“No podemos con la carga de trabajo. Vamos pasados de velocidad para poder terminar el servicio y, o ponemos medidas, o habrá más fallecidos”. La advertencia la trasladó un trabajador de la limpieza de Zaragoza a sus representantes sindicales el mismo día en que murió Fernando, uno de sus compañeros, atrapado por el camión de recogida que conducía. CGT la ha hecho pública este miércoles ante el pleno municipal, en la primera jornada de paros de una plantilla que lleva 20 meses negociando sin éxito un nuevo convenio con FCC y que amenaza con iniciar una huelga indefinida el 7 de octubre, en plenas Fiestas del Pilar.

El primer día de huelga de la limpieza de Zaragoza ha servido también para poner frente al espejo las reivindicaciones de los trabajadores y la respuesta política del Ayuntamiento. La plantilla ha reclamado mejoras salariales y laborales y una mayor implicación del Consistorio sobre el cumplimiento de los pliegos de la contrata. La mayoría formada por PP, Vox y la concejal no adscrita Marisa Gaspar ha rechazado, sin embargo, una moción de Zaragoza en Común, transaccionada con el PSOE, que pedía a la concesionaria atender las demandas de sus empleados.

El conflicto amenaza con adquirir otra dimensión en apenas una semana. Los paros parciales de este miércoles, entre las 10.00 y las 13.40 horas, se convertirán en huelga indefinida a partir del 7 de octubre, en plenas Fiestas del Pilar, si antes no se alcanza un acuerdo para renovar un convenio caducado desde finales de 2024.

El salario ocupa una parte importante de la negociación, aunque no es la única. La plantilla reclama recuperar el poder adquisitivo perdido hace 15 años mientras FCC cifra su oferta en una subida acumulada del 9,4% durante el periodo negociado.

Detrás de esa batalla de cifras aparecen otras condiciones laborales mucho más concretas. De los aproximadamente 1.400 trabajadores de la contrata, solo unos 950 disponen de jornada completa, según los datos expuestos en el pleno. Los sindicatos reclaman reducir esa parcialidad, especialmente entre empleados que llevan años, incluso décadas, trabajando únicamente los fines de semana.

También reivindican mejoras en conciliación, conocer las vacaciones con suficiente antelación, recuperar la jubilación parcial, el reconocimiento de las categorías profesionales, mejores condiciones en permisos y disponer de vestuarios separados por sexos. “Esto es dignidad laboral básica”, ha resumido la portavoz de ZeC, Elena Tomás.

La muerte de un trabajador sobrevuela el debate

El conflicto laboral ha llegado además al pleno apenas unos días después de la muerte de Fernando, un trabajador del servicio que falleció al quedar aprisionado por el camión de recogida que conducía después de bajarse del vehículo para comprobar su parte mecánica trasera.

Todos los grupos municipales han trasladado sus condolencias a la familia, pero durante el debate CGT ha introducido un elemento especialmente delicado. Su representante, Rubén Baigorri, ha leído la queja que otro trabajador había trasladado a los representantes sindicales el mismo día del accidente.

“Que alguien deje claro en un juzgado que nos vamos a matar alguno más. No podemos con la carga de trabajo. Vamos pasados de velocidad para poder terminar el servicio”, advertía el empleado, que también se refería a que se siguen utilizando vehículos procedentes de la anterior contrata y reclamaba adoptar medidas para evitar nuevos accidentes.

Los sindicatos han relacionado así el debate del convenio con las condiciones en las que se presta diariamente el servicio, aunque por el momento no existe una relación acreditada entre esas denuncias sobre cargas de trabajo y las circunstancias concretas del accidente mortal.

14 millones más para la contrata

El dinero que Zaragoza destina a la limpieza ha ocupado también buena parte del enfrentamiento político. Elena Tomás ha recordado que el coste anual del servicio ha pasado de 58,6 millones de euros a unos 72,5 millones, casi 14 millones más, y ha preguntado si ese incremento resulta proporcional a la evolución de la limpieza de la ciudad y de las condiciones laborales.

“FCC ganó el concurso a la baja para pagar con el sudor de otros. Este es el modelo de las contratas”, ha reprochado Tomás, que ha recordado además que Carlos Slim es el accionista de control de FCC.

La cuestión adquiere especial relevancia porque el Ayuntamiento no es el empleador de la plantilla y, por tanto, no negocia directamente su convenio, pero sí es el titular del servicio y responsable de controlar una de las mayores contratas municipales, valorada en más de 600 millones de euros durante diez años.

El PSOE ha incidido precisamente en esa responsabilidad. Chema Giral ha advertido de que “algo no funciona bien” cuando cada año se destinan más recursos a limpieza mientras el estado de las calles continúa generando quejas en los barrios. Además de lamentar que el GPS marque la velocidad para prestar el servicio pero no la calidad de la recogida de residuos, ha reparado en que los camiones de la nueva contrata no pueden recoger los contenedores y ha reclamado a la responsable municipal que no se escude en que es “culpa de los ciudadanos” como dijo en comisión. También ha reclamado a Gaudes que se reúna directamente con los trabajadores para conocer sus condiciones y sus reivindicaciones.

Las intervenciones han mostrado la distancia política existente sobre el conflicto. Frente a los argumentos de ZeC y PSOE, en el extremo contrario, Vox ha acusado a la izquierda de aprovechar el conflicto laboral para “armar jaleo”. Tras ser interrumpido desde la zona del público ocupada por trabajadores, el concejal David Flores ha desistido de continuar su intervención al considerar que no querían escucharle.

La edil tránsfuga, Marisa Gaspar, ha asegurado, por su parte, que los trabajadores “están engañados”, aunque también ha pedido al Ayuntamiento que medie para favorecer un acuerdo que permita renovar el convenio y garantizar la prestación del servicio.

La consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha defendido la actuación del Gobierno municipal. “Estoy de acuerdo en el fondo, pero no en las formas”, ha señalado antes de reprochar que representantes sindicales no hayan acudido a algunas de las mesas negociadoras, pese a que los trabajadores han reclamado reuniones en seis ocasiones, según ha afirmado Baigorri. La consejera se ha mostrado dispuesta a reunirse con la plantilla, pero ha reclamado también a los sindicatos que sean capaces de articular mayorías dentro del comité y buscar apoyos para alcanzar un acuerdo.

La responsable municipal ha insistido además en que el Ayuntamiento continuará fiscalizando el contrato. Según ha explicado, los controles de calidad pueden dar lugar a informes técnicos y, cuando se detecten incumplimientos contemplados en los pliegos, a la imposición de penalizaciones a FCC.

La moción presentada por Zaragoza en Común y transaccionada con el PSOE reclamaba a FCC atender las reivindicaciones laborales de la plantilla y pedía al Gobierno municipal remitir los informes elaborados por la Universidad de Zaragoza sobre el grado de cumplimiento del pliego de la contrata.

No ha salido adelante. PSOE y ZeC han votado a favor, mientras PP, Vox y Marisa Gaspar lo han hecho en contra. De árbitro, la alcaldesa Natalia Chueca reprendía constantemente las quejas de los representantes de los trabajadores con frases como: “”se puede estar cabreado y en silencio“ o ”ustedes mismos seaquitan la razón con sus formas“-

El pleno deja así una fotografía peculiar en el primer día de movilizaciones: existe coincidencia general en que empresa y trabajadores deben volver a negociar e incluso en que las condiciones económicas pueden mejorar, pero desaparece el consenso cuando se trata de respaldar desde el Ayuntamiento las reivindicaciones concretas de la plantilla o incrementar la presión política sobre FCC.

Mientras tanto, el conflicto continúa en la calle. Los sindicatos estudian llevar a los tribunales los servicios mínimos del 40,5% fijados para unos paros parciales que consideran “abusivos”, y la empresa ha denunciado sabotajes en vehículos durante esta primera jornada.

El calendario deja poco margen. Si veinte meses de negociación no encuentran una salida durante los próximos seis días, el 7 de octubre Zaragoza entrará en sus principales fiestas con una huelga indefinida de limpieza y recogida de basuras. Y para entonces la discusión ya no será únicamente cuánto cuesta limpiar la ciudad, sino también en qué condiciones lo hacen quienes se encargan de hacerlo.

Las ordenanzas fiscales de Zaragoza para 2027 vuelven a poner el foco sobre el coste de algunos de los servicios más cotidianos. El abastecimiento de agua y la recogida de residuos subirán un 2,5%, mientras determinadas tarifas del estacionamiento regulado aumentarán entre un 20% y un 100%. A ello se suman nuevos conceptos de cobro en el Cementerio de Torrero.

Los cuatro incrementos porcentuales cuantificados para 2027 arrojan una subida media del 31,25%. A estos incrementos se añaden los nuevos conceptos de cobro previstos en el Cementerio de Torrero, para los que no se establece un porcentaje de subida comparable.

Zaragoza en Común ha centrado sus críticas no solo en los incrementos, sino también en los costes que sirven para justificarlos. La formación sostiene que el Gobierno municipal utiliza en algunos servicios previsiones presupuestarias superiores al gasto que finalmente se ejecuta y que esas cantidades previstas terminan sirviendo como referencia para determinar lo que pagan los usuarios.

El ejemplo más significativo que aporta ZeC corresponde al abastecimiento de agua, tasa que acumula un aumento de la recaudación del 32,3% desde 2018, equivalente a 7,4 millones de euros adicionales.

Según sus datos, en 2025 se presupuestaron 1,2 millones de euros para conservación y reparación de agua potable, pero el gasto ejecutado ascendió a 491.521 euros. Es decir, se gastó alrededor del 41% de lo previsto y quedaron sin ejecutar más de 708.000 euros de aquella partida.

A juicio de la portavoz de ZeC, Elena Tomás, “esto es una auténtica tomadura de pelo: presupuestan 1,2 millones, gastan menos de medio millón y después utilizan la previsión inicial para calcular lo que pagamos por la tasa.

La formación asegura además que parte de aquel presupuesto fue posteriormente objeto de modificaciones de crédito para destinarlo a otros gastos municipales. De ahí que cuestione que se utilicen previsiones de costes que después no se materializan para calcular las cantidades que deben aportar los ciudadanos.

Una situación similar denuncia la formación respecto a los residuos. La recogida subirá otro 2,5% en 2027, pese a que, según los datos manejados por ZeC, la previsión de ingresos para 2026 alcanza ya el 100,76% del coste del servicio.

ZeC cuestiona también la fiabilidad del cálculo de esos costes y sostiene que el expediente contiene partidas que no se corresponden con el gasto finalmente ejecutado.

La recaudación por recogida de residuos ha aumentado, según las cifras aportadas por la formación, un 21% desde 2018, al pasar de 12,9 millones de euros a 15,58 millones en 2025. Mucho mayor habría sido el incremento acumulado en tratamiento de residuos, que ZeC sitúa en un 105%, hasta alcanzar los 15,7 millones.

“El problema no es que la basura cueste dinero; el problema es que el Gobierno de Chueca utiliza las tasas para cubrir sus propios agujeros y errores de gestión. Y eso lo pagamos entre todos”, sostiene Tomás.

Los mayores incrementos denunciados aparecen en determinadas tarifas del estacionamiento regulado. En la zona ESRO, la zona azul, los primeros 25 minutos subirán un 20%, mientras que en la tarifa señalada por ZeC para la zona ESRE, correspondiente al estacionamiento de residentes, el incremento para los primeros 25 minutos llegará al 100%, al pasar de 0,25 a 0,50 euros.

El Cementerio de Torrero constituye otro de los puntos de conflicto. En este caso no se trata de una subida porcentual comparable con las anteriores, sino de la incorporación de nuevos conceptos de cobro, entre ellos los relacionados con los nichos y la consulta de expedientes.

El cementerio cuenta con 110.845 nichos, además de 19.408 sepulturas, 1.084 capillas y 147 panteones. ZeC cuestiona asimismo el cobro de 139,15 euros en el jardín de las cenizas que, según sostiene, no estaban incluidos en el pliego de condiciones.

La formación sí respalda algunas novedades, como las exenciones para herederos sin recursos, la inhumación de cenizas de personas que hayan donado su cuerpo a la ciencia o la eliminación del recargo para quienes no estén empadronados.

La “doble vara de medir”

ZeC enmarca todas estas modificaciones en lo que considera una política fiscal contradictoria. Su portavoz acusa al Gobierno de Natalia Chueca de exigir un esfuerzo creciente a los usuarios de servicios municipales mientras mantiene bonificaciones fiscales que reducen los ingresos del Ayuntamiento.

Tomás contrapone expresamente las subidas del agua, los residuos, el estacionamiento o los nuevos cobros del cementerio con los 10 millones de euros en beneficios fiscales que su formación atribuye al club del Tiro de Pichón.

“El Gobierno de Chueca tiene una doble vara de medir: perdona millones de euros a grupos elitistas y empresas que no están sometidas al mismo tratamiento como Quirón, Amazon o Cosco y, al mismo tiempo, mete la mano en el bolsillo de las familias para pagar servicios básicos”, sostiene. “Es verdad que los servicios públicos cuestan dinero pero el reparto fiscal tiene que repartirse de forma justa, dado que hay la misma obligación a la hora de subir 25 céntimos a la ciudadanía que cuando hay que reclamar 10 millones al Tiro del Pichón”, ha ejemplificado.

Para Zaragoza en Común, por tanto, el debate no está únicamente en cuánto suben las tarifas, sino en si los costes utilizados para calcularlas responden al gasto real de los servicios. “No nos creemos el discurso de la congelación de impuestos cuando suben las tasas que afectan directamente a la vida cotidiana de la gente”, concluye Tomás.

El Ayuntamiento de Ciudad Real informa a la ciudadanía que, con motivo de la próxima jornada festiva de la Octava, para garantizar una correcta gestión de la recogida de residuos en la ciudad, de manera extraordinaria no habrá servicio de recogida de basuras durante la noche del viernes 21 de agosto al sábado 22 de agosto por parte del Consorcio de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

Desde el consistorio se solicita la “colaboración” de vecinos para evitar depositar residuos en la vía pública durante ese periodo, contribuyendo así a mantener la limpieza y el buen estado de la ciudad.

El Ayuntamiento agradece de antemano la comprensión y cooperación de la ciudadanía ante esta “medida puntual”.

Impulso definitivo del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida al cantón de limpieza de Los Morales, en Carabanchel. El Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid publicado este miércoles 5 de agosto recoge la aprobación del proyecto técnico para las obras, que el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad validó ya el pasado 7 de abril.

El documento, al que ha tenido acceso Somos Madrid, habla de “parque de maquinaria”, pese a que Cibeles trató de apaciguar las protestas vecinales por esta infraestructura hablando de “vestuarios” que utlizaría el persona municipal de limpieza. En 2022, antes de las últimas elecciones municipales, el Consistorio se comprometió incluso a frenar la construcción de la dotación o un nuevo emplazamiento.

Así lo recordaba recientemente en una publicación la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm): “El Ayuntamiento de Madrid, con José Luis Martínez-Almeida como alcalde y con Mariano Fuentes y Borja Carabante como responsables municipales de Urbanismo y de Medio Ambiente, respectivamente, aseguró públicamente a los vecinos y vecinas que dicho cantón no se construiría en ese emplazamiento. Uno de los responsables municipales llegó incluso a trasladarlo por escrito, mientras otro afirmó públicamente que se buscaría una ubicación alternativa de manera consensuada con los vecinos”.

El pasado 21 de mayo, los vecinos afectados fueron convocados a una reunión con el concejal de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Páramo; el director general de Limpieza y Residuos, Víctor Manuel Sarabia; y el concejal presidente del distrito de Carabanchel, Carlos Izquierdo. Finalmente solo este último acudió al encuentro, sin que se ofreciera ninguna explicación ni disculpa por la ausencia de los máximos responsables de Limpieza y Zonas Verdes.

Los vecinos trasladaron en esa ocasión nuevamente su preocupación por las continuas contradicciones del Ayuntamiento respecto al proyecto. Mientras desde el equipo de Almeida se insiste en que las instalaciones serán únicamente unos vestuarios, un discurso similar al empleado por el consistorio en Montecarmelo (proyecto ahora paralizado por la Justicia), los propios planos reflejan otros usos e infraestructuras que no pudieron ser aclarados durante la reunión.

Los vecinos y vecinas consideran que el Ayuntamiento de Madrid está “faltando a su palabra y actuando con una absoluta falta de transparencia y respeto hacia el barrio y sus asociaciones vecinales”. Ante esta situación, la Plataforma No al Cantón de Los Morales y la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto anuncian retomaron las movilizaciones vecinales “en defensa del entorno del barrio y del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento”.

La UTE Acciona-Oxital, adjudicataria del servicio municipal de limpieza y recogida de residuos, inicia hoy, lunes 3 de agosto, la renovación de los casi 4.000 contenedores de basura de Santander con una instalación progresiva que finalizará en enero.

Comenzará por el extrarradio para no entorpecer el tráfico estival, con la intención de evitar afecciones al servicio habitual de recogida de residuos, y colocará 200 contenedores semanales aproximadamente.

Entre las novedades, los nuevos contenedores eliminarán el pedal, ya que cuentan con una única boca, lo que facilita el depósito de los residuos sin que el ciudadano tenga que tocar el contenedor.

Además, cada uno incorpora una señal en braille para que las personas ciegas puedan identificar de forma clara y cómoda los residuos que se recogen en cada uno de ellos.

Por otra parte, también abre hoy la Oficina de Atención e Información, en la plaza de la Leña 1, destinada a resolver dudas de los ciudadanos y atender cualquier consulta relacionada con la implantación de los nuevos contenedores y el funcionamiento del servicio.

Ya se encuentran operativos sus canales de atención ciudadana, entre ellos el teléfono de atención gratuito 900 112 472, que dispone de línea de espera y contestador, el servicio de WhatsApp y la dirección de correo electrónico incidencias@santanderconvaloranadido.com . Todos ellos habilitados para comunicar incidencias, realizar consultas o solicitar información.

Esta actuación, que forma parte del nuevo contrato, permitirá modernizar la imagen de la ciudad, mejorar la accesibilidad y ofrecer un servicio más cómodo y eficiente para los ciudadanos, según ha informado el Ayuntamiento de Santander.

Una veintena de trabajadores de la empresa Oxital han anunciado una huelga indefinida de basuras a partir de este lunes, 22 de junio, y que afectará a 18 municipios del occidente de Cantabria, entre los que figuran Cabezón de la Sal, Comillas, San Vicente de la Barquera, Ruiloba, Cabuérniga o Mazcuerras, entre otros.

Así lo ha confirmado, en declaraciones a Europa Press, Jesús de Cos, responsable del sector en la Federación de Hábitat de CCOO en Cantabria, que ha explicado que la huelga se ha convocado ante la falta de avances en la negociación del nuevo convenio colectivo de la empresa en la zona afectada, que abarca desde Casar de Periedo (Cabezón de la Sal) hasta el Desfiladero de la Hermida, en su límite con Potes.

La parte sindical reclama mejoras retributivas y laborales (jornada, vacaciones, descansos...) que, por ahora, según De Cos, no están teniendo respuesta por parte de Oxital, a la que la empresa pública MARE, dependiente del Gobierno de Cantabria, adjudicó la recogida de basuras en esta zona.

De Cos ha indicado que este contrato con Oxital ya ha agotado todas las prórrogas posibles y desde MARE “se han dormido en los laureles” a la hora de elaborar los pliegos del siguiente, lo que a su vez está afectando a la negociación del convenio colectivo. El sindicalista ha explicado que le consta que Oxital ha dado traslado a MARE de las reivindicaciones de los trabajadores pero “el Gobierno de Cantabria está en otras historias”.

Salarios desfasados

Además, De Cos ha señalado que el hecho de que no estén siendo aprobados nuevos convenios colectivos en las empresas que prestan servicios de basuras de distintos ayuntamientos hace que los pliegos que están siendo elaborados plantean tablas salariales desfasadas, con salarios de años anteriores sin recoger ni siquiera subidas del IPC.

Además, ha censurado que los contratos salen a licitación en un precio y luego acaban siendo adjudicados con rebajas de hasta un 20%, que acaban afectando a las condiciones de los trabajadores.

“No vamos a pasar ni una”, ha advertido De Cos, que ha alertado que situaciones como la que se está viviendo en la zona occidental podrían replicarse en otros municipios de la región, como Suances o Laredo, donde también se va a negociar los nuevos convenios.

Vuelta a la huelga en Bezana

Por otra parte, el pasado 15 de junio se inició en Santa Cruz de Bezana una huelga indefinida de basuras por la negativa de la adjudicataria del servicio -la empresa Agricultores de Valencia- a mejorar en el nuevo convenio las condiciones salariales de la plantilla (de 13 trabajadores) que lleva “demasiado tiempo” con ellos “congelados”, según CCOO.

La huelga se suspendió el miércoles por la reunión que mantuvo la representación sindical con responsables del Ayuntamiento y de la adjudicataria para intentar poner fin a la convocatoria. Sin embargo, el encuentro, “tras varias horas de negociación y debate, concluyó sin avances reseñables”, por lo que la huelga se ha retomado este jueves, ha indicado CCOO.

“Se están haciendo los servicios mínimos en colegios y residencias pero la huelga continúa en todos los términos”, ha indicado. El sindicato ha asegurado que existía un “compromiso del Ayuntamiento de que iba a haber subidas importantes tras una etapa liderada por otro sindicato donde se optó por la congelación salarial”.

“La plantilla tuvo la buena voluntad de aguantar para salvar los pliegos del concurso pero con el compromiso y el preacuerdo adquirido de que en 2026 se iba a cumplir lo acordado. Pero, ahora que estamos en 2026, vemos que no es así”, ha señalado De Cos. El sindicalista ha asegurado que la plantilla “está convencida de seguir luchando por la mejora de sus derechos laborales y, fundamentalmente, de unos salarios que han tenido congelados demasiado tiempo”.

Cuidar el medio ambiente no es un gesto puntual ni una fecha marcada en el calendario. Aunque el Día Mundial del Medio Ambiente recuerde cada 5 de junio la importancia de proteger el planeta, en Murcia esta labor se realiza todos los días del año. Con esa filosofía —la de que cada día es 5 de junio— el Ayuntamiento de Murcia y PreZero pusieron en marcha en julio del pasado año el sistema 'Un Solo Día', una herramienta diseñada para mejorar la gestión de enseres y voluminosos, evitar abandonos en la vía pública y avanzar hacia un entorno más limpio y sostenible.

La iniciativa comenzó como una fase piloto en siete pedanías de la Costera Sur —Beniaján, Torreagüera, Los Dolores, Los Ramos, Barrio del Progreso, San José de la Vega y Algezares—, donde se estableció un calendario claro: depósito de enseres los martes por la noche y recogida los miércoles. Los resultados fueron inmediatos: menos puntos negros, calles más ordenadas y un servicio más eficiente.

Con esta experiencia positiva, en abril el Ayuntamiento decidió ampliar el sistema a cuatro pedanías más: El Raal, Llano de Brujas, Puente Tocinos y Santa Cruz, alcanzando así a más de 70.000 vecinos del municipio. En estas nuevas zonas, el calendario fijado fue el depósito los jueves y la recogida los viernes, manteniendo la misma franja horaria y las mismas normas de uso.

Un sistema sencillo para ordenar la recogida

'Un Solo Día' funciona con una idea simple: un día para bajar los enseres y un día para recogerlos, sin necesidad de avisos previos. Los vecinos deben depositar los muebles y objetos voluminosos entre las 20:00 y las 23:00 horas, siempre junto al contenedor más cercano al domicilio y sin obstaculizar el paso.

Este modelo permite planificar rutas más eficientes, reducir la presencia de voluminosos en la vía pública y mejorar la convivencia en los barrios.

Normas para garantizar un servicio eficaz

Para asegurar el correcto funcionamiento del sistema, se mantienen unas pautas básicas:

El Ayuntamiento de Murcia y PreZero recuerdan que no se recogen restos de poda, escombros ni aparatos que contengan gases CFC, como frigoríficos o aires acondicionados, y que estos elementos deben llevarse al Ecoparque, donde se gestionan de forma segura y conforme a la normativa ambiental.

Además, la Ordenanza Municipal de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos establece que abandonar muebles o enseres en la vía pública es una infracción grave, sancionable con multas que pueden alcanzar importes elevados, lo que refuerza la importancia de utilizar correctamente los servicios municipales.

Un trabajo continuo de comunicación y cercanía

Antes de la puesta en marcha del sistema, el Ayuntamiento de Murcia y PreZero desarrollaron una amplia fase de concienciación en todas las pedanías, en la que las brigadas cívicas recorrieron establecimientos, centros públicos, supermercados, comercios y locales de barrio, informando directamente a los vecinos sobre el nuevo modelo de recogida. Este trabajo se realizó a pie de calle, con el apoyo de las juntas vecinales y asociaciones locales, que ayudaron a trasladar el mensaje y a dar voz a las necesidades de cada zona.

Desde el equipo de las brigadas cívicas del servicio de limpieza destacan que “comunicar a pie de calle sirve para tomar el pulso real a los vecinos. La iniciativa se está recibiendo de forma muy positiva y se aprecia claramente que a la ciudadanía le importa y quiere ser parte activa del cuidado de su entorno”.

Precisamente, Jesús Zapata, pedáneo de Llano de Brujas, resalta el valor educativo y comunitario de esta labor en los barrios: “Además de esperar que nuestro pueblo esté mucho más limpio, este sistema es una forma excelente de educar a los vecinos, ayudándoles a adquirir hábitos responsables y a aprender qué día concreto deben sacar los enseres. De hecho, en el colegio ya se lo han aprendido de memoria; las brigadas cívicas se acercaron a dar una charla y a los niños les gustó muchísimo. Es fundamental empezar desde la base”.

Una vez implantado el sistema, el Ayuntamiento de Murcia y PreZero mantienen un trabajo constante de comunicación para recordar a los vecinos el funcionamiento del servicio y reforzar los hábitos responsables.

A través de los ecopuntos semanales, que recorren las pedanías durante toda la semana, se traslada esta información de manera directa y accesible. Estos puntos informativos tienen una presencia especial en los mercadillos habituales, donde se atiende a los vecinos de cada zona, se resuelven dudas y se recuerda el calendario de depósito y las normas de uso. Este contacto directo permite reforzar el mensaje, mejorar la comprensión del sistema y fomentar una participación activa de la ciudadanía.

La voz de los vecinos: cuatro miradas sobre un sistema útil y cercano

El sistema 'Un Solo Día' también ha sido bien recibido por los vecinos, que lo han incorporado a sus rutinas y destacan su utilidad en el día a día. Diego, vecino de Puente Tocinos, explica que para él “es muy cómodo tener un día fijo. Lo apunto en la agenda del imán del frigorífico y así organizo cuándo bajar los muebles viejos o cosas grandes. Antes no sabía si llamar o si pasarían, ahora está claro”.

Pilar, vecina joven de Llano de Brujas, comenta cómo conoció la iniciativa: “Vi el cartel informativo en la alcaldía de la pedanía y nuestro pedáneo me estuvo explicando al detalle cómo funcionaba todo. Me pareció una idea estupenda y enseguida se lo conté a mis vecinas; ahora ya lo saben todas y estamos pendientes de cumplir con el día asignado. Al final, enterarse y ayudarnos entre todos hace que el pueblo funcione mejor”.

Pedro, maestro jubilado de Beniaján, valora especialmente la regularidad del sistema: “A mi edad me gusta tener las cosas ordenadas. Sé que los martes por la noche puedo bajar lo que ya no uso y el miércoles desaparece. Lo tengo integrado en mi rutina”. Mientras que María, residente en una zona de huerta en El Raal, lamenta cuando ve enseres abandonados fuera de lugar: “Da pena ver muebles tirados en la acequia o en un camino. Con este sistema ya no hay excusa. Si todos respetamos el día, la huerta se mantiene limpia”.

Atención y recogida en el resto del municipio

Para garantizar que todo el término municipal disponga de una cobertura óptima, el Ayuntamiento de Murcia y PreZero recuerdan que aquellos vecinos que no residan en las pedanías adscritas al sistema 'Un Solo Día' deben seguir utilizando el canal tradicional. En estos casos, el procedimiento sigue siendo el habitual: es necesario llamar al teléfono gratuito de recogida de enseres 900 511 133 e indicar el domicilio exacto. Posteriormente, y siguiendo las indicaciones del servicio, los objetos deberán depositarse ordenadamente junto al contenedor más cercano a su vivienda para su correcta retirada.

Un gesto sencillo para cuidar Murcia todos los días

La experiencia de 'Un Solo Día' demuestra que la sostenibilidad se construye con gestos cotidianos y con sistemas que facilitan a la ciudadanía actuar de forma responsable. Antes de convertirse en residuo, los muebles o enseres deberían repararse, reutilizarse o donarse si aún están en buen estado. Los muebles nuevos tienen un alto coste económico y un impacto ambiental significativo, por lo que alargar su vida útil es siempre la opción más sostenible.

Solo cuando estos objetos ya no pueden aprovecharse entra en juego la recogida municipal, que garantiza un tratamiento adecuado y respetuoso con el entorno. En el Complejo Medioambiental de Cañada Hermosa, los materiales reciclables se recuperan y el resto se transforma en combustible sólido recuperado, una alternativa a los combustibles fósiles que contribuye a reducir emisiones y avanzar hacia un modelo de economía circular.

El Día Mundial del Medio Ambiente recuerda cada año la importancia de un consumo responsable, de alargar la vida útil de los objetos y de utilizar los recursos de forma eficiente. El sistema 'Un Solo Día' forma parte de ese compromiso: una herramienta que ordena la recogida, protege el entorno y ayuda a construir un municipio más sostenible.

El Ayuntamiento de Murcia y PreZero continúan trabajando para modernizar los servicios, mejorar la gestión de residuos y avanzar hacia un modelo más respetuoso con el planeta. Porque en Murcia, cada día es 5 de junio y cada gesto cuenta para cuidar el medio ambiente.

El Grupo Municipal Socialista ha presentado este martes una campaña con la que recorrerá los 21 distritos de Madrid para exigir al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que “devuelva la pasta” que según afirman debe a los madrileños por la tasa de basuras.

“Almeida te debe pasta de su tasa de residuos ilegal” es el título de la campaña con la que el equipo de Reyes Maroto envía un mensaje al alcalde pidiendo que no recurra la sentencia de anulación de la tasa y que proceda a “la devolución íntegra” del importe cobrado en 2025. La iniciativa, que se desplegará en las próximas semanas mediante mesas informativas en los 21 distritos, tiene como objetivo que concejales y militantes del partido trasladen a la ciudadanía las implicaciones de la resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), así como reclamar “una respuesta inmediata” por parte del Ayuntamiento.

La campaña ha sido presentada por la portavoz socialista, Reyes Maroto, y por la portavoz adjunta y responsable de Hacienda, Enma López, en las inmediaciones del mercado municipal de Villaverde. Ambas dirigentes han subrayado “el simbolismo” de elegir este distrito como punto de partida de la campaña dado que es “donde el impacto de la tasa de basuras ha sido más gravoso, a pesar de tener los peores datos de limpieza de la ciudad”.

La portavoz del PSOE en Cibeles ha reiterado en declaraciones a los periodistas que esta tasa fue diseñada por el equipo de Almeida de forma “injusta y desproporcionada”. “Hoy sabemos además que es ilegal”, ha reiterado. En este sentido, ha recordado que el Grupo Socialista ya advirtió desde el primer momento de que se trataba de un gravamen “mal diseñado, sin criterios de equidad y que castigaba a los madrileños y madrileñas”.

“Una chapuza” rodeada de “inseguridad jurídica”

“Por eso le queremos pedir al alcalde de una manera muy clara que, con la misma agilidad con la que cobró la tasa, la devuelva y que los vecinos y vecinas de Madrid recuperen cada euro que han pagado de forma ilegal”, ha insistido Maroto.

Por su parte, la concejala socialista Enma López (portavoz de su partido en la Comisión municipal de Economía, Innovación y Hacienda) ha incidido en la necesidad de corregir de “inmediato” esta situación: “Estamos ante una chapuza más que se suma a una larga lista de decisiones fallidas de este Gobierno municipal, con ordenanzas recurridas (terrazas) y cuestionamiento en los tribunales (Cocheras de Cuatro Caminos)”.

A su juicio, esta coyuntura evidencia “una grave crisis en la gestión de Almeida”. “Sucede una y otra vez y en esta ciudad ya no se sabe qué es legal, qué es ilegal, si hay que pagar la tasa, si no, si te la van a devolver, si no te la van a devolver... Madrid no se puede permitir esta inseguridad jurídica”, ha concluído López.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha desestimado el recurso que presentó la empresa PreZero contra la adjudicación del servicio de limpieza y recogida de basuras de Santander a la UTE Acciona-Oxital.

Tras esta resolución, el Ayuntamiento firmará en los próximos días el contrato para que el nuevo servicio pueda entrar en funcionamiento en un plazo de dos meses, según ha informado en un comunicado.

La concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, ha destacado que la resolución “avala el procedimiento administrativo realizado por el Ayuntamiento en la tramitación de este expediente”.

El Ayuntamiento de Santoña ha puesto en funcionamiento este lunes el canal de comunicación gratuito Línea Verde para que los ciudadanos puedan informar, a través de una aplicación móvil, incidencias que detecten en el mobiliario urbano.

El Consistorio ha indicado en un comunicado que con esta medida busca dar una respuesta más rápida a las necesidades del municipio.

Para ello, solo será necesario descargar la aplicación de forma gratuita desde cualquier dispositivo móvil y, una vez instalada, el usuario podrá seleccionar el tipo de incidencia que quiere comunicar, hacer una foto y añadir un breve comentario.

Línea Verde detecta de forma automática la ubicación del problema y lo notifica al Ayuntamiento. A partir de ahí, el equipo municipal comienza a trabajar para solucionarlo y mantendrá al ciudadano informado en tiempo real.

La aplicación ofrece a los vecinos la posibilidad de hacer consultas medioambientales que serán respondidas por un equipo de expertos en un plazo máximo de 24 horas.

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la participación activa de los vecinos a través de Línea Verde, ya que supone “una gran oportunidad para colaborar con la mejora y el cuidado de la villa”.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la solicitud presentada por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) y la Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas sobre la incineradora de Las Lomas, en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. La entidad solicita asimismo a la Comisión Europea la apertura de una investigación preliminar.

Así consta en un escrito remitido a la Fravm, según recoge Europa Press, en el que la Comisión de Peticiones señala que la petición ha sido declarada admisible al considerar que el asunto “entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea”. En la carta, el mismo órgano indica que ha solicitado a la Comisión Europea que lleve a cabo “una investigación preliminar sobre este asunto” y que, además, ha trasladado la petición a la Comisión de Medio Ambiente, Clima y Seguridad Alimentaria (ENVI) del Parlamento Europeo para su análisis.

El documento recuerda también que la responsabilidad principal de la correcta aplicación del Derecho de la Unión recae en los Estados miembros, y apunta que las cuestiones planteadas en la petición están recogidas en la normativa europea sobre residuos y en las estrategias vinculadas a la economía circular.

“Deficiencias” en la seguridad con impacto en la salud

La solicitud registrada por los colectivos vecinales denuncia el retraso en la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en la incineradora de Valdemingómez, así como diversas “deficiencias” que, según sostienen, pueden afectar a la seguridad de la instalación y tener impacto en la salud de la población y el medio ambiente. En concreto, según apunta la Fravm en un comunicado, el Ayuntamiento de Madrid debería haber implementado hace más de dos años medidas exigidas por la normativa comunitaria, como un sistema de gestión ambiental con un plan de gestión de accidentes o mecanismos de control y comparación de emisiones contaminantes para cumplir el Reglamento de Emisiones Industriales.

Ante esta situación, las asociaciones decidieron elevar el caso a las instituciones europeas, a la espera ahora de que se recabe información al Consistorio madrileño y se avance en el análisis del expediente. La admisión a trámite se produce tras un proceso en el que, según recuerdan los colectivos, los eurodiputados del Partido Popular Europeo votaron en contra de su tramitación en la Comisión de Peticiones.

El PSOE ataca a Almeida ya que Bruselas hace “más caso” a los vecinos

Por su parte, el concejal del Grupo Municipal Socialista Ignacio Benito ha criticado que en Bruselas se haga “más caso” a las denuncias de los vecinos de Vallecas que a su propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Le ha acusado de “mirar hacia otro lado” con la incineradora de Las Lomas, en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. En declaraciones remitidas a la prensa, Benito ha señalado que los vecinos de este distrito llevan “años denunciando” los efectos de esta instalación, entre otros, “malos olores, emisiones y preocupación por la salud”. Especialmente en el Ensanche de Vallecas, donde según ha indicado, “miles de familias” reclaman algo tan “básico” como aire “limpio”.

“Pero lo más llamativo es que esa voz parece escucharse antes, fuera que dentro de Madrid. En Bruselas ya se han abierto investigaciones por las denuncias vecinales, mientras aquí el ayuntamiento sigue mirando hacia otro lado”, ha reiterado. En este sentido, el socialista ha reprochado que Gobierno municipal haya optado por prolongar la actividad de la incineradora hasta el año 2040. A su juicio, esta decisión supone mantener “un modelo contaminante que afecta directamente a estos barrios”.

Además, Benito también ha cargado contra Sanz por asegurar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno las “inversiones millonarias” acometidas a lo largo de los años para seguir mejorando la instalación. “La pregunta es evidente: ¿millones para qué?”, ha planteado, para añadir que, a su juicio, no se han destinado a “reducir residuos, impulsar el reciclaje ni avanzar hacia la economía circular”, sino a “seguir contaminando el aire de los madrileños, especialmente el de los barrios del sureste”. “¿Por qué quienes más sufren la contaminación son siempre los mismos barrios como Vallecas?”, ha zanjado.

El Ayuntamiento recalca que “cumple con la normativa”

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz (también portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias), ha asegurado que Valdemingómez “cumple con la normativa vigente” y está “haciendo las cosas muy bien”. Sanz ha indicado que la petición ha sido admitida a trámite al reunir formalmente las características para ello, pero ha remarcado que Valdemingómez “cumple con toda la normativa vigente, con una autorización ambiental integrada que establece los valores límites de emisión, que está a disposición de cualquier organismo estatal o comunitario que quiera analizar su funcionamiento”.

“Valdemingómez cumple, ha cumplido y seguirá cumpliendo con todos los límites y, por lo tanto, creo que se están haciendo las cosas muy bien en ese sentido”, ha declarado la vicealcaldesa, que ha recodado las “inversiones millonarias” acometidas a lo largo de los años para seguir mejorando con todas las autorizaciones “siempre en vigor”. Razón por la que, entienden desde el Gobierno de Cibeles, no hay “ningún problema”.

Izquierda Unida (IU) de Santander ha valorado de forma positiva la sentencia conocida este miércoles que avala la resolución del contrato de recogida de residuos acordada por el Ayuntamiento frente a la UTE Ascán-Geaser, al considerar que acerca el conflicto a un desenlace que evite un mayor perjuicio económico para la ciudad, y ha insistido en la necesidad de crear una comisión de investigación para “depurar responsabilidades”.

El concejal de la formación, Keruin Martínez, ha manifestado en un comunicado que “como concejal y vecino de Santander, respiro aliviado, porque al fin tenemos una buena noticia sobre el estropicio en el que ha convertido Gema Igual el servicio de 'basuras'”.

Aunque ha recordado que la sentencia no es firme y ha opinado que “previsiblemente habrá recurso por parte de la empresa”, el edil considera que supone un paso importante hacia el cierre de un conflicto que, finalmente, “no suponga seguir tirando a la papelera el dinero de todos los vecinos a causa de su gestión incapaz, oscura y anhedónica de lo público”.

La formación ha precisado que la resolución judicial afecta a una de las dos grandes vías del conflicto, la legalidad de la rescisión del contrato, aunque deja abierto otro frente, el de las deducciones aplicadas en facturas durante 2020 y 2021.

A este respecto, el Ayuntamiento ha acumulado 16 sentencias firmes en contra, confirmadas en diferentes instancias hasta llegar al Tribunal Supremo, con un impacto económico que ronda los 3,2 millones de euros que deberán abonarse a la empresa con cargo a las arcas municipales. “Por desgracia, aunque la justicia avale una rescisión de contrato que llevábamos años pidiendo, eso no borra el dinero que ya se ha perdido por una gestión deficiente”, ha señalado Martínez.

Y es que el edil considera que estas 16 sentencias no se habrían producido si el Ayuntamiento hubiera aplicado un “buen seguimiento y fiscalización” del cumplimiento del contrato.

“La falta de control permitió durante años validar certificaciones y servicios que ya entonces denunciábamos que no se estaban cumpliendo”, ha explicado el edil, que ha señalado directamente a la alcaldesa y su equipo como responsable.

“Cuando no se supervisa correctamente un contrato de esta envergadura, el resultado es el que estamos viendo: deficiencias en la prestación de servicios, pleitos, inseguridad jurídica y millones de euros perdidos”, ha añadido Martínez, quien ha subrayado que el de basuras no es el único contrato que el Ayuntamiento “ha dejado de fiscalizar correctamente”.

Comisión de investigación

En este sentido, el concejal ha insistido en la necesidad de crear una comisión de investigación que permita “analizar con rigor todo el proceso, identificar fallos y depurar responsabilidades”. Se trata de una reclamación sostenida por la oposición durante ésta y la pasada legislatura, que el equipo de Gobierno del PP ha rechazado reiteradamente “por razones absolutamente opacas y que parecen destinadas únicamente a proteger a los principales responsables de que la situación haya derivado hasta este punto”.

“Si de verdad queremos cerrar esta etapa con garantías y recuperar la confianza de la ciudadanía, hace falta luz y taquígrafos. No basta con una sentencia favorable: hay que explicar cómo se llegó hasta aquí y qué se va a hacer para que no vuelva a ocurrir con el siguiente contrato, que todavía no está en vigor pese a cuatro años de contrato de emergencia, que aseguraron que apenas iba a durar unos meses”, ha insistido el concejal.

Por último, y en referencia al nuevo contrato, el edil ha apuntado que el nuevo pliego “solamente prevé dos auditorías en diez años”, lo que en base de la experiencia con Ascán, “nos parece muy poco”.

En este sentido, ha defendido la necesidad de hacer un seguimiento “más exhaustivo, que garantice no solamente la buena prestación del servicio, sino que se hace de la forma más correcta y adecuada para que sea eficiente, y no acabe repercutiendo económicamente en el bolsillo de todos y cada uno de los santanderinos”, ha concluido.

El Parlamento de Cantabria ha aprobado por unanimidad en el Pleno de este lunes una moción que insta al Gobierno regional (PP) a estudiar una bonificación fiscal o una deducción en el IRPF por compromiso medioambiental y reciclaje para compensar la subida de la tasa de basuras que implica la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

La bonificación sería de un máximo de 100 euros por contribuyente y para quienes acrediten ese compromiso medioambiental, en consonancia con el sentido de esta ley que se basa en que “quien más recicla, menos paga”.

Así lo recoge esta moción que partía del PRC y que ha salido adelante con una enmienda de modificación del PP. La original pedía articular deducciones “de manera inmediata” y la finalmente aprobada tras el cambio introducido recoge que se “estudie de manera inmediata el cauce legal para articular” las bonificaciones.

Además, insta al Ejecutivo a firmar convenios con los ayuntamientos, la Federación de Municipios, MARE o asociaciones o implicadas para facilitar la realización de actuaciones medioambientales o de reciclaje que puedan ser acreditadas con el fin de justificar el compromiso ambiental que dé lugar a las compensaciones.

La Asociación de Afectados por el Proyecto de Instalación de un Cantón y una Base del Selur en Montecarmelo ha presentado ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid un recurso contra el decreto municipal aprobado el pasado 3 de junio, por el que el Ayuntamiento de Madrid dio luz verde al proyecto técnico para construir un cantón de limpieza junto a varios centros educativos del barrio situado en el norte de Madrid. En el escrito, según recoge Europa Press, la agrupación reclama que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida aporte el expediente administrativo completo, incluyendo el proyecto técnico íntegro y todas las memorias justificativas del cambio de parcela, para poder formular demanda en plazo.

La lucha vecinal contra el cantón lleva más de dos años marcada por la preocupación por su ubicación junto a varios centros educativos y zonas residenciales. Desde que el Ayuntamiento decidió cambiar la parcela inicialmente prevista por otra situada en plena zona escolar, asociaciones de vecinos, AMPAS y el Colegio Alemán han impulsado movilizaciones, campañas informativas e incluso acciones judiciales para frenar este proyecto. Detrás de la asociación que interpone la demanda está la Plataforma de Afectados por el Cantón de Montecarmelo, quien impugna el decreto al carecer de “sustento legal, jurídico y urbanístico, y conllevar unos más que evidentes riesgos para la salud y la integridad de los vecinos y para la calidad del Medio Ambiente de Montecarmelo”.

El colectivo considera que el Consistorio está intentando reactivar un proyecto anulado judicialmente después de que una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 declarara la nulidad de pleno derecho de los decretos que modificaron la ubicación original del cantón, al no haberse sometido a evaluación ambiental el cambio de parcela previsto en el contrato de limpieza adjudicado a Urbaser.

Los vecinos sostienen que el Ejecutivo municipal está actuando mediante “hechos consumados”, al impulsar un nuevo proyecto sin esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid resuelva la apelación interpuesta por el Consistorio contra la sentencia que anuló el cambio de ubicación. Entienden que el plan carece de “fundamentación jurídica y urbanística” y debe ser declarado nulo.

La parcela seleccionada, la 26.2.b del ámbito Montecarmelo, se encuentra a escasos metros del Colegio Alemán, la guardería pública Sol Solito, el Colegio Santa María la Blanca y otros centros educativos que suman más de 4.300 menores, según detalla la Asociación. El escrito judicial advierte de que el proyecto incluye instalaciones de gestión y almacenamiento de residuos -algunos peligrosos-, talleres, aparcamientos de vehículos pesados y repostaje de GNC, lo que a su juicio resulta “incompatible” con un entorno estrictamente escolar y residencial

El conflicto se agravó en abril de 2025, cuando, según el escrito, el Ayuntamiento procedió a la tala de árboles en la parcela a pesar de que el procedimiento judicial previo estaba “visto para sentencia”, provocando indignación vecinal. Además, asociaciones de madres y padres y el propio Colegio Alemán se han mostrado en contra del proyecto y han protagonizado iniciativas públicas denunciando riesgos para la seguridad vial, especialmente tras varios atropellos recientes protagonizados por vehículos de limpieza en Madrid. El documento solicita la admisión a trámite y reclama que el Ayuntamiento aporte el expediente administrativo completo, incluyendo el proyecto técnico íntegro y todas las memorias justificativas del cambio de parcela, para poder formular demanda en plazo.

El pasado jueves, el alcalde de Madrid manifestó que la intención es “llegar a un acuerdo lo antes posible” en torno al cantón de Montecarmelo, que no será más que “un lugar donde los trabajadores puedan cambiarse”. “Creo que este tema ya ha durado demasiado tiempo y que ha habido demasiadas intoxicaciones. Ha quedado más que demostrado que no va a ser un megacantón, ni va a haber una instalación de gestión de residuos”, aseguró Almeida. Así, el regidor insistió en que lo que pretenden es “un lugar donde los trabajadores puedan cambiarse, que puedan tener mejores instalaciones y depositar allí sus utensilios de trabajo”.

Actuaciones “motu proprio y de manera inexplicable, pues no disponían de instrucción alguna emitida por la empresa”. De esta forma arremetía la notificación de sanción de la compañía Urbaser que recibieron dos empleados, a los que la empresa responsabiliza de vertidos ilegales de aguas negras en el cantón de limpieza de Las Tablas, una actuación denunciada hace meses por Ecologistas en Acción después de que quedara captada en un vídeo. Trabajadores de la entidad insistieron en que “era una orden” y ahora este periódico ha tenido acceso a mensajes que prueban cómo el método irregular era conocido y aprobado por cargos superiores.

Así queda reflejado en conversaciones telefónicas entre el delegado de Urbaser David Lao y una capataz, a la cual la compañía ha abierto otro expediente sancionador con amenaza de despido o suspensión de empleo y sueldo entre 12 y 60 días. En los mensajes, anteriores a la trascendencia mediática del caso, la operaria trasladaba puntualmente al cargo de Urbaser las diferentes actuaciones que se llevan a cabo en dos cantones, con imágenes de las prácticas acometidas en las que se dan cuenta de las aguas negras vertidas. “Limpia la arqueta de Quintanapalla [calle donde se ubica el cantón de Las Tablas]. Luego vemos cómo”, ordena Lao a esta trabajadora, que en la actualidad se encuentra de baja.

La capataz respondió a Lao preguntando por si lo que quería que sanearan era “el pocillo”, nombre coloquial con el que la plantilla se refiere a las arquetas que se abrieron para llevar a cabo esta limpieza irregular. La capataz envía varias fotos al delegado de Urbaser y explica que “se han limpiado las rejillas de Quintanapalla” o que “el martes se hizo Isla de Arosa [otro cantón del distrito de Fuencarral-El Pardo]”.

“Llevamos así más de año y medio, dos veces a la semana. Hemos vertido unos 150 litros de aceite hidráulico al alcantarillado público”, denunciaba un trabajador del servicio municipal de recogida de residuos de Madrid sobre la dinámica en el cantón de limpieza del Ayuntamiento en Las Tablas, al norte de la capital.

Impacto al río Jarama después de “directrices de mandos superiores”

Ecologistas en Acción alertaba en un comunicado de “un impacto al medio ambiente y a la salud de los trabajadores que requiere una intervención urgente por parte de Canal de Isabel II y el Ayuntamiento de Madrid, ya que afecta a sus instalaciones”. Y añaden: “La carga contaminante estará llegando a la estación regeneradora de aguas residuales de Valdebebas, alterando su normal funcionamiento e incrementando el riesgo de contaminación directa del río Jarama. Especialmente si existen tormentas con intensa precipitación en poco tiempo y el agua del alcantarillado no puede ser retenida por los tanques de tormenta y se vierte directamente al río. Se trata de un delito ambiental que afecta directamente el adecuado funcionamiento del alcantarillado y depuración del Canal de Isabel II y el Ayuntamiento”.

El conflicto medioambiental derivó en poco tiempo en un choque laboral. Los dos empleados retratados ejecutando estas tareas irregulares recibieron el pasado 28 de julio sendas notificaciones de sanción por parte de Urbaser, a la que luego se unió la enviada a la capataz. Sin embargo, diversas fuentes de la plantilla consultadas por Somos Madrid aseguran que estas actuaciones han sido “repetidas en el tiempo” y que seguían “las directrices de mandos superiores”.

“Si no cumplíamos con lo que el jefe nos mandaba, nos conllevaba una sanción”, aseguraba un miembro del personal. Explicaba que recibían las directrices de mandos intermedios, de su capataz, pero que estas “vienen siempre a su vez del jefe de servicio”. En caso de no seguir estas indicaciones, los trabajadores temporales se exponían a “la no ampliación de sus contratos como forma de castigo”. La plantilla fija también podía sufrir represalias: “Si ibas al médico no valía un justificante. Te exigen un certificado que demuestre que la prueba tenía que ser necesariamente en el horario de tu turno. Te retienen la cantidad correspondiente a esas horas hasta que les llevas a juicio, y no es hasta ese momento que te lo devuelven para evitarse el proceso”.

La notificación de sanción laboral de Urbaser, a la que tuvo acceso este medio, habla por contra de actuaciones sin “instrucción alguna emitida por la empresa”: “Usted empezó a recoger parte del líquido que se encuentra en un cubo con otro de menores dimensiones y una cuerda, siendo posteriormente basculado en el interior del cubo que previamente había trasladado hasta las inmediaciones del separador de hidrocarburos [...] Arrojaron el líquido hacia una alcantarilla situada a la entrada del cantón”. Una intervención que, admite la propia empresa, supone “transgredir una prohibición expresa” y “daña la imagen de la compañía”.

Las cartas dirigidas a los dos empleados y a la capataz finalizan con las propuestas de sanción: “Los hechos son susceptibles de ser tipificados como falta muy grave, siendo sancionables con la suspensión de empleo y sueldo o el despido, tal y como se recoge en el artículo 56.3 del Convenio colectivo general del sector”. Las fuentes laborales explican que sus compañeros siguen meses después a la espera de una respuesta por escrito sobre el estado y el alcance concreto de la multa: “Pero tienen claro que no se van a comer ni un día de castigo, van a defenderse. Seguramente en el juicio ni se presentará Urbaser, sobre todo cuando vea que existen más vídeos. Pero aunque se retracten, piensan llevar a la empresa a los tribunales. Y el malestar ya está en toda la plantilla”.

Una investigación interna ante el silencio del Ayuntamiento y las críticas de sindicatos o ecologistas

Este diario ha contactado en reiteradas ocasiones al área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid para conocer su postura acerca de los vertidos, el resto de actuaciones que denuncian los operarios y la posible intervención ante ellas, así como si estas dinámicas pueden suponer un incumplimiento del acuerdo contractual con Urbaser. Por el momento, la concejalía que lidera Borja Carabante no da respuesta a las preguntas trasladadas.

Desde Urbaser declararon por su parte el pasado agosto que “actualmente la investigación interna sigue en curso y, por ende, aún no se han adoptado medidas de índole laboral, aunque sí se han adoptado otras de refuerzo de control y supervisión de las operaciones”. Esta vez, la compañía prefiere no hacer declaraciones públicas por el momento ante las cuestiones dirigidas a ella, después de las revelaciones sobre el papel de David Lao en los vertidos irregulares.

“No hay ninguna evidencia para atribuir la responsabilidad de este incidente a estos trabajadores en concreto”, recogía la alegación a la sanción laboral de Urbaser que presentó el sindicato UGT (al que está afiliado uno de los afectados). El escrito profundiza en estas críticas: “¿Cómo es posible que sucedan hechos como los descritos en su relato en un cantón donde continuamente están entrando y saliendo trabajadores, incluidos mandos intermedios, y nadie se percate de lo que hacen dos trabajadores abriendo una arqueta que nadie debía abrir según su versión?”.

A estos reproches se ha sumado el sindicato de Comisiones de Bases, co.bas, en una misiva dirigida a Borja Carabante. Recuerdan al concejal “las denuncias de Ecologistas en Acción contra Urbaser por vertidos ilegales al alcantarillado y por acumular residuos de barredoras en el cantón de Isla de Arosa, hechos que demuestran una falta total de control y supervisión municipal”. Hablan de una “grave y mala gestión del servicio de limpieza viaria en el distrito de Fuencarral-El Pardo, gestionado por Urbaser”.

“Se constata una falta de vehículos operativos, escasez de barrenderos en las calles y una planificación deficiente, lo que provoca amplias zonas sin atender. Este verano, por primera vez en muchos años, no se ha activado el retén de conductores, por lo que no se cubrieron las vacaciones ni las bajas, dejando numerosos vehículos inmovilizados y reduciendo drásticamente el servicio”, indican en un escrito que recoge otra serie de críticas a la compañía adjudicataria de dos lotes de limpieza licitados por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

“Cabe recordar que con la anterior adjudicataria, Valoriza, la organización y planificación eran más eficientes, a pesar de contar con menos medios, lo que evidencia que el problema actual es de mala gestión. Además, el temor de los vecinos de Montecarmelo ante la posible gestión del futuro cantón por parte de Urbaser tiene fundamento, dados los antecedentes recientes en el distrito”, apuntan desde co.bas. La empresa tendrá la compleja tarea de administrar el mencionado cantón, uno de los que ha despertado más contestación vecinal debido a talas y trasplantes infructuosos de árboles ya ejecutados o molestias de salubridad, ruidos, movilidad y seguridad que anticipan residentes del entorno.

Urbaser asumió el lote de los servicios de limpieza y recogida de residuos correspondientes a Fuencarral-El Pardo en 2021. La compañía, que antiguamente pertenecía a ACS y en la actualidad está en manos del fondo estadounidense Platinum Equity, se hizo con dos de los seis contratos concedidos: el número 3 (que además de Fuencarral-El Pardo incluye los distritos de Moncloa-Aravaca y Latina) por 269,8 millones de euros y el 5 (Puente de Vallecas, Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro) por 233,5 millones.

La relación contractual que se ha mantenido después de que la multinacional apartase a su número tres y al máximo responsable de Sertego (su filial de gestión de residuos) después de reconocer esta empresa su responsabilidad en una trama de fraude. Mezclaban aceite reciclado con gasoil para venderlo en estaciones de servicio, con un perjuicio para la Hacienda pública de 4,2 millones de euros. Urbaser enmarcó los cambios en “un proceso de reorganización”.

El último revés de la compañía llegó a finales de agosto, cuando trascendió que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid anuló la adjudicación de 1.091 millones de euros en un contrato de limpieza impulsado por la 42 localidades que conforman la Mancomunidad de Municipios del Noroeste por “falta de motivación”. Tumbó la concesión una modificación presentada por la empresa sobre su propuesta inicial, ante la cual la mesa de contratación debía decidir si se trataba de una mejora o un cambio sustancial en los pliegos. Cada una supone implicaciones propias y un tratamiento distinto en el proceso. “En el expediente existe una ausencia de justificación técnica en las puntuaciones dadas, que supera el límite de la discrecionalidad técnica”, subraya la resolución.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante la Comisión Europea que la tasa de basuras aplicada por distintos ayuntamientos, entre los que se encuentran los de Guadalajara y Ciudad Real, pudiera incumplir la directiva europea en materia de residuos.

En un comunicado, desde OCU recuerdan que la normativa vigente de la Unión Europea sobre los residuos establece el principio de “quien contamina paga”, que debe incentivar la gestión de cualquier tipo de residuos. En España la transposición de la directiva establecía la obligación para los municipios de más de 5.000 habitantes de establecer una tasa de gestión de los residuos que reflejara el coste real de la gestión aplicando el citado principio.

A pesar de esta obligación, la aplicación de la citada tasa no se ha hecho de forma correcta. Los estudios de OCU ponen de manifiesto que algunos ayuntamientos como los de Badajoz, Ciudad Real, Guadalajara, Huelva, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Murcia, Orense, Oviedo, Palma de Mallorca, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Teruel y Zamora aplican una tarifa fija a todos los contribuyentes, de manera que no refleja el coste real del servicio ni aplica el principio del que contamina paga.

En su denuncia a la Comisión Europea, OCU pide que se evalúe si la transposición realizada por los municipios de España se ajusta al contenido y al espíritu de la Directiva mencionada y que en caso de detectar incumplimiento, se insta a iniciar el procedimiento correspondiente de entre los contemplados en la legislación europea para dar cumplimiento a la directiva de residuos.

Puertollano tiene previsto subir el recibo esta semana

Precisamente el Ayuntamiento de Puertollano tiene previsto aprobar, previsiblemente en el pleno de este jueves, una importante subida de la tasa por recogida domiciliaria de basura que será efectiva a partir del 1 de enero de 2026, aduciendo cumplir la Directiva Marco de Residuos de la Unión Europea y de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

El cambio que más impacto tendrá para la ciudadanía será el establecimiento de una tarifa para viviendas de 18,59 euros al trimestre, en contraste con la cuota de servicio establecida actualmente, que asciende a 8,33 euros más IVA, lo que supone un 123% más, según recoge Europa Press.

En rueda de prensa, el alcalde, Miguel Ángel Ruiz, ha subrayado que este incremento del recibo, que se aplica “a su pesar”, porque la Ley no deja margen para mecanismos compensatorios, será amortiguado con la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de un 6,22%, unos 25 euros por recibo, que también se pretende aprobar en este pleno, y una rebaja en la tarifa del agua que podría beneficiar al 50% de los ciudadanos, al modificar el primer tramo de consumo, de cero a 15 metros cúbicos.

Respecto a la modificación de la ordenanza fiscal de recogida de basuras, el Consistorio basa esta iniciativa en la obligatoriedad de cumplir la legislación comunitaria y española, que establece la necesidad de que las entidades locales fijen una tasa específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación de residuos. Así, el objetivo es modificar la tasa para que se gestionen los residuos sólidos urbanos y reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y gestión de los residuos en la salud humana y el medio ambiente.

La modificación del recibo de basuras en Puertollano prevé una tasa trimestral de 18,59 euros para viviendas, locales comerciales e industriales, almacenes, estacionamientos, pequeños talleres, oficinas de profesionales y comunidades de cocheras.

Bares, cafeterías y similares deberían afrontar una tasa de 55,20 euros. Hoteles, restaurantes, hospitales y tanatorios, deberán responder con una tarifa de 110,38 euros, mientras que hipermercados, grandes almacenes y cadenas de alimentación tendrán asignada una tasa de 665,30 euros.

Además, se establecen nuevas tasas trimestrales para autoservicios (55,20 euros), cines, teatros, discotecas, salas de bingo y similares (55,20 euros), oficinas bancarias (160 euros) y grandes talleres y naves industriales (55,20 euros).

Las viviendas que se encuentren deshabitadas con carácter permanente, los locales comerciales en los que no se ejerza actividad y las cocheras individuales, a petición de su titular, tendrán derecho a una reducción del 50% sobre la cuota tributaria.

La nueva normativa también prevé el establecimiento de bonificaciones, con el objetivo de alcanzar un reciclado del 55% sobre 482 kilos estimados por persona al año de residuos de naturaleza urbana.

Así, están previstas bonificaciones por depósitos en el Punto Limpio por cada titular de domicilio fiscal con bonificaciones que, en función de los kilos depositados, oscilarán entre los 5 y los 20 euros por recibo.

“No te das cuenta, pero al igual que el resto de los 3,4 millones de habitantes que tiene la ciudad de Madrid, tiendes a acumular”. Con esta frase se presenta una exposición que propone replantear la relación con los objetos (y los archivos digitales) de nuestro entorno. Un vínculo material, pero también personal, en el que el apego puede confundirse con el consumo desaforado.

Distrito Diógenes llega del 25 al 28 de septiembre a la sala El Umbral de Primavera, en la calle Primavera de Lavapiés, con activaciones abiertas a la participación del público los días 25 y 26 (previa inscripción a través del formulario de este enlace). Lo hace de la mano de la 12ª muestra de creación escénica Surge Madrid. Sus responsables, Pablo Villa Sánchez y Pablo Alamá (de la Compañía CRÁTER), ponen una pregunta sobre la mesa: ¿Cuánto podemos llegar a acumular, no solo en el mundo físico, sino también en el digital?

La muestra se presenta como “una pieza insostenible por la sostenibilidad”. En ella, enseres de todo pelaje son depositados por los participantes junto a unas descripciones de su origen o su pasado. De esta forma, el espectador podrá atender a tres dispositivos: una instalación interactiva, donde el público es invitado a desprenderse de un objeto que haya traído a propósito de la pieza (el cual pasará a formar parte de la instalación para ser expuesto) así como contar brevemente su historia en una tarjeta; una subasta gratuita en la que los asistentes podrán pujar por lotes formados por esos objetos, siendo el postor ganador quien mejores argumentos brinde para adquirirlo, y un recorrido itinerante que discurrirá por calles y comercios emblemáticos del barrio de Lavapiés.

Distrito Diógenes aterriza en un contexto social y político en el que, según sus dos creadores, “buscamos la manera de alargar la vida de los objetos que tenemos o de darles una segunda vida a aquellos que ya no queremos, pero que siguen siendo útiles”. Muestra de ello es el anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible anunciado el pasado julno por el Gobierno central, en el que se menciona el derecho a reparar para acabar con la obsolescencia programada.

“La idea nace pensando en personas con el Síndrome de Diógenes no como afectadas por un trastorno, sino que sufren una enfermedad fruto del mundo en el que vivimos”, explica Pablo Alamá en conversación con Somos Lavapiés. Después de explorarla desde un enfoque más teatral en un proyecto anterior, Vacío, ahora se lanzan con una concepción expositiva a la par que interactiva. “El mundo nos empuja a poseer por encima de nuestras posibilidades y las del planeta. Cuesta desprenderse de las cosas y eso afecta de forma individual, pero también de manera colectiva”, añade su cocreador.

Todo ello les llevó a plantearse “cómo vivimos, sobre todo en las ciudades: qué es basura y qué no, qué tiene valor y qué no”. De ahí el sentido de que la propia exposición “se nutra de los objetos que trae la gente”, hasta el punto de que “si sigue creciendo en algún momento no habrá espacio para albergarla, un poco lo que pasa en el mundo”. Distrito Diógenes comenzó a forjarse con bienes entregados por los propios integrantes de la Compañía CRÁTER y luego fue creciendo con otros depositados en las primeras pruebas del proyecto. Ahora se enfrenta a su primera apertura a la ciudadanía.

Según Pablo Villa Sánchez, lo paradójico es que despedirte de una propiedad puede implicar valorarla por primera vez en mucho tiempo: “Contar la historia de un objeto al desprenderte de él revela los motivos por los que lo estabas conservando. Es la propia narrativa del objeto, más allá de su utilidad práctica, lo que nos lleva a acumular. Pienso por ejemplo en el ticket del Metro que cogimos en un día muy especial. En las tarjetas que acompañan a los enseres hay patrones que dibujan las razones por las que acumulamos. Hay algo bonito en que les demos valor, pero a la vez también encarna que convertimos nuestra casa en una acumulación continua”.

“De las historias nos sorprenden tanto las repeticiones o los puntos en común (por ejemplo la nostalgia) como las variantes, los relatos completamente diferentes que aparecen. Por eso es importante contar con gentes de todas las edades, de niños a personas ancianas. Es un rango muy grande de tanto de historias como de objetos desprendidos, desde algo que acabas de encontrar en la cartera hasta un elemento que has tenido por casa desde hace 30 años. Es bastante curioso, yo creo que si lo hacemos 100 veces va a a seguir sorprendiéndonos”, asegura el cocreador de la instalación.

Porque muchas veces ese valor reside más en las narrativas que en lo físico, de ahí la idea de organizar pujas dialécticas: “Diseñamos las subastas para que los objetos circulen, pero tenían que ser sin dinero. Hay que pujar con argumentos, de manera democrática, para ver qué ocurre si en lugar de valor económico le damos un valor sentimental a las cosas”, describe Alamá.

Cuestionar ese componente pecuario de todo objeto explica también otra actividad programada para el día 25, cuando los participantes visitarán el icónico establecimiento de la Asociación Traperos de Emaus (en el número 8 de la calle de San Cayetano). “Se dedican a recoger de las casas objetos que sus habitantes ya no quieren. Lo que pueden vender lo llevan a su tienda, sino lo trasladan a un punto limpio. Nos sirve para reflexionar sobre la acumulación en la ciudad, porque al llegar a su sede ves y sientes esa acumulación encapsulada en un único lugar. Además, nos interesaba mucho que el precio de las cosas sea en parte arbitrario. Le preguntas al dependiente cuánto vale una vajilla y te dice una cifra en función de cómo le hayas caído o de lo bien que se te dé regatear”.

Dice Alamá que precisamente les interesaba llevar su idea Lavapiés por estar cerca de El Rastro, donde se concentran “antigüedades que nunca sabes cómo han llegado ahí”. Pero además, el conjunto del barrio es una zona que “los fines de semana se llena de gente, que es céntrica pero todavía barrial, por mucho que sufra la gentrifiación”. “Se mezclan muchos temas que nos llevaban a pensar en acumulación (objetos, turistas, bares...), aunque al mismo tiempo nos planteamos llevarnos a otros barrios y ciudades. Ver qué pasa, por ejemplo, si lo hacemos en la España vaciada”, apostilla.

El viernes 26, los participantes continúan su particular exploración: se dedicarán a “rescatar objetos de la basura que alguien ha creído que no valían, pero que para otra persona pueden servir”. Esos objetos se colocarán sobre un plano 2x2 del municipio de Madrid, dividido por distritos, para ver cómo queda la ciudad si todos los objetos se sitúan sobre plano encima de ella. “La idea es pensar cuántos objetos puede haber en Madrid por metro cuadrado y cuáles serían: un coche, una cartera, una maleta... Que todo eso quepa en un solo metro cuadrado a priori es imposible, pero es lo que pasa en la ciudad con tanto nivel de acumulación”.

¿Y dónde queda en todo eso ese aspecto de sobreposesión digital que también pretende cuestionar Distrito Diógenes? Alamá apunta que les preocupa igualmente “qué pasa con todas las fotos que almacenamos, los mails que enviamos o las newsletters a las que nos suscribimos, todo eso también afecta al planeta”. Una forma de escenificarlo será el traslado a la tienda de la Asociación Traperos de Emaus, que se completará siguiendo las indicaciones de un audio y sin recurrir a Google Maps. Una forma de recuperar la orientación, un paseo por la ciudad en el que reparamos en ella y nos preocupamos por su estado.

“Lo digital aparece menos en la exposición en sí, pero tiene peso en la parte itinerante”, resume Pablo Villa Sánchez. Recalca asimismo el volcado de lo que suceda a un Instagram específico del proyecto (todavía no habilitado), que funcionará “a modo de anexo”. “Durante la pieza, se insta al público a que saque fotos o vídeos (la base de la acumulación digital) y nos etiquete para acumular puntos de vista que las actividades han ido generando”, cuenta.

Porque la acumulación digital, y sus efectos contaminantes o en la promoción de la escasez de recursos, son igual de reales aunque pasen desapercibidos: “No reparas en que en tu portátil o tu móvil también hay acumulación hasta que te peta el disco duro o te quedas sin espacio”, opina Villa Sánchez. Aunque estos archivos, en cambio, no pueden despositarse en una de las tiendas con más solera de Lavapiés.

La manifestación en defensa del pueblo palestino y contra el genocidio promovido por el Gobierno de Netanyahu no fue la única que tuvo lugar el pasado domingo en el recorrido de La Vuelta Ciclista por Madrid. El barrio de Montecarmelo, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, volvió a escenificar su oposición a un polémico cantón de limpieza que el Ayuntamiento liderado por José Luis Martínez-Almeida planea colocar en esta zona al norte de la capital. Aunque la protesta principal tuvo lugar durante la mañana, horas más tarde decenas de personas mostraron su rechazo a la instalación de residuos al paso de la cita deportiva.

Convocada por la Plataforma No al Cantón de Montecarmelo y la Asociación Vecinal de Montecarmelo, la concentración de la mañana (a la que según la organización han acudido unas 8.000 personas) se produce ya que según estas entidades tanto el alcalde como su concejal del área de Medio Ambiente, Borja Carabante, “torean a la Justicia”. Así lo exponen en un comunicado: “Han comenzado las obras con una sentencia en contra sin esperar a que se resuelva el recurso del Ayuntamiento y en paralelo firmaron un decretazo que daba luz verde a un calco del cantón industrial declarado ilegal por el juez”.

Se refieren con ello a la sentencia del pasaso abril, en la que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº9 de Madrid declaró nula la ubicación del cantón, cerca del Colegio Alemán (un centro al que acuden diariamente cientos de menores), por falta de evaluación ambiental. La resolución anulaba pleno derecho las resoluciones municipales, al considerar que carecían del preceptivo informe de evaluación ambiental, obligatorio según la legislación vigente. El juzgado impuso asimismo costas procesales al Consistorio.

Pero a finales de agosto una empresa empezó a vallar la parcela que albergará el futuro recinto, incluso una superficie mayor: 12.000 metros cuadrados por 10.000 del terreno. Ello despertó la indignación de las entidades vecinales: “Es una instalación con uso industrial y, por tanto, necesita un informe de impacto ambiental que no tiene ni puede presentar ya. Además, Carabante firmó el 3 de junio un decreto que daba luz verde a un proyecto para el cantón, calco del anulado por la Justicia. En él se afirma explícitamente lo que tanto Carabante como nuestro alcalde niegan ante los micrófonos y las cámaras: es un cantón con uso industrial”. Desde la Plataforma No Al Cantón recuerdan que el cartel de aquel vallado indicaba que se trataba de una “obra” para “un cantón de limpiaza varia, no de proximidad”. “No se trata de unos simples vestuarios”, apostillan.

Desde el Gobierno municipal remarcaron que estas actuaciones “no implicaban el inicio de obras” y que esta zona es “una parcela de patrimonio municipal del suelo que no forma parte de la zona verde”. En la misma línea se ha pronunciado ante los medios este lunes el propio José Luis Martínez-Almeida: “No va a ser un tráfico continuo de vehículos, no va a ser un megacantón. Es compatible garantizar el bienestar con que los trabajadores de la limpieza mejoren sus condiciones”. El regidor considera además que “no hay quejas vecinales prácticamente”.

Una visión que no comparten ni la mayoría de residentes del entorno ni la oposición municipal. A la protesta acudió la concejala socialista en Cibeles Meritxell Tizón, secretaria general del PSOE en Fuencarral-El Pardo. La edil afeó al Ejecutivo de Almeida, según recoge Europa Press, que “no haga caso” a las reivindicaciones vecinales: “Estamos hablando de una instalación industrial en pleno corazón de un barrio. Lo que pedimos al alcalde es que escuche a los vecinos y adopte soluciones para mejorar su calidad de vida y no provocarles un perjuicio”. Ha insistido en que “hay alternativas” para ubicar esta instalación en un distrito “muy grande”. “No olvidemos que son dos cantones, uno de ellos industrial. En este caso la parcela que se ha decidido está al lado de varios centros educativos y también muy cerca de las viviendas”, ha zanjado Tizón.

La marcha del domingo es una nueva muestra de la piedra en el zapato que los cantones de limpieza están suponiendo para Almeida. La pasada semana, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no recurrida por el Ayuntamiento tumbó varios cambios que el área de Urbanismo introdujo en las nuevas Normas Urbanísticas aprobadas en el año 2023 y que afectan al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM). El fallo judicial elimina la nueva redacción del artículo 7.8.4.3 sobre los posibles usos de los terrenos calificados como zonas verdes en la ciudad. En concreto, suprime la posibilidad de construir en ellos “servicios públicos en su categoría de mantenimiento y limpieza de la ciudad de nivel básico”, es decir, estos cantones donde se almacena maquinaria o útiles para recoger la basura de las calles.

Revés jurídico al mayor contrato de basuras de España, con una cuantía superior a los 1.000 millones de euros. El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid (TACP) ha tumbado la adjudicación que la compañía Urbaser recibió para gestionar los residuos urbanos en 42 municipios del noroeste de Madrid. El organismo argumenta que el resultado de la convocatoria no quedó debidamente justificado.

Las localidades que conforman la Mancomunidad de Municipios del Noroeste emprendieron una concesión valorada en 1.091 millones de euros donde se incluye la construcción y explotación de una polémica planta de tratamiento de residuos en Colmenar Viejo, un núcleo urbano en el que se suceden los conflictos medioambientales y cuyo alcalde preside la Mancomunidad. El contrato acarrea también la explotación del conjunto de infraestructuras de tratamiento de residuos de la zona, con un período de concesión de 20 años.

Ahora la anulación (aprobada en febrero pero publicada este agosto en el portal de contratación) responde a dos recursos presentados por las empresas rivales que no ganaron el concurso: Valoriza (compañía que el fondo Morgan Stanley compró a Sacyr en 2023) y un consorcio entre FCC y Acciona.

La sentencia del TACP expone que concurrió una “falta de motivación” en la admisión y valoración por parte de la administración de una mejora introducida por Urbaser en su oferta. Es decir, la cuestión que ha llevado a tumbar la adjudicación ha sido una modificación presentada por Urbaser sobre su propuesta inicial ante la cual la mesa de contratación debía decidir si se trataba de una mejora o un cambio sustancial en los pliegos. Cada una supone unas implicaciones propias y un tratamiento distinto en el proceso.

“Lo que no es admisible es que se admita como mejora y no se motive cómo se ha valorado la misma en relación a la valoración de los criterios sujetos a juicio de valor, que es donde se incluyó aquélla”, recoge la sentencia. Y añade el escrito: “Podemos concluir que en el presente expediente existe una ausencia de justificación técnica en las puntuaciones dadas, que supera el límite de la discrecionalidad técnica”.

Golpe en un momento convulso para Urbaser

Urbaser es una compañía gestionada por el fondo estadounidense Platinum Equity, aunque antes estuvo vinculada a ACS. Obtuvo una puntuación total de 99,87 puntos, seguida de FCC-Acciona (98,68 puntos), Valoriza (92,27) y Espina-Setec (86,09). Todo ello en un proceso en el que la Mancomunidad de Municipios echa mano de los fondes europeos Next Generation, que deben invertirse antes de junio de 2026.

La decisión judicial llega en un momento crítico para Urbaser. Platinum lleva desde finales del pasado año tratando de vender esta filial, según detalla Cinco Días. Una operación que valoraban en unos 5.000 millones de euros, cuantía comprometida en gran parte por esta importante adjudicación en la Comunidad de Madrid ahora en entredicho.

Además, Urbaser se ha visto envuelta en la controversia estas últimas semanas, después de que dos empleados recibieran amenazas de despidos por ejecutar un vertido ilegal de aguas negras en un cantón de limpieza del distrito de Fuencarral-El Pardo (en Madrid capital). Fuentes de la plantilla afirmaron en conversación con Somos Madrid que los empleados “seguían directrices” de estamentos superiores de la compañía.

La empresa es también la gran beneficiada por las adjudicaciones de limpieza del Ayuntamiento de Madrid, donde asumió el lote de los servicios de recogida de basuras correspondientes a Fuencarral-El Pardo en 2021. La compañía se hizo con dos de los seis contratos en liza: el 3 (además de Fuencarral-El Pardo incluye los distritos de Moncloa-Aravaca y Latina) por 269,8 millones de euros y el 5 (Puente de Vallecas, Moratalaz, Villa de Vallecas y Vicálvaro) por 233,5 millones. Más de 500 millones de euros que, aun así, no tapan el impacto que la sentencia del TACP puede generar en la entidad.

El Ayuntamiento de Madrid empezará a girar los recibos de la tasa de basuras en el mes de septiembre, según ha confirmado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo. “Se recibirán en septiembre los recibos con el importe de cada uno y a partir de ahí se empezarán a hacer efectivos los cobros”, ha concretado la concejala durante su visita a la Oficina Municipal de Objetos Perdidos en unas declaraciones que recoge Europa Press.

La tasa media está en torno a los 140 euros anuales por vivienda. Sin embargo, algunos barrios llegarán a pagar unos 574 euros de media, como en Aravaca, lejos de los 47 de Villaverde, por ejemplo. El criterio para calcular la cuota de la tasa se ha construido mediante la suma de una tarifa básica, que pagarán todos los inmuebles por la disponibilidad del servicio de recogida y tratamiento de residuos, y una tarifa por generación.

La primera parte (que pesa un 81% de media, según el Ayuntamiento) tiene en cuenta el valor catastral de la vivienda. La segunda (el 19% restante) se fija en la cantidad de residuos generados y el porcentaje de calidad de la separación de cada uno de los barrios, según datos del Parque Tecnológico de Valdemingómez.

De esta forma los distritos que más pagarán serán aquellos donde la vivienda es más cara en Madrid, aunque en algunos casos la parte completementaria oscila notablemente. El lugar más caro es El Plantío (distrito de Moncloa-Aravaca), con 574 euros anuales de recibo medio, seguido de El Viso (Chamartín) con 457 euros, Recoletos (Salamanca) con 430 euros y Los Jerónimos (Retiro) con 427 euros. En la parte baja de la estadística se encuentran los barrios de San Cristóbal (Villaverde) con 45 euros, Pradolongo y Zofío (Usera) con 59,34 euros y Amposta (San Blas-Canillejas) con casi 62 euros. Estos datos responden a un estudio de Más Madrid utilizando datos catastrales de 2023.

Será a partir del año que viene cuando estos recibos se podrán domiciliar. La directora de la Agencia Tributaria de Madrid, Gema Pérez Ramón, explicaba en una comisión celebrada meses atrás que llevan “preparándola desde que se sabe que es obligatorio tenerla”. Para ello han puesto en marcha un programa de empleo temporal enfocado a las oficinas de atención integral al contribuyente para atender dudas, unido a un refuerzo en Línea Madrid.

La tasa por la gestión de residuos afectará a más de 1,5 millones de viviendas en la ciudad y a cerca de 1,4 millones de personas físicas. Los madrileños recibirán una comunicación individualizada sobre la nueva tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid, al tratarse de un tributo de nueva creación. Los técnicos de la Agencia Tributaría de Madrid han cuantificado los ingresos por esta nueva tasa en torno a los 296 millones de euros. Es una cantidad que, si se descuentan los 40 millones de euros que llegan a las arcas públicas por la actual Tasa de Residuos Urbanos de Actividades (TRUA), al derogarse esta por tratarse de tasas incompatibles, supondrá unos ingresos netos adicionales de 256 millones de euros para 2025.

Hidalgo ha recordado que el equipo que encabeza José Luis Martínez-Almeida “no está de acuerdo con esa tasa, ni en el fondo ni en la forma”, dado que su configuración ha sido “poco rigurosa”. Afirma que esto ha provocado que los ayuntamientos tengan “múltiples problemas a la hora de implantarla”. El Ayuntamiento de la capital debe aplicarla debido a un cambio legislativo del Gobierno central, que insta a repercutir en los ciudadanos el coste real del servicio. Pese a las críticas desde Cibeles a una modifiación que tildan de “sanchazo”, el propio Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid reclama explícitamente “el establecimiento de la tasa de residuos” en su Estrategia de Residuos.

Excepciones, formas de notificación y la cuestión de los alquileres

Están exentos del pago los garajes y trasteros asociados a una vivienda, porque no generan residuos, ni los solares y edificios en estado de ruina. Las viviendas vacías y los locales donde no se desarrolle actividad solo pagarán la parte correspondiente a la tarifa básica por disponibilidad del servicio, pero deberán acreditar anualmente que se mantienen en esta situación.

En el caso de las viviendas, el coste medio que habrá que pagar se sitúa en los 141 euros, mientras que los inmuebles de uso comercial tendrán una cuota media de 310 euros. El primer recibo llega en forma una notificación de alta en la matrícula de la tasa con su correspondiente liquidación, con un plazo de dos meses para el pago a partir de la recepción. Ya en los años posteriores, no será necesaria esta notificación individualizada al gestionarse mediante el sistema de matrícula, igual que se hace con el IBI.

En cuanto a la cuestión de si la tasa deberá ser asumida por los propietarios o los inquilinos de la vivienda, el Consistorio ha dejado caer en declaraciones previas que la cuestión está sujeta a acuerdos entre las partes, aunque al ser una tasa de uso los dueños pueden repercutirla a los arrendatarios.