La Delegación del Gobierno en Madrid ha acordado sancionar con una multa de 10.401 euros al agitador ultra Vito Quiles por desobedecer a la Policía cuando le pidió que abandonara la manifestación feminista del 25 de noviembre de 2025 para evitar altercados.

El relato de la Policía es que Quiles se dirigió de “forma provocativa” a las personas asistentes de la marcha, muy concurrida y comunicada a la Delegación del Gobierno en Madrid. Las manifestantes rodearon con gritos de “fuera, fuera” al agitador, que pocas semanas antes había provocado ya disturbios en su “tour” universitario. Los integrantes del dispositivo policial decidieron pedirle en ese momento que se fuera para evitar incidentes que pusieran en riesgo “no solo su propia integridad, sino el normal discurrir de una manifestación comunicada”. Se negó hasta en tres ocasiones y se le informó de que sería propuesto para sanción por desobedecer.

Una vez notificado este expediente sancionador, Quiles tiene quince días para decidir si quiere realizar el pago voluntario con reducción del 50% del importe de la sanción de multa —con lo que finalizaría el procedimiento— o bien formular alegaciones. Si no efectúa el pago voluntario, se continuará la tramitación y podrá ejercitar su derecho de audiencia, presentar alegaciones y aportar los documentos que quiera como prueba.

En pocos días se conocerá también la decisión del Congreso para retirarle la acreditación por las denuncias en su contra. El instructor del caso llamó el pasado 3 de marzo tanto a la parte denunciante como a la denunciada antes de cerrar el informe que prepara sobre el agitador. Una vez que lo presente, es la Mesa del Congreso la que tiene que tomar la decisión final sobre la sanción contra él. El Consejo Consultivo, el órgano creado ad hoc en la última reforma del reglamento para analizar este tipo de situaciones, ya propuso una suspensión de su acreditación y de la de Bertrand Ndongo por las denuncias presentadas.

“Malilla cuida a Malilla, seguridad ciudadana. En nuestro barrio no se roba”. Este es uno de los lemas que puede leerse en algunos de los carteles que se han colocado en diferentes comercios del barrio de Malilla. “Negocio protegido, seguridad ciudadana. El barrio no se toca”, dice otro de ellos.

Así lo han denunciado fuentes vecinales a elDiario.es las cuales explican que los paneles estaban colgados en al menos tres comercios ubicados entre las calles de Juan Ramón Jiménez y Oltá. Las mismas fuentes aseguran que se trata de un grupo con estética ultra que está promoviendo “la creación de patrullas ciudadanas bajo el falso argumento de la inseguridad ciudadana o de un supuesto incremento de la delincuencia y los robos que no se corresponde en absoluto con la realidad”.

Las mismas fuentes aseguran que “estas actuaciones ilegales solo contribuyen a fomentar la crispación, el miedo y el enfrentamiento social en un barrio que siempre ha sido y que sigue siendo tranquilo”.

Otras fuentes vecinales consultadas afirman que han tenido constancia de la creación de un grupo de WhatsApp en el que se invita a participar a vecinos y comerciantes de Malilla para comunicar incidencias, altercados o situaciones de inseguridad. Unos problemas que aseguran también que son inexistentes, más allá de las situaciones normales que puede haber en el resto de barrios de la ciudad: “Al parecer el fin es que si se comunica alguna situación en ese grupo que una suerte de patrulla ciudadana actúe, pero la verdad es que hasta ahora nadie los ha visto”, explican.

La creación de esta patrulla se aireó el pasado 20 de diciembre en el perfil de Facebook de extrema derecha 'El Noticiero Español', en el que se comparte la imagen de uno de los carteles colgados por los comercios del barrio acompañado del siguiente comentario: “Los vecinos del Barrio de Malilla en Valencia, salen a patrullar las calles ante la inseguridad en sus calles y robos tanto a ancianos como adolescentes. Son un grupo de vecinos y amigos, de toda la vida del barrio, los que protegen a sus vecinos de ”gentuza de fuera“ que solo acuden al barrio para robar. Ya ha habido detenciones de algunos ladrones. El lema de los vecinos: 'Malilla no se toca'. Si no hay más presencia policial, los vecinos seguirán”.

Al respecto, a preguntas de elDiario.es, fuentes de la Policía Local de València han confirmado que, independientemente de que se trata de un asunto que compete a la Policía Nacional, tienen la situación controlada, pero no les consta que haya habido ninguna acción. Por su parte, según ha averiguado elDiario.es, el Cuerpo Nacional de Policía sí que habría realizado alguna identificación relacionada con este grupo a finales de diciembre, al parecer cuando se instalaron los carteles, sin que se hayan detectado más movimientos relacionados con el tema.

Fuentes vecinales informaron a esta redacción que a última hora de la tarde se retiraron los carteles en al menos dos de los tres comercios en los que estaban instalados.

El Tribunal Supremo ha confirmado las penas mínimas que impuso la Audiencia de Barcelona a tres neonazis, entre ellos el excoordinador de Democracia Nacional en Catalunya Alberto Bruguera, por la agresión que perpetraron a tres independentistas en 2018 en Balsareny al grito de “rojos, cerdos independentistas”.

En su sentencia, los magistrados desestiman los recursos de las defensas y ratifican la condena a un año y medio de cárcel y a una multa de 4.320 euros para cada neonazi por un delito de odio en concurso con un delito contra la integridad moral y un delito leve de lesiones. La Fiscalía llegó a pedir en el juicio hasta seis años de cárcel y multa de 11.880 euros.

Además de Bruguera, los condenados son otros dos conocidos elementos de la extrema derecha catalana: Alba S., autodenominada Hanna Reitsch, y Antonio Castellón, condenado por atacar un 'casal' de Nou Barris durante la campaña de acoso contra una mezquita. En el juicio no ocultó que lleva tatuadas las palabras “nazi” y “skin” en los dedos de su mano. El resto de tinta nazi de su cuerpo –cuatro esvásticas y la cara del mismo Adolf Hitler– quedaron escondidos bajo la ropa.

Los hechos probados se remontan al año 2018. Tras participar en una marcha de Democracia Nacional en apoyo a un ultra del municipio, decidieron ir a por los parroquianos de un bar de Balsareny,. El motivo, el “profundo desprecio” que los tres neonazis sentían “hacia las personas del independentismo catalán y de izquierdas”, según reflejó la sentencia de la Audiencia de Barcelona.

El año y medio de cárcel resulta de la suma de la pena mínima por cada uno de los tres delitos de odio, en concurso con otro contra la integridad moral (hubo tres víctimas), impuesta por la Audiencia de Barcelona. Los neonazis también deberán indemnizar a las víctimas con un total de 2.575 euros por daños morales y las lesiones causadas.

El Supremo confirma todos los razonamientos judiciales y concluye que los neonazos actuaron “con ánimo de menoscabar la integridad física y perturbar la tranquilidad y seguridad” de los tres independentistas, a quienes “amedrentaron, increparon, escupieron” y vejaron con insultos como “independentistas de mierda, rojos, rojas de mierda, cerdos independentistas, hijos de puta, guarros, asquerosos”.

Con referencias a sentencias de agresiones de independentistas a contrarios a la secesión, el Supremo expresa su rechazo a “ataques a las personas por su condición de españoles para excluirles de un territorio de la propia nación España”.

“Tampoco cabe hacer exclusión social de los pertenecientes a un determinado territorio o comunidad autónoma, como si fueran de inferior categoría y postulando esa exclusión social que se pretende con los delitos de odio, donde se atenta a la igualdad de todos los ciudadanos en su territorio y en la nación”, agrega el tribunal, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Vicente Magro.

La sala de Sentmenat (Barcelona) que este sábado acogió un acto privado de la organización ultra Núcleo Nacional, se ha desmarcado del grupo y ha asegurado que no es sede “de ninguna organización ni colectivo”. La empresa, Area 81 Events, se ha visto obligada a publicar un comunicado después de que el grupo insinuara que el local, situado en un polígono industrial en las afueras de la ciudad, era su “nueva delegación en Barcelona”.

En el texto, colgado en su cuenta de Instagram, se asegura que Núcleo Nacional simplemente alquiló el espacio con motivo de una “conferencia privada” y se ha querido dejar claro que la empresa no organizó ni participó de ninguna manera en la convocatoria.

“Queremos dejar constancia de que no mantenemos vinculación ideológica, organizativa ni asociación con el contenido de los eventos que se realizan en el espacio, ni somos sede, oficina o local de ninguna organización o colectivo”, han aclarado. En cambio, han querido matizar que su espacio está orientado a “celebraciones familiares, fiestas, cumpleaños o reuniones”.

El comunicado llega unas 24 horas después de que Núcleo Nacional anunciara un evento en esa sala. Se trata de un encuentro que llevaba días anunciándose por redes en los que, al principio, el grupo ultra había asegurado que iban a inaugurar una “delegación en Barcelona”, junto con un cartel en el que se podía ver la Casa Batlló y un aviso: la ubicación se haría pública 24 horas antes del acto, programado para las 18h del sábado.

Finalmente, no fue hasta el sábado por la mañana que avisaron a sus acólitos de que el acto no iba a ser en la ciudad de Barcelona, sino en la provincia. E instaron a los suyos a “acercarse” a la comarca del Vallès Occidental. Sólo dos horas antes del evento compartieron la ubicación: un polígono a las afueras de Sentmenat, una ciudad a la que no llega la Renfe ni hay autobuses directos desde Barcelona ciudad.

Además, también había cambiado el motivo del encuentro. Si antes era la “presentación de la delegación de Barcelona”, ahora un “acto privado” para “presentar Núcleo Nacional en Barcelona”.

El anuncio provocó la respuesta de diversos grupos antifascistas, que reunieron a diversos centenares de manifestantes ante las puertas del local, que estaba fuertemente blindado por un dispositivo policial que contaba con más de 100 agentes y una decena de furgonas antidisturbios.

El acto de Núcleo Nacional se desarrolló sin incidentes dentro del polígono, reuniendo a poco más de un centenar de personas, según se puede ver en un vídeo publicado por el mismo grupo. En cambio, la concentración acabó con cargas policiales después de que los concentrados quisieran romper el cordón policial. Finalmente, una decena de manifestantes tuvo que recibir asistencia médica, pero la noche se cerró sin ningún detenido.

Nueva detención de aficionados ultras por incidentes previos a un partido del Real Oviedo. Apenas una semana después de que fueran arrestadas tres personas por los altercados registrados en las inmediaciones del estadio local del Carlos Tartiere el día del partido entre el equipo del club azul y el Club Deportivo Mirandés, la Policía Nacional ha detenido a siete aficionados como presuntos autores de un delito de desórdenes públicos por una reyerta ocurrida antes del encuentro entre el Real Oviedo y el Club Atlético Osasuna.

Los hechos se produjeron el pasado 3 de noviembre, en la calle Juan Antonio Vallejo Nájera, en los momentos previos al inicio del encuentro.

Un centenar de radicales

Según el relato del Cuerpo Nacional de Policía, un grupo de un centenar de radicales vinculados a 'Symmachiarii', que iban con los rostros cubiertos y portando palos y objetos contundentes, se dirigió de forma violenta hacia otro grupo rival formado por alrededor de 60 ultras de 'Indar Gorri'.

Durante el enfrentamiento se produjo el lanzamiento de botellas de vidrio y otros objetos, generando una grave alteración de la seguridad ciudadana y un evidente riesgo para los transeúntes y vecinos de la zona, si bien no se registraron daños personales.

La investigación

La rápida intervención de las Unidades de Intervención Policial (UIP) permitió separar a ambos grupos, restablecer el orden y culminó con la detención inmediata de uno de los participantes.

La Brigada Provincial de Información de Oviedo, en coordinación con la Comisaría General de Información, inició una investigación para esclarecer los hechos e identificar a los principales responsables.

Las detenciones

Como resultado de la investigación, se procedió a la detención de siete personas como presuntas autoras de un delito de desórdenes públicos. Tras prestar declaración en dependencias policiales, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía y del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, que lleva la causa.

Además, todos los identificados han sido propuestos para sanción administrativa por infracción de la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que contempla multas de hasta 60.000 euros, así como la prohibición de acceso a los recintos deportivos.

El compromiso

La Policía Nacional sostiene que no se trata de hechos aislados y reafirma su compromiso con la erradicación de la violencia en el ámbito deportivo.

La Jefatura Superior de Policía de Asturias recuerda que se está aplicando de forma estricta las medidas preventivas y de investigación necesarias para garantizar la seguridad ciudadana y el normal desarrollo de los eventos deportivos.

Un total de 57 ultras han sido detenidos a causa de una multitudinaria pelea violenta que se dio en la previa del partido de fútbol entre el Granada C.F. y el Cádiz C.F. el pasado 25 de octubre.

La Policía Nacional ha actuado en las ciudades de Granada, Cádiz, Málaga, Burgos y Cartagena, donde se ha identificado la presencia de estos individuos acusados de un presunto delito de desorden público. La investigación, desarrollada por las Brigadas Provinciales de Información de estas urbes, han relacionado a los participantes en la reyerta con sectores radicales.

Navajas y objetos peligrosos

Horas previas al evento, los ultras de Curva Sur, apoyados por aficionados radicales del Frente Bokerón, esperaban la llegada de la afición rival en una cafetería cercana al estadio, ha detallado la Policía Nacional en un comunicado. Con las Brigadas Amarillas ya presentes, ambos grupos empezaron a tirarse botellas, mobiliario urbano y otros objetos contundentes, lo que motivó la actuación de los cuerpos de seguridad.

Durante el despliegue del dispositivo, se incautaron tubos de PVC, una navaja, además de un puño americano, un doble anillo, varios palos y un artefacto pirotécnico definido como Big Craze Balle, entre otros objetos. Por ciudades, se han arrestado a 28 personas en Cádiz, otras 16 en Granada, así como a siete en Málaga, a las que habría que añadir cuatro en Burgos y dos en Cartagena.

Ante la magnitud de los hechos, el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada ha abierto una investigación en la que no se descartan más detenidos.

Segundo giro de tuerca para el Sevilla FC. La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte propone la clausura del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán durante un mes y la imposición de una multa de 120.000 euros para el equipo por los incidentes del pasado 30 de noviembre durante el derbi contra el Real Betis. El árbitro del partido suspendió durante un cuarto de hora el partido en los minutos finales ante el reiterado lanzamiento sobre todo de botellas de agua pequeñas.

El expediente elaborado por la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional “aporta abundante información sobre el lanzamiento de objetos al campo durante la celebración del encuentro y la exhibición de pancartas incitadoras del odio o vinculadas a grupos radicales como Biris Norte o Bukaneros”, apunta el Ministerio de Interior en un comunicado.

El organismo recordó que la legislación contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte “prohíbe expresamente dar 'promoción o apoyo' a grupos de seguidores radicales”, pero que en este partido se desplegó en uno de los fondos del feudo sevillista de un gran tifo de homenaje a los Biris en el 50 aniversario de su fundación.

Advertencias previas

“La pancarta ocupaba todo un fondo del estadio y mostraba un dibujo diferente al anunciado para su autorización por el club tres días antes del partido. El coordinador de seguridad advirtió expresamente sobre la posible vinculación al grupo radical, una posibilidad descartada por el Sevilla FC. Además, la autoría del tifo fue reivindicada por los propios ultras en perfiles abiertos de redes sociales”, remarca el ministerio.

Por otra parte, en la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán se detectaron “otras pancartas incitadoras del odio”, según la propuesta de sanción acordada por la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte. Una de ellas aludía a la reyerta protagonizada por miembros de Biris Norte, Supporters y United Family antes del partido, investigada por la Policía Nacional.

Multas económicas a los dos equipos

Además, la Comisión propuso otra multa de 40.000 euros al Sevilla FC y una de 30.000 euros al Real Betis por el incumplimiento de las medidas de seguridad y control de accesos en los entrenamientos abiertos al público previos a la disputa del encuentro, ya que en las gradas de ambos equipos aparecieron bengalas, “elementos prohibidos por el grave riesgo que representan para la seguridad de los ciudadanos”.

Cabe recordar que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ordenó el cierre parcial del estadio del Sevilla FC durante tres encuentros por estos incidentes, además de una sanción de 45.000 euros. La clausura debería aplicarse en los sectores que conforman el Fondo Norte desde donde se produjeron los lanzamientos de mecheros y botellas en la última parte del derbi, lo cual provocó la suspensión del encuentro durante 15 minutos tal y como marca el protocolo tras un primer aviso por megafonía. El club ya recurrió esta decisión de la RFEF, anunciando que se defendería “tanto en instancias deportivas como ordinarias”.

“Sorpresa” del Sevilla

Nada más conocerse la noticia, el club ha emitido un comunicado en el que mostraba “su sorpresa y su más absoluta indignación” tras saber la propuesta de sanción realizada por la Comisión. Una decisión que han calificado como “totalmente desproporcionada, carente de cualquier mínimo fundamente y constituyente de un nuevo y clamoroso agravio comparativo”, en referencia a lo sucedido en otros estadios.

Por tanto, los servicios jurídicos analizarán el escrito, el cual, según ha mantenido el Sevilla, conocieron a partir de los medios de comunicación en vez de con una notificación personal. En todo caso, han defendido su postura de “condena a cualquier actitud y acción” que suponga “alguna amenaza” al desarrollo del partido o a la integridad de los jugadores. Así, han manifestado que el objetivo es “combatir y erradicar cualquier tipo de violencia en el fútbol”, colaborando estrechamente con las autoridades policiales y administrativas en su eliminación.

Habla con un tono afable y seguro detrás de un micrófono de radio. La imagen que devuelve la videollamada se parece a la de los capítulos de Epidemia ultra, el pódcast que Franco Delle Donne (Buenos Aires, 1983) lanzó en 2020 para analizar “lo que esconde la derecha radical”. Cinco años después, este doctor en Comunicación por la Universidad Libre de Berlín y máster en Democracia y Gobierno por la Universidad Autónoma de Madrid lanza un libro con el mismo título para indagar, entre otras cosas, en el inicio de un ascenso de la ultraderecha y los autoritarismos que parece imparable.

Didáctico y reflexivo, Delle Donne –actualmente investigador en la Werkstatt für Sozialforschung en Berlín– propone en el libro que acaba de publicar (Ed. Península) y durante la charla una mirada sin prejuicios sobre el fenómeno, que explica con un símil sanitario: un virus latente, un peligro desatendido, el efecto contagio, la expansión difícil de detener.

¿El primer error que hemos cometido ante el avance de la ultraderecha ha sido subestimarla? 

Creo que sí, y ese es el punto de partida no solo de este libro sino de todo mi trabajo divulgativo. En general parece un fenómeno nuevo y sorprendente, pero en realidad no hay nada de nuevo en su discurso, que la academia lleva mucho tiempo analizando. Pienso que se minimizó su capacidad para mostrar desde otro punto de vista problemas sociales, contradicciones o desigualdades, porque resulta que tal vez entiende mejor cómo funciona la comunicación actual de lo que nosotros creemos. 

La frase de 'mejor malo conocido que bueno por conocer' ha mutado en 'mejor malo por conocer que malo conocido'

Y a la vez que subestimamos a la ultraderecha, sobrevaloramos nuestras propias capacidades para analizar lo que pasa, lo que nos lleva a caer en el asombro y la estupefacción. Es como si estuviéramos constantemente escandalizados. Pasó hace años cuando surgió aquí Alternativa por Alemania (AfD) y también hace poco, cuando Javier Milei ganó las elecciones de medio término en Argentina. 

¿Ese estado de estupefacción es lo que nos impide enfrentar esta epidemia?

Quizá tiene que ver con una mirada un poco naif de la historia. Creíamos que después de la Segunda Guerra Mundial habíamos alcanzado un consenso acerca de cómo convivir, de cómo no matarnos cuando pensamos diferente o de cómo no generar marginación o discriminación, y pensábamos que ese consenso era tan fuerte que se iba a imponer siempre. Pero no es tan así, y es duro admitirlo. 

La ultraderecha está gobernando en Italia, en Argentina, está creciendo en Alemania, en Francia, en España. Y, por supuesto, está en el poder en Estados Unidos. Ya prácticamente no hay países en los que tenga una intención de voto por debajo del 15%, y en algunos llega al 50%. En lugar de atajarla desde el primer momento, dejamos que la epidemia ultra creciera a tal punto que se volvió difícil de contrarrestar. 

Vamos a ese primer momento. El libro comienza con el triunfo de Jean Marie Le Pen en la primera vuelta de las elecciones francesas de 2002: ahí sitúa el “nacimiento simbólico” de la epidemia ultra. ¿El virus estaba en fase de incubación?

Si subestimas algo, ignoras la presencia de esa amenaza. Como en la segunda vuelta de esas elecciones Francia se movilizó para que Le Pen no gobernara, parecía que ese peligro ya no existía. Con la caída del muro de Berlín, hay una teoría política y un modelo económico que se imponen: frente al comunismo, el fascismo, la monarquía, triunfan el liberalismo, la democracia y la economía de mercado. Y con ello una sensación de que todo va a ir siempre a mejor. Parecía que estábamos casi condenados al éxito. Pero después llegó la gran decepción. 

¿La crisis de 2008 dinamita esa idea de futuro prometedor?

La gran crisis económica desata fuerzas similares a las del crack del 29, y deja en evidencia que ese sistema triunfante, ese ‘perfecto fin de la historia’ tiene un montón de cosas para resolver. Y la ultraderecha plantea de manera inteligente una alternativa ante esa expectativa incumplida.

Hay gente pasándolo mal, o tal vez simplemente no como le prometieron. El problema es que ante esa frustración la respuesta no puede ser ¿qué quieres, una dictadura? Probablemente, no sea lo que todos los que apoyan a la ultraderecha quieren, pero tampoco quieren lo que hay. La frase de “mejor malo conocido que bueno por conocer” ha mutado en “mejor malo por conocer que malo conocido”.

En el libro explicas que este avance ultra no es coyuntural, sino estructural y transnacional. 

Hay corrientes que se convierten poco a poco en movimientos transnacionales. O al menos las narrativas lo son, independientemente de las realidades. ¿Qué tiene que ver Polonia con El Salvador? Y aun así ves puntos en común. 

¿Qué son los neopatriotas?

Sería una especie de fusión entre una visión económica liberal y la dimensión nacionalista en su discurso político. Es un concepto que acuñaron dos politólogos, José Antonio Sanahuja y Camilo López Burian, para analizar el fenómeno de la ultraderecha en Latinoamérica incluso antes de que Bolsonaro fuera un actor relevante. 

El feminismo puede generar incomodidad, pero si los hombres jóvenes son más permeables al discurso ultraderechista, tal vez la explicación no sea que el feminismo se ha radicalizado en sus reivindicaciones y ‘cancelaciones’ sino qué sociedad le estamos ofreciendo a esos jóvenes que optan por volver al pasado

Es que las categorías europeas a veces ayudan y a veces dificultan nuestra capacidad de comprender fenómenos políticos en América latina, para explicar qué es la derecha y la izquierda, qué es el peronismo en Argentina, qué es el PRI en México… En estos países, los símbolos nacionales no se vinculan necesariamente con la derecha –como sí ocurre en Alemania o en España– porque fueron colonias y con la independencia construyeron un sentido de país y una identidad. Los neopatriotas defienden una nación para unos pocos, algo que hasta ahora no estaba muy extendido allí, pero eso puede cambiar con el triunfo de José Antonio Kast en Chile y su discurso antinmigración. 

¿Por qué Trump representa un cambio de fase en esta epidemia?

A través de él se normaliza lo que hasta ese momento no había logrado ser mainstream. Había habido chispazos, sí. En los 90 con Pat Buchanan, que fue candidato independiente, después con el Tea Party, ambos encarnando el conservadurismo más rancio, pero todavía democrático. Lo que encarna Trump es la ventana de Overton: hacer aceptable algo que no era aceptable. Normaliza lo que hasta ese momento era indecible, y ese es el inmenso cambio de era.

La nouvelle droite sostenía que la izquierda dominaba el discurso cultural y proponía una batalla contra eso. ¿La izquierda sigue dominando el discurso cultural? ¿O esto cambia a partir de que la tecnología permite una multiplicidad de canales? 

Yo creo que estamos viendo por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que está en disputa esa hegemonía cultural. A partir de Mayo Francés, por poner una fecha, se empiezan a dar unos cambios sociales sostenidos y constantes: el rol de la mujer, la orientación sexual o un montón de cuestiones de corte social que eran moralmente condenables hace 60 años y ahora no. O mejor dicho, que no lo eran hasta hace cinco años. Los líderes ultras y sus portavoces, incluyendo a think tanks, periodistas o pseudoperiodistas, tienen claro que el objetivo es disputar conceptos básicos como libertad. Y lo están consiguiendo.

Muchas veces se responsabiliza al crecimiento del feminismo de la ola reaccionaria que propicia el ascenso de la ultraderecha. ¿Qué tiene que ver la cuarta ola feminista con este fenómeno? 

Lo veo como un falso dilema. Además de antifeminismo, la ultraderecha utiliza muchos otros instrumentos: el nacionalismo, el nativismo, el racismo… Atribuir su crecimiento a un movimiento que busca igualdad donde nunca la hubo es convertirlo en un chivo expiatorio, y lo único que consigue es más polarización. 

Si no entendemos sus razones, seguiremos estupefactos y sin saber cómo actuar mientras la epidemia se extiende

Seguro que el feminismo puede generar mucha incomodidad, pero si los hombres jóvenes son más permeables al discurso ultraderechista, tal vez la explicación no sea que el feminismo se ha radicalizado en sus reivindicaciones y ‘cancelaciones’, sino qué sociedad le estamos ofreciendo a esos jóvenes que optan por volver al pasado. Una encuesta reciente en Alemania señalaba que uno de cada tres jóvenes varones veía la violencia hacia la pareja como un recurso aceptable. 

La cuestión es cómo actuamos frente a esta epidemia ultra. Hemos probado de todo: cordones sanitarios, indiferencia, informar sobre ello sin más o entrar en sus debates, normalizando el discurso… ¿Hay algo que se pueda hacer? 

La ultraderecha hace un diagnóstico basado en mini verdades para apuntalar un discurso directo, fácil, efectivo y que, sobre todo, señala un culpable. Porque es cierto que hay desigualdad, pero eso no quiere decir que el responsable de que tu abuela cobre una pensión de miseria sea el migrante. Por eso, desde la esfera política copiar a la ultraderecha es un error. Quizá se trata de poner el foco en otras cosas. La idea de cobrar más impuestos a los millonarios está bien, pero tal vez no hay que hacer campaña necesariamente con eso, o sí, pero llevándolo a un plano más personal. 

¿Así no se corre el riesgo de desdibujar ideas y valores?

Hay valores de esta sociedad que tenemos que seguir sosteniendo. La cuestión es cómo construir una visión del mundo a partir de la autocrítica y que a la vez proponga un modelo diferente. El objetivo no puede ser volver al mundo en el que nosotros crecimos, sino que hay que pensar una construcción nueva. No quedarnos en la nostalgia ni en la idea de que la gente debería agradecer por todo lo que tiene. Lo que hay que ofrecer son miradas a futuro que generen esa confianza que muchos ya no tienen. 

¿Si entrar en el marco discursivo de la ultraderecha es un error, no existe debate posible?

El problema es que tendemos a pensar que si el otro defiende cosas que nos parecen inasumibles es idiota o mala persona. Hay que encontrar mecanismos para discutir sin necesariamente descalificar al que piensa distinto. La palabra clave es empatizar. Sostener nuestras banderas sin la superioridad que nos acerca a un discurso de pensamiento único que es lo mismo que les criticamos. Al menos con las personas que tenemos cerca, compartimos un universo de experiencias y valores desde el que poder acercar posturas o simplemente comprender. Si no entendemos sus razones, seguiremos estupefactos y sin saber cómo actuar mientras la epidemia se extiende.

La Policía Nacional ha detenido la noche de este pasado viernes, 28 de noviembre, a un total de 14 personas que participaron en una reyerta multitudinaria entre ultras del Real Betis y del Sevilla FC en las proximidades del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en Nervión. Los detenidos emplearon diverso material pirotécnico y objetos contundentes para agredirse. La pelea se ha producido a poco más de 24 horas de que se dispute el derbi sevillano, previsto para este próximo domingo 30 de noviembre.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, los agentes tenían establecido un amplio dispositivo policial preventivo, tal y como ya se informó tras la Junta de Seguridad celebrada en la Subdelegación del Gobierno. De ahí que se estuviera monitorizando los movimientos de los ultras de ambos equipos, lo que les permitió una rápida intervención para sofocar el enfrentamiento.

Hasta el momento, la Policía ha llevado a cabo un total de 14 catorce detenciones de miembros de ambos grupos ultras que participaron en el altercado. Asimismo, el Cuerpo ha señalado que se mantiene abierta la investigación para el total esclarecimiento de los hechos, por lo que se espera que se realicen próximamente nuevas detenciones.

Óscar López, secretario madrileño de los socialistas y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha pedido a la Justicia que condene las proclamas contra Pedro Sánchez durante el acto de Falange de este viernes, “esa misma Justicia que ayer autorizó esas manifestaciones”, ha asegurado este sábado López. “Que condenen ahora a quienes ayer gritaron pidiendo un tiro en la nuca”, ha añadido. También ha exigido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que condene los gritos contra el presidente del Gobierno.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) permitió finalmente a La Falange manifestarse este viernes por el centro de la capital para conmemorar el 20-N al anular la prohibición dictada por Delegación de Gobierno, una decisión que tomaron tras analizar los informes policiales y valorar el contexto de las últimas semanas.

Precisamente este sábado Delegación de Gobierno ha avanzado que multará a la Falange por las proclamas “racistas” y “homófobas” en su marcha, en que participaron 700 personas.

“Ayer volvimos a ver a los del brazo en alto manifestándose por las calles de Madrid. No fueron autorizadas por la Delegación, pero sí por el TSJ después de un recurso de Falange”, ha comenzado el socialista madrileño, para “exigir dos cosas”: que Feijóo condene los gritos y que la Justicia “condene ahora a quienes ayer gritaron pidiendo un tiro en la nuca”. “Después de ver las imágenes que vimos anoche”, ha continuado López, “ni un paso atrás”.

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ha emitido una enérgica condena tras el reciente ataque vandálico perpetrado contra el mural dedicado al poeta valenciano Vicent Andrés Estellés, ubicado en el Parque del Polígono 3. El acto, que consistió en una pintada con el nombre del partido de extrema derecha “Vox”, es el segundo incidente de este tipo en pocas semanas, tras el daño ocasionado a otro mural en el barrio Toledo.

Desde el consistorio, se ha calificado el acto como un ataque directo a la cultura, al valenciano y a la convivencia social. El gobierno municipal señala que los daños, que han mancillado la obra creada con “cariño y talento por tres autores locales”, suponen una grave falta de respeto al patrimonio que pertenece a todos los ciudadanos de la Vall d'Uixó.

Ante estos hechos el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ha reafirmado su compromiso con la libertad de expresión y la cultura, anunciando que se trabajará de inmediato para restaurar los murales y mantener a la ciudad como un lugar “vivo, abierto y orgulloso de su identidad”.

Ataques contra la figura de Estellés

Este episodio en la Vall d'Uixó no es un caso aislado, sino que se enmarca en una preocupante serie de agresiones y retiradas de elementos culturales ligados a la figura de Vicent Andrés Estellés en la Comunitat Valenciana.

Los actos vandálicos contra el legado de Estellés son una constante de sectores de la extrema derecha contra el legado de la cultura valenciana. Especialmente estos se han producido en la localidad natal del poeta, Burjassot, con ataques a la escultura que le rinde homenaje o a un panel cerámico dedicado a su obra.

A la agresión física se suma la retirada institucional. Recientemente, fue noticia la retirada por parte de Vox de un panel cerámico en Godella dedicado a la educación en valenciano que contenían versos de Estellés.

La Policía Nacional ha detenido a 16 ultras que, presuntamente, protagonizaron enfrentamientos violentos el pasado 28 de septiembre en Santander. Trece han sido detenidos en la capital cántabra y tres en Gijón, que se habían desplazado a Santander con motivo del festival ultraderechista Galerna Fest, organizado por la Asociación Cultural Alfonso I, si bien alguno de ellos pertenece al grupo radical Ultra Boys del Real Sporting de Gijón. Fueron arrestados el 4 de noviembre y se les atribuyen delitos de desórdenes públicos y de odio. No se descartan más detenciones, ya que la operación se mantiene abierta en las distintas ciudades.

Los hechos investigados se produjeron alrededor de las 00.00 horas del pasado 28 de septiembre, una vez finalizado el partido de fútbol entre el Racing de Santander y la F.C. Andorra, y tras coincidir en una zona hostelera miembros ultras de las Juventudes Verdiblancas y pertenecientes a movimientos radicales asentados en Asturias que se habían desplazado a Santander con motivo del festival anual de Galerna Fest, si bien alguno pertenece a los Ultra Boys.

En el enfrentamiento se utilizaron todo tipo de objetos contundentes y mobiliario como botellas, sillas, vasos o copas. Como consecuencia se produjeron lesiones físicas y materiales en el mobiliario de los bares de la zona. La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander.

La Audiencia de Málaga ha absuelto a dos sacerdotes acusados de un delito de incitación al odio por determinadas manifestaciones realizadas en artículos o programas de vídeo contra migrantes, la comunidad musulmana y el islam, publicados en la web ultra Alerta Digital. Además, también absuelve a Armando Robles, exjefe de prensa de Jesús Gil, responsable de la web y presentador de programas como La Ratonera.

El fiscal pedía que se condenara a Robles a cuatro años de prisión y multa diaria de 15 euros durante un año, y para cada uno de los sacerdotes, Custodio Ballester y Jesús Calvo, una pena de tres años de prisión de tres años y una multa de diez euros diarios durante diez meses. También pedía el cierre de Alerta Digital. La sentencia se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Andalucía.

En su web, Robles ya informa de la absolución por, dice, “criticar al Islam”. En su día, Alerta Digital ya fue expedientada por la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte por llamar “cerdos” a los aficionados del Barça y del Athletic. La Comisión propuso una multa de 60.000 euros. Tras la multa, sustituyó el sonido original de las aficiones por el de cerdos, y lamentó que “esto con Franco no pasaba”. En los últimos años Robles y Alerta Digital pasaron de involucrarse en el impulso de candidaturas a la dirección local de Vox a desmarcarse del partido con vehemencia.

En un texto publicado hace apenas dos días, el sacerdote Custodio Ballester opinaba que “lo que fomenta el odio es silenciar” a los que defienden “la fe católica y la identidad de España”, lamentaba la “práctica imposibilidad de establecer ”la verdad judicial“ lo más cercana posible a la evidencia y a lo que muestra el sentido común”, y aseguraba: “Si hay poder y dinero, la justicia ni ve, ni oye, ni entiende”. El “Padre Custodio” comparaba su caso con el de todopoderosos de la Iglesia o Jefes de Estado sin procesar, a pesar de tratarse de casos “evidentes, públicos y notorios y documentados, de depravación sexual de sacerdotes”.

Al comentar su caso, señala que “la ley, la del delito de odio, [está] hecha a la medida de la arbitrariedad”, y que habló de “invasión” porque “eso es lo que estamos viviendo”.

“Clara dificultad de fijar con precisión los límites”

La sentencia aborda el debate de si las expresiones proferidas por los tres acusados tienen relevancia penal, y si encajan en el delito de odio o deben quedar protegidas por el derecho fundamental a la libertad de expresión, “por muy despreciable y perverso que sea el mensaje” o aunque las manifestaciones vertidas públicamente puedan ser “claramente ofensivas” o “desafortunadas”.

La Audiencia no cuestiona el carácter xenófobo del contenido, pero subraya que el Código Penal no castiga, sin más, las expresiones de odio. “Odiar no es delito ni publicar y difundir tal odio, tampoco. Ni lo es estar orgulloso o vanagloriarse de tales mensajesOdiar no es delito, ni publicarlo o estar orgulloso de ese mensaje, por muy despreciable que pueda resultar”, recoge la sentencia.

Las publicaciones se realizaron desde 2013 a 2019, en un medio en el que “buena parte de la línea editorial y de los artículos y entrevistas publicados versan sobre la inmigración, especialmente de origen africano”. En esos textos e intervenciones se utilizaron expresiones como “invasores”, “exterminio del infiel” o “grave amenaza” para referirse a refugiados o a personas que profesan el islam.

La Sala admite la “clara dificultad de fijar con precisión los límites penales” del delito de incitación al odio por la “fricción” con el derecho a la libertad de expresión. “No sólo existe un discurso protegido por la libertad de expresión, sino incluso podríamos aceptar que existe un discurso intolerante que igualmente se desarrolla dentro del ámbito de la libertad de expresión, y ello a pesar de que el mismo resulte ofensivo, no sólo para el grupo o persona a la que se dirige, sino incluso para el que lo escucha”.

Absolución de los dos párrocos

A continuación, la resolución analiza las expresiones proferidas por cada uno de los acusados. Custodio Ballester publicó en septiembre y diciembre de 2016 sendos artículos titulados : “El imposible diálogo con el Islam”. En tales artículos se afirmaba, entre otros extremos: “No nos engañemos, el Islam de hoy y de siempre (...) con una mano impulsa las obras de caridad, mientras arma la otra mano para aniquilar a todos aquellos que se niegan a reconocer a Alá y a Mahoma como el último y definitivo profeta de Dios”. En el programa La Ratonera, afirmó: “Ellos no se adaptan a nada, son una especie de mancha depredadora que se extiende y destruye, son como la termita. Hay que entenderles para pararles los pies, sin violencia si se puede, pero con firmeza”.

La sentencia concluye que estas afirmaciones “podrán ser consideradas desafortunadas, maniqueas, vinculadas con estereotipos religiosos o ideológicos intransigentes o que recurren a generalizaciones injustas y arbitrarias, pero no por ello pueden estimarse constitutivas de un delito de incitación al odio”.

Y añade: “Por muy despreciable y perverso que sea el mensaje o su autor, si no va acompañado en un fomento claro y manifiesto del odio hacia uno de los grupos protegidos por tal delito” no puede considerarse fuera de los límites. “No apreciamos que se haya superado tal límite en nuestro caso”, apostilla, al tiempo que reitera que “no todo lo que pueda considerarse inaceptable en términos discursivos y expresivos es penalmente relevante”.

En el caso de Jesús Calvo, esgrime sus “padecimientos psíquicos”, que condicionan su “interpretación delirante de la realidad”, que le hacen creer en la existencia de un “complot masónico para generar un nuevo orden mundial”. Sus manifestaciones “bien pudieran ser calificadas, al menos en buena parte, como delirantes”, lo que vicia “su intención, su voluntad, su ánimo”. Los magistrados creen que desta forma “difícilmente puede mantenerse” que concurra el “elemento subjetivo del delito” y lo absuelven.

Los bulos no suponen por sí solos incitación al odio

Por último, respecto al director de la web informativa, el conocido periodista ultra Armando Robles, la Sala admite que su conducta “está más próxima y contigua al delito de incitación al odio y a sobrepasar la amplia cobertura del derecho a la libertad de expresión”, por haber “una reiteración de artículos, mensajes, entrevistas, noticias... con una fijación desorbitada con el islam, el islamismo y la migración y con una crítica permanente y continua de tales creencias”.

Para la Sala, Robles pretende difundir la idea de que “la transformación de la sociedad europea en una sociedad multicultural y multirracial conlleva la desaparición de su población autóctona, el mestizaje de la misma y la extensión de la delincuencia y la barbarie”.

No obstante, el Tribunal concluye que eso no convierte a su medio en uno que se dedique “mayoritariamente y mucho menos con exclusividad a este tipo de mensajes”. Hay en su web noticias de actualidad política, económica, social y deportiva. La publicación de bulos, dicen los jueces, “no integran, por sí solas” un delito de incitación al odio, “más aún cuando algunas de tales noticias sí responden a la realidad, por mucho que, en determinadas ocasiones, sí aparezcan alteradas en perjuicio de la población migrante, especialmente musulmana”.

Los magistrados atisban odio, pero no de forma suficientemente nítida. “Mantenemos una mínima duda de que el objetivo del acusado fuera, en realidad, incitar al odio”, escriben: “Nos parece evidente que los contenidos del medio digital ya referidos no van encaminados, precisamente, a favorecer la concordia y la convivencia. Sin embargo, tampoco estimamos acreditado, con la contundencia necesaria que exige la aplicación de una norma penal, que la intención última del acusado fuera la de promover o incitar a sectores de la población hacia comportamientos o actitudes que fomentaran el odio, la violencia o la discriminación contra grupos determinados”.

El Tribunal se refiere también a los comentarios que efectúan muchos lectores (normalmente con perfiles anónimos) a los contenidos difundidos en la web y señala que “muchos podrían constituir e integrar, por sí mismos, un delito de incitación al odio”; pero considera que “no pueden ser responsables ni los directores de los medios ni los autores de los contenidos publicados”.

La Plaza de Castilla, el enclave madrileño para los juzgados de instrucción, saldrá del letargo en que se sume los fines de semana para vivir este sábado otro hito mediático en la instrucción que sigue el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez. Peinado ha citado a la mujer del presidente, a su asistente personal y al actual delegado del Gobierno en la región porque cree haber obtenido “indicios sólidos” de que cometieron un delito de malversación. Ya les ha adelantado en un auto que corresponde continuar el procedimiento contra ellos por una vía que, de prosperar, desembocará en un juicio con jurado popular. En la comparecencia, las defensas y la Fiscalía pedirán el archivo y las acusaciones populares concretarán en qué basan sus imputaciones. 

El magistrado aprovecha que tiene designada una guardia de juicios rápidos para encajar ahí la comparecencia. La de juicios rápidos es una de las modalidades de guardias que pueden hacer los magistrados de Plaza de Castilla. Su remuneración, adicional al sueldo que perciben, es uno de los principales alicientes para asumir la dirección de un juzgado de instrucción en Madrid, habitualmente saturados de trabajo. Se da la circunstancia de que Peinado cumple 71 años el sábado y que ya solo le queda un año de ejercicio, tras haber solicitado en 2024 la prórroga hasta los 72.

En el exterior ya se han anunciado las protestas habituales, acaso más numerosas por no tratarse de una jornada laboral, en las que HazteOir pasea camiones con altavoces por las calles aledañas al juzgado con cartelería que retrata a Sánchez y a su familia como una mafia. HazteOir ha convocado una concentración en las inmediaciones de la sede judicial a partir de las 17.00 horas bajo el lema: “¡Ya no le quedan excusas! ¡Begoña será juzgada!”. Esta organización, vinculada a la secta de origen mexicano El Yunque, ejerce la dirección letrada de las acusaciones populares, donde también está personado Vox.

Como en ocasiones anteriores, la decana de los juzgados, María Jesús del Barco, resolvió el viernes a favor de la petición del equipo de seguridad de la Moncloa para que Begoña Gómez entre en los juzgados en coche y por el garaje. La Ley del Tribunal del Jurado especifica que, para este trámite, los imputados deben ser citados y estar “necesariamente asistidos de letrado de su elección o, caso de no designarlo, de letrado de oficio”. Sin embargo, no impone su presencia de forma expresa como sí lo hace para otras fases del procedimiento, como la celebración del juicio. Ese hecho genera controversia entre los juristas sobre si Begoña Gómez y los otros dos investigados están obligados o no a acudir.

La circular 4/1995 de la Fiscalía General del Estado, en aclaración de la Ley del Tribunal del Jurado, establece que “la presencia del imputado no es indispensable”, dado que ya conoce que se le está investigando. Añade, además, que en la comparecencia no se practican diligencias de instrucción y, por tanto, tampoco su declaración. Tan solo se concretan los términos de la imputación y siempre ante la presencia de su letrado. Según esta circular, la inasistencia del imputado no debe derivar siquiera en la suspensión de la comparecencia, lo que aleja otros escenarios como la declaración en rebeldía en caso de ausencia.

Peinado ha ordenado la transformación del proceso según la Ley del Jurado después de recibir decenas de correos electrónicos que demostrarían que la asistente de Begoña Gómez escribía al antiguo vicedecano de Relaciones Institucionales de parte de su jefa. Así lo anticipó el ex vicerrector, Juan Carlos Doadrio, cuando declaró como testigo. El juez cree que eso es destinar recursos públicos a un fin para el que no estaban previstos con una magnitud que alcanza la categoría de delito. 

Doadrio fue la mano derecha del rector de la Universidad Complutense Gustavo Villapalos, al que también acompañó durante su periodo de consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, en tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente autonómico. 

Begoña Gómez codirigió en la universidad madrileña una cátedra extraordinaria por la que no recibió remuneración y dirigió dos másteres por los que cobró 15.000 euros anuales. El juez ha ordenado que los correos electrónicos aportados por Doadrio sean analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Las partes no han podido acceder a esos mensajes, pese a que este sábado tendrán que solicitar el archivo o concretar la acusación contra los imputados de acuerdo a las pruebas recabadas. 

El auto de transformación por la Ley del Jurado es un trámite cuando el juez aprecia un delito como la malversación, incluido entre los que deben ser juzgados por ciudadanos. Lo que discuten fuentes del caso es la premura, incluso precipitación, con la que el juez se dispuso a fijar la comparecencia, sin dar traslado de las últimas diligencias y con recursos pendientes de resolver. Incluso sin que se hayan llegado a practicar las diligencias que motivaron esos recursos y que él mismo ordenó. 

Es el caso de la orden del juez para incautarse de todos los correos electrónicos de Begoña Gómez durante siete años, los que han transcurrido desde que su marido es presidente del Gobierno. Los mensajes no han sido entregados aún por la Moncloa y el juez no ha esperado a conocer su contenido para plasmar en su último auto que él ya ha reunido “indicios racionales, fundados y sólidos” de la malversación. 

Otra citación urgente

La Policía se encarga de señalar los juicios rápidos que se van a celebrar antes de la comparecencia de Begoña Gómez y los otros investigados. Muchos de esos juicios rápidos responden a delitos contra la seguridad del tráfico cometidos en las horas previas. Para celebrarlos, la oficina judicial está abierta desde las 9 de la mañana hasta las 21:00 horas, pero fuentes de los juzgados aseguran que no se suelen prolongar más allá de las 16:00 o 17:00 horas. 

Como ocurriera con las citaciones al presidente del Gobierno, Peinado fijo la comparecencia de su mujer con un plazo que evita que un eventual recurso ante la instancia superior sea resuelto antes de que se celebre. Pese a ello, las defensas han venido recurriendo a la Audiencia Provincial esas citaciones buscando su anulación a posteriori. 

La Audiencia Provincial tiene pendiente resolver los recursos de las defensas en contra de su imputación por malversación. La instancia superior ya se pronunció a favor de investigar las tareas que realizó la asistente de Gómez y que han derivado en una imputación por el delito de malversación a los tres convocados este sábado. 

Ocurre que el Tribunal Supremo se pronunció en contra de imputar por este mismo delito, la malversación, a Félix Bolaños por su papel como secretario general de Presidencia en Moncloa cuando se contrató a Cristina Álvarez, la asesora. Los jueces del alto tribunal dejaron claro que Bolaños no podía ser acusado por el mero hecho de haber tenido un puesto de responsabilidad en el momento del nombramiento de esa trabajadora. Esta decisión del Supremo puede marcar el camino a la Audiencia Provincial al pronunciarse sobre la imputación que Peinado hace a Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en Madrid que sustituyó a Bolaños en el puesto de la Moncloa. 

Esta será la quinta vez que Begoña Gómez es citada por Peinado desde que el juez abrió el caso en abril de 2024 a partir de una querella de Manos Limpias que se limitaba a adjuntar noticias de prensa. En las dos primeras, Gómez se acogió a su derecho a no declarar, pero en las dos últimas aprovechó para responder a su abogado y negar indicio alguno de tráfico de influencias, primero, y sobre la presunta malversación, en su última comparecencia, el pasado 10 de septiembre.

Hay una España en la que juzgar a un doble defraudador fiscal se considera acoso al emprendedor mientras que enviar un mail tiene categoría de delito penal. En esa misma España, se exime de responsabilidad política -y por supuesto penal- al cargo público que difunde un bulo hasta convertirlo en portada de un diario nacional mientras se sienta en el banquillo a quien desmontó la treta en busca de la verdad. 

Es el país en el que si la esposa de un presidente del Gobierno de izquierdas tiene una asistente personal pagada con fondos públicos ha de ser llevada ante los tribunales, pero si la pareja es de un mandatario de derechas y tiene un “chico para todo” -incluso para llevarle las bolsas de la compra-, llega el día en que se le premia sin más mérito que el de ser el pelota de guardia con un escaño en el Parlamento. 

Es esa España en la que si el hermano de Sánchez pasa una temporada en la residencia habitual del presidente por los motivos que ambos les plazca es un escándalo, pero si Rajoy traslada a su padre enfermo al Palacio de La Moncloa y contrata con cargo al erario público hasta a tres cuidadores para que le atiendan 24/7 es algo digno de elogiar.

Es la España en la que habita la derecha y proyectan Ayuso y Feijóo. Y es la España en la que existe un brazo armado de la justicia que hace de verdadera oposición. No es la España que madruga sino la que berrea, la que ha hecho suyo el manual de la propaganda nazi y la que ha trasladado el espíritu de Goebbels hasta la séptima planta de la mismísima calle Génova. Sin más proyecto político que el antisanchismo, el PP ha adoptado todas y cada una de las técnicas de manipulación masiva en una perfecta sincronía con sus medios de cabecera, las asociaciones ultras y un puñado de jueces que le hacen el trabajo sucio.

Lo del principio de simplificación y del enemigo único salta a la vista. Para la derecha, sólo hay uno, es el responsable de todos los males del planeta y responde al nombre de Pedro Sánchez. Ejemplo: el gobierno de Israel comete un genocidio contra los gazatíes y suma ya 67.000 asesinatos, pero el culpable es el presidente del Gobierno de España por llamar a las cosas por su nombre y por reconocer al Estado Palestino.

El principio de exageración que aplicaba el ministro de la Propaganda del Tercer Reich, que consiste en convertir cualquier hecho, por pequeño que sea, en una amenaza grave ha sido también una constante desde que Feijóo decidió deslizarse por la senda del aznarismo/ayusismo. Primero se rompía España y ahora es la democracia la que ha estallado en mil pedazos. 

El principio de vulgarización no merece ni explicación porque basta con escuchar las intervenciones de Ayuso, del secretario general del PP, Miguel Tellado, o de la actual portavoz parlamentaria, Esther Muñoz. Nunca la política había dado verbos menos floridos y calificativos más salvajes hasta que la inquilina de Sol entró en escena y sus correligionarios de la dirección de Génova jugaron a ser una copia de la pareja de González Amador, alias Alberto Quirón.

Luego está la táctica de orquestación, una de las preferidas del colaborador de Hitler, que consistía fundamentalmente en repetir una idea constantemente desde diferentes ángulos hasta que fuera percibida como una verdad por muy falsa que fuera. La de silenciar responde a la práctica de mutear todo lo que puede favorecer al adversario y desviar la atención sobre otros asuntos.  Ejemplo revelador es el de la marcha de la economía, el dato del paro, la subida de las pensiones o la afiliación a la Seguridad Social. De esto no se habla y sí de corrupción, de prostíbulos y de mordidas, como si en el PP no hubiera habido nunca corruptos, puteros y cobro de comisiones ilegales.

Hay muchos más, pero quédense sobre todo con estos, además de con la teoría de los espejos -principio de transposición en el manual de Goebbels-, que es la que explica cómo los partidos y quienes los dirigen construyen un reflejo distorsionado de la realidad para legitimar su discurso. El objetivo: reforzar creencias y prejuicios previos de tal manera que el espejo devuelve a la opinión pública una imagen exagerada de los defectos del enemigo mientras se engrandecen virtudes propias. Cuando el PP habla de la autocracia, del fin de la separación de poderes o de la corrupción sistémica no se refiere a la utilización de la Hacienda Pública en beneficio propio, como hizo su ministro Montoro, ni a la policía patriótica que tejió el beato de Fernández Díaz para espiar a los adversarios o destruir pruebas sobre la corrupción del PP, ni a su afán por controlar la Sala Segunda del Supremo por la puerta de atrás, sino solo a lo que está fuera de sus siglas y desgasta a las de Sánchez.

Todo ello está en la estrategia de la derecha política, mediática y judicial. Y está también en la penúltima pirueta del juez Peinado, quien ha decidido citar el próximo sábado por la tarde a la esposa del presidente del Gobierno y amaga con que sea un jurado popular el que diga si Begoña Gómez es culpable o inocente de un presunto delito de malversación. El último de los cinco ilícitos penales que le ha imputado en estos 18 meses y el único que puede ser juzgado a criterio de nueve ciudadanos sometidos, como lo hemos estado todos, a una implacable campaña de manipulación masiva en la que el sanchismo y todo lo que lo rodea es sinónimo de corrupción.

El objetivo de la treta del magistrado es evitar que un tribunal profesional, con criterios estrictamente jurídicos y no políticos, tumbe la debilidad de sus argumentos y declare inocente a Gómez, que es lo que correspondería en este esperpéntico caso, según criterio de una inmensa mayoría de reputados penalistas. Recuerden: el envío de un email. Ese es el delito y esa es la España en la que habita Feijóo y en la que pretende que habitemos los demás mientras gobierne Sánchez. El día que le toque a él, si es que llega en algún momento, todo volverá a la normalidad. 

Agentes de la Comisaría General de Información han detenido en las últimas horas a 13 presuntos miembros de una organización criminal, de ideología nazi y dedicados al tráfico de drogas. Los arrestados pertenecen al grupo Suburbios Firm, escindidos la pasada época del Frente Atlético y habituales en enfrentamientos entre grupos ultras del fútbol, si bien la investigación se centra en sus actividades como presuntos narcotraficantes, informan fuentes policiales.

Entre los detenidos se encuentra el que la Policía considera cabecilla del grupo, apodado El Ratilla, quien fue arrestado cuando se disponía a coger un avión para disfrutar de su luna de miel junto a su esposa. Ambos habían contraído matrimonio el sábado y a la ceremonia y celebración asistieron la mayoría de los presuntos integrantes del grupo desarticulado.

Las fuentes consultadas destacan la abundante parafernalia hallada en los registros, simbología nazi en su mayoría. Suburbios Firm aparece en sus propios perfiles de redes sociales acompañando a otros grupos ultras que consideran aliados, como Supporters Gol Sur, seguidores del Real Betis Balompié.

Pese a proceder del mundo ultra relacionado con el Atlético de Madrid, Suburbios Firm mantiene vínculos con Outlaw, otro grupo nazi expulsado del Santiago Bernabéu y enfrentado a otra parte de los ultras del equipo que optaron por integrarse en la grada de animación que siguió a la prohibición de Ultras Sur. Los agentes de Información detectaron la presencia de miembros de Suburbios y Outlaw en las protestas de 2023 ante la sede del PSOE en la calle Ferraz.

Los detenidos están pasando en el día de hoy a disposición de un juzgado de Pozuelo de Alarcón (Madrid), que decidirá si ingresan en prisión o dicta otras medidas cautelares contra los detenidos.

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla capital a seis personas pertenecientes a un grupo “radical violento” aficionado del Sevilla FC, Biris Norte, por propinar agresiones muy graves a tres aficionados de un equipo de fútbol rival, incidente que se produjo en Valencia el pasado agosto.

Según ha informado el Cuerpo en la página web del Ministerio del Interior, se les imputa por su presunta participación en los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves, robo con fuerza en interior de vehículo y delito de odio.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de agosto en la localidad de Gandía (Valencia), cuando agresores y víctimas se encontraban pasando unos días de vacaciones.

El primer contacto entre ambos grupos tuvo lugar en el interior de un local de ocio y se produjo de “forma amistosa”. Sin embargo, cuando los agresores conocieron la afinidad de las víctimas por un grupo rival, “se ganaron su confianza mediante el engaño para que los acompañaran a una zona despoblada y de escasa iluminación donde tenían previsto continuar con su momento de ocio”, según ha detallado la Policía Nacional.

Una vez allí, un grupo de seis miembros del grupo radical 'Biris Norte' comenzó a cantar consignas a favor de su equipo de fútbol, reconociendo así “expresamente” que eran miembros del grupo ultra.

Tal y como han explicado los agentes, en el ataque los agresores propinaron patadas, puñetazos, pisotones en la cabeza y acometimientos con botellas de cristal fracturadas. En consecuencia, una de las víctimas resultó herida de gravedad en la cabeza, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones. Actualmente se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado grave.

Logroño se prepara para las fiestas de San Mateo, que arrancarán el próximo 20 de septiembre, sábado. Este año, las fechas que marca el calendario han alejado la polémica de la semana natural y han abrazado el consenso. No ha ocurrido lo mismo con los espacios festivos y musicales, especialmente uno: la Terraza de San Mateo, un proyecto del actual Ayuntamiento de Logroño y uno de los principales objetivos de Festejos que no llegará a estrenarse.

Desde hace varios años, las peñas de Logroño gestionaban un espacio municipal que se convertía en uno de los epicentros de las fiestas, el Espacio Peñas, con actividades infantiles, conciertos y una extensa programación durante toda la semana, primero en los aparcamientos junto al antiguo cuartel militar de General Urrutia y después en el Parque de La Ribera. Sin embargo, el año pasado, también a pocos días del comienzo de las fiestas, el Espacio Peñas se canceló tras negociaciones fallidas entre las peñas, la empresa promotora y el consistorio.

Por ello, el Ayuntamiento del PP en Logroño apostó este año por recuperar el espacio festivo, pero le cambió el nombre por La Terraza de San Mateo y lo privatizó, elaborando un pliego para la concesión demanial del espacio a una empresa por dos años, prorrogable por otros dos, por el pago de un canon anual de 4.000 euros y con los requisitos de incluir conciertos, verbenas, actividades infantiles y participación local.

Solo una empresa se presentó a esta licitación, aunque el concejal de Promoción de la ciudad, Miguel Sainz, ya avanzó algunos detalles, como que se trabaja en “una oferta en la que también se sigue contando, como no, con las Casas Regionales, la Federación de Peñas, Asociaciones de Vecinos, etcétera”. “Por tanto, que nadie se extrañe de que la configuración del espacio Terrazas San Mateo sea muy similar y muy parecida a otros años”, dijo entonces. Unas declaraciones que se produjeron antes incluso de que la Mesa de Contratación abriera el Sobre A, el que recoge el nombre de la empresa. Así llegaron las primeras acusaciones de “irregularidades”. “¿Cómo es posible que sin haberse reunido la mesa de contratación y sin haberse abierto los sobres de la licitación pública Miguel Sainz el martes ya supiera el contenido de los mismos?”, dijo el portavoz del Partido Riojano, Rubén Antoñanzas.

El 22 de agosto, a menos de un mes del inicio de las fiestas mateas, se conoció que la única empresa que había presentado una oferta para La Terraza de San Mateo era BOAL Eventos, una empresa de soporte logístico, alquiler de mobiliario y camareros hasta ahora centrada en el sector de las bodas. Una empresa administrada por Borja Benito que, como publicó Rioja2, fue dirigente de la organización ultra de Logroño 'Nueva Época', declarada ilícita por la Justicia y relacionada con agresiones de carácter ideológico por parte de la los miembros de la organización que Fiscalía describía como “jóvenes radicalizados de tipo skinhead”, que además exhibían simbología de extrema derecha. El propio Benito fue condenado en 2018 por pertenencia a una asociación ilícita.

Los partidos políticos Izquierda Unida, PSOE, Partido Riojano y Por La Rioja criticaron desde el princpio el proceso de licitación “opaco, confuso y profundamente injusto” y advirtieron de “una ”presunta vinculación e intereses entre el Gobierno de Escobar y la empresa de la Terraza de San Mateo“. IU fue el más duro con los vínculos ultras del CEO de la empresa, considerando ”absolutamente inaceptable para la gestión de un espacio festivo que debería ser plural, abierto y democrático“. También, desde Por La Rioja advirtieron de la distribución de publicidad que ”sitúa a la Terraza de San Mateo como un punto de reunión de grupos nazis“

Una semana después, la empresa emitió un comunicado en el que trataban de desmarcarse de la polémica aludiendo a que se trataba de “circunstancias personales pasadas de un trabajador en particular”, omitiendo que en realidad se trataba del responsable de la empresa.

Fuera del ámbito político, las críticas han llegado también del tejido social de la ciudad. En primer lugar, la Federación de Peñas de Logroño, anterior responsable del entonces llamado Espacio Peñas, se desvinculó del proyecto. El 2 de septiembre emitieron un comunicado en el que denunciaban que no habían tenido ninguna comunicación con la empresa a pesar de que esta incluía su participación en el espacio e incluso había recibido puntos por ello en la licitación. Después, más de 80 entidades, entre grupos de música, espacios culturales, organizaciones sociales, partidos y sindicatos se unieron en la plataforma ciudadana 'Por unas fiestas de San Mateo seguras para todas' en la que pidieron paralizar la adjudicación del espacio a esta empresa por su “clara vinculación con grupos neonazis extremadamente violentos”, dijeron.

Con toda esta confrontación al proyecto todavía sin adjudicar a apenas 15 días del inicio de las fiestas, la Terraza de San Mateo y sus dudas sobre la transparencia de su licitación llegaron al pleno del Ayuntamiento de Logroño con la petición de comparecencia del concejal Miguel Sainz, que no aclaró cuándo conoció la propuesta de BOAL Eventos y justificó sus primeras declaraciones porque “confiaba en que empresa que se presentaba a la libre concurrencia iba a cumplir”. “Siempre está en el centro de cualquier cosa que pasa, es una cosa extraña”, respondió la concejala de Podemos Amaia Castro aludiendo a Sainz, y el socialista Iván Reinares apuntó: “No esperaba mucha respuesta, pero no esperaba que se hiciera la víctima”.

Solo dos días después, la empresa volvió a emitir un comunicado: renunciaba a seguir en la licitación y, por tanto, a poner en marcha La Terraza de San Mateo. Además, aseguraba que “no existe ningún vínculo con movimientos políticos ni con grupos ideológicos de ninguna índole” y amenazaba con emprender acciones legales “contra aquellas manifestaciones o informaciones que vinculan falsamente la empresa con movimientos políticos radicales”. Como respuesta, llegaron las peticiones de dimisión de Miguel Sainz y las acusaciones del PP de “sabotaje”.

Mientras tanto y con esta empresa como la única que había ofertado, la Terraza de San Mateo anunciada en abril como la manera de consolidar un espacio festivo ni siquiera va a llegar a ponerse en marcha. La concejala de Festejos Laura Lázaro señaló a Rioja2 que este espacio era un “extra” y que, aun sin ella, el programa será “completo, diverso y variado que pueda ser disfrutado por todos los públicos”. Logroño se queda por segundo año sin Espacio Peñas entre críticas por la falta de participación, la privatización y el desarrollo de la contratación.

En mitad de la polémica, con una plataforma ciudadana creada en contra de su contratación y entre críticas al Ayuntamiento de Logroño por “falta de transparencia” en la licitación, la empresa BOAL Eventos ha anunciado este sábado en un comunicado que desestimará la licitación de La Terraza de San Mateo, el espacio para el que era la única empresa que se había presentado.

La empresa ha defendido que “no existe ningún vínculo con movimientos políticos ni con grupos ideológicos de ninguna índole” a pesar de que uno de sus administradores fue dirigente de la asociación “Nueva Época”, y dicen no sentirse “responsables de no poder ofrecer este espacio”. “Creemos haber puesto todo de nuestra parte para diseñar lo que habría sido el mejor Espacio Peñas hasta la fecha”, aseguran en un comunicado.

En este sentido, justifican su renuncia a la gestión del espacio por el “clima de confrontación” que, dicen, “ha impedido que la propuesta pueda avanzar. ”Por respeto a la ciudad y a todos sus vecinos, y para no contribuir a más división social, renunciamos a seguir adelante con este proyecto“, han anunciado en el comunicado. También, han subrayado que su propuesta para la Terraza de San Mateo ”apostaba por un modelo plural, dinámico e intergeneracional“ y han explicado la programación que habían planteado, con ”tributos y grupos de rock, pop, techno, reguetón y punk, entre los que destacaba un talento con una BZRP Music Session y un DJ internacional“, si bien no han dado ningún nombre de artistas previstos.

BOAL Eventos explica en el comunicado que habían planteado mañanas con actividades familiares e infantiles y una zona gastronómica con tres barras y “referencias de la hostelería logroñesa”. Finalmente han respondido al hecho de que no se hubieran puesto en contacto con las peñas a pesar de incluir su licitación en la oferta: “No respondía a una falta de voluntad de colaboración, sino a la lógica prudencia de esperar a que la adjudicación fuese oficial antes de compartir detalles”.

“Me llamo Francisca Javiera, y soy mujer”. De Francisca Javiera no había noticias hasta este jueves, cuando Francisco Javier Borrego, abogado del Estado de carrera desde hace medio siglo, exmagistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, concluyó que identificarse durante unos segundos como mujer en el Congreso de los Diputados era un sólido argumento con el que rebatir los postulados de la “Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”, generalmente conocida como “Ley Trans”.

Borrego había sido invitado al Congreso por el grupo parlamentario de Vox para hablar sobre ’Ideología de Género y denuncias falsas’. Presentes, un grupo de diputados de ultraderecha y otros afines a la causa. Y este jurista, nacido en Sevilla hace 75 años, decidió explayarse en un buen puñado de temas que a él le tienen en vilo y que guardan, más o menos, se supone, alguna relación con el título de las jornadas.

A saber: la ley trans, la inmigración, la relación entre Carles Puigdemont y Pedro Sánchez, el consentimiento en las relaciones sexuales. Todo, aderezado con supuesta ironía, “un poquito de humor”, según dijo la diputada Rocío Aguirre para explicar chascarrillos que banalizaban las agresiones sexuales, la identidad de género o el drama de la inmigración: “Hoy me siento mujer”; un “barco negrero” [Open Arms]; “Aquí todos somos adultos, y algunos hemos tenido relaciones sexuales: ¿cuándo es todo el tiempo de una relación sexual?”.  “Confieso que pertenezco a la manosfera”, remató.

Borrego es un jurista con amplio recorrido en órganos nacionales e internacionales devenido en esporádico comentarista político. Desde hace años, adoba sus charlas con una pretendida jocosidad con sello propio, que le sirve para barnizar la carga reaccionaria de sus parlamentos, ya sea una tertulia de Toro TV o unas jornadas jurídicas.

Muchas veces el resultado es desconcertante. En la Universidad de Cork (Irlanda), en 2011, comenzó así su ponencia sobre varias sentencias relativas al aborto dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): “Good evening, I want to explain to you who [sic] I am speaking in the Spanish language: me gusta la fiesta de los toros, intento entender esa fiesta, pero nunca me atreveré a bajar a una plaza y encerrarme con un toro. Le tengo mucho respeto”.

Pedro Sánchez, “caudillo”

Últimamente, Borrego se prodiga en The Objetive, que le ha publicado ocho artículos en tres años, con los siguientes titulares: Ecologismo tramposo; La Policía Nacional no es racista; Fraude de ley escandaloso; El derecho como arma de guerra; No habrá impuesto de la renta el año próximo; La necia ministra y la espiral de Noelle-Neumann; ¿Colonización? No. Es saqueo; Elecciones generales: no es el cuándo, es el cómo“.

Sus enemigos en esos textos van de María Jesús Montero a George Soros, pasando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien en 2023 definió como un “caudillo” que ha “colonizado una a una todas las instituciones” y “ha vendido España” para poder “seguir durmiendo en la Moncloa y usando el Falcon”.

Fue en un artículo publicado en Confilegal que comenzaba parafraseando el último parte de guerra de los golpistas tras la Guerra Civil: “En el día de hoy, cautivo y desarmado el Poder Judicial, YO he alcanzado y sometido mi penúltimo objetivo constitucional. La democracia ha terminado. El presidente de la República Plurinacional, Pedro Sánchez-Castejón”.

Del Colegio del Pilar al TEDH

Este desempeño como articulista ha completado en los últimos años una carrera como jurista que comenzó muy pronto y alcanzó altas cotas antes de desempeñarse como abogado en la firma de Miguel Durán, donde aún ejerce.

Según subraya en sus currículums oficiales, Borrego tenía 20 años cuando obtuvo la licenciatura de Derecho, en junio de 1970. Algo muy excepcional que consiguió tras examinarse por la Universidad Complutense de dos cursos en un solo año. Venía del Colegio del Pilar, por el que también pasaron en aquellos años José María Aznar, Alfredo Pérez Rubalcaba, Javier Solana, Juan Miguel Villar-Mir, Juan Abelló, Luis María Ansón o Juan Luis Cebrián, entre muchos otros.

Tras obtener la licenciatura, aprobó la prestigiosa oposición a Abogado del Estado y fue escalando posiciones hasta hacerse con la jefatura del servicio ante la Comisión Europea y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En 2003 obtuvo su primera designación a una labor jurisdiccional (sin ser juez de carrera): de la terna propuesta por el Gobierno de Aznar para juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se impuso con holgura en la votación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Borrego sustituyó a una eminencia del derecho internacional público en España, José Antonio Pastor Ridruejo.

La tarea de un juez del TEDH supone valorar las posibles vulneraciones de los derechos humanos cometidas por países firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos, manteniendo la independencia de su país de procedencia. De un día para otro, Borrego pasó de representar los intereses de España como abogado del Estado ante el TEDH a ser juez del TEDH. De parte a juez. “Era vox populi entre el resto de jueces que se dedicaba a defender al Estado en lugar de a las víctimas. Era un juez no apreciado”, recuerda una fuente con experiencia en el derecho internacional al más alto nivel.

En este sentido, es significativo un artículo en The Objective donde celebra la exoneración de España en un caso de presunto sesgo racial por parte de la Policía, y carga en abstracto contra el “litigio estratégico”, una herramienta a la que suelen recurrir ONGs para ampliar derechos consiguiendo reformas legales o interpretaciones extensivas de derechos (humanos, sociales, ambientales) a partir de casos escogidos capaces de sentar precedente.

Crítico con la jurisprudencia del TEDH

Borrego terminó su mandato en Estrasburgo en 2008, pero no perdió de vista lo que sucede en el TEDH, un escenario crucial donde se dirimen no sólo las vulneraciones y abusos de los Estados, sino el alcance en la interpretación de los derechos humanos, que destila las ideas dominantes de cada tiempo.

En 2009 publicó un artículo en El Mundo en el que arremetía contra la jurisprudencia del tribunal del que había formado parte, acusando a sus jueces (singularmente, a los que procedían de la academia) de producir “una especie de lecciones profesorales, que no sentencias” encaramados en su “torre de marfil”. El motivo de su embestida era la polémica sentencia Lautsi, que acababa de condenar a Italia por mantener el crucifijo en una escuela pública. La sentencia de condena en primera instancia (europea) fue adoptada por unanimidad de siete jueces de sala del TEDH, pero fue revocada por la Gran Sala dos años después, en 2011.

En 2016 volvió a la carga, acusando a sus antiguos compañeros del TEDH de “frivolidad” por, en su opinión, recurrir razonamientos “periféricos” (el derecho a la vida privada) para atacar indirectamente los valores cristianos en sus sentencias relativas al aborto, la muerte asistida y el matrimonio homosexual. Empezaba ese artículo asegurando que un magistrado del TEDH le había reprendido en 2006 por colgar del corcho de su despacho la ecografía donde se veía a su futuro nieto. Lo concluía citando el Evangelio.

Regreso a España: conflicto con el presidente de Sala en el Tribunal Supremo

En 2018 volvería a dar el salto a la más alta función jurisdiccional: fue aupado por la mayoría conservadora en el CGPJ a magistrado de la Sala Tercera (Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo por el turno de “juristas de reconocido prestigio”.

Duró poco. Apenas dos años algo turbulentos, en los que el Consejo General del Poder Judicial le abrió un expediente disciplinario a instancias del presidente de su Sala, Luis María Díez-Picazo. Este último denunció que Borrego le había faltado al respeto y amenazado en su despacho tras una discusión a propósito del retraso con el que llevaba sus asuntos. Borrego contraatacó asegurando que Díez-Picazo le negó el saludo en un bar antes de mandarlo a paseo, según informó en su día El Independiente. Finalmente, el CGPJ archivó el expediente por no haber quedado acreditada la falta disciplinaria. Borrego abandonó el Tribunal Supremo en 2020, apenas dos años después de llegar, al cumplir los 70 años que marcan su jubilación ordinaria.

Desde entonces se desempeña como abogado. Entre otros casos, lleva la defensa del resort de lujo Isla de Valdecañas (Cáceres), sobre el que desde 2022 pesa sentencia (recurrida ante el Tribunal Constitucional) de sus excompañeros del Tribunal Supremo ordenando su demolición por invadir zona protegida. Y sigue interviniendo como opinador allá donde se le dé una oportunidad, aunque a veces sus causas parezcan de otro tiempo: por ejemplo, sigue clamando contra el redactado del Código Civil que dice que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos “cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. “Es decir, primero entre personas del mismo sexo, y luego el resto”, ha escrito él.

En los últimos años también ha formalizado su relación con la defensa de las causas ultra. Al menos hasta 2022 integraba el patronato de la fundación de Abogados Cristianos, según publicó elDiario.es. Es coherente con la visión del mundo de quien nunca ha ocultado que sus ideas jurídicas están marcadas por su misión como hidalgo de la tradición y las corrientes más rigoristas de la doctrina católica.