Los españoles en cárceles extranjeras esperan más de un año la repatriación
Lo que a Ángel Carromero le ha costado menos de tres meses, al resto de presos españoles en el extranjero les supone una espera que oscila entre el año y el año y medio. Es el tiempo que suele pasar entre una condena firme y que se apruebe la repatriación. En 2011 lo consiguieron 122. En los primeros seis meses de 2012 fueron 93 los presos trasladados para cumplir el resto de su pena en España.
Según los datos que Sanidad, Justicia y Exteriores difundieron en junio, los presos españoles están repartidos en 54 países y un 84% de ellos había sido detenido por traficar con drogas o consumirlas. Las estadísticas indican que el número crece cada año y que en los últimos cuatro los detenidos han aumentado un 33%.
José Manuel García Margallo ha pedido comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre las gestiones del Ministerio de Exteriores en el caso del vicesecretario de NNGG en Madrid, que trabaja como asesor en el Ayuntamiento de Madrid. También informará sobre la repatriación desde Cuba de otro español, que llevaba más de cuatro años recluido por tráfico de drogas. El grupo parlamentario de Izquierda Unida había registrado antes una pregunta sobre las gestiones realizadas y se interesó por la situación en la que se encuentran los otros 2.426 españoles encarcelados. La comparecencia aún no tiene fecha, pero Exteriores espera que se haga a finales de este mes.
Un beneficio, no un derecho
Volver a España para cumplir condena no es un derecho del detenido sino un beneficio, por lo que el primer paso es que lo pida expresamente. Su condena tiene que ser firme y además ha de haber cumplido parte de la pena de forma que le quede pendiente entre seis meses y un año. En caso de que se le haya impuesto una multa tiene que pagarla o demostrar su insolvencia. Después, son los dos países los que tienen que aprobarlo. Al tratado multilateral del Consejo Europeo que entró en vigor en 1985, se han ido añadiendo terceros países. Además, existen convenios bilaterales con una veintena y otros están en tramitación. Pero que haya un convenio firmado tampoco garantiza la vuelta. Si el país de condena niega finalmente el traslado, la decisión no es impugnable.
La atención a los presos españoles depende de la Dirección General de Asuntos Consulares y está regulada por una orden ministerial de 2002. En ella se especifica que los servicios consulares pueden asesorar sobre los trámites, facilitar las visitas de familiares o realizarlas ellos mismos, hacerles llegar medicamentos a los presos enfermos y, en general, intentar paliar su situación especialmente en los países con peor sistema penitenciario.
En algunos casos se proporciona una pequeña ayuda económica. Se hace en países donde la prisión no proporciona comida, asistencia médica, higiene o un simple lugar donde dormir. En algunos, por ejemplo, los presos deben pagar por la colchoneta pero también por la baldosa del suelo en la que extenderla. La Oficina de Información Diplomática (OID) insiste en que la misión del personal del consulado es facilitar las gestiones pero no pagar multas, buscar un abogado en concreto (se ofrece una lista) o costear la defensa.
Quejas por atención irregular
La Defensora del Pueblo investigó 29 quejas en 2011 sobre la situación de estos presos, aunque algunos colectivos que trabajan en esta área denuncian que el trabajo de los servicios consulares es irregular y que siempre prevalece el criterio de la autoridad consular. La OID, en cambio, considera que la asistencia que reciben los presos españoles es “de las mejores del mundo dados los medios disponibles y la situación de algunos países”. Recalca, por ejemplo, que no es lo mismo que un preso esté solo en una cárcel lejana o que haya un grupo grande cerca de una ciudad con embajada. Eso hace que haya reclusos que en seis meses reciban una sola visita del personal (es el mínimo establecido) mientras que en otros la frecuencia de la atención puede ser mucho mayor.
Los fondos destinados a ayudar a los españoles en el extranjero por cuestiones de emergencia, estén presos o no, se redujeron a la mitad en 2012. De 4,1 millones de euros, se ha pasado a 2,3 millones.
El único programa específico que lleva más de 20 años interesándose por los presos españoles fuera de nuestras fronteras es el del Instituto Ramón Rubial, que a partir de este año es gestionado en solitario por la organización Movimiento por la Paz. Este colectivo denuncia que los criterios de atención no son estrictos, lo que dificulta el control. Recuerda que si el detenido o la familia consideran que no se les trata adecuadamente, deben exigir que se respeten sus derechos. Uno de los motivos de protesta suele ser el tiempo de espera, una vez aprobado el traslado. Depende del país, de la diligencia de sus autoridades y de Interpol, que es quien debe custodiar al preso en su vuelta a España. A veces se espera para repatriar a la vez a un grupo, lo que añade meses de prisión a algunos.
