Entre el ruido, la prisa y la confrontación, la figura de Carlos Cuerpo emerge como una excepción: un responsable económico que reivindica el valor del conocimiento experto y la calma institucional. Su llegada a la Vicepresidencia Primera del Gobierno simboliza un giro hacia el blindaje técnico en plena incertidumbre global y confirma la apuesta por una gestión donde el dato pesa más que el eslogan. Este movimiento del Gobierno, impulsado por el presidente, Pedro Sánchez, tras la salida de María Jesús Montero hacia la arena andaluza, no es solo un movimiento de piezas en el tablero; es la consolidación de un modelo de gestión donde el dato no es un accesorio, sino el cimiento de la credibilidad.

El relevo encierra una carga simbólica que redefine una etapa. Por primera vez en años, una vicepresidencia deja de tener nombre de mujer, rompiendo la secuencia marcada por Carmen Calvo, Nadia Calviño y la propia Montero. Este giro hace una grieta en la apuesta por la igualdad, y a la vez subraya una prioridad distinta: el blindaje técnico de la economía española ante un escenario geopolítico fracturado por la crisis en Oriente Próximo y la sombra de los aranceles globales.

Cuerpo es el reverso del político de aparato. Su currículum, forjado en la Universidad de Extremadura, la London School of Economics y consolidado en la Comisión Europea y la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) describe a un profesional que entiende los mercados y las instituciones comunitarias desde dentro. Esa falta de trayectoria orgánica en el PSOE es, paradójicamente, su mayor activo: le permite ejercer una suerte de “tecnocracia con propósito”, centrada en diagnósticos compartidos y no en la adaptación táctica a unas siglas.

Esta fórmula explica por qué su departamento es, de forma sostenida, el mejor valorado del Ejecutivo. Según el barómetro del CIS de enero de 2026, Cuerpo no solo encabeza la tabla, sino que es el único miembro del gabinete que logra el aprobado ciudadano, con un 5,27. La economía española, ajena al desgaste de otros ministerios, ha transitado con una estabilidad inusual. No se trata de invisibilidad, sino de una eficacia que silencia el ruido: cuando España lidera el crecimiento de la OCDE con un 2,8% al cierre de 2025, el relato se escribe solo.

Sin embargo, el éxito de Cuerpo no reside únicamente en la macroeconomía fría. Su gestión intenta humanizar el rigor a través de lo que él define como “actuar con guante de seda”. Lo vemos en iniciativas que trascienden el titular inmediato: la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero y el Consejo Nacional de la Productividad no son meras estructuras burocráticas, sino cortafuegos institucionales diseñados para proteger a la ciudadanía frente a los abusos y evaluar el impacto real de las políticas públicas en el día a día.

Ese equilibrio entre control y operatividad se palpa en su agenda legislativa para este año. Medidas como la limitación de intereses en los créditos al consumo, que ahora exige un periodo de reflexión de 24 horas antes de aceptar una oferta, o la flexibilización de sistemas como Verifactu para no asfixiar a las pymes en su digitalización, demuestran que la técnica puede estar al servicio de la prudencia social.

Finalmente, hay un componente biográfico que otorga a su figura una autenticidad singular. Nacido en Badajoz y formado en la educación pública, Cuerpo encarna el éxito del ascensor social. Su “extremeñidad” no es un adorno folclórico; es la prueba de que se puede llegar al núcleo del poder económico europeo desde la periferia, sin necesidad de sobreactuaciones ni estridencias.

Ante los desafíos que restan —la emergencia de la vivienda, la integración de la inteligencia artificial o el aterrizaje final de los fondos europeos antes de agosto de 2026—, el liderazgo de Carlos Cuerpo plantea una lección de madurez democrática. En tiempos de máxima incertidumbre, la política más útil no es la que más grita, sino la que mejor sabe usar el conocimiento experto como herramienta de justicia. Su marca personal, discreta pero firme, empieza a dejar un eco difícil de pasar por alto.

Conviene recordar que no es la primera vez que Extremadura proyecta perfiles de relevancia en la política nacional. La figura de Magdalena Valerio, al frente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ya evidenció la capacidad de la región para situar talento en posiciones de responsabilidad institucional, con una gestión marcada por el conocimiento de lo público y la cercanía a los problemas reales. Anteriormente fueron: Alberto Oliart, María Antonia Trujillo y Celestino Corbacho.

Y si se amplía la mirada histórica, pasando por alto la época de la dictadura franquista, el eco conduce inevitablemente a Manuel Godoy, valido de Carlos IV y probablemente el extremeño que mayor poder acumuló en la estructura del Estado, convertido en figura central de la política española a finales del siglo XVIII. Dos contextos, dos estilos y dos épocas radicalmente distintas, pero un mismo hilo de fondo: la presencia, intermitente pero significativa, de Extremadura en los espacios donde se decide el rumbo de nuestro país.

“Si algo funciona no lo toques” y “No me traigas problemas, tráeme soluciones”; fueron siempre los dos consejos maestros que Mariano Rajoy daba a sus ministros y ministras para encaminar su gestión. Para cubrir la marcha de -Montero dixit- “la mujer con más poder de la historia de la democracia”, el presidente Sánchez ha optado por aplicarlos con rigor casi marianista. 

En un momento cuando el Gobierno vuelve a conectar con el sentir mayoritario de la sociedad española sobre algo -la ilegal y brutal guerra de Irán-, mientras Feijóo y Vox parecen unir su destino al de Donald Trump, cuantas menos interferencias y menos ruido, mejor, habrán pensado con razón en la Moncloa. La primera regla siempre debe ser no distraer al adversario cuando se está equivocando.

Si algo le ha funcionado en estos años al “presidente con más potra” -Rufián dixit- de la historia de la democracia ha sido la economía. No era hora de andarse con experimentos y gaseosas. Confirmar y promocionar a uno de los responsables, reforzado además por una buena capacidad de comunicación y sentido político acreditados desde una más que encomiable discreción, parece la jugada más segura. Decir a estas alturas que Cuerpo es un perfil técnico no puede producir más que ternura. La promoción de Arcadi España responde al mismo patrón: nada de sustos; todo amarrado. Que iba a correr el escalafón en las vicepresidencias estaba descontado. Si algo importa en los gobiernos de coalición en mantener la jerarquía. 

Con las turbulencias de la guerra, vienen tiempos difíciles para el cuadro macroeconómico. Mejor mantener al mando con plenos poderes a alguien que claramente se ha ganado la percepción mayoritaria de saber qué está haciendo y cómo manejarlo. Ya lo dijo san Ignacio de Loyola: en tiempos de desolación, nunca hacer mudanza.

La economía funciona y el ministro de Economía acostumbra a traer más soluciones que problemas. Carlos Cuerpo ha demostrado que sabe batirse con la oposición de la derecha y la ultraderecha después de haber reclamado en vano durante meses que se atreviesen a preguntarle algo para así poder disertar sobre la buena marcha de la economía nacional. De hecho, resulta muy reveladora la estrategia popular de hacer como si el ministro de Economía no existiese; algo que ya no podrá hacer. Parece haber algo en el tono pausado y tranquilo de Cuerpo que actúa como la kriptonita para los animosos portavoces de la oposición. Que hable japonés con tanta fluidez tiene que resultar desconcertante incluso para Miguel Tellado.

También ha demostrado que sabe hacer de stoper de las necesidades cada vez más acuciantes de marcar perfil propio por parte de los socios de Sumar. Pocos compañeros de gabinete parecen tener la capacidad de provocar en la vicepresidenta Yolanda Díaz un nivel de animosidad que va más allá de las fronteras del “sentidiño”. María Jesús Montero era “riquiña”. Carlos Cuerpo, decididamente no. 

Se vienen consejos de ministros con intriga, suspense y emoción. Más vale tener a alguien que no pierda los nervios y la calma con facilidad. Con Carlos Cuerpo, el presidente se agencia dos Bolaños por el precio de uno. Chollo total.

El modelo minimalista de gestión de crisis funciona y ha acreditado su efectividad. a Rajoy le funcionaba de maravilla. A los demás, no tan bien. Es el único problema.

Pedro Sánchez ha confirmado este lunes el nombramiento de Sara Aagesen como ministra de Transición Ecológica y la ha destacado como “una de las mayores expertas en transición energética”. Aagesen (Madrid, 1976) mantiene la vicepresidencia que ya tenía Ribera, en un nombramiento de alto poder simbólico para una ministra que carece del peso político en el PSOE que tenía su predecesora y hasta ahora jefa. Conviene recordar que Transición Ecológica, un ministerio clave para Pedro Sánchez, es una cartera de gasto, que aglutina el 40% de las actuaciones previstas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

La todavía secretaria de Estado es el relevo natural de Ribera. Aagesen ha acompañado a la todavía máxima responsable de ese superministerio durante buena parte de su trayectoria. Los últimos cuatro años, desde enero de 2020, como secretaria de Estado de Energía, puesto para el que fue nombrada en 2020 en sustitución del recientemente fallecido José Domínguez Abascal. 

Unas semanas antes, Aagesen, entonces una mera asesora en el ministerio, ya destacaba en alguna de las sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25) que tuvo que improvisarse en Madrid ante la imposibilidad de celebrarla en Chile. Unas semanas después, fue nombrada secretaria de Estado de Energía. Los más de cuatro años transcurridos al frente de esa secretaría de Estado la convierten en la persona que más tiempo ha ostentado este puesto desde que comenzó la democracia y en la primera mujer en hacerlo. 

En este tiempo, Aagesen se ha encargado de normativas clave de su departamento para impulsar el autoconsumo eléctrico y las energías renovables, en unos años convulsos en los que el Ejecutivo puso en marcha el denominado escudo social para proteger a los más vulnerables con el estallido de la pandemia. Posteriormente, España logró imponer en la UE, de la mano de Portugal, la denominada solución ibérica para contener la crisis de precios de la electricidad tras la invasión de Ucrania y la explosión de precios del gas.

Ingeniera química por la Universidad Complutense de Madrid, especializada en Medio Ambiente, Aagesen ha desarrollado toda su carrera profesional vinculada al ámbito de la energía y el medio ambiente. Entre 2002 y 2018 trabajó en la Oficina de Cambio Climático, participando en la elaboración de la hoja de ruta de los sectores difusos 2020 o el diseño e implementación del Primer Plan Nacional de Asignación de emisiones.

Solo en el área que dirigía hasta ahora, el Ministerio tiene por delante sacar en los próximos meses normativas clave como la nueva retribución de las redes, los pagos por capacidad para las centrales de gas, la nueva normativa del autoconsumo, la revisión del régimen especial de las energías renovables y la transposición de la normativa europea para materias primas críticas. También acometer el cierre progresivo de las nucleares pactado en 2019, en mitad de una campaña de lobby que arrecia a favor de la energía atómica.

De madre española y padre danés, la nueva vicepresidenta es madre de dos hijos y entre sus aficiones está la música (colecciona vinilos). Es una persona muy bien valorada en el sector energético, que estos días hace quinielas sobre quién será la persona que ocupará el puesto que deja vacante en la secretaría de Estado de Energía. Entre los nombres que se barajan están los de Joan Groizard, actual director del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) y el actual director general de Política Energética, Manuel García Hernández.

La agenda verde pendiente

En la agenda verde, Aegesen se estrena con las negociaciones definitivas para cerrar el Tratado Global de Plásticos que debe comprometer a los países a reducir la generación de basura de este material (hijo de los combustibles fósiles). La última ronda de conversaciones ha comenzado el mismo día del anuncio oficial del nombramiento de Sara Aagesen y terminan este domingo. 

Además, los impactos de la DANA en València y Albacete han evidenciado la necesidad y retraso que España lleva en la llamada adaptación a los efectos ya patentes del cambio climático: las construcciones en áreas inundables, los daños de las olas de calor o la gestión del agua. Esa adaptación climática cae, en parte, en la gestión de la nueva vicepresidenta tercera.

Y Aagesen tendrá también encima de la mesa asuntos sin cerrar como sacar adelante un plan para intentar salvar el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, el contraataque desde Europa a la protección del lobo o el desmantelamiento de la antigua estación de esquí de Navacerrada.

De forma abrupta e impremeditada. Ausentándose el jueves, para sorpresa unánime, de la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno en el palacio de San Esteban. Escenificando, con esa ausencia -unida también a la del consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo-, un enfado de Vox a nivel nacional tras el pacto consumado por PP y PSOE para la acogida de migrantes en las comunidades gobernadas por los populares. Dimitiendo el viernes a mediodía, tras asistir al Comité Ejecutivo Nacional de Vox el jueves, por motivo de la futura llegada a la Región de Murcia de 16 menores que desde hace meses viven hacinados en centros de acogida del Archipiélago canario. Postergando, un verano más, unas vacaciones en su Galicia natal por un terremoto político suscitado por su propio partido.

Así han sido las últimas horas de José Ángel Antelo (Santiago de Compostela, 1987) a los mandos de la vicepresidencia del Gobierno de la Región de Murcia, el puesto al que llegó a través del pacto alcanzado en septiembre de 2023 con el PP tras unas duras negociaciones que se prolongaron durante tres meses y que le ha otorgado, desde que lo asumió junto con la cartera de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, la posibilidad de infiltrar su sesgo ultraconservador en la actualidad de la política regional.

Incluso en su declaración final como brazo derecho del Ejecutivo, el gallego siguió insistiendo en ese discurso antimigratorio, en esa hipérbole constante de la realidad murciana. Muy serio, atosigado por los micrófonos contra la pared de la Consejería de Interior, Antelo antepuso, en referencia a las directrices prescritas por Abascal, “las convicciones a los sillones”. “Somos la Canarias de la Península, tenemos un grave problema de seguridad ligado a la inmigración ilegal”, expresó.

Su paso San Esteban ha consistido, entre otras cosas, en una amalgama de declaraciones xenófobas en las que ha relacionado, constantemente y sin pruebas, la inmigración con la delincuencia, pero también en la determinación de suprimir el Consejo de la Transparencia murciano y de controlarlo íntegramente desde su partido, y en la intención ahora frustrada de rubricar con el PP una reforma de la Ley de Protección del Mar Menor en la que pretendía recoger, una a una, las medidas más vindicadas por el poderoso sector agrícola del Campo de Cartagena.

“De Antelo valoraron su obediencia y lealtad al partido sin ningún tipo de cuestionamiento”, explicó a este periódico una fuente cercana al ya exvicepresidente pocos días después de que éste jurara su cargo como número dos de López Miras en el Ejecutivo.

Al cabo de apenas diez meses desde aquella oportunidad temprana en su vida, pues se convertía en uno de los miembros más jóvenes del equipo de gobierno murciano y accedía a ella tan solo seis años después de su retirada del baloncesto profesional y de un breve periplo como líder de Vox en el Consistorio capitalino de Murcia, esa misma “obediencia y lealtad al partido” lo ha llevado ahora a cambiar de un día para otro su rutina, su tarea cotidiana.

José Ángel Antelo regresará a su escaño raso y previsiblemente recuperará, para seguir conservando algo de visibilidad, una portavocía del grupo parlamentario ultraderechista que había delegado en la figura de su compañero Rubén Martínez Alpáñez. A partir de este viernes 12 de julio, el líder de Vox regional no tendrá más remedio que ejercer una oposición real contra los que hasta ahora habían sido sus socios de gobierno.

Un reguero de declaraciones contra la migración

La travesía de Antelo por el Ejecutivo regional se ha caracterizado por una defensa acérrima de sus ideales ultraderechistas. Incluso ya con pie y medio fuera del Ejecutivo, y habiéndose saltado el Consejo de Gobierno, el gallego siguió difundiendo el recelo a los migrantes a través de su cuenta de X. “No paran de llegar migrantes a nuestra Región alentados por el efecto llamada de PPSOE. Las consecuencias se sufren en los barrios más humildes”, escribió, seguramente emprendiendo el viaje a Madrid para la reunión nacional de Vox en la que finalmente acabó su andadura en la vicepresidencia autonómica.

El reguero de declaraciones alarmistas en contra de la migración del que fue haciendo gala todos estos meses fue disparado desde la confortable posición de la Asamblea regional o de los micrófonos de los actos públicos a los que era sistemáticamente invitado. También desde las puertas del campamento provisional de acogida de migrantes habilitado por el Ministerio de Inclusión en el antiguo Hospital Naval de Cartagena. “Este centro supondrá la degradación de esta zona de Cartagena y un desastre para su seguridad”, dijo en una de sus visitas al recinto en el mes de abril.

“No seremos cómplices de robos, machetazos y violaciones. Esa es nuestra postura y de ahí no nos vamos a mover. Con la Región de Murcia no se juega”, continuó diciendo la semana pasada, también en la ciudad portuaria, sin apoyarse en ningún tipo de dato ni estadística, ya en un contexto en el que vislumbraba el enfrentamiento con el Partido Popular por la acogida de los 16 niños procedentes de Canarias.

La ansiada reforma de la Ley del Mar Menor, paralizada

No obstante, los roces con sus socios populares habían comenzado mucho antes. Y no por motivo de la inmigración. Fue al principio, previamente incluso a la rúbrica del pacto de gobernabilidad. El protagonista del desencuentro fue uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de la Comunidad: el Mar Menor.

La modificación de la Ley de protección de la laguna salada, aprobada hace tres años con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos en la Asamblea Regional, fue el caballo de batalla que Vox planteó durante toda la campaña para las elecciones autonómicas frente a la negativa rotunda de los de López Miras, que se mantuvieron en que no iban a dar “ni un paso atrás” en una protección que, entendían, era la adecuada.

La relación de populares y ultraderechistas alcanzó su punto más tenso cuando Antelo, también por sorpresa y sin previo aviso, llevó al Consejo de Gobierno un borrador de una reforma de la ley que debilitaba por completo las regulaciones al sector agrícola, eliminaba las consideraciones ambientales y el espíritu ecológico y adaptado a la realidad climática de la defensa del ecosistema y ponía el punto de mira en los saneamientos y las aguas fecales, al hilo de la reaccionaria y negacionista línea argumental tantas veces esgrimida por el mayor lobby del agro en Murcia, la Fundación Ingenio.

Aquella reforma propuesta por Vox y Antelo no llegó a buen puerto en la votación a la que se sometió en un pleno en la Asamblea celebrado el 17 de abril, en medio de unas protestas agrícolas que se prolongaron casi dos meses, desde febrero, y que Antelo siempre apoyó de manera efervescente, “en contra”, dijo en una de las primeras manifestaciones de agricultores indignados, “de la Agenda 2030, de las políticas de la miseria”.

Esa negativa no fue sino otra jugada política más ideada por ambos socios. El PP esquivó aprobarla con una tibia abstención, y en menos de un mes, PP y Vox, de la mano en los consejos de Gobierno en San Esteban y en los despachos de la Cámara murciana, habían pactado una reforma de la ley de la albufera más disimulada que comenzaría, primero, y a pesar de las críticas de la oposición, con una serie de comparecencias en la Asamblea en las que debían participar, sobre todo, representantes agrícolas y miembros y científicos vinculados a Ingenio.

El nuevo texto de la reforma podría haber estado redactado a finales de septiembre o comienzos de octubre de 2024. Ahora todo ha quedado en el aire. Las comparecencias seguirán celebrándose, pero el PP ya no tiene ninguna responsabilidad que asumir para con los ultraderechistas.

Otras tantas políticas ansiadas por el exnúmero dos del Ejecutivo murciano que se han quedado paralizadas tras la ruptura definitiva del acuerdo de gobierno son la “lucha” por la prevención de la delincuencia con un fortalecimiento de la Policía Local, la batalla contra la “ocupación” que “roba los ahorros de las familias ocupadas y genera problemas de convivencia e inseguridad”, la eliminación absoluta de toda referencia a la violencia machista en cualquier iniciativa propuesta por la ultraderecha, la supresión de subvenciones a los sindicatos, a los que Antelo llamó “comegambas” o la defensa de “la caza y la pesca compatible con la conservación del medio ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad”, hacia la cual PP y Vox llegaron incluso a aprobar actividades extraescolares en colegios para fomentar la caza entre los más pequeños.

Acostumbrado a las retiradas

No es la primera vez que José Ángel Antelo tiene que hacer frente al abandono inesperado de sus máximos logros profesionales. Hace seis años antes, su prometedora carrera en el mundo del baloncesto como un ala-pívot de 2,05 metros de altura se truncó por dos roturas del tendón de Aquiles. Había desarrollado la mayor parte de su vida deportiva jugando para clubes de categoría LEB y de la Liga ACB. En 2012 fichó en el CB Murcia, el equipo de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), y tras su segunda lesión en mayo de 2018 y una baja de ocho meses decidió colgar las zapatillas. 

Fue entonces, sin perder el tiempo, cuando dio el salto a la política. “Estaba en el tramo final de su carrera, pero no es que estuviese acabado, sino en su mejor momento”, apuntaron a este medio, en septiembre, fuentes deportivas.

El fallecido presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, le colocaría tras su abandono del deporte en su departamento de marketing deportivo, “un puesto a su medida”, señalaron dichas fuentes, “que no existía”. Por el mismo tiempo –abril de 2019- le ofrecieron formar parte de las listas de Vox para el Ayuntamiento murciano. “Mendoza se apropió de Vox en Murcia a través de Antelo y su yerno, Rubén Martínez Alpáñez -hasta ahora portavoz en la Asamblea Regional y negociador del partido de ultraderecha en el acuerdo de gobierno con el PP-”, explicó una fuente próxima. 

Pese al varapalo, pese a verse obligado a dejar un puesto de capitán que le había costado años conseguir, Antelo supo entonces reponerse y ascender rápidamente en el complejo mundo de la política regional con la ayuda de Mendoza y de la institución católica que lo encumbró al éxito deportivo. Ahora, de nuevo en un retroceso ostensible y tras la toma de una decisión que hace pocas semanas nunca habría esperado, el exvicepresidente gallego tendrá que lidiar con la desaparición repentina del modelo de Región que él había empezado mínimamente a legislar durante sus diez meses en San Esteban. Quién sabe si tendrá, pronto, que enfrentarse a un adelanto electoral y a la competición feroz por un puñado de votos en la Comunidad en la que el PP lleva gobernando los últimos 29 años.

El vicepresidente autonómico de la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha comparecido este viernes a las 12 del mediodía para presentar su dimisión y oficializar la ruptura de Vox con el Partido Popular por los desacuerdos para la acogida de menores extranjeros no acompañados. “Ahora la Región de Murcia tiene un Gobierno débil del PP”, ha recordado a sus antiguos socios.

Antelo ha acudido al décimo quinto punto del acuerdo entre ambas formaciones cuando se le ha preguntado sobre la especificidad del pacto en materia de inmigración irregular. “Acordamos no colaborar con la inmigración irregular”, ha sentenciado. También ha asegurado que la postura del presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, era muy difícil: “No podía explicar por qué habían cambiado de posición en el último momento, a pesar de haber dicho la consejera que no podíamos acoger a más menas porque los servicios sociales y los servicios sanitarios están saturados”.

Durante la rueda de prensa en la consejería murciana de Interior, el exvicepresidente regional, quien también era el responsable de esta cartera junto con Emergencias y Ordenación del Territorio, se ha mostrado con semblante serio. Ha estado acompañado de José Manuel Pancorbo, consejero de Fomento e Infraestructuras en la Región, quien también dimite de su consejería y, a diferencia de Antelo, no cuenta con un escaño en el Parlamento murciano.

Ecos de Le Pen

Antelo ha criticado duramente a la dirección nacional del PP: “La situación de inestabilidad de la Región es culpa directamente del señor Feijóo, que vive constantemente salvando al Partido Socialista. Alberto Núñez Feijóo es el mejor ministro que tiene Pedro Sánchez”. “Creo que lo más sensato es que los ciudadanos de la Región, que dijeron claramente que no querían un gobierno del Partido Popular en solitario, deben elegir el modelo en que quieren vivir, y es un modelo que no solo trasciende a la Región de Murcia, sino que será un modelo capital en el futuro de España”.

Los ecos de la derrota de Le Pen han resonado en sus palabras: “¿Queremos ser Francia o queremos que se siga respetando nuestra cultura, nuestras leyes, que se imponga la ley y el orden?”.

Solo ámbito autonómico

A nivel municipal, Antelo solo ha asegurado que la ruptura planeada abarca el ámbito autonómico: “Dentro de las competencias locales, si hay gobiernos del Partido Popular que quieran seguir colaborando con la inmigración ilegal, tendrán que hacerlo en solitario”.

En la Región de Murcia el PP comparte gobierno con Vox en ocho municipios, entre ellos en las tres ciudades más pobladas después de la capital murciana: Cartagena, Molina de Segura y Lorca. En Cieza, el acuerdo de gobierno se rompió en el mes de marzo. El resto de consistorios en los que ambos partidos se encuentran coaligados son Yecla, Alhama de Murcia, La Unión, Las Torres de Cotillas y Puerto Lumbreras. Se desconoce si en estos municipios gobernarán los alcaldes del PP en minoría o continuarán en pie las coaliciones.

Antelo ha asegurado que en el caso de que se colabore “con la inmigración ilegal es porque no está Vox”. El exvicepresidente de la Región ha insistido en el argumentario de la migración como la causa de la ruptura con el PP: “En la Región de Murcia sabemos muy bien cuáles son las consecuencias de la inmigración ilegal. Somos la Canarias de la península, somos la segunda puerta de entrada a la inmigración ilegal y tenemos un grave problema de seguridad. No se puede mandar ese mensaje de que toda África cabe en la Región”.

“Lógicamente uno viene a servir”, ha explicado Antelo. “Ya lo dije antes: lo más valioso que tiene una persona es la palabra dada y nosotros no la incumplimos”.

La salida de Nadia Calviño del Gobierno camino del Banco Europeo de Inversiones ha abierto el camino para que María Jesús Montero (Sevilla, 1966) ascienda a número dos de Pedro Sánchez. La ministra de Hacienda será vicepresidenta primera aunque con competencias distintas a las de su antecesora. Montero ya no tendrá como principal misión entenderse con los organismos europeos ni coordinar la política económica, sino los Presupuestos y abordar la reforma de la financiación autonómica, uno de los principales retos de la legislatura.

La nueva vicepresidenta primera sabe del asunto. No solo porque ha sido la responsable de los Presupuestos de Pedro Sánchez desde 2018, sino porque antes fue consejera andaluza durante una década y media bajo las presidencias de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. 

Médica de profesión, entró con el aura de independiente en el Gobierno andaluz en 2002, como viceconsejera de Salud después de haber sido directora médica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Dos años después ya era consejera.

Montero acumuló dieciséis años en la Junta los que estuvo al frente de los departamentos de Sanidad, primero, y de Hacienda, después, y en donde aplicó los duros recortes impuestos desde Bruselas y el Gobierno de Mariano Rajoy tras el estallido de la crisis financiera y la apuesta de Europa por las políticas austericidas.

Cuando Sánchez la llamó para su Gobierno era una de las mujeres de más peso del Gobierno de Susana Díaz, quien apenas unos meses después perdería el control de la Junta en favor del PP de Juan Manuel Moreno. El nombre de Montero había sonado un año antes como posible sustituta de Díaz cuando los socialistas andaluces pensaban que la entonces presidenta Díaz derrotaría a Pedro Sánchez en las primarias de mayo de 2017, lo que la obligaría a dejar el Gobierno autonómico en manos de una persona de confianza antes de marcharse a Madrid. Quien acabó dando el gran salto a la política nacional fue ella. Díaz también acabó en la capital, pero como senadora.

De Hacienda a vicepresidenta

Montero ha consumado este viernes un nuevo paso en su escalada en la pirámide del poder en España tras un lustro como una de las principales colaboradoras de Pedro Sánchez. Cinco años en los que ha ido ganando importancia tanto en el Ejecutivo como en el PSOE, de la que es vicesecretaria general desde 2022, cargo en el que sustituyó a Adriana Lastra.

La nueva vicepresidenta primera entró al Gobierno en junio 2018 tras la moción de censura que sacó de Moncloa a Mariano Rajoy. Con un pasado de contención presupuestaria en Andalucía, Pedro Sánchez la situó al frente de Hacienda para su primer Gobierno, todavía en solitario. 

Con un papel público todavía menor, Montero fue una de las negociadoras de los primeros acuerdos programáticos con Unidos Podemos una vez que el PSOE asumió el Gobierno.  Como el de los Presupuestos de 2019 , que no vieron la luz por el veto de ERC. Sánchez disolvió las Cortes y convocó elecciones generales.

Aquel documento iba más allá de las cuentas públicas, y sentó las bases programáticas del primer Gobierno de coalición en casi un siglo. Tras la doble cita electoral de 2019, PSOE y Unidas Podemos cerraron un Ejecutivo conjunto. También entonces Montero fue quien echó horas en la mesa de negociación para la arquitectura programática y ministerial.

En ese Gobierno Montero ganó peso político al asumir la Portavocía que dejaba libre Isabel Celaá. La ministra de Hacienda se convirtió en el rostro del Consejo de Ministros tras bregarse en el Parlamento con la oposición, e incluso con algunos de sus aliados. Montero demostró dotes discursivas y comunicativas que Sanchez quiso explotar en un contexto político muy complejo: un Gobierno conjunto con una izquierda muy combativa dentro, alianzas parlamentarias con independentistas, y una derecha que buscó el derribo del Ejecutivo desde antes incluso de su toma de posesión. Por cualquier método.

La legislatura tenía como principales objetivos pactados por las partes el recuperar partidas económicas que habían casi desaparecido durante los mandatos del PP, así como afrontar la normalización política en Catalunya. Pero la pandemia del coronavirus hizo saltar todo por los aires. O casi todo.

En aquellos primeros meses de 2020 el Gobierno de coalición vivió un duro e intenso debate interno que marcó de inicio cómo iba a reaccionar España ante el shock económico derivado del confinamiento y demás medidas destinadas a reducir el impacto económico del virus.

Había dos posiciones, como recuerdan a elDiario.es fuentes conocedoras del desarrollo de aquellos días en los que la tensión fue máxima: una parte apostaba por hacer una intervención mínima frente a quienes pedían un derroche de estímulos de corte keynesianos. En el primer grupo estaban Nadia Calviño y Montero. En el segundo, Unidas Podemos en bloque apoyados por el Ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá. 

“Antes de responder al teléfono ya te ha dicho que no, es su estrategia negociadora”, apuntan quienes han tenido que hacerlo en estos 16 años con cargo ejecutivo. Su actitud, dicen otros, es de “contable”. Es decir, le tiene aversión, sostienen, al descuadre de las cuentas.

Pero a Montero también le reconocen una habilidad política que Calviño no acabó de demostrar: la adaptabilidad. La flamante vicepresidenta primera pasó de los recortes al equilibrio contable y, ante la ruptura del dique de la austeridad en la lucha contra la pandemia, primero, y contra la crisis provocada por la guerra de Ucrania, después, se ha echado en brazos de la expansión presupuestaria.

El Consejo de Ministros aprobó hace unos días el techo de gasto para 2024: 199.120 millones. El más alto de la historia. Gracias, en parte, a los fondos europeos que negociaron Calviño y el nuevo responsable de Economía, Carlos Cuerpo. 

El reparto de tareas que ha ideado Sánchez para el nuevo Gobierno no da más funciones a Montero, que gana peso político, pero no competencias. “La coordinación de la política económica y la presidencia de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (Cdgae) se queda en Economía”, explican desde Moncloa a elDiario.es. Esa comisión es la que reúne a los ministros económicos y donde se negocian buena parte de las políticas del Ejecutivo, y ha sido escenario de fortísimos enfrentamientos entre las dos partes de la coalición desde 2020.

Montero también pierde una pata habitualmente asociada a Hacienda, la Función Pública, que pasa a depender del ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá.  

Desde el PP inciden en la redistribución de tareas que salen del departamento que gana Montero para arremeter contra una de sus rivales más duras en el Gobierno. “Sánchez demuestra lo que le importa la economía quitando la Vicepresidencia al Ministerio”, ha dicho el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, en redes sociales. “Que la ‘número dos’ del PSOE sea la ‘número dos’ del Gobierno, mientras la portavoz del Ejecutivo es también la portavoz de Ferraz, es la demostración de que Sánchez quiere un gobierno de trinchera y más preocupado por ir al choque con el PP que por dignificar la gestión pública”, añaden desde el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo.

“Políticamente gana muchísimo peso”, defienden las fuentes de la Moncloa consultadas. El motivo, no solo que gestionar los Presupuestos otorga un gran poder a la persona que debe hacerlo. Sino porque esta legislatura está llamada a ser la de la revisión de la financiación autonómica. Un asunto de gran relevancia económica, política y por supuesto, mediática.

Sobre la mesa está la quita de deuda a Catalunya, que irá acompañada de una cesión de tributos todavía sin concretar. Dos medidas que permitieron la investidura de Pedro Sánchez con los votos de ERC y Junts que el Gobierno, por boca de Montero, ha comprometido extender al resto de comunidades autónomas del régimen común: todas menos País Vasco y Navarra.

Montero pilotará esa negociación a varias bandas, bilaterales y multilaterales a la vez, y que ocupan y preocupan a partidos y administraciones con intereses contrapuestos, a veces incluso entre quienes comparten ideario. Una oportunidad para confirmar esas dotes negociadoras que dicen que tiene, o para estrellarse y naufragar donde otros ya lo hicieron antes. Si triunfa, su nombre ganará muchos enteros en una futura y todavía no abierta carrera sucesoria en el PSOE.

Después de que el presidente peruano Pedro Castillo disolviera este miércoles 7 de diciembre el Congreso e instalara un Gobierno de emergencia cuando los legisladores se disponían a votar un nuevo pedido de destitución, Dina Boluarte se ha transformado en la nueva jefa de Estado. Boluarte estará en reemplazo del destituido Pedro Castillo, y se convierte, de esa manera, en la primera mujer gobernante de la historia del país.

¿Quién es Dina Boluarte?

Durante la presidencia de Castillo, fue vicepresidenta constitucional de Perú, del 28 de julio del 2021, al 7 de diciembre del 2022.

Estudió derecho en la Universidad de San Martín de Porres.

Tiene una maestría en derecho notarial en la misma institución.

Ha sido funcionario pública desde 2007, cuando trabajó en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Fue candidata a la alcaldía de Surquillo en 2018 por el partido Perú Libertario y en 2020 fue expulsada de esta organización política.

En 2021 fue con el partido Perú Libre, en al que ganó la vicepresidencia.

En la administración de Castillo también fue nombrada ministra de Desarrollo e Inclusión Social, sin embargo, renunció a este cargo luego de que el presidente de Perú nombrara a Betsy Chávez como presidenta del Consejo de Ministros.

‘’Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley’', escribió en Twitter la primera presidenta de Perú.

Con información de la agencia EFE

No digo que no me sorprendió que la noticia de que Pablo Iglesias se había cortado la coleta abriera la noticia de algún que otro telediario, no; sin embargo, si me han llamado la atención las opiniones de los estilistas y de ciertos analistas políticos sobre el significado de la perdida de ese atributo, que ha sido durante años la coleta nacional.

No voy a hacer una valoración de lo que ha significado Pablo Iglesias en la política, con sus luces y sus sombras ha sido un enfant terrible, supongo que, como siempre, el tiempo lo pondrá en el lugar que le corresponda.

Lo que sí me sorprendió es que la noticia, con su foto correspondiente, fuera catalogada de una exclusiva del diario La Vanguardia firmada por el periodista y crítico de cine Pedro Vallín y que el libro que Iglesias lee en su primera foto sin coleta, sea precisamente: “¡Me cago en Godard! Por qué deberías adorar el cine americano y desconfiar del cine de autor si eres culto y progre”, escrito precisamente por Vallín.

Supongo que ese libro será irreverente y pretenderá agitar el panorama de los cinéfilos. Lo leeré en su momento, porque intuyo que puede ser divertido. Desde luego la noticia del corte de la coleta nacional de Pablo Iglesias ha ido más allá y también la han publicado distintos periódicos europeos, sin ir más lejos el diario italiano “La Repubblica” hablaba de la “legendaria coleta”.

Pablo Iglesias, que ha lidiado con sus discursos en plazas de tercera y hasta portátiles, habiendo triunfado en la famosa plaza de Vistalegre de Madrid, con su decisión de retirarse de la política ha dejado descolocados al personal. Especialmente a ese personal, que, en su café o taberna de cada día, necesitaba lanzar unos insultos como una dosis para exorcizar una especie de cabreo o de odio.

Observo, en mi café mañanero de cada día, que ese personal se ha quedado huérfano de repente. ¡Qué hacer! ¿A quién se le lanza los improperios, a quien se le da leña al mono hasta que hable inglés?, si hasta de unos de esos parroquianos ya le decía al otro, que su mujer le había dicho que si coleta estaba más guapo. Atentos a la pantalla. A mí me hubiera gustado en esa exaltación de la noticia de la coleta, que, por ejemplo, opinara el último novio de Ayuso, para darle un toque exótico, que leí que era peluquero. Porque mucho se habrá de la exclusiva noticia de Pablo Iglesias sin coleta. Pero, ¿quién el estilista, la peluquera o el peluquero que le cortó la coleta?

Pues ahí se quedan con una estrofa de una hermosa canción del Sabina: Yo no quiero cargar con tus maletas/Yo no quiero que elijas mi champú/Yo no quiero mudarme de planeta/Cortarme la coleta, brindar a tu salud“.

Y por vuestra salud, brindo, hipotéticos lectores.

El exvicepresidente de Estados Unidos Walter Mondale (1977-1981) ha muerto este lunes a los 93 años en su residencia de Mineápolis (Minesota, EEUU), según han informado fuentes de la familia a medios estadounidenses.

“Hoy lamento el fallecimiento de mi querido amigo Walter Mondale, a quien considero el mejor vicepresidente de la historia de nuestro país”, ha afirmado en un comunicado el que fuera su jefe en la Casa Blanca, el expresidente Jimmy Carter.

Mondale, nacido en 1928 en Ceylon (Minesota), donde antepasados noruegos se habían establecido a mediados del siglo anterior, también fue senador y candidato a la Casa Blanca en 1984, unos comicios que perdió frente al republicano Ronald Reagan.

Una figura clave en el Partido Demócrata durante dos décadas, la carrera de Mondale siguió la estela de su mentor, Hubert Humphrey, quien también fue exsenador por Minesota y exvicepresidente durante el mandato de Lyndon B. Johnson.

En 1960, a los 32 años, fue nombrado fiscal general de Minesota; en 1964 heredó el asiento en el senado de Humphrey cuando este se lanzó a la Casa Blanca junto a Johnson y en 1976 fue él quien acompañó a Carter a lo más alto del poder político estadounidense.

Ambos formaron un dúo al que se conoció como “Grits and Fritz” y que combinó la fuerza de Carter –que había sido gobernador de Georgia– en los estados del Sur y de Mondale en el norte y Medio Oeste.

En esas elecciones aún salpicadas por el escándalo del Watergate que forzó la renuncia de Richard Nixon, Carter y Mondale se impusieron a Gerald Ford; pero cuatro años más tarde, con el peso de la crisis del petróleo y la crisis de los rehenes en Irán, perdieron la reelección ante Reagan.

Mondale regresó entonces al sector privado como abogado, pero en 1984 se convirtió en el candidato demócrata a la Casa Blanca y eligió a la congresista Geraldine Ferraro como la primera mujer vicepresidenciable de uno de los dos grandes partidos.

La derrota de Mondale y Ferraro frente a Reagan fue estrepitosa tras una campaña electoral marcada por el reconocimiento del demócrata de que iba a subir los impuestos.

Tras otro paso por el sector privado, el veterano político demócrata regresó al servicio público en 1993 de la mano del expresidente Bill Clinton, que lo nombró embajador ante Japón.

En algún lugar de un polígono industrial de Valencia se esconden cientos de miles de mascarillas. En su existencia solo había reparado una banda de ladrones portugueses a los que la policía paró los pies este lunes a mil quilómetros de distancia: en Santiago de Compostela. En el trasfondo de la historia está la empresa mallorquina Oxidoc, declarada en concurso de acreedores hace más de un lustro. A ella pertenecía el material olvidado en dos naves en Santiago y Valencia, sin que los administradores concursales hubieran dado la voz de alarma sobre la existencia de los suministros a las autoridades sanitarias.

Los ladrones, sin embargo, sí lo sabían. El soplo, según las investigaciones policiales, les llegó a través de un agente inmobiliario, quien estaba encargado de conseguir nuevos inquilinos para la nave abandonada en la capital gallega. La policía lo detuvo el lunes en Santiago.

Javier Conde, agente inmobiliario acusado de la sustracción de dos millones de mascarillas, contactó con una banda de portugueses. Según fuentes de la investigación, Conde les habría entregado las llaves del local industrial para el vaciado del material. No fue un trabajo rápido, ya que el robo comportaba otra dificultad: las mascarillas estaban caducadas desde 2015. Había que vaciar cada caja y reempaquetarla posteriormente para ocultar la fecha de caducidad impresa en el exterior de los envases. 

El caso está en manos de un juzgado de Palma de Mallorca, lugar en donde tiene su sede social la empresa vinculada al material robado. La Oficina Europea de Policía (Europol) trabaja para localizar las mascarillas, cuyo destino se ubica en Portugal. Su precio de venta estimado de cinco millones de euros. Los investigadores creen que los ladrones tenían pensado desvalijar también la nave de Valencia pero que no les dio tiempo, al detectarse el primer robo. 

El principal acusado, Javier Conde, ha sido puesto en libertad con cargos. A través de un comunicado se ha desvinculado de la comisión de un delito de robo con el siguiente argumento: “El acceso se realizó siempre con autorización. Ni se ha dispuesto de material en la cantidad, ni valor, a los que se hace mención”. 

Conde es, además de agente inmobiliario, un empresario que durante los últimos años ha buscado la notoriedad en Santiago a través de un programa en la televisión de El Correo Gallego, el periódico local de la capital gallega, en el que informaba sobre ofertas en el mercado inmobiliario de la ciudad. Este rotativo informaba este martes de la detención y ofrecía en exclusiva la primera fotografía del principal encausado. La imagen aportada por el diario era la misma que usaron para promocionar el programa de televisión que le encargaron a Conde en 2013. Aquel programa se titulaba Fiestra aberta (Ventana abierta).

El 'selfie' del vicepresidente

La operación policial ha sido aprovechada por la Xunta de Galicia como plataforma de publicidad en la que no han faltado fotografías y declaraciones. El Gobierno gallego envió este lunes a su vicepresidente, Alfonso Rueda, al lugar del robo. Allí se encontró con los periodistas y posó con el desastre de fondo que habían dejado los ladrones. Según el relato de Rueda, “la Policía Autonómica recibió una información de que aquí podía haber material sanitario, tan necesario en estos momentos” y, al llegar, se encontró la nave “totalmente desvalijada”.

Según fuentes de la investigación se calcula que el robo se produjo a principios de marzo. Las fotos del descubrimiento publicitado por la Xunta tienen fecha del 6 de abril. 

El informe de la UCO y una denuncia de la Liga de Fútbol Profesional apuntan a una posible estafa en la instalación de césped en el Colegio Heidelberg

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigado al vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Antonio Suárez Santana, dentro de la investigación que sigue en el caso Soulé desde julio de 2017.

Fuentes jurídicas han confirmado a Efe la citación de Suárez para el 21 de enero, adelantada por el diario “El Mundo”, que vincula la citación con un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a un posible desvío de fondos federativos desde su responsabilidad como máximo responsable de la Federación Canaria de Fútbol.

Ese informe se conoció en abril de este año, apenas un mes después de que Suárez Santana accediera a la vicepresidencia de la RFEF en sustitución de Andreu Subies, señalado por la Guardia Civil por otro presunto desvío de fondos de la federación catalana en beneficio propio.

Según “El Mundo”, el informe de la UCO y una denuncia de la Liga de Fútbol Profesional apuntan a una posible estafa en la instalación de césped en el Colegio Heidelberg de Las Palmas de Gran Canaria.

La UCO considera “plausible” que el propio Suárez fuera destinatario de algún beneficio y cree que era “conocedor” de un desvío de fondos en favor de su mano derecha en la Federación canaria, ya fallecido.

José Francisco Pérez, exconcejal de San Bartolomé de Tirajana, ha presentado este viernes su renuncia a la Vicepresidencia Insular de Unidos por Gran Canaria y a la Coordinación del partido en el municipio sureño, además de solicitar su baja como militante, al entender que “la filosofía original” de este proyecto político ha dejado de ser el referente de su actuación.

En una carta dirigida al presidente de la formación, el histórico José Miguel Bravo de Laguna, Pérez reconoce sentirse “distante” con la toma de decisiones dentro de Unidos, por lo que, “en coherencia”, ha decidido presentar su dimisión y darse de baja en la organización, no sin antes mostrar su agradecimiento por la “importante experiencia de vida” que deja, así como a sus amigos y compañeros, a quienes desea “lo mejor”. “Ellos me enseñaron la importancia del compromiso, pero también el valor y el coraje de la consecuencia”, ha afirmado.

Pérez admite que la decisión ha sido “dura de tomar”, pero “muy reflexionada”.  “Esto no es un punto final en mis inquietudes y convicciones políticas, con la certeza de que seguiré apostando por proyectos que ilusionen a la ciudadanía de Gran Canaria”, explica Pérez en un comunicado en el que también informa de que en una asamblea celebrada este jueves presentaron su renuncia todos los miembros del Consejo Local de Unidos y numerosos afiliados.

Pérez fue concejal de Sanidad en el grupo de gobierno que encabezaba Marco Aurelio Pérez (AV-PP) en el pasado mandato (2015-2019), además de consejero en el Cabildo de Gran Canaria. Fue también candidato a la Alcaldía de San Bartolomé de  Tirajana en las elecciones celebradas el pasado mes de mayo, aunque no obtuvo acta de concejal. En este municipio Unidos no fue en alianza con Coalición Canaria (CC) pese al acuerdo suscrito en Gran Canaria por ambas formaciones para concurrir de manera conjunta. El candidato de los nacionalistas, Alejandro Marichal, sí obtuvo acta y es ahora concejal de Urbanismo en un gobierno cuatripartito que lidera el PSOE y en el que también están representantes de Nueva Canarias y Ciudadanos.

El Ayuntamiento de Villa de Mazo asume la vicepresidencia de la Red Terrae, una entidad intermunicipal que agrupa a 33 localidades de España y que está orientada a la promoción de proyectos y programas que fomenten el desarrollo sostenible, medioambiental y agroecológico del territorio en el ámbito rural, se informa en nota de prensa.

La elección se produjo en el marco de la Asamblea General celebrada en Madrid los días 28 y 29 de octubre. El Ayuntamiento de Villa de Mazo será también responsable de la Red en el ámbito regional, donde están integradas las localidades de Garafía , San Juan de la Rambla, Buenavista del Norte, Vallehermoso, el Cabildo de La Gomera y está previsto que en breve se sume el municipio San Cristóbal de La Laguna.

La agenda municipal que ha planificado el Ayuntamiento de Villa de Mazo para los próximos años contiene proyectos que representan una clara apuesta por la sostenibilidad, como la gestión de residuos; la educación medioambiental para la población en general, especialmente a los escolares; la formación en agricultura ecológica; la producción de alimentos cercanos; la potenciación del Banco de Tierras como instrumento dinamizador en políticas de mitigación de los efectos del cambio climático, utilizando los servicios propios del municipio, donde el Mercadillo Municipal jugará un importante papel en la creación de empleo y riqueza para los vecinos y ofrecer otras experiencias a los turistas.

La alcaldesa, Goretti Pérez Corujo, ha mostrado su satisfacción por esta elección y defiende que la integración en la Red Terrae permitirá al Ayuntamiento de Villa de Mazo, entre otras cosas, abrir nuevas fronteras para obtener financiación para estos proyectos. En esta línea, ha querido agradecer el trabajo y el compromiso en el desarrollo de este proyecto por parte de la Agente de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Villa de Mazo, Begoña González.

“En este encuentro, he tenido la oportunidad de conocer numerosos proyectos puestos en marcha por los diferentes ayuntamientos que forman parte de la Red”, comentó la alcaldesa, quien expresó su satisfacción además por haber presentado proyectos ampliamente aceptados por todos los asistentes a la asamblea, que “ha culminado con la elección de la vicepresidencia y la responsabilidad como antena regional para los municipios canarios integrados en la Red”.

Miguel Ángel Pulido ha tomado posesión este martes como director general de Coordinación y Apoyo a la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias.

En el acto, Pulido, que es presidente de Nueva Canarias en La Palma, quiso agradecer a su familia el apoyo recibido en toda su trayectoria política, pues “ellos son los sufridores de la dedicación que requiere ocupar un cargo de tanta responsabilidad”. Asimismo, mostró su “agradecimiento” a Nueva Canarias y, especialmente, a Román Rodríguez por la confianza depositada para volver a ocupar un alto cargo en el Gobierno de Canarias, manifestando “su compromiso de aportar su experiencia, su trabajo y plena dedicación a conseguir los objetivos trazados en el Pacto de Progreso”.

Miguel Ángel Pulido nació en 1957 en Los Llanos de Aridane. Es funcionario del Servicio de Extensión Agraria del Cabildo Insular de La Palma, presidente insular de Nueva Canarias y miembro de su Ejecutiva Nacional. Ha sido consejero del Cabildo Insular de La Palma (1983-1995) y concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (1995-1996).

En su dilatada trayectoria política, este histórico dirigente de la izquierda nacionalista, ha desempeñado distintos cargos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma: director general de Vivienda (1996-2003); director general de Ordenación del Territorio (2004-2007) y viceconsejero de Política Territorial (2007-2011).

Durante su etapa en el Gobierno de Canarias ha sido, además, miembro del Consejo de Administración de diversas empresas públicas: Viviendas Sociales de Canarias S.A. (Visocan), Gestión Urbanística de Tenerife S.A (Gestur Tenerife), Gestión y Planeamiento de Canarias S.A. (Gesplan), así como consejero delegado de Cartográfica de Canarias S.A. (Grafcan).

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, manifestó que Miguel Ángel Pulido posee una “amplia experiencia de gestión en la Administración Pública de Canarias, habiendo desarrollado una extraordinaria labor al frente de la Dirección General de Vivienda en mi etapa de presidente”. Por ello, dijo, “se incorpora a mi equipo como director general de Coordinación y Apoyo Técnico a la Vicepresidencia, convencido de su buen hacer para construir una Canarias mejor”.

El presidente insular de Nueva Canarias en La Palma, Miguel Ángel Pulido, ha tomado este martes posesión del cargo de director general de Coordinación y Apoyo Técnico a la Vicepresidencia del Gobierno de Canarias.

Nueva Canarias ha informado en un comunicado de que Miguel Ángel Pulido nació en 1957 en Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma, y es funcionario del Servicio de Extensión Agraria del Cabildo Insular de La Palma, presidente insular del partido y miembro de su Ejecutiva Nacional. Asimismo, ha sido consejero del Cabildo Insular de La Palma (1983-1995) y concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma (1995-1996).

Pulido ha desempeñado distintos cargos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma: director general de Vivienda (1996-2003); director general de Ordenación del Territorio (2004-2007) y viceconsejero de Política Territorial (2007-2011).

Durante su etapa en el Gobierno de Canarias ha sido, además, miembro del Consejo de Administración de diversas empresas públicas: Viviendas Sociales de Canarias S.A. (Visocan), Gestión Urbanística de Tenerife S.A (Gestur Tenerife), Gestión y Planeamiento de Canarias S.A. (Gesplan), así como Consejero Delegado de Cartográfica de Canarias S.A. (Grafcan).

En el acto de toma de posesión, Miguel Ángel Pulido mostró su “agradecimiento” a Nueva Canarias y, especialmente, a Román Rodríguez por la confianza depositada para volver a ocupar un alto cargo en el Gobierno de Canarias, “manifestando su compromiso de aportar su experiencia, su trabajo y plena dedicación a conseguir los objetivos trazados en el Pacto de Progreso”.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, manifestó que Miguel Ángel Pulido atesora una “amplia experiencia” de gestión en la Administración Pública de Canarias, habiendo desarrollado “una extraordinaria labor” al frente de la Dirección General de Vivienda durante la etapa de Rodríguez como presidente.

Acaba una reunión con su equipo en el despacho de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de la que es responsable. La vicepresidenta valenciana Mónica Oltra, líder de Compromís, tiene todavía los documentos de trabajo sobre la mesa. En uno de ellos se refleja el recuento más reciente de la situación de las ayudas a la dependencia: 76.960 beneficiarios en el sistema (había 41.955 cuando llegó al departamento en 2015), 21.962 expedientes a la espera de ser evaluados (había 45.000 pendientes hace cuatro años más otros 17.000 en cajas sin registrar informáticamente). Solo en el último mes se han producido más de 4.000 nuevas solicitudes de prestaciones.

Se acaba de celebrar en Gandia y Simat de la Valldigna el último seminario semestral de los miembros del Consell de la Generalitat que preside el socialista Ximo Puig y que comparten, merced al Pacto del Botánico, el PSPV-PSOE y Compromís con el apoyo parlamentario de Podemos. Allí se ha hecho balance de la legislatura que en 2015 comenzó con un cambio político que descabalgó al PP del poder después de dos décadas y propició una experiencia de gobierno compartido de izquierdas.

La coalición de Oltra se mueve hacia las primarias que celebrará a principios de marzo y todos los partidos se preparan para las elecciones municipales, autonómicas y europeas del próximo mes de mayo. Personal de su conselleria espera a la vicepresidenta para partir hacia Elche y Alicante, donde tiene previsto al día siguiente un acto ante cientos de personas de colectivos sociales y entidades del denominado tercer sector a las que explicará la norma estrella de su departamento, aprobada hace poco más de una semana.

Hace unos días aprobaron las Corts Valencianes la Ley de Servicios Sociales Inclusivos, que es como el buque insignia de su política...

Un poco sí que lo es. Hemos hecho otras leyes de mayor impacto en la gente, como la de la renta valenciana de inclusión. Esta, en cambio, es una ley de sistema, de estructura, que tendrá un impacto muy grande, pero no directo, sino indirecto. Es la gran ley de la legislatura. Es la norma más avanzada en España en materia de servicios sociales. El colectivo de trabajadores y trabajadoras de servicios sociales la definió como la primera ley de cuarta generación en este campo en España. Nos equipara a otros países más avanzados en materia social de Europa porque por primera vez los servicios sociales se declaran servicio esencial y de interés general. Eso quiere decir que se equiparan a educación y sanidad.

De las cuatro patas del Estado del bienestar, que son educación, sanidad, pensiones y servicios sociales, en las tres que competen a la comunidad autónoma, servicios sociales pasa a formar con sanidad y educación un bloque intocable. Nadie se imagina que le digan: “A su niño lo escolarizaremos si hay disponibilidad presupuestaria; si no hay dinero en el presupuesto, no lo haremos”. El de la educación es un derecho inalienable, que hay que cumplir. Sin embargo, en los derechos sociales hemos asistido a situaciones en las que algunos políticos han dicho: “Usted tiene derecho a la dependencia si hay dinero, si no hay dinero, no”. Con esta ley decimos que de la misma forma que no se deja a un niño sin escolarizar o no se deja a una persona a la puerta de urgencias de un hospital sin atenderla, no se puede dejar a una persona con dependencia, con falta de recursos o con una discapacidad, sin atenderla. Esa es la gran revolución de esta ley. El gran salto cualitativo es que ya no podrán dejar de garantizarse los derechos sociales.

En su Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha tenido que hacer frente al tapón en las ayudas de la dependencia, ha creado la renta valenciana de inclusión, ha promovido el pacto contra la violencia de género... ¿Son esos los hitos de su mandato?

En dependencia estamos poniendo al día las ayudas. Se trata de un proceso en el que queda por hacer. Las cosas hay que reconocerlas como son. Todavía no puedo decir que ya nos hemos hecho con el sistema. Falta poco, pero aún queda por hacer. No es una cuestión ni siquiera ideológica sino de cumplimiento de la ley de Autonomía Personal y de Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Digo con pesar que, hoy en día, cumplir las leyes empieza a ser revolucionario. Hablo de unas determinadas leyes, ya que otras se hacen cumplir a rajatabla. Ponerte como objetivo cumplir las leyes que hacen más fácil la vida a la gente te convierte casi en un revolucionario.

Más allá de que estemos poniendo el sistema al día, de que ahora se paguen puntualmente las ayudas, estamos haciendo un trabajo en profundidad. Promovemos la figura del asistente personal y hemos lanzado un proyecto con las consellerias de Educación y de Economía de profesionalización de las personas que cuidan en el ámbito familiar. De manera que a una mujer -y digo una mujer porque más del 80% los son- que por una circunstancia en la vida haya tenido que interrumpir su dedicación profesional para cuidar a alguien, ese tiempo que ha dedicado le sirva para obtener una capacitación de competencia profesional. El servicio de empleo preparará cursos complementarios, el tiempo de cuidado contará como una práctica profesional y, si esa persona quiere hacer un ciclo profesional de FP del ámbito sociosanitario, las prácticas las tendrá convalidadas y los cursos que haya hecho se le convalidarán.

Es un proyecto de economía feminista. Una de las actividades fundamentales de la vida, como es cuidar de los otros, dado que tradicionalmente la hemos hecho las mujeres, no ha tenido valor. Queremos poner en valor no solo el tiempo dedicado a la economía productiva sino también a la economía reproductiva, que es este caso consiste en cuidar a otros.

La huelga feminista del 8 de marzo quiere resaltar eso precisamente. ¿Está de acuerdo con esa convocatoria del movimiento feminista? ¿Está bien enfocada?

Que vayas a trabajar a un sitio y te paguen por ello es un hecho relativamente reciente, de la revolución industrial. Hablamos del siglo XIX, hace poco más de 200 años. Hubo muchas sociedades humanas antes que no conocieron el pago de salarios. Sin embargo, no ha habido ningún tipo de sociedad humana en el que no haya existido el trabajo de cuidar a personas mayores, a personas enfermas, el trabajo de criar, en definitiva, de hacer viable la continuidad de la especie humana en términos civilizatorios. Es la actividad que ha persistido a lo largo de toda la evolución de la humanidad y, siendo la más imprescindible, es la menos valorada. ¿Por qué? Porque tradicionalmente la han llevado a cabo mujeres. Creo que hemos de poner en el centro lo que es imprescindible y esencial. ¿Podemos vivir sin brokers de Bolsa? ¿Podemos vivir en una sociedad en la que las personas no se cuiden unas a otras? No. Pero un broker cobra una millonada y está muy bien visto, mientras una mujer que cuida a sus familiares no tiene importancia. Eso es evidente que pasa, pero no es racional ni razonable.

Normalmente, lo que es esencial para esta vida lo hemos hecho las mujeres. Por eso veo bien encarada la convocatoria. En las reivindicaciones feministas no se trata de ser iguales que los hombres. Yo no quiero ser igual que un hombre. Quiero mantener mis diferencias con los hombres. Quiero tener igualdad de oportunidades, de trato, de consideración y de valor.

¿Se esperaba las reacciones tan estridentes contra el feminismo que se han producido desde la extrema derecha?

Era esperable. El avance del feminismo y del grito de la sociedad por un sistema que valore igual a hombres y mujeres, que no deje atrás a los más débiles, a los más vulnerables, que en el fondo sea más amable y ponga más en el centro la vida, iba a generar reacciones. El movimiento feminista, lo que exige es el 50% del espacio. Lo queremos en casa, hecho que exige la incorporación de los hombres a la vida doméstica, y lo queremos fuera de casa, lo que quiere decir, no solo en el trabajo, sino también en los puestos directivos, en los puestos políticos, en los puestos empresariales, en la judicatura... Cuando un sector reclama la mitad, eso genera resistencias.

Todos los cambios generan resistencias, pero me preocupa más, y me ocupa, cómo ha de reaccionar el movimiento feminista frente a ellas, y también los movimientos políticos que tienen en el feminsimo uno de sus objetivos. Tenemos que escuchar qué está pasando. Si un fenómeno político que defiende la supremacía de los hombres sobre la mujeres es intelectualmente despreciable y políticamente indeseable, ¿por qué hay hombres que, de alguna forma, sin estar en un marco de extrema derecha, se sienten interpelados o arropados por un discurso como ese? Desde las políticas feministas hemos de ver cómo hacemos para que nuestro discurso pueda ser más inclusivo para determinados hombres que no se sienten invitados al viaje por una sociedad más justa, más amable, más compartida. ¿Qué podemos hacer para mejorar eso? Creo que hay que buscar un espacio en el que determinados perfiles de hombres que se sienten huérfanos en este momento puedan sentirse arropados, incluidos, invitados a compartir este viaje por la igualdad.

¿El problema de la violencia machista ha llegado a los niveles que ha llegado por ese conflicto o es un asunto más de fondo?

La violencia de género es la expresión más grosera y violenta de las desigualdades y de una sociedad patriarcal, en la que la supremacía de los hombres sobre las mujeres aún está en cierta parte del ADN de esta sociedad. Y la expresión más brutal es la violencia de género, que no es otra cosa que la resistencia a aceptar que en una relación sentimental, emocional, sexual, de pareja, de matrimonio, tiene que haber un plano de igualdad, donde las mujeres no son la posesión del hombre, ni para satisfacción personal, ni sexual, ni de protección, cuidado o lucimiento. Las mujeres no somos posesiones.

“No considero que Ciudadanos haya roto el pacto contra la violencia de género”

El otro día, cuando Ciudadanos se negó a firmar la resolución en las Corts Valencianes sobre violencia de género, que incluía no llegar a acuerdos con formaciones que niegan su existencia, usted se resistió a dar por roto el pacto valenciano en esa materia...

Yo no considero que Ciudadanos haya roto el pacto contra la violencia de género, en absoluto. Es más, las mujeres que trabajan en ese pacto por parte de Ciudadanos están haciendo un trabajo leal, haciendo aportaciones constructivas. Valoro mucho la contribución de las mujeres que han venido, sobre todo Mercedes Ventura, que es la que más ha participado, aunque hay otras mujeres de Ciudadanos que también lo han hecho. Tenemos que pensar tres veces las cosas cuando las hacemos. Ciertamente, es triste que una mujer como la portavoz de Ciudadanos en las Corts, Mari Carmen Sánchez, firme una iniciativa parlamentaria de lo más razonable y venga un hombre desde Madrid a desautorizarla. Dudo que Toni Cantó, si ese papel lo hubiese firmado un hombre, lo hubiera desautorizado de la forma que lo hizo con Mari Carmen Sánchez.

Considero, pues, que el pacto valenciano contra la violencia de género y machista está intacto y que la adhesión de las fuerzas políticas a ese pacto es inquebrantable, también la de Ciudadanos. Lo que sí que pido es que en el futuro todas las fuerzas políticas, las que están en la oposicición y las que están en el gobierno, cuando se haya de adoptar una iniciativa de estas se aseguren de que hay unanimidad. Si no hay unanimidad, mejor no presentarla. Se trata de fortalecer las alianzas contra la violencia machista. no de debilitarlas.

¿Se están cumpliendo las expectativas creadas por la implatanción de la renta valenciana de inclusión?

Sí. Sobre la necesidad que había de esta ley, se están cumpliendo las expectativas. En lo que se refiere al trámite administrativo, siempre me desespera. Tendríamos que ir más rápido de lo que vamos en la Administración pública. A pesar de las posibilidades que tenemos, tras el ataque que ha supuesto el dogma de que había que adelgazar la Administración, que tanto repite la derecha, ya hay más de 14.000 personas registradas en el sistema. El 79% de los casos ya están resueltos. Teniendo en cuenta que no lleva ni un año en vigor la ley, podemos estar satisfechos en relación a la capacidad que tenemos, no a la necesidad que existe. En relación a la necesidad deberíamos tener más agilidad. Con todo, estoy contenta. Incluso nos costará menos de encarrilar que la dependencia.

Ya tenemos una experiencia y estoy segura de que pasado un año de la entrada en vigor de la ley tendremos unos resultados mucho más rápidos. Cuando llegué a la conselleria teníamos a 14.000 personas oficalmente registradas más otras 5.000 no afloradas, con los expedientes en cajas, que esperaban la renta garantizada de ciudadanía con más de un año en lista de espera. Con la antigua ley, pusimos al día el sistema. Ahora que la ayuda no caduca cada seis meses, como pasaba antes, cuando tengamos a la gente estabilizada dentro del sistema, podremos hacer lo fundamental de esta ley: un acompañamiento o itinerario de inclusión social y laboral que permita que las personas y las familias puedan tener un proyecto de vida independiente.

“En 2015 vinieron 45 niños y niñas migrantes sin acompañar, en 2018 han venido 945”

Ha recibido muchas críticas de la oposición por la política de menores.¿Es ese el punto débil de su gestión?

Las críticas van dirigidas, al final, a un espacio muy concreto. La Generalitat Valenciana tiene más de 100 centros de infancia y adolescencia y las críticas aluden a uno de ellos. En este asunto han ocurrido muchas cosas. Aunque la derecha habla mucho de proteger a los niños, una de las cosas que más me sorprendió al llegar fue lo mal que estaba el sistema de protección de la infancia. Era un sistema absolutamente precario, con centros muchas veces obsoletos que necesitaban mucha inversión, privatizado por encima del 90%, sin normas claras ni proyectos educativos en los centros ni homogeneización de la política.

Esto funcionaba gracias a las entidades que gestionaban los centros, que han hecho un gran trabajo, pero no había una política pública dirigiendo todo esto. Funcionaba por inercia. Creamos la dirección general de infancia y adolescencia porque nos dimos cuenta de la situación. Lo hicimos todo de acuerdo con las asociaciones que han firmado el pacto de infancia, como Save the Children, Cruz Roja, Cáritas o Unicef, y comenzamos a diseñar un nuevo modelo, tanto residencial como, sobre todo, de familias.

Somos de la opinión de que los centros de niños y niñas no deberían existir. Todo niño o niña debería tener una familia. Mientras llegamos a ese horizonte, hemos aumentado las familias acogedoras en un 40% y hemos dignificado su situación. Cuando empezamos a gobernar, una familia extensa recibía como ayuda de la Generalitat para criar a un niño o una niña 135 euros al mes. Cualquiera que tenga hijos es consciente de que con esa cantidad no crías a un hijo. Por otra parte, las familias educadoras tenían 270 euros de ayuda al mes. Todo eso con el agravante de que cuando se acababa el presupuesto dejaban de pagarles. En este momento, las familias acogedoras tienen una ayuda de 420 euros al mes, que es lo que las asociaciones dicen que cuesta de promedio de crianza de un niño. Además, no se aminora esa cantidad en función del número de niños, como ocurría antes. Si es una familia monoparental, la ayuda es de 450 euros. Si se trata de un niño con necesidades especiales, más de 900. Eso dignifica la colaboración de las familias.

Por lo que se refiere a los centros, pusimos en marcha un plan de humanización y de reducción del número de niños por cada casa de acogida. Hemos ampliado en 602 educadores la red, lo que supone un 60% más, que se dice pronto. Hay que permitir que cada niño pueda desarrollarse en función de sus deseos o capacidades, como hacemos en cualquier familia. Si tenemos tres hijos y a uno le gusta el fútbol, a otro el baloncesto y otro la natación, procuramos llevar a cada uno a una cosa. No decimos: “todos a lo mismo”.

Las críticas vienen por la irresponsabilidad del PP. No ha encontrado otro tema de erosión política y partidista que un terreno en el que ataca los derechos básicos de la infancia y adolescencia y, por tanto, a la decencia humana y moral. Toda la sociedad tiene obligación de proteger a los niños y niñas bajo tutela de la Generalitat. Pero hacen bandera y, cuando intentamos poner en marcha una casa de acogida, un piso o un centro, se ponen con las pancartas para que no se abra.

Paralelamente, las guerras y los desplazamientos forzosos hacen que cada vez vengan más niños y niñas de otros países sin padre ni madre. Huyen de la guerra, la persecución y la miseria y pueden venir escondidos en los bajos de un camión o en patera. Tenemos la obligación de protegerlos. Es más, hay que hacer de eso una oportunidad. A alguno nos lo han fichado para un equipo de fútbol... Para situar el problema, en 2015 vinieron 45 niños y niñas migrantes sin acompañar. En 2018 han venido 945.

¿Tanto ha aumentado la cifra?

Sí, se ha multiplicado por 21. En un sistema con poco músculo, absorber esto no es fácil. Y aún así, esta es una de las pocas comunidades donde no hemos tenido ni un niño durmiendo fuera de un centro de menores, ni en un polideportivo, ni en un calabozo, ni en un CIE. Eso es un logro. Los hemos podido tener durmiendo en un colchón en el suelo. Sí. hay que decir las cosas como son. Pero en un centro de menores, con sus educadores y su proyecto educativo. Ha faltado el somier, pero los hemos atendido como corresponde.

¿Cuántos alcaldes se ha encontrado que hayan puesto problemas a la creación de centros de menores?

Pocos. La mayoría están reaccionando bien. ¡Ojo! Y de todos los partidos. Me gusta ir con la verdad por delante. He encontrado alcaldes del PP que han reaccionado maravillosamente bien, que están implicados y contentos, que nos dicen que hay que ir hacia adelante, que a los niños hay que protegerlos. También del PSPV-PSOE, de Compromís, de Podemos. Y he encontrado alcaldes que se han opuesto.

Uno de los más conocidos ha sido un alcalde socialista.

Curiosamente, sí.

¿Se ha encontrado más casos de alcaldes socialistas?

De los que más se han negado han sido precisamente alcaldes socialistas, lamentablemente. Me he encontrado más casos, sí. Pero también me he encontrado alcaldes de esos que son socialistas de verdad, de convencimiento, maravillosos, implicados y completamente conscientes de que una sociedad que abandona a los niños y niñas es una sociedad indecente. Porque no son solo menores que vienen de fuera. El otro día tuvimos el caso de una niña de la que su tío había abusado durante años. Esa niña es apartada de la familia. ¿Y dónde va? A uno de nuestros centros. Niños abusados, a los que la familia ha maltratado o drogado... Después de que les haya fallado la familia, ¿les tiene que fallar también la sociedad?

El pasado fue el año del 'Aquarius', que desembarcó en Valencia a más de 600 migrantes rescatados en el Mediterráneo. El Gobierno valenciano ofreció desde el inicio de la legislatura fletar un barco para recoger a refugiados que se amontonaban en Grecia, usted misma estuvo allí para visitar los campamentos, y ha mantenido su postura de acogida. ¿Hasta qué punto se han quedado solos? Parece que el Gobierno español ahora no va por ese vía.

Sí que parece que nos hayamos quedado solos. En cualquier caso nos hemos quedado en el lugar en el que hay que estar, en el humanismo y la decencia. Tanto el alcalde de Valencia, que dijo desde el principio que este puerto estaba abierto para quien lo necesitara, como el Gobierno valenciano pensamos que lo ilegal es dejarlos morir. Las estadísticas oficiales dicen que cada día se ahogan seis personas en el Mediterráneo. Yo quiero poder mirar a los ojos a mis hijos y decirles que hice todo lo posible para que esto no ocurriera cuando dentro de 20 años las generaciones que vengan le recriminen a esta generación: “¿cómo fuistes capaces de tolerar esto?”.

La singularidad del Gobierno valenciano del Pacto del Botánico no se circunscribe a su actitud ante el drama migratorio. Da la sensación de que es un experimento que no ha tenido reflejo a lo largo de la legislatura en otros gobiernos.

Parece un pequeño milagro.

¿A qué se debe? ¿Al bloqueo de la política ante la aparición de un escenario de muchos partidos?

No sé. A lo mejor es una cuestión telúrica, de esas que tienen que ver con las placas tectónicas, porque está Portugal y estamos nosostros, cada uno en un extremo de la península. En el fondo no somos un milagro. Somos la conciencia de que esto tenía que salir adelante, de que nuestra gente, los valencianos y valencianas, ya había sufrido bastante y teníamos la obligación política y moral de sacar este gobierno adelante. Cada día hemos trabajado las armonías, los afectos, las alianzas políticas, hemos trabajado las diferencias y buscado encuentros. ¿Qua ha habido diferencias? Claro, las ha habido y las habrá. Si no, estaríamos todos en el mismo partido. Cada uno reivindicará esas diferencias en la campaña y en las elecciones, pero por encima de esas diferencias ha estado la conciencia y la práctica de que este había de ser un gobierno bueno para la gente y estable, un gobierno presentable. Es lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos.

“Habrá un Botánico 2, y lo tendrá más fácil”

¿Entonces el Pacto del Botánico tiene recorrido?

Por eso digo que es lo que hemos sido, lo que somos y lo que seremos. Habrá un Botánico 2, y lo tendrá más fácil porque en la próxima legislatura muchas de las ruinas que nos dejó el PP ya no estarán ahí. Aún quedarán, porque desgraciadamente todavía se producen sentencias como la de hace unas semanas de más de un millón de euros que, gracias a la señora Isabel Bonig [líder de los populares], tenemos que pagar todos los valencianos. Con todo, empezará lo que yo llamo la política 100% botánica, de transformación, que me apetece mucho hacer. No tener a la gente de la dependencia en una lista de espera no es una cuestión de derechas o izquierdas, sino de decencia, una obligación democrática. Yo quiero ir más allá.

¿En el último seminario semestral del Gobienro valenciano, que acaba de celebrarse, ha faltado autocrítica sobre lo que ha fallado?

Somos muy autoexigentes y muy autocríticos. El otro día lo decía en un acto. Nos hemos de conceder incluso el derecho a equivocarnos, de correr el riesgo de probar cosas nuevas. Se ha de hacer siempre dentro de un sentido común. ¿Podríamos haber hecho cosas mejor? Seguramente. De haber sabido lo que ahora sabemos, a lo mejor hubieramos secuenciado algunas cosas de forma diferente. O hubieramos sido más reservados. Pero las 311 medidas que hemos puesto en marcha suponen un 92% de las que nos propusimos. Es un índice muy alto de cumplimiento.

Acaba la legislatura sin un nuevo sistema de financiación autonómica, que es una de las cosas que no se han conseguido y de las más importantes para la comunidad autónoma peor financiada. Es verdad que depende del Gobierno central. Pero parece que va para largo.

Probablemente sea una de las grandes decepciones. Recuerdo que el día de la moción de censura a Rajoy era viernes, y estábamos preparando la rueda de prensa del Consell. La preparación, óbviamente, es completamente mestiza [en el sentido de que incluye a cargos del PSPV-PSOE y de Compromís] y recuerdo que me abracé al secretario autonómico cuando el voto 175 permitió echar a la corrupción, a la derecha, al Gobierno de los recortes, a favor de una mayoría de cambio. Pensé: ¡Ya tenemos sistema de financiación!

Pero no.

Puede que fuera una ingenuidad. Es una obligación política de este Gobierno, si no aprobar un sistema nuevo para todas las comunidades autónomas porque resulta complejo, sí un mecanismo singular de compensación a la Comunidad Valenciana. No podemos garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas sin un mecanismo de reparación de una financiación que no cubre lo que cuestan sanidad y educación. Y no hablemos de servicios sociales, medio ambiente, agricultura, economía sostenible, etc.

“Es hora de que en Catalunya se recupere el eje izquierda-derecha”

El conflicto en Catalunya está permanentemente presente en el discurso de la derecha. ¿Hasta qué punto ha tergiversado y tergiversa ese conflicto la política valenciana?

Desgraciadamente, creo que ha marcado bastante. La derecha se tapa siempre las vergüenzas con las banderas. Suele tener pocos principios. Se ve muy claro en los líderes que han encabezado el procés: uno está en la cárcel y el otro está por ahí dándose comilonas y subiéndolas a Twitter. Es hora de que en Catalunya se recupere el eje izquierda-derecha. La izquierda tiene principios y ética y para la derecha los principios son el dinero y el poder. Algo apunta a eso. Solo hay que ver dónde está cada uno de los que lideraban el procés, uno de derecha y el otro de izquierda.

Hablando de otro proceso, el de las elecciones del próximo 26 de mayo, ¿hay confrontación entre los socios de gobierno, entre el PSPV-PSOE y Compromís?

Hay poco que ganar en la confrontación. Como decía antes, las elecciones son el momento en el que cada uno destaca las diferencias con el otro. El proceso electoral es el momento de expresar las diferencias, pero no para lanzarlas al otro a la cara sino simplemente para decirle al ciudadano lo que uno considera mejor, para destacar que se han hecho cosas porque estabas ahí, porque en caso contrario los otros no habrían querido hacerlas. No tiene por qué ser cruento o a cara de perro. La gente lo valora mucho. A lo que más miedo tiene la gente es a que no nos llevemos bien. Vas por ahí y muchas veces te dicen: “¡Tenéis que entenderos, eh!”. Les angustia la idea de división porque otras experiencias de la izquierda han acabado como el gallo de Morón, con desencuentros y peleas.

La derecha, en cambio, como lo que tiene es interés económico, suele evitar eso. Mire en Andalucía, cómo se han puesto enseguida de acuerdo para quitar los impuestos a los señoritos que heredaban más de un millón de euros -que hay que ser rico para hederdar más de un millón de euros- y que ahora no tendrán que pagar.

Toca destacar ahora las diferencias. Lo que ocurre es que no tenemos constumbre democrática y la gente se asusta. Saldrán muchas diferencias. ¿Eso quiere decir que nos llevamos mal? No. Quiere decir que somos diferentes. Y después se volverá a hacer el Pacto del Botánico, sin ninguna duda.

¿Si se produce una nueva mayoría de izquierda, entrará Podemos en el Gobierno valenciano, que parece que es una de las cosas que le ha faltado al pacto?

Eso depende de Podemos. Creo que sería bueno. Tendrían una visión mucho más completa de lo que es sacar esta comunidad adelante con las condiciones que tenemos. Resulta muy terapéutico. Nosotros, en Compromís, no vinimos a asaltar los cielos. Vinimos a mejorar la vida de la gente en la tierra. Cuando estás en el gobienro te das cuenta de lo difícil que es eso.

En las primarias de Compromís nadie la discute a usted para la Generalitat ni a Joan Ribó para la alcaldía de Valencia, pero en otros niveles sí que hay movimiento. el actual presidente de las Corts Valencianes Enric Morera anuncia que quiere ser conseller, Mireia Mollà decide no volver a concurrir para diputada... ¿En qué situación está la coalición?

Las primarias fueron un muy buen invento para implicar a la ciudadanía, y un mecanismo tan original como el que tenemos nosotros, que no solo respeta la paridad de género, sino también la pluralidad, lo que conforma un conjunto muy equilibrado, nos lleva a buscar también cómo hacer, dentro de esta fórmula compleja, que pueda haber una cierta continuidad en los equipos de gobierno. Hemos de repensarlo. Seguramente no es lo más inteligente que, si una persona está en el punto más potente de la gestión, entre otra persona que tiene que tomarle el pulso. Tenemos que ver cómo lo conjuganos para que, sin perder calidad y participación, pueda haber más estabilidad en los equipos de gobierno.

¿Habla de replantear el sistema?

Sí

“Llegamos a mucha gente porque no somos una organización del todo o nada”

A raíz de la crisis que se ha abierto en Podemos por la decisión de Errejón de presentarse con Más Madrid ha salido bastante el nombre de Compromís como comparación. ¿Hasta qué punto se puede identificar Compromís con lo que representan Manuel Carmena e Íñigo Errejón en Madrid?

No lo sé. Creo que si no hubiera pasado dentro de la M30 no se estaría hablando tanto del tema. Lo que nosotros podemos aportar es nuestra experiencia. Tenemos una formación política que trasciende las fronteras de un partido. Es una coalición de tres partidos donde hay personas que no quieren estar en ningún partido y tienen su espacio de participación... Tenemos una organización muy líquida y muy amplia desde el punto de vista ideológico, con la pata progresista y de la equidad social, la del ecologismo político, que es muy importante, y la del valencianismo, que también lo es. Eso conforma una organización política en la que mucha gente se puede sentir identificada porque el abanico es amplio. Como más amplías el abanico más aire da. Si lo abres 45 grados no es lo mismo que 180 grados. Compromís a veces es como un pay-pay de esos chinos, que está abierto 360 grados.

Llegamos a mucha gente porque no somos una organización del todo o nada. En nuestras primarias no se gana ni se pierde. Todo el mundo cabe en ellas. Se ríen de nuestra fórmula indescifrable pero, en realidad, esa fórmula consiste en que todo el mundo cabe. Compromís es una organización en la feminidad. Ninguna madre da la espalda a ningún hijo, por raro que sea. Cada hijo es diferente y todos son queridos. Ese concepto del “no todo”, de que no todo es blanco, no todo es negro, no todo es rojo, no todo es verde, es el que nos ha convertido en una fórmula de éxito.

En Compromís no hay una lista contra otra y la que gana se lo lleva todo, como sucede en Podemos. En Podemos es todo “o sí o no”, “o conmigo o con el otro”, “o conmigo o contra mí”. Y eso es letal en política. Hemos de desterrar la palabra ganar dentro de una organización política. En Compromís no gana nunca nadie. Todos se van enfadados de las reuniones. Y si todos se van enfadados o todos se van contentos, según como se mire, significa que todo ha ido bien.

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, presidido por su titular, Pedro Suárez, celebró este jueves una sesión ordinaria. En ella, en asuntos generales y por acuerdo del Gobierno de Canarias, se procede al nombramiento de Aurelio Abreu Expósito como representante de la Administración General del Estado en sustitución de Milagros Pérez León.

En la misma sesión se aprobó la firma de un convenio de buenas prácticas ambientales entre la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife y Boluda Terminal Marítima Tenerife, SLU. Este convenio consiste en regular las condiciones técnicas y compromisos adoptados por la compañía en relación con las concesiones o autorizaciones vinculadas al citado convenio, así como el resto de estipulaciones que han de regir respecto a la aplicación de las buenas prácticas ambientales en las instalaciones afectadas.

Además, contempla el conjunto de procedimientos e instrucciones técnicas y operativas cuyo cumplimiento se verifica mediante la certificación del sistema de gestión ambiental y una memoria ambiental anual. En caso de cumplir con todos los requisitos que se recogen en ese convenio, la empresa puede tener bonificaciones de hasta el 30%.

El consejo también recibió las consideraciones incorporadas al documento relativo a la modificación del Plan Especial del puerto de Santa Cruz de Tenerife referente al litoral de Valleseco, tras la emisión del informe emitido por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. El siguiente paso será su remisión a la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para su aprobación definitiva.

Entre otros puntos del orden del día, el órgano rector de los puertos de Tenerife aprobó la propuesta de contratación técnica para la realización del programa de vigilancia ambiental de los puertos dependientes de esta Autoridad Portuaria para un tiempo de dos años.

Por último destacar la aprobación del organigrama de la Autoridad Portuaria con el objetivo de atender los planes de mantenimiento y conservación además de potenciar los sistemas informáticos y la ciberseguridad.

La secretaria de Estado de Hacienda,Inés María Bardón, será la nueva vicepresidenta del consejo rector del Consorcio València 2007, entidad formada por el Ayuntamiento de València, la Generalitat y el Gobierno para la gestión de la Marina de València.

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes su nombramiento, así como el de los consejeros y suplentes que dependen del ejecutivo central.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, elegió a Bardón como secretaria de Estado de Hacienda, quien formó parte de su equipo de confianza en el Gobierno andaluz presidido por Susana Díaz.

Uno de sus principales cometidos será hacer posible la anunciada condonación de gran parte de la deuda de la Marina de València, unos 350 millones de euros de un total de 460 millones, una operación cuya legalidad investiga la Dirección General de Competencia de la Unión Europea.

De acuerdo con el artículo 7 de los Estatutos reguladores del Consorcio Valencia 2007, el consejo rector, su órgano superior de gobierno, está integrado por cuatro vocales nombrados por cada una de las administraciones consorciadas, además del presidente y vicepresidentes.

El artículo 10 dispone que la Vicepresidencia primera corresponde al vicepresidente propuesto por la Administración General del Estado.

Así, además del nombramiento de Bardón, el Gobierno ha nombrado como consejeros a José Javier Izquierdo (secretario general de Infraestructuras), a Isabel María Oliver (secretaria de Estado de Turismo), a Jaime Iglesias Quintana (director general de Presupuestos) y a Ana María Oñoro (directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar).

Como suplentes quedan Diego Martínez López, María Ornella Chacón, María de los Llanos Castellanos y Ainhoa Pérez Puyol.

“El feminismo vive un momento único, que debemos aprovechar con inteligencia, con eficacia y con estrategia pensada y conjunta”. Es la petición que la vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha realizado en el 'I Encuentro sobre feminismo, medios e igualdad', organizado por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información y el Ayuntamiento de Madrid. Allí, se ha felicitado también por que la lucha por la igualdad esté en la agenda política y social, pero ha lamentado la infrarrepresentación de las mujeres en los puestos de dirección de los medios de comunicación, donde “ocurre lo que ocurre en el resto de la sociedad”.

“Los medios de comunicación se dirigen al conjunto de la sociedad y la mitad de la sociedad somos mujeres. Tenéis una mirada reivindicadora de todos los desajustes, desigualdades e injusticias que afectan a las mujeres en el ejercicio de sus derechos y en sus menores oportunidades”, defendió Calvo ante un auditorio conformado, mayoritariamente, por periodistas. Por eso, la perspectiva de género “no es una opción”, sino que debe ser algo “obligatorio en la conformación de la opinión pública a partir de la cual se nutre el derecho fundamental de la información, que es con el que cada uno de nosotros y, sobre todo, de nosotras, conforma su participación política”.

En la misma línea se ha pronunciado la alcaldesa de Madrid en funciones, Marta Higueras, que ha exigido que se potencie “la incorporación de la perspectiva de género en el periodismo para que se centre a las mujeres como protagonistas”. En ese sentido, la Vicepresidenta ha recalcado que “solo podemos decir lo que somos, lo que queremos, lo que necesitamos, a dónde vamos, cuando somos nosotras mismas nuestras propias portavoces”.

Remover el reparto de poder

Calvo ha extrapolado la problemática de los medios de comunicación al resto de sectores y ha pedido “más mujeres, mujeres en los lugares donde se decide y un trabajo más solidario entre nosotras para empoderarnos unas a otras”. Además, ha animado a exigir los “cambios legislativos que hayan de darse, algunos propuestos en el Congreso en este momento, porque necesitamos que se remueva también el reparto de poder en las empresas privadas”. Ha reconocido, eso sí, que “no vamos a cambiar todo lo que hemos de cambiar en una sociedad injusta, desigual y, naturalmente, patriarcal y machista solo con leyes”, sino que hay que cambiar “lo más profundo, que son los comportamientos y las mentalidades”.

Según ha explicado su presidenta, Virginia Pérez Alonso, la PDLI, de la que es socio fundador eldiario.es, “lidera desde 2014 la defensa de los abusos contra la libertad de información”. Y “la desigualdad de género incide de manera directa y clara” sobre esta libertad ya que, “sin mujeres en puestos de responsabilidad es complicado, sino imposible, hacer información desde una perspectiva de género”. Según los datos de la plataforma, el 64% de las plantillas de los medios son mujeres, aunque el 73% de los puestos de dirección están ocupados por hombres. De 80 periódicos, solo ocho están dirigidos por mujeres y en televisión y radio de unos 84 directivos, solo 13 son mujeres.

Ataques “más humillantes”

Durante este primer encuentro sobre feminismo y medios se han abordado también otras problemáticas a las que hacen frente las profesionales de la información, como la brecha salarial o el acoso en redes sociales. Un acoso que se ha puesto de manifiesto con el avance del documental “Spain On the Line: el acoso digital a mujeres periodistas en España”. “Los ataques a las mujeres son más humillantes, más machistas y más sexistas”, lamentó la directora de 'El Intermedio', Carmen Aguilera. La directora de 'El Objetivo' y fundadora de Newtral, Ana Pastor, y la directora de 'La Marea', Magda Bandera, han lamentado que los insultos, el acoso y las amenazas de muerte o de violación no tengan consecuencias para quienes los cometen. “Detienen a gente por hacer chistes y estas amenazas tan claras no tienen consecuencias”, ha denunciado Pastor, poniendo el foco en las instituciones y los ministerios de Interior y Justicia.

Sí tienen consecuencias para ellas. “Claro que te afecta”, lamenta la directora de 'Público', Ana Pardo de Vera. Cuando las periodistas dan determinadas informaciones “ves como los ataques se recrudecen” y pese a que “estás haciendo bien tu trabajo, las dudas que acarrean cualquier profesión, pero sobre todo esta, te vulneran” por lo que “a veces te expones menos, pero yo creo que eso no lo debemos hacer”, indica. No se debe hacer, apunta Bandera, porque “se están perdiendo voces de muchas compañeras que no se atreven a exponerse”. “Yo no dejo de hablar, lo que no hago es atender a determinadas reacciones que puedo imaginar”, señala la directora de 'Hoy por hoy', Pepa Bueno.

Mostrar la diversidad

Durante una charla con la directora de ‘El País Semanal’, Montserrat Domínguez, la artista visual y activista Yolanda Domínguez ha reclamado a los medios que reflejen la diversidad a través de las imágenes. “Es muy importante lo que publican, porque tienen el poder de visibilizar, pero también de estigmatizar aquello que no se muestra”, ha explicado: “Si el cuerpo de la mujer no está normalizado, creemos que está mal”, explica. Pero no es solo una cuestión física. “Durante siglos, las imágenes eran las que educaban. Los referentes visuales de las mujeres durante años eran esas imágenes de la virgen: buena, santa, virgen, madre… Lo que se salga de ese canon visual, se castiga. ¿Por qué una mujer no puede mostrar su ira?”, se pregunta la artista. Algo en lo que ha coincidido su interlocutora sobre la falsa imagen agresiva y dominante que se proyecta de las mujeres que ocupan puestos de dirección.

El ambiente de alta tensión que se respira en el mundo fallero por las complicadas relaciones existentes el presidente de Junta Central Fallera (JCF) y concejal de Fiestas, Pere Fuset, y entre la Interagrupación de Fallas, entidad que engloba a 21 de las 22 agrupaciones, se ha cobrado la dimisión de uno de los vicepresidentes de la entidad.

La Interagrupación se reunió este miércoles 25 de abril por la noche tras la asamblea de presidentes del día anterior en la que Fuset afirmó que buscaría otros interlocutores de la fiesta.

Fuset tomó esta decisión tras la polémica suscitada por el comunicado que la enitdad mandó el fin de semana en el que de forma indirecta instaba a la Fallera Mayor a que no participara en una de las jornadas de la 'dansà de la Verge', poniéndola en una complicada tesitura.

En la reunión, el presidente de la Interagrupación, Jesús Hernández, puso su cargo a disposición de los diferentes presidentes de agrupaciones asistentes, quienes le apoyaron por amplia mayoría.

Hernández ya hizo lo propio tras su polémica aparición el pasado 9 d'Octubre en la contramanifestación en la que grupos de extrema derecha insultaron y agredieron a los integrantes de la manifestación independentista convocada por la CUP y Arran. También en aquella ocasión encontró el apoyo mayoritario de todos los asociados, aunque el secretario, Pepe Ynat, sí que dejó el cargo.

Sin embargo, uno de sus más estrechos colaboradores, Pedro Pons, sí ha abandonado el cargo de vicepresidente. Pons también estuvo presente junto a Hernández en las protestas del 9 de Octubre.

Según ha explicado a eldiario.es, abandona la Interagrupación “por cansancio de continuos malos rollos, de persecuciones y hasta de insultos cuando aquí”.

Pons ha añadido que “cuando se trabaja por y para hacer fiesta de forma desinteresada y altruista y lo único que encuentras es una campaña de desprestigio al final uno se cansa y decide dar un paso atrás y que entre otro”.

El hasta ahora vicepresidente, ha explicado que han intentado “varios acercamientos con Fuset”, pero que al ver que está todo “tan enquistado” y que no van a poder “proponerle nada ni hacer nada por mejorar la fiesta”, considera que no tiene sentido su continuidad.

Sobre su polémica presencia en las manifestaciones del 9 de Octubre en las que hubo agresiones de grupos ultras y por las que están imputadas 18 personas, ha explicado que no se arrepiente de haber asistido ya que lo hizo “a título personal, no como vicepresidente” porque venía gente de fuera a reivindicar un proceso independentista “que no quiero que se dé en València”.

Sin embargo, ha asegurado que respeta “que cada uno se exprese como considere, siempre y cuando se haga sin violencia”.

Sobre el comunicado de la dansà en el que se condiciona a la Fallera Mayor y que provocó un fuerte encontronazo entre Fuset y Hernández, ha explicado que “cada uno lo puede interpretar de una forma, pero la intención no era incomodarla”. Aún así, ha asegurado que le pidieron perdón en privado y ha admitido que quizás “se podía haber llevado el tema de una forma más sosegada”.