la normativa, al igual que la Inquisición perseguía brujas y herejes.

No podemos aceptar una política educativa tan errática, burocrática y asocial. Asocial por menospreciar la realidad de las desigualdades sociales y los estragos de la crisis en las escuelas e institutos públicos. Errática por ponerse de espaldas a la historia y no impulsar una nueva secundaria 3.0, activa y laica que desborde una LOMCE en punto muerto después de las próximas elecciones generales. Burocrática por ser administradora del sistema a pesar de estar agotado en lugar de reconvertirse en una política de servicio promotora de innovaciones auténticas.

Tras el ciclo de protestas (mareas verdes y movilizaciones contra los recortes) empieza a emerger un proceso de respuesta. La declaración del Foro de Sevilla Foro de Sevilla reúne a partidos y organizaciones progresistas y debiera ser el germen de un nuevo discurso disruptivo sobre la educación moderna. No sólo se trata de suprimir la LOMCE, también se trata de superar el formato escuela como fàbrica-monástica por ser inadaptado e injusto en plena sociedad del conocimiento.

La educación española está herida y maltrecha por dos siglos de conflicto que no son sino el combate de dos fuerzas antagónicas sin que ninguna sea capaz de vencer y asentarse. Sólo en el período democrático reciente hemos tenido 7 reformas del sistema y 16 ministros del ramo que han gobernado una media de 2 años. Es hora de que las nuevas generaciones lideren la superación definitiva de ese conflicto antagonista. El modelo educativo que los jesuítas, por ejemplo, van a consolidar no es de derechas ni de izquierdas. Es el modelo disruptivo de una escuela democrática y creativa adaptada a los requisitos de la sociedad intercultural y compleja del siglo XXI.

¿En las próximas elecciones veremos cantidatos y opciones políticas que apuesten, además de suprimir la LOMCE, por un cambio radical y disruptivo del modelo tradicional de secundaria? Lo dudo. Los políticos, nuevos o viejos, son demasiado dependientes de la prudencia del sentido popular ante los temas educativos. Hacer cambios disruptivos en educación asusta a los políticos y no “vende” bien entre su electorado. No arriesgan ni quieren hacerlo, más allá de las retóricas habituales y declarativas. Sus asesores suelen ser profesores abducidos por el mismo sistema que están deseando dejar de serlo y no tienen la audacia de plantear grandes cambios disruptivos. Pero la indecisión e inacción de políticos y candidatos es la hipoteca que todos pagamos por no tomar la iniciativa. No podemos resignarnos a retroceder 20 años la red pública mientras la fracción más innovadora de red privada ha apostado por asaltar los cielos y ganar el futuro.

Uno de los primeros institutos que experimentó un modelo muy similar al que ahora apuestan los jesuitas fue el IES Can Puig en Sant Pere de Ribes (Catalunya), liderado por su director, el pedagogo Ferran Miquel. La aventura duró de 1986 a 1992, cuando fue liquidada por el Departamento de Enseñanza. En aquel tiempo desbordaba la LOGSE y anticipaba lo que ahora es un nuevo modelo y formato de escuela para el siglo XXI. Tuvimos innovadores y tenemos innovadores en la red pública pero no líderes políticos con visión de futuro que confíen en la creatividad disruptiva que siempre nace desde abajo. ¿A qué esperamos? El horizonte está delante de nosotros y nosotras...