El Grupo Municipal Socialista ha presentado este martes una campaña con la que recorrerá los 21 distritos de Madrid para exigir al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que “devuelva la pasta” que según afirman debe a los madrileños por la tasa de basuras.

“Almeida te debe pasta de su tasa de residuos ilegal” es el título de la campaña con la que el equipo de Reyes Maroto envía un mensaje al alcalde pidiendo que no recurra la sentencia de anulación de la tasa y que proceda a “la devolución íntegra” del importe cobrado en 2025. La iniciativa, que se desplegará en las próximas semanas mediante mesas informativas en los 21 distritos, tiene como objetivo que concejales y militantes del partido trasladen a la ciudadanía las implicaciones de la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), así como reclamar “una respuesta inmediata” por parte del Ayuntamiento.

La campaña ha sido presentada por la portavoz socialista, Reyes Maroto, y por la portavoz adjunta y responsable de Hacienda, Enma López, en las inmediaciones del mercado municipal de Villaverde. Ambas dirigentes han subrayado “el simbolismo” de elegir este distrito como punto de partida de la campaña dado que es “donde el impacto de la tasa de basuras ha sido más gravoso, a pesar de tener los peores datos de limpieza de la ciudad”.

La portavoz del PSOE en Cibeles ha reiterado en declaraciones a los periodistas que esta tasa fue diseñada por el equipo de Almeida de forma “injusta y desproporcionada”. “Hoy sabemos además que es ilegal”, ha reiterado. En este sentido, ha recordado que el Grupo Socialista ya advirtió desde el primer momento de que se trataba de un gravamen “mal diseñado, sin criterios de equidad y que castigaba a los madrileños y madrileñas”.

“Una chapuza” rodeada de “inseguridad jurídica”

“Por eso le queremos pedir al alcalde de una manera muy clara que, con la misma agilidad con la que cobró la tasa, la devuelva y que los vecinos y vecinas de Madrid recuperen cada euro que han pagado de forma ilegal”, ha insistido Maroto.

Por su parte, la concejala socialista Enma López (portavoz de su partido en la Comisión municipal de Economía, Innovación y Hacienda) ha incidido en la necesidad de corregir de “inmediato” esta situación: “Estamos ante una chapuza más que se suma a una larga lista de decisiones fallidas de este Gobierno municipal, con ordenanzas recurridas (terrazas) y cuestionamiento en los tribunales (Cocheras de Cuatro Caminos)”.

A su juicio, esta coyuntura evidencia “una grave crisis en la gestión de Almeida”. “Sucede una y otra vez y en esta ciudad ya no se sabe qué es legal, qué es ilegal, si hay que pagar la tasa, si no, si te la van a devolver, si no te la van a devolver... Madrid no se puede permitir esta inseguridad jurídica”, ha concluído López.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha desestimado el recurso que presentó la empresa PreZero contra la adjudicación del servicio de limpieza y recogida de basuras de Santander a la UTE Acciona-Oxital.

Tras esta resolución, el Ayuntamiento firmará en los próximos días el contrato para que el nuevo servicio pueda entrar en funcionamiento en un plazo de dos meses, según ha informado en un comunicado.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha destacado que la resolución “avala el procedimiento administrativo realizado por el Ayuntamiento en la tramitación de este expediente”.

El Ayuntamiento de Santoña ha puesto en funcionamiento este lunes el canal de comunicación gratuito Línea Verde para que los ciudadanos puedan informar, a través de una aplicación móvil, incidencias que detecten en el mobiliario urbano.

El Consistorio ha indicado en un comunicado que con esta medida busca dar una respuesta más rápida a las necesidades del municipio.

Para ello, solo será necesario descargar la aplicación de forma gratuita desde cualquier dispositivo móvil y, una vez instalada, el usuario podrá seleccionar el tipo de incidencia que quiere comunicar, hacer una foto y añadir un breve comentario.

Línea Verde detecta de forma automática la ubicación del problema y lo notifica al Ayuntamiento. A partir de ahí, el equipo municipal comienza a trabajar para solucionarlo y mantendrá al ciudadano informado en tiempo real.

La aplicación ofrece a los vecinos la posibilidad de hacer consultas medioambientales que serán respondidas por un equipo de expertos en un plazo máximo de 24 horas.

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la participación activa de los vecinos a través de Línea Verde, ya que supone “una gran oportunidad para colaborar con la mejora y el cuidado de la villa”.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la solicitud presentada por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) y la Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas sobre la incineradora de Las Lomas, en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. La entidad solicita asimismo a la Comisión Europea la apertura de una investigación preliminar.

Así consta en un escrito remitido a la Fravm, según recoge Europa Press, en el que la Comisión de Peticiones señala que la petición ha sido declarada admisible al considerar que el asunto “entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea”. En la carta, el mismo órgano indica que ha solicitado a la Comisión Europea que lleve a cabo “una investigación preliminar sobre este asunto” y que, además, ha trasladado la petición a la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo para su análisis.

El documento recuerda también que la responsabilidad principal de la correcta aplicación del Derecho de la Unión recae en los Estados miembros, y apunta que las cuestiones planteadas en la petición están recogidas en la normativa europea sobre residuos y en las estrategias vinculadas a la economía circular.

“Deficiencias” en la seguridad con impacto en la salud

La solicitud registrada por los colectivos vecinales denuncia el retraso en la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en la incineradora de Valdemingómez, así como diversas “deficiencias” que, según sostienen, pueden afectar a la seguridad de la instalación y tener impacto en la salud de la población y el medio ambiente. En concreto, según apunta la Fravm en un comunicado, el Ayuntamiento de Madrid debería haber implementado hace más de dos años medidas exigidas por la normativa comunitaria, como un sistema de gestión ambiental con un plan de gestión de accidentes o mecanismos de control y comparación de emisiones contaminantes para cumplir el Reglamento de Emisiones Industriales.

Ante esta situación, las asociaciones decidieron elevar el caso a las instituciones europeas, a la espera ahora de que se recabe información al Consistorio madrileño y se avance en el análisis del expediente. La admisión a trámite se produce tras un proceso en el que, según recuerdan los colectivos, los eurodiputados del Partido Popular Europeo votaron en contra de su tramitación en la Comisión de Peticiones.

El PSOE ataca a Almeida ya que Bruselas hace “más caso” a los vecinos

Por su parte, el concejal del Grupo Municipal Socialista Ignacio Benito ha criticado que en Bruselas se haga “más caso” a las denuncias de los vecinos de Vallecas que a su propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Le ha acusado de “mirar hacia otro lado” con la incineradora de Las Lomas, en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. En declaraciones remitidas a la prensa, Benito ha señalado que los vecinos de este distrito llevan “años denunciando” los efectos de esta instalación, entre otros, “malos olores, emisiones y preocupación por la salud”. Especialmente en el Ensanche de Vallecas, donde según ha indicado, “miles de familias” reclaman algo tan “básico” como aire “limpio”.

“Pero lo más llamativo es que esa voz parece escucharse antes, fuera que dentro de Madrid. En Bruselas ya se han abierto investigaciones por las denuncias vecinales, mientras aquí el ayuntamiento sigue mirando hacia otro lado”, ha reiterado. En este sentido, el socialista ha reprochado que Gobierno municipal haya optado por prolongar la actividad de la incineradora hasta el año 2040. A su juicio, esta decisión supone mantener “un modelo contaminante que afecta directamente a estos barrios”.

Además, Benito también ha cargado contra Sanz por asegurar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno las “inversiones millonarias” acometidas a lo largo de los años para seguir mejorando la instalación. “La pregunta es evidente: ¿millones para qué?”, ha planteado, para añadir que, a su juicio, no se han destinado a “reducir residuos, impulsar el reciclaje ni avanzar hacia la economía circular”, sino a “seguir contaminando el aire de los madrileños, especialmente el de los barrios del sureste”. “¿Por qué quienes más sufren la contaminación son siempre los mismos barrios como Vallecas?”, ha zanjado.

El Ayuntamiento recalca que “cumple con la normativa”

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz (también portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias), ha asegurado que Valdemingómez “cumple con la normativa vigente” y está “haciendo las cosas muy bien”. Sanz ha indicado que la petición ha sido admitida a trámite al reunir formalmente las características para ello, pero ha remarcado que Valdemingómez “cumple con toda la normativa vigente, con una autorización ambiental integrada que establece los valores límites de emisión, que está a disposición de cualquier organismo estatal o comunitario que quiera analizar su funcionamiento”.

“Valdemingómez cumple, ha cumplido y seguirá cumpliendo con todos los límites y, por lo tanto, creo que se están haciendo las cosas muy bien en ese sentido”, ha declarado la vicealcaldesa, que ha recodado las “inversiones millonarias” acometidas a lo largo de los años para seguir mejorando con todas las autorizaciones “siempre en vigor”. Razón por la que, entienden desde el Gobierno de Cibeles, no hay “ningún problema”.

Izquierda Unida (IU) de Santander ha valorado de forma positiva la sentencia conocida este miércoles que avala la resolución del contrato de recogida de residuos acordada por el Ayuntamiento frente a la UTE Ascán-Geaser, al considerar que acerca el conflicto a un desenlace que evite un mayor perjuicio económico para la ciudad, y ha insistido en la necesidad de crear una comisión de investigación para “depurar responsabilidades”.

El concejal de la formación, Keruin Martínez, ha manifestado en un comunicado que “como concejal y vecino de Santander, respiro aliviado, porque al fin tenemos una buena noticia sobre el estropicio en el que ha convertido Gema Igual el servicio de 'basuras'”.

Aunque ha recordado que la sentencia no es firme y ha opinado que “previsiblemente habrá recurso por parte de la empresa”, el edil considera que supone un paso importante hacia el cierre de un conflicto que, finalmente, “no suponga seguir tirando a la papelera el dinero de todos los vecinos a causa de su gestión incapaz, oscura y anhedónica de lo público”.

La formación ha precisado que la resolución judicial afecta a una de las dos grandes vías del conflicto, la legalidad de la rescisión del contrato, aunque deja abierto otro frente, el de las deducciones aplicadas en facturas durante 2020 y 2021.

A este respecto, el Ayuntamiento ha acumulado 16 sentencias firmes en contra, confirmadas en diferentes instancias hasta llegar al Tribunal Supremo, con un impacto económico que ronda los 3,2 millones de euros que deberán abonarse a la empresa con cargo a las arcas municipales. “Por desgracia, aunque la justicia avale una rescisión de contrato que llevábamos años pidiendo, eso no borra el dinero que ya se ha perdido por una gestión deficiente”, ha señalado Martínez.

Y es que el edil considera que estas 16 sentencias no se habrían producido si el Ayuntamiento hubiera aplicado un “buen seguimiento y fiscalización” del cumplimiento del contrato.

“La falta de control permitió durante años validar certificaciones y servicios que ya entonces denunciábamos que no se estaban cumpliendo”, ha explicado el edil, que ha señalado directamente a la alcaldesa y su equipo como responsable.

“Cuando no se supervisa correctamente un contrato de esta envergadura, el resultado es el que estamos viendo: deficiencias en la prestación de servicios, pleitos, inseguridad jurídica y millones de euros perdidos”, ha añadido Martínez, quien ha subrayado que el de basuras no es el único contrato que el Ayuntamiento “ha dejado de fiscalizar correctamente”.

Comisión de investigación

En este sentido, el concejal ha insistido en la necesidad de crear una comisión de investigación que permita “analizar con rigor todo el proceso, identificar fallos y depurar responsabilidades”. Se trata de una reclamación sostenida por la oposición durante ésta y la pasada legislatura, que el equipo de Gobierno del PP ha rechazado reiteradamente “por razones absolutamente opacas y que parecen destinadas únicamente a proteger a los principales responsables de que la situación haya derivado hasta este punto”.

“Si de verdad queremos cerrar esta etapa con garantías y recuperar la confianza de la ciudadanía, hace falta luz y taquígrafos. No basta con una sentencia favorable: hay que explicar cómo se llegó hasta aquí y qué se va a hacer para que no vuelva a ocurrir con el siguiente contrato, que todavía no está en vigor pese a cuatro años de contrato de emergencia, que aseguraron que apenas iba a durar unos meses”, ha insistido el concejal.

Por último, y en referencia al nuevo contrato, el edil ha apuntado que el nuevo pliego “solamente prevé dos auditorías en diez años”, lo que en base de la experiencia con Ascán, “nos parece muy poco”.

En este sentido, ha defendido la necesidad de hacer un seguimiento “más exhaustivo, que garantice no solamente la buena prestación del servicio, sino que se hace de la forma más correcta y adecuada para que sea eficiente, y no acabe repercutiendo económicamente en el bolsillo de todos y cada uno de los santanderinos”, ha concluido.

El Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad en el Pleno de este lunes una moción que insta al Gobierno regional (PP) a estudiar una bonificación fiscal o una deducción en el IRPF por compromiso medioambiental y reciclaje para compensar la subida de la tasa de basuras que implica la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

La bonificación sería de un máximo de 100 euros por contribuyente y para quienes acrediten ese compromiso medioambiental, en consonancia con el sentido de esta ley que se basa en que “quien más recicla, menos paga”.

Así lo recoge esta moción que partía del PRC y que ha salido adelante con una enmienda de modificación del PP. La original pedía articular deducciones “de manera inmediata” y la finalmente aprobada tras el cambio introducido recoge que se “estudie de manera inmediata el cauce legal para articular” las bonificaciones.

Además, insta al Ejecutivo a firmar convenios con los ayuntamientos, la Federación de Municipios, MARE o asociaciones o implicadas para facilitar la realización de actuaciones medioambientales o de reciclaje que puedan ser acreditadas con el fin de justificar el compromiso ambiental que dé lugar a las compensaciones.

La Asociación de Afectados por el Proyecto de Instalación de un Cantón y una Base del Selur en Montecarmelo ha presentado ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid un recurso contra el decreto municipal aprobado el pasado 3 de junio, por el que el Ayuntamiento de Madrid dio luz verde al proyecto técnico para construir un cantón de limpieza junto a varios centros educativos del barrio situado en el norte de Madrid. En el escrito, según recoge Europa Press, la agrupación reclama que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida aporte el expediente administrativo completo, incluyendo el proyecto técnico íntegro y todas las memorias justificativas del cambio de parcela, para poder formular demanda en plazo.

La lucha vecinal contra el cantón lleva más de dos años marcada por la preocupación por su ubicación junto a varios centros educativos y zonas residenciales. Desde que el Ayuntamiento decidió cambiar la parcela inicialmente prevista por otra situada en plena zona escolar, asociaciones de vecinos, AMPAS y el Colegio Alemán han impulsado movilizaciones, campañas informativas e incluso acciones judiciales para frenar este proyecto. Detrás de la asociación que interpone la demanda está la Plataforma de Afectados por el Cantón de Montecarmelo, quien impugna el decreto al carecer de “sustento legal, jurídico y urbanístico, y conllevar unos más que evidentes riesgos para la salud y la integridad de los vecinos y para la calidad del Medio Ambiente de Montecarmelo”.

El colectivo considera que el Consistorio está intentando reactivar un proyecto anulado judicialmente después de que una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 declarara la nulidad de pleno derecho de los decretos que modificaron la ubicación original del cantón, al no haberse sometido a evaluación ambiental el cambio de parcela previsto en el contrato de limpieza adjudicado a Urbaser.

Los vecinos sostienen que el Ejecutivo municipal está actuando mediante “hechos consumados”, al impulsar un nuevo proyecto sin esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelva la apelación interpuesta por el Consistorio contra la sentencia que anuló el cambio de ubicación. Entienden que el plan carece de “fundamentación jurídica y urbanística” y debe ser declarado nulo.

La parcela seleccionada, la 26.2.b del ámbito Montecarmelo, se encuentra a escasos metros del Colegio Alemán, la guardería pública Sol Solito, el Colegio Santa María la Blanca y otros centros educativos que suman más de 4.300 menores, según detalla la Asociación. El escrito judicial advierte de que el proyecto incluye instalaciones de gestión y almacenamiento de residuos -algunos peligrosos-, talleres, aparcamientos de vehículos pesados y repostaje de GNC, lo que a su juicio resulta “incompatible” con un entorno estrictamente escolar y residencial

El conflicto se agravó en abril de 2025, cuando, según el escrito, el Ayuntamiento procedió a la tala de árboles en la parcela a pesar de que el procedimiento judicial previo estaba “visto para sentencia”, provocando indignación vecinal. Además, asociaciones de madres y padres y el propio Colegio Alemán se han mostrado en contra del proyecto y han protagonizado iniciativas públicas denunciando riesgos para la seguridad vial, especialmente tras varios atropellos recientes protagonizados por vehículos de limpieza en Madrid. El documento solicita la admisión a trámite y reclama que el Ayuntamiento aporte el expediente administrativo completo, incluyendo el proyecto técnico íntegro y todas las memorias justificativas del cambio de parcela, para poder formular demanda en plazo.

El pasado jueves, el alcalde de Madrid manifestó que la intención es “llegar a un acuerdo lo antes posible” en torno al cantón de Montecarmelo, que no será más que “un lugar donde los trabajadores puedan cambiarse”. “Creo que este tema ya ha durado demasiado tiempo y que ha habido demasiadas intoxicaciones. Ha quedado más que demostrado que no va a ser un megacantón, ni va a haber una instalación de gestión de residuos”, aseguró Almeida. Así, el regidor insistió en que lo que pretenden es “un lugar donde los trabajadores puedan cambiarse, que puedan tener mejores instalaciones y depositar allí sus utensilios de trabajo”.

Actuaciones “motu proprio y de manera inexplicable, pues no disponían de instrucción alguna emitida por la empresa”. De esta forma arremetía la notificación de sanción de la compañía Urbaser que recibieron dos empleados, a los que la empresa responsabiliza de vertidos ilegales de aguas negras en el cantón de limpieza de Las Tablas, una actuación denunciada hace meses por Ecologistas en Acción después de que quedara captada en un vídeo. Trabajadores de la entidad insistieron en que “era una orden” y ahora este periódico ha tenido acceso a mensajes que prueban cómo el método irregular era conocido y aprobado por cargos superiores.

Así queda reflejado en conversaciones telefónicas entre el delegado de Urbaser David Lao y una capataz, a la cual la compañía ha abierto otro expediente sancionador con amenaza de despido o suspensión de empleo y sueldo entre 12 y 60 días. En los mensajes, anteriores a la trascendencia mediática del caso, la operaria trasladaba puntualmente al cargo de Urbaser las diferentes actuaciones que se llevan a cabo en dos cantones, con imágenes de las prácticas acometidas en las que se dan cuenta de las aguas negras vertidas. “Limpia la arqueta de Quintanapalla [calle donde se ubica el cantón de Las Tablas]. Luego vemos cómo”, ordena Lao a esta trabajadora, que en la actualidad se encuentra de baja.

La capataz respondió a Lao preguntando por si lo que quería que sanearan era “el pocillo”, nombre coloquial con el que la plantilla se refiere a las arquetas que se abrieron para llevar a cabo esta limpieza irregular. La capataz envía varias fotos al delegado de Urbaser y explica que “se han limpiado las rejillas de Quintanapalla” o que “el martes se hizo Isla de Arosa [otro cantón del distrito de Fuencarral-El Pardo]”.

“Llevamos así más de año y medio, dos veces a la semana. Hemos vertido unos 150 litros de aceite hidráulico al alcantarillado público”, denunciaba un trabajador del servicio municipal de recogida de residuos de Madrid sobre la dinámica en el cantón de limpieza del Ayuntamiento en Las Tablas, al norte de la capital.

Impacto al río Jarama después de “directrices de mandos superiores”

Ecologistas en Acción alertaba en un comunicado de “un impacto al medio ambiente y a la salud de los trabajadores que requiere una intervención urgente por parte de Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Madrid, ya que afecta a sus instalaciones”. Y añaden: “La carga contaminante estará llegando a la estación regeneradora de aguas residuales de Valdebebas, alterando su normal funcionamiento e incrementando el riesgo de contaminación directa del río Jarama. Especialmente si existen tormentas con intensa precipitación en poco tiempo y el agua del alcantarillado no puede ser retenida por los tanques de tormenta y se vierte directamente al río. Se trata de un delito ambiental que afecta directamente el adecuado funcionamiento del alcantarillado y depuración del Canal de Isabel II y el Ayuntamiento”.

El conflicto medioambiental derivó en poco tiempo en un choque laboral. Los dos empleados retratados ejecutando estas tareas irregulares recibieron el pasado 28 de julio sendas notificaciones de sanción por parte de Urbaser, a la que luego se unió la enviada a la capataz. Sin embargo, diversas fuentes de la plantilla consultadas por Somos Madrid aseguran que estas actuaciones han sido “repetidas en el tiempo” y que seguían “las directrices de mandos superiores”.

“Si no cumplíamos con lo que el jefe nos mandaba, nos conllevaba una sanción”, aseguraba un miembro del personal. Explicaba que recibían las directrices de mandos intermedios, de su capataz, pero que estas “vienen siempre a su vez del jefe de servicio”. En caso de no seguir estas indicaciones, los trabajadores temporales se exponían a “la no ampliación de sus contratos como forma de castigo”. La plantilla fija también podía sufrir represalias: “Si ibas al médico no valía un justificante. Te exigen un certificado que demuestre que la prueba tenía que ser necesariamente en el horario de tu turno. Te retienen la cantidad correspondiente a esas horas hasta que les llevas a juicio, y no es hasta ese momento que te lo devuelven para evitarse el proceso”.

La notificación de sanción laboral de Urbaser, a la que tuvo acceso este medio, habla por contra de actuaciones sin “instrucción alguna emitida por la empresa”: “Usted empezó a recoger parte del líquido que se encuentra en un cubo con otro de menores dimensiones y una cuerda, siendo posteriormente basculado en el interior del cubo que previamente había trasladado hasta las inmediaciones del separador de hidrocarburos [...] Arrojaron el líquido hacia una alcantarilla situada a la entrada del cantón”. Una intervención que, admite la propia empresa, supone “transgredir una prohibición expresa” y “daña la imagen de la compañía”.

Las cartas dirigidas a los dos empleados y a la capataz finalizan con las propuestas de sanción: “Los hechos son susceptibles de ser tipificados como falta muy grave, siendo sancionables con la suspensión de empleo y sueldo o el despido, tal y como se recoge en el artículo 56.3 del Convenio colectivo general del sector”. Las fuentes laborales explican que sus compañeros siguen meses después a la espera de una respuesta por escrito sobre el estado y el alcance concreto de la multa: “Pero tienen claro que no se van a comer ni un día de castigo, van a defenderse. Seguramente en el juicio ni se presentará Urbaser, sobre todo cuando vea que existen más vídeos. Pero aunque se retracten, piensan llevar a la empresa a los tribunales. Y el malestar ya está en toda la plantilla”.

Una investigación interna ante el silencio del Ayuntamiento y las críticas de sindicatos o ecologistas

Este diario ha contactado en reiteradas ocasiones al área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid para conocer su postura acerca de los vertidos, el resto de actuaciones que denuncian los operarios y la posible intervención ante ellas, así como si estas dinámicas pueden suponer un incumplimiento del acuerdo contractual con Urbaser. Por el momento, la concejalía que lidera Borja Carabante no da respuesta a las preguntas trasladadas.

Desde Urbaser declararon por su parte el pasado agosto que “actualmente la investigación interna sigue en curso y, por ende, aún no se han adoptado medidas de índole laboral, aunque sí se han adoptado otras de refuerzo de control y supervisión de las operaciones”. Esta vez, la compañía prefiere no hacer declaraciones públicas por el momento ante las cuestiones dirigidas a ella, después de las revelaciones sobre el papel de David Lao en los vertidos irregulares.

“No hay ninguna evidencia para atribuir la responsabilidad de este incidente a estos trabajadores en concreto”, recogía la alegación a la sanción laboral de Urbaser que presentó el sindicato UGT (al que está afiliado uno de los afectados). El escrito profundiza en estas críticas: “¿Cómo es posible que sucedan hechos como los descritos en su relato en un cantón donde continuamente están entrando y saliendo trabajadores, incluidos mandos intermedios, y nadie se percate de lo que hacen dos trabajadores abriendo una arqueta que nadie debía abrir según su versión?”.

A estos reproches se ha sumado el sindicato de Comisiones de Bases, co.bas, en una misiva dirigida a Borja Carabante. Recuerdan al concejal “las denuncias de Ecologistas en Acción contra Urbaser por vertidos ilegales al alcantarillado y por acumular residuos de barredoras en el cantón de Isla de Arosa, hechos que demuestran una falta total de control y supervisión municipal”. Hablan de una “grave y mala gestión del servicio de limpieza viaria en el distrito de Fuencarral-El Pardo, gestionado por Urbaser”.

“Se constata una falta de vehículos operativos, escasez de barrenderos en las calles y una planificación deficiente, lo que provoca amplias zonas sin atender. Este verano, por primera vez en muchos años, no se ha activado el retén de conductores, por lo que no se cubrieron las vacaciones ni las bajas, dejando numerosos vehículos inmovilizados y reduciendo drásticamente el servicio”, indican en un escrito que recoge otra serie de críticas a la compañía adjudicataria de dos lotes de limpieza licitados por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

“Cabe recordar que con la anterior adjudicataria, Valoriza, la organización y planificación eran más eficientes, a pesar de contar con menos medios, lo que evidencia que el problema actual es de mala gestión. Además, el temor de los vecinos de Montecarmelo ante la posible gestión del futuro cantón por parte de Urbaser tiene fundamento, dados los antecedentes recientes en el distrito”, apuntan desde co.bas. La empresa tendrá la compleja tarea de administrar el mencionado cantón, uno de los que ha despertado más contestación vecinal debido a talas y trasplantes infructuosos de árboles ya ejecutados o molestias de salubridad, ruidos, movilidad y seguridad que anticipan residentes del entorno.

Urbaser asumió el lote de los servicios de limpieza y recogida de residuos correspondientes a Fuencarral-El Pardo en 2021. La compañía, que antiguamente pertenecía a ACS y en la actualidad está en manos del fondo estadounidense Platinum Equity, se hizo con dos de los seis contratos concedidos: el número 3 (que además de Fuencarral-El Pardo incluye los distritos de Moncloa-Aravaca y Latina) por 269,8 millones de euros y el 5 (Puente de Vallecas, Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro) por 233,5 millones.

La relación contractual que se ha mantenido después de que la multinacional apartase a su número tres y al máximo responsable de Sertego (su filial de gestión de residuos) después de reconocer esta empresa su responsabilidad en una trama de fraude. Mezclaban aceite reciclado con gasoil para venderlo en estaciones de servicio, con un perjuicio para la Hacienda pública de 4,2 millones de euros. Urbaser enmarcó los cambios en “un proceso de reorganización”.

El último revés de la compañía llegó a finales de agosto, cuando trascendió que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid anuló la adjudicación de 1.091 millones de euros en un contrato de limpieza impulsado por la 42 localidades que conforman la Mancomunidad de Municipios del Noroeste por “falta de motivación”. Tumbó la concesión una modificación presentada por la empresa sobre su propuesta inicial, ante la cual la mesa de contratación debía decidir si se trataba de una mejora o un cambio sustancial en los pliegos. Cada una supone implicaciones propias y un tratamiento distinto en el proceso. “En el expediente existe una ausencia de justificación técnica en las puntuaciones dadas, que supera el límite de la discrecionalidad técnica”, subraya la resolución.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante la Comisión Europea que la tasa de basuras aplicada por distintos ayuntamientos, entre los que se encuentran los de Guadalajara y Ciudad Real, pudiera incumplir la directiva europea en materia de residuos.

En un comunicado, desde OCU recuerdan que la normativa vigente de la Unión Europea sobre los residuos establece el principio de “quien contamina paga”, que debe incentivar la gestión de cualquier tipo de residuos. En España la transposición de la directiva establecía la obligación para los municipios de más de 5.000 habitantes de establecer una tasa de gestión de los residuos que reflejara el coste real de la gestión aplicando el citado principio.

A pesar de esta obligación, la aplicación de la citada tasa no se ha hecho de forma correcta. Los estudios de OCU ponen de manifiesto que algunos ayuntamientos como los de Badajoz, Ciudad Real, Guadalajara, Huelva, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Murcia, Orense, Oviedo, Palma de Mallorca, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Teruel y Zamora aplican una tarifa fija a todos los contribuyentes, de manera que no refleja el coste real del servicio ni aplica el principio del que contamina paga.

En su denuncia a la Comisión Europea, OCU pide que se evalúe si la transposición realizada por los municipios de España se ajusta al contenido y al espíritu de la Directiva mencionada y que en caso de detectar incumplimiento, se insta a iniciar el procedimiento correspondiente de entre los contemplados en la legislación europea para dar cumplimiento a la directiva de residuos.

Puertollano tiene previsto subir el recibo esta semana

Precisamente el Ayuntamiento de Puertollano tiene previsto aprobar, previsiblemente en el pleno de este jueves, una importante subida de la tasa por recogida domiciliaria de basura que será efectiva a partir del 1 de enero de 2026, aduciendo cumplir la Directiva Marco de Residuos de la Unión Europea y de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

El cambio que más impacto tendrá para la ciudadanía será el establecimiento de una tarifa para viviendas de 18,59 euros al trimestre, en contraste con la cuota de servicio establecida actualmente, que asciende a 8,33 euros más IVA, lo que supone un 123% más, según recoge Europa Press.

En rueda de prensa, el alcalde, Miguel Ángel Ruiz, ha subrayado que este incremento del recibo, que se aplica “a su pesar”, porque la Ley no deja margen para mecanismos compensatorios, será amortiguado con la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de un 6,22%, unos 25 euros por recibo, que también se pretende aprobar en este pleno, y una rebaja en la tarifa del agua que podría beneficiar al 50% de los ciudadanos, al modificar el primer tramo de consumo, de cero a 15 metros cúbicos.

Respecto a la modificación de la ordenanza fiscal de recogida de basuras, el Consistorio basa esta iniciativa en la obligatoriedad de cumplir la legislación comunitaria y española, que establece la necesidad de que las entidades locales fijen una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación de residuos. Así, el objetivo es modificar la tasa para que se gestionen los residuos sólidos urbanos y reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de los residuos en la salud humana y el medio ambiente.

La modificación del recibo de basuras en Puertollano prevé una tasa trimestral de 18,59 euros para viviendas, locales comerciales e industriales, almacenes, estacionamientos, pequeños talleres, oficinas de profesionales y comunidades de cocheras.

Bares, cafeterías y similares deberían afrontar una tasa de 55,20 euros. Hoteles, restaurantes, hospitales y tanatorios, deberán responder con una tarifa de 110,38 euros, mientras que hipermercados, grandes almacenes y cadenas de alimentación tendrán asignada una tasa de 665,30 euros.

Además, se establecen nuevas tasas trimestrales para autoservicios (55,20 euros), cines, teatros, discotecas, salas de bingo y similares (55,20 euros), oficinas bancarias (160 euros) y grandes talleres y naves industriales (55,20 euros).

Las viviendas que se encuentren deshabitadas con carácter permanente, los locales comerciales en los que no se ejerza actividad y las cocheras individuales, a petición de su titular, tendrán derecho a una reducción del 50% sobre la cuota tributaria.

La nueva normativa también prevé el establecimiento de bonificaciones, con el objetivo de alcanzar un reciclado del 55% sobre 482 kilos estimados por persona al año de residuos de naturaleza urbana.

Así, están previstas bonificaciones por depósitos en el Punto Limpio por cada titular de domicilio fiscal con bonificaciones que, en función de los kilos depositados, oscilarán entre los 5 y los 20 euros por recibo.

“No te das cuenta, pero al igual que el resto de los 3,4 millones de habitantes que tiene la ciudad de Madrid, tiendes a acumular”. Con esta frase se presenta una exposición que propone replantear la relación con los objetos (y los archivos digitales) de nuestro entorno. Un vínculo material, pero también personal, en el que el apego puede confundirse con el consumo desaforado.

Distrito Diógenes llega del 25 al 28 de septiembre a la sala El Umbral de Primavera, en la calle Primavera de Lavapiés, con activaciones abiertas a la participación del público los días 25 y 26 (previa inscripción a través del formulario de este enlace). Lo hace de la mano de la 12ª muestra de creación escénica Surge Madrid. Sus responsables, Pablo Villa Sánchez y Pablo Alamá (de la Compañía CRÁTER), ponen una pregunta sobre la mesa: ¿Cuánto podemos llegar a acumular, no solo en el mundo físico, sino también en el digital?

La muestra se presenta como “una pieza insostenible por la sostenibilidad”. En ella, enseres de todo pelaje son depositados por los participantes junto a unas descripciones de su origen o su pasado. De esta forma, el espectador podrá atender a tres dispositivos: una instalación interactiva, donde el público es invitado a desprenderse de un objeto que haya traído a propósito de la pieza (el cual pasará a formar parte de la instalación para ser expuesto) así como contar brevemente su historia en una tarjeta; una subasta gratuita en la que los asistentes podrán pujar por lotes formados por esos objetos, siendo el postor ganador quien mejores argumentos brinde para adquirirlo, y un recorrido itinerante que discurrirá por calles y comercios emblemáticos del barrio de Lavapiés.

Distrito Diógenes aterriza en un contexto social y político en el que, según sus dos creadores, “buscamos la manera de alargar la vida de los objetos que tenemos o de darles una segunda vida a aquellos que ya no queremos, pero que siguen siendo útiles”. Muestra de ello es el anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible anunciado el pasado julno por el Gobierno central, en el que se menciona el derecho a reparar para acabar con la obsolescencia programada.

“La idea nace pensando en personas con el Síndrome de Diógenes no como afectadas por un trastorno, sino que sufren una enfermedad fruto del mundo en el que vivimos”, explica Pablo Alamá en conversación con Somos Lavapiés. Después de explorarla desde un enfoque más teatral en un proyecto anterior, Vacío, ahora se lanzan con una concepción expositiva a la par que interactiva. “El mundo nos empuja a poseer por encima de nuestras posibilidades y las del planeta. Cuesta desprenderse de las cosas y eso afecta de forma individual, pero también de manera colectiva”, añade su cocreador.

Todo ello les llevó a plantearse “cómo vivimos, sobre todo en las ciudades: qué es basura y qué no, qué tiene valor y qué no”. De ahí el sentido de que la propia exposición “se nutra de los objetos que trae la gente”, hasta el punto de que “si sigue creciendo en algún momento no habrá espacio para albergarla, un poco lo que pasa en el mundo”. Distrito Diógenes comenzó a forjarse con bienes entregados por los propios integrantes de la Compañía CRÁTER y luego fue creciendo con otros depositados en las primeras pruebas del proyecto. Ahora se enfrenta a su primera apertura a la ciudadanía.

Según Pablo Villa Sánchez, lo paradójico es que despedirte de una propiedad puede implicar valorarla por primera vez en mucho tiempo: “Contar la historia de un objeto al desprenderte de él revela los motivos por los que lo estabas conservando. Es la propia narrativa del objeto, más allá de su utilidad práctica, lo que nos lleva a acumular. Pienso por ejemplo en el ticket del Metro que cogimos en un día muy especial. En las tarjetas que acompañan a los enseres hay patrones que dibujan las razones por las que acumulamos. Hay algo bonito en que les demos valor, pero a la vez también encarna que convertimos nuestra casa en una acumulación continua”.

“De las historias nos sorprenden tanto las repeticiones o los puntos en común (por ejemplo la nostalgia) como las variantes, los relatos completamente diferentes que aparecen. Por eso es importante contar con gentes de todas las edades, de niños a personas ancianas. Es un rango muy grande de tanto de historias como de objetos desprendidos, desde algo que acabas de encontrar en la cartera hasta un elemento que has tenido por casa desde hace 30 años. Es bastante curioso, yo creo que si lo hacemos 100 veces va a a seguir sorprendiéndonos”, asegura el cocreador de la instalación.

Porque muchas veces ese valor reside más en las narrativas que en lo físico, de ahí la idea de organizar pujas dialécticas: “Diseñamos las subastas para que los objetos circulen, pero tenían que ser sin dinero. Hay que pujar con argumentos, de manera democrática, para ver qué ocurre si en lugar de valor económico le damos un valor sentimental a las cosas”, describe Alamá.

Cuestionar ese componente pecuario de todo objeto explica también otra actividad programada para el día 25, cuando los participantes visitarán el icónico establecimiento de la Asociación Traperos de Emaus (en el número 8 de la calle de San Cayetano). “Se dedican a recoger de las casas objetos que sus habitantes ya no quieren. Lo que pueden vender lo llevan a su tienda, sino lo trasladan a un punto limpio. Nos sirve para reflexionar sobre la acumulación en la ciudad, porque al llegar a su sede ves y sientes esa acumulación encapsulada en un único lugar. Además, nos interesaba mucho que el precio de las cosas sea en parte arbitrario. Le preguntas al dependiente cuánto vale una vajilla y te dice una cifra en función de cómo le hayas caído o de lo bien que se te dé regatear”.

Dice Alamá que precisamente les interesaba llevar su idea Lavapiés por estar cerca de El Rastro, donde se concentran “antigüedades que nunca sabes cómo han llegado ahí”. Pero además, el conjunto del barrio es una zona que “los fines de semana se llena de gente, que es céntrica pero todavía barrial, por mucho que sufra la gentrifiación”. “Se mezclan muchos temas que nos llevaban a pensar en acumulación (objetos, turistas, bares...), aunque al mismo tiempo nos planteamos llevarnos a otros barrios y ciudades. Ver qué pasa, por ejemplo, si lo hacemos en la España vaciada”, apostilla.

El viernes 26, los participantes continúan su particular exploración: se dedicarán a “rescatar objetos de la basura que alguien ha creído que no valían, pero que para otra persona pueden servir”. Esos objetos se colocarán sobre un plano 2x2 del municipio de Madrid, dividido por distritos, para ver cómo queda la ciudad si todos los objetos se sitúan sobre plano encima de ella. “La idea es pensar cuántos objetos puede haber en Madrid por metro cuadrado y cuáles serían: un coche, una cartera, una maleta... Que todo eso quepa en un solo metro cuadrado a priori es imposible, pero es lo que pasa en la ciudad con tanto nivel de acumulación”.

¿Y dónde queda en todo eso ese aspecto de sobreposesión digital que también pretende cuestionar Distrito Diógenes? Alamá apunta que les preocupa igualmente “qué pasa con todas las fotos que almacenamos, los mails que enviamos o las newsletters a las que nos suscribimos, todo eso también afecta al planeta”. Una forma de escenificarlo será el traslado a la tienda de la Asociación Traperos de Emaus, que se completará siguiendo las indicaciones de un audio y sin recurrir a Google Maps. Una forma de recuperar la orientación, un paseo por la ciudad en el que reparamos en ella y nos preocupamos por su estado.

“Lo digital aparece menos en la exposición en sí, pero tiene peso en la parte itinerante”, resume Pablo Villa Sánchez. Recalca asimismo el volcado de lo que suceda a un Instagram específico del proyecto (todavía no habilitado), que funcionará “a modo de anexo”. “Durante la pieza, se insta al público a que saque fotos o vídeos (la base de la acumulación digital) y nos etiquete para acumular puntos de vista que las actividades han ido generando”, cuenta.

Porque la acumulación digital, y sus efectos contaminantes o en la promoción de la escasez de recursos, son igual de reales aunque pasen desapercibidos: “No reparas en que en tu portátil o tu móvil también hay acumulación hasta que te peta el disco duro o te quedas sin espacio”, opina Villa Sánchez. Aunque estos archivos, en cambio, no pueden despositarse en una de las tiendas con más solera de Lavapiés.

La manifestación en defensa del pueblo palestino y contra el genocidio promovido por el Gobierno de Netanyahu no fue la única que tuvo lugar el pasado domingo en el recorrido de La Vuelta Ciclista por Madrid. El barrio de Montecarmelo, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, volvió a escenificar su oposición a un polémico cantón de limpieza que el Ayuntamiento liderado por José Luis Martínez-Almeida planea colocar en esta zona al norte de la capital. Aunque la protesta principal tuvo lugar durante la mañana, horas más tarde decenas de personas mostraron su rechazo a la instalación de residuos al paso de la cita deportiva.

Convocada por la Plataforma No al Cantón de Montecarmelo y la Asociación Vecinal de Montecarmelo, la concentración de la mañana (a la que según la organización han acudido unas 8.000 personas) se produce ya que según estas entidades tanto el alcalde como su concejal del área de Medio Ambiente, Borja Carabante, “torean a la Justicia”. Así lo exponen en un comunicado: “Han comenzado las obras con una sentencia en contra sin esperar a que se resuelva el recurso del Ayuntamiento y en paralelo firmaron un decretazo que daba luz verde a un calco del cantón industrial declarado ilegal por el juez”.

Se refieren con ello a la sentencia del pasaso abril, en la que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº9 de Madrid declaró nula la ubicación del cantón, cerca del Colegio Alemán (un centro al que acuden diariamente cientos de menores), por falta de evaluación ambiental. La resolución anulaba pleno derecho las resoluciones municipales, al considerar que carecían del preceptivo informe de evaluación ambiental, obligatorio según la legislación vigente. El juzgado impuso asimismo costas procesales al Consistorio.

Pero a finales de agosto una empresa empezó a vallar la parcela que albergará el futuro recinto, incluso una superficie mayor: 12.000 metros cuadrados por 10.000 del terreno. Ello despertó la indignación de las entidades vecinales: “Es una instalación con uso industrial y, por tanto, necesita un informe de impacto ambiental que no tiene ni puede presentar ya. Además, Carabante firmó el 3 de junio un decreto que daba luz verde a un proyecto para el cantón, calco del anulado por la Justicia. En él se afirma explícitamente lo que tanto Carabante como nuestro alcalde niegan ante los micrófonos y las cámaras: es un cantón con uso industrial”. Desde la Plataforma No Al Cantón recuerdan que el cartel de aquel vallado indicaba que se trataba de una “obra” para “un cantón de limpiaza varia, no de proximidad”. “No se trata de unos simples vestuarios”, apostillan.

Desde el Gobierno municipal remarcaron que estas actuaciones “no implicaban el inicio de obras” y que esta zona es “una parcela de patrimonio municipal del suelo que no forma parte de la zona verde”. En la misma línea se ha pronunciado ante los medios este lunes el propio José Luis Martínez-Almeida: “No va a ser un tráfico continuo de vehículos, no va a ser un megacantón. Es compatible garantizar el bienestar con que los trabajadores de la limpieza mejoren sus condiciones”. El regidor considera además que “no hay quejas vecinales prácticamente”.

Una visión que no comparten ni la mayoría de residentes del entorno ni la oposición municipal. A la protesta acudió la concejala socialista en Cibeles Meritxell Tizón, secretaria general del PSOE en Fuencarral-El Pardo. La edil afeó al Ejecutivo de Almeida, según recoge Europa Press, que “no haga caso” a las reivindicaciones vecinales: “Estamos hablando de una instalación industrial en pleno corazón de un barrio. Lo que pedimos al alcalde es que escuche a los vecinos y adopte soluciones para mejorar su calidad de vida y no provocarles un perjuicio”. Ha insistido en que “hay alternativas” para ubicar esta instalación en un distrito “muy grande”. “No olvidemos que son dos cantones, uno de ellos industrial. En este caso la parcela que se ha decidido está al lado de varios centros educativos y también muy cerca de las viviendas”, ha zanjado Tizón.

La marcha del domingo es una nueva muestra de la piedra en el zapato que los cantones de limpieza están suponiendo para Almeida. La pasada semana, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no recurrida por el Ayuntamiento tumbó varios cambios que el área de Urbanismo introdujo en las nuevas Normas Urbanísticas aprobadas en el año 2023 y que afectan al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM). El fallo judicial elimina la nueva redacción del artículo 7.8.4.3 sobre los posibles usos de los terrenos calificados como zonas verdes en la ciudad. En concreto, suprime la posibilidad de construir en ellos “servicios públicos en su categoría de mantenimiento y limpieza de la ciudad de nivel básico”, es decir, estos cantones donde se almacena maquinaria o útiles para recoger la basura de las calles.

Revés jurídico al mayor contrato de basuras de España, con una cuantía superior a los 1.000 millones de euros. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACP) ha tumbado la adjudicación que la compañía Urbaser recibió para gestionar los residuos urbanos en 42 municipios del noroeste de Madrid. El organismo argumenta que el resultado de la convocatoria no quedó debidamente justificado.

Las localidades que conforman la Mancomunidad de Municipios del Noroeste emprendieron una concesión valorada en 1.091 millones de euros donde se incluye la construcción y explotación de una polémica planta de tratamiento de residuos en Colmenar Viejo, un núcleo urbano en el que se suceden los conflictos medioambientales y cuyo alcalde preside la Mancomunidad. El contrato acarrea también la explotación del conjunto de infraestructuras de tratamiento de residuos de la zona, con un período de concesión de 20 años.

Ahora la anulación (aprobada en febrero pero publicada este agosto en el portal de contratación) responde a dos recursos presentados por las empresas rivales que no ganaron el concurso: Valoriza (compañía que el fondo Morgan Stanley compró a Sacyr en 2023) y un consorcio entre FCC y Acciona.

La sentencia del TACP expone que concurrió una “falta de motivación” en la admisión y valoración por parte de la administración de una mejora introducida por Urbaser en su oferta. Es decir, la cuestión que ha llevado a tumbar la adjudicación ha sido una modificación presentada por Urbaser sobre su propuesta inicial ante la cual la mesa de contratación debía decidir si se trataba de una mejora o un cambio sustancial en los pliegos. Cada una supone unas implicaciones propias y un tratamiento distinto en el proceso.

“Lo que no es admisible es que se admita como mejora y no se motive cómo se ha valorado la misma en relación a la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor, que es donde se incluyó aquélla”, recoge la sentencia. Y añade el escrito: “Podemos concluir que en el presente expediente existe una ausencia de justificación técnica en las puntuaciones dadas, que supera el límite de la discrecionalidad técnica”.

Golpe en un momento convulso para Urbaser

Urbaser es una compañía gestionada por el fondo estadounidense Platinum Equity, aunque antes estuvo vinculada a ACS. Obtuvo una puntuación total de 99,87 puntos, seguida de FCC-Acciona (98,68 puntos), Valoriza (92,27) y Espina-Setec (86,09). Todo ello en un proceso en el que la Mancomunidad de Municipios echa mano de los fondes europeos Next Generation, que deben invertirse antes de junio de 2026.

La decisión judicial llega en un momento crítico para Urbaser. Platinum lleva desde finales del pasado año tratando de vender esta filial, según detalla Cinco Días. Una operación que valoraban en unos 5.000 millones de euros, cuantía comprometida en gran parte por esta importante adjudicación en la Comunidad de Madrid ahora en entredicho.

Además, Urbaser se ha visto envuelta en la controversia estas últimas semanas, después de que dos empleados recibieran amenazas de despidos por ejecutar un vertido ilegal de aguas negras en un cantón de limpieza del distrito de Fuencarral-El Pardo (en Madrid capital). Fuentes de la plantilla afirmaron en conversación con Somos Madrid que los empleados “seguían directrices” de estamentos superiores de la compañía.

La empresa es también la gran beneficiada por las adjudicaciones de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, donde asumió el lote de los servicios de recogida de basuras correspondientes a Fuencarral-El Pardo en 2021. La compañía se hizo con dos de los seis contratos en liza: el 3 (además de Fuencarral-El Pardo incluye los distritos de Moncloa-Aravaca y Latina) por 269,8 millones de euros y el 5 (Puente de Vallecas, Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro) por 233,5 millones. Más de 500 millones de euros que, aun así, no tapan el impacto que la sentencia del TACP puede generar en la entidad.

El Ayuntamiento de Madrid empezará a girar los recibos de la tasa de basuras en el mes de septiembre, según ha confirmado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo. “Se recibirán en septiembre los recibos con el importe de cada uno y a partir de ahí se empezarán a hacer efectivos los cobros”, ha concretado la concejala durante su visita a la Oficina Municipal de Objetos Perdidos en unas declaraciones que recoge Europa Press.

La tasa media está en torno a los 140 euros anuales por vivienda. Sin embargo, algunos barrios llegarán a pagar unos 574 euros de media, como en Aravaca, lejos de los 47 de Villaverde, por ejemplo. El criterio para calcular la cuota de la tasa se ha construido mediante la suma de una tarifa básica, que pagarán todos los inmuebles por la disponibilidad del servicio de recogida y tratamiento de residuos, y una tarifa por generación.

La primera parte (que pesa un 81% de media, según el Ayuntamiento) tiene en cuenta el valor catastral de la vivienda. La segunda (el 19% restante) se fija en la cantidad de residuos generados y el porcentaje de calidad de la separación de cada uno de los barrios, según datos del Parque Tecnológico de Valdemingómez.

De esta forma los distritos que más pagarán serán aquellos donde la vivienda es más cara en Madrid, aunque en algunos casos la parte completementaria oscila notablemente. El lugar más caro es El Plantío (distrito de Moncloa-Aravaca), con 574 euros anuales de recibo medio, seguido de El Viso (Chamartín) con 457 euros, Recoletos (Salamanca) con 430 euros y Los Jerónimos (Retiro) con 427 euros. En la parte baja de la estadística se encuentran los barrios de San Cristóbal (Villaverde) con 45 euros, Pradolongo y Zofío (Usera) con 59,34 euros y Amposta (San Blas-Canillejas) con casi 62 euros. Estos datos responden a un estudio de Más Madrid utilizando datos catastrales de 2023.

Será a partir del año que viene cuando estos recibos se podrán domiciliar. La directora de la Agencia Tributaria de Madrid, Gema Pérez Ramón, explicaba en una comisión celebrada meses atrás que llevan “preparándola desde que se sabe que es obligatorio tenerla”. Para ello han puesto en marcha un programa de empleo temporal enfocado a las oficinas de atención integral al contribuyente para atender dudas, unido a un refuerzo en Línea Madrid.

La tasa por la gestión de residuos afectará a más de 1,5 millones de viviendas en la ciudad y a cerca de 1,4 millones de personas físicas. Los madrileños recibirán una comunicación individualizada sobre la nueva tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid, al tratarse de un tributo de nueva creación. Los técnicos de la Agencia Tributaría de Madrid han cuantificado los ingresos por esta nueva tasa en torno a los 296 millones de euros. Es una cantidad que, si se descuentan los 40 millones de euros que llegan a las arcas públicas por la actual Tasa de Residuos Urbanos de Actividades (TRUA), al derogarse esta por tratarse de tasas incompatibles, supondrá unos ingresos netos adicionales de 256 millones de euros para 2025.

Hidalgo ha recordado que el equipo que encabeza José Luis Martínez-Almeida “no está de acuerdo con esa tasa, ni en el fondo ni en la forma”, dado que su configuración ha sido “poco rigurosa”. Afirma que esto ha provocado que los ayuntamientos tengan “múltiples problemas a la hora de implantarla”. El Ayuntamiento de la capital debe aplicarla debido a un cambio legislativo del Gobierno central, que insta a repercutir en los ciudadanos el coste real del servicio. Pese a las críticas desde Cibeles a una modifiación que tildan de “sanchazo”, el propio Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid reclama explícitamente “el establecimiento de la tasa de residuos” en su Estrategia de Residuos.

Excepciones, formas de notificación y la cuestión de los alquileres

Están exentos del pago los garajes y trasteros asociados a una vivienda, porque no generan residuos, ni los solares y edificios en estado de ruina. Las viviendas vacías y los locales donde no se desarrolle actividad solo pagarán la parte correspondiente a la tarifa básica por disponibilidad del servicio, pero deberán acreditar anualmente que se mantienen en esta situación.

En el caso de las viviendas, el coste medio que habrá que pagar se sitúa en los 141 euros, mientras que los inmuebles de uso comercial tendrán una cuota media de 310 euros. El primer recibo llega en forma una notificación de alta en la matrícula de la tasa con su correspondiente liquidación, con un plazo de dos meses para el pago a partir de la recepción. Ya en los años posteriores, no será necesaria esta notificación individualizada al gestionarse mediante el sistema de matrícula, igual que se hace con el IBI.

En cuanto a la cuestión de si la tasa deberá ser asumida por los propietarios o los inquilinos de la vivienda, el Consistorio ha dejado caer en declaraciones previas que la cuestión está sujeta a acuerdos entre las partes, aunque al ser una tasa de uso los dueños pueden repercutirla a los arrendatarios.

“Todo lo que se vierta aquí va al Monte del Pardo, y de ahí al río Manzanares”. Agustín Gil vive a pocos metros del futuro cantón de Montecarmelo, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo. Se trata de una de las instalaciones más polémicas que prepara el Ayuntamiento liderado por José Luis Martínez-Almeida, enfrentada a una fuerte oposición vecinal por las afectaciones que denuncian los vecinos en materia de contaminación acústica o medioambiental, perjuicio a la movilidad o talas del arbolado. Unos temores que se han reforzado con el vertido ilegal en otro cantón del mismo distrito, el de Las Tablas, reconocido por la empresa que lo gestiona. Esto es, Urbaser, la compañía que también administrará el almacenamiento de residuos en Montecarmelo.

“Hemos vertido unos 150 litros de aceite hidráulico al alcantarillado público”, admitía un empleado del servicio municipal de recogida de residuos en declaraciones a este periódico. Unas palabras en las que negaba el carácter puntual de ese derramamiento de aguas negras publicado por Ecologistas en Acción. También la responsabilidad de los trabajadores en él, pese a que dos miembros de la plantilla han recibido cartas donde Urbaser amenaza con sus posibles despidos. Así, el operario lo presentaba como un procedimiento sistemático, ya que seguían “órdenes directas de mandos superiores”.

“Soy ingeniero técnico y he trabajado durante muchos años en un taller. Dudo que tanto en Las Tablas como en Montecarmelo tengan la cantidad de personal necesario y que hagan un uso adecuado de las labores que deben llevar a cabo”, anticipa Agustín en conversación con Somos Madrid. “En mi ático nos lo comemos sí o sí con las luces, olores y ruidos que va a acarrear”, lamenta. Su casa está junto al Colegio Alemán, la institución que ya ha logrado tumbar el cantón en los tribunales por carecer de informe de evaluación ambiental. Una sentencia que el Gobierno municipal ya ha recurrido y que puede obviar hasta que sea firme, continuando así con los trabajos en el recinto.

“La instalación debería estar preparada para que los residuos más contaminantes se recojan y dirijan a un sitio diferente, no para que se los lleve directamente el Canal de Isabel II sin ningún filtro”, explica Agustín. “Por lo que hemos visto tiene pinta de que en Las Tablas, y creemos que en futuro en Montecarmelo, no limpian la arqueta separadora de grasas. Una obligación que deberían cumplir al menos una vez al mes”, añade. Desde la Plataforma No Al Cantón Montecarmelo han elevado una petición al Ayuntamiento para acceder al informe de impacto del suelo, solicitud que el Consistorio les ha denegado por el momento.

La instalación debería estar preparada para que los residuos más contaminantes se recojan y dirijan a un sitio diferente, no para que se los lleve directamente el Canal de Isabel II sin ningún filtro

Este vecino de Montecarmelo recurre de nuevo a su experiencia en el sector para arremeter contra la forma de proceder de las empresas contratadas por el Consistorio para gestionar los residuos urbanos: “Acudí a una visita al cantón que está junto a la colonia Alfonso XIII, en Chamartín. Los vecinos de la zona nos habían dicho que llegaron a ver ratas. Aunque cuando nosotros fuimos se notaba que acababan de limpiarlo, seguía siendo un desastre. No tenían una máquina separada de grasas o de hidrocarburos. Hasta sacamos una foto con el chorreo que soltaba la cuba de un camión de basura compactador. Y eso que al lado estaba el concejal”.

Se refiere a José Antonio Martínez Páramo, titular del área delegada de Limpieza y Zonas Verdes, así como concejal presidente del distrito de Fuencarral-El Pardo. Una doble función que le pone en el centro de las críticas de quienes se oponen a cantones como el de Montecarmelo. En las imágenes que menciona Agustín, Martínez Páramo visita la instalación de Alfonso XIII para certificar su correcto funcionamiento, aunque a su lado se percibe el rastro de la pérdida de aceite de un vehículo. Según Agustín, “tal y como estaba situado difícilmente iría a una arqueta, porque se encontraba en un punto bajo, así que cae directamente al alcantarillado”.

Los propios vecinos de la colonia Ciudad Jardín Alfonso XIII han querido manifestar su inquietud a este diario. Joaquín Navarro relata que es “un cantón pequeño, pero que ejemplifica las consecuencias del nuevo modelo municipal: a ellos va a parar todo lo que no se llevan los camiones de limpieza y reciclaje”. Desde muebles hasta el contenido de las papeleras de la ciudad, pasando por elementos que volquetes o camiones pequeños van recogiendo por todo Madrid. “Restos de bocatas o cacas de perro. Cualquier cosa que se te ocurra”, dice. Joaquín sostiene que en el cantón que tiene a unos pocos metros de su casa “solo separan cartón y madera, el resto va a dos compactadoras que lo trituran”. Denuncia “un ruido constante” por parte de estos vehículos, que “no se detienen”, además de “un olor a demonios”.

Aunque quizá uno de los episodios más dolorosos para los residentes de la colonia fue la tala de una pequeña zona verde cerca de sus casas: “Se la han cargado y la han llenado de hormigón para que entren más vehículos de limpieza”, denuncia Joaquín. Todo ello en un entorno protegido e histórico, donde “hasta para pintar la valla de casa tienes que pedir permiso”. La Colonia Jardín Alfonso XIII comenzó a edificarse en 1928 y alberga unas 80 viviendas, muchas de ellas desocupadas o utilizadas solo como residencia ocasional. En su origen estaba destinada a personal del ámbito de la comunicación o la información y a empleados municipales. El problema respecto a Montecarmelo, dice, es que la resistencia es menor: “Somos muy pocos, solo unas 25 familias. Pero lo vamos a pelear”.

Para esa batalla legal, han recopilado un arsenal de incidencias que aseguran se dan en su entorno, una dinámica que consideran respaldada por el vertido ilegal de Las Tablas: “Nadie nos asegura que no pasa aquí, de hecho vemos cosas manifiestamente irregulares. Las hojas que recogen las barredoras van a un contenedor que se queda ahí hasta que se llena, lo vacían una vez a la semana. Así que aunque compacten las hojas, cuando llueve se produce un proceso de putrefacción en el que surge líquido lixiviado”. Esta sustancia contaminante se forma cuando el agua atraviesa residuos sólidos, como los que se encuentran en los vertederos, y arrastra consigo elementos disueltos. “Esta actividad ilegal, como otras que se dan en los cantones, no cumple ni la directiva europea ni la nacional”.

Las hojas que recogen las barredoras van a un contenedor que se queda ahí hasta que se llena, lo vacían una vez a la semana. Cuando llueve se produce un proceso de putrefacción. Esta actividad ilegal, como otras que se dan, no cumple la directiva europea ni la nacional

El cantón de Alfonso XIII, a diferencia del de Las Tablas o el que llegará a Montecarmelo, no está gestionado por Urbaser (que en 2021 recibió dos de los seis grandes contratos de limpieza en la ciudad por 269,8 y 233,5 millones de euros, respectivamente). Pertenece a un lote diferente, que en este caso el Ejecutivo de Almeida adjudicó por 274 millones a la empresa Valoriza (antigua filial de la constructora Sacyr que esta vendió al fondo Morgan Stanley). Atañe a la limpieza de los distritos de Arganzuela, Retiro, Salamanca y Chamartín.

Unos pliegos cuestionados de inminente renovación

Cinco años después de aquel pliego, que caduca 2026, los vecinos afectados por los cantones exigen que en la próxima convocatoria se rediseñe: “El formato actual está concebido para que nadie le recrimine al alcalde que la ciudad está sucia, que lo está, a cambio de un modelo molesto e insalubre para quienes están alrededor de las instalaciones. Queremos que el nuevo pliego vaya hacia unas condiciones más efectivas y seguras, aunque sean más caras. Por ejemplo, que las compactadoras pequeñas vayan separando los recursos mientras los recogen y que los llevan directamente el vertedero, en vez de que volquetes recojan la basura y luego depositen todo en los cantones de cualquier manera”, propone Joaquín.

Desde su punto de vista, el futuro pliego debe mejorar también las condiciones del personal, uno de los argumentos en los que más se ha apoyado Borja Carabante (concejal a cargo del área de Medio Ambiente) para justificar la llegada de un cantón de limpieza a Montecarmelo: “No pueden usar a los trabajadores como escudo y luego tenerlos como los tienen. Soportan un contacto continuo con residuos y olores a cielo abierto, sin un ápice de sombra y con 40 °C al sol”.

Más allá de los reproches a la formulación de los pliegos, desde algunos estamentos emergen críticas que cuestionan si las adjudicatarias están cumpliendo con los contenidos que estos recogen, sobre todo después de lo ocurrido en Las Tablas. En un escrito del sindicato de comisiones de base Co.bas dirigido al área de Medio Ambiente al que ha tenido acceso este medio, la entidad solicita “información acerca de si el servicio que diariamente presta Urbaser se corresponde con lo que tienen pactado con ustedes en el pliego de condiciones”. El motivo de esa petición, dicen, es que “diariamente llegan quejas de los vecinos por el servicio deficiente y la sociedad acumulada en el barrio”.

“Hemos considerado que antes de llevar la denuncia al Seprona o de emprender acciones judiciales por el vertido ilegal de productos tóxicos en un talud de tierra, debíamos ponerlo en conocimiento de esa área del Ayuntamiento. Pensamos que deberían actuar al respecto, entendiendo que deberán tomarse muestras y valorar los peligros en caso de que los hubiera”, apostillan en el documento.

Para el Ayuntamiento “no hay motivo para temer nada”, aunque reconoce efectos al saneamiento

Ante las quejas de ciudadanos y sindicatos, el Ayuntamiento de la capital se justifica. “Los vecinos no tienen ningún motivo para temer nada. Se trata [el vertido de Las Tablas] de un hecho puntual detectado en una instalación de las muchas que hay por la ciudad. Además, es una instalación privada y no una instalación municipal cedida, como las que se están construyendo actualmente o las que se encuentran en operación. Es la que provisionalmente sustituye al cantón de Montecarmelo hasta que este se construya”, trasladan a Somos Madrid desde el área de Medio Ambiente, Movilidad y Urbanismo.

“El problema detectado, exclusivamente en esa instalación y cuyo alcance se está evaluando por parte de la empresa, no tiene ni puede tener efectos en los vecinos. Influye en la calidad del agua aportada a la red pública de saneamiento. Por tanto, insistimos, no puede tener influencia alguna en el vecindario. Los análisis en el punto de acometida a la red muestran un cumplimiento estricto de los parámetros. Tampoco por parte del Canal de Isabel II, que gestiona la depuradora de Valdebebas, se han reportado alteraciones en las instalaciones, daños en las conducciones, ni acumulaciones de suciedad. La depuradora no se ha visto afectada por las prácticas inadecuadas que se denuncian, no habiendo rastro del vertido que se describe según ha reportado el Canal”, mantienen estas fuentes municipales.

A Agustín, por contra, ninguna explicación le alivia: “Lo que quieren instalar aquí no es un cantón, es un Selur [instalación del Servicio de Limpieza Urgente] que opera los 365 días de año y las 24 horas del día. Si hay un partido de fútbol, vendrán aquí con los residuos que deje a las 00.00 de la noche. Se acaba el uso lúdico de un barrio con un marcado perfil social y abierto. Nos vamos a tragar restos del Madrid norte y noreste porque en muchos barrios de la zona el Ayuntamiento no ha proyectado puntos limpios como debiera. No son cuatro vestuarios, hemos visto el proyecto y es una auténtica industria. Una industria de la basura”.

“Llevamos así año y medio, dos veces a la semana. Hemos vertido unos 150 litros de aceite hidráulico al alcantarillado público”. Así denuncia un trabajador del servicio municipal de recogida de residuos de Madrid la dinámica establecida en un cantón de limpieza del Ayuntamiento en el barrio de Las Tablas, al norte de la capital. Operada por la compañía Urbaser, que gestiona el lote de estas actuaciones correspondientes al distrito de Fuencarral-El Pardo, la situación de la instalación ha trascendido mediáticamente después de que Ecologistas en Acción publicase imágenes en las que se observa un vertido de aguas negras.

Además, el conflicto medioambiental ha derivado en poco tiempo en un choque laboral. Los dos empleados retratados llevando a cabo estas tareas irregulares recibieron el pasado 28 de julio sendas notificaciones de sanción por parte de Urbaser. Sin embargo, diversas fuentes de la plantilla consultadas por Somos Madrid aseguran que estas actuaciones han sido “repetidas en el tiempo” y que seguían “las directrices de mandos superiores”.

“Los vídeos demuestran que ha habido órdenes directas”, indica un empleado en conversación con este diario. Miguel (nombre ficticio por el temor a represalias profesionales) se refiere a grabaciones todavía no publicadas, a las que ha tenido acceso este periódico, en las que otros trabajadores efectúan prácticas similares a las que han costado amenazas de sanción en el caso de los dos hombres captados en el clip que ha visto la luz.

“Era una orden. Si no cumplíamos con lo que el jefe nos mandaba, nos conllevaba una sanción”, asegura este miembro de la plantilla. Explica que recibían las directrices de mandos intermedios, de su capataz, pero que estas “vienen siempre a su vez del jefe de servicio”. En caso de no seguir estas indicaciones, cuenta Miguel, los trabajadores temporales se exponían a “la no ampliación de sus contratos como forma de castigo”. El personal fijo también podía sufrir represalias: “Si ibas al médico no valía un justificante. Te exigen un certificado que demuestre que la prueba tenía que ser necesariamente en el horario de tu turno. Te retienen la cantidad correspondiente a esas horas hasta que les llevas a juicio, y no es hasta ese momento que te lo devuelven para evitarse el proceso”.

¿Cómo es posible que sucedan hechos como los descritos en un cantón donde continuamente están entrando y saliendo trabajadores, incluidos mandos intermedios, y nadie se percate de lo que hacen dos trabajadores abriendo una arqueta que nadie debía abrir?

La notificación de sanción laboral de Urbaser, a la que ha tenido acceso este medio, habla por contra de actuaciones “motu proprio y de manera inexplicable, pues no disponían de instrucción alguna emitida por la empresa”: “Usted empezó a recoger parte del líquido que se encuentra en un cubo con otro de menores dimensiones y una cuerda, siendo posteriormente basculado en el interior del cubo que previamente había trasladado hasta las inmediaciones del separador de hidrocarburos [...] Arrojaron el líquido hacia una alcantarilla situada a la entrada del cantón”. Una forma de actuar que, reconoce la propia empresa, supone “transgredir una prohibición expresa” y “daña la imagen de la compañía”.

Las cartas dirigidas a los dos empleados finalizan con las propuestas de sanción: “Los hechos son susceptibles de ser tipificados como falta muy grave, siendo sancionables con la suspensión de empleo y sueldo o el despido, tal y como se recoge en el artículo 56.3 del Convenio colectivo general del sector”. Miguel explica que sus compañeros están a la espera de una respuesta por escrito sobre el estado y el alcance concreto de la multa: “Pero tienen claro que no se van a comer ni un día de castigo, van a defenderse. Seguramente en el juicio ni se presentará Urbaser, sobre todo cuando vea que existen más vídeos. Pero aunque se retracten, piensan llevar a la empresa a los tribunales. Y el malestar ya está en toda la plantilla”.

“No hay ninguna evidencia para atribuir la responsabilidad de este incidente a estos trabajadores en concreto”, recoge la alegación a la sanción presentada por el sindicato UGT (al que está afiliado uno de los afectados). El escrito profundiza en estas críticas: “¿Cómo es posible que sucedan hechos como los descritos en su relato en un cantón donde continuamente están entrando y saliendo trabajadores, incluidos mandos intermedios, y nadie se percate de lo que hacen dos trabajadores abriendo una arqueta que nadie debía abrir según su versión?”.

“Si no eran esas las órdenes recibidas, ¿qué órdenes habían recibido y por qué nadie se percató de que no las estaban cumpliendo? Todo esto pasa un día [el pasado 22 de mayo] en el que nadie se percata de los hechos, pero curiosamente más de dos meses después la empresa tiene todos los detalles de aquellos sucesos. Empezando por la identidad de los trabajadores, o ¿acaso los identifica la prensa?, y continuando por las órdenes que recibieron, aunque tampoco sabemos quién se las dio”, cuestiona el documento, remitido por la sección sindical de UGT en Fuencarral-El Pardo y por el sector de servicios públicos del sindicato.

La plantilla califica de “agravio” la situación de los dos empleados y denuncia una progresiva precarización en sus condiciones: “Solo podemos enfrentarnos los fijos, por eso se los van cargando para meter gente de contratos precarios que no amplían si te quejas. O si no, directamente recurren a amiguismos, personas que no van a sufrir una sanción aunque se duerman en el turno de noche”, dice Miguel.

Este periódico ha contactado al área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid para conocer su postura acerca de los vertidos, el resto de actuaciones que denuncian los operarios y la posible actuación ante ellas. Por el momento la concejalía que lidera Borja Carabante no da respuesta a las preguntas trasladadas. Desde Urbaser declaran por su parte que “actualmente la investigación interna sigue en curso y, por ende, aún no se han adoptado medidas de índole laboral, aunque sí se han adoptado otras de refuerzo de control y supervisión de las operaciones”.

“Se secan las plantas a nuestro lado”

Miguel explica la afección al medioambiente que suponen los vertidos acometidos: “El aceite se tira en una compactadora que va al vertedero. Cuando llueve, todo eso acaba en el alcantarillado. Los efectos son muy evidentes, vemos que hay tierra negra en los terraplenes a nuestro lado y que se secan las plantas. La mala gestión es que por ahorrar dinero no se haya contratado una empresa externa que gestione esos residuos”.

En el comunicado que acompaña a la difusión de los vídeos, Ecologistas en Acción alerta de “un impacto al medio ambiente y a la salud de los trabajadores que requiere una intervención urgente por parte de Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Madrid, ya que afecta a sus instalaciones”. Y añaden: “La carga contaminante estará llegando a la estación regeneradora de aguas residuales de Valdebebas, alterando su normal funcionamiento e incrementando el riesgo de contaminación directa del río Jarama. Especialmente si existen tormentas con intensa precipitación en poco tiempo y el agua del alcantarillado no puede ser retenida por los tanques de tormenta y se vierte directamente al río. Se trata de un delito ambiental que afecta directamente el adecuado funcionamiento del alcantarillado y depuración del Canal de Isabel II y el Ayuntamiento”.

Desde Ecologistas muestran además su solidaridad con los dos empleados en vías de sanción: “En vez de tomar las medidas necesarias para evitar esta práctica, la empresa ha actuado sobre los trabajadores que se ven en los vídeos. Han tomado represalias y les han achacado esta práctica cuando estos simplemente obedecían las directrices de Urbaser. El vertido de aguas negras al alcantarillado, además del impacto ambiental que puede causar, se hacía sin ningún tipo de medida de seguridad y salud para las personas empleadas, que podían ser las primeras afectadas”.

Los millonarios contratos de Urbaser con el Ayuntamiento de Madrid

Urbaser asumió el lote de los servicios de limpieza y recogida de residuos correspondientes a Fuencarral-El Pardo en 2021. La compañía, que antiguamente pertenecía a ACS y en la actualidad está en manos del fondo estadounidense Platinum Equity, se hizo con dos de los seis contratos en liza: el 3 (además de Fuencarral-El Pardo incluye los distritos de Moncloa-Aravaca y Latina) por 269,8 millones de euros y el 5 (Puente de Vallecas, Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro) por 233,5 millones.

Una relación contractual que se ha mantenido después de que la multinacional apartase a su número tres y al máximo responsable de Sertego (su filial de gestión de residuos) tras reconocer esta empresa su responsabilidad en una trama de fraude. Mezclaban aceite reciclado con gasoil para venderlo en estaciones de servicio, con un perjuicio para la Hacienda pública de 4,2 millones de euros. Urbaser enmarcó los cambios en “un proceso de reorganización”.

Según Javier, otro operario que ha trabajado en el cantón de Las Tablas y que opta igualmente por no revelar su nombre real, las condiciones se han deteriorado en estos cuatro años: “Urbaser entró comprando maquinaria y contratando gente, pero ya muy pronto un jefe nos dijo que trabajamos para un fondo buitre y hay ciertas exigencias. Empezaron con los contratos de dos días en diario, una fórmula que han mantenido estos años. Con el tema de que no bastaban las faltas justificadas por ir al médico la plantilla fija empezó a tener miedo, acababas yendo los findes. Luego además faltan vehículos y medios, ves que un pliego recoge la adquisición de 16 camiones y solo llegan nueve”.

Este empleado declara haber sido testigo de los vertidos en varias ocasiones y tacha las maniobras de la empresa en el entorno de “aberraciones” que cometen “una vez tras otra”. Afirma que la compañía “ha sellado la pocería después de la nota de Ecologistas y ha esperado a ello para llamar al Canal de Isabel II”.

Javier acaba avisando a los vecinos del barrio de Montecarmelo (perteneciente a Fuencarral-El Pardo), donde el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida plantea instalar un nuevo y polémico cantón de limpieza: “Somos nosotros quienes vamos a gestionarlo. Y con nosotros no me refiero a unos trabajadores que hacemos lo que podemos de la manera que mejorar sabemos, sino a alguien que se salta todas las leyes y vierte donde no debe”.

Basta una búsqueda para encontrar un museo de los horrores textil hecho jirones. Ropajes o bolsas invadiendo la acera, contenedores completamente rebasados y una serie de imágenes descritas como “un nido de suciedad”. Es lo que puede verse en X al introducir los términos “contenedor ropa Madrid”. Quejas de ciudadanos de cualquier zona de la ciudad sobre la acumulación de residuos en estos elementos de reciclaje, o sobre la facilidad con la que pueden ser vandalizados.

“Todo Madrid con montañas de ropa. Contenedores que se revientan con facilidad. Si pides al Ayuntamiento que lo recoja, te quitan el contenedor. Caso de mi calle. ¿Qué tal hacerlos más seguros?”, se pregunta una vecina de Usera en esta red social, visiblemente indignada.

“Es impresentable el estado en el que está el contenedor de ropa usada de la calle General Álvarez De Castro, 27. La puerta está arrancada. Lo he denunciado en varias ocasiones y nadie hace nada. Es una vergüenza. Pagamos un IBI altísimo y nos ignoran”, denuncia por su parte la plataforma SOS Chamberí.

“Hace más de una década que no tiro ropa a la basura, siempre utilizo los contenedores de ropa para que cualquier prenda descartada pueda tener algún tipo de aprovechamiento o una segunda vida. Hace unos meses los cambiaron todos. Los nuevos presentaron muy pronto fuertes deficiencias, apareciendo en muchas ocasiones reventados por la parte de atrás o con el sistema de apertura estropeado. La consecuencia fundamental es que alrededor de estos contenedores empezó a verse un volumen creciente de ropa desparramada, hasta que los contenedores fueron progresivamente retirados”. Mario, vecino del distrito de Arganzuela, explica así a Somos Madrid las deficiencias que ha detectado desde el cambio de los diseños.

“Desconozco la eficacia del sistema de recogida y el tratamiento posterior de estos textiles, pero los contenedores anteriores no estaban, ni de lejos, tan frecuentemente vandalizados ni reventados. Siempre que pude llevar ropa a cualquiera de ellos, los encontré en un estado aceptable. Ahora, en cambio, se amontona una ingente cantidad de ropa en casi cualquier contenedor del nuevo tipo que me he ido encontrando. Además de las evidentes deficiencias de estos contenedores, que hace que sean abiertos y vandalizados con una facilidad pasmosa, el sistema de recogida es notoriamente ineficaz”, denuncia Mario.

“El problema fundamental es que se pierde la confianza en este sistema de recogida. Sabes que la ropa que donas, esté en el estado que esté, acabará desparramada, mezclada con otra basura y sufriendo las inclemencias del tiempo. Así que se hace difícil llevarla a un contenedor de este tipo; es como tirarla en la calle. Y lo más dramático es que la respuesta a esta situación está siendo retirar los contenedores y no poner otros nuevos, con lo cual en la mayoría de zonas de Madrid no hay ningún dispositivo municipal para donar ropa”, lamenta.

“La frecuencia de recogida es notoriamente insuficiente, se acumula mucha ropa y la mayoría fuera de los contenedores. Por todo esto, he dejado de llevarla. En mi barrio, Legazpi, han desaparecido todos los contenedores de ropa usada. Estoy a la espera de que repongan alguno, si es que tienen intención de hacerlo”, dice Mario para terminar.

La facilidad para manipular estos elementos ha provocado además episodios especialmente dramáticos, como la persona sin hogar que falleció por parada cardiorrespiratoria después de pasar un número indeterminado de horas en el interior de un contenedor textil de la plaza de Prosperidad, en Chamartín.

Este periódico ha consultado fuentes del área de Medio Ambiente, Urbanismo y Movilidad para conocer el motivo del cambio en los modelos de contenedores de ropa, una valoración del aumento de las incidencias o las razones por las que según muchos vecinos se ha deteriorado el sistema de recogida. Hasta el momento, ninguna de las preguntas trasladadas ha recibido respuesta en el departamento que dirige Borja Carabante.

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida llevó a cabo entre 2022 y 2023 la transformación y ampliación de los contenedores de la ciudad, entre ellos los textiles. El Contrato de contenerización, recogida y transporte de residuos incorporó 1.342 contenedores para la recogida de ropa. Pero en los últimos meses, el diseño volvió a modificarse con un consecuente aumento de las incidencias.

De acuerdo a las cifras del portal de datos municipal, en la actualidad la cantidad de contenedores de ropa en la ciudad es similar a la del inicio del contrato: 1.402. No obstante, estos datos no recogen las incidencias que han dejado a muchos de ellos “prácticamente inservibles”, como recogen y lamentan las diversas reclamaciones ciudadanas.

Se estima que aproximadamente el 15% del material recogido, las prendas en buen estado, son destinadas a su reutilización a través de su venta en comercios específicos. Un 50 % se dirigen a reciclaje del material textil (creación de nuevas prendas) y el resto son prendas en mal estado que no son aprovechables, según el portal municipal.

Aunque este 2025 las altas temperaturas se han hecho esperar más que en los años anteriores, las consecuencias del cambio climático (con episodios meteorológicos cada vez más extremos) ya trastocan el día a día de las ciudades. En este contexto, Más Madrid presenta este jueves su Plan Refresca Madrid, una estrategia integral “para transformar la capital en una ciudad resiliente” que llevarán al próximo pleno del Ayuntamiento. La portavoz del partido en Cibeles, Rita Maestre, defiende su necesidad ante “una emergencia climática que ya no es una amenaza futura, sino una realidad presente”.

“Desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde nos hemos convertido en la ciudad estrella en talas indiscriminadas de árboles y alicatado de zonas verdes. Su compromiso con el cambio climático es cero. Y esto hay que cambiarlo ya, no podemos esperar ni un minuto, nos va la salud en ello. Por eso hemos diseñado Refresca Madrid, un plan que propone una transformación profunda de la ciudad, basada en nuestra experiencia de gobierno y en actuaciones que se han llevado a cabo en ciudades de todo el mundo. El objetivo, hacer de Madrid una ciudad más fresca y habitable”, expone la líder de la oposición municipal. 

El objetivo, según la formación liderada por Maestre, es “mejorar la calidad de vida de los habitantes” de una ciudad “expuesta a situaciones de calor extremo cada vez más frecuentes y más duras que en 10 años podría tener el clima de Sevilla, en 30 el de Marrakech o en 50 el de El Cairo”. Para ello, proponen actuar en tres líneas de actuación: mitigación, adaptación y compensación. A su vez, las numerosas medidas se clasifican en seis bloques: movilidad sostenible, agua, espacio público, energía, economía baja en carbono y participación ciudadana. Muchas coinciden y se inspiran en las promesas electorales del partido sobre la materia antes de las elecciones de 2023, aunque otras se han actualizado o incorporado.

En el eje de la movilidad sostenible, Más Madrid aboga por una red verde con 300 kilómetros de “calles completas” con reparto equilibrado de modos de transporte, 235 km de itinerarios peatonales prioritarios distribuidos en los 21 distritos o 25 áreas de mejora peatonal en zonas con problemas de accesibilidad. Una inversión proyectada en 1.500 millones de euros a lo largo de diez años, 150 millones anuales.

A ello añaden una red ciclista con 14 itinerarios conectados que sumarán 195 kilómetros, la potenciación de la ciclologística para distribución urbana de mercancías y el aprovechamiento del potencial del 80% de desplazamientos (todos los menores a 8 km). Pero quizá la apuesta más ambiciosa en este sentido es una red de bus de alta velocidad: 11 nuevas líneas con 155 autobuses de altas prestaciones, 207 kilómetros de plataformas reservadas y hasta 300.000 plazas adicionales en hora punta. Recuperan además el proyecto de la M-35, un corredor semicircular que conecta las periferias entre sí, para mejorar con ello la movilidad de estas zonas a la par que descongestionar el centro.

El Plan Refresca contempla también un Sistema de Drenaje Sostenible (SUDS) mediante nuevas infraestructuras de aprovechamiento de agua de lluvia o un incremento del suelo natural, tanto el terrizo como el vegetado, para facilitar la infiltración. El SUDS, considera Más Madrid, facilitaría la creación de áreas inundables controladas que evitarían catástrofes como la causada por la DANA en València. Al mismo tiempo, desembocaría en nuevas infraestructuras verdes para el disfrute de los barrios.

Para vislumbrar el futuro de las ciudades, el grupo municipal mira también al pasado con la “recuperación de la relación histórica de Madrid con el agua”, en concreto los arroyos históricos. Hablan de desplegar “infraestructuras azules” en áreas inundables en parques situados en las márgenes de los arroyos históricos: Aluche, Caramuel, San Isidro, La Elipa o La Gavia. Este bloque se complementa con el cumplimiento de la Ley de Aguas, que obliga a separar escorrentía de aguas residuales, así como el desarrollo de los juegos de agua y piscinas públicas (asegurando las piscinas públicas en cada distrito).

Oasis climático-sociales, 150 “coles solares” y revitalización del Manzanares

El partido defiende un espacio público verde y fresco. Tres adjetivos que pretenden fomentar con oasis climáticos y sociales, una red de espacios frescos, accesibles y con actividad cultural que estén 15 minutos a pie desde cualquier barrio. Pero el plan es también llevar esa vida fresca al entorno más inmediato a las viviendas, con constantes interbloques y plazas pequeñas dotados de infraestructuras verdes que rebajen la temperatura de la zona. A la vez, serían completados con espacios estanciales para que sean lugar de encuentro, y completados con un programa de cesión de pequeñas porciones de suelo para ejecutar plantaciones vecinales.

Más Madrid traslada esa adaptación climática del espacio público también a los colegios, donde pretende garantizar el “confort térmico”. Apunta a la transformación de los patios escolares en espacios renaturalizados, la instalación de paneles solares en 150 centros educativos para autoconsumo compartido o la creación de comunidades energéticas en torno a los llamados “coles solares”.

Otra clave de la propuesta está en la revitalización del río Manzanares, con nuevas conexiones peatonales y sendas recreativas, como una que conecte Villaverde con Getafe y otra que una Villaverde con Villa de Vallecas. Animan a materializar la ampliación de la llanura de inundación entre El Pardo y el Parque Sindical, así como a recuperar la flora y fauna autóctonas en las riberas.

Para impulsar la energía verde, instan a la rehabilitación energética de 45.000 viviendas anuales (tres veces el ritmo actual), la creación de Puntos de Rehabilitación de Barrio o la clasificación de edificios con un sistema etiqueta para valorar el impacto energético (en la línea del de las propias viviendas). Un complemento a estas medidas está en las cubiertas verdes, con estructuras vegetales en azoteas y terrazas que son compatibles con paneles fotovoltaicos y huertos urbanos.

Y al igual que un cambio de modelo energético, Más Madrid dibuja una alternativa en la economía. A nivel municipal, esto se traduce en aspectos como el fomento del comercio de proximidad: una estrategia de Alimentación Saludable alineada con el Pacto de Milán, comedores escolares saludables y sostenibles, la ampliación de Mercamadrid como referente del comercio local o el programa Fabricado en Madrid para apoyar productores locales. En materia laboral, plantean protocolos obligatorios para empresas contratistas del Ayuntamiento, formación específica para personal municipal en contacto con colectivos vulnerables o repensar y mejorar las condiciones laborales para trabajadores expuestos a altas temperaturas.

La gestión de residuos es un importante aspecto en el Plan Refresca, con un buen arsenal de acciones. La primera es la creación de una Agencia de Residuos que supervise, acompañe y vigile todos los servicios relacionados con los residuos en Madrid, así como la descarbonización de los procesos ligados a su tratamiento y eliminación. Como ya han defendido públicamente, abogan por una planificación para reducir y eliminar la incineración en Valdemingómez para 2027. Otras medidas en la materia son el refuerzo de la separación en origen con participación ciudadana, el fomento del compostaje doméstico y comunitario o aumentar hasta 150 la Red de Nodos de Compostaje.

El plan detalla en último lugar una serie de iniciativas para acrecetar la participación ciudadana, el camino hacia lo que definen como “la gobernanza climática, el siguiente reto demográfico del siglo”. Para ello ponen sobre la mesa dos entidades. Primero una ya adelantada en 2023, la Asamablea Ciudadana por el Clima, un espacio de deliberación permanente formado por 100 personas elegidas por sorteo que debatan sobre política climática y propongan medidas concretas. Además, un Comisariado del Calor, con una figura responsable de liderar y coordinar la agenda climática municipal. Con ello, daría impulso a la Mesa del Calor, con expertos para la elaboración y evaluación de propuestas.

“Queremos que Madrid sea una ciudad transgresora en políticas climáticas, una ciudad a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático y la justicia social. Porque el calor también va por barrios”, asegura Maestre. Recuerda que “en Madrid la brecha térmica entre distritos del norte y del sur o el este puede alcanzar hasta 8°C, una diferencia que no solo se mide en grados, sino en calidad de vida y en salud”. Avanza que defenderán Refresca Madrid para comprobar “si Almeida se decide a actuar de una vez, porque la crisis climática no espera y el negacionismo climático mata”. Concluye que “actuar ahora no es una opción, es una responsabilidad para proteger la salud, la habitabilidad y el futuro de la ciudad”.

Los datos de recogida de basuras en San Isidro arrojan una edición con menor asistencia que en años anteriores. Al menos en su fecha más importante, el festivo del pasado jueves 15 de mayo. Una jornada marcada en este 2025 por dos factores: preceder a un día no lectivo pero sí laborable (a diferencia de cuando cae en viernes o sábado y los festejos continúan el día siguiente), así como la lluvia que arreció sobre Madrid durante buena parte de la celebración.

La gran fecha de San Isidro, un 15 de mayo que rinde tributo al patrón de Madrid, finalizó en esta ocasión con la recogida por parte de los servicios de limpieza de 18,5 toneladas de residuos. La cifra supone un 26% menos que en 2023, cuando se retiraron 25 toneladas.

También es un retroceso respecto al pasado 2024, cuando la cantidad fue un 9% superior a la de este año (20,3 toneladas). Son en definitva los números más bajos desde la vuelta a la normalidad en la celebración una vez superada la crisis sanitaria de la pandemia.

Los datos, proporcionados por el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, incluyen las distintas zonas entre las que una vez más se han repartido los festejos. El principal foco de atención es la Pradera de San Isidro, en el distrito de Carabanchel, pero también se unen los Jardines de las Vistillas, la Plaza Mayor y Matadero Madrid.

Pese a un retroceso en las basuras depositadas que parece responder a un menor seguimiento de las fiestas más que a un aumento del civismo, el Ayuntamiento liderado por José Luis Martínez-Almeida defiende que su Gobierno ha logrado consolidar un año más la festividad como “uno de los eventos anuales más esperados por todos los madrileños”.

Sigue la actividad (y la polémica) en el cantón de Montecarmelo, pese a la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid que paraliza la instalación. Los vecinos del entorno se han levantado esta mañana con nuevos transplantes en la parcela, así como la tala de un cedro centenario. Un ejemplar especialmente simbólico, ya que a él se encaramó una vecina durante horas el pasado miércoles para protestar contra la eliminación de estos árboles y la llegada del centro para tratamiento de residuos.

Las talas empezaron con la respuesta airada de la Asociación Vecinal Montecarmelo: “Este es el diálogo que ofrece nuestro alcalde tras incumplir su promesa de consenso”, criticaron en declaraciones a Somos Madrid después del trasplante de un cedro y el tajo mortal que recibió otro. Este miércoles los residentes contestaron organizando una acción sobre el terreno. Una mujer llegó a encaramarse a otro cedro, en el que permaneció durante ocho horas, hasta que los operarios se marcharon del lugar. Finalmente, la policía les expulsó e identificó a cinco personas.

Pero la gota que ha colmado la paciencia de Montecarmelo, barrio del distrito de Fuencarral-El Pardo en pie de guerra contra ese cantón, ha sido descubrir nuevas talas una vez conocida la resolución judicial que paraliza el procedimiento. Así, este jueves a primera hora de la mañana había desaparecido el cedro centenario al que ayer se subió la vecina.

“Siguen con la motosierra en todas partes”, alertan desde la Asociación Vecinal Montecarmelo. “Les da igual que haya una sentencia que anula el cantón por falta de una evaluación de impacto ambiental. Almeida y Borja Carabante [delegado de Medio Ambiente] ya ni se molestan en aparentar con un trasplante de paripé, como han hecho con otros árboles que van a acabar muriendo. Van directamente con la motosierra de la mano de Urbaser, la empresa con la que están acometiendo estos trabajos”, exponen.

Desde la agrupación vecinal cifran los árboles víctimas de lo que llaman “pseudotrasplantes” en alrededor de 50. “Talados, como no nos dejan pasar, solo sabemos los que hemos presenciado o los que están en los extremos del perímetro: dos cedros centenarios, algún olmo y el cedro trasplantado, que con esa envergadura y en el suelo donde lo han puesto tiene posibilidades prácticamente nulas de sobrevivir”, apostillan.

Las talas son la última tensión de un conflicto constante entre los vecinos de Montecarmelo y el Ayuntamiento a cuenta de una instalación para tratar residuos que el barrio rechaza. Abogan por situarla lejos de casas, centros educativos y supermercados. Un choque que tuvo este miércoles uno de sus principales acontecimientos, después de que haya prosperado el recurso presentado por la Asociación del Colegio Alemán en Madrid contra los decretos del Ayuntamiento que modificaban la ubicación junto al centro educativo.

En la sentencia se declaran nulas de pleno derecho las resoluciones municipales al considerar que carecen del preceptivo informe de evaluación ambiental, obligatorio según la legislación vigente. El juzgado impone costas procesales al Ayuntamiento, que cuenta con quince días para presentar recurso de apelación. La vicealcaldesa, Inmaculada Sanz, ha adelantado este jueves que el Ejecutivo municipal lo hará y sigue sin plantearse buscar una nueva localización a la parcela: “La sentencia entiende que sería necesario un informe de evaluación ambiental. En ningún caso, se pronuncian sobre la idoneidad o no de esa parcela”.

“La ubicación es la peor posible porque está en pleno corazón del barrio, lo corta por la mitad, va a suponer que decenas de camiones y vehículos de limpieza circulen por las principales calles del barrio en todo momento porque el Selur actúa las 24 horas del día”, considera por su parte un portavoz de la plataforma contra el cantón.

La confraternación y contestación vecinal se intensificó después de que una de las principales bazas para evitar el asentimiento del cantón en el terreno que plantea el Consistorio se tambalee: las prospecciones para hallar restos de cientos de Brigadistas Internacionales que ha llevado a cabo el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática no han aportado resultados concluyentes en el espacio correspondiente a la parcela. Pesa ello, entidades por la memoria histórica piden retomar esta búsqueda. Ahora, con independencia de este revés, la vía judical respalda la hipótesis de los residentes a la espera del recurso que el equipo de Almeida elevará a la Justicia.

El Ayuntamiento de Madrid eleva el tono en la cuarta jornada de la huelga de basuras en la capital. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz, en una rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, ha avisado a las empresas y a los trabajadores del servicio de basura que se impondrán “las sanciones pertinentes” si no se cumplen los servicios mínimos.

“Nuestra percepción en estos momentos es que no se está dando cumplimiento a los servicios mínimos de manera total y actuaremos en consecuencia”, ha declarado Sanz. La número dos de José Luis Martínez-Almeida reconoce que no ha habido aun acuerdo después de una nueva noche de reuniones, pero al menos se ha conseguido retomar las negociaciones para alcanzar una solución.

Sanz ha transmitido que lo que reclamó ayer en esa reunión el delegado de Medio Ambiente, Borja Carabante, fue el necesario cumplimiento de los servicios mínimos. “La percepción que tenemos es que, igual que el primer día sí que se había hecho un cumplimiento bastante cercano al cumplimiento total de esos servicios mínimos, en los últimos días no está siendo así. Por lo tanto, se ha avisado a las empresas de que si esto continúa, por supuesto, se propondrán las sanciones correspondientes”, ha advertido.

Carabante lamentó este miércoles que “empieza a haber una acumulación” de basuras después de la segunda noche de paro en el sector y amenazó con sancionar a las empresas implicadas si incumplen los servicios mínimos pactados. Especifó que el 50% de los recursos han salido desde los cantones, pero no han podido cumplir con el 50% de residuos recogidos, el porcentaje que el Consistorio había establecido como esencial durante la huelga. Por ello, el delegado exigió a las empresas “incrementar los recursos” para evitar que el régimen sancionador sea “aplicado con carácter inmediato”. 

Desde Cibeles defienden que la acumulación de residuos orgánicos en la vía pública durante más de 48 horas puede derivar en la aparición de malos olores, proliferación de plagas y propagación de enfermedades, de ahí la importancia de fijar los servicios mínimos en el 50% (con recogida en doce distritos un día y en los otros nueve el siguiente). Según informes emitidos por la Dirección General de Servicios de Limpieza y Residuos y por el organismo Madrid Salud, este riesgo se podría agravar por factores climatológicos como el calor, la humedad o la lluvia, que aceleran la descomposición de la materia orgánica.

Un ansiado acuerdo que no se cierra mientras los empleados reclaman mejoras

“Se ha mostrado buena voluntad por todas las partes para tratar de llegar a una solución en el corto plazo, pero es verdad que hasta el momento no se ha conseguido ese cierre final del acuerdo”, ha dicho Sanz. La vicealcaldesa ha animado a las partes, en nombre del Ejecutivo municipal, “a que cierren un acuerdo lo antes posible y que esta situación termine cuanto antes”.

La movilización de la plantilla, con más de 1.800 personas, pretende obligar a las empresas subcontratadas por el Gobierno de Cibeles a mejorar las condiciones laborales de cara a la aprobación de un nuevo convenio (el actual caducó el pasado 31 de diciembre). Las compañías gestionan tres lotes, entre FCC, Valoriza, Acciona, OHL, Prezero y Urbaser.

Desde Sector Profesional RSU, sindicato mayoritario, denuncian la congelación de salarios en 2025 y 2026 y la limitación de la subida al 1% en 2027. También la modificación de la retribución de los días festivos y el recorte de complementos como la antigüedad y el premio de puntualidad, que dejaría de percibirse incluso por una sola ausencia justificada. CCOO, UGT y CGT, los otros sindicatos con mayor peso entre las plantillas, secundan igualmente el paro. El Ayuntamiento de Almeida se parapeta en que el servicio de recogida de basuras está cedido a las concesionarias antes mencionadas para eludir cualquier responsabilidad propia en el conflicto.