El discurso racista acapara las protestas contra el campamento de migrantes de Cartagena: “Son hordas de salvajes”

Han transcurrido seis meses desde que el Ministerio de Inclusión habilitó en Cartagena, con el objetivo de rebajar la presión migratoria que sufre el Archipiélago canario, un campamento provisional de acogida de migrantes en el recinto del antiguo Hospital Naval. Pero no ha habido un solo momento en que la instalación no haya suscitado el recelo político y vecinal.

Por un lado, el Ayuntamiento de Cartagena ha remitido al Gobierno central, según aseguró el pasado martes la alcaldesa, Noelia Arroyo (PP), hasta ocho escritos diferentes reclamando el cese del dispositivo humanitario. Por otro, los grupos vecinales, que llevan manifestándose en contra del campamento desde octubre, se han organizado en una comunidad de WhatsApp que ya cuenta con 824 miembros –la máxima capacidad que permite la aplicación–. Cada día se vierten en su chat mensajes y audios impregnados de racismo y odio. En ellos se habla de “invasión”, de “manadas”, de “gentuza”, de “nómadas sueltos ilegalmente”.

Tal y como afirmó Arroyo, las comunicaciones oficiales del Consistorio –gobernado en coalición por PP y Vox– consisten en cinco cartas dirigidas tanto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, cuya cartera posee la propiedad del hospital, como a los sucesivos ministros de Inclusión, José Luis Escrivá y Elma Saiz. También en tres mociones contrarias al centro de acogida aprobadas en distintos plenos municipales por la mayoría de ediles (PP, Vox y MC), pese a los votos en contra de PSOE y Sí Cartagena.

La alcaldesa lamentó el pasado martes, tras una reunión con la Federación de Asociaciones de Vecinos para tratar el tema del campamento, que el Gobierno no haya cumplido los compromisos que adquirió cuando ordenó su instalación: que sería temporal –hasta el 31 de marzo de 2024, en principio, hasta julio en la actualidad–, y que se limitaría a un máximo de 600 ocupantes. “Se ha alargado la permanencia del campamento de espaldas a los cartageneros. Necesitamos garantías de que va a ser temporal. También se ha incumplido el tamaño. Antes de ayer había 752 personas dentro”.

Fuentes del Ministerio de Inclusión han asegurado a elDiario.es que “la continuidad del centro se valorará en función de las llegadas –de migrantes a Canarias–”, y que este es el “criterio”, han añadido, “que se ha seguido hasta el momento”. “El mantenimiento del elevado número de llegadas provocó la prórroga de la emergencia en marzo”, han proseguido las fuentes ministeriales, “y no se sabe si en julio esa emergencia continuará”. No hay previsiones para cerrarlo, por tanto, mientras persista el drama migratorio en las costas españolas.

Pero las declaraciones de la primera edil no quedaron ahí. Incluyó en ellas un factor emocional. Y una posible amenaza en el horizonte. “Es injusto y frustrante lo que está pasando. La política –migratoria– del Gobierno, lejos de solucionar el problema en una ciudad como la nuestra, que ha demostrado ser solidaria, nos puede llevar a ciertos riesgos sociales en el futuro”, expresó, sin especificar cuáles. La ciudad portuaria ya posee un centro (CATE) dedicado a la atención de los migrantes llegados a sus propias costas, la mayor parte procedente del norte de África. 

Una plataforma vecinal llena de mensajes racistas

El dispositivo del Naval ya se puso en marcha a finales de noviembre de 2023 entre numerosas protestas vecinales y reivindicaciones y consignas xenófobas. Pese a ello, desde los últimos días de abril la actuación popular ha ido tomando una mayor significación. Las proclamas de odio, ahora, se han multiplicado.

Una plataforma nacida vía WhatsApp y denominada ‘No al CETI’ cuenta ya con 824 miembros. Desde el grupo, los componentes organizan nuevas concentraciones, redactan textos que plasman en octavillas para luego pegarlas por las paredes de la ciudad y solicitan a la Delegación del Gobierno permisos para manifestarse en la calle.

Sus miembros, de forma cotidiana, graban vídeos en las inmediaciones del Naval. Espían la llegada de autobuses que trasladan a más migrantes al campamento. Temen que esos autobuses vayan luego a ser utilizados por niños, “por si les transmiten enfermedades”. Fotografían a los migrantes caminando en grupo por las calles de Cartagena o haciendo ejercicio en parques o pistas polideportivas públicas. Denuncian cuando se les ve sonreír, o cuando se arreglan para salir a dar un paseo, o cuando hablan por teléfono móvil. Esparcen bulos de peleas, de delitos, de acosos, de agresiones, o de que los chicos alojados –procedentes la gran mayoría de países subsaharianos, según Accem, la ONG encargada del dispositivo– piden dinero en las puertas de los comercios de la ciudad. Relacionan sin pruebas su llegada con un aumento inmediato de la criminalidad. Les señalan por ser jóvenes “en edad militar”.

“Pasean manadas continuamente por Cartagena. Ninguno de ellos ha pasado hambre. Si no, no estarían tan altos y fuertes. Es una invasión. Cuando les den armas, o ellos las consigan, nos podemos olvidar de todo. Nos lo van a quitar todo, porque creen que España es África”, dice en el grupo, mediante un audio, una miembro. Su mensaje se llena rápidamente de reacciones con emoticonos de aplausos, corazones y dianas.

“Queremos dejarles una Cartagena mejor a nuestros hijos. Con esa gentuza aquí no se puede vivir. Hay que sacarla. Vienen a formar brigadas militares para, cuando haya que echarnos, nos traten a machetazos. Es su cultura. Son hordas de salvajes”, replica otra usuaria, también con numerosas reacciones de apoyo.

Otro miembro hace referencia a que los chicos del campamento “tienen que delinquir para comer y cubrir su sexualidad con violaciones”. El siguiente, a que “son nómadas y andan sueltos ilegalmente por Cartagena”. Ante la gravedad de tales mensajes, unos pocos de todos los que se vierten a diario en el chat, desde el Ayuntamiento de Cartagena aseguran que “se trata de conversaciones privadas” sobre las que la alcaldesa “no se va a pronunciar”.

Concentración el 30 de mayo

Algunas de las afirmaciones más reiteradas por los miembros del grupo de WhatsApp son también compartidas por Vox, el partido que ostenta la vicepresidencia del Gobierno de la Región de Murcia. ‘No al CETI’ ha convocado una concentración multitudinaria que tendrá lugar la tarde del jueves 30 de mayo en la plaza de España de la ciudad portuaria bajo el lema ‘Defiende Cartagena’. A ella acudirán varios representantes del partido ultraderechista. El cartel está decorado con un casco de soldado espartano, como simbolizando una guerra. Las connotaciones xenófobas rezuman por los cuatro costados.

Los últimos dos miércoles, la plataforma ha organizado mesas informativas en lugares céntricos y concurridos de Cartagena para repartir información y atraer así nuevos simpatizantes de cara a la concentración.

A la primera mesa informativa acudió el vicepresidente regional, José Ángel Antelo (Vox). Allí habló de su postura “en contra de la inmigración ilegal”. La detalló. “Quieren traernos a 10.000 ilegales. Sería un drama. Es normal que los vecinos estén muy preocupados. También por las informaciones que llegan desde el Hospital Naval, las peleas, los incidentes”, explicó el líder ultraderechista, entrelazando, otra vez sin pruebas, inmigración y delincuencia.

Desde Accem desmienten que haya habido incidente alguno desde la apertura del dispositivo humanitario. Pero eso es algo que Paco, Fran, María y Ana (nombres cambiados), cuatro de los vecinos voluntarios que se encargan de organizar las mesas informativas de la plataforma, no se creen.

“A los 90 días, los inmigrantes alojados tienen que salir del centro para que entren otros. Eso supone una situación muy grave para Cartagena, porque no conoces nada de ellos, ni siquiera sus antecedentes”, dice Paco. Fuentes de Accem afirman a este periódico que tres meses “es, de media, el tiempo que tardan las personas en buscar una red familiar o de amistades en España o en otros lugares de Europa”. “En el campamento se les ofrece un refugio para que busquen dónde pueden ir para tener apoyo de su gente, para que completen su proceso migratorio, y se les ayuda a llegar allí”, explican.

“Acabará pasando lo que sucede en Europa”

“Estamos hablando de 10.000 personas al año que pasan por el campamento, con alojamiento y comida, y que luego van a la calle”, subraya Fran, repitiendo los números esgrimidos por Vox. No obstante, las cifras que manejan en Accem sitúan en 2.000 el número de personas que se han alojado en el dispositivo de Cartagena desde que se habilitó. Actualmente, señalan desde la ONG, hay 752 residentes. 

Fran se remite a la imagen que esta situación, bajo su punto de vista, puede dar en la ciudad. “Cartagena es un destino turístico. Imagínate que te bajas de un crucero y la calle Mayor está llena de grupos de inmigrantes sin casa ni alimento. Si ves que hay gente mendigando, trapicheando y delinquiendo, es muy perjudicial”, afirma.

El Ayuntamiento de Cartagena, dentro de su servicio de personas sin hogar y transeúntes, se encarga de hacer un conteo de la gente que se encuentra pidiendo o durmiendo a la intemperie en la ciudad portuaria. Si localizan a una persona que pertenece a alguno de los programas de Accem, el Consistorio les avisa con inmediatez. Desde la ONG no han recibido, hasta el momento, afirman, ningún aviso.

Los cuatro voluntarios de la mesa coinciden en el “miedo” que les supone la convivencia con aquellos que requieren ayuda humanitaria. “Ayer había una chica paseando por Tentegorra –el barrio en el que está ubicado el Hospital Naval–, sola, y detrás había un grupo de 10 ó 12 inmigrantes. Es su cultura, son chicas en edad de casarse, de tener hijos. Es cosa normal para ellos”, explica a este respecto María. “Yo tengo muchos conocidos”, la interrumpe Fran, “que han dejado de ir a esa zona porque les da miedo”. “No estás cómodo cuando ves a 15 o 20 por ahí”, manifiesta.

“Cartagena está en riesgo, y no nos damos cuenta”, expresa Ana. “Aquí acabará pasando lo que sucede en Europa, con todas esas revueltas de inmigrantes”. “Tenemos que luchar toda la ciudadanía de forma general. Pero vivimos en una sociedad muy desinformada y blanda”, concluye Fran, parando a la gente que mira extrañada hacia la mesa, entregándoles octavillas con textos alarmantes que resumen una perspectiva xenófoba y racista que va ganando adeptos.

En palabras de la alcaldesa Arroyo, la “obligación” de la ciudad “es frenar cualquier actuación que pueda derivar en que ese campamento se convierta en algo permanente, en un CETI” –Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes–. Pero desde el Ministerio de Inclusión han confirmado que “no hay absolutamente nada más sobre la mesa a día de hoy”, en relación a ese mantenimiento indefinido del centro en Cartagena que denuncia el Ayuntamiento.

En la reunión con los vecinos el pasado martes, delante también de concejales de PP, Vox y MC, Arroyo se dirigió a los primeros. “Creo que llevan toda la razón. Vamos a emprender con los vecinos, incluyendo la plataforma que se ha creado con este fin, todas las acciones necesarias para que el Gobierno no concentre aquí más recursos. Es insostenible para un municipio como el nuestro”, concluyó.