El Gobierno de Navarra se personará como acusación popular en el juicio por el asesinato machista en Sarriguren

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha afirmado que “en próximas sesiones de Gobierno”, se elevará una propuesta de acuerdo para que Navarra se persone como acusación popular en el juicio del asesinato machista en Sarriguren. Además, ha reiterado su “condena firme y rotunda” del asesinato y ha trasladado “el apoyo de todo el Gobierno a la familia y su entorno”.

El asesinato se cometió el pasado viernes 20 de febrero por la tarde en una vivienda de Sarriguren, Valle de Egües (Navarra). El imputado, pareja de la víctima, fue detenido ese mismo día acusado de asestar 34 puñaladas a su mujer y, después, acuchillar a su madre. Uno de los cuatro hijos del matrimonio, de 9 años, habría presenciado los hechos. Una vez el detenido pasó a disposición judicial, se determinó prisión provisional sin fianza.

El informe forense ha reflejado la gravedad de las heridas de la víctima mortal, describiendo que “las lesiones evidencian una violencia extrema con empleo de gran fuerza, pues incluso se llegó a seccionar huesos, con dos cuchilladas mortales de necesidad con sección de cuatro costillas entrando en cavidad cardíaca y seccionando el corazón, generando la muerte inmediata de la víctima”, recoge la resolución judicial. Se aprecia “una violencia extrema con empleo de gran fuerza, pues incluso se llegó a seccionar huesos, con dos cuchilladas mortales de necesidad con sección de cuatro costillas entrando en cavidad cardíaca y seccionando el corazón, generando la muerte inmediata de la víctima”, recoge la resolución judicial. 

Si finalmente sale adelante (con aprobación del juez), en el juicio, “que ya se está instruyendo” en el Juzgado número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona y se encuentra bajo secreto de sumario, el Gobierno de Navarra podrá participar en el proceso penal, tal y como establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una forma de que la institución muestre implicación institucional frente a la violencia machista y contribuya jurídicamente al proceso.