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Los recortes dificultan la defensa del único español condenado a muerte

Pablo Ibar en su celda.

Gonzalo Cortizo

La crisis y los recortes han llegado hasta el corredor de la muerte de una prisión de Florida donde el español Pablo Ibar lucha para intentar revertir la condena a muerte que le fue impuesta por el asesinato de tres personas en 1994. El Boletín Oficial del Estado publica este viernes la subvención concedida para la asistencia letrada de este español condenado a muerte (ver). El pasado año, el Gobierno destinó a este fin 60.000 euros. La cifra publicada este viernes es menos de la mitad y se queda en 25.000 euros.

Además de este caso concreto, el Gobierno recorta el presupuesto dedicado a la atención de todos los españoles que encuentren problemas con la justicia en el extranjero.

Fuentes diplomáticas consultadas por eldiario.es confirman que “el motivo ha sido la reducción presupuestaria”. Según Exteriores, los recortes en esta materia afectan a la protección de jurídica de todos los españoles encarcelados en el exterior. “Ha habido una reducción de todas las partidas de protección de españoles en el exterior”, confirman esas fuentes.

La asociación contra la pena de muerte Pablo Ibar es consciente de que la stuación económica de España dificulta cada vez más su acceso a fondos públicos para sufragar la defensa del único español sobre el que pesa una sentencia de muerte. La defensa de Ibar ha cambiado su estrategia y solicita que el juicio contra él se repita. El proceso podría suponer una minuta cercana al millón de euros. Según esta asociación, mientras el proceso se encuentra en trámite de apelación, no se teme una ejecución inminente de la condena.

En el momento del primer juicio, Ibar contó con la asistencia letrada de un abogado de oficio que años después, en un reportaje de la televisión pública vasca, confesó sentirse culpable de haber conducido a un inocente al corredor de la muerte. Un vídeo borroso ha bastado para condenar a Pablo Ibar a muerte, a pesar de que en el escenario del crimen no se encontró una sóla muestra de ADN o huella dactilar que delatara su presencia.

La asociación que apoya el proceso de defensa ha recibido fondos de los gobiernos central y vasco durante los últimos años. Según un portavoz de esta asociación, la reducción de esas aportaciones ha sido constante en estos años por lo que se van a plantear la posibilidad de buscar nuevas fuentes de financiación para costear el carísimo proceso judicial.

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