Imputadas una mujer con discapacidad y su madre por resistirse a su desahucio junto a una veintena de activistas

Safira Sánchez, de 22 años, con un 66% de discapacidad y una enfermedad rara cardiovascular, fue desahuciada de su vivienda de Guadalajara el 22 de octubre de 2018. Tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital junto a su madre, rodeadas ambas de las protestas de decenas de ciudadanos, políticos y activistas; y de 30 efectivos policiales que intentaron neutralizar la protesta convocada por la Plataforma Antidesahucios (PAH) de Guadalajara y Amnistía Internacional, por considerar que se producía con ello una vulneración de los derechos humanos.   

Cuando se va a cumplir un año de estos hechos, ahora Safira, su madre (con la que vive) y otras 20 personas de aquel grupo de activistas han sido imputadas por presuntos delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad. El proceso, actualmente en diligencias previas, también tiene otra vía administrativa que está paralizada. En total, sumando todos los cargos, -de uno a cuatro años de cárcel para cada imputado- la Fiscalía pide para ellos casi 100 años de prisión.

Está previsto que las declaraciones ante el juez de instrucción comiencen este jueves, día 10 de octubre. Una vez declaren todos los investigados, el juzgado emitirá un auto que decidirá si el caso se eleva al procedimiento penal, en cuyo caso habría juicio, o si hay sobreseimiento de la causa y se archiva. De cualquier forma, con motivo de las declaraciones, la PAH ha convocado una protesta a las puertas de los juzgados de Guadalajara. 

La orden de desahucio de Safira del año pasado la dictó el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara y se produjo a pesar de la oposición manifestada por el Comité supervisor del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (PIDESC). Este organismo había admitido a trámite un mes antes una denuncia de la PAH en la que solicitaba al Gobierno español y al juzgado una solución habitacional con el objetivo de evitar “daños irreparables”. De hecho, el desahucio fue pospuesto en dos ocasiones anteriores: primero el 25 de junio de 2018 y posteriormente el 11 de septiembre del mismo año. Finalmente, se llevó a cabo en octubre.

El problema de Safira se remonta al año 2014, cuando ocupó esta vivienda, catalogada entonces como de protección oficial (VPO). Tomó esta decisión, según relató ella misma, después de que los servicios de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha no le ofrecieran anteriormente ninguna vivienda social. La casa, adquirida por la entidad bancaria Kutxabank después de haber desalojado a otra familia por impago de la hipoteca, llevaba al menos 10 años vacía y se encontraba muy deteriorada. Durante los tres años siguientes, según denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara, el banco incumplió con su obligación de ponerla en alquiler como vivienda protegida e impidió regularizar la situación de Safira como inquilina.

En 2017, cuando el inmueble perdió su condición de vivienda protegida, el banco denunció a Safira con el objetivo de forzar su desalojo y “poder vender la vivienda a coste de mercado para continuar especulando con nuestro derecho a techo”, sostienen desde esta plataforma. Todas las opciones presentadas por la Consejería de Bienestar Social eran “inasumibles” ya que ofrecían “solo alternativas muy parciales que no reducían la situación de vulnerabilidad” esgrimida por el DESC de la ONU.

Los #22delaONU

Ahora, cuando esta mujer, su madre y 20 activistas se enfrentan a su imputación por presuntos altercados durante el desahucio, la PAH, un colectivo que también representa a Safira legalmente, ha convocado una protesta bajo el lema #22delaONU denunciado la apertura de un proceso contra quienes “han defendido el derecho a la vivienda de manera pacífica, incluida la afectada y su madre”.

Amnistía Internacional de Castilla-La Mancha , que ya denunció los hechos en torno al desahucio, ha vuelto a mostrar su “preocupación” por el proceso actual de diligencias. Afirma que las autoridades “no solo no han cumplido con su obligación de dar una respuesta habitacional adecuada” a Safira, sino que con sus actuaciones posteriores “han incrementado su situación de desamparo, criminalizando a la víctima”.

Además, según destaca esta organización pro derechos humanos, el atestado policial que provocó la apertura del proceso penal está “lleno de imprecisiones y vaguedades”. Por ejemplo, se concluye que hubo intimidación pero “sin aportar detalles sobre la conducta concreta de estas personas que supuestamente originaron la misma”. “Tampoco se incluye ninguna actividad que denote violencia por parte de Safira, ni de su madre ni de los y las activistas”. El atestado menciona que todo responde una “estrategia” de la PAH, porque “es claramente una criminalización de un movimiento social que pretende defender los derechos humanos de las personas que han sido privadas de su derecho a la vivienda”. 

Desde el Gobierno castellanomanchego, hacia quien se dirigen también las críticas de la PAH y de Amnistía Internacional, afirmaron en su momento que el desahucio fue el resultado de un procedimiento judicial instruido a petición de la entidad bancaria. La Junta explicó que el hecho de que estuviera ocupada de manera irregular había impedido a la Administración otorgarle “una solución habitacional definitiva” y que el Gobierno “no puede saltarse” el listado de 2.000 personas en espera de vivienda social en la provincia.

La Junta afirma que buscó “todo el apoyo familiar y social posible”

Además de ello, afirmaron que se propuso la coordinación con los Servicios Sociales municipales de Guadalajara para buscar “todo el apoyo familiar y social posible”, de tal manera que “esta persona pudiera disponer de un itinerario personalizado de atención social, familiar y, en su caso, laboral”. Y concluyeron que todas estas propuestas se han comunicado al juzgado, con el objeto de que, una vez producido el desalojo si así sucedía, “la persona ocupante de la vivienda pudiera tener la atención garantizada”.

Finalmente, la PAH acusa a la Junta de Castilla-La Mancha de haber “falseado la realidad” y afirma que estos hechos son ya irreparables. Sus consecuencias “se siguen viviendo hoy de manera incuestionable” por la persona afectada “la cual vive en situación de desamparo”. Aportan fotografías de la vivienda de la cual fue desahuciada, correspondientes al pasado mes de septiembre: “Sigue a día de hoy cerrada y sin uso”.