Más Madrid, PSOE y Grupo Mixto del Ayuntamiento de Madrid han hecho este viernes públicas sus conclusiones sobre los trabajos de la comisión de investigación del supuesto espionaje a Ayuso, que se cerró el 9 de mayo con la comparecencia del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. En ellas, coinciden en que el alcalde “mintió” al asegurar que cuando fue informado de los hechos, puso en marcha una investigación interna para saber si eran ciertos esos “rumores” –como él los calificó– de que se había intentado contratar a detectives privados para espiar al entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid. También acusan al alcalde de “boicotear” los trabajos al poner todo tipo de obstáculos para impedir que comparecieran la mayoría de los dirigentes del PP que podrían haber sido claves para esclarecer los hechos. Una de las ausencias más notables fue la del excoordinador de la Alcaldía, Ángel Carromero, que presentó su dimisión al estallar el escándalo pero en realidad fue cesado por Almeida sin que se hayan conocido las razones de ello. Su testimonio era fundamental para saber la verdad. Pero Carromero mantuvo en suspense a toda la comisión y al final dio plantón a los grupos.

El caso dio origen a la mayor crisis que ha sufrido el PP en toda su historia y a la defenestración de su anterior presidente, Pablo Casado, y casi toda su cúpula. Ni Casado ni los otros dirigentes del partido llamados a testificar, como Teodoro García Egea, o Pablo Montesinos, quisieron acudir a la comisión. Tampoco la propia Isabel Díaz Ayuso, que fue la que denunció los hechos. El alcalde apoyó que no fueran al considerar que la oposición solo quería someterlos a “un circo”.

El Grupo Mixto, que lidera Marta Higueras, insiste en sus conclusiones que es necesario impulsar una moción de censura contra el gobierno de Almeida. El único grupo de la oposición que no ha querido presentar ni dictamen ni recomendaciones ha sido Vox, que ha señalado que en opinión de sus ediles la comisión de investigación ha sido “en una cacería política desde el principio”, coincidiendo con lo que ha denunciado el propio alcalde y el PP. Fuentes del grupo de extrema derecha aseguran: “A los que creemos es a los cargos técnicos que han declarado que no hubo uso de recursos municipales”. “Esta ha sido la 'Comisión de la Nada'”, afirman.

Más Madrid buscará el “mayor consenso” para presentar unas conclusiones conjuntas

El principal grupo de la oposición, Más Madrid, destaca en su informe que “el alcalde no ha actuado con la debida diligencia comprometida por él mismo para permitir conocer el testimonio tan siquiera de los que fueron altos cargos de su gobierno”. En este sentido ,“se debe de concluir que se han puesto todos los obstáculos posibles para poder conocer la verdad”, dicen. Y ponen de relieve “los comportamientos reprobables por parte del concejal de vivienda y presidente de la EMVS, Álvaro González, y de Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante”

Para Más Madrid Álvaro González “ocultó información relevante sobre los hechos y las pesquisas que estaba siguiendo tanto al Consejo de Administración como al Comité de Ética de la empresa de vivienda”. También consideran que “Carabante se extralimitó claramente en sus funciones y competencias, participando personalmente en la reunión en la sede de la EMVS, dependiente del Área Delegada de Desarrollo Urbano, y participó en el interrogatorio a un empleado de esta empresa pública”. 

En su dictamen, los de Rita Maestre no solo destacan “los intentos de Almeida por obstaculizar esta comisión”, sino también “el boicot que han hecho los miembros del PP, incluidos altos cargos del gobierno, o gente tan relevante para esta investigación como Carromero o Ayuso o su hermano, al no venir a declarar”. También ponen de relieve “las contradicciones de los distintos testimonios y el comportamiento reprobable de algunos concejales que se han extralimitado claramente de sus funciones”. 

Aunque Más Madrid cree que no hubo contratación en la EMVS para espiar a Ayuso porque los controles lo impidieron, consideran que se quedan sin saber si la ha habido en la EMT o en el área de coordinación de Alcaldía dado que el Ayuntamiento no les ha enviado la documentación que requirieron.

El concejal de Más Madrid Miguel Montejo ha puntualizado, no obstante, que se trata de un dictamen “abierto”, adelantando la predisposición de su grupo “a negociar” con el resto de la oposición –excepto Vox– “para alcanzar el mayor consenso posible y que el documento que se apruebe finalmente en el Pleno tenga los máximos apoyos posibles”.

El PSOE pide que sea obligatorio comparecer ante las comisiones de investigación

En el PSOE dan por probado que “el alcalde se entera de que, por parte del Ayuntamiento o alguna Empresa Municipal, se ha intentado contratar a un detective para investigar al entorno de Isabel Díaz Ayuso”. También da por cierto que Almeida “inicia una investigación en la que reconoce haber empleado medios municipales para un asunto exclusivamente privado del PP”.

Los socialistas hacen hincapié en que “el testimonio de las 24 personas que no han comparecido hubiera aclarado los términos de la investigación que el alcalde ordena hacer en el Ayuntamiento, la EMVS y la EMT”. Además, piensan que las dimisiones de Ángel Carromero, ex coordinador de la Alcaldía, y David Fernández, que fue jefe de prensa del área de Vivienda y el cese de Joaquín Vidal como director del comunicación de Almeida, “confirman que la trama existió y que el alcalde realizó una investigación usando medios del Ayuntamiento”.

“Conocemos una parte de esa investigación interna”, dicen los socialistas en su escrito, recordando que “en la sede de la Concejalía de Vivienda, se reúne el Comité de Dirección del área, con asistencia del Delegado Álvaro González y la incorporación del edil Borja Carabante al final de la reunión en la que se interroga Diego Lozano y David Fernández (asesores de Álvaro González) acerca de si la EMVS ha encargado investigación al detective Julio Gutiez sobre el hermano de Ayuso”.

El grupo de Mar Espinar cree, en definitiva, que “las no comparecencias de miembros activos del PP, las dimisiones de Ángel Carromero y David Fernández y el cese de Joaquín Vidal confirman que la trama existió” y que el alcalde “realizó una investigación usando medios del Ayuntamiento”. Además, destaca “las contradicciones entre miembros del Gobierno municipal y personal directivo y eventual han puesto de manifiesto que se ha mentido de forma pertinaz y obstinada”.

En sus recomendaciones, los socialistas piden que “el Ayuntamiento elabore una normativa que obligue al personal municipal a declarar en las Comisiones de Investigación”; y que “el no cumplimiento de esta normativa provocará el cese del personal eventual y la apertura de expediente disciplinario a funcionarios y personal laboral”.

Recupera Madrid insiste en una moción de censura contra Almeida

Por su parte, los tres ediles del Grupo Mixto también cree que el PP “ha intentado nuevamente hacer un uso partidista de las instituciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Madrid”, por lo que piden “retirar a los concejales del PP de cualquier responsabilidad de gobierno”, “como única forma de evitar que se sigan produciendo estas dinámicas activando, para ello, una moción de censura respaldada por la amplia mayoría de concejales presentes en el Pleno que rechazamos de plano este tipo de prácticas”.

Los de Marta Higueras creen que la investigación interna que anunció Almeida “no se produjo y el alcalde mintió cuando afirmó que sí se había realizado”. Una de las comparecencias que destacan es la de Ignacio González “que relató que el espionaje dentro del Partido Popular en una práctica habitual, una forma de presionar para obtener réditos políticos, precisamente lo que se buscaba con este presunto espionaje”.

En su escrito, Recupera Madrid coincide con los otros grupos en que “la comisión ha tenido un problema fundamental de partida y es que los principales implicados en el caso del espionaje decidieron no asistir, lo que ha impedido conocer su testimonio”. Entre ellos, citan a Isabel Díaz Ayuso, “que denunció el caso”, recuerdan. “Esta sucesión de incomparecencias hace que resulte prácticamente imposible esclarecer nada”. No obstante, apuntan a que ha habido “dos testimonios que han arrojado algo de luz sobre el asunto. Los de Javier Segura Fayos, vocal asesor de alcaldía, e Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Esperanza Aguirre entre los años 2011 y 2015”.

Almeida dice que la oposición tenía su sentencia “escrita”

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, de Ciudadanos, ha coincidido por su parte con la oposición en algunos aspectos de sus dictámenes, y en considerar “fallida y boicoteada” la comisión de investigación. “Nos hemos quedado sin saber quién estaba detrás del espionaje, cómo se articuló el espionaje, nos hemos quedado sin saber cómo llegó a saber la señora Ayuso de que estaba siendo víctima de espías, nos hemos quedado sin saber cuál ha sido el método por el cuál se enteraron...”, ha indicado Villacís.

Mientras los grupos municipales daban a conocer sus escritos, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida insistía en acusa a la oposición de “tener escritas las conclusiones de la comisión antes de que arrancara”.

“Tenían las conclusiones escritas desde el principio. Como sabían que no había nada, que no hubo encargo, ni dinero público o irregularidad... ha asegurado este viernes Almeida antes de participar en la inauguración de la Feria del Libro. Almeida considera que la oposición ha ignorado los informes del Comité de Ética solo para poder ”difamar y mentir“, en lugar de transmitir ”tranquilidad“ porque, según insiste, ”no ha habido espionaje ni irregularidad“. ”Pero esto es mucho pedir para una oposición instalada en los últimos meses en el fango y el barro“, ha agregado el alcalde.

El Grupo Municipal Popular también ha desvelado sus conclusiones. Insisten en que en ningún momento se produjo “nada irregular” o “sospechoso que pudiera suponer un incumplimiento de la normativa vigente”. Además, añaden que “no hay corrupción” y “no hay implicación de trabajadores de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo ni del Ayuntamiento de Madrid”, por lo que “no tienen ningún fundamento las denuncias”.

Ángel Carromero ha consumado lo que los grupos de la oposición se temían: ha dado plantón a la comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso. Terminadas las dos primeras comparecencias previstas para este lunes en la sesión de la mañana, el presidente de este órgano, Santiago Saura, de Ciudadanos, ha decidido hacer un receso de media hora para ver si los que estaban citados de nuevo para declarar en esta última sesión de la comisión aparecían. En concreto, se ha referido a Joaquín Vidal, antiguo director de Comunicación del alcalde y “otros comparecientes” sin citar ex profeso a Ángel Carromero. Pero ni uno ni otro han aparecido por el Ayuntamiento. Tampoco el exjefe de prensa de la EMVS David Fernández, a los que habían vuelto a citar. Ante las circunstancias, Saura ha suspendido la sesión hasta las cuatro de la tarde, hora prevista para la declaración del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con la que se pondrá broche final a los trabajos de la comisión que tendrá ahora que elaborar sus conclusiones.

Carromero ha mantenido el suspense todos estos días y hasta el final. Aunque fue citado hace ahora un mes para que acudiera a la primera sesión, puso una excusa y pidió que le buscaran otra fecha. Al final decidió que podría ir a testificar este lunes, lo que provocó mucho nerviosismo en el entorno del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y en el propio regidor, que quería garantizarse ser el último en declarar para dar su versión de los hechos ante la comisión de investigación. Pero Carromero tampoco ha aparecido hoy en el edificio de grupos de la calle Mayor de la capital.

Disconforme con la decisión de Saura, el concejal de Más Madrid, Miguel Montejo, ha tomado la palabra para saber si se aceptará que declare “si aparece, a las 17.30”, justo tras la declaración de Almeida. La pregunta ha quedado sin una respuesta clara del presidente de la comisión por lo que los grupos municipales han pedido que fuera un asunto a debatir en la Junta de Portavoces que se ha reunido al final de la sesión. Pero la idea no ha gustado ni al PP ni a Vox y no se ha determinado nada. Además, tampoco se espera que el antiguo brazo derecho del alcalde se presente esta tarde.

En esta sesión de este lunes solo han comparecido la coordinadora general de Alcaldía, Matilde García Duarte, y el actual jefe de prensa de Almeida, Daniel Bardavío, que han asegurado no haber conocido previamente las informaciones sobre el presunto espionaje –calificado por el propio Almeida como “un rumor”– y han negado mantener una relación estrecha con Carromero, ni antes ni después de su dimisión.

“Yo prácticamente no tenía relación con Ángel Carromero, yo ni supervisaba ni coordinaba ni dirigía sus funciones”, ha insistido García Duarte en varias ocasiones pese a que en el organigrama municipal Carromero aparecía como su subalterno. García Duarte es el alto cargo a quien llamó en un primer momento el primo de Almeida para pedir el contacto para Luis Medina en el caso de los contratos de las mascarillas.

En su declaración también ha señalado que a ella Almeida no le informó del “rumor” del supuesto espionaje a finales de noviembre del año pasado y que se enteró “por la prensa” el mismo 16 de febrero, al saltar las primeras informaciones del escándalo. A preguntas de Vox y de otros portavoces, la coordinadora general de la Alcaldía ha dicho que no le consta que desde el Ayuntamiento se haya intentado encargar ese espionaje a Ayuso y que lo hayan ordenado cargos municipales. Aunque ha dejado en el aire la duda de que puede ser posible que se haya intentado.

Fue la única dimisión en el Ayuntamiento de Madrid cuando la presidenta de la Comunidad acusaba a la cúpula del PP de haber organizado un espionaje desde allí contra ella. Su salida nunca se explicó y ahora todas las miradas se dirigen hacia él. Pero el excoordinador general de la Alcaldía de Madrid Ángel Carromero todavía no ha notificado a la presidencia de la comisión de investigación sobre el supuesto espionaje si va a presentarse a declarar el próximo lunes, 9 de mayo, en la que –salvo sorpresas– será la última sesión que celebre este órgano. Carromero mantiene el suspense y su silencio está provocando mucho nerviosismo en el entorno del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y en el propio regidor, que quiere garantizarse poner el broche final a la comisión de investigación con su versión de los hechos. Nadie espera que aporte nada nuevo, pero es una forma de asegurar que todo queda bajo control ahora que, muerto políticamente Pablo Casado, Ayuso ha perdido cualquier interés en unos hechos que consideró gravísimos y que supusieron el inicio de la mayor crisis interna del Partido Popular.

Almeida ni siquiera ha concretado la hora de su comparecencia, a la espera de que Carromero confirme si acude o no. El PP va a respaldar que el alcalde sea el último en testificar en la sesión de la tarde. Mientras tanto, los grupos de la oposición preparan sus cuestionarios a ambos para intentar determinar las responsabilidades políticas que pueda haber en este asunto. Porque, aunque el espionaje no llegó a materializarse, dados los controles internos que hay para contratar con esos fines desde la EMVS y la EMT, las sospechas de que hubo gestiones para tratar de acceder a documentos bancarios o fiscales del hermano de Isabel Díaz Ayuso para probar que cobró una comisión por un contrato adjudicado por la Comunidad continúan.

Ayuso desde el primer segundo habló directamente de un espionaje que muchas semanas después nadie ha podido probar. La incógnita que permanece es quién ordenó rastrear documentos secretos que arrojasen luz sobre los cobros de Tomás Díaz Ayuso: más de 300.000 euros a través de la empresa de un amigo que vendió 1,5 millones de euros en mascarillas al Gobierno madrileño.

Y por encima de eso late otra pregunta: ¿por qué dimitió Carromero si, como dijo el alcalde, “no tuvo nada que ver en el caso? Esas son las dos grandes cuestiones que siguen sin despejarse. Y es lo que los portavoces municipales pretenden que aclare el excoordinador general de la Alcaldía, que, junto a Almeida, es la persona que mejor conoce todos los entresijos de este caso.

Existe una información publicada por el diario ABC en la que se relata que una persona fue enviada presumiblemente por Carromero –un “joven alto y moreno de unos 30 años, que se identificó como Javier Muñoz”– a reunirse a finales de marzo en el Hotel Wellington de Madrid con el dueño de la agencia de detectives Mira, Julio Gutiez, para sondearlo sobre la obtención de esos documentos bancarios y fiscales, que son confidenciales.

El nombre coincide con el de un asesor en Usera de la concejala Loreto Sordo, que compareció la semana pasada en la comisión y negó tener nada que ver con el tema. Desde Más Madrid sospechan que pudo haber una “suplantación de personalidad” y apuntan que quien realmente pudo intentar contratar al detective fue José Cruz Mata, muy amigo de Carromero y también asesor de Loreto Sordo pero en el distrito de Moncloa-Aravaca. Sin embargo, este viernes, durante su declaración en la comisión de investigación, Cruz Mata dijo que ni conocía a Julio Gutiez, ni nunca ha intentado contratar a ningún detective. Este es uno de los episodios que los grupos quieren intentar que Carromero aclare.

Una dimisión en 'diferido'

Carromero, con cargo de director general en el Ayuntamiento de Madrid, uno de los puestos de la máxima cercanía al alcalde, anunció su dimisión “inminente” el pasado 17 de febrero, justo el mismo día en el que diversas informaciones le señalaron como una de las piezas principales en el supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).

Su paso atrás, que se vendió como una renuncia voluntaria para “poder defenderse” y “no dañar la imagen del Ayuntamiento”, causó cierta sorpresa dado que el alcalde había comparecido a primera hora del día anterior y afirmó que había hablado con su asesor “a lo largo de la tarde” de un día antes “en diversas ocasiones”, tras saltar las primeras noticias, y Carromero había negado los hechos. “Me ha negado absolutamente que haya hecho cualquier tipo de gestión tendente a obtener información sobre Ayuso o sus familiares”, señaló Almeida, que sentenció: “Una vez hechas las averiguaciones, concluimos que el detective niega la reunión, que el trabajador niega la reunión, que no hay ningún contrato y no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento para obtener información de esa naturaleza”.

No obstante, a renglón seguido advertía de que “no cabe ninguna conducta irregular o que no sea ejemplar en ningún cargo del Ayuntamiento de Madrid” y que “en el caso de que apareciera un indicio de que hay persona con cargo en Cibeles que ha realizado gestión para obtener esa información, será cesado de forma inmediata”, fuera Carromero o cualquier otra persona.

Carromero cayó después de una reunión de Almeida con el director de un medio de comunicación que avisó al alcalde de que tenía material comprometedor. Luego se descubrió que quien realmente redactó su carta de dimisión y escaneó su firma fue Vicente Javier Segura Fayos, vocal asesor de Alcaldía. Para que el documento fuese oficial, este asesor cogió un documento del despacho de Carromero firmado por este y escaneó la rúbrica. La maniobra se hizo para evitar que tuviera que comparecer en la reunión extraordinaria de la Comisión de Seguridad y Emergencias que había exigido convocar la oposición. El PP alegó entonces que no había sido convocada en tiempo y forma y, además, Carromero ya no era cargo del ayuntamiento. Así que el asesor de Almeida se fue sin dar la más mínima explicación.

Días después, Carromero también abandonó sus cargos en el PP de Madrid, donde era presidente del Comité Electoral y del distrito de Chamartín, y se dio de baja como militante del partido. Carromero fue citado a declarar en la primera sesión de la comisión de investigación pero alegó que no podía acudir y pidió cambiar de fecha. Desde entonces no se ha sabido más de él hasta que la semana pasada pidió que le buscaran hueco para el próximo 9 de mayo. Es el último día de la comisión y el mismo en el que hablará Almeida. ¿Por qué no ha dado señales de vida hasta ahora? Pocos lo saben, porque Carromero, desde que se fue del ayuntamiento, apenas habla con sus antiguos compañeros. Con el alcalde la relación está hecha añicos.

Otras polémicas

El pasado mes de abril, el diario ABC publicó que se había incorporado a trabajar en la Fundación Marqués de Oliva, que preside Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, cuyo fin es “promover y fomentar la figura del inversor privado, también conocido como 'business angel', y de esa especie en peligro de extinción, el emprendedor en España”, según se señala en la página web de esta institución.

La figura de Carromero se ha visto envuelta en más de una polémica. En 2012, el expresidente de Nuevas Generaciones del PP fue condenado y encarcelado por el homicidio imprudente de los opositores cubanos Oswaldo Payá y Harold Cepero en un accidente de coche en Cuba. La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre gestionó su extradición a España, donde siguió cumpliendo su pena hasta 2013.

Tiempo después, su cercanía a Pablo Casado le ayudó a escalar puestos en el PP. En 2019, justo un mes antes de las elecciones generales, el partido le rehabilitó y le nombró vicesecretario electoral en Madrid. Además, Almeida lo fichó para ayudarle en su gestión al frente del consistorio. Apenas tres años después, su figura se ha vuelto a desvanecer. El lunes próximo se sabrá qué papel jugó el fontanero del alcalde madrileño en el caso del supuesto espionaje a la presidenta regional. Las apuestas se cruzan sobre si irá o no.

La Comisión de Investigación sobre el supuesto espionaje a Isabel Díaz Ayuso abierta en el Ayuntamiento de Madrid entra esta semana en su recta final, con todos los focos puestos en el próximo lunes 9 de mayo. Ese día están llamados a comparecer el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y varios cargos de su equipo. Pero la inesperada petición de Ángel Carromero de declarar ese mismo día por la tarde, es decir, después del alcalde que está citado por la mañana, ha provocado un gran nerviosismo en el PP, que quiere que el broche final a los trabajos de este órgano lo ponga el regidor con su versión y no el que fue su asesor.

El temor a lo que pueda decir ahora Carromero, que sigue jugando al ratón y al gato con el propio alcalde, inquieta al equipo de Gobierno, ya que los motivos de su cese forzado tras el estallido del escándalo nunca han sido explicados. De ahí que el pasado viernes los populares pusieran todo tipo de trabas durante la reunión de la Junta de Portavoces para que el excoordinador de la alcaldía acuda a esa última sesión, que pondrá fin a los trabajos de la comisión. Desde el PP alegaron que “no hay precedentes” de que se vuelva a llamar a los comparecientes e intentarán forzar que Carromero declare en tal caso antes que Almeida.

Los portavoces de Más Madrid, PSOE y Grupo Mixto se han puesto en alerta ante la posibilidad de que los de Almeida intenten frustrar al final su comparecencia, para lo que tendrían que contar con el apoyo de Ciudadanos, su socio de Gobierno, algo que tampoco sería de extrañar habida cuenta de los cambios de criterio que ha demostrado estos días Begoña Villacís. “El PP quiere evitar a toda costa que Carromero tenga la más mínima oportunidad para tirar de la manta”, opina Miguel Montejo, portavoz de Más Madrid. “Carromero dijo que dimitía para defenderse pero parece evidente que de quien parece que se tiene ahora que defender es del propio Almeida”, añade Montejo.

Desde el PSOE, Mar Espinar espera que tanto la declaración de Carromero como la del alcalde “arrojen luz en esta comisión y que realmente sirvan para algo y para esclarecer qué paso, porque hasta ahora nadie sabía nada y nadie hizo nada”. La portavoz socialista cree que el PP debe demostrar “más respeto por las instituciones”. “Los ciudadanos se merecen una explicación”, dice.

Por su parte, Luis Cueto, del Grupo Mixto, considera que Carromero tiene “una última oportunidad para reivindicar su nombre”. “Si todo fue un montaje de Ayuso, querríamos que Carromero pida su dimisión y solicite ser nombrado de nuevo en su puesto”, ha dicho.

El excoordinador general de la alcaldía y brazo derecho de Almeida hasta su dimisión tenía que haber declarado ante la Comisión de Investigación el pasado 4 de abril, hace justo un mes. Puso una excusa y pidió que se le cambiara de fecha, atrasando deliberadamente su presencia en Cibeles para testificar ante los portavoces de los grupos municipales, a sabiendas de que es la pieza clave para conocer lo que ocurrió en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), desde donde se ordenó supuestamente espiar a Ayuso y a su hermano Tomás. Aunque Almeida en aquel momento le respaldó y aseguró que no tenía nada que ver en el espionaje, ahora no parece controlar lo que pueda decir el día de su declaración.

El estallido de este escándalo supuso que el PP se abriera en canal en un crisis sin precedentes: obligó a Almeida a renunciar a la portavocía nacional y acabó con la marcha forzada de Pablo Casado como presidente del PP, y de varios dirigentes de su cúpula, para dar paso a una nueva etapa dirigida por el gallego Alberto Núñez Feijóo. Una crisis de la que la presidenta regional ha salido reforzada y cuyo colofón será su designación como presidenta del PP de Madrid el próximo 21 de mayo, tal y como ella quería.

Una vez logrado su propósito, Ayuso, pese a ser la primera que dio credibilidad al espionaje y exigió que rodaran cabezas, ha preferido echar tierra sobre este asunto. La presidenta regional tiró primero la piedra y luego escondió la mano. Se negó a comparecer en la comisión del Ayuntamiento alegando que no tenía “información de primera mano”. También se opuso a que lo hiciera su hermano Tomás, al que los servicios municipales no han logrado localizar para que acuda a declarar, aunque al final si ha tenido que hacerlo ante la Fiscalía por el contrato que la empresa de un amigo suyo cerró con la CAM para la venta de material sanitario del que él se llevó una sustanciosa comisión.

De la “dimisión en diferido” a la “suplantación de personalidad”

A lo largo de estas semanas se han ido sucediendo hasta siete sesiones de la comisión con más ausencias que presencias. Y de los cargos de la EMVS y la EMT que han accedido a testificar poco se ha logrado sacar en limpio. Todos han negado que sea posible haber encargado el espionaje con dinero público de esas empresas dado los férreos controles que hay. Pero igualmente unos y otros han coincidido en señalar que no les consta que el alcalde ordenara una investigación interna para dilucidar si hubo o no ese intento de espionaje.

No obstante, hay algunos detalles que han provocado bastante perplejidad entre los portavoces de la comisión. Como las irregularidades que hubo ya de entrada con la dimisión de Carromero, que fue presentada el 17 de febrero ante los medios de comunicación como una decisión motu proprio para “poder defenderse”. Sin embargo, según se supo después, fue Vicente Javier Segura Fayos, cargo de confianza del área de la Alcaldía, quien un día después redactó la carta de cese y escaneó la firma de Carromero, que no había formalizado oficialmente su renuncia. Fue considerada una “dimisión en diferido”. Para la oposición ese simulacro se hizo para evitar que tuviera que dar la cara ante la comisión extraordinaria de Seguridad y Emergencias como habían exigido.

“Carromero dijo que dimitía para defenderse, pero es evidente que de quien se tiene que defender es del propio Almeida”, insiste Miguel Montejo, mientras incide en las numerosas lagunas que hay abiertas sobre el caso. Una de ellas es saber quién fue realmente la persona que se reunió en el madrileño hotel Wellington con el dueño de la agencia de detectives Mira, Julio Gutiez, que tampoco ha querido acudir a Cibeles.

El embrollo sobre este episodio saltó a la luz la semana pasada, durante la declaración ante la comisión de Francisco Javier Muñoz, asesor de la concejala de Usera Loreto Sordo. Según el relato publicado por el diario ABC, a finales de noviembre de 2021, una persona vinculada al Ayuntamiento y enviada supuestamente por Ángel Carromero, que se identificó con ese nombre fue la que se reunió con el detective para encargarle ese espionaje a Ayuso y su entorno. Pero en su declaración Muñoz descartó tajantemente ser esa persona, ya que ni coincidía con la descripción que daba el periódico –“un joven alto y moreno de unos 30 años”– ni jamás ha hablado con Gutiez, lo que lleva al grupo de Más Madrid a deducir que “suplantaron su identidad para señalarle”.

Según Miguel Montejo, el problema que tiene ahora Almeida es que “se han dejado a Carromero por el camino y ese es un fleco que tienen que solucionar”, mientras Luis Cueto insiste en que “Almeida ha navegado en aguas turbulentas. Esperamos que Carromero aclare lo que el alcalde sigue dejando en una oscuridad dañina para la democracia”.

Los grupos piden acceder a todos los expedientes

La situación del alcalde se ha complicado al cruzarse por medio el otro escándalo de la compra de mascarillas y material sanitario defectuoso por la vía de urgencia en plena pandemia, contratos adjudicados deprisa y corriendo a Luis Medina y a su socio Alberto Luceño a través de la empresa Funeraria. Una operación que ha resultado ser toda una estafa en la que se ha visto involucrado además un primo hermano de Martínez-Almeida. El caso, en el que los grupos de la oposición han logrado personarse, sigue en manos de la Fiscalía Anticorrupción que ha presentado una querella contra ambos empresarios.

El asunto se ha embarullado mucho más después de que transcendiera que ninguno de los contratos de emergencia cerrados en ese momento por Funeraria han sido registrados, y por tanto no podrían ser supervisados por la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación, cuya Junta de Portavoces se reunió a petición de Vox la semana pasada. Allí todos los grupos hicieron piña frente al PP y Ciudadanos, que manifestaron “dudas jurídicas”, para que se pudiera acceder a toda la información correspondiente relativa a los expedientes relacionados con los contratos incluyendo la factura.

Según el acuerdo alcanzado finalmente en dicha reunión, al que ha tenido acceso esta redacción, Más Madrid, PSOE, Grupo Mixto y Vox piden “examinar, no solo los expedientes de contratación de emergencia hasta la adjudicación, sino la totalidad del expediente, incluyendo los encargos para la realización de las adquisiciones, los albaranes de entrega del material, los contratos formalizados y los pagos realizados a los proveedores, informes de supervisión y calidad comparativa de la contratación”. Además, solicitan “la comparecencia, en Comisión o por medio de solicitud de informe, de los órganos del Ayuntamiento de Madrid directamente vinculados con estas compras pero que no han actuado como órgano de contratación, como es el caso de los cargos públicos del Ayuntamiento de Madrid firmantes de los contratos, los firmantes de los encargos realizados para realizar las adquisiciones y todo aquel funcionario/a o autoridad municipal que haya podido participar en la preparación o trámite previo de gestión de los contratos”.

Así las cosas, y en este enrarecido ambiente, el próximo miércoles la comisión de investigación sobre el espionaje a Ayuso celebrará su octava sesión , en la que están citados Daniel Hidalgo Paniagua, director general de Comunicación en el Ayuntamiento de Madrid; Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid; Inmaculada Sanz, portavoz de la Junta de Gobierno y delegada del Área de Seguridad y Emergencias; y Andrea Levy, delegada de Cultura del Ayuntamiento y expresidenta de la Comisión de Garantías del partido.

Tras estas comparecencias solo quedan otras dos sesiones más, la del viernes 6 de mayo, que será cuando comparezca Begoña Villacís, entre otros cargos; y la del día 9, que protagonizarán mano a mano Almeida y Carromero y en la que están también previstas las declaraciones de las dos principales responsables de los contratos de las mascarillas, Engracia Hidalgo y Elena Collado, que también testificará ante el juez ese día. Eso, si no se tuerce el guion.

El Ayuntamiento de Madrid es un polvorín. Desde que estalló el caso del supuesto intento de espionaje a Isabel Díaz Ayuso, en el que estarían involucrados varios trabajadores de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, gran parte del foco se ha puesto ahora en el alcalde de Madrid y en su difícil situación después de haberse visto obligado a forzar la dimisión del que hasta ahora ha sido uno de sus hombres de confianza, Ángel Carromero, como director general de Coordinación de la Alcaldía. El alcalde, que ha permanecido en silencio y prácticamente desaparecido desde el jueves por la tarde de la semana pasada, tendrá que comparecer en el Pleno este martes mientras ayer, lunes, los grupos de la oposición veían colmada su paciencia al ver las argucias que utilizaba para impedir que diera la cara en la Comisión de Portavocía, Seguridad y Emergencias.

Carromero había sido citado este lunes ante ese órgano a petición del Grupo Mixto y también de Más Madrid y PSOE, para que diera explicaciones sobre su papel en la supuesta trama contra la presidenta regional. Todos los grupos acudieron puntualmente a la cita salvo Carromero. Se libró gracias a una artimaña del Gobierno del PP, que se aferró a un defecto de forma para atrasar, e incluso evitar, que tenga que rendir cuenta ante este órgano municipal que preside Más Madrid.

Carromero presentó su dimisión “con carácter inmediato” el pasado jueves, salpicado de lleno por el escándalo que ha partido en canal al PP. Al día siguiente el Gobierno municipal remitió a los grupos un acuerdo de cese con un acta de una Junta de Gobierno que no se ha producido, ya que está fechada el próximo jueves 24 de febrero. “Estamos ante un acta de futuro, un reunión fantasma”, ironizaban desde Más Madrid, atónitos. Para que dicho documento fuera válido –apuntan fuentes de Más Madrid– “debería llevar un código de verificación”, algo que no existe en el enviado a los grupos.

La explicación que dio al inicio de la mañana el portavoz del PP en la Comisión de Portavocía, Seguridad y Emergencia, José Fernández, fue que el reglamento del Pleno dispone que “las comparecencias deben celebrarse seis días hábiles posteriores a la solicitud de la misma” y Recupera Madrid la pidió el viernes pasado, por lo que no se daba ese requisito hasta el lunes próximo, 28 de febrero. “La comisión de hoy, por tanto, sería ilegal y no cumpliría con el reglamento”, apuntó Fernández.

Si Carromero volviera a ser citado en esa fecha, ya no ostentaría su cargo de director general de Coordinación de la Alcaldía porque su cese ya habrá sido oficialmente certificado por la Junta de Gobierno el próximo jueves 24, esa reunión que según el acta enviada ya se ha celebrado. Una argucia basada en un embrollo administrativo que, según los de Rita Maestre, no se sostiene.

Desde Más Madrid esgrimen que esa sesión extraordinaria debía de haberse celebrado de acuerdo con los artículos 49, 50 y 51 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que así lo indican, como ha ocurrido con otras peticiones de convocatoria “urgentes y extraordinarias” que se han celebrado sin problemas. Por ejemplo, recordaron que el alcalde compareció con menos de seis días a petición del principal grupo de la oposición por los estragos causados por la borrasca Filomena. Entonces “fueron cuatro días”, señalaron desde esta formación. Otro ejemplo que esgrimen son las últimas comisiones de presupuestos también celebradas sin aguardar esos seis días que ahora exigen.

La propia Begoña Villacís, muy beligerante con Almeida desde que estalló el escándalo del caso del espionaje, ha recordado que ese cese de Carromero “tiene que ser aprobado por la totalidad de la Junta de Gobierno, no solo por parte del alcalde”, como contempla el artículo 17.1 de la Ley de Capitalidad. También cree que se tendrá que convocar de nuevo la comisión. “Espero que entonces no se agarre a un resquicio legal para no comparecer, para no limpiar la imagen del Ayuntamiento y del alcalde”, ha advertido la dirigente de Ciudadanos. De hecho, ha adelantado que en esa próxima Junta de Gobierno va a exigir explicaciones al alcalde de los motivos de esa dimisión aceptada: “Nadie cesa si no hay nada detrás”.

Pero ante el temor de que por esa vía Carromero se les pueda escapar, van a intentar que Carromero dé la cara en la comisión de investigación que este martes previsiblemente aprobará el Pleno municipal con el apoyo de todos los grupos –también Ciudadanos– excepto el PP. Un Pleno en el que Almeida no tendrá más remedio que dar la cara y afrontar para intentar despejar las numerosas dudas que hay entorno a este sucio asunto.

No habrá moción de censura

Lo cierto es que la confianza de Ciudadanos en su socio de Gobierno está cada día más dañada. El pasado viernes, el vicepresidente de la EMV, Mariano Fuentes, salía con estupefacción de la reunión del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo –foco del supuesto espionaje encargado a una empresa de detectives– después de comprobar cómo su presidente, Álvaro González, les había desmentido las palabras del alcalde, que en su comparecencia ante los periodistas aseguró que se había producido una investigación interna. “En absoluto la ha habido, nos ha dicho. Esto es extremadamente grave, esto se tiene que depurar”, afirmó Fuentes. “Vamos a llegar hasta el final”, sentenció Villacís advirtiendo al PP de que no pueden “utilizar el Ayuntamiento para sus peleas partidistas”.

Sin embargo, a pesar de todos estos aspavientos, la vicealcaldesa ha descartado que esté pensando en negociar una moción de censura para desbancar a Almeida. “Nosotros no somos tan desleales”, se ha jactado. También la dirección nacional de Ciudadanos que preside Inés Arrimadas rechazaba este lunes la posibilidad de acabar con el Gobierno de coalición en el Ayuntamiento para que Villacís acceda al bastón de mando lo que queda de legislatura, dado que sabe que sería difícil que tanto Más Madrid como el PSOE aceptaran esa solución. “Este partido no es como los demás. Lo que no vamos a hacer es lo que le gustaría al PSOE y a Sánchez, que es que la señora Villacís presente una moción de censura”. “No vamos a dejarnos llevar por esos cantos de sirena”, ha asegurado Arrimadas en rueda de prensa en la sede del partido.

Pero el reto a Villacís esta vez ha sido lanzado por el Grupo Mixto, los tres disidentes de Más Madrid que se autodenominan ahora Recupera Madrid, y que capitanea Marta Higueras, que quieren sacar cabeza como sea en estos momentos convulsos que vive el Partido Popular. Primero, ejerciendo estos meses como nuevos aliados del Gobierno municipal ante la decisión de Vox de no apoyar los Presupuestos, y luego acudiendo a la Puerta del Sol para hacerse la foto con la presidenta regional.

El PSOE ha declinado dar un paso en ese sentido. Según ha explicado su portavoz, Mar Espinar, ahora “la prioridad” de su grupo es “saber qué ha pasado en toda esa trama”. Además ha recordado que “a día de hoy no dan los números” para tal moción. “Cuando sepamos qué ha pasado iremos a otro escenario”, ha añadido Espinar. Tampoco Más Madrid está por la labor.

Unos y otros miden ahora cuidadosamente sus pasos mientras Almeida atraviesa sus peores momento políticos desde que llegó a la alcaldía de Madrid. De momento, ya ha trascendido que quiere dejar de ser portavoz nacional del PP para poder concentrarse en su labor como alcalde de la capital, pero buscará que su cambio en el organigrama del partido sea pactado, según han informado a Efe fuentes de su entorno. Su futuro pende de un hilo si estalla Génova, tal y como todo apunta ante la presión de los barones que piden la cabeza de Casado y la de su número dos, Teodoro García Egea.

Ante esta guerra sin cuartel, Almeida ha optado por mantener su agenda bajo mínimos. La semana pasada la acabó sin actos públicos destacables y evitando a la prensa. Y este lunes no asistía al Comité de Dirección del partido con la excusa de que estaba preparando el Pleno “muy importante” del martes.

El director general del Ayuntamiento de Madrid, uno de los cargos de la máxima cercanía al alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha presentado su dimisión este jueves, salpicado por el supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid y compañera del PP, Isabel Díaz Ayuso, tal y como ha adelantado El Confidencial y ha confirmado elDiario.es.

Su renuncia con “efecto inmediato” ha sido transmitida por el propio Carromero durante una conversación con el alcalde, según explicaban poco después fuentes municipales.

Su dimisión llega el mismo día en el que diversas informaciones le han implicado como una de las piezas principales en el supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).

A primera hora de esta mañana, el mismo alcalde desvelaba que había hablado con su asesor “a lo largo de la tarde de ayer en diversas ocasiones” y le había negado los hechos. “Me ha negado absolutamente que haya hecho cualquier tipo de gestión tendente a obtener información sobre Ayuso o sus familiares”, señaló el alcalde, que sentenció: “Una vez hechas las averiguaciones, concluimos que el detective niega la reunión, que el trabajador niega la reunión, que no hay ningún contrato y no se ha podido producir ningún encargo ni ningún pago con dinero público del Ayuntamiento para obtener información de esa naturaleza”.

No obstante, a renglón seguido advertía de que “no cabe ninguna conducta irregular o que no sea ejemplar en ningún cargo del Ayuntamiento de Madrid” y que “en el caso de que apareciera un indicio de que hay persona con cargo en Cibeles que ha realizado gestión para obtener esa información, será cesado de forma inmediata de este Ayuntamiento”, fuera Carromero o cualquier otra.

Carromero, que fue presidente de Nuevas Generaciones del PP, era la mano derecha hasta ahora del alcalde, que lo fichó para ayudarle en su gestión al frente del consitorio. Su nombre ha estado ya rodeado de más polémicas. En 2012 fue detenido en Cuba tras un accidente de tráfico en el que murieron el opositor al régimen castrista, Oswaldo Payá, y otro de sus acompañantes. Carromero, que no tenía el carnet de conducir en regla, fue juzgado y condenado en Cuba a cuatro años de prisión por homicidio imprudente, pero poco después fue extraditado a España en donde pasó un corto tiempo en la cárcel de Segovia.

El Grupo Mixto en el Ayuntamiento había solicitado esta tarde su comparecencia urgente en la Comisión de Portavocía para que explicara su papel en toda la trama sobre el supuesto espionaje a Díaz Ayuso, un caso que ha convulsionado a todo el PP a nivel nacional.

Además este mismo grupo ha anunciado que registrarán la petición de creación de una comisión de investigación sobre este asunto, iniciativa que cuenta con el respaldo del Más Madrid y PSOE, pero también con el de Ciudadanos, como ha adelantado esta mañana la vicealcaldesa, Begoña Villacís

El grupo municipal de Más Madrid va a interponer un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de la ciudad contra el nombramiento de Ángel Carromero como director general de Coordinación de Alcaldía, remunerado con más de 91.000 euros anuales, al considerarlo “contrario a derecho y lesivo para los derechos e intereses de los ciudadanos” dado que no se ha motivado ni acreditado su competencia o experiencia en puestos de responsabilidad, ya sea en la gestión pública o en la privada, han informado fuentes del grupo a Europa Press.

El recurso será presentado por la portavoz orgánica, Marta Higueras, con el fin de que se anule el acuerdo de Junta del pasado 26 de septiembre. Su base radica tanto en la excepción prevista en el acuerdo de organización y competencias de la Coordinación General de la Alcaldía a la regla general de que los titulares de las direcciones generales deban ser funcionarios, como en la falta de motivación del nombramiento.

En cuanto a la excepción del acuerdo de Junta de Gobierno del pasado 5 de septiembre por el que se aprobó que no era preciso que el director de Coordinación fuera funcionario, en Más Madrid argumentan que “se soslaya así la exigencia establecida en la Ley de Bases de Régimen Local de que el nombramiento de los coordinadores generales y de los directores generales, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, deba efectuarse entre funcionarios de carrera”. También la ley recoge una excepción, que el reglamento orgánico municipal permita que no se sea funcionario en atención a las características específicas de las funciones de estos órganos directivos, su titular.

Sin embargo, las competencias atribuidas al cargo de director general de Coordinación de Alcaldía tienen “un marcado perfil técnico”, apunta Más Madrid, ya que son “tareas jurídicas y administrativas, típica y claramente funcionariales, como preparar observaciones que formule el Ayuntamiento en los procedimientos de infracción del derecho comunitario tramitados por la Comisión Europea, tramitar los conflictos de jurisdicción que puedan plantearse con los juzgados y tribunales, tramitar los conflictos de atribuciones que deba resolver el Pleno o el alcalde, tramitar las solicitudes formuladas por los concejales en ejercicio de su derecho a la información administrativa, tramitar las solicitudes de dictámenes de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, tramitar las solicitudes de información procedentes de la Oficina del Defensor del Pueblo*)”.

En el recurso destacarán además que la Administración está obligada a motivar sus actos, según el artículo 35 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC). Una vez decidida la Junta de Gobierno a utilizar la excepción de que este director general no sea funcionario público, el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid recalca y exige que los nombramientos deben efectuarse motivadamente y de acuerdo con criterios de competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada.

“Por contra, el acuerdo de la Junta de Gobierno que le nombró se limitó a hacerlo aludiendo a la excepción del puesto directivo pero sin relacionar en modo alguno, y ni siquiera mencionar, los supuestos criterios de competencia profesional y experiencia en puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada que concurran en Ángel Carromero”, explican en Más Madrid.

“Pese a la más que discutible excepción a la natural provisión del puesto contenida en el Acuerdo de la Junta de Gobierno que regula la organización de la Coordinación de Alcaldía, la Junta de Gobierno no tiene una tabla rasa para nombrar titular de la Dirección General en cuestión a cualquier persona sin mayor ni menor acreditación de su perfil profesional”, argumentan en Más Madrid.

Esto les lleva a pensar que el Gobierno municipal “ha primado, más que un criterio técnico, un baremo político o de recompensa solo sujeto por una breve referencia a las características del puesto, circunstancia que decae por sí misma al apreciar que la mayoría de las funciones de esta Dirección General son eminentemente técnicas”.

“No hay motivación alguna, ni extensa y suficiente, ni siquiera mínima, en el nombramiento de Ángel Carromero para el desempeño de este puesto directivo”, reafirman. Ahora el recurso de reposición se presenta a la Junta de Gobierno, el órgano que le nombró y el que tendría que anular su nombramiento.

Se presenta ahora dado que existe un plazo de un mes para plantearlo desde la fecha de su nombramiento. La Junta de Gobierno puede contestar, en el plazo máximo de un mes, cesando a Ángel Carromero, presentando a posteriori una motivación que justifique su nombramiento o no motivando definitivamente su nombramiento. En función de su respuesta, Más Madrid estudiará acudir al Juzgado de lo Contencioso Administrativo.

El PP de Pablo Casado ha sacado a Ángel Carromero de la sombra y trata de reflotar de nuevo su imagen pública. Su cercanía con el líder le ha concedido una segunda vida política después de ser condenado y encarcelado por homicidio imprudente de los opositores castristas Oswaldo Payá y Harold Cepero en un accidente de coche en Cuba. Siete años después, el partido le asciende por partida doble: orgánicamente en Génova, donde ha sido nombrado vicesecretario electoral del PP de Madrid, y como cargo público, al ser designado director general en el Ayuntamiento de Madrid.

Los dos son puestos de relevancia. El primero supone salir por primera vez de su papel de asesor en la sombra para ocupar un cargo de responsabilidad en el PP de Madrid y le coloca en una posición de relativo mando a las puertas de unas elecciones. El segundo es un salto importante dentro de la administración local, donde lleva más de ocho años cobrando sueldos públicos. Como asesor de Ana Botella, de Esperanza Aguirre y después de José Luis Martínez-Almeida. Con este último ascenso, su salario pasa de 55.700 euros a más de 90.000 al año, según los últimos datos publicados por el Ayuntamiento de Madrid. Este cargo, además, es influyente en el Consistorio pues forma parte del núcleo de máxima confianza del regidor.

El Portal de Transparencia municipal no recoge ninguna información sobre su currículum. En su perfil de LinkedIn solo figura un trabajo conocido –más allá de sus labores de asesor– en el Corte Inglés entre 2005 y 2006, además de una licenciatura en Derecho, tres cursos en ICADE y otro en Fordham University. En los últimos siete años Carromero ha cobrado alrededor de 380.000 euros (brutos) en salarios públicos.

Hasta julio de 2012 Carromero era un joven asesor de distrito en Madrid con un generoso sueldo que aspiraba a suceder a Pablo Casado al frente de las Nuevas Generaciones del PP. Trabajaba en la Junta de Distrito de Moratalaz y cobraba casi 50.500 euros brutos al año por asesorar a la concejala Begoña Larráinzar. Pero el accidente en Cuba y lo que vino después le hizo protagonista de titulares durante meses: dos opositores castristas murieron tras un accidente con el coche que él conducía. Carromero no tenía puntos en el carné para conducir en España.

Fue condenado a cuatro años de prisión en Cuba y una parte del PP, liderada por Esperanza Aguirre, se volcó en su defensa. Pablo Casado ejerció de su portavoz y la expresidenta lo fue a visitar a la cárcel de Segovia cuando, tras varios meses encarcelado en Cuba, fue extraditado para seguir cumpliendo la condena en España.

Estuvo poco en prisión. Apenas dos semanas después de llegar al centro penitenciario de Segovia, le concedieron el tercer grado y volvió a su trabajo en Moratalaz, controlado a través de una pulsera telemática que llevó hasta abril de 2015, cuando cumplió su condena.

El PP le mantuvo en su puesto de trabajo durante su paso por la cárcel. Estuvo percibiendo un salario desde julio de 2012 hasta enero de 2013, cuando pudo regresar a España. Carromero cobró su sueldo íntegro durante el verano y desde septiembre a enero se le recortó a un tercio por “exención jurídica provisional”. Percibió casi 9.000 euros en total en esta etapa negra.

La garantía de un empleo fue una pieza fundamental para facilitar su pronta puesta en libertad vigilada. El regreso a Moratalaz, sin embargo, estuvo rodeado de las críticas de sus compañeros funcionarios, que enviaron una carta a Ana Botella manifestando que no entendían que se hubiera “reservado” su plaza en plena época de recortes en la Corporación.

Con Botella, con Aguirre y ahora, con Almeida

Apenas dos meses después, saltó como protegido al Palacio de Cibeles en otro puesto de asesor de la exalcaldesa Ana Botella. Era marzo de 2013 y Carromero empezaba a cobrar el segundo sueldo público de su vida profesional. Tenía 27 años. Para justificar el cambio se argumentó que el asesor no tenía un buen ambiente de trabajo ya en la Junta. El sueldo se mantuvo: 50.474 euros.

Desde Madrid, el PP intentó que el Gobierno de Mariano Rajoy lo indultara, sin éxito. Ese mismo año también se convirtió en el número dos de Nuevas Generaciones, aupado por Ana Isabel Pérez. Después han sido frecuentes las fotos del secretario general de las juventudes con diversos líderes del partido, entre ellos, Cristina Cifuentes.

La entrada en el Gobierno municipal de Manuela Carmena en el año 2015 no expulsó a Carromero de Cibeles. El grupo parlamentario popular lo contrató de nuevo como asesor, esta vez con Esperanza Aguirre, con un salario de más de 55.700 euros anuales. Su dimisión tampoco supuso el fin: José Luis Martínez-Almeida, actual alcalde de Madrid, aprobó mantenerle en su equipo cuando fue nombrado portavoz sustituto.

En esta última etapa también trabajó directamente para Pablo Casado, con quien compartió muchos años en Nuevas Generaciones. Formaba parte de su equipo de confianza en la campaña para las primarias de verano de 2018 que catapultaron a Casado a la presidencia del PP nacional.El grupo parlamentario liderado por Martínez Almeida dio vacaciones a Carromero y a otros dos asesores municipales –entre ellos David Erguido, actual senador por designación autonómica– para hacer campaña por Casado.

El secretario general de Nuevas Generaciones, histórico aguirrista, pertenece ahora al núcleo casadista del partido. Este lugar también le ha proporcionado un hueco en el organigrama del PP de Madrid con la llegada como nueva secretaria general de Ana Camins, a quien conoció también en las juventudes del PP. Su nombramiento como responsable electoral, sin embargo, no ha caído bien en todo el partido regional. Algunos miran con recelo su vuelta a la exposición pública.

Segundo nombramiento de Ángel Carromero en dos días. El recién elegido vicesecretario electoral del PP de Madrid entra oficialmente en el máximo núcleo de confianza del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, para la gestión de la ciudad. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado este jueves su incorporación como director general de Coordinación de la Alcaldía de Madrid.

Se trata de un puesto remunerado con 90.000 euros anuales y de nueva creación. La actual corporación ha reorganizado la estructura de los altos cargos que operaba con la exalcaldesa Manuela Carmena con la eliminación de la Gerencia de la Ciudad y sus seis cargos asociados. Pero a cambio ha creado un puesto, el que ocupará Carromero, subsidiario al de Coordinación General de la Alcaldía. 

El puesto de coordinador general, la mano derecha del alcalde, todavía no ha sido ocupado, confirman fuentes del área de Portavocía. Se trata de un cargo de gran relevancia en las decisiones del regidor que recayó en manos de Luis Cueto con la anterior corporación. Solo se conoce que tendrá un subordinado: Ángel Carromero.

Carromero dejó la Junta Municipal de Moratalaz para ocupar una plaza en el Grupo Popular del Ayuntamiento de la capital en 2013. Fue condenado en 2012 en Cuba a cumplir cuatro años de cárcel por homicidio imprudente tras el accidente de tráfico en el que perdieron la vida Oswaldo Payá y Harold Cepero.

A apenas un mes de las próximas elecciones generales, el PP de Madrid ha vuelto a reorganizar la gestora. Ana Camins, muy próxima al presidente nacional Pablo Casado, es la nueva secretaria general tras la dimisión de Juan Carlos Vera como número dos del partido en Madrid. La salida de Vera, que fue designado por decisión de Mariano Rajoy después de la caída de Cristina Cifuentes, no ha sido el único cambio en la Ejecutiva regional interina. Entre las novedades destaca el ascenso de Ángel Carromero, de la órbita más cercana a Casado e histórico aguirrista, nombrado Vicesecretario Electoral.

Carromero se ha mantenido en la sombra del PP, pero siempre presente, desde que en julio de 2012 fuese condenado en Cuba por homicidio imprudente de los opositores castristas Oswaldo Payá y Harold Cepero en un accidente de coche. Él conducía el vehículo que se estrelló en la ciudad de Bayamo. Tras ser extraditado siguió cumpliendo prisión en España hasta 2013.

Fue asesor del PP municipal en la pasada legislatura y ahora continúa en el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. También estuvo muy cerca de Pablo Casado en la campaña de las elecciones generales.

El PP de Madrid le da ahora su primer cargo visible desde 2012. El puesto que ocupará, ratificado en la Junta Directiva Regional de este miércoles, presidida por Pablo Casado, estaba integrado en la Vicesecretaría de Organización y Electoral, que lideraba el actual portavoz parlamentario Alfonso Serrano y que ahora se desdobla. La responsabilidad de Organización recae en el exconsejero de Cristina Cifuentes, Carlos Izquierdo, que se quedó fuera del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Izquierdo dirigirá también la campaña en Madrid para las elecciones generales del 10-N.

Las vicesecretarías han sido relevadas casi por completo. “Los vicesecretarios que estábamos en el equipo han asumido otras responsabilidades como consecuencia de los gobiernos autonómicos y municipales”, ha explicado la nueva número dos del PP de Madrid, Ana Camins, en una rueda de prensa posterior a la Junta Directiva.

Isabel Díaz Ayuso, que ahora es presidenta regional, deja de ser la responsable de Comunicación y ocupa su lugar Ana Millán, alcaldesa de Arroyomolinos. David Pérez, consejero de Transportes e Infraestructuras, releva a Antonio González Terol como Vicesecretario Territorial. Y el concejal de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, recala como Vicesecretario Sectorial. La única que repite es Mari Mar Blanco, diputada nacional, que se mantiene al frente de Estudios y Programas.

El PP de Madrid se reorganiza de nuevo ante la nueva cita electoral sin esperar al Congreso Regional que el partido tiene pendiente desde que dimitió Cristina Cifuentes hace 16 meses y que esperará hasta 2020, según ha confirmado la nueva secretaria general, Ana Camins, en rueda de prensa.

Pablo Casado ya hizo, tras su llegada al liderazgo del PP, algunos cambios en segundos niveles pero mantuvo la presidencia en manos de Pío García Escudero. Y eso no ha cambiado tampoco en esta nueva ola de cambios. Esta vez el movimiento de las piezas lo ha originado la dimisión de Juan Carlos Vera, un histórico del PP que deja sus responsabilidades en el partido para ser gerente del Club de Campo, un puesto a dedo que depende del Ayuntamiento de Madrid.

Ángel Carromero se lanza contra el ministro de Exteriores en un artículo en El Mundo en el que utiliza uno de los peores insultos políticos que los conservadores reservan para sus enemigos en asuntos de política exterior: compararlo contra los que no plantaron cara a Adolf Hitler en los años 30.

José Manuel García-Margallo no se ha reunido en su viaje a Cuba con representantes de la oposición (el Ministerio ya se reúne con ellos cuando viajan a Madrid) y además cree que las relaciones de la UE con La Habana deben actualizarse porque “las circunstancias han cambiado”.

Es por eso que el dirigente de NNGG que fue condenado en Cuba por conducir el coche en el que murió Oswaldo Payá y luego expulsado a España cree que la política de Margallo es parecida a la de Neville Chamberlain y todos aquellos representantes del apaciguamiento que no fueron conscientes del peligro que representaba Hitler: “Al escuchar estas palabras, viene a mi cabeza la política de apaciguamiento de la Europa del siglo XX. Todos sabemos el fracaso y el horror al que nos llevó. Consentir y justificar las acciones de las dictaduras, lejos de amainarlas, lo que hace es engrandecerlas y contribuir a legitimarlas”.

Carromero acusa también a Margallo de renunciar a los principios políticos del PP a cambio de las exportaciones españolas a Cuba: “El relativismo toma sentido. Lo que antes estaba mal y era duramente condenado, ahora se consiente mientras sigan comprando nuestros productos”.

El titular “¡A su salud, camarada!” se refiere al ministro de Exteriores, al que sólo falta que le llame tonto útil.

Ángel Carromero será el 'número dos' de Nuevas Generaciones en Madrid. La decisión ha sido adoptada este lunes durante la celebración del comité de dirección de la organización juvenil de los populares, según afirma El Mundo.

Este sábado, las juventudes 'populares' elegían presidenta a Ana Isabel Pérez con un 55% de los votos de los asistentes al congreso de la organización. Pérez, considerada la 'candidata de Carromero' después de que el dirigente juvenil decidiera no optar a la presidencia de la organización tras la muerte de los disidentes anticastristas Oswaldo Payá y Harold Cepero en el accidente del vehículo que conducía, ha ofrecido la secretaría general de Nuevas Generaciones en Madrid a Carromero.

“Esa era la jugada de Esperanza Aguirre y Pablo Casado”, han explicado fuentes del Partido Popular a eldiario.es. Casado, anterior presidente de NN.GG en Madrid y ahora diputado popular en el Congreso, mantiene una larga amistad con Carromero que le llevó a ejercer de portavoz de la familia tras la detención del político madrileño en Cuba. La expresidenta madrileña fue una de las primeras personas en visitar a Carromero cuando fue trasladado a España para el cumplimiento de su condena a cuatro años de cárcel por homicidio imprudente.

Que Carromero, hasta ahora 'número tres' del equipo de Pablo Casado, sea el nuevo secretario general de Nuevas Generaciones en la región, le permitirá seguir manteniendo el control de la organización juvenil del PP en Madrid. Con ello se mantenderá también la influencia de Casado y Esperanza Aguirre.

“No nos dio ningún vehículo por la parte trasera. Simplemente yo iba conduciendo, me percaté de un bache y tomé las precauciones de cualquier automovilista que es accionar el freno levemente. Esas fueron las primeras palabras de Ángel Carromero tras el accidente de tráfico en el que perdieron la vida dos disidentes cubanos en julio de 2012. Una vez en España con tercer grado penitenciario, tras pasar cinco meses en una cárcel cubana condenado por homicidio imprudente, el dirigente de Nuevas Generaciones cambió radicalmente su versión de los hechos: ahora sostiene que el accidente fue provocado por los servicios secretos cubanos y que le embistieron. Ni el gobierno español, ni la Audiencia Nacional parecen creer su nueva versión.

En marzo de este año Carromero dijo por primera vez en público que no perdió el control del coche, sino que fue embestido por otro vehículo que le perseguía. Lo hizo en una entrevista en el Washington Post en la que habló de un vehículo rojo de la marca Lada. En otra entrevista publicada por el diario El Mundo meses después dijo que le habían seguido tres vehículos y solo hizo referencias concretas a un utilitario azul que le seguía a la altura de Bayamo -donde se produjo el accidente-.

El cambio en la versión de los hechos, por parte de Carromero, no solo fue chocó varias veces contra su propio testimonio, sino también con el de Aron Modig, el dirigente de los Jóvenes Demócratas Cristianos de Suecia (cuarto ocupante del vehículo). Modig, que había viajado con Carromero para entregar dinero a los opositores al régimen, ha dado pocos detalles sobre el suceso al admitir 'lagunas' por estar dormido durante el trayecto, pero también sostiene la versión del árbol: “El primer recuerdo que tengo del accidente es que habíamos perdido el control del coche y se dirigía a un árbol que estaba al lado de la carretera”.

Las imágenes del coche que conducía Carromero y en el que perdió la vida Oswaldo Payá presentan un hundimiento en la puerta izquierda trasera, que supuestamente la ocasionó el golpe contra el árbol y no se aprecia que el coche accidentado hubiera sido embestido por la parte de trasera.

El cambio de testimonio de Ángel Carromero levantó rechazo en el Gobierno de Rajoy, que invitó al joven popular a ir a los tribunales “si tenía evidencias” de que el accidente hubiera sido provocado. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, dijo que no tenía ninguna evidencia de que las cosas no sucedieran como Carromero dijo en el juicio y como se firmó en el memorándum de entendimiento con Cuba, que permitió el traslado del vicepresidente de Nuevas Generaciones en Madrid regresar a España para seguir cumpliendo su condena.

La Justicia se pronuncia en contra de Carromero

Ángel Carromero solicitó el indulto al Gobierno. Pero los informes previos de la Fiscalía y la Audiencia Nacional se oponen al perdón. La Sala de lo Penal de la Audiencia señaló que los “hechos objeto de condena están penados en el ordenamiento español con análoga entidad”. Además, insistía en los antecedentes de Carromero, que había perdido todos los puntos del carnet de conducir, a pesar de que el entorno del 'cachorro' popular ha defendido que no era un “conductor temerario” alegando que las multas anteriores eran por hablar por el móvil, otra por exceso de velocidad y el resto por aparcamiento -la ley solo contempla pérdida de tres puntos si se para o estaciona “peligrosamente”.

La Justicia quita la razón a Carromero en su cambio de versión hasta el punto de que la nueva le aleja del indulto. Tal y como aseguró Margallo, “los dos organismos (la Fiscalía y la Audiencia) han dicho que, en este caso concreto, por falta de arrepentimiento, el indulto no procede”.

La familia del fallecido Payá alimentó la teoría de la conspiración en el accidente al presentar una querella contra dos altos cargos de la seguridad cubana, a los que acusaban de la muerte del líder opositor. Sin embargo, la Audiencia la ha rechazado e incluso considera que acudir a los tribunales españoles por la muerte en accidente de tráfico de Payá es “abusivo”. Y el propio juez Eloy Velasco repara en otra de las contradicciones de Carromero y cuestiona que, si Aron Modig iba dormido en el momento del accidente, como él mismo ha reconocido, “nadie le alertó, ni despertó, pese a que (Carromero) afirma que iban siendo perseguidos”.

El juez Velasco recuerda que España y Carromero aceptaron la condena en Cuba por homicidio imprudente

El magistrado no advierte posible delito de lesa humanidad y tacha de "abusivo" recurrir a la Audiencia Nacional

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha rechazado admitir a trámite la querella presentada por la familia de Oswaldo Payá contra dos altos cargos de la seguridad cubana, a los que acusaban de la muerte del líder opositor. Velasco, como ya hizo en su día la Fiscalía de la Audiencia Nacional, alega que esa denuncia es incompatible con la sentencia dictada por la Justicia cubana en la que se condenó al dirigente de Nuevas Generaciones del PP Angel Carromero a cuatro años de prisión por homicidio imprudente.

La querella fue presentada por la esposa de Payá, Ofelia Acevedo Maura, y por su hija María, e iba dirigida contra el teniente coronel José Águilas, jefe de instrucción de delitos contra la Seguridad del Estado, y el coronel Llanes. A ambos les atribuía delitos de lesa humanidad. Según el escrito, la muerte de Payá y Harold Cepera respondió a un intento por “acabar con el Movimiento Cristiano de Liberación por un lado y con la posibilidad de que en el futuro recibiera cualquier movimiento disidente ayuda desde el exterior, lo cual haría desaparecer cualquier amenaza ideológica presente y futura contra el régimen dictatorial que gobierna la isla”.

El juez Velasco dice además que Carromero y las autoridades españolas aceptaron la sentencia antes de aplicarse el convenio firmado por ambos países sobre ejecución de sentencias penales, que permitió al político conservador cumplir la condena en España. Sobre el supuesto delito de lesa humanidad, dice Velasco que no hay un ataque masivo a la población civil, ni contra un grupo suficiente de personas. Sin entrar a cuestiones sobre la “política interna cubana”, los hechos denunciados, añade el juez, tampoco suponen un ataque generalizado, sistemático o hecho a propósito con intención de perseguir políticamente. Velasco concluye que acudir a los tribunales españoles por la muerte en accidente de tráfico de Payá es “abusivo”, ya que se intenta el “doble enjuiciamiento” o, en su defecto, que la Justicia española actúe como “revisora” de una sentencia por el solo hecho de que Payá gozaba de nacionalidad española.

Esa “ayuda exterior” de la que hablaba la querella de la familia de Payá estaba representada el día del accidente por Carromero, joven dirigente de Nuevas Generaciones que había viajado a Cuba para entrevistarse con la oposición. Carromero, que había perdido todos los puntos del carnet de conducir en España -como se encarga de recordar el auto del juez Velasco-, conducía a gran velocidad por una carretera mal señalizada, según él mismo declaró ante un tribunal. Velasco cuestiona incluso la segunda versión del político español al señalar que no se puede contrastar con un tercero, ya que el cuarto ocupante, Aron Modig, iba dormido “y nadie le alertó, ni despertó, pese a que (Carromero) afirma que iban siendo perseguidos”.

Después de celebrarse el juicio, ser condenado y haber pasado cinco meses en una cárcel de la isla, Carromero fue entregado a España y obtuvo el tercer grado en 13 días. En la actualidad sigue con su trabajo de asesor en una Concejalía de distrito madrileña gobernada por el PP, por el que percibe 50.074 euros anuales.

Aunque en Cuba admitió las circunstancias en las que se produjo el accidente, desde su llegada a España ha declarado en varias ocasiones que el siniestro fue provocado por un coche de la seguridad cubana que les perseguía e incluso que Payá salió vivo y fue asesinado después por los agentes cubanos. Recientemente, la Audiencia Nacional rechazó respaldar la solicitud de indulto de Carromero al no encontrar razones de “justicia, equidad o conveniencia” y porque el tercer grado que sigue le permite hacer “vida normal”. El auto de la Sala de lo Penal recordaba que Carromero no ha mostrado signo alguno de arrepentimiento. La presidenta del PP madrileño arremetió contra la Audiencia Nacional por ello.

Consulta íntegro el auto de la Audiencia Nacional.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha opuesto al indulto del dirigente de Nuevas Generaciones Ángel Carromero porque “no encuentra razones de justicia, equidad o conveniencia” para ello, al considerar que hace vida normal gracias al tercer grado penitenciario que disfruta.

En un informe, la sección primera alega que Carromero, condenado en Cuba por homicidio imprudente por su implicación en el accidente de coche en el que murió el disidente cubano Oswaldo Payá, desarrolla “su vida profesional sin limitación alguna” -está controlado con pulsera telemática- y los hechos de la condena en Cuba están penados en España.

También alega que a Carromero le constan distintas sanciones de tráfico en España que conllevan la pérdida del carné y que, señalan los jueces, están “íntimamente relacionadas con los hechos objeto de condena”.

El criterio de la Audiencia Nacional no es vinculante. Ahora queda en manos del Gobierno tomar la decisión definitiva sobre la solicitud de indulto del dirigente popular.

El Gobierno ha reconocido que tiene a 205 presos en la misma situación que vivió el militante de las Nuevas Generaciones del PP en Cuba tras ser condenado por el homicidio imprudente de dos opositores al régimen. Esos dos centenares de ciudadanos españoles han recibido la aprobación del Consejo de Ministros para terminar de cumplir su condena en las instituciones penitenciarias españolas. Pero en su caso la repatriación todavía no se ha producido, según ha reconocido el propio Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al Grupo Socialista. En total en 2012, solo 290 encarcelados en el extranjero solicitaron su vuelta.

Sin embargo, para Carromero la repatriación no se demoró tanto como en otros casos. Los españoles encarcelados tardan un año de media en regresar. Desde que el Consejo de Ministros aprobó su repatriación para seguir cumpliendo la condena de cuatro años de prisión en España, el militante de NNGG solo tardó 15 días en regresar. Lo hizo junto a Miguel Vives Cutillas, otro condenado español que llevaba cuatro años en una cárcel cubana.

El Ejecutivo no se quiere mojar al hablar de plazos y atribuye los retrasos a otros países. “No resulta posible hacer una estimación del tiempo de espera ya que depende de la rapidez con que las autoridades extranjeras remitan la preceptiva documentación”, responde el Gobierno a los socialistas.

Otro de los datos que oculta el Gobierno que preside Mariano Rajoy es el coste que tuvo para las arcas públicas el retorno de Carromero. A la pregunta del PSOE (“¿Cuánto dinero ha costado la repatriación desde Cuba del ciudadano Ángel Carromero?”), formulada el 14 de enero, el Gobierno no contesta y se limita a decir que “el Ministerio del Interior dispone de partidas presupuestarias específicas para este tipo de actuaciones”.

Hay otro detalle que llama la atención en el 'caso Carromero': el Gobierno comenzó a negociar con las autoridades cubanas su repatriación antes de que el propio preso solicitara su deseo de cumplir el resto de su condena en España, a pesar de que el Ministerio de Justicia deja claro que el procedimiento se inicia “a petición de la persona interesada”.

Según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa en la que anunció que el militante de NNGG volvería a España, Carromero pidió su repatriación el 6 de diciembre. No obstante, el ministro de Exteriores reconoció ya en noviembre que las conversaciones con las autoridades cubanas por ese caso eran “continuas”. De hecho, con motivo de la cumbre iberoamericana celebrada en Cádiz a mediados de ese mes, Margallo se reunió con su homólogo cubano, que le comunicó que estudiaría la “petición formal” del Gobierno español sobre Carromero, tal y como confirmó el propio titular de Exteriores.

Beatriz Jurado nació en Córdoba el 3 de abril de 1983 y es licenciada en Derecho. Es la menor de 10 hermanos. En la actualidad es senadora del PP por Córdoba, portavoz de Cooperación y Desarrollo en el Senado y presidenta nacional de Nuevas Generaciones del PP.

¿No es incongruente presidir las juventudes del PP y a la vez ocupar un escaño en el Senado, la Cámara de los 'senior'?

Puede parecerlo. Pero no soy la senadora más joven. En el Senado la media de edad dista mucho de lo que se cree. El trabajo en la Cámara Alta no creo que corresponda a una determinada edad sino más bien a un entusiasmo y a la capacidad de trabajar en política en un momento tan difícil. Creo que los jóvenes tenemos que estar en todas las instituciones siempre que tengamos preparación y capacidad para servir a los vecinos y a los ciudadanos.

¿Qué piensa del escándalo que está generando el caso Bárcenas?

Pues... ¡qué barbaridad, qué vergüenza, qué bochorno y qué pena! Pena por los afiliados del PP y de Nuevas Generaciones (NNGG) porque son los que más lo están sufriendo. También pena porque la sociedad tenga que estar sufriendo esta corrupción política que nos avergüenza a todos. Y pena por que ver que hay gente que entra en la política a llevárselo, a lucrarse y dar espectáculos como los que está liando Bárcenas ahora.

¿Rajoy está actuando bien o cree que está siendo demasiado tibio?

Lo primero que hay que valorar es que es el presidente del Gobierno y eso condiciona las acciones judiciales que interponga. Creo que Rajoy tiene un concepto del servicio público muy por encima del que puede tener la media y siempre pone por delante el interés de España.

Estudió Derecho e ingresó con 20 años en el PP ocupando enseguida cargos públicos. ¿Le ha dado tiempo a ejercer o a trabajar en algún sitio antes?

He trabajado en un despacho de abogado y he sido asesora jurídica durante cuatro años. Creo que cumplo los cánones que exige Aguirre. Pero insisto, en política hay que estar bien preparado, tengas la edad que tengas.

¿Cuánto cobra?

Como presidenta de Nuevas Generaciones, no recibo ningún sueldo. Solo cobro como senadora, y mi sueldo y mi declaración de la renta están en la página web de la Cámara, incluso con lo que le debo al banco.

[En su declaración de 2011 figura el sueldo anual que percibió como asesora jurídica del Grupo Popular del Ayuntamiento de Córdoba, que fue de 38.235,7 euros. Ahora cobra solo como senadora por Córdoba y portavoz de una Comisión, lo que supera los 4.500 euros al mes.]

¿Qué tiene en común con Beatriz Talegón, además del nombre?

El espíritu reivindicativo que tenemos todos los jóvenes. Es buena esa autocrítica y esa necesidad de mejorar desde dentro porque si no, no seríamos útiles, seríamos muebles inservibles dentro de la organización.

¿Ha asistido alguna vez a una manifestación?

Si. Yo organicé una manifestación cuando era presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Córdoba en contra de la ley orgánica de Universidades, cuando gobernaba el PP y Pilar del Castillo era ministra, por algunas iniciativas que incorporaba esa ley que luego se modificaron. También he participado por desgracia en muchas manifestaciones contra el terrorismo.

¿Entiende a los indignados del 15M? ¿Comparte algo de ese movimiento?

Yo los entiendo, claro, pero soy más de trabajar que de gritar. Algunas cuestiones que plantean estos movimientos las compartimos, evidentemente, aunque nosotros las intentamos conquistar desde dentro de la política que es tan lícito y tan bueno como hacerlo desde fuera de la política.

A ustedes se les ve poco en la calle...

Nosotros trabajamos por eso desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. A través de redes sociales, a través de reuniones, a través del día a día con nuestras acciones, con nuestras campañas conectando con la gente joven en los institutos, en las universidades, en las zonas de ocio... Las reivindicaciones que quiere la gente las llevamos a aquellas instituciones donde estamos. Lo que no somos es hadas madrinas ni logramos milagros.

¿Y no les indigna el plan de empleo juvenil que ha impulsado el Gobierno que permite encadenar contratos precarios hasta los 30 años?

Quien ha dejado en una situación lamentable a los jóvenes es el PSOE que durante ocho años no ha hecho absolutamente nada, ninguna reforma, ninguna modificación, ningún euro para luchar contra el desempleo juvenil. Cuando llegó Zapatero había un 21,48% de paro juvenil y cuando se fue había un 51%. En un año y medio el Gobierno del PP de Mariano Rajoy ha puesto encima de la mesa una reforma laboral que plantea grandes oportunidades para los jóvenes. No creo que sea Rajoy el que esté defraudando a los jóvenes.

Me habla de cifras pero luego la realidad es que la reforma laboral no está funcionando y el paro se ha disparado en este último año.

Es que no existen las varitas mágicas ni tampoco ningún Gobierno que en esta situación económica en la que estamos sea capaz en un año de invertir las cifras. El tiempo dirá si son medidas acertadas o no. Lo que no podemos es estar parados esperando que llegue del cielo trabajo, como hicieron los socialistas y de brazos cruzados sin hacer nada.

No cree que la educación y la sanidad pública estén siendo desmanteladas por este Gobierno.

Creo que sobre eso hay mucha demagogia. En mi comunidad, Andalucía, gobierna el PSOE desde hace 30 años y la sanidad, en todas las provincias en su mayor parte está privatizada. Y nunca ha pasado nada. Lo que está haciendo Madrid, por ejemplo, ya existe en Andalucía. Hay que ser sensible con la situación y la tesorería que hay en el país. Lo que no podemos es seguir así, en el “todo vale pero no lo pago”. El PSOE invita, le encanta, pero quien paga la barra libre es el PP.

¿Eso no son frases hechas?

Si, lo que se quiera pero es más verdad que frases hechas. A ellos les vale todo, han podido con todo. Pero, oye, no han pagado absolutamente nada. Han dejado sin pagar la dependencia, han dejado facturas de la industria farmacéutica, han dejado absolutamente todo sin pagar y hay que pagarlas. Esa es la verdad, no frases hechas.

Mucho argumentario del PP.

Pero es que es la realidad. Pongo de ejemplo mi Ayuntamiento, el de Córdoba. Cuando yo llegué, que venía de un gobierno anterior de IU literalmente estaba sin pagar el año entero y eso hay que pagarlo y limita los gastos posteriores. Y en cuanto a la educación, creo que España se merece otra educación. No se puede tolerar este alto índice de fracaso y abandono escolar. Todos los sistemas han sido diseñados hasta ahora por el PSOE.

Aznar también impulsó sus leyes.

No, no. Cuando perdió Aznar y entró el PSOE lo primero que hizo fue derogar la Ley de Calidad.

Cambiando de tema, ¿no cree que se le ha dado un trato privilegiado a su compañero Ángel Carromero?

Yo creo que no, pero no soy una experta en relaciones internacionales ni el trato de las embajadas. Lo que sí sé es que el tratamiento que ha tenido Carromero ha sido con sus abogados y con su familia y que las relaciones que ha mantenido con el Gobierno han sido como las de cualquier ciudadano que se encuentre en esas circunstancias. Ahí lo que se aplica es el derecho internacional y en este caso el derecho de un país que... bueno, tiene unas condiciones jurídicas, políticas y sociales con no muy alta calidad democrática. Creo que las cosas se han hecho bien, igual y como le corresponde a cualquier ciudadano español.

Carromero será puesto en libertad en cuestión de horas tras decretarse el tercer grado penitenciario que le permitirá volver a su domicilio. La liberación del joven dirigente del PP se daba por segura en La Habana y fue pactada entre las autoridades de ambos países en el momento de negociar su extradición, según han confirmado a eldiario.es fuentes del Gobierno. Moncloa no quiere dejar cabos sueltos y, para evitar conflictos diplomáticos posteriores, consensuó con el Gobierno cubano que el envío de Carromero a España supondría, en la práctica, su puesta en libertad. Cuba no puso impedimentos, siempre según fuentes del Gobierno español.

El Ejecutivo de Rajoy tomó la decisión de que Carromero sería un hombre libre y en esos términos pactó con las autoridades cubanas su envío a España. El breve periodo que el joven cachorro del PP tuvo que pasar en la cárcel de Segovia solo representó, según las mimas fuentes, una suerte de dramatización que –todos daban por seguro– acabaría con su protagonista libre y en su domicilio.

Durante la gestión del caso Carromero, España ha redoblado sus esfuerzos diplomáticos. En los días previos a su liberación, el Gobierno envío a la isla a dos subdirectores generales del los ministerios de Exteriores y Justicia. El derroche de recursos empleados en el caso Carromero excede con mucho, según fuentes diplomáticas, a los esfuerzos que el Gobierno realiza en otros asuntos de evidente valor estratégico.

Dicho de otro modo, no es habitual desplazar a dos altos cargos de dos ministerios para resolver un conflicto internacional. Además, las gestiones del ministro de Exteriores español con su homólogo cubano han sido constantes. Incluso durante la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, ambas delegaciones buscaron en una reunión bilateral agilizar la solución al conflicto.

El régimen abierto permitirá a Carromero acudir a la cárcel solo para dormir, aunque los fines de semana los podrá disfrutar por completo en su domicilio. Sin embargo, el dirigente de Nuevas Generaciones ya ha expresado a sus allegados el deseo de someterse al control telemático, mediante la colocación de una pulsera conectada a un dispositivo instalado en el teléfono fijo de su domicilio. En ese caso, Ángel Carromero no tendría la obligación de regresar a la cárcel ni siquiera para pernoctar.

Ángel Carromero fue condenado por homicidio imprudente a raíz del accidente de tráfico que sufrió en Cuba el 22 de julio, en el que fallecieron los disidentes Oswaldo Payá y Harold Cepero. El 29 de diciembre, el dirigente popular, llegó a la prisión de Segovia para completar su condena en nuestro país.

Esperanza Aguirre dificultó la liberación

Tras un intenso trabajo diplomático en el que se ha involucrado personalmente el ministro de Exteriores, Moncloa daba por cerrado el conflicto y planeaba la liberación de Carromero sin que este paso provocase una posterior batalla diplomática con Cuba. Sin embargo, Esperanza Aguirre se cruzó en los planes del Ejecutivo de Rajoy. La dirigente del PP madrileño se puso al frente de la revindicación de libertad para Carromero y su actitud le dio al asunto una visibilidad extra que en Exteriores no vieron con buenos ojos.

El malestar del Gobierno con Aguirre por el asunto Carromero es patente, según relatan a eldiario.es fuentes del Ejecutivo. Sin su concurso, dicen, todo podría haberse resuelto con mayor celeridad y sin riesgos futuros para la política exterior española.

Lo que a Ángel Carromero le ha costado menos de tres meses, al resto de presos españoles en el extranjero les supone una espera que oscila entre el año y el año y medio. Es el tiempo que suele pasar entre una condena firme y que se apruebe la repatriación. En 2011 lo consiguieron 122. En los primeros seis meses de 2012 fueron 93 los presos trasladados para cumplir el resto de su pena en España.

Según los datos que Sanidad, Justicia y Exteriores difundieron en junio, los presos españoles están repartidos en 54 países y un 84% de ellos había sido detenido por traficar con drogas o consumirlas. Las estadísticas indican que el número crece cada año y que en los últimos cuatro los detenidos han aumentado un 33%.

José Manuel García Margallo ha pedido comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre las gestiones del Ministerio de Exteriores en el caso del vicesecretario de NNGG en Madrid, que trabaja como asesor en el Ayuntamiento de Madrid. También informará sobre la repatriación desde Cuba de otro español, que llevaba más de cuatro años recluido por tráfico de drogas. El grupo parlamentario de Izquierda Unida había registrado antes una pregunta sobre las gestiones realizadas y se interesó por la situación en la que se encuentran los otros 2.426 españoles encarcelados. La comparecencia aún no tiene fecha, pero Exteriores espera que se haga a finales de este mes.

Un beneficio, no un derecho

Volver a España para cumplir condena no es un derecho del detenido sino un beneficio, por lo que el primer paso es que lo pida expresamente. Su condena tiene que ser firme y además ha de haber cumplido parte de la pena de forma que le quede pendiente entre seis meses y un año. En caso de que se le haya impuesto una multa tiene que pagarla o demostrar su insolvencia. Después, son los dos países los que tienen que aprobarlo. Al tratado multilateral del Consejo Europeo que entró en vigor en 1985, se han ido añadiendo terceros países. Además, existen convenios bilaterales con una veintena y otros están en tramitación. Pero que haya un convenio firmado tampoco garantiza la vuelta. Si el país de condena niega finalmente el traslado, la decisión no es impugnable.

La atención a los presos españoles depende de la Dirección General de Asuntos Consulares y está regulada por una orden ministerial de 2002. En ella se especifica que los servicios consulares pueden asesorar sobre los trámites, facilitar las visitas de familiares o realizarlas ellos mismos, hacerles llegar medicamentos a los presos enfermos y, en general, intentar paliar su situación especialmente en los países con peor sistema penitenciario.

En algunos casos se proporciona una pequeña ayuda económica. Se hace en países donde la prisión no proporciona comida, asistencia médica, higiene o un simple lugar donde dormir. En algunos, por ejemplo, los presos deben pagar por la colchoneta pero también por la baldosa del suelo en la que extenderla. La Oficina de Información Diplomática (OID) insiste en que la misión del personal del consulado es facilitar las gestiones pero no pagar multas, buscar un abogado en concreto (se ofrece una lista) o costear la defensa.

Quejas por atención irregular

La Defensora del Pueblo investigó 29 quejas en 2011 sobre la situación de estos presos, aunque algunos colectivos que trabajan en esta área denuncian que el trabajo de los servicios consulares es irregular y que siempre prevalece el criterio de la autoridad consular. La OID, en cambio, considera que la asistencia que reciben los presos españoles es “de las mejores del mundo dados los medios disponibles y la situación de algunos países”. Recalca, por ejemplo, que no es lo mismo que un preso esté solo en una cárcel lejana o que haya un grupo grande cerca de una ciudad con embajada. Eso hace que haya reclusos que en seis meses reciban una sola visita del personal (es el mínimo establecido) mientras que en otros la frecuencia de la atención puede ser mucho mayor.

Los fondos destinados a ayudar a los españoles en el extranjero por cuestiones de emergencia, estén presos o no, se redujeron a la mitad en 2012. De 4,1 millones de euros, se ha pasado a 2,3 millones.

El único programa específico que lleva más de 20 años interesándose por los presos españoles fuera de nuestras fronteras es el del Instituto Ramón Rubial, que a partir de este año es gestionado en solitario por la organización Movimiento por la Paz. Este colectivo denuncia que los criterios de atención no son estrictos, lo que dificulta el control. Recuerda que si el detenido o la familia consideran que no se les trata adecuadamente, deben exigir que se respeten sus derechos. Uno de los motivos de protesta suele ser el tiempo de espera, una vez aprobado el traslado. Depende del país, de la diligencia de sus autoridades y de Interpol, que es quien debe custodiar al preso en su vuelta a España. A veces se espera para repatriar a la vez a un grupo, lo que añade meses de prisión a algunos.