Es la empresa pública más grande de España. Tiene 53.000 empleados, 2.400 oficinas que vertebran todo el territorio y no para de perder dinero. Por delante, el reto de adaptarse a una población que, hace tiempo, apenas envía y recibe correspondencia. Correos ha comenzado una transformación con la que quiere volver a ser sostenible y prestar nuevos servicios que permitan su supervivencia. “La sociedad se transforma y los operadores postales o lo hacen o mueren. Otros han ido más rápido porque tomaron una decisión a ese respecto. Aquí se ha tomado ahora”, reconoce el director de estrategia de la compañía, José Miguel Moreno.

Ángeles entró en la empresa pública hace más de dos décadas y, desde 2008, recorre las calles del centro de Madrid con su carro. Desde Embajadores hasta la Plaza Mayor, pasando por Lavapiés, ha visto los cambios en las costumbres postales de los vecinos, pero también en la vida del barrio. “Antiguamente, a primeros de mes llevábamos todas las misivas, el agua, la electricidad o la carta del banco. Ahora llegan cada vez menos, porque van todas por email, aunque la gente mayor todavía las espera: ”¡No me ha llegado el recibido de la luz!“”, explica.

El servicio postal supone la mayor parte de los ingresos de Correos. Según los datos del Plan Estratégico 2024-2028, al inicio del mismo rondaban el 66%, frente al 24% de la paquetería y el 10% de la diversificación. Y es a estos dos hacia donde tiene previsto bascular una parte del peso, hasta el 35% y el 16%, respectivamente, para el final de la estrategia. “Dada la caída de los envíos y los ingresos, es muy difícil que la postal sea rentable y la paquetería tiene una competencia brutal”, explica Moreno. Si hace unos años el mapa lo copaban las grandes paqueteras como FedEx, UPS o DHL, el mercado lo abarrotan ahora otras minoristas o las redes de distribución de cadenas como Amazon, Alibaba o AliExpress o incluso Cabify.

“Te saludas por la calle con el de Seur, el de DHL... Son compañeros que están trabajando en la calle como tú, aunque la gente prefiere que lo llevemos nosotros”, bromea Ángeles, que ha pasado de llevar “dos cajas del pueblo que mandaba algún familiar” a contar con un carro más amplio y buzones en ruta para cargar los paquetes que toca repartir a lo largo de la jornada.

Con los nuevos usos sociales, la empresa trabaja ahora sobre cuatro vectores de cambios: la digitalización; la disrupción global en las cadenas de suministros, afectadas por los flujos comerciales de materias primas, los aranceles o el impacto de la pandemia; la sostenibilidad; y la aglomeración urbana. Estas alteraciones y sus impactos en el sector postal tradicional, incapaz hasta ahora de adaptarse a ellos y seguir siendo rentable, han dejado en la empresa pública española, propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pérdidas millonarias.

Solo en el último ejercicio, Correos registró pérdidas superiores a los 400 millones de euros. Es la cuenta más sangrante, porque incluye una partida destinada a un plan de rejuvenecimiento. Sin esta, el resultado ordinario fue de unos 90 millones en negativo. Como muestra el siguiente gráfico, en la última década registró unas pérdidas acumuladas desde 2012 de más de 1.000 millones de euros.

“Correos lleva en pérdidas muchos años”, admite Moreno, en el cargo desde febrero de 2024, que plantea una disyuntiva a la que tuvo que hacer frente la compañía: “¿Creemos que se puede privatizar o que la red de Correos es esencial para el país y la mantenemos como empresa pública, la transformamos y la adaptamos a esos nuevos tiempos? Nosotros creemos que es estratégico y que tiene que existir la red”.

A finales de julio de 2024, Correos presentó su Plan Estratégico hasta 2028. El acuerdo marco, pactado entre la empresa, la SEPI y los sindicatos UGT y CCOO buscaba “reforzar la misión de servicio público” ante la “urgencia por revertir la situación financiera” de la compañía. Este verano, el pleno del Congreso aprobó la modificación de la Ley Postal, que alarga la prestación de Servicio Postal Universal (SPU) hasta 2030 y, además, incorpora la prestación de Servicios de Interés Económico General (SIEG), como trámites administrativos y servicios financieros básicos, “con el fin de aprovechar su vasta presencia territorial y su capacidad de llevar servicios esenciales a todos los rincones de España”.

El plan busca “reposicionar la red” para “ser útiles a la hora de dar servicios públicos de manera creciente y satisfacer las necesidades de los ciudadanos, mientras somos más competitivos en el ámbito privado”, explica el director de Estrategia de la compañía, que señala dos focos de diversificación de ingresos. Desde el eje privado, Correos busca ser un referente en servicios financieros, a través de su tarjeta prepago desde la que se puede acceder a efectivo, realizar transferencias, domiciliar pagos o recibir ingresos, como la pensión, mientras resuelve un problema creciente en las zonas despobladas que sufren exclusión financiera y se quedan sin cajeros. Además, ha comenzado a comercializar seguros de la compañía Axa y servicios de telecomunicación de Movistar.

En el plano público, Correos aspira a convertirse en la ventanilla única de la Administración General del Estado. Ya puede expedir documento de la administración, gestionar el pago de tributos y multas, determinadas ayudas, como el bono cultural joven. De hecho, tras la catástrofe de la DANA en València, la compañía habilitó tanto sus oficinas como a sus carteros y carteras para apoyar en la solicitud de ayudas a las personas afectadas. “Ese es el nuevo planteamiento, cambiar el sector postal de manera radical”, indica Moreno, para que esa red de centros y personal pueda operar de forma coordinada en situaciones de emergencia, pero también acortar la brecha digital, ayudar a las personas menos digitalizadas con sus gestiones y trámites y ser el brazo de la administración donde nadie más llega.

“Se le daba por muerto”

“Ante la caída del servicio postal, en otros operadores a nivel mundial se toman medidas para ralentizar esa tendencia mientras se buscan fórmulas alternativas para solapar la caída. Esa es la idea que hemos conseguido que anide en el Gobierno y la empresa: que la paquetería sea un elemento clave, pero no el mantra, porque hay una competencia feroz; buscar nichos de valor añadido; y el SIEG, que consiste en que pueda utilizar su red para llevar al último punto y atender a todos los ciudadanos”, desarrolla el secretario del Sector Postal de UGT, José Manuel Sayagués, que celebra el cambio de rumbo de la compañía tras años en los que “a Correos se le daba por muerto”.

Para la catedrática de derecho mercantil de la Universidad Jaume I de Castelló y experta en sector postal María Victoria Petit, las nuevas competencias SIEG son una opción interesante que, bien gestionadas, “van a mantener viable la compañía”. Porque tanto la prolongación del Servicio Postal Universal como estos servicios de interés económico general supondrán una inyección de dinero público. Estas partidas, no obstante, deben emplearse para estos servicios y nada más. “La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está analizando constantemente la rentabilidad de la empresa, financiada por el Estado, ante el peligro de que se estén dando ayudas públicas encubiertas, que están prohibidas”, aclara. Por ejemplo, la compañía puede recibir ayudas para hacer llegar un paquete donde ninguna empresa quiere llegar, pero no para competir con una gran paquetera en el mercado libre.

Para los sindicatos, la etapa de Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez, al frente de la compañía se produjo “un clima tremendo de crispación”, con una “desertificación de profesionales que supieran lo que tenían entre manos”, considera Sayegués, para quien la entrada de Pedro Saura, a finales de 2024, fue “una decisión forzada por la situación, pero inteligente”: “Lo primero que hizo fue darnos la razón, decir que la situación era terriblemente mala y que había que abordar un plan de rescate, en el que nos pusimos a trabajar”.

Fruto de ese trabajo, UGT y CCOO anunciaron en agosto el acuerdo para un nuevo desarrollo del Acuerdo Marco, que contempla un plan de prejubilaciones, que puede alcanzar a entre 7.000 y 10.000 empleados, dotado con 490 millones hasta 2028, y un plan de entradas y nuevas bolsas de trabajado para personal eventual, además de una regulación de la bolsa de horas, bajo criterios de voluntariedad, compensación y control sindical, y la implantación progresiva de la jornada de 35 horas semanales sin pérdida salarial.

Es muy importante lo público, valorar el servicio que damos. Nadie más que nosotros va a llegar cada día al último rincón de España

A falta de definir las condiciones de ese plan de salidas incentivadas y voluntarias, Aurelio es uno de los trabajadores con papeletas para cumplir con los requisitos. Tiene 62 años y el que viene cumplirá cuarenta en la empresa, los últimos 34 como cartero rural de Medinaceli, un pequeño pueblo de menos de 1000 habitantes en la provincia de Soria, y los municipios de Salinas, Arbujuelo, Layna y Judes, donde “el que más tiene 40 vecinos y los demás entre 10 y 15”, explica. “Me sigue encantando mi trabajo, así que no quisiera entrar (en las prejubilaciones). Por mí, aguantaría mucho más, sobre todo por el contacto con la gente y porque no hay ningún día igual”, admite.

Aurelio también ha vivido la transformación de estos pueblos, cómo los jóvenes emigraban, la industria decaía y los vecinos envejecen. “Por eso es muy importante lo público, valorar el servicio que damos. Nadie más que nosotros va a llegar cada día al último rincón de España”, defiende. De hecho, a él —“y al del pan”— es al único que muchos de sus vecinos ven a diario. Así, se ha fraguado también una relación de complicidad. “Te piden ayuda si no entienden algo, que les leas la carta y se la expliques. Es una relación muy estrecha”, indica.

Corría el año 2013 cuando el entonces ministro de Hacienda con el Gobierno de Rajoy, Cristóbal Montoro, tuvo que responder en el Congreso a las preguntas de la oposición, singularmente del diputado socialista Pedro Saura. En su tono habitual, retador y cargado de sorna, Montoro desafió a los socialistas y a la prensa a encontrar vínculos entre él y Equipo Económico, la asesoría que fundó en 2006 y que ahora investiga un juez por crear legislación ad hoc fiscalmente favorable para grandes empresas a cambio “de importantes desembolsos”, según consta en el sumario. “Desarrollé toda mi labor de oposición sin ninguna relación profesional. Sin ninguna, por mucho que quieran buscarla. ¡Búsquenla, búsquenla, búsquenla y hagan determinados programas! Y la están buscando, ¡mire que la están buscando! Todos los días. Y claro, no encuentran donde no existe”, espetó Montoro a Saura el 11 de diciembre de 2013 en el pleno del Congreso.

Suenan de manera distinta en 2025, una vez abierto del secreto del sumario que instruye el juez de Tarragona Rubén Rus, las preguntas que planteó el portavoz socialista Pedro Saura.

La actualidad de esas preguntas llama hoy poderosamente la atención: “¿Usted y su equipo ministerial pueden tener más conflictos de intereses en otros asuntos que afectan a grandes contribuyentes por la sociedad de asesoría que usted creo en el año 2006, señor ministro? ¿No cree necesario que los españoles debemos saber con total transparencia a qué empresas representa su anterior sociedad ante la Agencia Tributaria, señor ministro? Estas son preguntas que tiene que contestar. Si no las contesta, tiene que dimitir y se tiene que ir a su casa, porque es muy grave lo que está pasando”.

Montoro no dimitió, sino que por aquellas fechas logró desviar la atención mezclando en sus respuestas una cuestión que llenaba páginas y páginas en la prensa: las informaciones sobre las dificultades con Hacienda de diferentes sectores empresariales e incluso la filtración de información fiscal privada de algunos particulares.

Se montan teorías por ahí, pero qué le vamos a hacer. Tanta difamación... Tanta difamación en esta vida solo se combate desde la transparencia

Cristóbal Montoro en 2013

Sin embargo, ante la insistencia de Saura, el exministro sí se refirió a su relación con Equipo Económico, aunque nunca nombra a ese bufete por su nombre: “Voy a decirle que yo no tengo ninguna relación profesional con ninguna empresa, ni con la que ustedes están mencionando –nunca, con esa nunca, además, añado– ni con ninguna otra desde el año 2008. Yo fundé en el año 2006 una empresa. ¿Eso es pecado en este país? ¡Es que eso es lo que me reprochan continuamente: fundó una empresa! ¡Es que es capaz de fundar una empresa! Eso es lo que realmente les subyuga, ¡hay alguien que tiene iniciativa para fundar empresas en este país!”

En su respuesta, cargada de sorna y victimismo, Montoro intenta explicar cómo cortó su relación con Equipo Económico: “Desde el año 2008 en que yo volví como portavoz de Economía a esta Cámara me desligué completamente de esa empresa. Me desligué completamente, y completamente significa que vendí las acciones que yo tenía de esa empresa. No tenía por qué haberlo hecho, era compatible con el Estatuto del Diputado, era compatible, pero yo sé que no debía buscar esa compatibilidad y desarrollé toda mi labor de oposición sin ninguna relación profesional. Sin ninguna, por mucho que quieran buscarla. ¡Búsquenla, búsquenla, búsquenla y hagan determinados programas! Y la están buscando, ¡mire que la están buscando! Todos los días. Y claro, no encuentran donde no existe. Sí se montan teorías por ahí, pero qué le vamos a hacer. Tanta difamación... Tanta difamación en esta vida solo se combate desde la transparencia”.

Veo continuamente reportajes en los que se trata de relacionar a mi persona con un pasado que no es presente y además añado que no tiene ningún sentido

Cristóbal Montoro en 2013

La venta de esas acciones –a 10 euros cada una– ha generado sospechas en la Agencia Tributaria, tal y como consta en un informe entregado al juez Rus, según publica El País, en el que se dice que el precio al que Montoro vendió esas acciones “no fue razonable”, por estar muy por debajo del precio de mercado.

Ante la respuesta que ofreció Montoro, Pedro Saura insiste en pedirle explicaciones: “Un ministro del Gobierno de España no me puede contestar con chascarrillos, me tiene que contestar con argumentos, y no ha querido contestarme. Ese es el primer motivo de tristeza como diputado representante del pueblo español en un asunto tremendamente preocupante, como le he dicho anteriormente, para la democracia española. Suena especialmente actual el final de la intervención de Saura dirigiéndose a Montoro: ”El problema de verdad, se lo digo muy sinceramente, señor ministro, es que entre los contribuyentes y sus clientes siempre optan por sus clientes“.

En la réplica de Montoro, algo rebuscada, se deslizan de nuevo críticas a la prensa y se amaga con contar detalles de la situación fiscal de empresas periodísticas: “Yo lo que tengo que decirles, yo les he dicho ya –en mi condición de ministro y también de personaje público– que yo veo continuamente reportajes en los que se trata de relacionar a mi persona con un pasado que no es presente y además añado que no tiene ningún sentido. Sí que veo esos reportajes en determinados medios de comunicación que, por cierto, tienen bastantes problemas económicos porque me los cuentan a mí, no es porque esté teorizando; me vienen al despacho a contármelos”.

Jamás se ha producido una injerencia política en la Agencia Tributaria; no lo permitiría, no lo consentiría

Cristóbal Montoro en 2013

A continución, otras formaciones de la oposición toman la palabra. Es el caso de Álvaro Anchuelo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que pone sobre la mesa otro de los asuntos que estaba de actualidad en 2013: la cascada de ceses en la Agencia Tributaria, singularmente el de una alta funcionaria que rechazó un recurso de una gran empresa (Cemex) que se enfrentaba a una multa de 450 millones. Montoro llegó a justificar días antes esos ceses diciendo que la Agencia Tributaria estaba “llena de socialistas”.

En su respuesta a Anchuelo, el exministro intenta ser rotundo y sus palabras, de nuevo, se leen de manera muy distintas después de conocer el entramado que ha desvelado el juez Rus: “Es mi sexto año como ministro de Hacienda del Gobierno de España y jamás se ha producido una injerencia política en la Agencia Tributaria; no lo permitiría, no lo consentiría y cualquier funcionario de la Agencia Tributaria que tuviera conocimiento de ello estaría obligado por ley a denunciar”. La lista de investigados que investiga ahora el juez abarca a socios de Equipo Económico pero también a la cúpula de Hacienda y de la Agencia Tributaria entre 2011 y 2018 con el Partido Popular en el Gobierno. En total, una decena de los investigados ocupó cargos relevantes en la Agencia Tributaria.

En 2015, cuando Montoro volvió a ser preguntando por su relación con Equipo Económico, esta vez en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, se mostró visiblemente airado e hizo alusión a su intervención en el Congreso en 2013: “Lo he contado en el Congreso de los Diputados. Lo que pasa es que, a veces, con contar las cosas en el Congreso de los Diputados ocurre que es el lugar más recóndito del mundo (...) Lo que les voy a pedir a los que me pregunten es que se lean yo que ya he dicho en sede parlamentaria porque, si no, no sé exactamente de qué me puedo explicar”.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil vincula a Santos Cerdán con la destitución de Pedro Saura como secretario de Estado de Ministerio de Transportes y su sustitución por Isabel Pardo de Vera, que hasta ese momento había sido presidenta de Adif. La Guardia Civil recopila en su informe distintos mensajes de presuntos miembros de la trama enfrentados a Saura por su oposición a un proyecto en Sevilla.

“Resulta reseñable el hecho de que Santos, sin ostentar ningún cargo en el Gobierno, insistiera en promocionar a las dos personas que habían estado al frente de los dos estamentos (ADIF y DGC –Dirección General de Carreteras) encargados de adjudicar los contratos que están siendo objeto de estudio, otorgándoles una mayor capacidad de decisión e incluso queriendo deponer a quien había presentado trabas en la licitación del Puente del Centenario (Pedro Saura)”, recoge textual el informe de la UCO.

“Haber (sic) quieres que quite a pedro y ponga a Isabel y quite a Julian y ponga a javier [herrero] sin haber ninguna ampliación depuestos aquí”, le pregunta Koldo García a Cerdán en un intercambio de whatsapp del 14 de enero de 2020.

La Guardia Civil interpreta que Santos Cerdán está interesado en que asciendan Javier Herrero, quien ha declarado como testigo en el Tribunal Supremo, y Pardo de Vera, imputada en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. De ambos, los investigadores escriben que su “participación en la presunta adjudicación irregular de licitaciones públicas habría sido determinante”.

Saura, sin embargo, se mantuvo en el puesto hasta el 28 de julio de 2021. Su salida se produjo al tiempo que la de José Luis Ábalos del Ministerio de Transportes y de la Secretaría de Organización del partido. En esta última, Ábalos fue sustituido por Santos Cerdán mientras que el puesto de 'número dos' del Ministerio pasó a ocuparlo Isabel Pardo de Vera.

Es puntual a la cita. Empieza a anochecer y aún no ha comido. De hecho, durante la entrevista se pide algo para picar. En su rostro se refleja que dirige una de las Secretarías de Estado más importantes del país.

Le pregunto por las infraestructuras, pero no quiero que me hable de inversiones sino de proyectos. Es posible,  me dice, que el próximo Ministerio se llame de Transportes y Movilidad, y me lo argumenta con solvencia, me doy cuenta que no es una idea, es un proyecto ya trabajado.

Nuestra prioridad son las cercanías, me dice, nuestros trenes mueven 450 millones de pasajeros al año en cercanías y 30 millones en la alta velocidad. Esto es clave para entender por donde debe ir la política. No puede ser que las infraestructuras sigan dividiendo las ciudades.

Ha licitado más de 1.200 millones de euros en la región, más de la mitad, 700 adjudicados, lo que peor lleva, es que de cada cien euros, 90 los pone el estado, siete la comunidad autónoma y tres los ayuntamientos, cuando debería ser un 50/50. Por eso, cuando le pregunto como lleva que el Partido Popular acuse al estado de ser los culpables de la no recuperación del Mar Menor, no lo duda: Indignación.

El PP ha traicionado a sus votantes, me dice, igual que Ciudadanos, que no solo ha blanqueado la corrupción y las formas de hacer política del PP, sino que ha decepcionado a miles de votantes en la Región. Por eso, les pido a esos votantes de Ciudadanos, que no solo confíen en nosotros, sino que vean los datos y simplemente comprueben y decidan.

Sale Vox, y le pregunto qué está pasando en esta comunidad, para que una organización que miente en los datos, se muestra racista, xenófobo, y que su discurso divide a los españoles en buenos y malos, en patriotas y antipatriotas, triunfe.

Parte de culpa la tienen el PP y Cs, que en vez de ponerle un cordón sanitario, lo legitimaron acordando con ellos un gobierno, y a quien pusieron el cordón, fue al gobierno de España. De hecho, solo hay que fijarse como el gobierno regional está desaparecido en estas elecciones ¿Por qué?, porque no hay gobierno. La Región de Murcia solo conseguirá un cambio de modelo si hay un cambio de gobierno.

¿Le preocupa que mucho voto de la izquierda pueda terminar en el recuerdo?, le pregunto. Mucho, y por eso, les pido a las personas que están dudando entre votar socialista o Más País o Unidas Podemos, que reflexionen, el voto progresista, insiste, debe servir para frenar a la extrema derecha.

Ama esta Región, y echa mucho me menos su luz. Dentro de diez años se ve en la universidad dando clase. Sabe que la política es pasajera, aunque le recuerdo que lleva ya unos cuantos años así.

Mantiene sus amigos de siempre, y aunque sus hijos ya están trabajando y viviendo en la capital, Murcia es su tierra.

Antes de finalizar, le pregunto cuando fue la última vez que fue al cine: hace dos semanas, a ver la de Amenabar. Cuando habla del final de la película se relaja y disfruta. ¿Y al teatro?, hace unos seis meses.

¿En Ferraz hay miedo o confianza?, le pregunto. Hay optimismo y sobre todo, responsabilidad de que nos jugamos algo más que un gobierno, nos jugamos estabilidad y progreso. 

Para terminar el propongo un juego. Yo le digo nombres y el me responde lo que le viene a la cabeza. Lamentablemente la mayoría de los nombres son de hombres.

Pedro Sánchez: Determinación

Ábalos: Valores

López Miras: Incapacidad

Casado: Dogmático

Teodoro García: Antiguo

Diego Conesa: Moderación

Santiago Abascal: Pasado

Oscar Urralburu: Parlamentario

Sánchez Serna: Educado

Lourdes Méndez: Conservadora

Albert Rivera: Ambición

Buenas noches y buena suerte.

El secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, ha asegurado este martes que cuentan con los apoyos necesarios para sacar adelante en el Congreso el real decreto ley de medidas urgentes sobre vivienda y alquiler, en vigor desde inicio de mes. Para convalidar el texto hacen falta, además de los votos de Unidos Podemos, que ya ha anunciado su apoyo, los de PDeCAT y PNV, que en algún momento advirtieron de que no se diera por hecho.

Durante su intervención en el Forum Europa, Saura ha apuntado que aunque aún no hay fecha para su debate y convalidación en la Diputación Permanente del Congreso, “efectivamente” cuentan con los apoyos necesarios para sacarlo adelante, informa EFE. Según la Constitución, los reales decretos leyes debe ser convalidados o derogados por el Congreso en 30 días hábiles desde su entrada en vigor (6 de marzo), plazo que se cumple el 12 de abril. 

Entre otras medidas, el real decreto ley establece que las rentas no podrán subir por encima del IPC en su revisión anual, al tiempo que fija determinados incentivos fiscales y un índice de precios de referencia de los alquileres.

Asimismo, se amplía la prórroga obligatoria de 3 a 5 años en la duración de los contratos o a 7 años si es una persona jurídica y pasa a cuatro meses el período de preaviso por parte del arrendador y a dos meses para el arrendatario.

Para mantenerse en el tiempo, estas medidas deberán recibir el visto bueno del Congreso, trámite para el que se cuenta con un plazo de 30 días laborales desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que no decaiga.

El 22 de enero, la Cámara Baja rechazó convalidar el único real decreto ley, también en materia de alquiler, sometido hasta entonces a su aprobación por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

La norma recibió 103 votos a favor, 243 en contra y una abstención, después de que Unidos Podemos anunciara que votaría en contra porque el decreto no incluía las medidas que pactó con el Ejecutivo de cara a apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

Por otra parte, Saura ha defendido la necesidad de redactar una ley de vivienda que, entre otras cosas, eleve el peso de la vivienda social a precios asequibles hasta el 8% de los hogares en 2030 (frente al 2,5 % actual) y establezca que las casas protegidas lo sean para siempre.

Pedro Saura, actual secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, será el número uno por el PSOE al Congreso de los diputados y sustituirá a Maria González Veracruz.

Asimismo, el político socialista es seguido en la lista al parlamento por la concejala lorquina Marisol Sánchez Jódar, diputada nacional entre junio de 2007 y enero de 2008, y Juan Luis Soto.

En este sentido, el Partido Socialista ha confirmado sus candidatos para las próximas citas electorales. Así lo ha adelantado el diario La Opinón, que ha enumerado los cabezas de lista regionales del PSRM al Parlamento, Senado y a la Asamblea Regional.

Por otra parte, el portavoz parlamentario socialista en la Asamblea Regional, Joaquín López Pagán, encabezará la papeleta al Senado con Susana Hérnandez como número dos.

La lista autonómica será liderada por Diego Conesa y por Gloria Alarcón, profesora de Economía en la UM y, como informa el diario regional, solo repetirán Alfonso Martínez Baños y Emilio Ivars.

Todas la candidaturas están a la espera de ser refrendadas por el Comité Regional del PSRM que se celebra este sábado.

El Gobierno ha puesto este lunes en marcha con su primera reunión el Grupo Interministerial de la Vivienda. Este grupo de trabajo cuenta con la participación de siete ministerios y el departamento de asuntos económicos de la Presidencia del Gobierno.  

La secretaria general de Vivienda,  Helena Beunza, ha declarado que “es importante y fundamental la coordinación para regular cuestiones urgentes en materia de vivienda, pues afecta a competencias directas de los Departamentos que hoy hemos reunido por primera vez. El objetivo es establecer de manera coordinada el diagnóstico y las medidas más esenciales. Es de agradecer la implicación de todos para adoptar medidas eficaces cuya finalidad es abordar la actual problemática del alquiler”.

Liderado por el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, del ministerio de Fomento la primera reunión ha contado con participantes de las carteras de Economía, Hacienda, Industria, Transición Ecológica, Justicia y Sanidad.

Este grupo tiene como objetivo desarrollar la política de vivienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez de la que se conocen algunas medias en estudio como ampliar la duración de los contratos de alquiler de tres a cinco años, limitar las fianzas y estimular con incentivos fiscales la oferta de vivienda en alquiler y limitar la subida de las rentas de alquiler.

En esta primera reunión se ha trazado un primer resumen de la situación en materia de vivienda y alquiler en España y se ha desarrollado el Plan de Trabajo del grupo y su funcionamiento.  

Pedro Saura (Torre Pacheco, 1962) ha sido durante los últimos años el azote socialista de Cristóbal Montoro. Las disputas entre ambos por las políticas fiscales de recortes del Partido Popular eran clásicas en el Congreso. Ahora, las vueltas de la política han situado a Saura en el Gobierno y al exministro de Hacienda en la bancada de la oposición. El cargo que desempeña este doctor en Economía y profesor titular de la Universidad de Murcia, que también fue director general de SEPES, es el de secretario de Estado de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, número dos del ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Su Secretaría de Estado tiene una amplísima cartera de temas: desde vivienda al transporte aéreo, pasando por autopistas de peaje, RENFE y parte de Correos, entre otras. Asegura que quiere poner “luces largas” a la política de infraestructuras, y que ésta no es un fin en sí misma, sino al servicio de la gente y de la cohesión social. Defiende la necesidad de una mayor transparencia y quiere incluir a la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) en el consejo asesor del Ministerio.

En una entrevista con eldiario.es explica detalles de la colaboración que han iniciado con la Sareb para aumentar el parque público de vivienda en alquiler; se muestra partidario de que los impuestos municipales tengan en cuenta el impacto externo de la vivienda turística (sobre el vecindario, limpieza, etcétera) y también asegura que la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) será más restrictiva cuando se reliciten las autopistas quebradas en 2019. A Ryanair, en vísperas de la huelga, le envía el mensaje de que “competir con salarios a la baja no es un modelo de futuro”.

¿Cómo pretenden reorientar la política de infraestructuras?

Lo que necesitamos es poner luces largas a la política de infraestructuras y de transportes, cuánto y cómo invertir...Esta era, desgraciadamente, una sofisticación innecesaria en el pasado, pero sí son preguntas a hacerse en el día de hoy. Las infraestructuras no son un fin en sí mismo. Hay que ver las infraestructuras al servicio de la gente. Que los ciudadanos sepan en todo momento lo que se está haciendo en materia de vivienda, de infraestructuras.

Y la evaluación ex ante de las decisiones que hay que tomar, buscando maximizar los retornos sociales y económicos. Nos gustaría que en el consejo asesor del ministerio estuviera la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF). Pero también queremos dar la confianza de que las inversiones se van a mantener. En ese sentido se van a mantener las inversiones comprometidas (5.000 millones hasta el final del año, según dijo Ábalos en una comparecencia parlamentaria).

¿Cómo se han encontrado el Ministerio? El PP es ya muy crítico con las decisiones que se van tomando, y asegura que los 5.000 millones de inversión eran solo para un mes.

Sobre la herencia que nos deja el Ministerio a veces mejor no hablar. Pero alguien que ha ejecutado el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) un 60% de media entre 2012-2017 no tiene autoridad para criticar al Gobierno que apenas lleva un mes. El ministro habló de licitar de aquí a fin de año y a principios del año que viene unos 5.000 millones. Eso implica desbloquear cuestiones que vendió el anterior ministro pero que no estaban desbloqueadas. Por ejemplo, el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC), que implica una colaboración público-privada, no está desbloqueado, no tenía el visto bueno del Ministerio de Hacienda.

El anterior Gobierno también prometió la relicitación de las autopistas quebradas y revertirlas al Estado para este mismo año, pero al parecer no va a ser así. ¿Cuándo se producirá? ¿Comparten los cálculos de entre 700 y 1.000 millones de euros de recuperación para las arcas públicas?

Aquí también nos vendieron unos compromisos que no se van a lograr fundamentalmente porque los pliegos de condiciones no están terminados. Hay que contar con informes de otros Ministerios también. El objetivo es poder relicitar en 2019. Lo que se pueda recuperar va a depender de los pliegos de condiciones, y del plazo de concesión, que también hay que determinarlo. En función de cuánto es el plazo va a ser una u otra la cantidad a obtener por la relicitación.

El motivo por el que el Estado ha tenido que quedarse con estas autopistas de peaje quebradas es la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). ¿Se va a mantener en las nuevas relicitaciones? ¿podrían volver a quebrar y pagarse con dinero público?

La colaboración público-privada, siempre que no implique un coste para el contribuyente, es un instrumento adecuado. Hasta ahora, es verdad que en España ha supuesto, cuando ha habido problemas, que el que paga el pato ha sido el contribuyente. Pero la regulación y la Ley de contratos del sector público ha cambiado. Antes, independientemente de quién tuviera la responsabilidad, al final la indemnización era por el valor contable de la inversión. La relicitación implica que cuando hay responsabilidad del contratista, por ejemplo en caso de concurso de acreedores, la indemnización es por el valor de mercado de la concesión.

Por tanto, las condiciones con las que va a salir la nueva licitación serán distintas y se va a calcular de una manera distinta.

Vivienda turística y fondos buitre

Se ha anunciado un plan para poner en el mercado 20.000 viviendas de alquiler social y se va a elevar de 3 a 5 años el periodo de los alquileres, además de regular las fianzas, ¿va a haber además alguna medida fiscal?

Las medidas fiscales dirigidas a incentivar la oferta de vivienda, destinadas a que los inquilinos con rentas medias y bajas tengan más incentivos a alquilar son positivas. Hemos creado una comisión interministerial para hablar y concretar esas medidas fiscales. Queremos que el acceso social a la vivienda sea la gran prioridad de esta nueva etapa de este gobierno socialista. Hemos elevado a Secretaría General el rango de este área.

¿Se plantean hacer algo con las viviendas vacías? Según el último censo del INE, de 2011, son 3,4 millones

Los ayuntamientos ya pueden aplicar recargos en el IBI de las viviendas permanentemente vacías. Lo que queremos hacer es estudiar un desarrollo reglamentario, hablar con el resto de ministerios, las CCAA (tienen las competencias transferidas) y los ayuntamientos.

Una de las principales quejas de las asociaciones de inquilinos es la posibilidad que tienen algunos fondos buitre de subir un 300% el precio de los alquileres ¿eso se plantean regularlo?

Aquí también el enfoque debe ser multidisciplinar. Esta cuestión también queremos abordarla. Cómo está la fiscalidad de estos fondos buitre y también la fiscalidad de las viviendas turísticas. Entre otras cosas porque con las viviendas turísticas hay que recoger todos los efectos, también los externos que generan en un vecindario. Hay que reflexionar sobre esta fiscalidad para tratar de recoger estos aspectos negativos que genera sobre el vecindario. Es decir, el sistema impositivo municipal debería tener en cuenta los efectos externos que generan los pisos turísticos. Evaluar y captar estos efectos que tienen sobre los que viven en la escalera, los ruidos, la mayor congestión en el barrio, los servicios públicos...hay que hacer un análisis. Y también definir claramente qué es un piso turístico y un piso en alquiler de temporada.

¿Cuándo habla de la fiscalidad de los fondos buitre incluye también a las socimis?

Vamos a hacer una aproximación global. No puedo concretar todavía ninguna medida.

¿Las 20.000 viviendas para alquiler social que se han anunciado se construirán o se utilizarán algunas ya construidas?

Estamos pensando en entornos urbanos donde más problema hay en el alquiler y también en disponer del suelo que está en condiciones de ser urbanizado. Hablar con los ayuntamientos para que ese suelo que tienen ya listo pueda ser financiado por el Ministerio de Fomento. También buscaríamos la concertación de las CCAA.

El régimen de gestión pensamos que puede ser flexible. Puede ser empresa pública, puede ser mixta, una cooperativa, una entidad sin ánimo de lucro, el sector privado...con dos determinantes importantes. Que sea para vivienda en alquiler y con ingresos máximos del inquilino y con unos estándares altos en edificiación en cuanto a sostenibilidad y eficiencia energética.

A partir de ahí, SEPES (la sociedad estatal de suelo) también puede contribuir a esa gestión del suelo para que pueda ser desarrollado para vivienda en alquiler. Complementariamente, el ICO puede jugar un papel importante para desarrollar líneas para la construcción de vivienda en alquiler, pero también para este plan.

Y la Sareb también puede poner a disposición ese parque de viviendas o solares. Creo que es un paquete amplio ambicioso, corto y a medio plazo.

¿Podría concretar más en qué va a consistir la colaboración con la Sareb? Al parecer, cuentan con 1.600 viviendas para alquiler social sin adjudicar a la espera de acuerdos con Comunidades y ayuntamientos. ¿Se utilizarían esas viviendas? sin adjudicar

En la oferta de vivienda en alquiler es importante contar con el stock existente. Y la Sareb tiene un stock importante. En ese sentido llegar a un acuerdo con Sareb y un convenio es importante. Hasta ahora lo que sabemos es que hay convenios con algunos ayuntamientos y CCAA, y esto lo deberíamos liderar desde el Ministerio. Hemos recibido imputs en el sentido de que hay agua en la piscina, que se puede hacer un buen trabajo ahí.

Advertencia a Ryanair

Estamos a las puertas de una huelga de Ryanar, van a cancelar 400 vuelos en dos días, la compañía ha dicho que si no pueden mantener su modelo laboral irlandés en españa, se irían, aunque luego lo han negadosi no pueden mantener su modelo laboral irlandés en españa, se irían, aunque luego lo han negado

Cualquier cliente de Ryanair perjudicado puede tener la garantía de que los servicios del Ministerio van a proteger los derechos de los afectados. En segundo lugar, sobre esas declaraciones, creo que competir con salarios a la baja no es un modelo de futuro en cuanto a la competitividad ni en cuanto a la cohesión social.

¿Teme un verano caliente en los aeropuertos?

Estamos siempre expectantes para que los servicios públicos hagan su papel, también desde el punto de vista de los turistas. De cada diez turistas, ocho vienen a través de aeropuertos. Los servicios del Ministerio están a pleno rendimiento y hemos llegado a un preacuerdo con el sindicato mayoritario de controladores, que creemos que es razonable desde el punto de vista de la mejora de la competitividad.

¿Se plantean ampliar la privatización de AENA? (en la actualidad pertenece en un 51% al Estado)

No, estamos cómodos como está. Garantizamos la presencia del sector público, pero también es una empresa sometida a la disciplina que implica el mercado. AENA está dando beneficios.

¿Cómo se va a compensar a los transportistas por las subidas de impuestos al diésel?

Esto es una competencia del Ministerio de Hacienda. Pero ya han dicho que las subidas de impuestos medioambientales no afectarán a los autónomos y los profesionales. No puedo decir más.

Las asociaciones de transportistas se quejan del estado de las carreteras. ¿Hay previstas inversiones al respecto?

La austeridad a palo seco también te lleva a la irracionalidad. Hay un déficit de mantenimiento en las carreteras. Pero es que ha habido reducciones del 30-40% de la inversión con relación a los últimos años de gobiernos socialistas.

Correos depende también de Hacienda en cuanto a la gestión, pero el Servicio Postal Universal (SPU), lo que se paga a la empresa pública por garantizar el servicio en zonas deficitarias, es competencia de Fomento. Ha habido una multa reciente de la Comisión Europea. ¿Va a haber cambios en esta asignación?multa reciente de la Comisión Europea

Hay una metodología que está siendo evaluada por la Unión Europea. Desde 2010 Fomento hace entregas a cuenta por este concepto. Cuando tengamos esos informes europeos podremos tomar alguna decisión.

El papel del Cercanías y el AVE

En el año 2020 se liberaliza el sector ferroviario en la Unión Europea ¿qué va a pasar con RENFE? ¿Qué planes tienen respecto al sector ferroviario?se liberaliza

Las infraestructuras no son un fin en sí mismo. Por ejemplo, los trenes de cercanías tienen un papel importante desde el punto de vista de la movilidad y también de la cohesión social. Me pongo en la piel de jóvenes que ganan 500-600 euros al mes. Necesitan como un derecho que las Cercanías funcionen y con un precio razonable. En los próximos días vamos a aprobar el plan de obligaciones de servicio público, que va a implicar una inversión de 10.000 millones de euros en diez años en cercanías, media distancia y AVANT (servicios de media distancia que se prestan con trenes de alta velocidad). Se van a incluir nuevos servicios. También cumpliremos el compromiso de hacer accesibles las 96 estaciones que aún no lo son.

Sobre la liberalización europea del transporte, Renfe se está jugando el ser o no ser en este momento, y nosotros queremos una Renfe competitiva. Y por eso necesitamos un plan estratégico. Creo en las posibilidades de Renfe y sus potencialidades.

Además, cada gobierno hace nuevas promesas con el AVE, pero algunos expertos advierten de que quizá no es esta red la que debe recibir mayor atención en estos momentos ¿se va a seguir invirtiendo en AVE frente a otras líneas? ¿habrá algún nuevo destino?

Bueno, el anterior gobierno dijo que lo priorizaba y no lo tengo tan claro. Prometieron dejar en servicio 1.000 kilómetros más de AVE, a Granada, Burgos, Murcia, Plasencia, Badajoz y la variante de Pajares y evidentemente no lo han cumplido. El objetivo del gobierno es cumplir que estas ciudades tengan alta velocidad.

Creemos que la alta velocidad ha situado a España como país de referencia. Pero creo que también, de cara al futuro, manteniendo los compromisos, debemos evaluar los planes no solamente en ferrocarril sino en todos los modos de transporte, para racionalizarlos. Evaluar ex ante los retornos económicos y sociales está en el frontispicio de este Ministerio.

Gracias a las infraestructuras nuestro país tiene un alto nivel de cohesión territorial. Pero también hay que tener en cuenta el último informe del Tribunal de Cuentas europeo sobre la planificación de alta velocidad (hubo críticas a los sobrecostes y a la escasez de pasajeros). Hay que hacer un balance.

El portavoz económico del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de haber intentado la retirada del capítulo dedicado a la desigualdad en el informe anual del Banco de España, que ha sido presentado este martes por parte del supervisor sin el citado apartado.

Durante el debate de los Presupuestos y sus enmiendas parciales en el Pleno de la Cámara Baja, Saura ha asegurado que “al Gobierno sí que le importa la desigualdad, y la esconden”. Y si no, “¿por qué el representante del Gobierno en el Banco de España pidió que se retirara ese capítulo?”, se ha preguntado.

En este sentido, ha recordado que el propio gobernador del supervisor, Luis María Linde, anunció en una comparecencia en el Congreso que incluiría una mención detallada en este aspecto, insistiendo en su acusación al Ejecutivo de haber forzado su retirada para “ocultar la desigualdad debajo de la alfombra”.

“A Rivera y a Ciudadanos le sucede lo mismo: Quiere ocultarla detrás de una bandera. Al final es lo mismo, derecha pero nacionalistas. Unos debajo de las alfombra, otros detrás de la bandera”, ha apostillado.

No ha sido la única mención a la ausencia del capítulo de desigualdad en el informe anual del supervisor económico, ya que el portavoz de Economía de Unidos Podemos, Alberto Montero, también ha señalado que en este documento “sorprendentemente la desigualdad ha desaparecido”.

“Parece que no ha querido poner de manifiesto la situación en este país en términos de desigualdad”, ha señalado Montero, que ha destacado que el propio Banco de España incluye elementos ya denunciados por su grupo. Por ejemplo, ha dicho que la economía española “sustenta la competitividad sobre el desempleo y los bajos salarios y favorece la concentración empresarial, con todos los costes que conlleva”.

El acuerdo entre el PNV y el Gobierno para subir las pensiones a cambio de que los nacionalistas vascos permitan la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 ha protagonizado la presentación de las enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas. El portavoz de Hacienda del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, ha calificado este miércoles como “escándalo” el acuerdo entre los nacionalistas vascos y el Ejecutivo de Mariano Rajoy. “No hay derecho, las pensiones no son una mercancía. Las pensiones no están en la negociación política. Es un derecho de las personas que han trabajado durante toda su vida”, ha apuntado.

“Los pensionistas han trabajado duramente por su derecho a tener unas pensiones dignas. Es un escándalo, les han negado un derecho a los pensionistas cuando se ha demostrado que había dinero. Utiliza el derecho de los pensionistas como mercancía electoral”, ha espetado el diputado del PSOE.

Saura se ha hecho eco de la noticia del día, la dimisión de de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Crístina Cifuentes, para argumentar que los nuevos presupuestos “llegan a la Cámara con un Gobierno agotado y acosado por la corrupción y los escándalos. El señor Montoro nos decía que es muy importante para una economía generar confianza. ¿Genera confianza el escándalo de mantener un mes deteriorando a las instituciones a una persona que solo defiende sus intereses?¿Genera confianza un presidente del Gobierno que se pasea por los tribunales por los casos de corrupción?¿Genera confianza uno presupuestos que deberían haberse aprobado hace seis meses?¿Genera confianza la amnistía fiscal?¿No cumplir los objetivos de déficit ni la regla de gasto?”.

Ya más centrado en las cuentas públicas de esta año, Saura las ha calificado como “una improvisación, una chapuza cortoplacista. No hay programas de medio o largo plazo, son medidas que el año que viene ya puede que no vayan. Son de corto alcance” para justificar la presentación de la enmienda a la totalidad.

El diputado socialista ha estado muy duro con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al que llamó “trilero fiscal” y “tramposo compulsivo”. Saura ha asegurado que no se puede decir que estos sean los presupuestos más sociales cuando “son los menos sociales desde 2009” atendiendo a todas las magnitudes y teniendo en cuenta que “el gasto social crece un 2,8% y la riqueza nacional crece un 4,3%, ¿dónde esta la justicia social?”.

“Unos presupuestos son la expresión más nítida del modelo de sociedad que quiere un partido político. Estos presupuestos ponen de manifiesto que el Partido Popular quiere una sociedad que compita con salarios bajos, con un estado social jibarizado, donde el gasto social caiga hasta el 38%”, ha apuntado el dirigente del PSOE.

La rebaja fiscal que recogen los Presupuestos también ha estado en la diana de los socialistas. “Le regalan a las grandes empresas, por la vía de beneficio fiscales, 3.000 millones cuando a las familias les dicen que le van a dar 1.000 millones con la bajada de los impuestos. Es necesaria una reforma fiscal porque la recaudación esta 8 puntos por debajo de la media UE. No es una cuestión de subir impuestos sino de que paguen los que tienen que pagar. Pero el señor Montoro no se acuerda de que hizo una reforma fiscal que fue un regalo para las grandes empresas”, ha subrayado Saura.

“Señor Montoro, se ha pasado toda su vida política y profesional intentando que las grandes fortunas no paguen impuestos”, ha apuntado Saura

Montoro: “Hemos cerrado la herida de la crisis”

En su réplica a Saura, Montoro ha defendido que “en tres años de crecimiento económico se han cerrado completamente las heridas de la crisis” tanto en términos de paro como en “restitución de la cohesión social”, y ha asegurado que la propuesta de los Presupuestos de 2018 es “repartir la prosperidad”.

Ha añadido con ironía que a su juicio, Saura es “un excelente representante de la oposición y ha confiado en que así sea ”durante años“, pero ha llamado a la ”responsabilidad“ del PSOE porque ”no podemos definir el futuro de las pensiones“ sin el concurso de esta formación. ”Las pensiones deben estar fuera del debate político, necesitamos que los grupos hagan propuestas para la subida pero también para la financiación, lo necesitamos ya“.

Montoro se ha referido también al hecho de que el líder socialista, Pedro Sánchez, no sea diputado (dimitió cuando perdió la secretaría general del PSOE) a lo que Saura ha replicado que “no se preocupe porque volverá a la bancada del gobierno”.

El diputado socialista también ha criticado a Ciudadanos por respaldar las cuentas presentadas por el Gobierno. “A los señores de Ciudadanos les pone un estado social pequeño”, ha comentado Saura, que también ha acusado a la formación naranja de respaldar un presupuesto que “no cuadra. Son menos ingresos y más gastos”, para destacar finalmente que la formación de Albert Rivera no tiene palabra por criticar el cuponazo [dinero que el País Vasco debe pagar al Estado por los servicios que le presta], “que va en la disposición adicional 107 de estos Presupuestos”.

Pedro Saura ha pedido la dimisión de Luis de Guindos durante su intervención en la comisión en la que el ministro en funciones ha dado explicaciones sobre la designación de Soria para el Banco Mundial y posterior rectificación. El portavoz del PSOE en la comisión ha dicho sobre Guindos que “no es digno de seguir siendo ministro” y que “mentir conlleva la dimisión cuando te cazan”.

Saura ha afirmado que su grupo esperaba que asumiera responsabilidades “en el nombre del gobierno, pero no ha asumido ningún tipo de error”. El diputado socialista ha señalado durante su turno de intervención tres mentiras de Guindos sobre el 'caso Soria': que era un concurso público; que sólo podían tener acceso los funcionarios; y que si no se otorgaba el cargo al exministro “era ilegal”.

En opinión de Pedro Saura  “la encuesta avala la coherencia del trabajo que el PSOE viene desarrollando desde el comienzo de esta legislatura”. “Hemos presentado más de 30 iniciativas para controlar al Gobierno en funciones porque los ciudadanos nos han puesto en la oposición”, ha dicho Saura.

“Los datos no son satisfactorios para el Partido Socialista porque en esa estimación no somos la principal fuerza política, que es nuestra aspiración, somos una fuerza que tiene voluntad de mayoría”, ha añadido.

Pedro Saura  ha destacado que “según el CIS, el PSOE está a 3 puntos del PP en intención directa de voto, y a dos puntos en intención directa más simpatía”. “En definitiva, los datos ponen también de manifiesto que somos la alternativa al PP”.

Además, Saura ha valorado que “el PSOE sea el único partido que sube en estimación de voto, y ha destacado el descenso de Podemos, debido a que los españoles progresistas castigaron a Pablo Iglesias por bloquear el gobierno de cambio que intentó el líder del PSOE, Pedro Sánchez”.

El diputado y portavoz de Economía del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Pedro Saura, ha asegurado este lunes que, si algo pone de manifiesto el último CIS, es que la única alternativa al PP es el PSOE. “Y que lo que propone el PSOE es coherente, que es no a la corrupción del PP ni a sus políticas de insolidaridad”. 

Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, el Partido Socialista sería el único de los cuatro grandes partidos que podría mejorar sus resultados en caso de repetirse elecciones: Pedro Sánchez subiría del 22,6% obtenido en las últimas elecciones al 23,1% de los votos estimado por el CIS.

El líder del PSOE se ha mostrado contrario a permitir la investidura de Rajoy desde el día después de las elecciones. Rajoy se reunió con Sánchez la semana pasada para intentar que el PSOE se moviese del no a la abstención, pero no lo consiguió. Sanchez mantiene su posición, e indicó al líder del PP que debía buscar los apoyos en otros partidos, en “las derechas”.

Según el CIS, Rajoy y el PP se mantendrían como primera fuerza pero con una ligera caída, del 33,03% al 32,5%; la candidatura liderada por Pablo Iglesias y Alberto Garzón se dejaría un punto y medio con respecto a las elecciones de junio (bajarían del 21,1% al 19,6%) y la formación de Albert Rivera perdería un punto en intención de voto (frente al 13,05% de apoyos que obtuvo el 26J, ahora sería respaldado por el 12% del electorado).

En una entrevista en “Al Rojo Vivo” (La Sexta), Saura ha manifestado, no obstante, su insatisfacción con los resultados: “No tenemos una satisfacción completa, nuestra intención es ser mayoritarios en la sociedad española”. 

Pedro Saura (Torre Pacheco, 1962) no entiende que el PP le de tanta importancia a la necesidad de aprobar el techo de gasto si luego no cumple ante Europa con las cifras comprometidas. El portavoz socialista en la comisión de Hacienda asegura que nadie en Europa se cree ya los números que presenta España.

Según Saura, Rajoy está chantajeando a la oposición al dibujar al PSOE como un irresponsable por no facilitar su investidura. El diputado socialista atiende a eldiario.es por teléfono. 

¿Qué relación hay entre una abstención del PSOE y la aprobación del techo de gasto o los presupuestos? 

Lo que venimos sosteniendo es que la investidura y la gobernabilidad van de la mano. El Gobierno tiene que construir una mayoría no solo para que Rajoy sea investido, sino también para gobernar.  No solo se trata de mantener a Rajoy en la Moncloa. Y ya le avanzo que el PSOE va a votar en contra de los objetivos del techo de gasto y de los presupuestos porque conllevan una política fiscal que está en las antípodas de la del Partido Socialista. 

¿Cree que el Partido Popular debería llevar el debate del techo de gasto al Congreso sin esperar a que Rajoy pase por la investidura?

Rajoy está utilizando el debate económico para chantajear a la oposición en relación con su investidura. Yo soy de los que creo que es muy malo para España no tener presupuesto, pero es muchísimo peor lo que está sucediendo con la política fiscal y presupuestaria. 

El año pasado por estas fechas comenzamos el debate de presupuestos forzados por el Gobierno y bajo el argumento de que España ganaba en credibilidad si se aprobaban los presupuestos de 2016. ¿Qué ha sucedido con esos presupuestos? Según la autoridad fiscal, no se ha cumplido ni el techo de gasto ni los objetivos de déficit y esas cuentas han sufrido una desviación de 20.000 millones de euros. Eso sí es una pérdida de credibilidad ante cualquier agente que esté observando la economía española. En Europa ya no se creen los presupuestos que envía España. 

Habla usted de un chantaje del PP con argumentos económicos. ¿Ciudadanos está participando en ese chantaje? 

No lo creo. Lo que he oído de Ciudadanos es que podrían estar de acuerdo con el argumento de que el techo de gasto vaya ya al Congreso de los Diputados. Y Ciudadanos está diciendo algo parecido a lo que dice el Partido Socialista y es que Rajoy tiene que poner fecha ya al debate de investidura. 

¿Qué relación tiene la falta de Gobierno con la marcha de la economía española? 

La situación política española hasta la fecha no ha tenido una incidencia especial en la economía. Ahora bien, creo que sí que es urgente que haya un Gobierno cuanto antes porque la economía no está en funciones. Esta situación no la podemos mantener mucho más tiempo. 

¿Cree usted que Rajoy prefiere terceras elecciones antes de ir a una investidura sin garantías? 

Yo creo que Rajoy quería segundas elecciones desde el primer momento cuando salió corriendo ante el ofrecimiento del rey. Ahora se está comportando como si tuviera mayoría absoluta y chantajeando a la oposición para no negociar y no poner encima de la mesa una política distinta a la que ha venido planteando hasta ahora. 

Rajoy es un personaje del siglo XIX y es la antítesis de la modernización que necesita nuestro país. La soledad del PP demuestra que nadie quiere que Rajoy sea el próximo presidente. 

Dentro de su partido también se está diciendo de todo. Patxi López habló de presiones del Ibex. ¿Esto como funciona? ¿Les dejan notas bajo la puerta? ¿Les llaman por teléfono?

Yo no he recibido presiones del Ibex por lo tanto no le puedo decir cómo funcionan esas presiones. 

¿Y no ha llamado a su compañero Patxi López para preguntarle de qué estaba hablando?

Pues no. No se lo he preguntado.

¿Por qué pide Zapatero una reflexión interna dentro del PSOE?

De entrada le quiero decir que respeto muchísimo al expresidente Zapatero, de quien me considero amigo. En nuestro partido históricamente se ha debatido muchísimo. El PSOE es un partido muy transparente y el que se siga debatiendo me parece bien. 

Yo soy miembro del Comité Federal y en la última reunión estuve allí las siete horas que duró el encuentro. He asistido a todas las reuniones del grupo parlamentario socialista y en todas ellas he percibido bastante alineamiento a las posturas que defiende la Ejecutiva y el secretario general.

¿Y si Ciudadanos decide pasar de la abstención al sí, el no del PSOE sería más voluble?síno

No sé en qué realidad vivirán otros, yo vivo en la calle y estoy convencido de que la amplia mayoría de los votantes del PSOE lo que quieren es que el Partido Socialista no apoye a Mariano Rajoy.  Eso es bueno desde el punto de vista de la coherencia. Si el PSOE permitiese un Gobierno de Rajoy, tendría que apoyar el techo de gasto, el déficit, los presupuestos, etc. 

Hace tres años y tres días que pedimos la dimisión de Rajoy por los SMS a Bárcenas. Hoy todo eso es mucho más grave, porque hay procesos penales en marcha. Pero vayamos a la economía. El Gobierno aprobó un objetivo de déficit del 2,8%. Dice la autoridad fiscal que nos daremos con un canto en los dientes si acabamos 2016 con el 4,6%. Una desviación de 20.000 millones de euros cuando la economía estaba creciendo y ahora vienen ajustes de caballo del Estado del bienestar. El Partido Socialista no puede apoyar esos ajustes. Le estoy dando razones de por qué no vamos a estar en la gobernabilidad.

¿Ha perdido Pedro Sánchez todas las opciones de convertirse en presidente? 

Eso ya se intentó cuando los números eran más favorables y fue imposible porque Pablo Iglesias y Ciudadanos lo hicieron imposible. 

Los diputados electos murcianos, María González Veracruz y Pedro Saura, presentarán en el Congreso de los Diputados una batería de iniciativas para salvar 310 millones de euros que perdería la Región de Murcia como consecuencia del cierre de los Presupuestos Generales del Estado a mitad de año ordenado por el Ministerio de Hacienda.

El diputado Pedro Saura ha explicado que esto supondría recortes de 110 millones de euros de trasferencias finalistas acordadas en convenios con la Comunidad Autónoma y recortes de 200 millones de euros en inversión pública para la Región.

“En total, se trata de 310 millones de euros que afectan directamente al estado del bienestar y a la inversión pública en la Región de Murcia”, ha explicado.

Según Saura, las consecuencias para la Región de Murcia del cierre de presupuestos generales a mitad de año son que se cierra el grifo a las trasferencias finalistas, “es decir, a la dependencia, ayudas a la infancia, a la juventud, a la vivienda, fondos para la lucha contra violencia de género, etc.”

“Se cierra también el grifo a la inversión territorializada del Gobierno de España en las distintas comunidades autónomas”, ha añadido el diputado socialista.

Ha asegurado que otra consecuencia es que a una comunidad como la de Murcia, “que ya hace meses que perdimos la autonomía financiera y la autonomía política”, le han dicho que hay que cerrar el presupuesto también en estos meses de la Región de Murcia.

“En definitiva, que el Gobierno de España haya decidido cerrar el presupuesto de 2016 a mitad de año tiene unas consecuencias de 310 millones de euros, y con estos recortes presupuestarios, la llegada del AVE a la Región de Murcia y la regeneración del Mar Menor no se producirían nunca”, ha lamentado Saura.

En su opinión, lo que ha sucedido es que una reforma fiscal que beneficia al 10 por ciento de la población más rica y que tiene un coste estimado de 13.000 millones de euros y un efecto en la desviación del déficit público “de caballo”, conlleva también  recortes en la inversión pública y el estado del bienestar para 2016 y 2017, “y por tanto, una trasferencia de las rentas medias de los trabajadores hacia los más poderosos del país”.

“No afectará a la Región”

“No afectará a la Región”El portavoz del grupo parlamentario Popular en la Asamblea Regional, Víctor Martínez, ha calificado de “alarmistas e infudadas” las declaraciones realizadas por el diputado socialista Pedro Saura sobre las consecuencias del cierre presupuestario y ha añadido que “la mayoría de las obligaciones del Estado con la Región de Murcia correspondientes a 2016 están ya en ejecución, además de las plurianuales ya proyectadas”.

Víctor Martínez ha señalado que el cierre del prespuesto del Estado “supone que no se pueden hacer nuevas contrataciones pero sí ejecutar las obligaciones ya adquiridas, por tanto, no va a tener ningún efecto ni en las inversiones ni en el gasto social”.

El portavoz del grupo parlamentario Popular le ha dicho a Saura que “hemos llegado a esta situación por el bloqueo institucional del PSOE que impide formar gobierno al PP, el partido más votado y nos aboca a las sanciones de la Unión Europea por no tener en tiempo y forma los prespuestos”.

“Menos demagogia y más responsabilidad” ha dicho el portavoz popular, “por un lado no se puede exigir al Gobierno que controle el déficit y por otro criticar las medidas para hacerlo”. Y ha añadido que “Saura ha desempolvado la calculadora y ha empezado a sumar cifras y números que no cuadran ni a martillazos y ni él mismo sabe de dónde salen” ha añadido.

El portavoz del PP en el parlamento autonómico ha resaltado que el Gobierno regional actúa de forma responsable en materia prespuestaria poniendo en marcha las reformas necesarias para reducir el déficit público y buena prueba de ello es que  el último dato de déficit, de mayo, fue del 0,44 por ciento, frente al 0,90 del ejercicio anterior, lo que supone que el Ejecutivo autonómico está cumpliendo con la senda de equilibrio“.

Para Víctor Martínez “resulta grotesco que quien representaba a los socialistas murcianos cuando Zapatero impuso un sistema que convirtió a Murcia en la Región peor financiada de España culpe ahora de la situación al Partido Popular”, “ el señor Saura si de verdad quiere salvar algo en el Congreso lo que debe hacer es convencer a sus compañeros socialistas para que permitan a Mariano Rajoy formar un gobierno que saque a España de este impasse que tanto perjudica a los intereses de los murcianos y de todos los españoles”, ha añadido.

Los representantes de las cuatro formaciones con más posibilidades en las elecciones del próximo 26 de junio han protagonizado este martes un nuevo debate económico en Santander en el contexto del curso “¿Qué hemos aprendido de la crisis?”, organizado por la APIE con la colaboración de la UIMP y BBVA.

Un debate marcado por la petición del rescate y escaso en el terreno de las propuestas, que se han centrado en cómo gestionar la política fiscal y el crecimiento económico. En la mesa redonda, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha deslizado en sus intervenciones el miedo a volver al punto inicial de la crisis dependiendo de quién salga de las urnas. “Volver a la casilla de salida es un sitio donde no me gustaría que mi país volviera a estar”, ha dicho. De Guindos ha señalado que no existen “recetas mágicas” ni “atajos” a la hora de hacer política.

La ralentización económica en un contexto económico débil, el miedo a la salida de Reino Unido de la UE o el problema griego, que “todavía no se ha solucionado”, han sido las razones que ha esgrimido de Guindos para describir el periodo de inestabilidad que se vive en el entorno económico. “No digo que todo esté hecho, al revés, hay que aprender de lo que hemos pasado”, ha apuntado.

El ministro en funciones ha destacado la gestión de su Gobierno para llevar a España a una mejor situación respecto a abril de 2012, cuando ha explicado que “España era el principal riesgo para la economía mundial”. y ha afirmado que la salida a Bolsa de Bankia no fue “culpa” solo del expresidente de la entidad Rodrigo Rato y ha apuntado al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

“Bankia no tendría que haber salido al mercado. Pero no fue solo culpa de Rato. Sería injusto que hiciéramos eso”, ha reprobado.

El diputado socialista Pedro Saura ha criticado la gestión política del Gobierno y ha señalado que el problema del crecimiento que está experimentando España es que no cala en el grueso de la población. Una mejora económica que el representante socialista achaca a los vientos de cola externos y no tanto a una mejora de la propia economía española. “La mitad del crecimiento español es por factores exógenos que nos vienen mejor a la economía española”, ha dicho. “Si se quitan estos, convergemos con la media del crecimiento europeo, que es de un mediocre 1%”, ha añadido.

Nacho Álvarez, de Podemos, ha abogado por una política fiscal distinta para que el crecimiento económico afecte también a la mayoría social y ha reiterado que hay que revertir reformas, como la laboral, porque la bajada de las indemnizaciones por despido no ha paliado los niveles de temporalidad. “La política fiscal tiene que acompañar la política monetaria”, ha señalado Álvarez.

Por su parte, el responsable del programa económico de Ciudadanos, Luis Garicano, ha apuntado que una bajada de impuestos supondría una crisis de confianza en la economía.

El número dos al Congreso de los Diputados del PSOE por la Región de Murcia, Pedro Saura, ha asegurado que Pablo Iglesias “abre la puerta a la independencia de las comunidades autónomas, lo que limitará la solidaridad, la cohesión social y la financiación a algunas comunidades como la Región de Murcia”.

Ha recordado que en esta comunidad el déficit de financiación autonómica está en torno a los 250 millones de euros, y ha afirmado que si Podemos terminara llevando a cabo esa medida, Murcia no tendrá la financiación adecuada para educación, sanidad y política social.

En su opinión, la propuesta por Pablo Iglesias en su programa electoral, rompería la unidad fiscal de España, y por tanto, quebraría la posibilidad de la redistribución de la riqueza.

“Además, se rompería la caja única de la Seguridad Social, uno de los instrumentos de solidaridad más importantes que tenemos, que gracias a que el PSOE lo puso en marcha junto a las pensiones mínimas”, ha señalado momentos antes de reunirse con la junta directiva del Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia.

Por su parte, el secretario general del PSOE-RM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar, que también ha asistido a la reunión, ha indicado que el CES está haciendo un trabajo extraordinario.

Ha añadido que los informes del CES son muy tenidos en cuenta por el PSOE, sobre todo en la actividad institucional. “Tenemos el compromiso de someter todas las propuestas que hacemos en la Asamblea Regional a la opinión de este organismo”.

González Tovar ha explicado que una de las cosas en las que el PSOE coincide con el CES es la financiación de la comunidad autónoma, “en la que entendemos que el déficit está muy vinculado a la mala negociación de las transferencias de Sanidad y Educación que hizo Valcárcel con el entonces presidente, José María Aznar”.

Además, ha criticado que el Gobierno regional ha hecho una mala gestión y ha generado una deuda cercana a los 8.000 millones de euros en la Región de Murcia, “algo preocupante y que carga sobre las espaldas de cada murciano y murciana”.

Según el dirigente socialista, la Región de Murcia necesita un cambio, y que cojan las riendas personas que antepongan los intereses de los murcianos por encima de todo.

“Esta región tiene enormes potencialidades, su gente sabe hacer muchas cosas y muy bien, pero que tiene dos graves problemas: un gobierno desnortado, que está más pendiente de los asuntos judiciales de su presidente que de los intereses de los ciudadanos, y a la vez una mancha de corrupción que se está extendiendo por toda la región”, ha denunciado.

“Y el Partido Popular, en vez de asumir responsabilidades y limpiar la política murciana, lo que está haciendo es embarrar aún más la región”, ha añadido.

“Eso es malo para nuestra economía y para nuestra salud social y democrática, y es un elemento más por lo que estamos convencidos de que hace falta dar un sí grande a tener un gobierno de España que nos preste la atención que merece Murcia, y no como ha hecho Rajoy, que nos ha machacado y ha creado una gran desigualdad entre las personas y con respecto a otras comunidades autónomas”, ha concluido.

El secretario general del PSOE-RM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar, ha exigido la dimisión de Pedro Antonio Sánchez como diputado regional y como presidente de la Comunidad, con el fin de aclarar, fuera de los cargos institucionales y de la representación de la Región de Murcia, su situación procesal.

También ha pedido la salida de Pilar Barreiro de las listas electorales del PP para el Senado por estar imputada, y que “de una vez por todas”, el PP asuma sus responsabilidades, “se remangue y se ponga a limpiar su partido para que su actuación política no dañe la imagen y los intereses de la Región de Murcia”.

González Tovar, que ha hecho estas declaraciones tras conocer que la Guardia Civil pide la imputación de Pedro Antonio Sánchez y de Pilar Barreiro, ha asegurado que dañar a la Región es imperdonable, “lo haga quien lo haga, y más si lo hace su presidente”.

“Es una evidencia para los socialistas murcianos que las instituciones están muy por encima de los cargos públicos y que la Región está muy por encima de todo. Nosotros ya avisamos a Pedro Antonio Sánchez en su investidura que era una temeridad ser presidente bajo sospecha”, ha recordado.

Según el dirigente socialista, para que la recuperación de la reputación de la Región sea efectiva, el presidente tiene que asumir responsabilidades, “y no puede seguir siendo presidente mientras esté tan claramente bajo sospecha”.

“En este caso hablamos de la Púnica, pero podríamos hablar de muchos más casos, como el del Auditorio de Puerto Lumbreras. El PP anda rodeado de corrupción y eso tiene que tener una respuesta ante la ciudadanía”, ha insistido.

Ha añadido que Pedro Antonio Sánchez tiene marcado el camino de lo que tiene que hacer. “Ese camino se lo marcó Juan Carlos Ruiz y la Ley de Transparencia de la Comunidad Autónoma. Pero el camino del presidente tiene que estar marcado por el interés de la Región de Murcia”.

Ha recordado que los socialistas llevan muchos años luchando contra la corrupción, “la mayoría de las veces solos”. “En el momento de la investidura de Pedro Antonio Sánchez le dijimos que para ser presidente de la Comunidad Autónoma no se podía estar jugando con temas tan importantes como la imagen y los intereses de la Región”, ha subrayado.

“Le aconsejamos que declinara ser presidente porque no se podía defender la Región de Murcia si no era desde una posición intachable, y le dijimos que era importante que, fuera de la escena política, se defendiera de la acción de la justicia”, ha concluido.

El PP es “el epicentro de la corrupción”

En declaraciones a Cuatro, Saura ha subrayado que hace una década, en la época en la que “el dinero llegaba a espuertas y era fácil para unos cuantos” el PSOE murciano -que él lideró entre 2004 y 2012- ya denunciaba “que el PP de Murcia estaba en el epicentro de la corrupción”.

“Estos hechos ponen de manifiesto que esto era así”, ha remachado. El socialista se refería así al informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha enviado a la Audiencia Nacional y en el que se incluyen presuntas conexiones entre la trama 'Púnica' y el actual presidente de Murcia.

El informe, que menciona también a la senadora y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro. Saura ha recordado que ésta tuvo que dimitir del Ayuntamiento tras ser imputada de corrupción, igual que el que fuera delegado del Gobierno en la región, Joaquín Bascuñana.

El candidato número dos al Congreso por la Región de Murcia, Pedro Saura, ha asegurado que “para salir de la crisis hay que apostar por la economía social, por un crecimiento distinto y por la competitividad de calidad, lo que implica un mercado de trabajo diferente, sin precariedad y con contratos de trabajo de calidad”.

Saura, que se ha reunido con directivos de UCOMUR, ha indicado que “España necesita una salida de la crisis distinta, un modelo de crecimiento y una competitividad basada en la calidad, y no en la puesta de la desigualdad, que es la forma de salir de la crisis de Rajoy, la ”low cost“.

En ese sentido, ha explicado que “la economía social es un elemento muy importante para ganar competitividad, con salarios decentes y con empleos estables”. “Este sector es flexible -ha dicho- y hay corresponsabilidad entre los cooperativistas, es un sector que ha resistido muy bien, y particularmente en la Región de Murcia”.

“Nosotros lo que planteamos es apostar por la economía social como un sector estratégico, y entendemos que hay que eliminar las trabas burocráticas y administrativas para que funcione mucho mejor y ofrezca más posibilidades”, ha añadido el candidato socialista.

Lo que plantea el PSOE en su programa es “cambiar la ley de cooperativas, y que estas tengan ventajas fiscales, que haya una colaboración muy directa con el sector en todo lo que tiene que ver con la reformas económicas y las reformas que pide la Unión Europea”.

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Rafael González Tovar, ha resaltado que la apuesta del candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, por la economía social es “incuestionable”.

“Queremos un sistema económico que se centre en las personas, que no se deslocalice, que las empresas sean democráticas y participas, que dé empleo fijo de calidad, no temporal ni precario, unas empresas que trabajen pensando en la mayoría de sus socios, esa es la forma económica que nosotros defendemos”, ha señalado Tovar.

El exsecretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia -PSRM-, Pedro Saura, estuvo presente en la presentación de la candidatura de los socialistas murcianos a las próximas elecciones del 20 de diciembre. Saura analiza la situación económica del último año, la amnistía fiscal, la corrupción política y las propuestas de su partido para la regeneración democrática de la Región de Murcia.

¿Cómo describiría esta nueva candidatura del PSOE de la Región de Murcia a las elecciones de 2015?

Lo que significa esta candidatura es renovación, cambio. Pero todo ello sin renunciar a la experiencia. Existe ilusión por cambiar lo sucedido estos últimos cuatro años, por acabar con la corrupción, pero al mismo tiempo por aportar esa dosis de experiencia que el partido tiene por su larga trayectoria. Además, tenemos pleno conocimiento de la realidad que está viviendo la gente más humilde.

¿Qué balance hace de sus últimos cuatro años en el Congreso?

Hemos luchado por tierra, mar y aire para eliminar la amnistía fiscal, que representa algo muy injusto, algo que en definitiva es la concepción fiscal del Partido Popular: favorecer al diez por ciento más rico del país, destruir la conciencia fiscal de los ciudadanos y, algo de lo que estoy seguro, para facilitar el camino a los propios dirigentes de su partido.

Y de cara a las próximas elecciones, ¿qué rol va asumir la candidatura socialista murciana?

Lo primero de todo es que no se producirá una salida consistente de la crisis hasta que no se aborde la gran desigualdad que existe en el país. La competitividad y el crecimiento por el que ha apostado el Partido Popular ha contribuido enormemente a aumentar las diferencias entre unos ciudadanos y otros. El PSOE se propone como primer objetivo reducir esa desigualdad lo máximo posible. En segundo lugar, debe existir una regeneración democrática que dé fin al 'capitalismo de amiguetes', a la corrupción que lleva asolando el país durante años.

Por último, creemos que la financiación autonómica es algo que debe negociarse. Queremos que una comunidad como la murciana, que actualmente está a la cola en materia de financiación por habitante, dé un paso adelante. En esta Región hemos pasado de confrontación con el Gobierno de España a la sumisión, cuando éste cambió el pasado 2011. Con menos del 3% de contribución a la riqueza del país, lo que a Murcia le queda por hacer es ser influyente en Madrid, y eso no ocurre desde hace mucho. Los socialistas aspiramos a ser una unidad de empuje para mejorar la financiación murciana.

¿Y cómo se propone ampliar esa influencia ante el Gobierno central?

Explicar bien la realidad de la Región. Advertir y entender que se va a reclamar lo estrictamente necesario, elegir qué es lo más importante. AVE, agua, financiación... No se trata de pedir de todo, sino convencer a los dirigentes nacionales de que Murcia, una región del Mediterráneo, debe tener una importancia mayor en el peso económico del país.

Abordando los últimos casos de corrupción, ¿qué soluciones proponen los socialistas?

En primer lugar es importante destacar que la corrupción afecta y ha afectado a todos los partidos políticos. Pero en el caso de los populares hablamos de que es sistemática. Lo más importante de la corrupción, más que su existencia, es cómo se reacciona ante ella. En el caso del PP, Rajoy está en el epicentro de la corrupción de su partido. Por tanto, él no puede pedir responsabilidades porque es el principal responsable. El Partido Popular ha sido una máquina de esquilmar las arcas públicas. Rajoy y los suyos lo que más necesitan es ir a la oposición para que realmente sufran el cambio generacional que necesitan.

En materia fiscal, y regresando al asunto de la amnistía, ¿cómo ha afectado a la economía nacional?

Montoro se ha convertido en uno de los peores ministros de Hacienda de la historia. Por donde él pasa no crece la hierba. Con su llegada al Ministerio comenzaron los escándalos. La Agencia Tributaria, la joya de la corona de las instituciones españolas, no había sufrido apenas escándalos hasta su llegada, y con su entrada en el Gobierno aparecieron las puertas giratorias y la amnistía fiscal.

La amnistía fiscal, que según Montoro fue creada para una mejor redistribución, es solo un espejismo. El resultado ha sido el contrario, ha sido una política que ha favorecido al diez por ciento más rico. Es, sin duda alguna, una de las mayores mentiras del Partido Popular. Rajoy, que llegó con la vitola de que iba a bajar los impuestos, ha acabado subiéndolos hasta un total de veinte mil millones de euros. Y, para colmo, a final de legislatura decide bajar el IRPF. Esto al final ha provocado que los 200 mil contribuyentes que más ganan, se han beneficiado más de la reforma fiscal que los ocho millones que menos ganan.

¿Qué tiene pensado Pedro Saura en materia fiscal de cara a la próxima legislatura?

Dos cosas: nos comprometemos a renunciar a la amnistía fiscal en España y, sobre todo, a conocer el nombre de los defraudadores convictos y confesos que se han acogido a dicha amnistía. Es lo que hemos pedido en el último cambio de la ley tributaria, y que el Gobierno no ha aceptado. Creo que tenemos derecho a conocer a los treinta mil defraudadores que tiene el país y se han acogido a la amnistía.