La sección sindical de CSIF de la Policía Local de Sevilla ha señalado este domingo que el pasado Sábado Santo fue denunciado por desobediencia el fiscal de paso de la hermandad del Santo Entierro durante el transcurso de la procesión por “desobedecer las órdenes de los agentes”.

En un comunicado remitido por el sindicato, han defendido la actuación policial, a la que han calificado de “no desproporcionada”, tras pedir al fiscal de paso de la corporación que “habilitara un hueco entre el paso del Duelo y la formación militar que transcurre tras el paso” para que el público “pudiese cruzar la avenida de la Constitución”.

“Afortunadamente, el 99% de los diputados de tramo y responsables de las hermandades atienden las peticiones de los policías locales para que cuando lleguen a los cruces habilitados paren la cofradía y, de esta manera, pueda fluir el público de un lado a otro de la Carrera Oficial, pero desgraciadamente nos encontramos con situaciones como las vividas el Sábado Santo donde no se atienden nuestras órdenes”, ha señalado CSIF.

El sindicato ha asegurado que las grabaciones del recinto “ratifican” la actuación policial y “dejan claramente en evidencia lo manifestado por el Fiscal del paso, así como testigos que corroboran que la actuación policial no fue desproporcionada y que el responsable de la Hermandad desobedeció las órdenes de los agentes”.

“La Policía Local realiza su trabajo de forma ejemplar intentando no cortar nunca ningún tramo de nazarenos, pero las Hermandades tienen que entender que los cruces sirven de vías de evacuación y que no pueden quedar cortados si hay parones como los sufridos el pasado Sábado Santo”, ha reseñado la entidad.

Ante esta situación, CSIF ha pedido a la hermandad del Santo Entierro “que se retracte” y destituya al fiscal de paso “ya que les ha mentido”. Asimismo, ha pedido al alcalde de Sevilla que “salga en defensa de la actuación policial y respalde el trabajo de los policías locales que se han visto envueltos en esta polémica”.

“Una actitud policial desproporcionada”

Anteriormente, la hermandad del Santo Entierro publicó este domingo en sus redes sociales un comunicado en el que ha calificado la actitud policial como “desproporcionada” hacia el fiscal de paso.

La corporación ha indicado que esta persona “fue objeto de un airado agarre físico por su túnica y una injustificada solicitud de identificación para ser sancionado mientras intentaba, de forma educada y colaborativa, velar por el orden y la seguridad del piquete militar y la banda que cerraban el cortejo sobre los que el agente abrió paso sin contemplar a estos”.

La hermandad ha señalado que los accesos y paso de la Carrera Oficial “fueron regulados, y en ocasiones, restringidos” debido a la presencia de autoridades civiles, militares y eclesiásticas en el cortejo, “con el fin de garantizar la integridad de dichas autoridades”.

“Estas decisiones, que pueden ocasionar comprensibles molestias al público, son en todo caso ajenas a esta Hermandad, que no interviene ni dispone los dispositivos de seguridad establecidos, siendo meramente colaboradora con las fuerzas de orden público, como es norma en todas las corporaciones de la ciudad”, ha afirmado.

A esta situación, la corporación ha añadido que durante su transcurso por la Carrera Oficial se “vio gravemente condicionado por un retraso acumulado totalmente ajeno a nuestra organización”. Una situación que “provocó un bloqueo prolongado en la avenida de la Constitución”.

“Esta Real Hermandad mantiene desde tiempo inmemorial una vinculación ejemplar con las instituciones del Estado y la ciudad, no puede tolerar la falta de respeto hacia sus oficiales y hermanos”, añadía el comunicado.

“Si bien lamentamos las molestias que el público pudo sufrir por el bloqueo de los pasos, estas se debieron a una conjunción de factores externos y decisiones policiales en los que esta Hermandad no tuvo capacidad de obrar e instamos a los órganos de seguridad a comunicar y divulgar esta especial circunstancia en los cruces para que el público las conozca previamente evitando así las molestias que ocasiona”, concluyó la corporación.

Entre los activistas de la flotilla Global Sumud que fue interceptada en la noche de este jueves por Israel cuando trataba de romper el bloqueo naval de Gaza viajaban medio millar de personas de 44 países, según los datos de la propia organización. Entre el contigente de españoles detenidos, 32 en total según la armada israelí, destacan los nombres de cuatro personas que ocupan en la actualidad cargos electos, a los que debe sumarse algunos más que los ocuparon en el pasado, como Ada Colau quien, tras ser alcaldesa de Barcelona hasta 2023, abandonó el ayuntamiento hace un año.

La detención de todos de ellos ha provocado reacciones diversas en las cámaras en las que son miembros, como el Parlament de Catalunya, que ha decidido suspender la sesión plenaria que tenía prevista este jueves, o el Ayuntamiento de Barcelona, que tampoco ha celebrado los plenos de los distritos de la ciudad.

Juan Bordera, diputado independiente de Compromís en las Corts Valencianes

Juan Bordera es diputado independiente por Compromís. Nacido en Alcoi, se convirtió en una de las caras visibles del 15M en València. Periodista de formación, es experto en estudios sobre los efectos de Cambio Climático Antropogénico. Ha colaborado habitualmente con el científico y ensayista Antonio Turiel. Bordera viajaba en la flotilla a bordo del barco Sirius, el mismo que Colau.

Pilar Castillejo, de la CUP en el Parlament de Catalunya

Esta física de formación e informatica de profesión ha ejercido la mayor parte de su carrera política en su municipio, Ripollet (Vallès Occidental), siempre de la mano de la izquierda independentista. En 2015 se convirtió en concejala de su ciudad, desde donde ocupó el cargo de tenienta de alcaldía. Ya en esa etapa tuvo una fugaz presencia en el Parlament, en el que estuvo unos meses debido a que corrió la lista tras una dimisión.

Castillejó dejó el acta en octubre de 2016, pero volvió a la Cámara catalana en 2024. Ese es el cargo que ostenta ahora, cuando ha sido detenida a bordo del barco Adara. La CUP ha reclamado amparo al Parlament de Catalunya, institución que ha exigido la liberación de su representante.

Jordi Coronas, de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona

Este concejal independentista en Barcelona tenía un papel clave en la flotilla, como capitán del barco Adara, uno de los más grandes y de los primeros en ser interceptados. Coronas tiene una dilatada trayectoria política, siempre vinculada al mundo municipal. Ocupa un asiento en el pleno de Barcelona desde 2015, habiendo sido portavoz de ERC durante las siguientes dos legislaturas. En 2023 Coronas quedó inicialmente fuera del ayuntamiento, debido a que su formación solo obtuvo 5 puestos, pero la dimisión de uno de ellos lo acabó colocando de nuevo dentro de la institución.

Lucía Muñoz, de Podemos en el Ayuntamiento de Palma

La palmesana Lucía Muñoz entró en política por la puerta grande ya que en su primer día como diputada en el Congreso, en mayo de 2019, le tocó componer la mesa de edad como segunda diputada más joven. Politóloga de formación, en el Congreso se interesó por los asuntos relacionados con exteriores, cooperación y derechos sociales. Fue elegida concejala de Palma, su ciudad, en 2023. Ocupa además los cargos de coordinadora de Podem Illes Balears y es también secretaria de Vivienda de Podemos.

Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona

El nombre de Colau, aunque no se trate de un cargo electo en el presente, ha sido uno de los que han llamado más la atención entre el colectivo de personas que se sumó a la flotilla. La exalcaldesa de Barcelona formaba parte del comité de organización y se ha prodigado en los medios para explicar la acción de desobediencia civil que la flotilla tenía como objetivo en Gaza.

Serigne Mbayé, exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid

Mbayé es un activista anti-racista y político madrileño nacido en Senegal. Igual que ocurre con Ada Colau, en su caso no se trata de un cargo electo en activo, aunque sí lo ha sido en el pasado. Fue diputado en la Asamblea de Madrid entre 2021 y 2023, acompañando a la candidatura de Pablo Iglesias como independiente. Antes que eso, Mbayé formaba parte de movimientos contra el racismo institucional y era uno de los portavoces del Sindicato de Manteros en la capital española. En la flotilla, era otro de los pasajeros a bordo del Sirius.

Electos de otros países

Además de los políticos españoles, en la flotilla viajaban cargos electos de otros muchos países, como la portuguesa Mariana Mortágua, coordinadora del Bloque de Izquierdas del país luso y que formaba parte del comité de organización de la flotilla. También la diputada brasileña y exalcaldesa de Fortaleza, Luizianne Lins, la eurodiputada de Francia Insumisa Emma Fourreau, o las diputadas italianas Benedetta Scuderi y Annalisa Corrado, entre otros muchos.

Dos activistas del grupo ecologista Just Stop Oil han sido detenidos este miércoles después de rociar con pintura naranja en polvo el famoso monumento megalítico de Stonehenge en Wiltshire, en el suroeste de Inglaterra. El grupo exige que el gobierno entrante del Reino Unido, que se votará el próximo 4 de julio, se comprometa a trabajar con otros gobiernos para acordar un plan equitativo y legalmente vinculante para poner fin a la extracción y quema de petróleo, gas y carbón para 2030.

Los hechos ocurrieron este viernes, un día antes de la celebración del solsticio de verano en la que miles de personas descienden tradicionalmente al lugar, ante testigos que visitaban el monumento y que intentaron intervenir, según muestra el vídeo difundido por el propio grupo en su página web y en las redes sociales.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha condenado el acto como un “lamentable acto de vandalismo”, durante la campaña electoral en el Reino Unido, y ha tachado a la Just Stop Oil de “disgrace” (vergüenza) en su cuenta de Twitter.

La acción ecologista se produce en días después de que el Partido Laborista se volviera a comprometer en su manifiesto a detener todas las licencias futuras de petróleo y gas, en caso de que formen el próximo gobierno. Para los ecologistas esta promesa de no producir petróleo ni gas nuevos es insuficiente. “Seguir quemando carbón, petróleo y gas provocará la muerte de millones de personas. Tenemos que unirnos para defender a la humanidad o lo arriesgamos todo. Es por eso que Just Stop Oil exige que nuestro próximo gobierno firme un tratado legalmente vinculante para eliminar gradualmente los combustibles fósiles para 2030”, reclama un portavoz del colectivo, que amenaza con acciones conjuntas con “ciudadanos de Austria, Canadá, Noruega, los Países Bajos y Suiza”, que asegura, “se unirán a la resistencia este verano, si sus propios gobiernos no toman medidas significativas”.

El grupo ecologista también ha aclarado que la pintura utilizada desaparecerá con la lluvia, mientras la organización de protección del patrimonio English Heritage evalúa el impacto que la acción haya podido tener en las piedras, que son parte de un conjunto Patrimonio de la Humanidad de la ONU construido entre 3100 y 1600 a. C.

La Policía del lugar ha comunicado que las dos personas detenidas identificadas como Niamh Lynch, de 21 años, y Rajan Naidu, de 73, afrontan acusaciones por dañar el histórico monumento, mientras continúan las investigaciones.

La periodista imputada por cubrir la protesta de Futuro Vegetal en el Museo Egipcio de Barcelona ha defendido este miércoles ante la jueza que su actuación en la acción se limitó a ejercer su profesión y el derecho a la información grabando a los activistas.

Tal y como desveló este martes elDiario.es, los Mossos d'Esquadra han incluido como “coautora” de la acción en el Museo Egipcio a una periodista convocada por Futuro Vegetal para cubrir la protesta. La imputación se ha basado en el rastreo por parte de la policía autonómica de las redes sociales de la informadora, Mar Sala.

La policía catalana vincula a la informadora con la “plataforma radical social” Futuro Vegetal, pese a que en su declaración en comisaría la periodista adujo que su papel en la protesta se limitó a ser convocada por la entidad para cubrirla, al igual que otros dos fotógrafos. 

Los Mossos sin embargo inculpan a Sala, y no a los dos fotógrafos, porque en sus redes sociales tiene publicaciones contra el calentamiento global, además de por su experiencia laboral gestionando las redes sociales del colectivo de científicos contrario al cambio climático Rebelión Científica.

Este miércoles, Sala ha comparecido ante la jueza junto a los otros tres investigados del caso y ha reiterado lo que ya dijo en comisaría, esto es, que su presencia en el Museo Egipcio fue por trabajo. De hecho los vídeos de Sala de la acción terminaron en todos los informativos.

Los otros tres investigados son los dos activistas que rociaron con mermelada y un líquido que simulaba petróleo una vitrina con un sarcófago y varias fotografías y otra integrante de Futuro Vegetal que no participó directamente de la protesta sino que ejerció, según ha explicado a la jueza, labores de mediación con los Mossos d'Esquadra.

Los otros dos activistas, según fuentes jurídicas, han reconocido los hechos y han enmarcarlo la acción en una protesta global contra el cambio climático. Los activistas irrumpieron en el centro y rociaron con mermelada una vitrina que contenía un sarcófago de 2.700 años de antigüedad con una momia en su interior, así como unas fotografías de Harry Burton sobre las excavaciones de la tumba del faraón Tutankhamon.

También desplegaron una pancarta con el mensaje: “COPCA COLA +2.5º”, en una crítica a la cumbre COP27 contra el cambio climático que se celebró el pasado mes de noviembre en Egipto y que patrocinaba la marca de refrescos.

La instrucción del caso está en vías de terminar, si bien queda un elemento esencial: determinar los daños ocasionados en el sarcófago. Fuentes jurídicas han explicado que el Museo Egipcio no ha concretado todavía si el sarcófago supuestamente dañado por la acción de Futuro Vegetal es una réplica o es real, lo que resulta clave para el delito sobre el patrimonio histórico que también investiga la jueza.

De hecho, la cuantificación provisional de los daños por parte del Museo ha ido menguando. En un primer momento el centro los cifró en 25.000 euros, de forma provisional, incluyendo incluso las horas trabajadas el domingo posterior a la protesta por la directora del Museo. En un segundo informe preliminar, el Museo cuantificó los daños en unos 16.000 euros. El peritaje definitivo sobre los daños todavía no se ha efectuado.

La jueza ha descartado suspender por ahora el proceso de desalojo de la casa ocupada La Ruïna de la plaza Bonanova de Barcelona instado por la Sareb, el conocido como 'banco malo', pese a que los okupas habían solicitado su paralización mientras no se les ofrezca alquiler social.

En el juzgado de primera instancia número 39 de Barcelona se ha celebrado este miércoles el juicio a raíz de la demanda que la Sareb presentó para instar al desalojo de La Ruïna, como propietaria del 60% de este inmueble que lleva años ocupado junto al edificio adjunto El Kubo.

La okupación de ambas fincas dura más de un lustro y no había causado grandes problemas vecinales en este barrio adinerado de Barcelona hasta que partidos de extrema derecha como Vox o Valents y empresas de desalojos ilegales como Desakupa intentaron incendiar el conflicto coincidiendo con el inicio de la campaña electoral.

La Sareb, propietaria de las dos casas ocupadas, ha solicitado a los juzgados de Barcelona el desahucio del inmueble: la justicia ordenó el pasado mes de marzo el desalojo de El Kubo, que se aplazó por falta de medidas de seguridad, y ahora deberá decidir si ejecuta el de La Ruïna.

Por ahora, la magistrada ha rechazado la petición del abogado de los okupas de suspender el desalojo mientras la Sareb no ofrezca vivienda social a las personas que residen en el edificio, para lo que el letrado ha invocado la Ley de Vivienda de la Generalitat que obliga a hacerlo a los grandes propietarios.

La jueza ha acordado seguir adelante con el procedimiento para el desalojo, que resolverá en sentencia, lo que no impide que en la fase de ejecución de la misma pueda instar a la propiedad a ofrecer el reclamado alquiler social.

Para oponerse al desahucio, la representación legal de los okupas ha alegado también que la Sareb no tiene legitimación para poder instar al desalojo, puesto que no es la propietaria de todo el inmueble: casi un 40 % pertenece a dos sociedades que no están personadas en el procedimiento.

Por su parte, la Sareb, que ha reclamado el desalojo cautelar del edificio en tres ocasiones por considerar que acarrea problemas de orden público y peligrosidad, ha argumentado ante la jueza que no se está respetando el derecho de propiedad reconocido en el registro y ha instado de nuevo a desahuciar el edificio.

La parte propietaria ha llevado como testigo al juicio a un responsable de los Mossos d'Esquadra del distrito de Sant Gervasi, que ha explicado que la ocupación de La Ruïna no tiene carácter “asistencial”, sino ideológico, y que el edificio está tomado por grupos de “squatters” itinerantes que, ha añadido, “se niegan a dialogar”.

El agente ha precisado que el edificio fue desalojado en una primera ocasión en el año 2018, pero que los okupas tardaron poco en volver a entrar. La jueza debe decidir ahora si estima la demanda de la Sareb y acuerda el desalojo del edificio, aunque la sentencia podrá aún ser recurrida ante la Audiencia de Barcelona por ambas partes, lo que demoraría la ejecución del eventual desahucio.

Precisamente, el desalojo de El Kubo que estaba programado para el pasado 23 de marzo se paralizó porque se estimó más seguro llevarlo a cabo de forma conjunta con el del edificio colidante de La Ruïna, por cuestiones de seguridad. 

“Cortado por obras: estamos construyendo un mundo mejor”. Es el mensaje que ha acompañado a las siete activistas climáticas del colectivo Futuro Vegetal que han saltado al asfalto de la M-30 y han utilizado pegamento de contacto para mantener los cinco carriles de la vía cortados en plena operación salida de Madrid, en el fin de semana de Navidad. La acción ha tenido lugar a las 16.30 horas a la altura del kilómetro 1 de la autopista que rodea el centro de la ciudad, dirección norte, antes de la salida de Valencia.

El corte de tráfico ha durado entre 45 y 50 minutos, hasta que la policía las ha despegado del asfalto por la fuerza y las han detenido “por desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad”. Se encuentran en la comisaría de Moratalaz. La Policía Municipal de Madrid ha sancionado también a dos fotógrafos que estaban trabajando en el lugar sin el correspondiente chaleco reflectante, informa Europa Press. El atasco provocado en la vía ha ido remitiendo sin mayores perjuicios.

“Queremos reivindicar que las subvenciones que se dan a la industria cárnica, podrían utilizarse para promocionar alternativas responsables con el medio ambiente y la sociedad basadas en plantas”, argumenta Bilbo Bassaterra, portavoz y cofundador del colectivo. “La ganadería es responsable de más emisiones de gases de efecto invernadero que todo el sector del transporte mundial combinado”, se lee también en algunos de sus carteles.

La protesta, como otras que este movimiento de desobediencia civil y acción directa contra la Crisis Climática ha llevado a cabo esta semana, se enmarca dentro del reto navideño #joujoujouchallenge. El colectivo compartió este martes en sus redes la convocatoria, “una llamada a burlarse de la industria cárnica” y concretamente de la empresa Campofrío, a través de una acción protesta hasta el 24 de diciembre. A la más original se le promete una cesta navideña muy activista: un pack de acción y extintores.

“Lo hemos hecho con todas las medidas de seguridad a nuestro alcance, hemos utilizado conos de plástico, chalecos luminosos y y varitas reflectantes”, comenta Bassaterra. “Nuestra intención era mantener cortada la circulación el mayor tiempo posible, pero nuestra resistencia es pacífica”, especifica. A pesar de haber prevenido a los bomberos e informar a la policía de que se encontraban de camino para despegar a las activistas con acetona, “los agentes no han querido esperar y las han despegado por la fuerza”, lamenta el portavoz, que desconoce si alguna de ellas ha resultado herida al no haber podido tener comunicación con ellas, ya que tanto las siete que han llevado a cabo la acción como la que se encargaba de mediar con la policía, permanecen retenidas.

La Fiscalía Superior de Catalunya recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que absolvió al conseller de Empresa y expresidente del Parlament, Roger Torrent, y a los miembros soberanistas de la Mesa que presidió en la Cámara, quienes estaban acusados de desobediencia al Tribunal Constitucional.

Según ha informado el Ministerio Público, la Fiscalía ha anunciado a la Sala Civil y Penal del TSJC su intención de recurrir la sentencia absolutoria, para lo que esgrimirá, entre otros argumentos, la negativa del tribunal a suspender el juicio a la espera de que se resolviera la recusación del magistrado Carlos Ramos, informa EFE.

El TSJC absolvió a Roger Torrent y a los miembros de la Mesa de ERC y Junts la pasada legislatura al descartar que desobedecieran al Tribunal Constitucional para permitir que la Cámara votara la reprobación de la monarquía y una moción en favor de la autodeterminación. La sentencia fundamentó la absolución en que ambas resoluciones, votadas por el Parlament en 2019, eran “meras proclamas políticas”, y que no pretendían “materializar” la autodeterminación. Estos supuestos, según los magistrados, sí estaban permitidos.

El recurso del ministerio público se basa en un posible error en la apreciación de las pruebas del juicio por parte del tribunal, que absolvió a Torrent así como a los exdiputados Adriana Delgado, de ERC, y Eusebi Campdepadrós y Josep Costa, de Junts, al descartar que desobedecieran al Constitucional al permitir la tramitación de dos resoluciones soberanistas y de reprobación de la monarquía.

Meses antes, el TSJC había apartado de la sala que debía juzgar a Torrent al presidente del alto tribunal catalán, Jesús María Barrientos, quien preside todo los juicios de la sala civil y penal, y al magistrado Carlos Ramos, después de que ambos fueran recusados por las defensas por sospechas de falta de imparcialidad.

Una semana antes de iniciarse el juicio, la Fiscalía presentó un último recurso contra la recusación de Ramos y, ya en las cuestiones previas de la vista oral, solicitó a la sala su aplazamiento a la espera de que el TSJC lo resolviera, petición que los jueces rechazaron.

Por ese motivo, el ministerio público argumentará ante el Supremo que en el juicio se denegó una “diligencia de prueba” que había propuesto, dado que la sala rechazó incorporar como documento el testimonio íntegro de la pieza sobre la recusación de Carlos Ramos y también la suspensión de la vista oral.

Ello motivó sendas protestas del ministerio público a efectos de un posterior recurso de casación contra la sentencia ante el Tribunal Supremo. Cuando el tribunal decidió que el juicio debía seguir adelante, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio afirmó tener “la impresión, probablemente equivocada”, de que existía una “intención clara” de que la vista no se celebrase.

En ese contexto, advirtió de que corría un “bulo” de que el juicio contra Torrent “forma parte de la tanda de procedimientos judiciales que se han llevado a la mesa de negociación, en lo que se viene a llamar la desjudicialización y en la que se pretende el archivo de las causas penales por el procés”. “Estoy seguro de que es un bulo y que la sala no se encuentra afectada ni de refilón por él”, agregó Pérez de Gregorio.

En la segunda sesión del juicio, el fiscal sembró dudas sobre el tribunal, al cuestionar si una magistrada de la sala de recusaciones participó en la deliberación en que se decidió desoír la petición del ministerio público de suspender el juicio.

En concreto, el fiscal pidió la palabra para advertir que había tenido “conocimiento” de que una magistrada de la sala de recusaciones, que el día anterior había seguido parte de la vista entre el público, participó o estuvo presente en la deliberación, lo que el presidente del tribunal, Carlos Mir, negó de forma tajante.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha absuelto al expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa, Roger Torrent, a quien la Fiscalía acusaba de desobedecer al Tribunal Constitucional para permitir que la Cámara votara la reprobación de la monarquía y una moción en favor de la autodeterminación. La sentencia se puede recurrir ante el Tribunal Supremo.

La Fiscalía pedía una multa de 30.000 euros y 20 meses de inhabilitación a Torrent y a otros dos exmiembros de la Mesa de Junts: el exvicepresidente Josep Costa y el secretario de relaciones con la administración de Justicia hasta que Junts abandonó el Govern, Eusebi Campepadrós. Para la cuarta procesada, la republicana Adriana Delgado, se solicitaban 16 meses de inhabilitación. El TJSC los ha absuelto a todos, aunque con un voto particular de una magistrada partidaria de la condena.

La sentencia fundamenta la absolución en que ambas resoluciones, votadas por el Parlament en 2019, eran “meras proclamas políticas”, y que no pretendían “materializar” la autodeterminación. Estos supuestos, según los magistrados, sí estaban permitidos. En otras palabras: el Constitucional sí prohibió avanzar en el procés al estilo del otoño de 2017 y reprobar al rey Felipe VI por su discurso del 3 de octubre, pero no que la Cámara expresara, de forma simbólica, su rechazo a la monarquía y su apuesta por la autodeterminación.

En opinión del TSJC, la “actitud” de los acusados fue “muy diferente a la de la anterior Mesa” presidida por Carme Forcadell y que tramitó las leyes independentistas de 2017. Es más, para los magistrados la Mesa de Torrent y el Parlament en general presentaba en 2019 una “falta de continuidad en el proceso unilateral de desvinculación de la Constitución y de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

La interpretación jurídica que siguió la Mesa, abunda el tribunal, fue “la misma” que hicieron el entonces secretario general del Parlament y el Letrado Mayor, quienes terminaron abogando por tramitar las resoluciones.

Según explicaron Xavier Muro y Antoni Bayona en el juicio, las iniciativas contra el rey y en favor de la autodeterminación se produjeron en un contexto en el que el Constitucional cambió su jurisprudencia coincidiendo con el procés y limitó el campo de actuación de la Mesa, que antes no se veía con tantos problemas sobre admitir o no votaciones y resoluciones.

En este sentido, el TSJC argumenta que las sentencias del Constitucional que prohibían al Parlament reprobar al rey por su condición de inviolable sí permiten “la crítica de la monarquía como institución en general, pero desligada de su titular actual”.

Los cuatro acusados, destaca el tribunal, tuvieron en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que sostiene que “la independencia de Catalunya, la forma monárquica del Estado y la crítica del rey” son cuestiones de interés público, cuyo debate está amparado por la libertad de expresión. Al menos desde el año 1989 se han aprobado “numerosas resoluciones y mociones” que hicieron referencia al derecho de autodeterminación, recuerdan los jueces, sin que esas resoluciones fueran anuladas ni impugnadas por el TC, como tampoco lo ha sido el programa político de partidos nacionalistas catalanes que apuestan por la independencia.

Por otra parte, la Sala ha rechazado los argumentos esgrimidos por las defensas de que los miembros de la Mesa estaban amparados por la inviolabilidad parlamentaria y se remite para ello a la nueva doctrina del Constitucional, que señala que este órgano tiene la facultad de no admitir una propuesta inconstitucional e incluso la “obligación” de paralizarla si es “contraria” a lo resuelto por el TC.

Precisan los jueces que mientras el TEDH no resuelva las demandas que los acusados han presentado para que se reconozca ese principio de inviolabilidad de la Mesa, “hay que respetar” la doctrina del Constitucional. Sobre este extremo, Costa ha anunciado que aunque haya sido absuelto recurrirá la sentencia al entender que el TSJC no ha protegido su inviolabilidad.

El tribunal que ha emitido la sentencia es inusual debido a las recusaciones de dos jueces de la Sala Civil y Penal del TSJC, entre ellos su presidente, Jesús María Barrientos. Sin ningún juez de la Sala encargada de juzgar a los aforados, el TSJC tuvo que tirar de un magistrado de la Sala de Apelaciones, Carlos Mir, presidente del tribunal y ponente de la sentencia, y de dos jueces de la lista de voluntarios: Marta Pesqueira, titular del juzgado de primera instancia 47 de Barcelona, y Francisco Segura, de la misma Sala que Mir.

El proceso estuvo marcado por dos elementos: el enfrentamiento del fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio con el tribunal y el boicot contra la vista oral de Costa, quien abandonó las sesiones a la mitad y extendió la sombra de nulidad a todo el juicio. Por su lado, el fiscal acusó a los tres jueces del caso Torrent de reunirse con una cuarta magistrada ajena al tribunal para deliberar sobre la suspensión del juicio que había pedido el Ministerio Público, algo que desmintió de forma tajante el juez Mir.

La magistrada Pesqueira ha emitido un voto particular partidario de la condena, lo que da aire a la Fiscalía de cara a su recurso ante el Supremo. Según la jueza, la conducta de los acusados “puede cualificarse, sin género de dudas, de manifiestamente contumaz, obstinada, recalcitrante y persistente, y por supuesto contraria” a las resoluciones del Constitucional.

La inconstitucionalidad del primer estado de alarma, decretada por el Tribunal Constitucional tras un recurso de Vox, sigue coleando en los tribunales dos años después. El Tribunal Supremo ha aplicado por primera vez esta nulidad en un caso penal y ha absuelto de un delito de desobediencia a un vecino de Gandía que en abril de 2020 se negó a entrar en su casa, tal y como le exigían unos policías. Los jueces de la sala de lo penal, en el primer caso que estudian, entienden que la orden de los policías estaba amparada por el estado de alarma y que, por tanto, “resultaba manifiestamente opuesta al ordenamiento jurídico”. Había sido condenado a pagar una multa de 1.200 euros por un delito de desobediencia grave que previamente habían avalado tanto un juzgado de Gandía como la Audiencia Provincial de Valencia.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, revela que los hechos tuvieron lugar el miércoles 1 de abril de 2020 pasados unos pocos minutos de las siete de la tarde en el distrito de Beniopa, en la localidad valenciana de Gandía. Los policías exigieron a un vecino que entrara en su casa por la vigencia del estado de alarma, e incluso ya le habían impuesto una sanción administrativa. Dos horas después le encontraron en el mismo sitio fumando un cigarro y otra vez se negó a entrar en casa: “Tengo derecho a fumarme un cigarro en la calle, cuando acabe me marcho”. Fue finalmente detenido por un delito de desobediencia.

En ese momento estaba vigente el primer estado de alarma, puesto en marcha dos semanas antes por el ejecutivo central para hacer frente a la primera ola de la pandemia de COVID-19, y además las autoridades habían paralizado toda la actividad no esencial en España. En ese momento la ley impedía a la población salir de sus casas salvo para actividades muy concretas como comprar alimentos, ir a la farmacia o al médico, ir al trabajo o ir a cuidar de personas dependientes.

La primera condena para este vecino de Gandía, defendido en el pleito por el despacho Zapata Boluda, llegó en octubre de 2020: una multa de 1.200 euros por un delito de desobediencia grave. La confirmación de la Audiencia Provincial de Valencia fue dictada en enero de 2021 y el caso puso rumbo a la sala segunda del Tribunal Supremo. Por el camino, cuando toda la documentación y los recursos ya estaban presentados, el Tribunal Constitucional dictó su propia sentencia sobre el andamiaje normativo de la condena: en julio de 2021 estimó un recurso del partido ultraderechista Vox y declaró la inconstitucionalidad de los puntos esenciales del estado de alarma.

Esa declaración de inconstitucionalidad, y la que también afectó al segundo estado de alarma, han tenido un efecto dominó en diversos ámbitos judiciales: en la anulación de sanciones administrativas impuestas a personas que incumplieron alguna de las medidas y también se ha traducido en la anulación de medidas impuestas por las autoridades sanitarias regionales para hacer frente a las distintas olas de coronavirus apoyándose en el estado de alarma. Ahora, según ha sabido elDiario.es, también sirve para anular condenas impuestas por la vía penal a quien desobedeció a la Policía y se negó a cumplir con las órdenes de los agentes.

El argumento no había sido puesto encima de la mesa por el recurso del condenado ni por la impugnación de la Fiscalía, pero han sido los jueces de la sala segunda los que han decidido aplicar de oficio la inconstitucionalidad del estado de alarma. Para los magistrados resulta “ineludible” tenerlo en cuenta y establecen que la orden que recibió este vecino de Gandía “no tenía otro soporte normativo distinto” de un estado de alarma que ha sido declarado “expresamente inconstitucional”. La orden de los policías de entrar en casa por obligación, dicen los jueces, “resultaba manifiestamente opuesta al ordenamiento jurídico, en tanto vulneraba los referidos derechos fundamentales”, lo que según el Supremo convierte la orden en algo “antijurídico”.

El resultado en este caso es que los jueces absuelven al vecino de Gandía acusado de desobedecer a los policías por querer fumarse un cigarro en la calle, por lo que retiran la multa y la mancha en sus antecedentes penales de un delito de desobediencia grave. Los hechos probados no se modifican, pero el Tribunal Supremo sí añade un párrafo al relato de lo que sucedió esa tarde: que el artículo 7.1 del Real Decreto del primer estado de alarma ha sido declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

Anulación de multas y condenas

Fuentes del Tribunal Supremo explican a elDiario.es que este es el primer caso de estas características que estudian: una condena basada en el estado de alarma. El caso no hubiera acabado igual, por ejemplo, si además de ser condenado por desobediencia hubiera sido condenado también por agredir a los agentes o cualquier otro tipo de delito, que hubiera sido punible con o sin estado de alarma en vigor. Es una sentencia que, con el magistrado Leopoldo Puente como ponente, sí abre el camino a que tribunales y juzgados territoriales apliquen este mismo criterio en casos similares y absuelvan a personas acusadas o condenadas por desobediencia en este tipo de situaciones.

Se trata de una consecuencia más derivada de la declaración de inconstitucionalidad de los dos estados de alarma decretados por el Tribunal Constitucional a lo largo de 2021. Los magistrados estimaron en ambos casos los recursos planteados por Vox y anularon los puntos fundamentales de ambas normas. En el caso del primer estado de alarma, la mayoría del pleno del Constitucional entendió que se produjo una suspensión de los derechos de los españoles y que, para eso, el Gobierno tendría que haber activado el estado de excepción. En el segundo caso, la mayor censura fue para la decisión del ejecutivo central de delegar gran cantidad de competencias sanitarias en las comunidades autónomas.

Esta es la primera sentencia del Tribunal Supremo por la vía penal en aplicación de esta inconstitucionalidad, pero otras salas ya han hecho lo mismo en los últimos meses. La sala de lo contencioso-administrativo, por ejemplo, ya ha anulado diversas medidas puestas en marcha por la Generalitat Valenciana o el Govern de Baleares basadas en el segundo estado de alarma. Sin embargo, tal y como explicó este periódico, los jueces sí han avalado restricciones impuestas en la ciudad de València al amparo de las leyes sanitarias de 1986 y no de los distintos estados de alarma.

“A todos vosotros, en esta noche de Navidad, os queremos enviar nuestro mensaje de paz aunque al hacerlo corramos el riesgo de ser detenidos”.

El mensaje lo firmaba un grupo de jóvenes y se leyó en varias iglesias catalanas durante la misa del Gallo en la noche de Navidad de 1975. Anunciaban que se negaban a hacer el servicio militar y que, como contrapartida, llevaban ocho meses inmersos en un proyecto social de ayuda a los vecinos en el barrio de Can Serra, en L’Hospitalet de Llobregat. Ofrecían labores de alfabetización, cuidado de ancianos y un servicio de guardería, entre otras actividades. 

El mensaje corrió por todo el país y con él empezó el movimiento de desobediencia civil más grande que ha habido en Europa. Después del mensaje de Can Serra, los grupos de objetores comenzaron a florecer por toda España y acabarían implicando a más de un millón de jóvenes durante casi 30 años. Buena parte de ellos prefirió ingresar en prisión a cambio de visibilizar una reivindicación -acabar con la mili- que se extendió como una mancha de aceite al albor de la Transición. 

“Can Serra fue capital”, rememora Pepe Beúnza, uno de los jóvenes que firmó el manifiesto y el primer objetor de conciencia por motivos políticos del país. Beúnza ya había pasado entonces por varias cárceles por negarse a hacer la mili, pero su reivindicación no tenía suficiente impacto. “Hasta ese momento solo habíamos hecho acciones individuales y el manifiesto lo cambió todo: convirtió nuestra reivindicación en algo colectivo e imparable”.

Más allá de los motivos pacifistas y antimilitaristas para oponerse a la mili, la experiencia suponía, para muchos, un momento traumático de la juventud. Abusos, vejaciones y accidentes eran la rutina en unos cuarteles a los que llegaban veinteañeros despavoridos desde todos los rincones del país. 

El servicio militar no solo suponía una mala experiencia: cada año morían y quedaban mutilados cientos de reclutas en accidentes. Los heridos se contaban por miles y los suicidios eran habituales hasta el punto de convertirse en la principal causa de muerte. Según una encuesta de 1985, el 20% de los que iban a la mili interrumpía sus estudios, el 15% perdía el empleo y el 13% la pareja.

“Otra de las cosas que logramos cambiar fue esa convicción que había en nuestra sociedad de que uno no se convertía en un hombre hasta que pasaba por la mili”, añade Martí Olivella, otro de los objetores de Can Serra.

Esta es la historia sobre cómo un mensaje navideño removió las conciencias de los jóvenes de todo un país y proyectó una lucha, la de la desobediencia civil, de la que han bebido todo tipo de movilizaciones posteriores: desde el activismo antiglobalización pasando por el 15-M e incluso por el independentismo catalán en octubre de 2017. 

Los años de preparación

Hay un tipo francés que se llama André y que a día de hoy no es consciente de la influencia que ha tenido en la objeción de conciencia en España. André vivía en una comuna ecologista en Francia y viajó a Valencia para aprender a cultivar arroz a mediados de los 60. Allí, en un bar de la calle de la Nau, conoció a un grupo de barbudos universitarios que solían charlar de política. Entre los que escuchaban estaba Pepe Beúnza, un joven estudiante de Ingeniería Agrónoma. 

“Es increíble porque a día de hoy él no sabe que fue el primero en hablarnos de la objeción de conciencia por motivos políticos”, recuerda Beúnza. En esa época, los únicos que se oponían a la mili eran los testigos de Jehová, que ingresaban en la cárcel porque se negaban a hacer el servicio militar por motivos religiosos.  

André les habló de una comunidad en Francia llamada El Arca, fundada por el filósofo y discípulo de Gandhi Lanza del Vasto. Eran objetores de conciencia, ecologistas y pacifistas. Hacían yoga y cultivaban sus propios alimentos. “Nos dejó a todos impresionados”, afirma Beúnza. El verano siguiente, 1967, se planta allí con un amigo y le cuentan que en el Pirineo hay otro grupo de hippies objetores que hacen un servicio de desarrollo rural como alternativa al servicio militar. “Me pareció formidable y ahí empezó todo”.

Durante los siguientes cuatro años, Beúnza se convertirá en el primer objetor de conciencia de España por motivos políticos. Antes de negarse a hacer la mili viaja y busca apoyos internacionales. Aprende a hacer yoga y a tocar la flauta asumiendo que pasará años entre rejas. En enero del 71 se niega a vestir el uniforme y entra en prisión. Meses después se le condena a 15 meses de cárcel en un consejo de guerra. Una marcha a pie desde Ginebra hasta Valencia le da eco internacional a su caso, pero en ese momento hay pocos jóvenes españoles dispuestos a pasar por prisión.

Hasta 1975 Beúnza entrará y saldrá de la prisión en varias ocasiones. Le indultan en noviembre del 71 y vuelve a negarse a hacer el servicio militar. En diciembre de ese año se va al barrio de Orriols, en Valencia, y pone en marcha un servicio civil como alternativa a la mili. Es detenido y regresa a la cárcel. Le mandan a un batallón disciplinario en el Sáhara. En marzo del 74 vuelve a ser libre después de tres años y dos meses en los que ha pasado por dos calabozos, diez cárceles y el mencionado batallón. En ese momento aún tiene pendiente hacer la mili. 

Beúnza se pasa el año siguiente dando charlas por todo el país explicando su caso. Cada vez hay más gente dispuesta a seguir su camino. En abril de 1975 se forma el primer grupo de objetores de conciencia con el apoyo del activista Gonzalo Arias. Ese verano se retiran durante tres días al monasterio de Montserrat, acogidos por los monjes benedictinos, y acaban de diseñar su plan. En ese momento son cinco pero vendrán muchos más.

El barrio de Can Serra

Uno de los del grupo, Martí Olivella, vive desde hace dos años en una comunidad parroquial en el barrio de Can Serra, en L’Hospitalet de Llobregat. Allí han contribuido a crear la asociación de vecinos y la “casa de la reconciliación”, un local parroquial en el que se hacen actividades de todo tipo para los habitantes del barrio. 

“Can Serra tenía un movimiento vecinal muy fuerte coordinado con la comunidad parroquial”, recuerda Beúnza sobre ese distrito en pleno proceso de reconversión, con cada vez más viviendas, menos campos de cultivo y todavía sin apenas equipamientos. “Hubo una parte progresista de la iglesia, especialmente en Catalunya, cuyo papel fue muy importante para la objeción de conciencia”, añade Olivella. 

Los objetores se van a vivir juntos a un piso de ese barrio. Duermen en el suelo con una colchoneta y un saco de dormir. Algunos trabajan para mantener a los demás, otros se dedican a preparar la acción y buscan vías para financiarse y todos colaboran en el servicio civil que han puesto en marcha en el barrio.

Enseñan a leer a los abuelos (en ese momento en España había siete millones de analfabetos), montan unas colonias de verano para los niños que vagan por las calles del barrio, hacen talleres de artesanía, arreglan un local del barrio, ponen en marcha una guardería para los hijos de las mujeres trabajadoras… 

A pesar de que en can Serra les acogen bien, tanto Beúnza como Olivella reconocen que buena parte de los vecinos los veían como bichos raros, en un momento en el que buena parte de la oposición de izquierdas todavía veneraba la lucha armada de ejércitos como el cubano o los revolucionarios sudamericanos. “Teníamos la incomprensión de la derecha y de la izquierda”, rememora Olivella. “De alguna manera nos sentíamos muy solos”. 

Paralelamente van preparando la campaña de comunicación. Pensando en el momento en el que les llevarán a la cárcel, graban un pequeño documental junto a una cooperativa de cine del barrio y preparan un librillo de casi treinta páginas en el que explican su caso y los perfiles de cada uno. Cuando ya llevan unos meses en el barrio habilitan un segundo piso en el que irá a vivir un segundo grupo de objetores que tomarán el relevo cuando encarcelen al primer equipo. 

“Esos meses fueron intensísimos”, apunta Beúnza, “la cohesión era muy potente, éramos un grupo que se preparaba para el sacrificio porque todos sabíamos que acabaríamos entre rejas”. Olivella recuerda con nostalgia esos meses en los que un grupo de desconocidos que solo tenían el pacifismo como denominador común se fueron a vivir juntos a un piso del extrarradio barcelonés. “Es cierto lo que dice Pepe, fue muy intenso”.

La noche de Navidad de 1975

Días antes de esa noche, Beúnza y Olivella recorren la ciudad en moto repartiendo por distintas iglesias el pequeño librillo que han publicado gracias a los conocimientos de Olivella, que trabaja en una imprenta. El librillo está cuidadosamente editado y describe el proyecto, explica qué es la objeción de conciencia, resume los motivos para oponerse al servicio militar e incluye una pequeña biografía de cada uno de los objetores. El manifiesto se titula ‘Un camino hacia la paz’.

Hace apenas un mes que ha muerto Franco y el contexto internacional también es favorable: la guerra fría, la resaca del mayo del 68, el movimiento contra la guerra del Vietnam… El mundo está cambiando, España todavía más y los objetores lo saben. “Nos juntamos el grupo adecuado en el momento adecuado”, resume Olivella.

El grupo de objetores pasa esa noche en la misa del Gallo en Can Serra, donde se lee el manifiesto. El texto será leído en distintas parroquias catalanas que tienen a curas progresistas. Los objetores no saben si les detendrán esa misma noche, aunque acabarán volviendo a su piso sin problemas. Pasará más de un mes hasta que los agentes irrumpirán de madrugada en su domicilio y les llevarán a la cárcel.

“No teníamos miedo porque llevábamos mucho tiempo preparando el momento”, señala Beúnza. “El miedo lo tienes cuando te escondes de algo, pero nosotros buscábamos que nos detuvieran para que la reivindicación tuviese más impacto”, añade Olivella, que formaba parte del grupo de relevo y no firmó el primer manifiesto. 

Los objetores de Can Serra son detenidos e ingresan en la cárcel después del manifiesto, pero el objetivo está cumplido. Después de esa noche navideña surgen proyectos de servicios civiles alternativos a la mili en Málaga, Vic, Madrid, Bilbao… La ley de amnistía de la Transición permitirá a los objetores de Can Serra salir de la cárcel, pero el servicio militar seguirá existiendo y cada vez habrá más objetores. 

El proceso continuará durante décadas. Primero serán los objetores hasta que en 1988 se aprueba una prestación social sustitutoria a la mili. La alternativa, sin embargo, dura el doble que el servicio militar. Empezará entonces el movimiento de los insumisos que llevará consigo una explosión cultural -publicaciones, grupos de música- especialmente fuerte en Catalunya y el País Vasco. A principios de los 90 se calcula que dos tercios de los internos de la cárcel de Pamplona eran jóvenes insumisos. 

En 2001 finalmente se elimina el servicio militar obligatorio. “Ni en los pensamientos más optimistas cuando entré por primera vez en prisión llegué a pensar que en 30 años acabaríamos con la mili”, explica Beúnza sobre el momento en que recibió la noticia. Se calcula que desde que los objetores de Can Serra publicaron su manifiesto hasta que se eliminó la mili hubo un millón de objetores, más de 50.000 insumisos y un millar de jóvenes que pasaron por la cárcel. 

Si usted se ha librado de la mili, debería estarle agradecido a estos jóvenes que una noche de Navidad de hace 45 años iniciaron un camino sin retorno.

El Tribunal Supremo ha celebrado este jueves la vista que puede poner punto y final a la legislatura catalana. El Alto Tribunal ha revisado la inhabilitación del president de la Generalitat, Quim Torra, por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) que le obligaba a retirar las pancartas de apoyo a los presos del procés de los edificios públicos durante la campaña electoral de las generales de abril de 2019. El propio Torra, a la salida de la sesión, ha reiterado que no será él quien adelante las elecciones antes del fallo judicial que, en pocos días, le puede obligar a dejar la Generalitat. “No seré yo quien lleve el país a una carrera electoral irresponsable que paralizaría Catalunya en plena pandemia”, ha sentenciado el president.

En el plano judicial, la vista ha empezado con las alegaciones de la defensa de Torra –el president no podía intervenir ante el tribunal–, que ha pedido a los magistrados revocar la “aberrante” condena por los lazos que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para no vulnerar la libertad de expresión del president. En su intervención, el abogado Gonzalo Boye ha defendido que la pancarta a favor de los presos y con lazos amarillos se enmarca dentro de la libertad de expresión del president y de su inviolabilidad parlamentaria, ya que trasladaba al balcón de la Generalitat unas palabras que había pronunciado en el pleno del Parlament. “Hacer una crítica en una pancarta es un acto político”, ha enfatizado Boye, que ha afirmado que a Torra se le “discrimina” por formar parte de una minoría nacional.

El letrado ha comparado el caso de la pancarta con la acusación de “terrorista” al padre de Pablo Iglesias que realizó la exportavoz parlamentaria del PP Cayetana Álvarez de Toledo. A criterio de Boye, las “gravísimas, durísimas y feroces” críticas de Álvarez de Toledo están amparadas por la libertad de expresión, al igual que la pancarta de los presos. En este caso además la defensa alega que Torra se limitó a trasladar a una pancarta las palabras –“libertad presos políticos y exiliados”– que había pronunciado en el Parlament en su discurso de investidura. “Es como si lo hubiera puesto en una chapa en su chaqueta”, ha apostillado Boye.

La defensa ha cuestionado además la imparcialidad del tribunal del TSJC que lo condenó porque su presidente, Jesús María Barrientos, afirmó antes de abrirse la causa que las órdenes de la JEC debían cumplirse. Cabe recordar que por el TSJC ya descartó que Barrientos hubiera perdido la imparcialidad para juzgar el caso. Tampoco ve imparciales la defensa a tres de los magistrados del Supremo que resolverán el caso –Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo– porque formaron parte del tribunal del procés. Asimismo, Boye ha insistido que la JEC no era una autoridad “superior” a Torra, requisito necesario para condenar por desobediencia.

La Fiscalía ha replicado las alegaciones de Torra en una intervención muy técnica, pero que no se ha ahorrado críticas a la defensa del president. A criterio de la fiscal Pilar Fernández Valcarce la defensa del president “estira y adapta las normas su conveniencia”, lo que a su juicio “es legitimo pero no asumible”. Fernández Valcarce ha intentado desmontar ladrillo a ladrillo la defensa edificada por Boye para reclamar la absolución de Torra.

La fiscal ha advertido al tribunal de que las alegaciones de Torra en referencia a la libertad de expresión y al carácter de autoridad superior de la JEC omiten que el contexto electoral en el que ocurrió el episodio de la pancarta. “Las decisiones de la JEC no son contra manifestaciones políticas sino en el marco de un proceso electoral que se rige por la neutralidad y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG)”, ha recordado Fernández Valcarce, que ha defendido que durante la campaña electoral la JEC sí es una autoridad superior al president aunque no lo sea jerárquicamente el resto del año.

En cuanto a las cuestiones prejudiciales sobre la imparcialidad de los jueces del TSJC o la desproporción de condenar penalmente por no retirar una pancarta que la defensa del president ha pedido al Supremo elevar a la Justicia europea –lo que alargaría por lo menos seis meses la emisión de la sentencia y la eventual inhabilitación de Torra– la fiscal ha pedido descartarlas al vincularlas con una estrategia de la defensa para dilatar la resolución de la causa. Por su lado, la abogada de la acusación popular de Vox, Marta Castro, ha afeado a la defensa de Torra convertir la vista en una sesión de “marketing político”.

La vista de este jueves revisa la condena que el TSJC impuso el 19 de diciembre del año pasado a Torra por un delito de desobediencia por no retirar símbolos que la JEC consideraba partidistas, como los lazos amarillos, en período electoral. Al no ser firme, la sentencia no se ha ejecutado todavía y será el Supremo el que tenga la última palabra sobre la inhabilitación, aunque la sala notificará su resolución hasta dentro de unos días.

Torra, que ha seguido la sesión entre el público del salón de plenos del Supremo, ha llegado al Alto Tribunal acompañado del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; los portavoces en el Congreso de los Diputados de JxCat y ERC, Laura Borràs y Gabriel Rufián; diputados como Antoni Castellà (Demòcrates), Sergi Miquel (PDeCAT) y Albert Botran (CUP), y los líderes de las entidades independentistas Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC), Marcel Mauri y Elisenda Paluzie, respectivamente.

En el plano político, el paseo conjunto de los líderes independentistas ha sido el único punto de unión entre Torra y el resto de partidos. Como constató el debate de política general de este miércoles, el president se resiste a convocar elecciones frente a las peticiones de ERC y la CUP para consensuar una estrategia de cara a su inhabilitación,

Torra, en una declaración institucional en la sede de la Generalitat en Madrid tras la vista, se ha reafirmado en su rechazo a adelantar los comicios y ha culpado únicamente a los magistrados del Supremo de “paralizar” el Govern en plena pandemia en caso de resultar inhabilitado. Según Torra, su condena penal no es personal sino “un castigo a un país entero en medio de una pandemia”.

En una dura intervención más propia de un mitin de campaña que de las vísperas a una nueva reunión de la mesa de diálogo con el Gobierno, Torra ha cargado contra los jueces –“si el Estado me inhabilita solo habrá un culpable y no seré yo”–, y también ha acusado al Estado de “no amar a Catalunya sino quererla solo como esclava”.

Imaginemos la aparición de nuevos brotes víricos, segundas y terceras oleadas de contagio, más cuarentenas y escaladas en respuesta… La sombra del apocalipsis es el escenario ideal para la activación de una nueva estrategia de la disuasión: obediencia o fin del mundo. Un poder que no impone certezas, sino que gestiona la incertidumbre. No postula un orden, sino que gestiona el desorden. No promete nada, sólo exhibe la amenaza. ¿Cómo fugar?

Quizá no son términos tan evidentes como otros, pero “escalada” y “desescalada” también forman parte del lenguaje bélico que tantísimos gobiernos han escogido para producir sentido (“relato”) a su gestión política de la pandemia. Es decir, a su cálculo coste-beneficio particular.

Fueron por ejemplo empleados habitualmente en la llamada “estrategia de la disuasión” activa durante la Guerra Fría entre EEUU y la URSS. Esta estrategia consistía en “comunicar” al adversario la capacidad de devolver el ataque nuclear, aun estando herido de muerte.

En palabras muy precisas del Doctor Strangelove (Peter Sellers), el antiguo nazi reconvertido en consejero del presidente de los EEUU en la genial sátira de Kubrick Teléfono rojo, volamos hacia Moscú, “la disuasión consiste en el arte de provocar en la mente del enemigo el miedo a atacar”.

La doctrina de la disuasión pretendió ser el principio rector de un “orden nuevo” basado en la siguiente alternativa infernal: paz o fin del mundo. El “ascenso a los extremos”, que según el general y teórico Von Clausewitz define la esencia de la guerra como “duelo a muerte”, se congela para evitar la aniquilación total. Es el famoso equilibrio del terror: morir a dos o vivir juntos.

Pero la disuasión no era más que la continuación de la guerra por otros medios. La “escalada” que comunicaba al otro la capacidad propia de destrucción se tradujo en la carrera de armamento, la guerra de las galaxias o el aumento deliberado del riesgo a partir de un conflicto concreto, como ocurrió durante la crisis de los misiles de 1962.

Si vis pacem para bellum, si quieres la paz prepárate para la guerra, porque esa preparación es el modo mismo de conjurarla. Diplomacia de la violencia. Un orden sostenido por la amenaza de la muerte como Señor absoluto.

¿Qué sentido podría tener hoy la actualización de la retórica disuasiva en el contexto de la gestión de la pandemia? Aparentemente, ninguno. El virus no retrocede porque nuestros gobiernos le “comuniquen” su fuerza de armamento (escalada) y el peligro consecuente de una destrucción total.

La COVID-19 ni siquiera es equivalente a la “célula durmiente” de las guerras asimétricas contra el terrorismo de las últimas décadas: no tiene intención ninguna ni proyecto especial de acabar con la civilización occidental o de imponer un califato vírico, sólo quiere perseverar en su ser (sea este físico o químico).

De hecho, la estrategia efectiva, práctica, real, de los gobiernos contra el virus tiene mucho más que ver con las tácticas militares de contrainsurgencia: quitarle directamente el agua al pez para que muera, en este caso mediante el confinamiento general de las poblaciones.

Pero las palabras no son inocentes, y menos las que emplean los gobiernos del mundo en un momento como este, sino operaciones que buscan producir efectos en los comportamientos y los imaginarios. Amenazas, consignas, metáforas que nos piensan. La gestión de una crisis es toda ella instrumento de comunicación. No hay que ser ilusos ni ingenuos con los términos que se emplean desde las alturas del Estado, sino aprender a leerlos estratégicamente. ¿Qué comunica la retórica disuasiva de nuestros gobiernos y a quién?

Hermanos enemigos

Volvamos por un momento al contexto de la Guerra Fría. Los analistas críticos más finos no pensaron la disuasión solamente como una forma de “diálogo” y de “influencia recíproca” entre los super-grandes, sino también como un modo de gobernar conjuntamente el mundo.

La dialéctica USA-URSS fue también una manera de repartirse efectivamente el planeta, sometiendo la autonomía potencial de las naciones pequeñas y neutralizando preventivamente la posibilidad de aparición de cualquier “tercer actor” inesperado.

El orden creado por la disuasión nuclear no era americano o soviético, un bando contra otro, sino el mismo tablero de ajedrez que ordenaba el mundo entero en blancas y negras, codificando todo conflicto local -proceso de liberación nacional, movimiento social- desde un plano superior.

El empate catastrófico entre los “hermanos enemigos” funciona como una estrategia despolitizadora que satura el espacio y bloquea la posibilidad de lo imprevisto, de lo inaudito, de lo inédito. Paz para todos, sí, pero siempre bajo la garantía tutelar y policial de las super-potencias.

La hostilidad entre los grandes neutraliza los tumultos de los pequeños. Un conflicto mayor fija y apacigua los conflictos menores. Se disuade a un tercero.

¿Podría activarse, a partir de la pandemia del coronavirus, una nueva estrategia de la disuasión? Desde luego no buscaría alcanzar con el virus -y tampoco con la infinidad de peligros que vienen o ya están- ningún equilibrio del terror, sino más bien usar el miedo al apocalipsis como estrategia de disuasión de las propias poblaciones. Pero, ¿disuadir a las poblaciones de qué?

Saturaciones

Cada crisis, ya sea esta personal o colectiva, abre un agujero

El agujero puede interrogarse para pensar a partir de él e incluso puede atravesarse para salir por otro lado. Es decir, los agujeros -todo lo que no encaja, lo fallido, la vacilación del sentido- son condición de pensamiento y de transformación (íntima y social).

Durante la crisis del coronavirus se han abierto (y reabierto) muchísimos agujeros en el tejido personal y social, a nivel planetario y simultáneamente. Si no nos hemos quedado anestesiados o indiferentes, si no hemos pensado que bastaba con tirar de los saberes previos, si nos hemos acercado a mirar a través de los agujeros y no sólo de las pantallas, habremos podido ver una cantidad de cosas.

Por ejemplo, la crudeza de la división social -por clase, género, raza o edad- que recorre nuestra sociedad como una inmensa grieta. La distinción radical entre los “inmunizados y los expuestos”, entre los que han podido protegerse y los que no, entre los que han podido confinarse y los que han sostenido el confinamiento de los demás, entre la importancia de los cuidados y su valor social, con los trabajadores sanitarios precarizados como símbolo por excelencia.

Por ejemplo, la negación y agresión constante a la naturaleza en que se basa nuestro sistema depredador. La percepción de la ciudad como ratonera, la celebración de las irrupciones de animales en medio del asfalto a través de los mil vídeos en circulación, la pura y simple escucha de los pájaros por las ventanas o los paseos masivos sin tráfico ni finalidad, también han supuesto estos días visiones de otras relaciones posibles con el mundo, deseos de otra cosa.

Por ejemplo, la locura mortificante de la vida sometida al régimen del “siempre más”: la necesidad constante de producir y consumir. La experiencia del confinamiento abre de repente la pregunta por las “actividades esenciales”, pudiendo experimentarse cierto gusto por una vivencia de retiro o retirada de las dinámicas cotidianas de ruido y estrés. Es lo que trata de estigmatizarse ahora como “síndrome de la cabaña”, como si no hubiese toda una lucidez en ese estado.

Y mil ejemplos más posibles, dependiendo de cómo y dónde nos haya tocado vivir esta experiencia tan extraña.

Crisis personal, ecológica, social… Distintos agujeros que podrían resonar o reverberar entre sí, amplificando tanto el disgusto hacia el estado de cosas como las ganas de habitar el mundo de otra manera, fuentes ambas de nuevas expresiones de conflicto, resistencia y deserción por venir.

Pues bien, lo que pretende el discurso de la guerra es saturar ese espacio tachonado de agujeros. Que nada de lo ocurrido nos de que pensar, ni nos mueva a actuar.

La guerra de disuasión ya no es entre ejércitos, sino entre un orden agujereado y un pueblo por venir capaz de interrogar y atravesar los agujeros. Se trata de reducir la angustia de lo desconocido a terror paralizante, la interdependencia ante el peligro a factor de riesgo, el no saber a impotencia y delegación. Que todo cambie (la “nueva normalidad”) sin que nada cambie realmente.

La disuasión, como prolongación de la guerra por otros medios, es una militarización de la sociedad que busca producir un nosotros sin divisiones (“todos a una”), es decir, sin preguntas íntimas y colectivas que puedan ser fuente de una nueva politización. Una población homogénea de víctimas y supervivientes que sólo pide protección.

No sabe, no puede y no quiere

Imaginemos la aparición de otros brotes víricos, segundas y terceras oleadas de contagio, nuevas cuarentenas y escaladas en respuesta… ¿Podría entrar nuestro mundo en una especie de guerra fría permanente, de tiempos y geometrías variables, sin enemigo claro esta vez, sino potencial, difuso y ubicuo -en el fondo las distintas “intrusiones de Gaia” (Isabelle Stengers) en nuestro modo de vida basado en el dominio y la depredación del planeta?

La sombra del apocalipsis es el escenario ideal para la activación de una nueva estrategia de la disuasión: obediencia o fin del mundo. ¿Podemos anticiparla con el pensamiento? ¿En qué sentido sería algo distinto de lo que ya conocemos?

Proyectemos lo siguiente: la disuasión es un poder que no sabe, no puede y no quiere.

No sabe. Pocas veces hemos podido ver a los políticos confesar tanto su ignorancia como durante estos días. Ha sido realmente sorprendente escuchar salir de sus labios palabras como “no sabemos”. No sabemos con qué nos enfrentamos, qué es este virus, si puede mutar, si es posible una segunda oleada. Los poderes a los que estamos acostumbrados suelen cubrirse de la justificación de un saber total: ideología, discurso experto. Pero su nueva confesión de ignorancia no significa ninguna pérdida de control, ni autoriza una distribución del poder distinta. Todos somos ignorantes, pero unos menos que otros. Hay un saber, aunque sea de mínimos, que es el único capaz de prevenir la catástrofe total. Una garantía precaria, inestable, pero no queda otra. El poder disuasivo no impone certezas, sino que gestiona la incertidumbre.

No puede. Tampoco estamos habituados a escuchar a los políticos reconocer su impotencia. No podemos, no dominamos la situación, somos incapaces de asegurar nada, estamos trabajando por ensayo y error, sin planificación. Lo normal en ellos es exhibir la fuerza, prometer el control. Pero el poder disuasivo más bien nos da a elegir entre dos anarquías. Por un lado la anarquía inferior de la improvisación, el estado de excepción variable, la gestión just in time. Y por otro la anarquía superior de la catástrofe final, el colapso definitivo, la aniquilación total. Estado débil, a la defensiva, pero que funciona y gobierna así, presentándose como una “fortaleza asediada”, un frágil equilibrio amenazado por un poder desconocido. El poder disuasivo no postula un orden, sino que gestiona permanentemente el desorden (y no lo oculta).

No quiere. Sin horizonte positivo ni propuesta de paraíso, el poder disuasivo sólo nos ofrece una posibilidad de supervivencia. No una vida mejor, sino vivir a secas. Ninguna solución definitiva, sólo la contención del desastre, ganar tiempo. No alcanzar el Bien, sino evitar el Mal. Ningún sueño, sólo impedir la pesadilla. La esperanza queda borrada, lo posible es la catástrofe. Desaparece toda oferta seductora hacia el deseo y sólo queda el miedo. El poder disuasivo no promete nada, sólo exhibe la amenaza.

Nunca a favor, siempre en contra. La disuasión es una política que se sitúa al borde del abismo. No oculta la muerte sino que la sobreexpone, haciendo del peligro y su gestión el secreto del destino mundial. Todo aquel que no colabore le hace el juego al adversario. ¿El adversario, pero quién? ¡El virus, la catástrofe, el apocalipsis!

Disuasión horizontal

Achille Mbembe ha escrito que lo más característico de la pandemia es que “cada cual se ha vuelto un arma”. Todos detentamos en nuestro cuerpo la potencia de matar. El poder soberano de “hacer morir” se democratiza: cada uno somos ahora una pequeña bomba nuclear. La disuasión se vuelve entonces también horizontal.

Sería el lado oscuro de la interdependencia en la que se ha puesto tanto énfasis en los últimos tiempos: como todos podemos darnos la muerte, debemos disuadirnos unos a otros, vigilarnos y controlarnos, en la desconfianza de base, en la delación generalizada, en la interiorización colectiva y militante de las normas impuestas exteriormente.

El nuevo equilibrio del terror nos hace a todos protagonistas y no sólo espectadores. Disuasión distribuida, reticular, descentralizada, autogestionada. Una sociedad de sospechosos, con el Estado en la cabeza de cada cual.

No sabemos quién está contaminado, podría ser cualquiera. Aunque unos son más sospechosos que otros: los que no pueden quedarse en casa, los que viven dependientes de un vínculo social amplio, los que no tienen los hábitos necesarios de higiene, los pobres, los migrantes, los otros. ¡No tocar, peligro de muerte!

Este sería el llamado “elemento moral de la guerra”: la producción de subjetividades activamente obedientes, la educación de la especie por y para la guerra.

Alternativas infernales

“Obediencia o fin del mundo” es un caso extremo de lo que Isabelle Stengers llama las “alternativas infernales”. ¿En qué consisten?

La alternativa infernal es un tipo de descripción de la situación que sólo propone resignación o muerte, un tipo de “realismo” que sólo plantea como opciones la sumisión o el desastre.

¿Cómo escapar? No se trata de “criticar” la alternativa infernal como si fuese una mentira, una ilusión, una manipulación. En el caso del virus, por ejemplo, denunciar una conspiración, la fabricación de un problema, etc. No es así, la alternativa infernal es una cuestión muy práctica que funciona concretamente, bloqueando toda alternativa, cortando las conexiones, inhibiendo el pensamiento.

De la alternativa infernal sólo puede salirse “por el medio”, a través de la apertura de “trayectos de aprendizaje” donde nos hacemos capaces de pensar y sentir de otro modo, de abrir e inventar una posibilidad inédita. Una descripción de la situación que nos requiera, no como víctimas o espectadores paralizados por el terror, sino como sujetos capaces de aprender algo nuevo y actuar. Inventar lo que era inconcebible, maneras de escapar por la tangente de los chantajes que nos convierten en rehenes. Como hicieron en su día, por ejemplo, los enfermos de SIDA atrapados en la alternativa infernal entre un poder médico que los negaba como sujetos y la muerte segura.

Una tangente entre confinamiento vertical-policial o colapso de la sanidad pública, entre vuelta a la normalidad o empobrecimiento general, entre paranoia o irresponsabilidad en el cuidado, etc. Esas tangentes no son nunca simplemente críticas, sino pragmáticas, experimentales, concretas, arriesgadas. Sí arriesgadas, porque no hay que olvidar que los límites de la alternativa infernal están fijados en nosotros por el terror.

El terror, como forma de gobierno, está profundamente inscrito en la cultura occidental, según analiza el pensador argentino León Rozitchner. En la primera inserción en el mundo de la psique a través de amenaza de castración del Edipo, en la violencia expropiadora que está siempre detrás de la economía capitalista, en la guerra como recurso de la política cuando los de abajo desafían abiertamente el poder (golpe de Estado)…

El terror penetra en los cuerpos, rompe los vínculos, inhibe las pulsiones colectivas de resistencia, nos disuade físicamente. Desplazar esos límites, librarse de la marca del terror en nuestra carne y nuestro pensamiento, implica en primer lugar un atravesamiento de la angustia, una reactivación del cuerpo singular y colectivo. Hacer de la interdependencia una fuerza, de la incertidumbre una potencia, del agujero un pasaje.

Referencias saqueadas:

El discurso de la guerra, André Glucksmann, Anagrama, 1969

Los Maestros Pensadores, André Glucksmann, Anagrama, 1978

El cibermundo o la política de lo peor, Paul Virilio, Cátedra, 1997

Perón, entre la sangre y el tiempo, León Rozitchner, Biblioteca Nacional, 2015

La brujería capitalista , Isabelle Stengers y Philippe Pignarre, Hekht, 2018

Estar en la calle sin poder alegar alguna de las excepciones que permiten la circulación por la vía pública durante el estado de alarma no es razón suficiente para sostener una acusación por desobediencia, delito penado con hasta un año de cárcel. Esta conducta sí supone una infracción administrativa -a través de la Ley de Seguridad Ciudadana-, pero el delito requiere de un incumplimiento de un requerimiento personalmente dirigido por un agente de la autoridad. Es decir, tiene que haber desacato a una orden dada “personalmente y con claridad”. Por ejemplo: que un agente ordene a una persona volver a casa y esta no lo haga.

Así lo explica el catedrático acreditado de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid Jacobo Dopico, que alerta de que ya se han dictado algunas sentencias condenatorias por desobediencia por el mero incumplimiento del confinamiento, algo que, en principio, solo podría merecer una sanción administrativa. Es el caso de un vecino de Telde (Gran Canaria), que aceptó pagar una multa de 720 euros por un delito de desobediencia grave tras ser sorprendido en la calle por los agentes. La catedrática de Derecho Penal de la Universitat Jaume I Marisa Cuerda coincide en que en estos casos solo hay delito de desobediencia si un agente da una orden “personalmente y con claridad” y el ciudadano en cuestión no la acata.

No ocurrió así en el citado caso de Las Palmas. Al menos, es lo que se deduce de la sentencia, derivada de juicio rápido de conformidad. La resolución recoge como únicos hechos probados que el hombre se encontraba a las 01:55 horas del 25 de marzo en una calle de la capital de Gran Canaria “a fin de mantener relaciones sexuales con su novia, según informó a los agentes”. El fallo recoge que el hombre actuó con “desprecio” al real decreto que impone “el confinamiento obligatorio en su domicilio a todos los ciudadanos”, que ha sido difundido “ampliamente” por los medios de comunicación, pero en ningún caso que desobedeciera a la autoridad. El acusado confesó los hechos y mostró su conformidad para beneficiarse de una rebaja en la condena, por lo que la sentencia es firme.

Los expertos consultados sostienen que la mera publicación en el BOE del decreto que obliga al confinamiento salvo en excepciones tasadas no es por sí misma una notificación. Y es que la legalidad que se aplica en el estado de alarma es igual a la que se regía antes de esta situación de excepción. No hay figuras penales nuevas creadas para este período. “El delito de desobediencia solo puede darse cuando se incumple de modo grave un requerimiento personalmente dirigido por un agente de la autoridad. Si no existe ese requerimiento previo por parte de un agente de la autoridad, y una desobediencia grave por parte del destinatario de esa orden o mandato, no puede darse el delito”, señala Dopico.

“Por ejemplo, en el caso de Las Palmas no se menciona en la sentencia ningún requerimiento de un agente de la autoridad al que hubiese desobedecido”, añade este penalista, que alerta del riesgo de que haya un exceso de celo en la labor sancionadora durante una situación excepcional como es el estado de alarma. “Cuanto más importante es la labor que deben realizar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad mayor es ese riesgo. Precisamente por ello es necesario que las directrices de conducta sean claras y notificadas de modo indubitado”, sostiene.

Cuestión diferente es que haya un incumplimiento reiterado de las normas derivadas del estado de alarma. Es el caso de un hombre condenado en Corcubión (A Coruña) como autor de un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad por ignorar “sistemáticamente” lo dispuesto en el real decreto e incumplir “injustificadamente” las limitaciones de circulación. En la sentencia, la jueza subraya que el hombre, vecino de Vimianzo (A Coruña), fue interceptado por agentes fuera de su domicilio en ocho ocasiones durante los días 22, 23, 24, 26 y 30 de marzo.

La primera vez le advirtieron de que no podía salir de su casa para ir a repostar tres o cuatro veces al día a la gasolinera. Al día siguiente, fue descubierto en Cee y en Fisterra, localidades hasta las que aseguró que se había desplazado “para dar un paseo”. Y todavía fue interceptado en seis ocasiones más, algunas de ellas acompañado de otras personas y siempre sin causa justificada. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el hombre aceptó el pago de una multa de 1.440 euros para evitar el juicio.

Infracciones administrativas

Aunque hay decenas de condenas penales, la mayoría de sanciones que están imponiendo las Fuerzas de Seguridad del Estado son por infracciones administrativas. Principalmente, del artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que castiga con una sanción grave “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”. Las sanciones graves llevan aparejadas multas que van de los 601 a los 30.000 euros.

Las fuentes consultadas aseguran que, de forma residual, también se están imponiendo sanciones leves por infracción del artículo 37.15, que penaliza “la remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave”. Las sanciones leves están castigadas con entre 100 y 600 euros.

Según detalló eldiario.es, los primeros quince días de estado de alarma arrojaron una cifra de 127.760 propuestas de sanción por parte de Policía Nacional y Guardia Civil, lo que representa más de las impuestas en la mitad de 2018, un total de 249.665, el último año del que hay datos consolidados. Las multas impuestas durante el estado de alarma, como ocurre siempre en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, son en realidad propuestas de sanción ante las que cabe recurso a las subdelegaciones del Gobierno y por la vía contencioso-administrativo. Por tanto, la comparación es entre las propuestas de ahora y las multas que se impusieron finalmente en 2018.

El Tribunal Constitucional ha pedido este martes que la Fiscalía informe sobre la posible comisión de un delito por parte del presidente del Parlament, Roger Torrent, y el resto de miembros independentistas de la Mesa, por haber tramitado una moción independentista sobre la autodeterminación en contra de la prohibición del Alto Tribunal. Se trata de la segunda vez que el Pleno del TC adopta esta decisión, que los magistrados han adoptado por unanimidad.

Con esta decisión el tribunal reclama al Ministerio Fiscal que abra el proceso penal contra el propio Torrent (ERC), el vicepresidente Josep Costa (JxCat), el secretario primero Eusebi Campdepadrós (JxCat) y a la secretaria cuarta, Adriana Delgado (ERC). Según entienden los magistrados, los cuatro incumplieron una resolución del TC en el mes de noviembre, cuando votaron a favor de tramitar una moción de la CUP en la que se reiteraba la voluntad del Parlament de “ejercer el derecho de autodeterminación de forma concreta”.

La moción de los anticapitalistas acabó llegando al pleno de la Cámara catalana el 12 de noviembre del año pasado, lo que provocó que el Constitucional avanzara la hora de su reunión semala ordinaria para suspender las resoluciones impugnadas. Aunque el tribunal acordó dejar en el aire las decisiones antes de que el Parlament las aprobara, desde el legislativo catalán consideraron que no se había notificado esta decisión, por lo que no se incumplía ningún mandato concreto.

Esta es la segunda vez que el Constitucional cuestiona a Torrent en lo que va de año. El pasado 28 de enero, los magistrados ya dio los primeros pasos para abrir una causa por desobediencia. La petición hecha hace dos semanas no ha tenido respuesta por el momento por parte del Ministerio Fiscal.

Tanto el de enero pasado como el acuerdo adoptado ahora por el Constitucional responde a la petición realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado 31 de octubre, antes de las últimas elecciones generales y cuando aún no se había alcanzado el acuerdo de investidura con Esquerra Republicana para la investidura de Pedro Sánchez. Entonces fue la Abogacía del Estado quien reclamó al Constitucional que tomara cartas ante una posible desobediencia del Parlament en este asunto.

La causa contra el president Quim Torra por no retirar los símbolos políticos de la fachada del Palau de la Generalitat durante la campaña electoral quedó este lunes visto para sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). A Torra se le acusa de un posible delito de desobediencia por haber desatendido un mandato de la Junta Electoral Central, que conlleva una pena de inhabilitación. En caso de que la sentencia resulte en una condena, esta no se aplicaría aún, ya que puede ser recurrida en segunda instancia ante el Tribunal Supremo.

Si el TSJC condenase al jefe del Govern y el Supremo confirmase esa sentencia, Torra quedaría apartado de la presidencia de la Generalitat, lo que generaría una situación inédita en las instituciones catalanas. Sin embargo, las leyes prevén esta posibilidad y habilitan mecanismos para evitar un vacío de poder. Ante una eventual inhabilitación de Torra, podrían producirse cuatro escenarios diferentes. Tres de ellos pasan por volver a las urnas y, el cuarto, depende de que el Parlament elija a un sustituto. Son los siguientes.

Elecciones antes de la condena firme

El primer escenario por el que Torra puede optar es el más sencillo: convocar elecciones antes de que los tribunales dicten una condena en firme. Hay que tener en cuenta que la vista celebrada el lunes es parte de la causa que el TJSC sigue contra él, es decir, la primera instancia, por lo que la condena no sería firme hasta que no fuese confirmada por el Supremo. La defensa del president ya ha anunciado que tiene previsto recurrir a esa segunda instancia. Esto da un margen de tiempo mayor a Torra, difícil de calcular pero, como mínimo, de varios meses desde que se conozca el primer fallo.

El president es el único cargo facultado por el artículo 75 del Estatut para a convocar elecciones en cualquier momento que lo desee, siempre que no esté en medio de una moción de censura y que haya transcurrido más de un año desde la última vez que se convocaron elecciones por ese procedimiento. Eso da a Torra una extensa capacidad para disolver el Parlament en los próximos meses.

Elecciones inmediatamente tras la condena firme

Incluso habiendo sido condenado por el TSJC en primera instancia y luego en firme por el TS, Torra aún tendría un pequeño margen temporal para convocar elecciones después de haber sido confirmada su inhabilitación. Para ello, podría firmar el decreto de convocatoria entre la publicación de la sentencia del Supremo y el auto de ejecución de la pena. Habitualmente estos dos hechos suelen ser próximos uno del otro pero no inmediatos, por lo que el jefe del Govern podría utilizar los días u horas entre uno y otro para no perder el control de la legislatura.

El Estatut dispone que las elecciones deben celebrarse entre 40 y 60 días después de la fecha en la que se firma el decreto de disolución del Parlament. Por ello, utilizando in extremis su prerrogativa para llamar a las urnas, Torra aún tendría capacidad para decidir en qué día celebrar los comicios entre un abanico de 20 fechas –entre las cuales puede haber entre dos y tres domingos.

El Parlament inviste a un nuevo candidato

Si el auto de ejecución de la sentencia contra Torra se dictase sin que este haya convocado elecciones, se pondría automáticamente en marcha lo dispuesto en el artículo 4 de la ley de la Presidència, es decir, la elección ordinaria de un candidato a president. De entrada, el presidente del Parlament debería realizar las consultas pertinentes con los grupos y proponer a un candidato de entre los 135 diputados, que se sometería a un debate de investidura en los primeros 10 días. Si ese candidato no resultase elegido, el Parlament todavía tendría dos meses para seguir buscando un candidato viable a la presidencia, en tantos debates de investidura como fuesen necesarios.

Una vez el cese de Torra fuese efectivo el Parlament tendría en total 70 días para buscar un nuevo president. Pero, dada la composición del Parlament, podría ser tarea más que complicada. En este momento JxCat y ERC no cuentan con mayoría absoluta, y ni siquiera con mayoría simple si el resto de grupos votan en contra de su candidato. Además la CUP está en una posición mucho menos colaboradora con los partidos independentistas mayoritarios de lo que estaba en la primavera de 2018, cuando permitió que Torra llegase al Palau de la Generalitat con una abstención, que justificaron por la necesidad de levantar el 155.

Los anticapitalistas ya han avanzado que esa abstención gratuita no volverá a repetirse ahora, una vez se ha constatado que los socios del Govern no tienen una agenda independentista que agrade a la CUP y cuando además la formación tiene mejores expectativas electorales. Tampoco los 'comuns' parecen demasiado inclinados a investir a un candidato independentista.

Elecciones tras agotar los plazos

Una característica del sistema catalán es que, aunque en el caso del cese forzado del president, el vicepresident queda como jefe del Govern en funciones, este no puede convocar elecciones. Esto significa que, durante los 70 días que el Parlament esté buscando un candidato, Pere Aragonès solo podría esperar, pues no estaría facultado para disolver la cámara. Tampoco podría Aragonès ser candidato a la investidura, pues solo los diputados pueden hacerlo, y él, como otros miembros del Govern, renunció a su acta cuando fue nombrado conseller.

Una vez agotado el plazo para que el Parlament invista a un nuevo candidato, si esto no ha sido posible, el artículo 4 de la ley de la Presidència hace que la Cámara quede automáticamente disuelta. Sería aquí cuando Aragonès sí estaría forzado a convocar unas nuevas elecciones, que deberían celebrarse entre 40 y 60 después del fin de la legislatura.

En total, entre el cese de torra y las elecciones podrían pasar en torno a cuatro meses. Un periodo que, si Torra no lo evita antes, podría caer en plena época estival o en fechas poco propicias para los comicios.

A solo unas horas del inicio de la campaña electoral el Gobierno intentó sin éxito impulsar una causa penal contra el presidente del Parlament, Roger Torrent. El Consejo de Ministros celebrado el pasado 31 de octubre acordó enviar al Constitucional tres incidentes de ejecución de sentencia referentes a las decisiones de la Mesa del Parlament. Este tipo de requerimientos no necesitan que participe el Consejo de Estado, así que el Ejecutivo puede redactarlos como considere. Su objetivo era que el alto tribunal derivase a la Fiscalía este caso. Pero el Gobierno no lo consiguió y tuvo que conformarse con que el Constitucional tumbase la resolución pactada por los independentistas.

Moncloa solicitaba que el Constitucional dedujera testimonio contra los responsables de las decisiones de la Mesa del Parlament para exigir las responsabilidades penales que pudieran concurrir. La deducción de testimonio supone analizar los indicios delictivos y redactar un “tanto de culpa” que se remite a la Fiscalía General del estado. Dicho en otras palabras, se trata de dar los primeros pasos para iniciar una causa penal contra el presidente del Parlament.

La petición que el Gobierno anunció desde la mesa del Consejo de Ministros a mediodía del jueves tardó poco más de una hora en llegar a la ventanilla de entrada del Tribunal Constitucional. “A las 13 horas ya teníamos el incidente aquí”, señalan fuentes del TC.

El Consejo de Ministros pretendía así, por una parte, que la resolución pactada por los tres partidos independentistas, en la que reiteraban cuestiones ya anuladas como el debate sobre la autodeterminación o el derecho de la Cámara para reprobar la monarquía, se frenara antes de llegar al pleno del Parlament. Por eso la iniciativa del Gobierno obligó al alto tribunal a improvisar un pleno extraordinario ya que, de no haberse suspendido la admisión a trámite, la iniciativa de los independentistas podría haber sido debatida y aprobada por el Parlament la semana que viene.

Pero, además, el Gobierno quería ir más allá y que la Fiscalía se pusiera ya en marcha para considerar la admisión a trámite por parte de Torrent y la Mesa como un primer acto constitutivo del delito de desobediencia. Sin embargo, de la reunión que el Constitucional celebró el pasado martes salió la decisión unánime de desoír la petición del Gobierno de iniciar acciones legales contra Torrent.

Fuentes del Tribunal consultadas por eldiario.es aseguran que “hubo un gran consenso” sobre que “no era el momento” de tomar una decisión que empujase la vía penal en medio de la campaña, ya que es norma del alto tribunal no intervenir en el debate electoral con decisiones de este tipo. “Acordamos una solución más moderada. Hemos preferido dar otra oportunidad al presidente del Parlament”, explican las mismas fuentes. Los magistrados querían además valorar el respeto con el que se abordaba la medida, es decir, si pese a la prohibición Torrent seguía adelante con la resolución o la frenaba.

Lo que el pasado martes acabó dictando el Constitucional fue la suspensión de dos acuerdos de la Mesa del Parlament, el primero el que admitía a trámite la resolución independentista y, el segundo, el que se rechazaba la petición de reconsideración formulada por el PSC. Además acordó que se notificara a Torrent y al resto de miembros de la Mesa la prohibición expresa de que esa resolución viera la luz en el pleno, al menos hasta que el Constitucional dilucide si finalmente es inconstitucional o no.

Estas notificaciones son la segunda advertencia que recibe el presidente del Parlament desde el Constitucional. La primera llegó pocos días antes de que se conocieran las condenas a los líderes independentistas, en las que se informó tanto a los miembros de la Mesa del Parlament como a los del Govern de que tenían la obligación de paralizar cualquier iniciativa inconstitucional. Esas advertencias generaron cierto aturdimiento del independentismo, que no fue capaz de consensuar una respuesta a la sentencia en los primeros días, aunque finalmente, la semana siguiente, sí se redactó un texto de consenso, que es el que ahora se impugna por el Constitucional.

Desde la presidencia del Parlament consideran que “Sánchez ha avanzado por la derecha a Rajoy” al ser el propio Gobierno quien pidió al Constitucional iniciar medidas penales, un paso que hasta ahora nunca se había dado. “Es profundamente inquietante que un gobierno en teoría progresista, que en la práctica debería ser más sensible a la defensa de derechos como el de la libertad de expresión, no sólo comparta con Rajoy su nulo respeto por el parlamentarismo, sino que vaya aún más allá y pida que se actúe penalmente contra el presidente y la mesa de un parlamento democrático para permitir que se pueda hablar libremente”, indican estas estas fuentes.

En 'Manual de desobediencia civil', de Mark y Paul Engler, un libro que deberían leer los jóvenes que estos días justifican el uso de la violencia (y los que equivocadamente bendicen esta estrategia), se advierte de que en el momento en que los activistas se vuelven violentos, entran en el terreno preferido del statu quo, que es experto en superar a sus adversarios. El statu quo incluye desde la fuerza que tiene cualquier Estado (en el sentido metafórico y literal del concepto fuerza) a muchos medios de comunicación que aquí anteponen la audiencia a la verdad o un análisis mínimamente fundamentado.

La protesta es molesta porque si no, nunca llega a los oídos de quienes deben escucharla, pero a la vez debe huir de oportunismos y evitar que se descontrole. La llamada resistencia civil está estudiada, documentada y no hace falta remontarse a Gandhi. Los insumisos a la mili y a la prestación social sustitutoria practicaron en España la desobediencia como fórmula política para conseguir el cambio. No sin sacrificios personales. Llegaron a entrar en prisión 1.500 jóvenes antimilitaristas y aún hoy, tres décadas después, sigue siendo el movimiento de desobediencia civil más grande y exitoso que ha vivido este país.

A raíz de los disturbios que se han producido en Barcelona se ha recuperado el debate sobre los límites de la protesta y quien levanta la vista de la pantalla y busca profundizar en el problema se cuestiona si estamos ante un episodio de desobediencia civil protagonizado por miles de jóvenes catalanes. La primera consideración y que debería servir como premisa es que la desobediencia civil tiene que ser pacífica. Si abraza la violencia, no es desobediencia civil.

Existe casi más teoría que práctica sobre cómo debe ser un movimiento de resistencia civil. Hay un cierto consenso entre los teóricos en que este tipo de movimientos deben poder mantenerse durante un periodo de tiempo y, a la vez, requieren de algún tipo de organización y no poca disciplina. Esto es, una estructura, incentivos de participación y medios para obtener apoyos. De ahí que el Tsunami Democràtic se acerque más a la desobediencia que los contenedores quemados en el centro de Barcelona. Para el statu quo es más fácil tratar un episodio de orden público que hacer frente a un movimiento de desobediencia bien organizado. No sabemos aún si en Catalunya existe o no, pero la estructura clandestina que permitió que el 1-O hubiese urnas y papeletas demuestra que existe un precedente.

El error que comete estos días una parte del independentismo es subrayar solo los excesos policiales y expresarse con una cierta ambigüedad respecto a la violencia. La última ha sido la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, al señalar que los disturbios ayudan a “visibilizar” qué pasa en Catalunya. Primera consideración: nada que parezca una justificación de la violencia es aceptable. Segunda: visibilizar en este caso no es sinónimo de obtener más apoyos a su causa. Y tercera: rebajar el nivel de rechazo a la violencia no es solo peligroso sino que es contraproducente para el independentismo.

Argumentos como los de Paluzie y un paternalismo mal entendido respecto a los disturbios son un error mayúsculo que solo contribuyen a dar argumentos a los que criminalizan a un movimiento que siempre se ha regido por el pacifismo. Es, además, una manera de aislarse. La radicalidad en defensa de unas posiciones no pueden llegar al extremo de desacreditar todo el independentismo ni dar argumentos a los que defienden que no puede haber ningún tipo de negociación ni concesión al secesionismo catalán.

Este martes la atención se ha centrado en las universidades catalanas. Los accesos a los tres campus de la Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona y a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de Manresa han sido bloqueados con sillas y mesas por piquetes para disuadir la asistencia a clase del resto de estudiantes. Las imágenes han sido repetidas en bucle por muchas televisiones, obviando que en el resto de universidades, incluidas las siempre combativas Autónoma y Central de Barcelona, la huelga estudiantil ha tenido una incidencia mínima. En todo caso, los estudiantes que no se han sumado a la huelga deben tener los mismos derechos que los que han decidido no asistir a clase. La juventud no es excusa para no entender este principio. La periodista Gemma Tramullas firma una crónica en El Periódico en la que se relata que a las puertas de la Pompeu Fabra un estudiante del piquete se acabó abrazando con una alumna que sí quería ir a clase: “La fraternidad ante todo”, decían ambos. Es una buena lección y una imagen que no se repetirá en las televisiones pero que tal vez ayudaría a desinflamar el conflicto, aunque fuese solo un rato.

Los estudiantes, algunos de los cuales estos días habrán escuchado en su casa aquello de 'yo a tu edad ocupé el rectorado de la UAB', y los políticos que eluden sus responsabilidades, sea en Madrid o Barcelona, harían bien en tener presente la frase de Rebecca Solnit, autora de 'Esperanza en la oscuridad', ensayo de cabecera para muchos activistas: “Siempre es demasiado pronto para irse a casa. Y siempre es demasiado pronto para calcular sus efectos”.

Pareciera que periodistas, tertulianos y políticos españoles desconocen, por regla general, qué significa y qué implica el término desobediencia civil. Debido a la respuesta ciudadana a la sentencia del 1-O —entre otros motivos—, en la última semana hemos visto cómo se contraponía constantemente esta legítima práctica ciudadana con los disturbios, como si ambos fueran incompatibles, algo que implica obviar el papel de los desórdenes en la historia de los derechos conquistados. Además, se ha achacado violencia exclusivamente a acciones de la población civil, nunca a una policía que, una vez más, ha mostrado una falta de control que pone los pelos de punta.

Juan Carlos Velasco, filósofo e investigador del CSIC, explica en un esclarecedor artículo que la desobediencia civil es “una quiebra consciente de la legalidad vigente con la finalidad de suplantar la norma transgredida por otra postulada como más acorde con los intereses generales”. El filósofo insiste en que “no cabe minusvalorar dicha manifestación política sin al mismo tiempo poner en cuestión los fundamentos participativos de la democracia representativa”. Una democracia sana ha de contar con expresiones de desobediencia civil y estas podrán ser caóticas e, incluso, violentas, y desde luego interrumpirán el estado normal de cosas. La definición se ajusta a lo que se ha vivido en Catalunya esta semana, igual que a otras movilizaciones sociales en curso como la revuelta hongkonesa, las acciones de Extinction Rebellion por el clima o la reciente lucha indígena ecuatoriana.

Velasco insiste en que sin desobediencia civil no hay autonomía política de la ciudadanía. Y es que sin esta no avanzarían las leyes ni tendríamos, siquiera, democracia, que se impuso en Europa mediante revoluciones no precisamente pacíficas u ordenadas. Porque ¿de dónde salen las leyes? ¿Cómo progresa la sociedad? Velasco lo explica muy bien, mostrando que el Parlamento es solo “la caja de resonancia más reputada de la esfera pública de la sociedad” mientras que la base social donde en realidad se generan las propuestas que luego se debatirán en las cámaras legislativas es la sociedad civil, fuente del dinamismo del cuerpo social.

Que esto no esté meridianamente claro para una parte de la ciudadanía puede tener que ver con el hecho de que los partidos políticos han querido monopolizar la vida política, negando a la ciudadanía su protagonismo, restando importancia a la política no institucional, hoy con el imprescindible concurso de los medios de comunicación y sus tertulianos. No por casualidad, a pocos de ellos se ha visto en estos días defender seriamente el papel de la desobediencia civil.

A lo largo de la historia no han sido pocos los derechos ganados gracias a actuaciones desordenadas, caóticas y con dosis de violencia diversas. Revoluciones, luchas obreras, luchas por los derechos civiles… Es tan cómodo como hipócrita ensalzar los logros sociales a toro pasado y blanqueados, limpios de incomodidades y caos. Velasco reconoce en su artículo que “una práctica social emancipadora no puede excluir totalmente el uso de una forma calculada de violencia o, por lo menos, una forma susceptible de llegar a ser clasificada como violencia por el poder establecido” y recuerda cómo la filósofa y socióloga Agnes Heller planteaba que, en los sistemas sociales, “la parte dominante no puede ser movida a escuchar una argumentación o a aceptar algún tipo de reciprocidad a menos que se la fuerce a prestar atención”.

La desobediencia civil incluye, así, por ejemplo, los sabotajes como el efectuado esta semana en los medios de transporte catalanes. Del francés, sabotaje, este “daño o deterioro que se hace en instalaciones, productos, etc., como procedimiento de lucha contra los patronos, contra el Estado o contra las fuerzas de ocupación en conflictos sociales o políticos” (RAE) toma su nombre de los 'sabot', los zuecos que obreros y/o campesinos —hay varias tesis— usaban para presionar a los patronos estropeando las máquinas, pisoteando los cultivos y entorpeciendo la producción. No es cómodo ni agradable, pero tampoco raro que sea necesario el concurso de un fuerte desorden para lograr presionar al poder, más cuanto más sordo se muestre: que se lo digan a los indígenas ecuatorianos que han doblegado a Lenin Moreno, que un día estaban en las barricadas y al siguiente se les ha visto ayudando a limpiar. El caso ecuatoriano nos muestra diferentes momentos y contextos para dos acciones que son igualmente una muestra de civismo, de compromiso con lo común.

La desobediencia civil debiera formar parte natural de nuestro vocabulario político y debiéramos comprender el fenómeno en su complejidad: negar la realidad, tratar de simplificarla, nunca es beneficioso. Velasco subraya que hay que entenderla como “acción política”, colocando en segundo plano su carácter de “acto antijurídico”, sea o no merecedor de respuesta judicial… Justo lo contrario de lo que se está haciendo con la cuestión independentista catalana, desde los presos políticos a las movilizaciones, que se están valorando desde el punto de vista jurídico antes que político.

Lo que se está viendo estos días en los medios, amén de puro sensacionalismo, que opaca la variedad de acciones que se están llevando a cabo poniendo el foco en lo espectacular, es, una vez más, un ninguneo del papel esencial que juega en una sociedad democrática la ciudadanía activa, ninguneo que muestran también quienes pretenden hacer ver que las personas que han salido a la calle a expresar su indignación son teledirigidas por Quim Torra o el procesismo.

Es de justicia reconocer a la sociedad civil catalana independentista, se compartan sus anhelos o no, una imaginación política y una capacidad organizativa admirables, así como una notable capacidad de unirse pese a la heterogeneidad, lo que obliga a considerar que las motivaciones de las movilizaciones y disturbios de estos días son múltiples y no todas coincidentes con los intereses de Torra/Puigdemont/el procesismo. De hecho, no hay más que leer las declaraciones de Puigdemont desvinculándose de “los incendiarios”. No me parece difícil imaginar que quienes salen a la calle estos días, en especial estas noches, no lo hacen solo por la República Catalana, sino que su indignación, autónoma, tiene que ver con la falta de democracia, la precariedad, el paro, la falta de vivienda, la pobreza creciente, la corrupción... Por desgracia, sobran los motivos.

En todos los rincones de España hay motivos para niveles de indignación similares al de la población catalana que cualquier representante político con dos dedos de frente debería atender. Esperemos que quienquiera que gobierne aprenda a tomar decisiones inteligentes que hasta ahora poco hemos visto, basadas en el respeto a la ciudadanía, entendiendo que en democracia no se puede responder al cabreo popular con negativas cerradas y palos, o mucho me temo que se multiplicará el caos. En cuanto a las ciudadanas, no podemos olvidar que nuestro papel político es seguir desobedeciendo cuando sea necesario, y que el nuestro es un trabajo cívico fundamental.

“Hemos contado la verdad”. Con estas palabras han resumido desde la Plataforma Antidesahucios (PAH) de Guadalajara las declaraciones que una veintena de sus activistas han hecho en los juzgados de esta ciudad debido a su imputación por presunta desobediencia y resistencia a la autoridad en el desahucio a Safira Sánchez, una joven con discapacidad y una enfermedad rara cardiovascular, y a su madre, de la vivienda que ocupaba en el barrio de Las Ramblas de la ciudad. Se trata de las diligencias previas por la denuncia contra ellas y por la que también están investigadas la propia desahuciada y su madre.

Una vez realizadas las declaraciones, el juzgado emitirá un auto que decidirá si el caso se eleva al procedimiento penal, en cuyo caso habría juicio, o si hay sobreseimiento de la causa y se archiva. Los delitos por los que se les ha imputado suponen de uno a cuatro años de cárcel.

Davinia Marquina, activista de esta plataforma, ha explicado a eldiarioclm.es que siguen sin entender los motivos de estas imputaciones porque acudieron al desahucio, hace un año, “solo con nuestra voz y nuestras pancartas” para apoyar a Safira y defender el derecho de la joven a una vivienda digna, amparados además por un informe de Naciones Unidas que pedía no desahuciarla y ofrecerle soluciones habitacionales y al que se hizo “caso omiso” por parte de las autoridades.

“Se está dejando a las personas en completa vulnerabilidad”

“Solo ejercimos nuestro derecho de manifestación y de libertad de expresión frente un problema que se sigue produciendo día a día y contra el que no se está haciendo nada, dejando a las personas desamparadas, en completa vulnerabilidad y en este caso además con el agravante de criminalizarlas”.

Desde la PAH siguen condenando que tanto Safira como su madre también fueran imputadas cuando tuvieron que ser atendidas por los sanitarios durante el cumplimiento de la orden judicial: “¿Cómo es posible que pueda resistirse a la autoridad una persona con discapacidad, que además está siendo asistida por sanitarios en su propio desahucio?”, se preguntan. También denuncian que fue la Policía la que decidió “cuál era el estado de gravedad” de la joven. “Los sanitarios querían sacarla en camilla y fueron los agentes de policía los que decidieron que saliera por su propio pie”, afirman.

Consideran por tanto, y a la luz del atestado policial, que hay un intento de “ensañamiento” contra ella, contra su madre y contra los activistas antidesahucios que participaron en la protesta, “como si fuéramos una banda criminal”.

Es lo que han manifestado en sus declaraciones ante el juez, añadiendo además que no existía ninguna urgencia para que Safira abandonara la vivienda, propiedad de Kutxabank, porque “hoy en día sigue vacía, blindada y sin anuncio ninguno de venta o alquiler”. También aclaran que la joven ofreció en varias ocasiones pagar un alquiler social para poder vivir allí, que siempre le fue denegado. La portavoz de la PAH detalla por último que en el año transcurrido desde el desahucio el grado de discapacidad de Safira, que actualmente vive con su madre, ha aumentado del 66% al 76%.

Por su parte, Amnistía Internacional de Castilla-La Mancha, que ha seguido este caso muy de cerca, ha publicado este vídeo en Twitter sobre las declaraciones en el juzgado:

Safira Sánchez fue desahuciada de su vivienda de Guadalajara el 22 de octubre de 2018. Tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital junto a su madre, rodeadas ambas de las protestas de decenas de ciudadanos, políticos y activistas; y de 30 efectivos policiales que intentaron neutralizar la protesta.

La orden de desahucio la dictó el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara y se produjo a pesar de la oposición manifestada por el Comité supervisor del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (PIDESC). Este organismo había admitido a trámite un mes antes una denuncia de la PAH en la que solicitaba al Gobierno español y al juzgado una solución habitacional con el objetivo de evitar “daños irreparables”. De hecho, el desahucio fue pospuesto en dos ocasiones anteriores: primero el 25 de junio de 2018 y posteriormente el 11 de septiembre del mismo año. Finalmente, se llevó a cabo en octubre.

El contexto de la situación de Safira

El problema de Safira se remonta al año 2014, cuando ocupó esta vivienda, catalogada entonces como de protección oficial (VPO). Tomó esta decisión, según relató ella misma, después de que los servicios de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha no le ofrecieran anteriormente ninguna vivienda social. La casa después de haber desalojado a otra familia por impago de la hipoteca, llevaba al menos 10 años vacía y se encontraba muy deteriorada. Durante los tres años siguientes, según denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara, el banco incumplió con su obligación de ponerla en alquiler como vivienda protegida e impidió regularizar la situación de Safira como inquilina.

En 2017, cuando el inmueble perdió su condición de vivienda protegida, el banco denunció a Safira con el objetivo de forzar su desalojo y “poder vender la vivienda a coste de mercado para continuar especulando con nuestro derecho a techo”, sostienen desde esta plataforma.

Ahora, cuando esta mujer, su madre y 20 activistas se enfrentan a su imputación por presuntos altercados durante el desahucio, la PAH, un colectivo que también representa a Safira legalmente, se han convertido en los #22delaONU denunciando la apertura de este proceso, contra el que también se ha manifestado Amnistía Internacional.

Según esta última organización, el atestado policial que provocó la apertura del proceso está “lleno de imprecisiones y vaguedades”. Por ejemplo, se concluye que hubo intimidación pero “sin aportar detalles sobre la conducta concreta de estas personas que supuestamente originaron la misma”. “Tampoco se incluye ninguna actividad que denote violencia por parte de Safira, ni de su madre ni de los y las activistas”.

Safira Sánchez, de 22 años, con un 66% de discapacidad y una enfermedad rara cardiovascular, fue desahuciada de su vivienda de Guadalajara el 22 de octubre de 2018. Tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital junto a su madre, rodeadas ambas de las protestas de decenas de ciudadanos, políticos y activistas; y de 30 efectivos policiales que intentaron neutralizar la protesta convocada por la Plataforma Antidesahucios (PAH) de Guadalajara y Amnistía Internacional, por considerar que se producía con ello una vulneración de los derechos humanos.   

Cuando se va a cumplir un año de estos hechos, ahora Safira, su madre (con la que vive) y otras 20 personas de aquel grupo de activistas han sido imputadas por presuntos delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad. El proceso, actualmente en diligencias previas, también tiene otra vía administrativa que está paralizada. En total, sumando todos los cargos, -de uno a cuatro años de cárcel para cada imputado- la Fiscalía pide para ellos casi 100 años de prisión.

Está previsto que las declaraciones ante el juez de instrucción comiencen este jueves, día 10 de octubre. Una vez declaren todos los investigados, el juzgado emitirá un auto que decidirá si el caso se eleva al procedimiento penal, en cuyo caso habría juicio, o si hay sobreseimiento de la causa y se archiva. De cualquier forma, con motivo de las declaraciones, la PAH ha convocado una protesta a las puertas de los juzgados de Guadalajara. 

La orden de desahucio de Safira del año pasado la dictó el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara y se produjo a pesar de la oposición manifestada por el Comité supervisor del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (PIDESC). Este organismo había admitido a trámite un mes antes una denuncia de la PAH en la que solicitaba al Gobierno español y al juzgado una solución habitacional con el objetivo de evitar “daños irreparables”. De hecho, el desahucio fue pospuesto en dos ocasiones anteriores: primero el 25 de junio de 2018 y posteriormente el 11 de septiembre del mismo año. Finalmente, se llevó a cabo en octubre.

El problema de Safira se remonta al año 2014, cuando ocupó esta vivienda, catalogada entonces como de protección oficial (VPO). Tomó esta decisión, según relató ella misma, después de que los servicios de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha no le ofrecieran anteriormente ninguna vivienda social. La casa, adquirida por la entidad bancaria Kutxabank después de haber desalojado a otra familia por impago de la hipoteca, llevaba al menos 10 años vacía y se encontraba muy deteriorada. Durante los tres años siguientes, según denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara, el banco incumplió con su obligación de ponerla en alquiler como vivienda protegida e impidió regularizar la situación de Safira como inquilina.

En 2017, cuando el inmueble perdió su condición de vivienda protegida, el banco denunció a Safira con el objetivo de forzar su desalojo y “poder vender la vivienda a coste de mercado para continuar especulando con nuestro derecho a techo”, sostienen desde esta plataforma. Todas las opciones presentadas por la Consejería de Bienestar Social eran “inasumibles” ya que ofrecían “solo alternativas muy parciales que no reducían la situación de vulnerabilidad” esgrimida por el DESC de la ONU.

Los #22delaONU

Ahora, cuando esta mujer, su madre y 20 activistas se enfrentan a su imputación por presuntos altercados durante el desahucio, la PAH, un colectivo que también representa a Safira legalmente, ha convocado una protesta bajo el lema #22delaONU denunciado la apertura de un proceso contra quienes “han defendido el derecho a la vivienda de manera pacífica, incluida la afectada y su madre”.

Amnistía Internacional de Castilla-La Mancha , que ya denunció los hechos en torno al desahucio, ha vuelto a mostrar su “preocupación” por el proceso actual de diligencias. Afirma que las autoridades “no solo no han cumplido con su obligación de dar una respuesta habitacional adecuada” a Safira, sino que con sus actuaciones posteriores “han incrementado su situación de desamparo, criminalizando a la víctima”.

Además, según destaca esta organización pro derechos humanos, el atestado policial que provocó la apertura del proceso penal está “lleno de imprecisiones y vaguedades”. Por ejemplo, se concluye que hubo intimidación pero “sin aportar detalles sobre la conducta concreta de estas personas que supuestamente originaron la misma”. “Tampoco se incluye ninguna actividad que denote violencia por parte de Safira, ni de su madre ni de los y las activistas”. El atestado menciona que todo responde una “estrategia” de la PAH, porque “es claramente una criminalización de un movimiento social que pretende defender los derechos humanos de las personas que han sido privadas de su derecho a la vivienda”. 

Desde el Gobierno castellanomanchego, hacia quien se dirigen también las críticas de la PAH y de Amnistía Internacional, afirmaron en su momento que el desahucio fue el resultado de un procedimiento judicial instruido a petición de la entidad bancaria. La Junta explicó que el hecho de que estuviera ocupada de manera irregular había impedido a la Administración otorgarle “una solución habitacional definitiva” y que el Gobierno “no puede saltarse” el listado de 2.000 personas en espera de vivienda social en la provincia.

La Junta afirma que buscó “todo el apoyo familiar y social posible”

Además de ello, afirmaron que se propuso la coordinación con los Servicios Sociales municipales de Guadalajara para buscar “todo el apoyo familiar y social posible”, de tal manera que “esta persona pudiera disponer de un itinerario personalizado de atención social, familiar y, en su caso, laboral”. Y concluyeron que todas estas propuestas se han comunicado al juzgado, con el objeto de que, una vez producido el desalojo si así sucedía, “la persona ocupante de la vivienda pudiera tener la atención garantizada”.

Finalmente, la PAH acusa a la Junta de Castilla-La Mancha de haber “falseado la realidad” y afirma que estos hechos son ya irreparables. Sus consecuencias “se siguen viviendo hoy de manera incuestionable” por la persona afectada “la cual vive en situación de desamparo”. Aportan fotografías de la vivienda de la cual fue desahuciada, correspondientes al pasado mes de septiembre: “Sigue a día de hoy cerrada y sin uso”.